5. La responsabilidad patrimonial universal y sus modificaciones legales y convencionales (2015)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Derecho - 2º curso
Asignatura Derecho de Obligaciones y contratos
Año del apunte 2015
Páginas 5
Fecha de subida 25/09/2017
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Más apuntes en https://unybook.com/perfil/ecortes38/apuntes Toda obligación se compone por el débito y la responsabilidad, es decir, la responsabilidad se define como el perjuicio que se le sigue al deudor en caso de incumplimiento de la obligación. Esta responsabilidad está consagrada en el CC en el llamado principio de responsabilidad patrimonial universal del art. 1.911 CC, el cual dice que del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes presentes y futuros. La responsabilidad patrimonial universal es un principio consolidado en la época de la codificación (derecho romano), donde existía la responsabilidad personal, y hasta el s. XIX existía la prisión por deudas. La responsabilidad patrimonial universal presenta las siguientes características:  Se extiende a todos los bienes presentes, y a los futuros.
 Se trata de una responsabilidad patrimonial universal, es decir, en principio no recae sobre bienes determinados. Todo el patrimonio de una persona, en general, responde de sus deudas. No obstante, el art. 1.111 CC recoge en beneficio del acreedor dos acciones: Una primera para evitar que el deudor saque de su patrimonio bienes antes de que se vea reclamado, nos referiremos de lo que es la acción revocatoria. Una segunda que tiene por objeto que entren en el patrimonio del deudor bienes, créditos que no quiere ejercer, esto es la acción subrogatoria.
 En principio no recae sobre bienes personalísimos del deudor. En este sentido, veremos lo que son las modificaciones legales del principio de responsabilidad patrimonial universal. Las limitaciones legales a este principio se refieren a determinadas leyes que muy puntualmente excluyen bienes del patrimonio del deudor para que no respondan con ellos (parte del salario, parte del mobiliario, el lecho conyugal). Otros supuestos de modificaciones legales de esta responsabilidad vienen determinados en derecho de sucesiones en los casos de aceptación de la herencia a beneficio de inventario: El heredero no responde con su patrimonio de las deudas del causante.
 También encontramos las modificaciones convencionales, las cuales implican que las partes puedan modificar la responsabilidad patrimonial universal. Con ello, las partes pueden incluir en el pacto una cláusula de limitación de responsabilidad, es decir, las partes en el contrato pueden establecer que de las deudas contraídas por ese contrato no responde todo el patrimonio del deudor, sino bienes determinados. Por ejemplo, el art. 140 Ley hipotecaria permite a las partes fijar una cláusula en que se limite la responsabilidad del deudor hipotecario al inmueble adquirido y gravado con la hipoteca.
 También existen cláusulas de agravación de esta responsabilidad patrimonial universal. Esta agravación puede venir por otros motivos: por ejemplo, por pacto cuando se le hace responder por ejemplo de caso fortuito o fuerza mayor .Otras cláusulas son aquellas que tienen por objeto aumentar el importe de la deuda, son las llamadas clausulas penales. Finalmente, se puede agravar la responsabilidad del deudor añadiendo otros patrimonios que también responden (por ejemplo la fianza, que implica que si el deudor no puede responder de su deuda, se añaden otros patrimonios, el patrimonio del fiador, para que en defecto del deudor respondan de una deuda ajena).
 Por otra parte encontramos las medidas de garantía o de protección del crédito. El art. 1.911 a priori es perfecto para el acreedor, pues parece que en uno u otro momento acabará cobrando, sin embargo, este artículo es insuficiente. Por esto, mediante estas llamadas medidas de garantía, hay que estimular que el deudor cumpla con su obligación, y si no la cumple, hay que asegurar que de una u otra manera el acreedor cobrará. Dentro de estas medidas distinguiremos: Más apuntes en https://unybook.com/perfil/ecortes38/apuntes | Derecho Civil II Más apuntes en https://unybook.com/perfil/ecortes38/apuntes  Garantías personales del crédito: Implican añadir otro deudor para asegurar al acreedor que va a cobrar, y son el aval y la fianza. El art. 1.822 CC dice por la fianza se obliga uno a pagar o cumplir por un tercero, en el caso de no hacerlo éste. Si el fiador se obligare solidariamente con el deudor principal, se observará lo dispuesto en la sección cuarta, capitulo III, título I de este libro.
 Garantías reales del crédito: Implica afectar otros bienes para garantizar que la obligación se va a cumplir. Como garantías reales destaca el derecho de retención, la hipoteca, derecho de prenda y derecho anticresis.
Una obligación accesoria es aquella que depende de otra principal, de tal manera que si desaparece la principal se extingue la accesoria. Las obligaciones accesorias pueden tener un origen  Legal: Por ejemplo el art. 1.097 CC dice que la obligación de entregar una cosa determinada comprende la de todos sus accesorios.
 Convencional: Suelen estipularse bien para añadir más responsabilidades en beneficio del acreedor (por ejemplo la fianza es una obligación accesoria, es un contrato accesorio de otro contrato accesorio que garantiza que si el deudor principal no cumple su obligación el obligado accesorio, que es el fiador, tiene que cumplir. I si el deudor principal se extingue, se extingue la obligación).
Dentro de las obligaciones accesorias es conveniente hablar de la llamada cláusula penal. Generalmente, según el tipo de obligaciones, suele añadirse la llamada cláusula pena, que tiene por objeto, a grandes rasgos, estipular que si el deudor no cumple su obligación, se le va a penalizar con un perjuicio superior al de la indemnización de daños y perjuicios. La cláusula penal es una obligación accesoria voluntaria y que tiene por objeto intimar, provocar a que el deudor cumpla su obligación porque saber que con un contrato con cláusula penal, sino cumple las consecuencias le serán mucho más desfavorables. La cláusula penal tiene varias finalidades:  Función de garantía:  Función liquidadora: Convencionalmente las partes pactan el importe de la responsabilidad del deudor si no cumple. El art. 1.152 CC dice que si otra cosa no se pacta, en las obligaciones con cláusula penal, la pena sustituirá a la indemnización de daños y perjuicios, y también a los intereses, salvo que otra cosa se hubiere pactado. Si la obligación la cumple el deudor en parte defectuosamente, el juez modificará equitativamente el importe de la pena, y si la obligación principal es nula, como la cláusula penal es accesoria, también será nula ésta.
Analizaremos aquí las llamadas medidas conservativas del patrimonio del deudor. Dentro de éstas encontramos la acción subrogatoria, la acción revocatoria y la acción directa.
El principal artículo que regula la subrogatoria y la revocatoria es el art. 1.111 CC, el cual dice que los acreedores, después de haber perseguido los bienes de que esté en posesión el deudor para realizar cuanto se les debe, pueden ejercitar todos los derechos y acciones de éste con el mismo fin, exceptuando los que sean inherentes a su persona; pueden también impugnar los actos que el deudor haya realizado en fraude de su derecho.
Más apuntes en https://unybook.com/perfil/ecortes38/apuntes | Derecho Civil II Más apuntes en https://unybook.com/perfil/ecortes38/apuntes  La acción subrogatoria o indirecta viene definida en el primer inciso del art. 1.111 CC. Es aquel recurso que la ley le concede al acreedor, cuando ya no tiene otro modo de cobrar lo que se le debe, para ejercer los derechos y acciones no personalísimos de su deudor en beneficio de éste y si el deudor se abstiene de ejercer. Los requisitos de esta acción son:  Que quien ejerza esta acción tenga un crédito contra el deudor.
  Es un recurso subsidiario (después de haber perseguido el patrimonio del deudor).
Que se trate de ejercer derechos y acciones que el deudor podría ejercer pero que no ejerce.
Quedan excluidas de la acción subrogatoria los derechos personalísimos del deudor, ni tampoco podrá el acreedor ejercer derechos de su deudor que una vez ejecutados no se traduzcan en un ingreso económico.
Hay que decir que esta acción es poco interesante porque lo que se obtenga en el ejercicio de esta acción subrogatoria, no lo cobra directamente el acreedor sino que lo que se obtenga en beneficio de esta acción subrogatoria queda afecto al pago de otros créditos que sean preferentes. Por eso esta acción es un método poco atractivo para el acreedor porque la finalidad buscada por él no siempre llega a buen ver.
 La acción revocatoria o pauliana: El segundo inciso del art. 1.111 CC dice que puede también el acreedor impugnar las enajenaciones que el deudor haya realizado en fraude de sus derechos.
Esta acción, por tanto, también es un recurso subsidiario, que se concede a los acreedores anteriores al acto fraudulento que, de otro modo no pueden cobrar lo que se les debe; y se dirige esta acción a la restricción de la enajenación fraudulenta, y frente a los que han contratado con su deudor; y si esta rescisión no fuere posible, esta acción tiene también por objeto obtener la indemnización de daños y perjuicios.
Una enajenación es fraudulenta: el concepto debemos buscarlo en las llamadas presunciones de fraude del CC. Conforme al 1.297 CC dice que se presumen celebrados en fraude de acreedores todos los contratos en virtud de los cuales el deudor enajene bienes a título gratuito (sin contraprestación a cambio).
También se presumen fraudulentas las enajenaciones en fraude de acreedores, deberá indemnizar a éstos de los daños y perjuicios que la enajenación les hubiese ocasionado, siempre que por cualquier causa le fuere imposible devolverlas.
Respecto a los efectos:  Si la enajenación es a título oneroso, pero el tercer adquirente es de buena fe, este tercero no está obligado a devolver la cosa que se le enajenó por el deudor. Aquí el beneficio del acreedor consistirá en el resarcimiento de daños y perjuicios.
 Si el tercero es de buena fe y es el adquirente de un bien inmueble, el art. 37 LH protege al que ha adquirido de buena fe el bien inmueble y lo ha inscrito en el registro de la propiedad.
 Si el tercero es de mala fe (siendo consciente del fraude), en este caso este tercero es el que tiene que devolver al acreedor el bien o derecho. Y si no estuviese en el patrimonio de este tercero de mala fe, este tercero tendría que indemnizar daños y perjuicios.
Más apuntes en https://unybook.com/perfil/ecortes38/apuntes | Derecho Civil II Más apuntes en https://unybook.com/perfil/ecortes38/apuntes  La acción directa: Esta sí que beneficia al acreedor, porque excepcionalmente sí que le permite ejercer derechos de su deudor de una manera directa, es decir, beneficiándose directamente del resultado. Por tanto, si el acreedor ejerce una acción directa que le corresponde a su deudor y gana, lo obtenido directamente irá en beneficio del acreedor (no irá al patrimonio del deudor). La acción directa es una acción tipificada en muy contados casos en nuestro OJ, por ejemplo:  Como supuesto de acción directa más utilizado en la práctica es el que deriva de la Ley de Responsabilidad Civil en su art. 76, que es la que correspondería a la víctima para dirigirse directamente contra la compañía de seguros sin tener que reclamar previamente a quien le ha causado el daño y que está asegurado por esa compañía.
 Otro supuesto lo encontramos, en materia de mandato en los arts. 1721 y siguientes CC se otorga al mandante acción directa contra los submandatarios.
Antes de la promulgación de la ley concursal en julio de 2003, cuando el patrimonio del deudor no era suficiente para pagar a todos los acreedores, tenía lugar el llamado procedimiento de ejecución colectiva que distinguía según fuera para comerciantes o no comerciantes. Cuando el patrimonio del comerciante no era suficiente se iniciaba un procedimiento de quiebra, y cuando era el patrimonio del no comerciante el que era inferior a su activo, se hablaba de concurso de acreedores.
Antes de declarar en quiebra a un comerciante había unas últimas oportunidades llamadas suspensiones de pagos. En cambio los recursos que se le concedían al no comerciante eran los llamados beneficios de quita y espera (aplazar el vencimiento de las deudas).
Con la ley concursal del 2003 se borra toda esta distinción, y con ella hay un solo procedimiento de ejecución colectiva (cuando el patrimonio del deudor es insuficiente para pagar a la vez a todos los acreedores). La actual ley concursal, cuando se trata de ejecución colectiva no distingue si estamos ante empresarios o personas físicas no comerciantes. Esta ley derogó la ley de suspensión de pagos, los artículos del código de comercio en materia de quiebra, y los arts. 1912 a 1920 CC donde se regulaban los beneficios de quita y espera.
El panorama actual es el siguiente: Cuando estamos ante una ejecución individual (un acreedor se dirige contra el deudor) hay un procedimiento llamado la tercería de mejor derecho, y en estas ejecuciones individuales la graduación de los créditos se regirá todavía, y a la espera de que se promulgue la futura ley de prelación de créditos, por el CC en los arts. 1921 y siguientes.
Cuando estamos en procedimientos universales de ejecución colectiva (cuando son varios acreedores que a la vez, no individualmente acuden a éste juicio universal de ejecución colectiva) , en este caso es la ley concursal la que nos dice como tiene que acabar pagándose a los acreedores. El concurso de acreedores puede ser voluntario (cuando es el deudor que lo pide) o puede ser necesario (cuando son los acreedores los que lo piden).Una vez que se admite el concurso se dicta un auto, se nombra un administrador del concurso y se interviene el patrimonio del deudor. Este administrador concursal tendrá que hacer un inventario de los créditos y de los acreedores, y además, en esta masa concursal tendrá que hacer una prelación de los créditos. Los créditos según la ley concursal se dividen en:  Privilegiados: Sueldos de los trabajadores, impuestos, cuotas a la seguridad social, créditos por hipotecas, etc.
 Ordinarios: Más apuntes en https://unybook.com/perfil/ecortes38/apuntes | Derecho Civil II Más apuntes en https://unybook.com/perfil/ecortes38/apuntes  Subordinados: Aquellos que se han aportado tardíamente a la masa concursal.
Cuando hay varios acreedores que quieren cobrar, rige el principio de pars conditio creditorum que, en un principio todos los acreedores tienen el mismo derecho a cobrar, sin embargo los artículos 1921 a 1929 CC regulan la llamada concurrencia y prelación de créditos. Aquí se nos determina cuando hay varios acreedores privilegiados, quien de ellos ha de cumplir primero. El punto de partida es el art. 1921.2 CC que dice que en caso de concurso la concurrencia y prelación de créditos se rige por la ley concursal. El 1922 CC nos dice en relación a los bienes muebles del deudor, quien tiene la preferencia a cobrar. El 1923 dice: Con relación a determinados bienes inmuebles y derechos reales del deudor, gozan de preferencia: 1.º Los créditos a favor del Estado, sobre los bienes de los contribuyentes, por el importe de la última anualidad, vencida y no pagada, de los impuestos que graviten sobre ellos.
2.º Los créditos de los aseguradores, sobre los bienes asegurados, por los premios del seguro de dos años; y, si fuere el seguro mutuo, por los dos últimos dividendos que se hubiesen repartido.
3.º Los créditos hipotecarios y los refaccionarios, anotados e inscritos en el Registro de la Propiedad, sobre los bienes hipotecados o que hubiesen sido objeto de la refacción.
4.º Los créditos preventivamente anotados en el Registro de la Propiedad en virtud de mandamiento judicial, por embargos, secuestros o ejecución de sentencias, sobre los bienes anotados, y sólo en cuanto a créditos posteriores.
5.º Los refaccionarios no anotados ni inscritos, sobre los inmuebles a que la refacción se refiera, y sólo respecto a otros créditos distintos de los expresados en los cuatro números anteriores.
En siguiente lugar, el 1.924 CC nos dice quienes gozan de preferencia en relación a determinados bienes inmuebles y derechos reales del deudor: gastos de justicia, por funeral, de última enfermedad, salarios, seguridad social, etc. Este artículo no es del todo cierto, porque el estatuto de los trabajadores, contradiciendo lo que dice este artículo, establece a efectos de que el trabajador cobre, el carácter súperprivilegiado del salario no cobrado por el trabajador de los últimos 30 días.
Junto a estos artículos, hay otras leyes como la ley de propiedad horizontal o el CCC en su libro V que establecen igualmente el carácter privilegiado, la LPH establece que los créditos de la comunidad de propietarios, el piso está afecto al pago de esos créditos.
Los artículos 1.926 CC y siguientes establecen que sucede si sobre esos bienes muebles o inmuebles concurren créditos de la misma naturaleza, establecen la prelación a su vez entre créditos de la misma naturaleza.
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