Lección 20. La organización del trabajo: El empresario y la protección de los riesgos (2016)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Derecho - 3º curso
Asignatura Derechos del Trabajo
Año del apunte 2016
Páginas 22
Fecha de subida 22/03/2017
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Lección 20. LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO EN LA EMPRESA: EL DEBER DEL EMPRESARIO DE PROTECCIÓN Y DE PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES. LOS DEBERES DE PROTECCIÓN DEL EMPRESARIO DERIVADOS DE LA RELACIÓN DE TRABAJO. Antecedentes políticos internacionales: • 1919 se crea la OIT para, entre otras funciones, “proteger la vida y la salud de los trabajadores en todas las ocupaciones”. Al terminar la primera guerra mundial, y en el momento en que se crea la OIT se plantea también la cuestión de proteger la vida y la salud de los trabajadores en todas las ocupaciones. El trabajo tienen que dignificar a la persona y en cualquier tipo de ocupación tiene que existir éste tipo de protección. • La Declaración de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de la ONU en 19.12.1948, contiene referencias al derecho a la dignidad, al honor y la propia imagen, a un salario suficiente, etc. • El Convenio Europeo para la protección de los derechos Humanos y las Libertades Fundamentales del Consejo de Europa, hecho el 4.11.1950. • La carta social Europea hecha en Turín el 18.10.1960. Son instrumentos legales de carácter internacional que de alguna manera van a llevarnos a la situación actual. El carácter tuitivo del propio Derecho del Trabajo, hace que encargue de la protección del trabajador a: • Gobiernos y Empresarios. • En un triple aspecto: Moral, Asistencial y Físico. Esa contemplación de cómo se ha de proteger se hace des de éstos tres ámbitos. El actual marco normativo del deber de protección: de la Constitución a la legislación ordinaria • Planteamiento de derechos fundamentales y libertades: – No existe un mandato especial en la CE, que obligue al empresario a ese deber. – Los derechos fundamentales y las libertades públicas acompañan a la persona en todas las facetas de su vida: también la laboral. Si yo tengo derecho a que se respecte la dignidad, si estoy en un ámbito laboral, eso no quita que el empresario no pueda darme órdenes, es completamente compatible que se me respeten los derechos aunque esté en un entorno con una posición mas subordinada a ese poder. – Y deben acompasarse con los derechos y obligaciones derivados del contrato de trabajo y con los intereses legítimos de las empresas (art.38 CE) • Deberes empresariales de orden moral: – En relación con los derechos fundamentales: • La dignidad del trabajador: – Concepto: Es la relativa a su condición de persona y a los derechos que como tal ostenta. La empresa tiene que respetar todos los derechos que tengo como persona. – Regulación: * Constitucional: Art. 10.1 CE, LO 1/1982 de 5 de mayo sobre el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen y LO 15/1999 de 13 de diciembre sobre protección de datos. Son algunos ejemplos de cómo se protege des del punto de visto del ordenamiento jurídico. * Ordinaria: El TRET contiene importantes referencias. + El art.4.2.e) a la intimidad y dignidad debidas al trabajador prohibiendo al mismo tiempo las ofensas físicas y verbales. Definición complementaria a las definiciones de la CE referida a los derechos de los trabajadores en concreto. e) Al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su dignidad, comprendida la protección frente al acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, y frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo. + El art. 18 TRET, aborda la intimidad y dignidad como límites infranqueables en los registros sobre la persona del trabajador, sus efectos personales o su taquilla. Artículo 18. Inviolabilidad de la persona del trabajador. Solo podrán realizarse registros sobre la persona del trabajador, en sus taquillas y efectos particulares, cuando sean necesarios para la protección del patrimonio empresarial y del de los demás trabajadores de la empresa, dentro del centro de trabajo y en horas de trabajo. En su realización se respetará al máximo la dignidad e intimidad del trabajador y se contará con la asistencia de un representante legal de los trabajadores o, en su ausencia del centro de trabajo, de otro trabajador de la empresa, siempre que ello fuera posible. + Otros arts. del TRET (20.3; 39.3 y 50.a) concretan y regulan determinadas situaciones que exigen una gran diligencia por parte del empresario. a.
El empresario podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad y teniendo en cuenta, en su caso, la capacidad real de los trabajadores con discapacidad. 3. El trabajador tendrá derecho a la retribución correspondiente a las funciones que efectivamente realice, salvo en los casos de encomienda de funciones inferiores, en los que mantendrá la retribución de origen. No cabrá invocar como causa de despido objetivo la ineptitud sobrevenida o la falta de adaptación en los supuestos de realización de funciones distintas de las habituales como consecuencia de la movilidad funcional. 1. Serán causas justas para que el trabajador pueda solicitar la extinción del contrato: a) Las modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo llevadas a cabo sin respetar lo previsto en el artículo 41 y que redunden en menoscabo de la dignidad del trabajador. b.
* Jurisprudencial: Tanto el TS como el TC, han perfilado las garantías y el alcance de estos derechos. – El derecho a la igualdad y no discriminación: • Cualquier trato discriminatorio por las razones explicitadas en el art. 14 CE y 17 del TRET, están radicalmente prohibidas. Prevén situaciones directas de la inconstitucionalidad de la conducta, y va ser nulo por definición y atentatorio contra la igualdad. Si bien el trato discriminatorio por desigual puede darse no toda desigualdad supone un trato discriminatorio. • LO 3/2007 de 22.03 y LO 62/2003, de 30.12. • Discriminación y trato desigual no son la misma cosa. • Puede admitirse un trato desigual, si éste se fundamenta en criterios objetivos y razonables. Siempre que no sea por razón directa (sexo, raza…). • El art. 4.2 c, TRET es una ratificación del art. 14 CE – En relación con derechos laborales básicos: – Deber de protección de la capacidad profesional • Fundamentado en el art. 35 CE Artículo 35 1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. 2. La ley regulará un estatuto de los trabajadores. • Objetivo doble: Que el trabajador se realice profesionalmente obteniendo una contraprestación económica (art. 4.2a TRET) y que pueda formarse y promocionarse (art.4.2b TRET). • Contenido – Derecho a la ocupación efectiva: – Recogido en el art. 4.2.a TRET: Protege de los incumplimientos que pudieran hacer inviable la prestación laboral. 2. En la relación de trabajo, los trabajadores tienen derecho: a) A la ocupación efectiva. 
 – El art. 30 del TRET y la conservación del salario. En aquellos supuestos en donde por culpa de la producción el trabajador no puede prestar sus servicios, pero eso no impide la falta de salario. Artículo 30. Imposibilidad de la prestación. Si el trabajador no pudiera prestar sus servicios una vez vigente el contrato porque el empresario se retrasare en darle trabajo por impedimentos imputables al mismo y no al trabajador, este conservará el derecho a su salario, sin que pueda hacérsele compensar el que perdió con otro trabajo realizado en otro tiempo. – Las situaciones de excepción: La suspensión del contrato, ya sea por sanción o por los motivos previstos en el art. 47 TRET. – Derecho a la formación profesional (art. 4.2b y 23 TRET): – Disfrute de permisos para exámenes – Elección del turno de trabajo – Adaptación de la jornada ordinaria para asistir a cursos – Acceso a los permisos de formación o perfeccionamiento con derecho a reserva del puesto de trabajo. 3. Los trabajadores con al menos un año de antigüedad en la empresa tienen derecho a un permiso retribuido de veinte horas anuales de formación profesional para el empleo, vinculada a la actividad de la empresa, acumulables por un periodo de hasta cinco años. El derecho se entenderá cumplido en todo caso cuando el trabajador pueda realizar las acciones formativas dirigidas a la obtención de la formación profesional para el empleo en el marco de un plan de formación desarrollado por iniciativa empresarial o comprometido por la negociación colectiva. Sin perjuicio de lo anterior, no podrá comprenderse en el derecho a que se refiere este apartado la formación que deba obligatoriamente impartir la empresa a su cargo conforme a lo previsto en otras leyes. En defecto de lo previsto en convenio colectivo, la concreción del modo de disfrute del permiso se fijará de mutuo acuerdo entre trabajador y empresario. EL DEBER DE PROTECCIÓN ASISTENCIAL Objeto: consiste en favorecer las condiciones de comodidad del trabajador, mediante la oferta de un servicio bajo condiciones inferiores a las de mercado. Básicamente haremos referencia al tema de los economatos y el tema de los comedores laborales. Aunque hay otro tipo de ayudas como créditos a interés cero. Economatos laborales: Se establecen con carácter obligatorio para las empresas de más de 500 trabajadores.(RR.DD.1883/78 y 762/1979). Inicialmente la empresa por ejemplo, que fabricaba quesos vendía esos quesos a los trabajadores más baratos, pero se fue ampliando. Algunos convenios colectivos regulan éstos economatos y se puede pactar con los comités. - No es obligatorio comprar en ellos. - Publicidad de las condiciones de venta. - Precio de coste de los productos. - Los trabajadores no responden de los compromisos del economato. Comedores laborales: El D.8.06.1938, los imponía para todas las empresas que no concedían a su personal dos horas para el almuerzo. La STSJ de Cataluña de 21.12.07, declara al Decreto, como una “norma de guerra”, sin vigencia en la actualidad. Aconseja su tratamiento a través de la negociación colectiva. Contrariamente el TS entiende que está totalmente en vigor (STS 26.12.11.RJ 2012/250). EL DEBER DE PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES Planteamiento: • Los naturales riesgos de la interacción del hombre con el medio físico, se incrementan en el marco del proceso productivo. • Desde principios del siglo XIX existen normas jurídicas que se han dedicado a la protección física del trabajador. En un primer momento sólo de carácter sanador e indemnizatorio, hoy necesariamente preventivas. La evolución de la Seguridad e Higiene en España - Primer período: 1873 a 1900. La Ley Benot prohíba que determinados colectivos no podían trabajar para prevenir cuestiones de salud y enfermedad. Por lo tanto des de hace años tenemos la concepción que el mundo laboral desgasta, pero esto es inevitable. En España hemos ido evolucionando en el tema de la seguridad e higiene, de tal manera que el hasta la Ley de Trabajo de 1.900 lo que hacíamos era sanar y indemnizar de forma inmediata. - Segundo periodo: de 1900 a 1938. A partir de aquí se crean nuevas instituciones en materia de prevención. - Tercer periodo: de 1938 a 1978. Se produce un gran salto, donde en los años 70 se producen las mejores ordenanzas sobre seguridad e higiene, como sería la medicina del trabajo esepcilizada en éste ámbito laboral… Cuando en los años 90 se aprobó la Ley de Prevención de Riesgos laborales, durante los años de transición y adaptación de la norma se continúa aplicando las ordenanzas de los 70. Se pasó de la higiene y salud a la prevención de los riegos. Pasar de una cosa a la otra suposo tender algunos puentes como ésta ordenanza que enlazó lo antiguo con lo nuevo. Se mantuvo en la norma nueva algún título de la ordenanza de seguridad e higiene en el trabajo. Contenido del deber empresarial Además de la deuda de seguridad que el empresario contrae con el trabajador como consecuencia del contrato de trabajo con carácter general (arts. 4.2d y 19 del TRET), la LPRL establece, entre otras las siguientes concretas obligaciones: - art. 14.2: La planificación preventiva, la evaluación de riesgos. La información, la formación y la participación de los trabajadores. - art. 17 : Adecuación de los equipos de trabajo y medios de protección. - art. 20: La adopción de medidas de emergencia. - art. 21: La interrupción de la actividad en los supuestos de riesgo grave e inminente. - art. 22: La vigilancia de la salud. - arts. 24 a 28: Otras previsiones especiales (Maternidad, lactancia, menores, relaciones laborales temporales, etc.) El artículo 19 trae lo que se llama la deuda de seguridad que el empresario tiene con el trabajador, donde el trabajador es acreedor de seguridad e higiene, donde el empresario debe de cuidar y preveer las situaciones de riego de los trabajadores. Artículo 19. Seguridad y salud en el trabajo. 1. El trabajador, en la prestación de sus servicios, tendrá derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 2. El trabajador está obligado a observar en su trabajo las medidas legales y reglamentarias de seguridad y salud en el trabajo. 3. En la inspección y control de dichas medidas que sean de observancia obligada por el empresario, el trabajador tiene derecho a participar por medio de sus representantes legales en el centro de trabajo, si no se cuenta con órganos o centros especializados competentes en la materia a tenor de la legislación vigente. 4. El empresario está obligado a garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de esta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. El trabajador está obligado a seguir la formación y a realizar las prácticas. Todo ello en los términos señalados en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y en sus normas de desarrollo, en cuanto les sean de aplicación. 5. Los delegados de prevención y, en su defecto, los representantes legales de los trabajadores en el centro de trabajo, que aprecien una probabilidad seria y grave de accidente por la inobservancia de la legislación aplicable en la materia, requerirán al empresario por escrito para que adopte las medidas oportunas que hagan desaparecer el estado de riesgo; si la petición no fuese atendida en un plazo de cuatro días, se dirigirán a la autoridad competente; esta, si apreciase las circunstancias alegadas, mediante resolución fundada, requerirá al empresario para que adopte las medidas de seguridad apropiadas o que suspenda sus actividades en la zona o local de trabajo o con el material en peligro. También podrá ordenar, con los informes técnicos precisos, la paralización inmediata del trabajo si se estima un riesgo grave de accidente. Si el riesgo de accidente fuera inminente, la paralización de las actividades podrá ser acordada por los representantes de los trabajadores, por mayoría de sus miembros. Tal acuerdo podrá ser adoptado por decisión mayoritaria de los delegados de prevención cuando no resulte posible reunir con la urgencia requerida al órgano de representación del personal. El acuerdo será comunicado de inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, la cual, en veinticuatro horas, anulará o ratificará la paralización acordada. LA LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (LPRL)- Leer el prólogo de la norma. La prevención de riesgos laborales es una actividad en todos los ámbitos de la empresa que quiere evitar o disminuir los riesgos. Eso quiere decir que hay riesgos que no se pueden evitar. Si no podemos hacer ni una cosa ni la otra tendremos que tratarlo para que aquel riesgo no produzca ningún daño. Justificación: La erradicación o, en su caso, disminución del riesgo laboral (art.2.1 y 5.1.1 LPRL). (Distinguir entre riesgo y peligro). • Peligro: Situación sub-estándar que sobrepasa los límites del riesgo controlable. La norma no te permite trabajar con peligro, pero su con riesgo. Para determinar que es peligro tenemos que establecer ciertos estándares para poder tomar medidas para evitar éstas situaciones. • Riesgo: Situación en la que es posible tomar medidas para reducir al máximo, en intensidad o inminencia, los efectos del peligro.(art.4.2.LPRL). La norma también recoge la definición de riesgo grave e inminente. 4.2.º Se entenderá como «riesgo laboral» la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo. Las contingencias comunes serian la enfermad común, la viudedad…. Y tenemos además las contingencias profesionales que normalmente las asumen las mutuas de trabajo. Luego también tenemos conceptos como por ejemplo cuestiones “potencialmente peligrosas”. La forma con que yo trabajo también son condiciones de trabajo. Las cuestiones relacionadas por el incumplimiento del empresario no son de resultado, es decir, no hace falta que se produzca el accidente para que tenga una mala condición, es una obligación de medios. En el ámbito de la prevención de riegos se pueden dar tres responsabilidades: - Penal o administrativa. - Responsabilidad económica por el accidente (civil). - Recargo de prestaciones si has incumplido alguna norma de riesgos laborales ( no se puede asegurar). Principios: • De eficacia: Por el que la LPRL, se constituye en norma general y básica, de derecho necesario relativo, sólo disponible para ser mejorada o complementada a través de la negociación colectiva (Ej. arts 2.2 y 35.4 LPRL). • De participación entre empresarios y trabajadores. • De coordinación entre todas las Administraciones Públicas implicadas (art.5.1) Objetivos: - Sustantivo: • Promover la mejora y elevar los niveles de seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo (arts.2.1 y 5.1.1 LPRL). - Instrumental: • Garantizar la efectividad del derecho del trabajador a una protección eficaz en materia de seguridad e higiene en su trabajo (arts. 4.2.d y 19 del TRET y 14 LPRL), a través de: • El desarrollo reglamentario y administrativo. • La educación preventiva: cultura de seguridad y prevención (art.5.2 LPRL). • Una política preventiva basada en la cooperación y asistencia administrativa y la participación de empresarios y trabajadores (art5.1 LPRL) Campo de aplicación de la LPRL: Por su doble vertiente laboral (trabajadores dependientes por cuenta ajena) y administrativa (funcionarios y personal al servicio de las AA.PP), la Ley tiene: - Ámbito objetivo (art. 3.1): Ésta norma se aplica a todos los trabajos y cualquier relación lo debe prever. También las personas que trabajan para las administraciones públicas (con algunas limitaciones). • Relaciones laborales, tanto ordinarias como especiales. • Relaciones administrativas, estatutarias, trabajos temporales de colaboración social Artículo 3. Ambito de aplicación. 1. Esta Ley y sus normas de desarrollo serán de aplicación tanto en el ámbito de las relaciones laborales reguladas en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, como en el de las relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal al servicio de las Administraciones Públicas, con las peculiaridades que, en este caso, se contemplan en la presente Ley o en sus normas de desarrollo. Ello sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones específicas que se establecen para fabricantes, importadores y suministradores, y de los derechos y obligaciones que puedan derivarse para los trabajadores autónomos. Igualmente serán aplicables a las sociedades cooperativas, constituidas de acuerdo con la legislación que les sea de aplicación, en las que existan socios cuya actividad consista en la prestación de un trabajo personal, con las peculiaridades derivadas de su normativa específica. Cuando en la presente Ley se haga referencia a trabajadores y empresarios, se entenderán también comprendidos en estos términos, respectivamente, de una parte, el personal con relación de carácter administrativo o estatutario y la Administración pública para la que presta servicios, en los términos expresados en la disposición adicional tercera de esta Ley, y, de otra, los socios de las cooperativas a que se refiere el párrafo anterior y las sociedades cooperativas para las que prestan sus servicios. - Ámbito subjetivo: o inclusiones Parciales: § Trabajadores autónomos (arts. 3.1 LPRL y 8 del E. Tr. A.) § Fabricantes, importadores y suministradores. (art.41 LPRL) Artículo 41. Obligaciones de los fabricantes, importadores y suministradores. 1. Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo están obligados a asegurar que éstos no constituyan una fuente de peligro para el trabajador, siempre que sean instalados y utilizados en las condiciones, forma y para los fines recomendados por ellos. Los fabricantes, importadores y suministradores de productos y sustancias químicas de utilización en el trabajo están obligados a envasar y etiquetar los mismos de forma que se permita su conservación y manipulación en condiciones de seguridad y se identifique claramente su contenido y los riesgos para la seguridad o la salud de los trabajadores que su almacenamiento o utilización comporten. Los sujetos mencionados en los dos párrafos anteriores deberán suministrar la información que indique la forma correcta de utilización por los trabajadores, las medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso normal, como su manipulación o empleo inadecuado. Los fabricantes, importadores y suministradores de elementos para la protección de los trabajadores están obligados a asegurar la efectividad de los mismos, siempre que sean instalados y usados en las condiciones y de la forma recomendada por ellos. A tal efecto, deberán suministrar la información que indique el tipo de riesgo al que van dirigidos, el nivel de protección frente al mismo y la forma correcta de su uso y mantenimiento. Los fabricantes, importadores y suministradores deberán proporcionar a los empresarios, y éstos recabar de aquéllos, la información necesaria para que la utilización y manipulación de la maquinaria, equipos, productos, materias primas y útiles de trabajo se produzca sin riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, así como para que los empresarios puedan cumplir con sus obligaciones de información respecto de los trabajadores. 2. El empresario deberá garantizar que las informaciones a que se refiere el apartado anterior sean facilitadas a los trabajadores en términos que resulten comprensibles para los mismos. o Con especialidades: § Sociedades cooperativas; personal civil al servicio de la Admón. Militar; personal en establecimientos penitenciarios; voluntariado. o Exclusiones Absolutas a la aplicación de la norma. § Personal militar y empleados del hogar (pero el cabeza de familia tiene que procuran seguir los principios generales de prevención de riegos laborales). o Trabajadores excluidos, con regulación adaptable en el futuro: § Personal de protección civil y policías y agentes de seguridad. DEBERES DEL EMPRESARIO Y DERECHO Y DEREEBRES DE LOS TRABAJADORES. Los deberes del empresario, enunciados en el art. 14.1 LPRL, se concretan en los arts. 15 a 22 de la misma. • Las obligaciones del empresario, como deudor de seguridad y salud, no son de resultado, pues ello supondría una responsabilidad objetiva no permitida en nuestro ordenamiento jurídico. • Obligación principal del empresario es prever los riesgos, para lo cual la Ley le regula un sistema preventivo basado, principalmente en: – La integración de la prevención, la elaboración de un plan preventivo y la realización de una apreciación inicial de riesgos y su posterior evaluación. – La adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y salud de los trabajadores. – La dinamicidad de las acciones preventivas. – La participación de los trabajadores a través de las distintas formas de representación de éstos en la empresa. – El sometimiento de las controversias sobre éstas cuestiones, dimanantes de la relación laboral (el contrato de trabajo), al orden social de la jurisdicción. Artículo 14. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales. 1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones públicas respecto del personal a su servicio. Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la presente Ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos siguientes en materia de plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una organización y de los medios necesarios en los términos establecidos en el capítulo IV de esta ley. El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el fin de perfeccionar de manera continua las actividades de identificación, evaluación y control de los riesgos que no se hayan podido evitar y los niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo. 3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales. 4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones en materia de protección y prevención a trabajadores o servicios de la empresa y el recurso al concierto con entidades especializadas para el desarrollo de actividades de prevención complementarán las acciones del empresario, sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona. 5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores. Principios de la acción preventiva: El art. 15 de la LPRL que los contiene actúa como una guía básica para el empresario, a la hora de dar cumplimiento a sus obligaciones, dándole las siguientes pautas: – Tratar de evitar los riesgos (no son admisibles los peligros). – Evaluarlos (disminuyendo severidad y posibilidad de producción). La evaluación no es simplemente una palabra de expresión común, sino que veremos que es un concepto técnico. Para evaluar el riesgo primero tengo que detectarlo, por lo tanto hay doble evaluación, la de detectar el riesgo (si produce peligro tendremos que eliminarlo) y posteriormente evaluar ese riesgo y tomar las medidas oportunas. – Combatirlos en origen. – Adaptar el trabajo a la persona y no al revés. – Tener en cuenta la evolución de la técnica. – Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. – Planificar la prevención buscando un conjunto coherente que integre todo para tener un buen ambiente y un bien sistema de trabajo. Artículo 15. Principios de la acción preventiva.
1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el artículo anterior, con arreglo a los siguientes principios generales: a) Evitar los riesgos. b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. c) Combatir los riesgos en su origen. d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud. e) Tener en cuenta la evolución de la técnica. f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas. 3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico. 4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas, las cuales sólo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existan alternativas más seguras. 5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad consista en la prestación de su trabajo personal. Planificación preventiva, evaluación de riesgos, equipos de trabajo y medios de protección. – Los instrumentos básicos para la gestión y aplicación de la prevención son (art 16 LPRL): • El plan preventivo: Documento que hay que tener en soporte, en el que se diseña todo el entramado preciso para efectuar la política preventiva (estructura organizativa, responsabilidades, funciones, prácticas, procedimientos, procesos, recursos, etc.). • La evaluación de riesgos: Es el documento que contiene de forma bastante , adecuada y oportuna, los riesgos que rodean a una determinada actividad laboral. Debe ser: general, dinámica, objetiva, participativa e integrada. Tenemos distintos tipos de riegos dirigidos a una actividad determinada. • Seguridad • Higiene • Vigilancia de la salud • Riegos psicosociales y ergonomía. Que riegos hay para que haya un accidente. Las evaluaciones tienen que ser dinámicas, y la tenemos que adecuar a aquellos principios de la acción preventiva. La evaluación también tiene que ser participativa, es decir, los trabajadores tienen que estar implicados en la prevención, por eso se integró la prevención en la cultura de la empresa, ya que así los resultados son mucho mejores. • Planificación preventiva: Conjunto de actividades preventivas priorizadas en el tiempo a llevar a cabo por el empresario según la evaluación de riesgos y el plan preventivo para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores (define metodologías, procesos, protocolos, responsabilidades, recursos, etc.). La planificación tiene que estar hecha, y prever todo lo que se tiene que hacer para evitar los riegos. Información y formación (arts. 18 y 19 LPRL): Muchas empresas se dan por satisfechas cuando ya tienen toda la documentación de la formación, pero luego no la actualizan ni tienen carácter dinámico. - Para que el trabajador sea activo en relación con la prevención, es preciso que tenga información y como mínimo la listada en el art. 18.1 LPRL. La información tiene que ser: – Sobre los riesgos de la empresa en general y sobre su puesto de trabajo en particular. – Sobre medidas y actividades de protección aplicables a dichos riesgos (usos de los “epis” por ejemplo). – • Medidas de emergencia En cuanto a la formación preventiva se refiere, debe ser: – Teórica y práctica (art. 19 TRET) – Adecuada al puesto de trabajo y personalizada. – Inicial y actualizada. Al cambiar los sistemas de producción muchas veces requerirá una nueva necesidad formativa. – Puesta al día en relación con las transformaciones que se puedan operar. – No debe suponer coste para el trabajador. – Se impartirá, siempre que sea posible dentro de las horas de trabajo – La puede dar la empresa con recursos propios o concertarla con servicios ajenos. – No tiene porque ser la empresa la que da la formación, suelen ser empresas especializadas en la formación. En primer lugar dan una formación general, una particular para el puesto de trabajo y una formación específica para los que tienen que controlar. En casi todas las empresas la formación básica es de primeros auxilios, ya que es algo básico en las medidas de emergencia. Artículo 18. Información, consulta y participación de los trabajadores. 1. A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la presente Ley, el empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relación con: a) Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función.
b) Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos señalados en el apartado anterior.
c) Las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la presente Ley.
En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, la información a que se refiere el presente apartado se facilitará por el empresario a los trabajadores a través de dichos representantes; no obstante, deberá informarse directamente a cada trabajador de los riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo o función y de las medidas de protección y prevención aplicables a dichos riesgos.
2. El empresario deberá consultar a los trabajadores, y permitir su participación, en el marco de todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo V de la presente Ley.
Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, así como a los órganos de participación y representación previstos en el capítulo V de esta Ley, dirigidas a la mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud en la empresa.
Artículo 19. Formación de los trabajadores. 1. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.
La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario.
2. La formación a que se refiere el apartado anterior deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma. La formación se podrá impartir por la empresa mediante medios propios o concertándola con servicios ajenos, y su coste no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores.
Artículo 20. Medidas de emergencia. El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento. El citado personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado, en función de las circunstancias antes señaladas.
Para la aplicación de las medidas adoptadas, el empresario deberá organizar las relaciones que sean necesarias con servicios externos a la empresa, en particular en materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios, de forma que quede garantizada la rapidez y eficacia de las mismas.
Riesgo grave e inminente (art. 21 LPRL) - Definido en el art. 4.4 de la LPRL - Obligaciones del empresario ante su aparición: o Informar a los trabajadores afectados, sobre las medidas previstas o sobre las que se adopten para su protección. o Adoptar las medidas necesarias para la interrupción de la actividad productiva y su mantenimiento, o incluso el abandono del centro de trabajo, hasta que desaparezca la situación de peligro. o Disponer lo necesario para que los trabajadores puedan evitar, ante situaciones especiales, dados sus conocimientos y de los medios técnicos puestos a su alcance, las consecuencias de dicho peligro. - Derechos del trabajador: o Interrumpir su actividad y abandonar el puesto de trabajo, cuando considere que se halla en una situación de peligro para su vida o su salud. Su actuación deberá ser de buena fe y diligente. – Actuación de los Representantes legales: – Si el empresario no adopta o no permite adoptar las medidas necesarias para asegurar la seguridad y salud de los trabajadores, los representantes legales de éstos, o en su caso los delegados de prevención, podrán acordar por mayoría, la decisión de paralizar la actividad de los trabajadores en situación de peligro, dando traslado inmediato de su actuación al empresario y a la autoridad laboral. - Consecuencias de las actuaciones: – Ni los trabajadores ni los representantes legales podrán sufrir perjuicio alguno por la adopción de tales medidas, salvo que obraran de mala fe o de forma negligente. Artículo 21. Riesgo grave e inminente.
1. Cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo, el empresario estará obligado a: a) Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de dicho riesgo y de las medidas adoptadas o que, en su caso, deban adoptarse en materia de protección. b) Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo. En este supuesto no podrá exigirse a los trabajadores que reanuden su actividad mientras persista el peligro, salvo excepción debidamente justificada por razones de seguridad y determinada reglamentariamente. c) Disponer lo necesario para que el trabajador que no pudiera ponerse en contacto con su superior jerárquico, ante una situación de peligro grave e inminente para su seguridad, la de otros trabajadores o la de terceros a la empresa, esté en condiciones, habida cuenta de sus conocimientos y de los medios técnicos puestos a su disposición, de adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro. 2. De acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del artículo 14 de la presente Ley, el trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud. 3. Cuando en el caso a que se refiere el apartado 1 de este artículo el empresario no adopte o no permita la adopción de las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, los representantes legales de éstos podrán acordar, por mayoría de sus miembros, la paralización de la actividad de los trabajadores afectados por dicho riesgo. Tal acuerdo será comunicado de inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, la cual, en el plazo de veinticuatro horas, anulará o ratificará la paralización acordada. El acuerdo a que se refiere el párrafo anterior podrá ser adoptado por decisión mayoritaria de los Delegados de Prevención cuando no resulte posible reunir con la urgencia requerida al órgano de representación del personal. 4. Los trabajadores o sus representantes no podrán sufrir perjuicio alguno derivado de la adopción de las medidas a que se refieren los apartados anteriores, a menos que hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave. La vigilancia de la salud de los trabajadores (art. 22 LPRL): • El empresario debe garantizar la vigilancia periódica de la salud de los trabajadores a su servicio, en relación con los riesgos inherentes al trabajo. – La obligación nace con ocasión del contrato de trabajo, aunque se puede exigir un reconocimiento previo de aptitud para el desempeño de la actividad. – Los reconocimientos médicos periódicos (medidas de vigilancia y control), estarán sujetos a un protocolo, deberán respetar la intimidad y la dignidad del trabajador y serán voluntarios para los trabajadores, salvo que, produciendo las menores molestias al trabajador y teniendo en cuenta la necesaria proporcionalidad de la medida en función del riesgo: – Sean imprescindibles para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores ( Trabajos de especial rigor o fatiga)). – Verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro propio o ajeno. (Un sanitario enfermo de hepatitis) – Cuando esté establecido legalmente (amianto, ruidos, cloruro de polivinilo) – Los resultados son confidenciales, sólo tendrán acceso a los mismos el personal sanitario y el propio trabajador y no pueden ser usados con fines discriminatorios. – El empresario tiene derecho al certificado de aptitud del trabajador. Artículo 22. Vigilancia de la salud. 1. El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo.
Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento. De este carácter voluntario sólo se exceptuarán, previo informe de los representantes de los trabajadores, los supuestos en los que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa o cuando así esté establecido en una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.
En todo caso se deberá optar por la realización de aquellos reconocimientos o pruebas que causen las menores molestias al trabajador y que sean proporcionales al riesgo.
2. Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud.
3. Los resultados de la vigilancia a que se refiere el apartado anterior serán comunicados a los trabajadores afectados.
4. Los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores no podrán ser usados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador.
El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores, sin que pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin consentimiento expreso del trabajador.
No obstante lo anterior, el empresario y las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención serán informados de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y prevención, a fin de que puedan desarrollar correctamente sus funciones en materia preventiva.
5. En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga necesario, el derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica de su estado de salud deberá ser prolongado más allá de la finalización de la relación laboral, en los términos que reglamentariamente se determinen.
6. Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada.
Documentación y notificaciones del empresario ( art. 23 LPRL): Documentación: • Obligación consistente en elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral una serie de documentos, en los que quedará constancia de las actividades preventivas, obligatorias o no, realizadas por el empresario. • No se trata de una obligación meramente formal, sino que debe responder realmente a actuaciones preventivas realizadas con eficacia y dirigidas al fin primordial que es la prevención de riesgos laborales. • El listado legal de obligaciones afecta a: o El plan de prevención de riesgos laborales (art. 16 LPRL) o Las distintas evaluaciones de riesgos incluido el resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo y actividad de los trabajadores. o La planificación de la actividad preventiva, incluidas las medidas de prevención y el material de protección que en su caso deba utilizarse. • Notificaciones del empresario: – La empresa tiene la obligación de comunicar a la autoridad laboral los daños sufridos por los trabajadores a su servicio, que se hubieran producido con motivo del desarrollo de su trabajo, de conformidad con lo previsto reglamentariamente. – Accidentes e Incidentes. Artículo 23. Documentación.
1. El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la siguiente documentación relativa a las obligaciones establecidas en los artículos anteriores: a) Plan de prevención de riesgos laborales, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 16 de esta ley. b) Evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo, incluido el resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo a) del apartado 2 del artículo 16 de esta ley. c) Planificación de la actividad preventiva, incluidas las medidas de protección y de prevención a adoptar y, en su caso, material de protección que deba utilizarse, de conformidad con el párrafo b) del apartado 2 del artículo 16 de esta ley. d) Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores previstos en el artículo 22 de esta Ley y conclusiones obtenidas de los mismos en los términos recogidos en el último párrafo del apartado 4 del citado artículo. e) Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo. En estos casos el empresario realizará, además, la notificación a que se refiere el apartado 3 del presente artículo. 2. En el momento de cesación de su actividad, las empresas deberán remitir a la autoridad laboral la documentación señalada en el apartado anterior. 3. El empresario estará obligado a notificar por escrito a la autoridad laboral los daños para la salud de los trabajadores a su servicio que se hubieran producido con motivo del desarrollo de su trabajo, conforme al procedimiento que se determine reglamentariamente. 4. La documentación a que se hace referencia en el presente artículo deberá también ser puesta a disposición de las autoridades sanitarias al objeto de que éstas puedan cumplir con lo dispuesto en el artículo 10 de la presente Ley y en el artículo 21 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. Coordinación de actividades empresariales (art. 24 LPRL): La concurrencia en un mismo espacio o centro de trabajo de trabajadores de diferentes empresas, impone con carácter general a todas ellas, la obligación de cooperar entre sí, en la aplicación de la normativa preventiva. Deben establecer los medios de coordinación para la protección y prevención de los riesgos laborales. Entre otros (RD 171/2004, de 30.01.04): • El intercambio de información y comunicaciones • La celebración de reuniones periódicas. • Reuniones conjuntas de los CSS. • Impartición de instrucciones. • Establecimiento de procedimientos o protocolos de actuación. • La presencia de recursos preventivos Dar la información a sus respectivos trabajadores según el art. 18.1 LPRL. El titular del centro, debe dar cuenta a los otros empresarios de los riesgos existentes en dicho centro, así como de las medidas de emergencia. Especial mención a la Ley 32/2006 de 18 de octubre reguladora de la subcontratación en la construcción. – Obligaciones establecidas en la Ley 20/2007 sobre el Estatuto del Trabajo Autónomo (art. 8º) – Los objetivos de esta obligación de coordinación se resumen en: o Aplicar de forma coherente y responsable los principios de la acción preventiva. o La aplicación correcta de los métodos de trabajo por todas las empresas concurrentes en el centro de trabajo. o El control de las interacciones de las diferentes actividades, particularmente cuando puedan desarrollar riesgos graves o muy graves o cuando sean incompatibles entre sí por su incidencia en la seguridad y salud de los trabajadores. o La adecuación de los riesgos existentes en el centro de trabajo y las medidas adoptadas para su prevención. – Infracciones y sanciones: – La LISOS considera infracción muy grave no adoptar el promotor o el empresario titular del centro de trabajo, las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad y salud de cuantos trabajadores realizan su actividad en el mismo o la ausencia de recursos preventivos cuando ello sea preceptivo. Obligaciones de los trabajadores (art.29 LPRL): La colaboración de todos y cada uno de los trabajadores es imprescindible para desarrollar una política eficaz y eficiente en materia de prevención de riesgos laborales. • De conformidad con las instrucciones recibidas del empresario y atendiendo a su formación, los trabajadores están obligados a: – Usar adecuadamente las máquinas, aparatos, herramientas, etc. – Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario. – No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los mecanismos de seguridad. – Informar de inmediato a su superior de las situaciones de riesgo o de peligro. • – Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente. – Cooperar con el empresario para que se pueda garantizar la seguridad y la salud. Las infracciones cometidas por el trabajador son sancionadas por el empresario de conformidad con su facultad disciplinaria y su deber “in vigilando”. Servicios de prevención: Definición: Es la estructura orgánica que, provista de los recursos humanos y materiales necesarios para ello, está dedicada a la gestión técnico-especializada de la prevención de riesgos en la empresa. Artículo 10. Modalidades. 1. La organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas se realizará por el empresario con arreglo a alguna de las modalidades siguientes: a) Asumiendo personalmente tal actividad. b) Designando a uno o varios trabajadores para llevarla a cabo. c) Constituyendo un servicio de prevención propio. d) Recurriendo a un servicio de prevención ajeno. 2. En los términos previstos en el capítulo IV de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se entenderá por servicio de prevención propio el conjunto de medios humanos y materiales de la empresa necesarios para la realización de las actividades de prevención, y por servicio de prevención ajeno el prestado por una entidad especializada que concierte con la empresa la realización de actividades de prevención, el asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgos o ambas actuaciones conjuntamente. 3. Los servicios de prevención tendrán carácter interdisciplinario, entendiendo como tal la conjunción coordinada de dos o más disciplinas técnicas o científicas en materia de prevención de riesgos laborales. Funciones: La realización de las actividades preventivas, el asesoramiento y el apoyo que precise la empresa en función de los tipos de riesgos dimanantes de su actividad productiva. Modalidades: La directiva comunitaria establece como se integra la prevención en el ámbito de la empresa, que tiene que tener un sistema organizado de la prevención. Si tuviéramos que entrar en un debate, veremos que la forma de establecer en la directiva marco, ha sido interpretado por la doctrina europea de forma distinta a la nuestra, en la doctrina europea las opciones son subsidiarias. En nuestra doctrina, se interpreta el artículo 10, donde se contemplan distintos supuestos para atender en como se organiza la dirección en el ámbito de la empresa. - Asunción personal por el empleador de las funciones preventivas: Para empresas de menos de 10 trabajadores, que no desarrollen actividades peligrosas y siempre que el empresario tenga la capacitación legal para ello. Además el empresario tendrá que formarse en los términos que establece la prevención. Artículo 11. Asunción personal por el empresario de la actividad preventiva. 1. El empresario podrá desarrollar personalmente la actividad de prevención, con excepción de las actividades relativas a la vigilancia de la salud de los trabajadores, cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que se trate de empresa de hasta diez trabajadores; o que, tratándose de empresa que ocupe hasta veinticinco trabajadores, disponga de un único centro de trabajo. b) Que las actividades desarrolladas en la empresa no estén incluidas en el anexo I. c) Que desarrolle de forma habitual su actividad profesional en el centro de trabajo. d) Que tenga la capacidad correspondiente a las funciones preventivas que va a desarrollar, de acuerdo con lo establecido en el capítulo VI. 2. La vigilancia de la salud de los trabajadores, así como aquellas otras actividades preventivas no asumidas personalmente por el empresario, deberán cubrirse mediante el recurso a alguna de las restantes modalidades de organización preventiva previstas en este capítulo. - Designación de uno o varios trabajadores, con las capacidades y formación necesarias para llevar a término tal cometido, les puedo encargar que sean ellos los que hagan el servicio de prevención, aunque la norma incorpora una serie de obligaciones por parte del empresario. En el caso de que opte por ésta opción cabe hacer un mix, es decir, podemos formar a unos trabajadores que asuman una parte de la prevención y el resto la podemos externalizar, o puedo dar simplemente un mal servicio que dará lugar a una inspección de trabajo desfavorable. Artículo 12. Designación de trabajadores. 1. El empresario designará a uno o varios trabajadores para ocuparse de la actividad preventiva en la empresa. Las actividades preventivas para cuya realización no resulte suficiente la designación de uno o varios trabajadores deberán ser desarrolladas a través de uno o más servicios de prevención propios o ajenos. 2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, no será obligatoria la designación de trabajadores cuando el empresario: a) Haya asumido personalmente la actividad preventiva de acuerdo con lo señalado en el artículo 11. b) Haya recurrido a un servicio de prevención propio. c) Haya recurrido a un servicio de prevención ajeno. Artículo 13. Capacidad y medios de los trabajadores designados. 1. Para el desarrollo de la actividad preventiva, los trabajadores designados deberán tener la capacidad correspondiente a las funciones a desempeñar, de acuerdo con lo establecido en el capítulo VI. 2. El número de trabajadores designados, así como los medios que el empresario ponga a su disposición y el tiempo de que dispongan para el desempeño de su actividad, deberán ser los necesarios para desarrollar adecuadamente sus funciones. - Constituyendo un Servicio de Prevención propio con los requisitos legalmente establecidos y en particular los contemplados en los arts. 14 y 15 del RD. 39/97. ES obligatorio en determinadas empresas de más de 500 trabajadores o bien entre 250 y 500 siempre que se dediquen a determinadas actividades, como por ejemplo trabajos con exposición a agentes tóxicos (anexo I). Artículo 14. Servicio de prevención propio. El empresario deberá constituir un servicio de prevención propio cuando concurra alguno de los siguientes supuestos: a) Que se trate de empresas que cuenten con más de 500 trabajadores. b) Que, tratándose de empresas de entre 250 y 500 trabajadores, desarrollen alguna de las actividades incluidas en el anexo I. c) Que, tratándose de empresas no incluidas en los apartados anteriores, así lo decida la autoridad laboral, previo informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y, en su caso, de los órganos técnicos en materia preventiva de las Comunidades Autónomas, en función de la peligrosidad de la actividad desarrollada o de la frecuencia o gravedad de la siniestralidad en la empresa, salvo que se opte por el concierto con una entidad especializada ajena a la empresa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de esta disposición. Teniendo en cuenta las circunstancias existentes, la resolución de la autoridad laboral fijará un plazo, no superior a un año, para que, en el caso de que se optase por un servicio de prevención propio, la empresa lo constituya en dicho plazo. Hasta la fecha señalada en la resolución, las actividades preventivas en la empresa deberán ser concertadas con una entidad especializada ajena a la empresa, salvo de aquellas que vayan siendo asumidas progresivamente por la empresa mediante la designación de trabajadores, hasta su plena integración en el servicio de prevención que se constituya. Artículo 15. Organización y medios de los servicios de prevención propios. 1. El servicio de prevención propio constituirá una unidad organizativa específica y sus integrantes dedicarán de forma exclusiva su actividad en la empresa a la finalidad del mismo. 2. Los servicios de prevención propios deberán contar con las instalaciones y los medios humanos y materiales necesarios para la realización de las actividades preventivas que vayan a desarrollar en la empresa. El servicio de prevención habrá de contar, como mínimo, con dos de las especialidades o disciplinas preventivas previstas en el artículo 34 de la presente disposición, desarrolladas por expertos con la capacitación requerida para las funciones a desempeñar, según lo establecido en el capítulo VI. Dichos expertos actuarán de forma coordinada, en particular en relación con las funciones relativas al diseño preventivo de los puestos de trabajo, la identificación y evaluación de los riesgos, los planes de prevención y los planes de formación de los trabajadores. Asimismo habrá de contar con el personal necesario que tenga la capacitación requerida para desarrollar las funciones de los niveles básico e intermedio previstas en el citado capítulo VI. Sin perjuicio de la necesaria coordinación indicada en el párrafo anterior, la actividad sanitaria, que en su caso exista, contará para el desarrollo de su función dentro del servicio de prevención con la estructura y medios adecuados a su naturaleza específica y la confidencialidad de los datos médicos personales, debiendo cumplir los requisitos establecidos en la normativa sanitaria de aplicación. Dicha actividad sanitaria incluirá las funciones específicas recogidas en el apartado 3 del artículo 37 de la presente disposición, las actividades atribuidas por la Ley General de Sanidad, así como aquellas otras que en materia de prevención de riesgos laborales le correspondan en función de su especialización. Las actividades de los integrantes del servicio de prevención se coordinarán con arreglo a protocolos u otros medios existentes que establezcan los objetivos, los procedimientos y las competencias en cada caso. 3. Cuando el ámbito de actuación del servicio de prevención se extienda a más de un centro de trabajo, deberá tenerse en cuenta la situación de los diversos centros en relación con la ubicación del servicio, a fin de asegurar la adecuación de los medios de dicho servicio a los riesgos existentes. 4. Las actividades preventivas que no sean asumidas a través del servicio de prevención propio deberán ser concertadas con uno o más servicios de prevención ajenos. 5. La empresa deberá elaborar anualmente y mantener a disposición de las autoridades laborales y sanitarias competentes y del comité de seguridad y salud la memoria y programación anual del servicio de prevención a que se refiere el párrafo d) del apartado 2 del artículo 39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. - Concertando la realización de las actividades preventivas con una entidad especializada (SP ajeno), que cumpla con las exigencias legalmente establecidas. No nos va a pedir los requisitos de prevención ajena. Artículo 16. Servicios de prevención ajenos. 1. El empresario deberá recurrir a uno o varios servicios de prevención ajenos, que colaborarán entre sí cuando sea necesario, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: a) Que la designación de uno o varios trabajadores sea insuficiente para la realización de la actividad de prevención y no concurran las circunstancias que determinan la obligación de constituir un servicio de prevención propio. b) Que en el supuesto a que se refiere el párrafo c) del artículo 14 no se haya optado por la constitución de un servicio de prevención propio. c) Que se haya producido una asunción parcial de la actividad preventiva en los términos previstos en el apartado 2 del artículo 11 y en el apartado 4 del artículo 15 de la presente disposición. 2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, los representantes de los trabajadores deberán ser consultados por el empresario con carácter previo a la adopción de la decisión de concertar la actividad preventiva con uno o varios servicios de prevención ajenos. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39.1.a) de la indicada Ley, los criterios a tener en cuenta para la selección de la entidad con la que se vaya a concertar dicho servicio, así como las características técnicas del concierto, se debatirán, y en su caso se acordarán, en el seno del Comité de Seguridad y Salud de la empresa. ...