Caso práctico 3 Administrativo (2016)

Pràctica Español
Universidad Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
Grado Derecho - 3º curso
Asignatura RÉGIMEN JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
Año del apunte 2016
Páginas 2
Fecha de subida 23/05/2017
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SEMINARIO 2: SUPUESTO DE HECHO.
ANÁLISIS.
Tras la iniciativa del Ayuntamiento de resolver el contrato y, posteriormente, conferir a otra empresa la terminación del contrato, el día 12 de octubre de 2016 Construcciones Sánchez solicitan la iniciación de un procedimiento de revisión de oficio del acto que acuerda la resolución. Trascurrido el plazo para resolver, sin respuesta de la Administración, los contratistas entienden la concurrencia de silencio administrativo y, por tanto, que el acto se entiende revisado.
Puede proceder la revisión de oficio de actos nulos de forma radical o de pleno derecho, en el caso de que el acto incurriera en nulidad radical, recurriendo, además, al art. 106.1 Ley 39/2015, por el cual “Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 47.1.”. Por su parte, el apartado 5 del mismo artículo, in fine, establece que “si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, se podrá entender la misma desestimada por silencio administrativo”. Al amparo del art. 106.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los contratistas actúan siempre y en todo caso conforme al ordenamiento jurídico, cumpliendo correctamente con los trámites y respetando los principios de legalidad y buena fe. Con la petición de nulidad del acto del Ayuntamiento por el que acuerda la resolución de su contrato, con base en el artículo 62.1 de la Ley 30/1992, el particular pretende por parte de la Administración Pública el reconocimiento de invalidez de dicho acto.
Posteriormente, mediante la interposición de un recurso contencioso-administrativo, Construcciones Sánchez se fundamenta en cuatro principales argumentos jurídicos: 1º Entiende un silencio administrativo positivo por parte de la Administración, debido a que no obtuvo contestación, en el plazo requerido para ello, a su solicitud de revisión de oficio del acto que acuerda la resolución de su contrato. Así las cosas, se deduce la efectiva revisión del acto.
2º Afirma que no se puede validar la resolución del contrato al no haber incumplimiento contractual por su parte, sobre la base de demora en la ejecución, la cual se debe a la suspensión del plazo de ejecución de las obras que ordenó el Ayuntamiento, y al retraso en el pago de algunas certificaciones de obras.
3º Alega la nulidad de pleno derecho de la resolución al haber incumplido el artículo 106.1 Ley 39/2015, respecto a la omisión del dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de la Comunidad Autónoma, de obligatorio cumplimiento siempre y en todo caso.
4º Reclama una indemnización por las obras ejecutadas, además del lucro cesante de la obra dejada de ejecutar y que terminó otra empresa.
A continuación se analizará cada uno de ellos por separado.
1º. En primer lugar, del primer argumento relativo al silencio administrativo, éste se produce cuando en un procedimiento vence el plazo máximo establecido sin haberse notificado resolución expresa al interesado que ha deducido la solicitud, el cual puede considerar que su solicitud ha sido estimada o desestimada por silencio, según proceda. Pero ello no excluye el deber de la Administración de dictar una resolución expresa, que se mantiene aunque sea ya una resolución tardía. Debe recalcarse que el silencio se produce cuando no se ha notificado dentro del plazo la resolución, aunque esta se haya adoptado antes.
Como regla general, el silencio debe entenderse estimatorio o positivo (a favor del solicitante), “excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley por razones imperiosas de interés general o una norma de Derecho comunitario establezcan lo contrario”, a tenor literal del artículo 43 de la Ley 30/1992; en el caso de procedimientos sobre acceso de los particulares a actividades o su ejercicio, la excepción sólo puede establecerse “por razones imperiosas de interés general”. Por el contrario, el silencio se entiende negativo (posibilidad de recursos) cuando se dan algunos supuestos excepcionales tales como procedimientos de responsabilidad de las Administraciones Públicas o procedimientos de impugnación de actos y disposiciones, esto es, recursos administrativos.
En este caso se considera un silencio positivo, consecuencia del cual la Administración no puede desestimar por acto expreso posterior lo que ha estimado, otorgado por silencio positivo. Es por eso que los contratistas actúan conforme a la Ley y el recurso se considera revisado.
2º. Conforme a la existencia de incumplimiento contractual por parte de Construcciones Sánchez, referente al segundo argumento jurídico, en ningún caso puede afirmarse como cierta, debido fundamentalmente a que la suspensión de la ejecución del contrato conlleva también la suspensión del plazo, que volverá a computarse en el mismo comienzo en el que se reanudan las obras. Como los contratistas manifestaron su negativa plena a continuar con las obras hasta que no se hubieran puesto al día los pagos de las certificaciones de obras, el plazo se entiende suspendido y no habría cabida, sin duda alguna, a demora imputable a los particulares.
3º. El mencionado artículo 106.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tipifica como necesario en todo caso un “previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma”, siendo una causa de nulidad del artículo 47 de la Ley 39/2015, letra e), que establece lo que sigue: “Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”.
4º. Finalmente los recurrentes exigen su derecho a recibir una indemnización que comprenda, además de las obras realmente ejecutadas, el lucro cesante de la obra dejada de ejecutar y que fue culminada por otra empresa. Bien es cierto que, desde una perspectiva razonablemente lógica, la Administración tiene la obligación de pagar a los contratistas por las obras realizadas, ya que, por el contrario, supondría un enriquecimiento injusto que conllevaría otro supuesto diferente. Por su parte, no correspondería en ningún caso una indemnización por las obras que no llegaron a ejecutar los contratistas, ya que eso pertenecería a la otra empresa contratada, además de que ese caso ya se entiende incluido dentro de la sanción que le corresponde a la Administración por la suspensión del plazo.
CONCLUSIÓN.
Tras lo anteriormente expuesto, y de conformidad con las Leyes 39/2015 y 30/1992, así como los preceptos constitucionales de la Constitución Española de 1978, la Administración actúa en contra del principio de legalidad, incumpliendo varios artículos de las citadas leyes, por lo que corresponde afirmar la correcta actuación en todo caso de Construcciones Sánchez, al cual le corresponde una indemnización por las obras realizadas por parte de la Administración Pública.
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