Apuntes 6 (2015)

Apunte Español
Universidad Universidad de Málaga
Grado Derecho + Administración y Dirección de Empresas - 2º curso
Asignatura Derecho Administrativo I
Año del apunte 2015
Páginas 11
Fecha de subida 02/08/2017
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Apuntes 6 Pueden existir excepcionalmente situaciones que suspenden el procedimiento que no estén explícitas en el artículo 42.5.
El plazo máximo es susceptible de ser ampliado, pero esta ampliación no podrá nunca ser superior a 6 meses más de forma general (no se podrá ampliar más del número del plazo máximo estipulado). Se podrá prorrogar el plazo máximo tantas veces como sea necesario siempre que la suma de esas prórrogas no supere el plazo máximo legal.
Artículo 42.7 Ley 30/92: el personal al servicio de las Administraciones públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias, del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo. El incumplimiento de dicha obligación dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio a la que hubiere lugar de acuerdo con la normativa vigente.
El plazo máximo también influye al funcionario o funcionarios al cargo del procedimiento.
El ‘’dies a quo’’ es el día en el que se inicia el plazo, y el ‘’dies ad quem’’ es el día en el que finaliza el plazo.
Artículo 43.1 Ley 30/92: en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la resolución que la Administración debe dictar en la forma prevista en el apartado 3 de este artículo, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima al interesado o interesados que hubieran deducido la solicitud para entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley por razones imperiosas de interés general o una norma de Derecho comunitario establezcan lo contrario. Asimismo, el silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución, aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público, así como los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones. No obstante, cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado el mismo si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase resolución expresa sobre el mismo.
La regla general en los procedimientos iniciados a instancia de parte es la del silencio administrativo positivo o estimatorio, y esto solo podrá exceptuarse mediante una norma con rango de ley.
Otra excepción a la regla general del silencio administrativo positivo es el derecho de petición, que es una categoría residual en la que la petición no está basada en un título jurídico específico o reconocible. Cuando se ejerce el derecho de petición, el silencio administrativo es negativo o desestimatorio.
Otra excepción se da en los bienes de dominio público y en los servicios públicos. En estos casos, el silencio administrativo será también negativo.
Otra excepción a lo anterior sería en los procedimientos de impugnación en los actos de las administraciones. En estos casos, el silencio administrativo sería negativo, menos en los casos del recurso de alzada cuando se recurre una desestimación por silencio negativo, en el cual el silencio administrativo sería positivo. Mediante esto, se pretende que la administración no se escude en un silencio administrativo negativo permanente y actúe con brevedad.
Artículo 43.2 Ley 30/92: la estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. La desestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente.
La conformación jurídica de los silencios administrativos positivo y negativo es completamente distinta. El silencio administrativo positivo tiene plenos efectos, es un acto administrativo en sentido propio. Por otro lado, el silencio administrativo negativo no lo es, la administración puede resolver tras el silencio negativo, solamente se tiene en cuenta para que el solicitante pueda, al menos, impugnarlo. Así, el silencio administrativo positivo vincula a la administración a todos los efectos mientras que el silencio administrativo negativo no.
Artículo 43.3 Ley 30/92: la obligación de dictar resolución expresa a que se refiere el apartado primero del artículo 42 se sujetará al siguiente régimen: en los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo; en los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio.
Artículo 43.4 Ley 30/92: los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer valer tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada. Los mismos producen efectos desde el vencimiento del plazo máximo en el que debe dictarse y notificarse la resolución expresa sin que la misma se haya producido, y su existencia puede ser acreditada por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluido el certificado acreditativo del silencio producido que pudiera solicitarse del órgano competente para resolver. Solicitado el certificado, éste deberá emitirse en el plazo máximo de quince días.
El silencio administrativo puede hacerse valer por cualquier medio de prueba admisible en Derecho.
La caducidad es caducidad del procedimiento administrativo.
La caducidad es un supuesto de extinción del procedimiento y, por tanto, de una relación jurídica, al igual que el silencio administrativo positivo o estimatorio.
Un procedimiento suspendido puede ser prorrogado.
El vencimiento del plazo tiene un tratamiento específico en aquellos procedimientos iniciados de oficio (debido a la expectativa).
Artículo 44 Ley 30/92: en los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver, produciendo los siguientes efectos: en el caso de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas individualizadas, los interesados que hubieren comparecido podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo; en los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el artículo 92; en los supuestos en los que el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable al interesado, se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver y notificar la resolución.
El silencio administrativo sí se puede dar en los procedimientos iniciados de oficio (típicamente en los procedimientos sancionadores, ya que hay un tercero que mantiene un interés y por ello posee una expectativa positiva).
Podemos concluir en que cuando se dan expectativas positivas existirá el silencio administrativo (positivo o negativo) y que cuando existan expectativas negativas existirá la caducidad.
Si se extingue el procedimiento, se extingue la relación jurídica.
Artículo 92.1 Ley 30/92: en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del mismo. Consumido este plazo sin que el particular requerido realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, la Administración acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado. Contra la resolución que declare la caducidad procederán los recursos pertinentes.
La caducidad también tiene cabida en los procedimientos iniciados a solicitud de interesado (cuando el procedimiento se paraliza por causa imputable al interesado), y caducará a los 3 meses. Esto es la denominada caducidad del procedimiento por caducidad del trámite para poder continuar el procedimiento y poder resolver, y además se trata de un trámite esencial que solo puede ser cumplimentado o realizado por el interesado.
La caducidad del artículo 92, como vemos, es una caducidad distinta de la del artículo 44.
Artículo 92.2 Ley 30/92: no podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar resolución. Dicha inactividad no tendrá otro efecto que la pérdida de su derecho al referido trámite.
La caducidad del trámite, cuando este no es esencial, no implica la caducidad del procedimiento. En cambio, cuando el trámite es esencial, la caducidad del trámite implica la caducidad del procedimiento.
Artículo 92.3 Ley 30/92: la caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción.
La referencia en el artículo 44 al artículo 92 debe entenderse hecha al apartado 3 del artículo 92.
Cuando un procedimiento caduca, esto no provoca la prescripción de una acción, por ejemplo de una infracción administrativa. La prescripción no se interrumpe por la caducidad, pero sí se interrumpirá por un acto de incoación de un procedimiento. Al caducarse un procedimiento, este se tiene por no iniciado y por tanto la prescripción se tiene por no interrumpida.
Artículo 92.4 Ley 30/92: podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión suscitada afecte al interés general, o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento.
El procedimiento común o general en el Derecho Administrativo no existe.
El procedimiento es un protocolo de actuación dirigido a una finalidad común y última.
Las piezas son partes del procedimiento que persiguen un objetivo parcial dentro de la totalidad del fin que persigue el procedimiento.
Un proceso es una representación, y su estructura es la siguiente: iniciación, desarrollo y desenlace. El procedimiento tiene, pues, una estructura trifásica: iniciación, instrucción y resolución.
Artículos 11, 12, 13, 14 y 15 Real Decreto 1398/93 (iniciación del procedimiento sancionador): los procedimientos sancionadores se iniciarán siempre de oficio, por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia. A efectos del presente Reglamento, se entiende por: ‘’propia iniciativa’’ la actuación derivada del conocimiento directo o indirecto de las conductas o hechos susceptibles de constituir infracción por el órgano que tiene atribuida la competencia de iniciación, bien ocasionalmente o por tener la condición de autoridad pública o atribuidas funciones de inspección, averiguación o investigación; ‘’orden superior’’ la orden emitida por un órgano administrativo superior jerárquico de la unidad administrativa constituye el órgano competente para la iniciación, y que expresará, en la medida de lo posible, la persona o personas presuntamente responsables, las conductas y hechos que pudieran constituir infracción administrativa y su tipificación, así como el lugar, la fecha, fechas o períodos de tiempo continuado en que los hechos se produjeron; ‘’petición razonada’’ la propuesta de iniciación del procedimiento formulada por cualquier órgano administrativo que no tiene competencia para iniciar el procedimiento y que ha tenido conocimiento de las conductas o hechos que pudieran constituir infracción, bien ocasionalmente o bien por tener atribuidas funciones de inspección, averiguación o investigación. Las peticiones deberán especificar, en la medida de lo posible, la persona o personas presuntamente responsables; las conductas o hechos que pudieran constituir infracción administrativa y su tipificación; así como el lugar, la fecha, fechas o período de tiempo continuado en que los hechos se produjeron; ‘’denuncia’’ el acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera constituir infracción administrativa. Las denuncias deberán expresar la identidad de la persona o personas que las presentan, el relato de los hechos que pudieran constituir infracción y la fecha de su comisión y, cuando sea posible, la identificación de los presuntos responsables.
La formulación de una petición no vincula al órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador, si bien deberá comunicar al órgano que la hubiera formulado los motivos por los que, en su caso, no procede la iniciación del procedimiento. Cuando se haya presentado una denuncia, se deberá comunicar al denunciante la iniciación o no del procedimiento cuando la denuncia vaya acompañada de una solicitud de iniciación.
Con anterioridad a la iniciación del procedimiento, se podrán realizar actuaciones previas con objeto de determinar con carácter preliminar si concurren circunstancias que justifiquen tal iniciación. En especial, estas actuaciones se orientarán a determinar, con la mayor precisión posible, los hechos susceptibles de motivar la incoación del procedimiento, la identificación de la persona o personas que pudieran resultar responsables y las circunstancias relevantes que concurran en unos y otros.
Las actuaciones previas serán realizadas por los órganos que tengan atribuidas funciones de investigación, averiguación e inspección en la materia y, en defecto de éstos, por la persona u órgano administrativo que se determine por el órgano competente para la iniciación o resolución del procedimiento.
La iniciación de los procedimientos sancionadores se formalizarán con el contenido mínimo siguiente: identificación de la persona o personas presuntamente responsables; los hechos sucintamente expuestos que motivan la incoación del procedimiento, su posible calificación y las sanciones que pudieran corresponder, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción; instructor y, en su caso, Secretario del procedimiento, con expresa indicación del régimen de recusación de los mismos; órgano competente para la resolución del expediente y norma que le atribuya tal competencia, indicando la posibilidad de que el presunto responsable pueda reconocer voluntariamente su responsabilidad, con los efectos previstos en el artículo 8; medidas de carácter provisional que se hayan acordado por el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador, sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante el mismo de conformidad con el artículo 15; indicación del derecho a formular alegaciones a la audiencia en el procedimiento y de los plazos para su ejercicio.
El acuerdo de iniciación se comunicará al instructor, con traslado de cuantas actuaciones existan al respecto, y se notificará al denunciante, en su caso, y a los interesados, entendiendo en todo caso por tal al inculpado. En la notificación se advertirá a los interesados que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en el plazo previsto en el artículo 16.1, la iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del Reglamento.
En los términos previstos por el artículo 4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los órganos y dependencias administrativas pertenecientes a cualquiera de las Administraciones Públicas facilitarán al órgano instructor los antecedentes e informes necesarios, así como los medios personales y materiales necesarios para el desarrollo de sus actuaciones.
Las personas designadas como órgano instructor o, en su caso, los titulares de las unidades administrativas que tengan atribuida tal función serán responsables directos de la tramitación del procedimiento y, en especial, del cumplimiento de los plazos establecidos.
De conformidad con lo previsto en los artículos 72 y 136 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el órgano competente para resolver podrá adoptar en cualquier momento, mediante acuerdo motivado, las medidas de carácter provisional que resulten necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, el buen fin del procedimiento, evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción y las exigencias de los intereses generales. Cuando así venga exigido por razones de urgencia inaplazable, el órgano competente para iniciar el procedimiento o el órgano instructor podrán adoptar las medidas provisionales que resulten necesarias.
Las medidas de carácter provisional podrán consistir en la suspensión temporal de actividades y la prestación de fianzas, así como en la retirada de productos o suspensión temporal de servicios por razones de sanidad, higiene o seguridad, y en las demás previstas en las correspondientes normas específicas.
Las medidas provisionales deberán estar expresamente previstas y ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y necesidades de los objetivos que se pretendan garantizar en cada supuesto concreto.
El procedimiento comenzó históricamente con ciertos requisitos procedimentales no sistematizados.
Los procesos juridiciales han influido decisivamente en el procedimiento administrativo.
El procedimiento administrativo no se tomó de golpe, la mecánica de este se formó de manera pausada.
Los antiguos requisitos procedimentales no tienen por qué coincidir con los actuales.
Los requisitos procedimentales se unificaron en la Ley del Procedimiento Administrativo (LPA) del año 1958, donde fueron sistematizados en un texto normativo con la finalidad de conseguir un instrumento fácilmente visible. Esta ley establece un patrón común.
El procedimiento común no está pensado con una base derogatoria, pero algunos procedimientos especiales sí que tienen un alcance derogatorio. Por tanto, la derogación será siempre singular, particular y concreta, nunca general.
El procedimiento administrativo común o general es de naturaleza supletoria, es decir, se aplica en lo no previsto en los procedimientos especiales. Por tanto no es solo una referencia sino también un instrumento supletorio.
Además, la Ley 30/92 posee claves hermenéuticas indispensables, es decir, criterios de interpretación necesarios para los procedimientos especiales.
curso alguno.
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