Seminario 1 (2013)

Ejercicio Español
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Criminología y Políticas Públicas de Prevención - 1º curso
Asignatura Introducción al derecho
Profesor J.L.P.T.
Año del apunte 2013
Páginas 5
Fecha de subida 28/03/2015
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Diferencias entre un caso penal y civil Un caso penal se distingue de uno civil porque los delitos penales, se dan en contra del estado o de la sociedad, es decir, es el propio estado quien lleva el caso ante los juzgados. En cambio, los delitos civiles es la propia víctima la que tiene que demandar al sujeto o institución concreta.
Otra gran diferencia, es que los delitos penales suelen tener como castigo la cárcel o el pago por daños y perjuicios, mientras que en un delito civil, se suele impones una sanción económica o una orden dónde especifique que se puede hacer o no. Es por esto, que se considera que los delitos civiles son menos graves que los penales, ya que éstos últimos se castigan con una sanción más severa. Por ello, las pruebas que se den en un caso penal deben ser claras y seguras, ya que las consecuencias que acarrean son más graves.
En caso de no disponer de abogado en un caso penal, el estado debe atribuir uno de oficio, ya que obligatoriamente necesitan alguien que los represente. Sin embargo, en un caso civil, si el demandante como el demandado no disponen de los recursos económicos necesarios para poder contratar los servicios de un abogado, estos mismos pueden ser sus propios representantes.
¿Cuál es el papel del principio de presunción de inocencia en un caso penal? Todos los ciudadanos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario.
Éste papel, tiene como objetivo garantizar a toda persona inocente que no será condenada sin que existan pruebas incriminatorias suficientes que echen abajo tal presunción.
¿Qué diferencia hay entre delitos de estafa y de apropiación indebida? ¿Te parece correcta la calificación del delito transcrita en los manuales? El delito de apropiación indebida hace referencia a cuando una persona recibe algo con la condición y/u obligación de devolverlo cuando se hayan dado unas circunstancias concretas, y ésta persona, en vez de hacer esto, se lo queda para añadirlo a su patrimonio de forma definitiva. El delito de estafa es muy similar pero éste hace referencia a un engaño, conscientemente, hacía otra persona. Es decir, el estafador se aprovecha del abuso de confianza y provoca en el estafado equivocarse, para su propio beneficio.
En el caso de la lectura, creo que al principio podemos considerar que la calificación del delito es adecuada, ya que el señor Puig no inicio el engaño, sino que el señor González fue quien decidió ir a hablar en un principio con él y confiarle su dinero. Aunque es probable que más tarde el señor Puig convenciera al señor González para que confiara en él. Sin embargo, sin pruebas que lo demuestren no se puede considerar como un delito de estafa.
¿Existe alguna diferencia entre la valoración de los hechos que puede realizar un juez o un jurado? ¿Qué factores pueden incidir en la formación de la opinión de un jurado? Cuando hay un caso a valorar por un jurado popular, el veredicto que estos dicten será muy diferente al que pueda tener un juez, que tiene unos estudios relacionados con los casos. Un jurado popular, no tiene porqué estar formados como juristas, es decir que no tienen por qué tener nociones de el caso en concreto, pues está formado por ciudadanos de a pie.
El veredicto que éstos dicten probablemente será subjetivo, basándose en los valores de cada uno en función de su educación, principalmente.
REDACCIÓN DE UNA SENTENCIA Al juzgado de Instrucción.
En Barcelona, a 8 de octubre del mil novecientos noventa.
Vista por el Ilma. Sra. Magistrada-Juez de lo civil número tres de esta Capital, la causa seguida como Procedimiento Abreviado nº 08/90 seguido por UN DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA, procedente del Juzgado de Instrucción, Don Juan Alavedra Roca, colegiado nº. 6,040, con DNI núm. 40.000.000, nacido en Barcelona el 23 de marzo de 1938, hijo de Pablo y María, con domicilio en C/Aribau 75, 1º.1ª y sin antecedentes penales; habiendo sido parte el Ministerio Fiscal, representado por Ilma. Sr. Juan Manuel Armada, y el mencionado acusado, representado por el letrado, Don Jaime Gassol.
I Antecedentes del hecho Primero: En fecha del 8 de febrero del 1990 se presenta una querella en un Juzgado de Barcelona por un presunto delito de apropiación indebida.
Segundo: El señor Jaime González Campos, padre de la querellante, sufría arterioesclerosis que se iba acentuando poco a poco debido a su estado de salud y a su edad.
Tercero: Con fecha de 28 de agosto de 1989, don Jaime González Campos falleció. La hija inició la declaración de herederos ab intestato ante el Juzgado de 1ª Instancia nº 3 de los de Barcelona bajo el nº de reparto 942/89-D Cuarto: Más tarde, tuvo conocimiento de que su padre había abierto una cuenta a nombre de los dos, con imposiciones de bonos bajo la denominación de FONDINER.
Quinto: La querellante se puso en contacto con el Sr. Coll, asesor financiero del fallecido. Éste le dijo que había asesorado de la inversión a su padre, y que éste había decidido traspasar el dinero al Sr. Puig, el querellado, con condición de que una vez don González falleciera el Sr.
Puig haría cesión del dinero a su hija, ya que no quería que su hija, con la que no mantenía una buena relación, pudiera sacar dinero sin previo aviso.
Sexto: Una vez el titular de la cuenta falleció, el Sr. Puig manifestó que los saldos eran de él, negando así, que Don Jaime González Campos le traspasará nada.
Fundamentos del Derecho Primero: Los hechos declarados probados son legalmente constitutivos de un delito de apropiación indebida, previsto y penado en el art. 528, 529, 535, 548.3, 2.1 del vigente Código Penal, del que se reconoce autor responsable el acusado.
El relato de los hechos y su calificación jurídica fueron aceptados por el acusado y su defensa, estimándose correcta tal calificación, por lo que es procedente dictar sentencia de conformidad.
Artículo 528: Cometen estafa los que con ánimo de lucro utilizan el engaño para producir el error en éste, provocando así un error al perjudicado y de ésta manera poderse beneficiar uno mismo.
Artículo 529: Son circunstancias que agravan el delito: - Cuando se cometa alterando la sustancia, calidad o cantidad de cosas de primera necesidad, viviendas u otros bienes de utilidad social.
- Cuando se realice con simulación de pleito o empleo de otro fraude procesal administrativo análogo.
- Cuando se realice con abuso de firma en blanco - Cuando se produzca destrucción, daño u ocultación de cosa propia, agravación de lesiones sufridas o autolesión para defraudar al asegurador.
- Cuando coloque a la víctima en grave situación económica o se haya realizado abusando de la superioridad en relación con las circunstancias de la víctima - Cuando la defraudación produzca traficando con supuestas influencias o con pretexto de remuneraciones a funcionarios públicos, sin perjuicio de la acción de la calumnia que a éstos corresponda.
- Cuando revistiere especial gravedad atendido el valor de la defraudación - Cuando afecte a múltiples perjudicados.
Artículo 235: Serán castigados con las penas señaladas en el artículo 528, los que en perjuicio de otro se apropiaren o distrajeren dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble que hubieran recibido en depósito, comisión o administración, o por otro título que produzca obligación de entregarlos o devolverlos, o negaren haberlos recibido. La pena se impondrá en grado máximo en el caso de depósito miserable o necesario.
Igual pena se impondrá a los que encontrándose un bien perdido se lo apropiaren con ánimo de lucro.
Artículo 548.3: Las sentencias se formularan expresando, tras un encabezamiento, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho, hechos probados, en su caso, los fundamentos de derechos y, por último, el fallo. Serán firmadas por el juez, Magistrado/s que las dicten Artículo 2.1: El Tribunal del Jurado se compone de nueve jurados y un Magistrado integrante de la Audiencia Provincial, que lo presidirá.
Segundo: Se considera adecuada la realidad de los hechos, la culpabilidad del acusado y su actitud procesal y la pena de seis meses de prisión.
El acusado con su actitud está dando un paso hacía su rehabilitación social, ya que reconoce el daño que ha causado y las consecuencias que ha tenido. Restablece la paz social mediante la satisfacción de la indemnización que le ha sido impuesta.
La perjudicada acepta tal reparación, que se hará efectiva mediante la entrega de la cantidad consignada, dándose así por satisfecha.
Tercero: Las partes estuvieron de acuerdo en la sustitución de la pena de cárcel de seis meses de prisión a cambio de la fianza impuesta.
Fallo Por conformidad de las partes, debo condenar y condeno al señor Puig como autor responsable de un delito de APROPIACIÓN INDEBIDA, con la concurrencia de la atenuante muy cualificada reparación del daño, a la pena de SEIS MESES DE PRISIÓN, con inhabilidad especial para el derecho de sufragio pasivo por tiempo de la condena, que se SUSTITUYE por una FIANZA, por valor de doce millones de pesetas, y de no hacerlo se proceda al embargo de sus bienes, para cubrir las responsabilidades económicas derivadas del delito, éste impago determinará el cumplimiento de la pena de prisión.
Entréguese a Doña Carmen González Riera, la cantidad de 11.605.246 pesetas.
La presente Sentencia es firme al haber manifestado las partes su voluntad expresa de recurrir a la misma.
Llévese certificación de la misma a los autos principales y notifíquese al Ministerio Fiscal, al acusado y a la víctima.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Juez y del secretario judicial, que la suscribe estando celebrando Audiencia Pública, en el día de la fecha; Doy fe.
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