Lección 9 Historia del derecho (2017)

Apunte Español
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura Historia del derecho
Año del apunte 2017
Páginas 12
Fecha de subida 24/09/2017
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Apuntes de la Lección 9 (Constitucionalismo español). Asignatura: historia del Derecho de la UPF.

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Lección 9. Constitucionalismo español El experimento constitucional doceañista La Constitución Política de la Monarquía Española de 19 de marzo de 1812 se convirtió en un símbolo político a lo largo de la primera mitad del s. XIX.
A pesar de que en el Congreso de Viena (1815)  vencedores de Napoleón quisieron restaurar fronteras y principio de legitimidad monárquico que habían sido alterados, una vuelta al orden prerrevolucionario fue inviable. Una nueva ola revolucionaria sacudió Europa: Constitución Gaditana entró de nuevo en las España (1820), y sirvió de: - Modelo a otros textos (Portugal) Inspiración de modelos políticos (Rusia) Alarmados por el sentimiento revolucionario de ese “Código de la Anarquía”, los soberanos de la Restauración decidieron restablecer mediante intervenciones militares el estado de las cosas de antes de la “revolución de Cádiz”.
Valor normativo  Constitución estuvo vigente en 3 períodos o momentos: 1. Entre su fecha de promulgación y un Decreto firmado en Valencia (1814) por Fernando VII, que declaró: “aquella Constitución y aquellos decretos nulos y de ningún valor ni efecto, como si no hubiesen pasado jamás tales actos (…)”.
Violenta represión política contra los que habían dado “pruebas de adhesión a la Constitución”  Proceso de depuración entre 1814 y 1820 (escoger entre cárcel o exilio).
Pero ni ello impidió la quiebra política y económica de la ineficaz Monarquía fernandina, y tampoco sirvió para contener los movimientos independentistas americanos.
Enero 1820  tropas en las Cabezas de San Juan (Sevilla): exitoso levantamiento cuya extensión por la PI obligaría a Fernando VII a jurar la Constitución de 1812. En un famoso Manifiesto a la Nación Española, el Rey se comprometió a encabezar la restitución del orden constitucional. Así se abrió el segundo período de vigencia.
2. A lo largo del Trienio Liberal (1820-1823): Presencia del Rey = conflictos entre potestades.
La solución autonomista fracasó: la insatisfacción de los Diputados americanos en las Cortes de Madrid  advertimiento de la independencia de la Nueva España (1821). Potencias reunidas en el Congreso de Verona (1822): restablecer en la PI el estado de cosas que existía antes de 1820 + victoria Santa Alianza comandada por el Duque de Angulema, que devolvió el trono a Fernando VII en 1824.
3. A lo largo de la década ominosa (1824-1834): derrota de los ejércitos de Fernando VII en la decisiva batalla de Ayacucho (1824)  consolidó definitivamente la independencia americana; sólo Cuba, Puerto Rico y Filipinas siguieron.
Fallecimiento monarca  disputa por la sucesión del trono entre su hija, Isabel II y su hermano Carlos (1ª guerra carlista). La Regente, María Cristina, apoyó la causa de su hija: tuvo que promulgar el Estatuto Real (1834), es decir, una convocatoria a las Cortes que introduciría una tímida apertura política.
Presionada por el motín de los sargentos de La Granja, tuvo que restablecer la Constitución gaditana, abriendo su último periodo de vigencia.
La normativa electoral doceañista sirvió a la reunión de unas Cortes “reformadoras” de la Constitución. Estas no sólo la infringieron expulsando a los diputados procedentes de los últimos restos del imperio, también aprobaron una nueva Constitución sin ajustarse al procedimiento de reforma: nueva constitución (18 de junio de 1837).
Antes y después de la Constitución de 1812, las Cortes aprobaron una importante obra normativa que sobrevivió. La puesta en planta del nuevo orden constitucional  serie de dinámicas que se convirtieron en una escuela de prácticas políticas. Así, en un panorama de declaración de libertad de imprenta, desarrollo de los procesos electorales, funcionamiento de Cortes, Diputaciones provinciales y municipios constitucionales o reorganización de la planta y procedimientos de la justicia, se puedo sentar las bases de una cultura constitucional.
Se tuvo muy presente experiencias constitucionales a la hora de diseñar los proyectos destinados a regenerarla. El experimento doceañista tuvo naturaleza y caracteres propios, pretendió la constitucionalización de la Monarquía Española, de raíz medieval, naturaleza compuesta, estructura corporativa, dimensión geográfica inabarcable y población jurídica, étnica y culturalmente diversa. Ello resultó ser la tercera formulación del primer constitucionalismo moderno.
1. El poder constituyente 1810  Iglesia Mayor Parroquial de la Isla de León (hoy San Fernando, Cádiz) se reúnen las Cortes Generales y Extraordinarias de la Nación española. Ausente el Rey, consideraron que en ellas se depositaba la soberanía nacional, declararon nulas las renuncias de Bayona, dividieron los poderes en legislativo, ejecutivo y judiciario y dieron una Constitución a la Nación española (identificada con la Monarquía): una comisión extendió el proyecto teniendo en cuenta las diversas memorias de contenido constitucional.
Mientras la comisión trabajaba, las Cortes aprobaron una serie de Decretos para prefigurar el contenido de la obra constitucional, como la declaración de la libertad de imprenta, la abolición de la tortura judicial y del comercio de esclavos, la exención del tributo a indios y castas, la incorporación de los señoríos jurisdiccionales a la Nación, la creación de un Consejo de Estado… Ello pone de relieve que ese orden indisponible de cosas estaba amenazado de muerte por un potente poder constituyente (similar al americano o francés). Eso sí, aun cuando se entendieron las Cortes Generales y Extraordinarias como “cuerpo constituyente”, identificaron su obra como una simple reforma de las “antiguas leyes fundamentales de la monarquía”. Evidente contradicción entre poder constituyente y valor constitucional de la historia, asimilando la legitimación histórica de la Constitución con una simple estrategia política para lograr la aprobación de la Constitución.
Esta interpretación no solo altera sentido original del discurso, sino que distorsiona la imagen del poder constituyente gaditano asimilándolo al francés revolucionario. Este último negó el valor constitucional de la historia, mientras que el gaditano defendió la posición contraria asumiendo además las consecuencias derivadas de la misma, y estas afectaron a las relaciones entre antiguo orden jurídico/nuevo orden constitucional.
“Nada ofrece la Comisión en su proyecto que no se halle consignado del modo más auténtico y solemne en los diferentes cuerpos de la legislación española (Discurso Preliminar)  Mentira (empeño de las Cortes en recurrir una y otra vez a la historia para legitimar sus decisiones). Por ello no es extraño que: a) El antiguo orden normativo se considerara vigente a salvo de derogaciones expresas b) Las concepciones jurídicas y los instrumentos institucionales para relacionar uno y otro orden fueran una recreación de los ya conocidos (juramento constitucional, acumulación normativa, resolución jurisdiccional).
Reinos, provincias, ciudades… tenían por entonces su propia constitución histórica (conjunto de privilegios constitutivos y reglas jurídicas, instituciones y bienes materiales, ceremonias y símbolos…) que habían marcado una convivencia entre sus miembros en términos de imposición política, uniformidad cultural, exclusividad religiosa, desigualdad jurídica y preeminencia racial  estas cohabitaron con el nuevo texto constitucional: 1. La Constitución entraba en vigor después de ser jurada en el marco de un ceremonial católico.
2. La Constitución no sustituyó, sino que se sumó a los antiguos textos: los conflictos resultantes del choque entre unos y otros se tuvo que solventar en términos tradicionales (jurisdiccionales), creando un incontrolable número de lecturas constitucionales.
La fundamentación historicista debilitó mucho el poder constituyente gaditano, que a su vez se vio obligado a constitucionalizar el legado jurídico de la Monarquía, permitiendo que categorías jurídico-culturales y dispositivos institucionales de corte tradicional cohabitara e incluso dieran sentido al nuevo orden. Todo ello impidió establecer con claridad esa dicotomía constitución material-constitución formal.
2. El sujeto y sus derechos Constitución gaditana careció de una Declaración de Derechos. Remitió a un Dios todopoderoso, supremo legislador de la sociedad. Los 1eros derechos reconocidos (libertad e independencia) NO se atribuyeron al individuo, sino al sujeto colectivo: la Nación soberana, que estaba obligada a conservar y proteger los derechos legítimos de los sujetos que la formaban y la religión católica. Así pues: Constitución de una “Nación española y católica identificada con su Monarquía”, y sus derechos correspondieron a un sujeto imaginado, a la par colectivo y católico.
¿Quiénes componían la nación? Art. 1 dice que “Todos los españoles de ambos hemisferios”. Se declaró compatible con la esclavitud, reconoció como españoles exclusivamente a los libertos, pues sólo los hombres libres y sus hijos, nacidos y avecinados en los dominios de las Españas, podían ser españoles. La exigencia de estos requisitos permitía expulsar de la Nación aquellos grupos como gitanos o indios bravos, que no acostumbraban a pertenecer a ningún hemisferio  ni la libertad, ni la propiedad ni los demás derechos legítimos debían ser reconocidos a quienes no se computaban como miembros de la nación.
A su vez, la Constitución diferenció entre españoles con derechos civiles y ciudadanos con derechos políticos. La negación de la condición de españoles a los originarios de África = antigua y racista clasificación de los súbditos de la Monarquía basada en la mezcla intergeneracional de sangres: “De español con india, mestizo; de mestizo con española, castizo; de español con negra, mulato; etc.” La Constitución intentaba utilizar un lenguaje menos llamativo, con el término “originarios de África”, y con él se refirió a todos aquellos individuos sospechosos de tener algún antepasado negro, los que tradicionalmente se habían denominado castas por contraposición a los criollos, indios o mestizos.
No obstante  los antiguamente denominados mulatos, cuarterones, chinos, lobos, gíbaros, cambujos, sambaigos, caplamulatos… Pudieron acceder a la condición de ciudadanos como los extranjeros. ¿Cómo? Mediante cartas de naturaleza concedidas por las Cortes SIEMPRE Y CUANDO se distinguieran por sus servicios y concurrieran una serie de condiciones (ser hijos legítimos, casados con mujer ingenua, con profesión y capital propio…).
Pero esas cartas de naturaleza no supusieron una ruptura con el antiguo y racista oren clasificatorio, porque se asemejaban mucho a las famosas “dispensas de la condición de pardos”, compradas en virtud de la regulación de las “gracias al sacar” (1795, 1801) en las que se tasaban aranceles que debían abonar quienes pretendieran borrar jurídicamente las manchas procedentes de su “funesto” nacimiento.
La calidad de ciudadano podía perderse o suspenderse. Los que la perdían remitían a la vinculación intolerable de los ciudadanos españoles con otras potencias, ya que la defensa de los intereses de la patria aconsejaba cancelar condición de ciudadano a los potencialmente traidores de la misma.
Con los supuestos de suspensión era distinto, puesto que se trataba de situaciones de dependencia de unos seres respecto de otros, identificadas a su vez con falta de juicio y con minoridad (incapaces física o moralmente por los jueces y deudores a los caudales públicos se asimilaron a los “sirvientes domésticos”, y sobre todo aquellos que a partir de 1830 no supieran leer y escribir).
La Constitución también contempló otros supuestos de “tutela” al admitir “reducciones” de indígenas destinadas a su conversión a la verdadera y única religión: la católica. En definitiva, se elevó a rango constitucional la antigua percepción del poder doméstico.
En un mundo tan inabarcable era difícil gestionar la atribución de derechos de ciudadanía. Gran problema  determinación de los procedimientos por los que se atribuyó la condición de ciudadano a quienes previamente habían sido españoles. Al exigir el avecinamiento, la Constitución no sólo situó expresamente en las corporaciones locales el poder de conceder o reconocer la condición de ciudadano, también constitucionalizó el uso de una serie de instrumentos organizativos (como los censos o registros civiles, que respondían a una comprensión católica de la sociedad (habían sido diseñados y gestionados por una Iglesia que sólo contaba como nacidos a los bautizados).
*Ello, aunque en algunos lugares se utilizaron restricciones no contempladas en el texto constitucional para impedir el acceso a la ciudadanía (hijo legítimo, gozar de buena fama…), y en otros se desbordaron las limitaciones constitucionales y muchos originarios de África fueron considerados ciudadanos porque “en lugares como el Caribe hubiera sido completamente imposible formar ayuntamientos sin contar con ellos”.
Las Cortes constituyentes asumieron una percepción voluntarista del poder político que rompía con la legitimación divina manejada por la Monarquía Católica. Esta radical ruptura, sin embargo, se hizo en nombre de los derechos de la Nación misma (Consti.
no se encabezó con una Declaración de DD). Al mismo tiempo, la nación española se imaginó a partir de una serie de complejas exclusiones, atribuciones e instrumentos para reproducir la conocida estructura étnica, social, cultural e institucional.
En resumen  nuevo ciudadano español debía ser: - Varón Católico Padre de familia Vecino De buenas costumbres De sangre limpia - Reconocido como tal por las múltiples locales cuyo conjunto constituía en verdad la nación española.
3. La estructura de la nación representada: Monarquía, provincias y municipios La crisis de la Monarquía Católica sirvió para que el concepto representación empezase a cambiar de significado. Antes de ser aprobada, dos novedades: a) por primera vez en la historia de la Monarquía Católica, los extrapeninsulares fueron llamados a formar parte de cuerpos representativos de ámbito bihemisférico b) la selección de los representantes fue vinculada al ejercicio del derecho a voto por pare de los representados.
Junta Central + Cortes Generales y Extraordinarias pusieron en marcha procedimientos desconocidos hasta entonces: sentaron las bases de una organización electoral de la corte.
La ocupación PI por los ejércitos franceses + la enorme distancia que la separaba de otros territorios de la Monarquía: justificación de una serie de medidas provisionales que crearon un enorme malestar.
En primer lugar, los Diputados en las Generales y Extraordinarios fueron suplentes (significa que fueron escogidos entre los residentes en Cádiz, naturales de los territorios ocupados o lejanos).
En segundo lugar, hubo una gran desproporción entre el número de representantes peninsulares y extrapeninsulares.
Por último, también los procedimientos de selección fueron distintos, puesto que, si bien los Diputados peninsulares fueron elegidos conforme a la nueva normativa, los extrapeninsulares fueron Procuradores cooptados por los oligárquicos cabildos americanos, cuyo estatuto estaba regulado en la Recopilación indiana de 1680.
Aun cuando sí pusieron de relieve las dificultades que conllevaba la puesta en planta de los mecanismos imprescindibles para cambiar de sentido el término representación, fijado en la primera norma gaditana.
1ª dificultad: política  se elevó a categoría constitucional la desproporción entre los representantes de los territorios peninsulares y no peninsulares. Ello sirvió para profundizar la desafección de los americanos Estos vieron cómo la privación de la españolidad a los originarios de África rompía la relación entre nº de españoles /nº de representantes.
2ª: cultural  resultaba difícil asumir, en sociedades tradicionales (como la hispánica), que la implantación de un nuevo concepto de representación anulaba cualesquiera manifestación de otro. Los peninsulares entendieron que los Diputados reunidos en Cortes representaban a la Nación, y los americanos defendieron que representaban a los territorios que los habían elegido.
3ª dificultad: organizativa.
Derecho a elegir representantes debía ejercerse mediante sufragio público, indirecto y articulado en 4 grados, que dejaba en manos de una serie de Juntas (parroquiales, de partido y de provincia) la atribución de los DD de ciudadanía y selección de los representantes.
La multiplicación de grados hispánica respondió a la estructura corporativa y católica heredada, así que la introducción del ejercicio del sufragio NO supuso una auténtica revolución. La aparición en el mundo hispánico de un concepto de representación política vinculado a la nueva ciudadanía española alteró una parte muy significativa del imaginario político, transformando por completo las antiguas estructuras territoriales.
El constitucionalismo gaditano se limitó a asumir las antiguas divisiones añadiendo, eso sí, dos novedades trascendentales: a) el sufragio no sólo servía para seleccionar a los Diputados a Cortes nacionales, sino a los miembros de las Diputaciones Provinciales y a las autoridades municipales.
b) cualquier comunidad humana superior a las 1000 almas tenía derecho a constituirse como municipio constitucional.
La constitucionalizada Monarquía española asistió a la revolución municipal  se desmontó el antiguo sistema de provisión (por herencia o compra) de los cargos municipales + se multiplicó el número de municipios constitucionales.
Todos los representantes compartieron la legitimación que provenía del ejercicio del sufragio por parte de los representados, y resultó imposible la implantación de lógicas centralizadoras del poder. La nación española estaba representada en las Cortes, pero también en las provincias y municipios. Podía asimilarse pues, a una corporación de corporaciones en la que la primera célula era la parroquia y la ultima la representación nacional (ambas católicas). Ello no sólo impidió crear una Admin. similar a la francesa, también condujo a una serie de consecuencias estructurales.
4. Hacer, ejecutar y aplicar las leyes: división de potestades y valor de la Constitución Tanto el constitucionalismo norteamericano como el francés se refirieron a la división de poderes como una garantía de los Derechos. También los constituyentes en Cádiz se pronunciaron contra la concentración de poder, se atrevieron a decir que “ésta no resultaba conveniente” y el nuevo orden se estableció en clave de separación y limitación del poder público y su ejercicio.
La Constitución subrayó que era la “felicidad de la Nación” la que requería que el poder se ejerciera con moderación, y sólo resultaba efectiva si se dividían las “potestades”. A la vez, hizo una lectura de la separación de poderes, determinada por: a) el propio contexto histórico político b) la redacción constitucional c) el desarrollo institucional d) las lógicas generadas en virtud de la puesta en planta del nuevo orden (valor de la Constitución).
a) El contexto. Antes de la quiebra de la Monarquía, los discursos habían reflexionado sobre la limitación del poder o separación de poderes ya eran conocidos. De hecho, algunos hasta se empeñaron en la realización de una versión en castellano de la famosa Constitución de Inglaterra.
Se produjeron dos diferentes y contradictorios movimientos: - Por un lado, desencadenó una lógica de dispersión de nuevas y viejas corporaciones Por el otro, se pretendió concentrar todo el poder en la única instancia legítima: las Cortes. Estas entendieron que una de sus principales misiones consistía en legitimar el poder y su ejercicio mediante la elevación a principio constitucional de la separación de poderes.
Sin embargo, hay 2 datos que deben tenerse en cuenta: 1. Aunque la Constitución determinase que el Gobierno de la Nación era una Monarquía hereditaria moderada, las Cortes Generales y Extraordinarias se reunieron en ausencia del Rey.
2. A pesar de que la Constitución se refirió a los “tribunales determinados por la ley”, las Cortes no rompieron con la estructura judicial heredada. La crisis de la Monarquía SÓLO PROVOCÓ LA FORMACIÓN DE UN ÚNICO NUEVO PODER: una Asamblea unicameral que tuvo una relación conflictiva con la Regencia a lo largo de 1810-1814, y que empeoró notablemente cuando Fernando asumió su papel de Rey constitucional (a regañadientes) entre 1820 y 1823. Tampoco las relaciones con el proteico mundo de la justicia heredada fueron idílicas: muchos de sus integrantes paralizaron o incluso bloquearon por completo la aplicación de la nueva normativa.
A lo largo del 1er periodo constitucional las Cortes no respetaron la solemne declaración del principio de separación de poderes: concentraron en sí mismas el poder, protagonizaron un auténtico gobierno de Asamblea.
La presencia del Rey en el 2º periodo de vigencia no sólo dificultó extraordinariamente el trabajo de las Cortes, también puso a prueba la eficacia y limitaciones del cuadro constitucional que había sido diseñado en Cádiz.
b) La reglamentación constitucional. La Constitución se mantuvo en la estela de lo ya declarado en el Decreto I y sustituyó el término poderes por el más jurisdiccional de potestades. Estas potestades eran 3: 1. La de hacer las normas (Cortes + Rey) 2. La de hacerlas ejecutar (Rey) 3. La de aplicarlas en causas civiles y criminales (tribunales determinados por la ley) Además, apostó por el unicameralismo, reguló en régimen de la Corona (sucesión, minoridad, Regencia) y sometió a los jueces a las leyes aboliendo todos los fueros excepto el militar y eclesiástico (tb mantuvo tribunales especiales por razón de materia).
NO separó potestades o poderes existentes con anterioridad: los creó. Por ello tuvo que enumerar taxativamente las facultades y limitaciones de las Cortes, del Rey y de los jueces y tribunales; determinar el perfil y actividad de los Secretarios de Estado y del Despacho; crear un Consejo de Estado y, finalmente, establecer una serie de principios que deberían guiar la actividad de la Admin. de justicia en lo civil y criminar. Se refirió al poder de un modo hasta entonces desconocido.
Según el art. 173. Incluso el Rey lo era por la “gracia de Dios y la Constitución de la Monarquía Española”. Ella y sólo ella creaba las potestades, las distribuía habilitando a sus titulares, reglamentaba su ejercicio y no reconocía la existencia de más poderes que los nacidos en su virtud.
Pero más allá del texto, ¿cuáles fueron estos en realidad? c) El desarrollo institucional. Se suele afirmar que la Consti. gaditana estableció una extremadamente rígida separación de poderes que terminó paralizando el gobierno de la Monarquía, sobre todo respecto carácter de los instrumentos de potestad legislativa (Cortes) y ejecutiva (Rey y sus Secretarios de Estado y de Despacho).
Se suele apuntar a las restricciones a la autoridad del Rey (quien no pudo suspender o disolver las Cortes), el papel de éste en la formación de las leyes (veto suspensivo) o en la responsabilidad exclusivamente penal (y no política) de sus Secretarios.
La ausencia de parlamentarismo caracterizó como pocas otras cosas el funcionamiento del primer constitucionalismo a ambos lados del Atlántico. Un Rey irresponsable elegía discrecionalmente a unos Secretarios que ni conformaba Gobierno ni necesitaban contar con la aprobación de la Cámara, pero sí debían firmar las órdenes del Rey y responder penalmente. También los jueces y magistrados debieron ser nombrados por el Rey a propuesta de un Consejo de Estado creado por la Constitución, la cual, además, predicó la independencia e inamovilidad de los integrantes de la Admin. de justicia. En las Cortes recayó todo el impulso normativo, en ningún momento se entendió que la expedición por el Monarca de “Decretos, reglamentos e instrucciones conducentes a la ejecución de las leyes formase parte de la potestad legislativa”.
Mientras que norteamericanos y franceses construyeron poderes, el España se entendió en términos de reordenación de una pesada herencia de hombres, prácticas e instituciones. No conllevó pues, una radical depuración de los ocupantes de oficios públicos más allá de la persecución y destitución de los afrancesados. Jueces, fiscales.
Procuradores, magistrados, empleados de Hacienda, Aduanas, Correos… se mantuvieron. Aunque la disolución de los antiguos Consejos de la Monarquía dejó sin empleo a algunos consejeros, los de entre ellos considerados “patriotas” se reubicaron muy rápidamente.
La verdadera ruptura fue en virtud de la introducción de un nuevo concepto de representación que sirvió para elegir las unicamerales Cortes y alcaldes, regidores y procuradores.
El continuismo infectó también las prácticas de antiguas y nuevas instituciones.
Respondieron consultas, demandas de justicia y peticiones de gracia procedentes de instituciones, corporaciones e individuos, con una lógica similar a la propia de las antiguas instituciones de la Monarquía. Muchas normas aprobadas por las cortes respondieron a la generalización de respuestas a diversos expedientes aprobadas por la Asamblea (hasta tal punto que incluso el Título V fue producto de una denuncia sobre las condiciones en las que se encontraban algunos presos).
Algunas de estas prácticas se elevaron a categoría constitucional, como en el caso de la comprensión del término promulgación/publicación de las normas, mantuvo el tradicional sistema de circulación jerárquica de las normas: éstas sólo entraban en vigor cuando: A) la autoridad correspondiente acusaba recibo de su recepción b) cuando se leían en los lugares habituales La pervivencia de comprensiones antiguas también afecto al diseño de los nuevos aparatos. Idea del oficio entendido como gracia que convertía en propietarios del mismo a sus ocupantes. No hubo un nuevo modelo de juez o funcionario público: se mantuvieron las viejas figuras de juez de calidades y oficial de la Monarquía, aun cuando el constitucionalismo gaditano introdujo una capital innovación que se mantendrá a lo largo del s. XIX: TODOS debían mostrar su “afecto a la Constitución”, es decir, un compromiso político con el nuevo orden de las cosas.
Tampoco se produjeron muchas rupturas en el plano organizativo ni se creó una Administración sometida a los principios de jerarquía y disciplina y dotada de jurisdicción propia, ni se estructuró un aparato de justicia destinado a la aplicación mecánica de la ley. Pero hubo tantas administraciones como corporaciones constitucionalmente reconocidas (municipios y provincias), y tantos administradores como empleados públicos sometidos a la Constitución.
No extendió la justicia letrada, siguió prohibiendo a jueces y tribunales la motivación de las sentencias impidiendo así su vinculación a la ley, y no convirtió al nuevo Tribunal Supremo en una Corte de Casación destinada a proteger la ley de las interpretaciones de los jueces (como en Francia).
Con todo, el constitucionalismo gaditano sentó las bases de una nueva comprensión de la legitimación y ejercicio del poder político. Además, se apoyó en 2 nuevos principios: a) el de representación, que transformaba por completo el orden institucional heredado dotando además al emergente de nuevas reglas b) el de responsabilidad personal por infracciones a la Constitución de todas y cada una de las consideradas autoridades públicas, que estructuraba las relaciones entre las potestades vinculándolas a la observancia de la Constitución.
Además de los Secretarios del Rey, Alcaldes, miembros de las Diputaciones, oficiales de las diferentes Secretarías, militares, eclesiásticos… pudieron ser denunciados por individuos e instituciones ante las Corte o el Rey por haber infringido la Constitución.
Así, la declaración de existencia de una infracción no sólo daba lugar a la anulación del acto, sino a la apertura de un juicio contradictorio en que e imponía la responsabilidad civil y penal del infractor. Así, el “procedimiento por infracciones a la Constitución” marcó las relaciones entre potestades y determinó lo que los juristas hoy denominan valor de la Constitución.
Se situó a la Constitución en la cúspide del ordenamiento, diferenciándola formal y materialmente del resto de las normas: - Por un lado, una Constitución rígida que incluyó en su texto un procedimiento agravado de reforma que la separaba del resto de la - normativa aprobada por las Cortes y el Rey.
Constitución normativa, puesto que imaginó e hizo efectivo un procedimiento por infracciones destinado a defenderla.
La Constitución gaditana no se sintió amenazada por la obra de las legislaturas como sucediera en América, ni por la interpretación de los jueces como se temiera en Francia, sino por las personas de carne y hueso que estuvieron llamadas a ponerla en planta, por lo que la defensa de la Constitución supuso más una reformulación de dispositivos antiguos que una original construcción constitucional.
En definitiva  Rigidez y procedimiento por infracciones dotaron a la Constitución de preeminencia formal y valor normativo comparables a los diseñados en los modelos que nos sirven hoy para hablar de constitucionalismo moderno.
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