Clases de actividad administrativa (0)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Derecho - 3º curso
Asignatura Contratación y Actividad de la Administración
Año del apunte 0
Páginas 5
Fecha de subida 05/06/2014
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BLOQUE 2. LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA TEMA 3. CLASES DE ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA División tripartita de Jordana de Pozas (siglo XX) - Policía - Fomento - Servicio público Aparecen otras clasificaciones que tienen que ver con esto pero que, efectivamente, se clasificaría de forma distinta: - Actividad administrativa de prestación > coincidiría > servicio público - Actividad administrativa de limitación > coincidiría > Policía Incluso, puede darse otro concepto, que no es ya el de limitación, si no el de incidir en el derecho del particular o en sus intereses, produciéndoles una privación de esos derechos o intereses. Por lo tanto, en este caso estaríamos hablando de una ablación de derechos. Sería, por ejemplo, cuando se expropia un bien. Cuando esto ocurre, se está privando del derecho de propiedad.
Por lo tanto, las categorías de policía, fomento y servicio público se han ido canalizando a través de distintas modalidades o formas de actuación e, incluso, las diferentes potestades administrativas se han ido encuadrando en unas u otras categorías. Así, por ejemplo, la potestad sancionadora, se encuadraría dentro de la policía. Igual que se encuadraría, en principio también, la potestad autorizatoria (se encuadraría en la actividad de limitación).
En cambio, por ejemplo, la potestad de otorgamiento de subvenciones, se encuadraría en la actividad de fomento. Por otro lado, la potestad concesional, o incluso la potestad tarifaria (establecer tarifas) se vincularían al servicio público.
En el campo de prestación de servicio público hay potestad de otorgamiento de concesiones, puede haber una serie de potestades sancionadores vinculadas al cumplimiento o no del servicio público (las cuales entrarían en el campo de la policía), o incluso ayudas de estado a la prestación del servicio público (las cuales entrarían en el campo del fomento). Por lo tanto, hay una interrelación.
Esta triple clasificación del siglo XX, encaja con otro tipo de clasificaciones.
Tipos de actividades - POLICÍA: también llamada actividad de limitación. Lo que hace es englobar una serie de actividades administrativas que implican limitar, restringir derechos de los particulares. De esta manera, la AP lo que hará es, por ejemplo, imponer órdenes, establecer deberes, y, por lo tanto, va a vigilar que se cumplan éstas órdenes y deberes. En un sentido más estricto, la actividad de policía la referimos a la necesidad de mantener y preservar el orden público.
Efectivamente, en sociedad, necesitamos que se respete el orden público, es decir, que todos tenemos el deber general de no poner en peligro ese orden público. La AP también tiene el deber de mantener este orden público y de preservarlo. Por eso, por ejemplo, nos encontramos con textos legales como la LO de protección de la seguridad ciudadana del año 1992. Esta ley trata de garantizar el orden público en la calle, y de alguna manera influye y afecta a diferentes derechos, trata de asegurar la convivencia ciudadana, erradicar la violencia, que haya utilización pacífica de espacios públicos y calles, y trata de prevenir la comisión de delitos. En esta ley, el art. 5, se dispone que los ciudadanos, los particulares van a prestar su ayuda y colaboración a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para el cumplimiento de las finalidades de esta ley. Por lo tanto, recaban la ayuda y colaboración de los particulares, siempre y cuando no represente para ellos un riesgo personal.
En todo caso, a través de la actividad de policía, como se imponen limitaciones a los derechos de los particulares, tendrá una especial importancia el principio de legalidad. Las potestades que van a poner en marcha quienes son competentes e influirán en derechos de los particulares, lo podrán hacer siempre dentro del marco de la legalidad, dentro de lo que le permita hacer la ley y el reglamento. Por lo tanto, existe una expresa habilitación legal que permite actuar, pero los poderes que otorga serán muy precisos dentro de esa norma.
No solo el principio de legalidad será un principio a tener en cuenta, también el principio de proporcionalidad. Es decir, cuando tome una decisión la autoridad competente, que va a suponer restringir un derecho o un ámbito de libertad, se deberá hacer de acuerdo con este principio. También el principio de favor libertatis. Es decir, de las diferentes opciones que tiene para escoger para interponer la restricción, se debe optar por aquella menos gravosa al sujeto que se va a ver perjudicado.
Esto se traduce en órdenes, en el desarrollo de funciones de vigilancia (se va a controlar si efectivamente las prohibiciones y deberes se cumplen por parte del administrado, y para ello se desarrollará toda una serie de potestad administradora al servicio de esto).
Aparecerían también las autorizaciones. Esta denominación genérica de autorización se refiere a permiso, licencia, etc. Es una de las técnicas más típicas para ejercer la actividad de limitación o de policía.
En relación con el tema de autorizaciones, el impacto mayor ha sido por la Directiva de Servicios 126/2003, ha supuesto transformación importante en este campo, porque no se exige para todas y cada una de las situaciones en el campo económico autorizaciones.
Únicamente por casos de interés general, estas razones podrán justificar en determinadas circunstancias que se exija esa autorización. En el resto de circunstancias aparece la declaración responsable. Con esta Directiva, la autorización se viene a sustituir, en determinados casos, por esta declaración y por la comunicación previa. Porque se trata de agilizar en la prestación de los servicios, y se trata de que el particular no tenga que esperar a que le concedan la autorización para ejercer la actividad. Pero esto no significa que desaparezca, sigue operando pero solo en determinadas circunstancias.
Hay prohibiciones bajo reserva de autorización (no se puede ejercer la actividad en tanto en cuanto no se reciba la autorización), por ello se entiende la autorización como una actividad de limitación y de policía.
Esta regulación sobre las autorizaciones en la que va despareciendo el uso o la exigencia de la autorización administrativa, ha tenido una plasmación muy importante en el ámbito local. La LBRL tiene el precepto nuevo 84.bis que se ha añadido por las modificaciones de la Ley de economía sostenible, en el cual se dice que el ejercicio de actividades no se someterá a la obtención de licencia municipal u otro medio de control preventivo. Esta es la regla a la cual se añade que sin embargo, si quedan sujetos a la exigencia de licencia determinadas actividades (las que afecten al patrimonio histórico artístico, etc).Esto permite que si solo entrará en juego la autorización en determinadas circunstancias habrá una mayor agilidad en el procedimiento de actividades.
Dentro de la actividad de policía, nos encontraremos que se desarrolla no solo la potestad autorizatoria, sino también la potestad inspectora. Por lo tanto, se pondrán en marcha potestades instrumentales al servicio de las demás que va a suponer el controlar si se ha ejercido la actividad de acuerdo con las previsiones legales.
- FOMENTO: el fomento recurre a medidas coactivas, no imperativas, porque a través del incentivo, a través de las ventajas que ofrece a los particulares hace que éstos se adecuen a los fines que busca la AP. Las técnicas que se utilizan son, por ejemplo, la subvención.
Ejemplo: cuando concede un premio, está incentivando la investigación. Esto también sería actividad de fomento. Pero sí es cierto que la subvención es la técnica o instrumento que presenta una singular importancia.
- SERVICIO PÚBLICO: en un sentido amplio, esta actividad de servicio público se refiere a las prestaciones que las AP organizar y ofrecen a los particulares, ya sea de una forma directa, es decir, a través de su propia organización administrativa, o bien de forma indirecta, es decir, a través de la colaboración de personas privadas. Desde un punto de vista más estricto, el servicio público se refiere a aquellas actividades serviciales que se sujetan a un régimen de monopolio (en lo que se refiere a su titularidad, lo cual no quiere decir que su gestión no pueda llevarse por empresas privadas). Esto quiere decir que cuando se califica de servicio público, hay previamente una publicatio, es decir, un acto de reserva de esa actividad a favor de la AP, lo cual no quiere decir que tenga que prestar el servicio en régimen de monopolio, pues puede ser que haya la posibilidad de acudir a la gestión privada. Por lo tanto, que acudamos a formas de gestión indirecta, como puede ser la concesión.
Habrá una titularidad pública sobre la actividad. Existe una necesidad de que las prestaciones se deban realizar con regularidad, con continuidad. Va a haber la exigencia de fijar unos precios y tarifas que deberán abonar los usuarios. Habrá, por lo tanto, una regulación detallada de la actividad.
Existe una referencia a la sociedad del riesgo. Esto se podría enmarcar dentro de la actividad de policía. En este ámbito de la actividad de policía, nos encontraremos la actividad de la AP en materia de seguridad es actualmente muy importante y tiene que ver con la regulación y la gestión de los riesgos. Esto es un frente de la actividad administrativa que está en clara expansión. Cuando hablamos de sociedad del riesgo se debe distinguir el riesgo frente al peligro, pues son cosas distintas. El peligro tiene un origen natural, y el hombre lo ha intentado prevenir mediante desarrollo tecnológico. Estas tecnologías para superar peligros naturales no son tecnologías inocuas, sino que también producen y generan riesgos. Por lo tanto, el riesgo tiene su origen en la actividad humana, en la tecnología, y por lo tanto, el ser humano debe buscar respuestas para hacer frente a los riesgos que ha creado la misma sociedad.
Por lo tanto, hoy el hombre se enfrente a riesgos que le plantea, por ejemplo, la industria farmacéutica. El hombre debe de crear mecanismos y contemplar regulaciones, y no solo saber regular sino también gestionar el riesgo. En el medioambiente se regulan los riesgos que generan las propias actividades. Estos riesgos se ven aumentados por el gran desarrollo industrial, altamente contaminante.
Lo que no se puede es pensar es que no existe el riesgo. Es imposible un estado de ausencia total del riesgo, ya que se convive de forma cuotidiana con éste. Se ha desarrollado un concepto fundamental, que es el de riesgo permitido. Este concepto desplaza al concepto del orden público.
Es decir, en el eje de la actividad de intervención del actual derecho de la regulación, está más centrado en evitar determinados riesgos, hay una regulación que cada vez va más allá en este campo. Hoy se encuentra muy desarrollado un derecho de la regulación y de la gestión de los riesgos. En este derecho nos entramos que va a cumplir dos funciones: 1- Determinar el riesgo, hay que indicar claramente que riesgo hay en cada sector. Para decidir que es riesgo y que no lo es, y cuál se acepta (pues hay riesgos inaceptables), se deberá contar con una serie de valoraciones técnicas y científicas, por eso se desarrolla en el ámbito del Derecho comunitario y se transpone todo un derecho de seguridad alimentaria, farmacológica, etc.
2- Gestionar ese riesgo que previamente se ha aceptado, es decir, gestionar el riesgo permitido. Por ejemplo, se aceptan ciertas tecnologías de generación de energías, y relacionado con esto se tendrán que tomar una serie de decisiones, y en muchos casos conflictivas, y que van a exigir rigurosos procedimientos. Habrá una determinación en las normas de lo que es el riesgo permitido. Y ya no solo en las normas, sino que en determinadas circunstancias esto puede venir previsto en planes, o normas técnicas de seguridad (técnicos expertos de un sector determinado establecen una serie de normas que son vinculantes, pues es la letra pequeña que emana de un experto en la materia).
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