TEMA 3 EXTENSIÓN Y LÍMITES (2011)

Apunte Español
Universidad Universidad de Valencia (UV)
Grado Criminología - 2º curso
Asignatura Derecho Procesal I
Año del apunte 2011
Páginas 6
Fecha de subida 28/01/2015
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TEMA 3 DE LA EXTENSIÓN Y LÍMITES DE LA JURISDICCIÓN Los órganos jurisdiccionales no pueden asumir cualquier delito que se produdzca ni siquiere cuando el autor o la victima sea española. En ese sentido haby que acudir a la lopj que fija los limites de la jurisdicción española. Artículo 21 y 23.
Artículo 21.
1. Los Juzgados y Tribunales españoles conocerán de los juicios que se susciten en territorio español entre españoles, entre extranjeros y entre españoles y extranjeros con arreglo a lo establecido en la presente Ley y en los tratados y convenios internacionales en los que España sea parte.
Artículo 23.
1. En el orden penal corresponderá a la jurisdicción española el conocimiento de las causas por delitos y faltas cometidos en territorio español o cometidos a bordo de buques o aeronaves españoles, sin perjuicio de lo previsto en los tratados internacionales en los que España sea parte.
2. Asimismo, conocerá de los hechos previstos en las leyes penales españolas como delitos, aunque hayan sido cometidos fuera del territorio nacional, siempre que los criminalmente responsables fueren españoles o extranjeros que hubieren adquirido la nacionalidad española con posterioridad a la comisión del hecho y concurrieren los siguientes requisitos: a) Que el hecho sea punible en el lugar de ejecución, salvo que, en virtud de un Tratado internacional o de un acto normativo de una Organización internacional de la que España sea parte, no resulte necesario dicho requisito.
b) Que el agraviado o el Ministerio Fiscal denuncien o interpongan querella ante los Tribunales españoles.
c) Que el delincuente no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero, o, en este último caso, no haya cumplido la condena. Si sólo la hubiere cumplido en parte, se le tendrá en cuenta para rebajarle proporcionalmente la que le corresponda.
3. Conocerá la jurisdicción española de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional cuando sean susceptibles de tipificarse, según la ley penal española, como alguno de los siguientes delitos: a) De traición y contra la paz o la independencia del Estado.
b) Contra el titular de la Corona, su Consorte, su Sucesor o el Regente.
c) Rebelión y sedición.
d) Falsificación de la firma o estampilla reales, del sello del Estado, de las firmas de los Ministros y de los sellos públicos u oficiales.
e) Falsificación de moneda española y su expedición.
f) Cualquier otra falsificación que perjudique directamente al crédito o intereses del Estado, e introducción expedición de lo falsificado.
g) Atentado contra autoridades o funcionarios públicos españoles.
h) Los perpetrados en el ejercicio de sus funciones por funcionarios públicos españoles residentes en e extranjero y los delitos contra la Administración Pública española.
i) Los relativos al control de cambios.
Art 46 y 47 de la LECr complementa esta ley.
CRITERIOS DE LA COMPETENCIA PENAL • • • Universalidad: Nuestra LOPJ en primer momento reconocía la justicia penal universal o persecución mundial del delincuente, de tal forma que se podía conocer cualquier delito del mundo, independientemente del lugar o de la persona. Esto llevo a muchas desmesuras que se hizo patentes en las sentencias del TC y obligo a matizar este precepto de tal manera que por LO del 2009 se aplica solo en el caso de que: El autor del delito este en España, la victima sea española o que exista un punto relevante con España Siempre y cuando otro país competente o tribunal internacional no haya iniciado el proceso por los mismos hechos.
Exclusividad: (art. 23.1 LOPJ) En el orden penal corresponderá a la jurisdicción española el conocimiento de las causas por delitos y faltas cometidos en territorio español o cometidos a bordo de buques o aeronaves españoles, sin perjuicio de lo previsto en los tratados internacionales en los que España sea parte.
Generalidad: Siempre que no estemos en los anteriores supuestos, los tribunales españoles tienen competencia en los siguientes casos: o o Artículo 23.2 Artículo 23.3 En cuanto al tratamiento procesal, el presupuesto es controlable: o o o de oficio por el propio tribunal en cualquier momento, o a instancia de parte con una figura que se denomina declinatoria.
También mediante un escrito presentado por la parte pueda resolverse al tratarse de una cuestión de orden público y que puede suponer la nulidad del proceso, podría ser alegable en un momento posterior.
Por tanto, la competencia penal es un presupuesto procesal relativo al órgano jurisdiccional. Y así, el artículo 1 de la LECR, establece: o o el principio de legalidad procesal, el juez que dicte la sentencia sea el competente.
La competencia penal la tienen los tribunales de los artículos 87 y siguientes de la LOPJ.
Podemos definir la competencia como el conjunto de reglas que determinan la atribución de un asunto concreto a un órgano jurisdiccional particularizado. Es decir, que clase de órgano, de que instancia o de que población es el competente para conocer el asunto.
El artículo 117 establece la competencia. Para determinar la competencia no es fácil, ya que hay una variedad importante de órganos y asuntos y por la distribución territorial, por tanto es difícil su clarificación y se complica más si tenemos en cuenta que aun utilizando las vías y criterios de atribución de la competencia, aparecen normas que pueden dar lugar a conflicto o choque. Para ello normas de reparto.
La competencia genérica es un órgano jurisdiccional español, una vez sabido hay que saber en qué órgano recae. (Civil,. Penal, social, laboral, contencioso) la LOPJ resuelve la situación mediante la competencia por órdenes. El artículo 9 de dicha ley establece dichos ámbitos. La competencia penal genérica está en el 9.3.
En cuanto al tratamiento procesal la jurisdicción es improrrogable: un proceso civil solo puede conocer de el orden jurisdiccional civil, el penal el penal… El acto judicial con manifiesta falta de competencias es de nulo derecho.
El ha de aplicar de oficio juez no lo haga de oficio su competencias las partes pueden alegar la incompetencia usando los medios a su alcance.
o Conflicto de jurisdicción: Pueden plantearse entre el órgano jurisdiccional y la administración.
o Conflicto de competencia: pueden plantearse entre juzgados y tribunales de distintos órganos jurisdiccionales o Cuestiones de competencia: Pueden plantearse entre juzgados y tribunales de un mismo órgano jurisdiccional. (por ejemplo: la violencia de género) CRITERIOS DE ATRIBUCION DE LA COMPETENCIA Sabiendo que es la jurisdicción española, ahora se trata de determinar que órgano es el competente.
Distinción entre tribunales y juzgado de un mismo tipo: CRITERIO DE COMPETENCIA OBJETIVA Atiende a la causa según el objeto del proceso. En el terreno penal, la atribución de la causa viene determinada por dos criterios: Un criterio cualitativo, según quien sea el imputado Un criterio cuantitativo, según se trata de delito o falta, Los órganos objetivamente competentes son juzgado de paz, instrucción, guardia… Todos a excepción del tribunal constitucional.
La distinción de los órganos jurisdiccionales por razón o lugar: CRITERIO FUNCIONAL Consiste en aginar determinadas funciones distintas en una misma causa en tribunales que son competentes para entender de ella por razón o lugar. La competencia funcional sirve para determinar con exactitud quien va a conocer de los actos procesales, de los incidentes, de las fases y de las instancias de un proceso.
Atribución a un órgano concreto de un lugar determinado sobre otro igualmente competente desde el punto de vista objetivo. CRITERIO TERRITORIAL Una vez determinada la competencia objetiva, la norma territoria destribuye la causa en diferentes tribunales de un mismo tipo, y en penal dependiendo del lugar de la comisión del delito o falta, aunque también pueden establecerse fueros extraordinarios cuando no conste el lugar de la comisión.
El tratamiento procesal es de ius coges (derecho necesario), por tanto, ninguno de estos tres criterios anteriores se deja en manos de las partes, y es por lo que el juez ha de vigilar de oficio su propia competencia objetiva, funcional y territorial. Si el juez no sabe sus competencias las partes pueden actuar.
CUESTIONES DE COMPETENCIA De oficio a instancia de parte, pueden ser positivas o negativas.
Positivas: Art 25 LECR: El juez que lleve el asunto es de su competencia requerirá al incompetente el inicio. Art, 19 LECR los órganos y competencia. El tribunal supremo no puede promover competencia ni ningun juez puede contra él.
Negativas: El que está conociendo que no es competente se inhibe a favor del que es competente. Art. 25 LECR.
A su vez, las partes pueden plantear cuestiones de competencia por inhibitoria o declinatoria.
Artículo 25. [Requerimiento de inhibición e inhibición de los órganos de la jurisdicción penal] El Juez o Tribunal que se considere competente deberá promover la competencia.
También acordará la inhibición a favor del Juez o Tribunal competente cuando considere que el conocimiento de la causa no le corresponde, aunque sobre ello no haya precedido reclamación de los interesados ni del Ministerio fiscal.
Entretanto no recaiga decisión judicial firme resolviendo definitivamente la cuestión promovida o aceptando la competencia, el Juez de instrucción que acuerde la inhibición a favor de otro de la misma clase seguirá practicando todas las diligencias necesarias para comprobar el delito, averiguar e identificar a los posibles culpables y proteger a los ofendidos o perjudicados por el mismo. A tal efecto, la resolución que inicialmente acuerde la inhibición expresará esta circunstancia, y a ella se acompañará únicamente testimonio de las actuaciones. Dirimida la cuestión o aceptada la competencia por resolución firme, el Secretario judicial remitirá los autos originales y las piezas de convicción al Juez que resulte competente.
NORMAS DE REPARTO Determinado que órgano jurisdiccional es el objetivo y funcional y territorialmente competente existen otras disposiciones para determinar qué tribunal se ocupara de la causa cuando hayan dos órganos jurisdiccionales en la misma jerarquía y puedan ser competentes todos antes esos criterios: son las normas de reparto de asuntos. El reparto de los asuntos no son los criterios de competencia.
Así pues, para que un asunto se reparta es necesario: 1. Que la ciudad o población haya dos o más juzgados 2. Deben someterse a reparto las causas penales del tribunal con más de una sección 3. Las normas se reparten por la Sala superior de justicia. …..
4. El reparto es supervisado en cuanto a su aplicación práctica por el juez decano.
5. Existen excepciones a la regla anterior respecto a las primeras diligencias y el exceso de trabajo, los jueces no permitirán que se inicie un asunto sin las primeras diligencias.
Si el juez be que no existe la nota de que se haya hecho el reparto como toca, porque las normas de repartdo tienen que responder a los principios de igualdad y homogeneidad, para que todos los órganos conozcan del mismo número de asuntos.
SUPUESTO Sobre las 10 h del 22 de marzo de 2005, con ocasión de un servicio que prestaban miembros de la GC, sorprendieron a la altura del punto KM 325, de la A92, término de vaza, Granada, al súbdito Italiano Juliano X, de 38 años de edad, quien transportaba en el interior del turismo, matrícula NAX, propiedad de su esposa, un total de 88, 5 Kg de Hachís. En poder del conductor se encontraba, además de un teléfono móvil, 4000 euros en metálico y una carta de identidad y un permiso de conducir franceses, en los que figuraba su fotografía y firma a nombre de Antoine B. Carta de identidad y permiso de conducir con los que pretendía, llegado el caso, ocultar su verdadera identidad a las FFCCSS. Los formatos de la carta de identidad i del permiso de conducir habían sido adquiridos por Juliano en la provincia de Granada, no obstante, tras se detenido y cuando se le iba a recibir declaración por los agentes de la GC acerca de los hechos relativos del transporte de hachís, les indicó que no tomaran los datos de la carta de identidad y del permiso de conducir porque eran falsos, proporcionándoles su verdadera identidad. Los hechos descritos son un delito contra la salud pública del artículo 368 del CP y de falses documental del articulo 392 en relación del 390 del mismo cuerpo legal.
Castigados respectivamente, de penas de prisión de 3 a 9 años, multa de tanto al triplo del valor de la pena y multa de trabajo y multa de 6 a 12 meses.
1- Órgano competente para la instrucción y fallo 2- Procedimiento Adecuado 3- Si Juliano fuese español, ¿repercutiría algo en la jurisdicción y competencia? 4- Si juliano fuera el sujeto realizador de una trama española y distribuidor de droga en el ámbito nacional, ¿repercutiría algo en la determinación de la competencia y el procedimiento? 5- La asociación de lucha contra la droga, ¿podría intervenir en este proceso? PROCEDIMIENTOS: Sumario>: Delitos muy graves Abreviado: La mayoría de delitos, por diligencias previas. Fácil solución.
Ordinario: Cuestan más de solucionar.
Juicio rápido: diligencias urgentes ACUSACIONES: Particular Popular Pública, el fiscal Antonio, de 40 años de edad con antecedentes, después de injerir gran cantidad de alcohol.
Que había 1,7 mg de alcohol lo que mermaba sus facultades para conducir, circulaba por la calle linares de Cádiz conduciendo su vehículo con el peligro que suponía para los demás usuarios de la vía. Debido a su estado se desvió hacia un estacionamiento de vehículos. El vehículo que sufrió estos desperfectos valorados en 1500 euros era propiedad de Isabel.
Debido a este percance acudió una patrulla de la PL que observo que Antonio presentaba síntomas de estar bajo la influencia de bebidas alcohólicas y le trasladó a la central donde se realizó la prueba con el resultado ya mencionado.
Francisca acudió al juzgado de guardia de Torrent en Julio de 2005 afirmando que su marido, Conrado X, del que se encuentra en trámite de divorcio le ha agredido frente a la finca de dicha localidad donde residían antes de la separación. Los golpes le causaron diversas heridas, precisando de una primera asistencia y siendo sometida a reposo y tratamiento farmacológico.
Esta agresión no era la primera vez que ocurría, pues en dos ocasiones anteriores se habían puesto sendas denuncias por lo mismo.
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