Derecho Penal I - Tema 19 (2014)

Apunte Español
Universidad ESADE (URL)
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura Derecho Penal I - Parte General y Teoría del Delito
Año del apunte 2014
Páginas 8
Fecha de subida 24/03/2015
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Derecho Penal I - Sergio Gomollón Lección 19: Causas de exclusión de la culpabilidad (1).
Causas de inimputabilidad.
Si bien el Derecho positivo no especifica un requisito de imputabilidad para que haya una pena, las causas de exclusión de la responsabilidad criminal del art. 20CP nos hacen deducir que sí que es necesaria, aunque la ley no exija que para imponer una pena deba probarse la imputabilidad del reo.
El Código Penal considera inimputables a los menores de edad (art. 19CP, y para los menores de 14 presunción iuris et de iure de inimputabilidad absoluta), los que no puedan comprender la ilicitud del hecho, los que estén en la misma situación porque se hallen bajo los efectos de sustancias estupefacientes y los toxicómanos, así como los que tengan gravemente alterada la conciencia de la realidad (art 20.1-3 CP). QUINTERO recuerda que entonces la imputabilidad es la posibilidad de conocer el sentido de los mandatos y prohibiciones del derecho y de actuar con arreglo a esa comprensión.
Existe culpabilidad cuando en un caso no concurren causas de exculpación en favor del reo.
! La minoría de edad penal: Fundamento y limites.
Los menores de edad tienen un tratamiento penal especial. En primer lugar, para los menores de 14 años existe una presunción iuris et de iure absoluta de inimputabilidad, al margen de su intelecto son siempre y en todo caso inimputables. Los menores comprendidos entre las edades de 14 y 18 años se consideran semiimputables.
Algunos ordenamientos como el alemán tienen tres edades penales (menores, jóvenes y adultos) e incluso a mayores de edad se les aplica un Derecho Penal distinto al resto de adultos, y es algo que parece ser eficaz y es moderno, pero no se aplica en España. En el ACP la minoría de edad podía apreciarse como una atenuante, pero el actual Código es inaplicable a menores de edad (art. 19) y si bien los supuestos de hecho típicos son los mismos, difieren las penas, que se denominan medidas en el caso de los menores. Se discutió si a los jóvenes de entre 18 y 21 años se les debiera aplicar una ley especial, pero se optó por no hacerlo, de modo que a todo mayor de edad se le aplica el Código Penal.
! Tradicionalmente existían tres criterios para determinar si los menores eran responsables penalmente o no: el biológico (centrándose exclusivamente en su edad, a !84 Derecho Penal I - Sergio Gomollón partir de una edad hay responsabilidad penal), el intelectual (apreciando su capacidad intelectual, que llegó a condenar en su momento a muerte a menores de 8-9 años!) y el mixto (ambos). El criterio español es biológico, es irrelevante la inteligencia del menor, tan solo se tiene en cuenta su edad. Los criterios establecidos son político-criminales, las penas deben ser útiles a los efectos de la prevención general (recuerda GIMÉNEZ-SALINAS en su clase).
En el Derecho comparado algunos países establecen una edad penal de tránsito entre los 18 y 21, como Alemania, y otros optan por un criterio intelectual, como Inglaterra.
! El Código Penal remite a la Ley de responsabilidad penal del Menor, que se promulgó años después de esta (nótese que hubo problemas de aplicación antes de que existiera la ley del menor) y se debatió doctrinalmente si los que hubieran sido condenados menores con una medida tuvieran que persistir en un centro de menores hasta alcanzada la mayoría de edad o si por el contrario debieran pasar al régimen penitenciario de adultos o permanecer en el de menores. La Ley permite que en las medidas de régimen cerrado, al cumplir los 18 años, oído el Fiscal y el abogado defensor del menor, el Juez decida si pasará o no al régimen penitenciario de adultos.
! [clase Dra. GIMÉNEZ-SALINAS] En cualquier caso, las garantías del Derecho Penal de menores son las mismas que las de adultos, en concreto a) Principio de intervención mínima b) La medida es de educación y no castigo c) Se trata, en la medida de lo posible, de hacer una justicia reparadora d) La privación de libertad actúa como último recurso e) Los demás principios y garantías legales se mantienen: a) Con un principio de especialización (jueces y fiscales de menores) b) Principio de interés superior del menor c) Intervención mínima d) Principio acusatorio (acusa el Ministerio Fiscal) e) Principio de oportunidad (existe la posibilidad de suspender el proceso antes del juicio, aplicando una sanción previa al juicio!) f) Principio de legalidad !85 Derecho Penal I - Sergio Gomollón g) Principio de establecimiento por tramos de edades (14 y 15 por un lado y 16 y 17 por el otro, la ley del menor los distingue y da reglas para cada uno de estos 2 ! tramos) Personas que padecen anomalías o alteraciones psíquicas.
Tradicionalmente se ha dado un enfrentamiento entre la ciencia psiquiátrica y el Derecho Penal, pues el problema que se plantea es hasta qué punto a una persona que padece anomalías o alteraciones psíquicas puede reprochársele una conducta típica y antijurídica penalmente relevante. Vuelve a plantearse el debate sobre el libre albedrío, aunque la imputabilidad se sostiene en un concepto de libertad relativa como se ha visto antes, y deberán ser razones político-criminales las que decidan hasta qué punto, a efectos de la prevención general, puede considerarse que una persona alcanza el promedio de capacidad.
Históricamente el Derecho Penal distinguía entre locos y cuerdos aunque es evidente que esa división no es válida hoy en día, no todas las alteraciones psíquicas son suficientes para excluir la culpabilidad. De todas formas tampoco puede el Derecho Penal descansar exclusivamente en la psiquiatría, pues es una ciencia cambiante y marcada por la ideología, los criterios de inimputabilidad deben ser jurídicos. La culpabilidad admite grados, una persona puede ser imputable, inimputable o semi-inimputable, cabrá analizar cada caso de inimputabilidad concreto para determinar la capacidad del sujeto, pues sólo los que estén totalmente privados de capacidad para comprender la licitud o ilicitud de sus actos serán plenamente inimputables.
El Código Penal del 95 establece ahora que están exentos de responsabilidad criminal “el que al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica, no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión” (art. 20.1 CP). Independientemente de si se trata de una enfermedad mental o de una alteración de la personalidad, se valorará el efecto, es decir, comprender o no la ilicitud del hecho, pues las penas deben responder a una necesidad y carece de sentido imponer una pena al que no puede comprender la ilicitud de sus actos.
! El trastorno mental transitorio.
En cuanto al trastorno mental transitorio, se sabe hoy en día que no existen enfermedades psíquicas temporales o pasajeras, sino permanentes que se manifiestan eventualmente, y al respecto, la jurisprudencia y la doctrina han fijado los criterios de !86 Derecho Penal I - Sergio Gomollón apreciación de dicho trastorno y no se basan en criterios médicos. Además, establece el CP que el trastorno mental transitorio debe manifestarse por un factor exógeno al autor, no se tendrá en cuenta si ha sido provocado por él mismo.
! Alcoholismo, toxicomanía y síndrome de abstinencia.
Desde 1983, el Derecho Penal español considera inimputables a las personas que se hallan bajo los efectos de las drogas, siempre que no hayan sido provocados dichos efectos con el fin de cometer el delito, o que fuera previsible su comisión al tiempo de consumir las sustancias. El art. 20.2 CP dice que está exento de responsabilidad criminal “el que al tiempo de cometer la infracción penal se halle en estado de intoxicación plena por el consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos análogos, siempre que no haya sido buscado con el propósito de cometerla o no se hubiese previsto o debido prever su comisión, o se halle bajo la influencia de un síndrome de abstinencia, a causa de su dependencia de tales sustancias, que le impida comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión.”.
Vuelve a establecerse un criterio de capacidad de comprensión de la ilicitud del hecho.
Es preciso recordar que no se da un trato favorable a esas personas, porque la exención de responsabilidad criminal en este caso puede dar lugar igualmente a una imposición de una medida de seguridad que priva de la libertad al reo, si bien según QUINTERO hay una cierta resistencia a aplicar esta eximente completa, por lo que puede hacerse incompleta a través del art. 21, o convertirse en atenuante (art. 21.7 —> 21.1).
Existen 3 grados de intensidad de drogodependencia: a) La intoxicación plena (que da lugar a una exención de responsabilidad penal total) b) La intoxicación semiplena (que atenúa la responsabilidad ex art. 21.1 > eximente incompleta) c) ! La adicción grave al alcohol u otras drogas (art. 21.2 CP) Es preciso recordar que no basta con ser toxicómano o padecer síndrome de abstinencia para que se aplique plenamente el art. 20.2, es imprescindible que dicha adicción impida comprender la licitud de los hechos al autor.
! En cuanto al síndrome de abstinencia, éste es más difícil de determinar si es equiparable o no a la intoxicación plena o relativa. El síndrome de abstinencia puede dar lugar a una !87 Derecho Penal I - Sergio Gomollón exención total de la responsabilidad criminal (eximente completa), parcial (eximente incompleta) o bien podrá ser atenuante. Debe interpretarse sistemática y teleológicamente el art.20.2 para dar cabida y encajar en él el síndrome de abstinencia. (Ver SSTS 8807/1997 de 2 de diciembre y 8769/1997 de 17 de diciembre).
! La “Actio libera in causa”.
Los estados de inimputabilidad estudiados anteriormente a veces son provocados por el sujeto con el fin de ampararse en ellos para que le sea excluida la culpabilidad, teniendo la plena intención de cometer los hechos delictivos, para lo cuál provoca uno de esos estados conscientemente. En estos casos se da lo que conocemos como actio libera in causa (acción libre en la causa, es decir, que en el fondo se actuaba con plena libertad y facultades). Por ello el artículo 20 excluye las situaciones que describe cuando hubieran sido provocadas por el autor del delito para después ampararse en ellas.
Una aproximación doctrinal a la materia es la teoría de la autoría mediata considerando que el autor se usa a sí mismo como instrumento de la comisión del delito (QUINTERO), mientras otros consideran que el inicio de la acción típica se da en el momento en el que el autor decide privarse de su consciencia.
! En cualquier caso la actio libera in causa puede ser dolosa o imprudente. Es dolosa cuando el autor tiene previsto (mediante dolo directo o eventual) cometer un determinado delito, mientras que la imprudente se da cuando el autor hubiera previsto o pudiera prever los resultados de su privación de consciencia, en cuyo caso se trataría de un delito imprudente (según QUINTERO). Puede darse tanto en delitos activos como omisivos.
Las fundamentaciones que se plantean son dos: 1) Modelo de la tipicidad: Entender que el hecho delictivo (conducta típica) comienza al privarse de la consciencia a sí mismo el autor, con lo que hay un correspondiente juicio de culpabilidad desde ese instante.
2) Modelo de excepción: Entender que el hecho típico comienza cuando estrictamente se lleva a cabo la conducta típica, lo cual plantea el problema de entender que si bien era inimputable en el momento exacto de la comisión u omisión, se le reprocha al autor su conducta cuando era consciente de que la llevaría a cabo. La actio libera in causa parece contradecir al principio garantista y se justifica con la indiscutible necesidad político-criminal de no dejar impunes esos hechos.
!88 Derecho Penal I - Sergio Gomollón De hecho, dicen algunos que la actio libera in causa se utilizaría como un fraude de ley penal.
! Alteración grave de la conciencia de realidad.
Históricamente no existía esta causa de exclusión de la culpabilidad, si bien ahora la reconoce el Código Penal, y la reforma del ACP de 1983 así la reconoció. Esta eximente se utilizaba para los que tenían problemas de sordomudez desde el nacimiento, si bien se les da un alcance mayor a todos aquellos que tengan problemas de alteración de la consciencia de la realidad, con base a una ausencia de una adecuada instrucción o educación (MORALES PRATS). Deben ser, en todo caso, factores biológicos desde el nacimiento o infancia los que lo determinen.
! Siguiendo el manual de QUINTERO, en primer lugar analizaremos las alteraciones desde postulados perceptivo-sensoriales, con origen biológico. El art. 20.3 se aplica para estos casos, mientras que los que se basan en una deficiencia intelectual quedarían cubiertos por el art. 20.1. No supone el tener ceguera o sordomudez ser inimputable tout court sino que tiene que haber una relación directa entre la comisión del delito y esa deficiencia.
Podría pensarse que se incluyen alteraciones psicopatológicas, como el trastorno esquizofrénico, o alucinaciones producidas por drogas, pero no es esa la intención del legislador, pues esas quedan cubiertas por los 2 apartados anteriores del art. 20, además el artículo 20.3 requiere que sean conductas desde el nacimiento o la infancia.
Tradicionalmente la Doctrina consideraba que las psicopatías no graves se resolvían con la eximente incompleta, o bien la atenuante analógica, mientras que las profundas lo hacían con la eximente completa, pero la reciente Jurisprudencia del TS ha ido resolviendo las psicopatías graves mediante la eximente incompleta, por ello los casos de psicopatía grave se han ido recogiendo a través del 20.3.
! En segundo lugar, desde un punto de vista normativo y valorativo, se ve que la única exigencia legal es que la deficiencia debe ser padecida desde el nacimiento o infancia, incluyendo a aquellos sujetos que no se hubieran integrado culturalmente desde el nacimiento e infancia y se vieran en situaciones de incomunicación social, por lo que la norma penal no podría motivarles. Serían inimputables por razones político-criminales.
! !89 Derecho Penal I - Sergio Gomollón [El manual advierte que a veces es confundible con el error de prohibición, ver Quintero págs 579-580] En definitiva, se da la eximente del 20.3 cuando puede haber “una incomunicación normativo-cultural grave padecida desde el nacimiento o desde la infancia”, es decir una imposibilidad de conocimiento o de adecuación de la conducta a la norma penal, la norma penal no es motivable para esas personas (ver supra teoría de la motivabilidad de MUÑOZ CONDE).
! Inimputables y tratamiento penal asegurativo [NO en la guía docente, QUINTERO págs. 582ss.] 38 Si bien al concurrir causas de exclusión de la responsabilidad criminal del art. 20.1 al 20.3 no se imponen una pena, ello no impide que a los que hayan cometido injustos penales se les impongan medidas de seguridad, a efectos de garantizar (valga la redundancia) la seguridad y en la medida de lo posible curar o reeducar a dichas personas.
Una de las garantías de nuestro Derecho Penal es que el límite temporal de la medida de es el mismo que el de la pena, que, en su caso, se habría impuesto.
Los fundamentos de la medida de seguridad en un Estado democrático y social de Derecho son 3: 1) La seguridad jurídica como derecho de los ciudadanos, para los cuerdos y locos.
2) La obligación de que las medidas penales y penas estén orientadas a la resocialización (art. 25 CE) 3) ! Visión del Derecho Penal como instrumento de suplir las misiones de protección de la salud mental además de la física.
Medidas de seguridad [esquema].
a) Las medidas pueden ser privativas o no privativas de libertad (art. 96.3 CP). No necesariamente es privativa de libertad, eso queda a criterio del Juez o Tribunal.
b) Pueden consistir en: a) El internamiento en un centro médico especial para los del art. 20.1 b) El internamiento en un centro de desintoxicación para los del art. 20.2 c) El internamiento en centros educativos especiales para los del art. 20.3 Este tema es interesante porque le interesa mucho a la Dra. GIMÉNEZ-SALINAS el tema de las medidas de seguridad.
38 !90 Derecho Penal I - Sergio Gomollón c) Nunca puede durar más una medida de seguridad que una pena que se establece para el mismo delito. (arts. 101-103 CP) d) Pueden, además de imponerse medidas de seguridad plantearse la incapacitación civil, por parte del Ministerio Fiscal, o el internamiento conforme a la legislación civil ! ! (DA 1 CP).
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