Extinción del contrato de trabajo (IV) (0)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Derecho - 3º curso
Asignatura Derecho del Trabajo y la Seguridad Social
Año del apunte 0
Páginas 3
Fecha de subida 05/06/2014
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TEMA 35. LA EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO (IV) I.
 LA EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO POR FUERZA MAYOR CUESTIONES GENERALES Se establece como causa de extinción del contrato de trabajo la fuerza mayor que imposibilite definitivamente la prestación de trabajo, siempre que su existencia haya sido debidamente constatada conforme a lo dispuesto en el art. 51.7 ET.
Esta causa requiere la concurrencia de los requisitos siguientes: - Que se produzca un hecho que se considere fuerza mayor (suceso o acontecimiento imprevisible o inevitable de carácter extraordinario, y por lo tanto, externo a la propia actividad empresarial y ajeno a la voluntad de las partes, por lo que debe ser involuntario y no imputable al empresario) - Que la fuerza mayor imposibilite de forma real y definitiva la prestación de trabajo.
 PROCEDIMIENTO Se requiere que la autoridad laboral constate la existencia y concurrencia como causa motivadora de la extinción. Para ello, se requiere tramitar un procedimiento administrativo.
Este procedimiento deberá tramitarse siempre, cualquiera que sea el número de trabajadores afectados o el tamaño de la empresa, por lo que puede tener carácter individual o colectivo.
No obstante, en determinados supuestos no se requiere este procedimiento, sino que se debe seguir el previsto para el despido objetivo o despido colectivo, en función del número de trabajadores afectados.
El procedimiento se inicia mediante solicitud del empresario dirigida a la autoridad laboral y comunicación simultánea a los representantes de los trabajadores. En la solicitud debe manifestarse, entre otras cuestiones, los trabajadores a los que se extinguiría el contrato y acreditar que se ha realizado la comunicación a los representantes.
La actuación de representantes es mínima, ya que se reduce a la emisión de informe previo y al derecho de los delegados sindicales a ser oídos previamente.
Desde la solicitud, la autoridad laboral recabará, con carácter preceptivo, informe de la Inspección de Trabajo y SS o solicitará cuantas actuaciones o informes considere indispensables.
En la resolución, que debe dictarse en el plazo de 5 días desde la fecha de entrada de la solicitud, la autoridad laboral debe limitarse a constar de forma motivada la existencia o no de fuerza mayor. Esta resolución puede ser impugnada por cualquiera de las partes en el plazo de 1 mes.
 EFECTOS Y REVISIÓN Si la fuerza mayor queda constatada y acreditada expresamente por la autoridad laboral (o en su caso, por silencio administrativo) el empresario puede proceder al despido, por lo que deberá comunicar la decisión extintiva al trabajador/es afectados (se presume que pos escrito, aunque el ET no dice nada al respecto) sin que el empresario tenga absoluta libertad de elección de los trabajadores afectados en caso de que la extinción no afecte a la totalidad de la plantilla.
La fecha de los efectos de la extinción será la que establezca el empresario en su comunicación, si bien puede ser la del momento de sobrevenir la fuerza mayor, ya que la resolución administrativa surte efectos desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor.
Los trabajadores tienen derecho a la misma indemnización prevista para el despido colectivo, esto es, una indemnización de 20 días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a 1 año, con un máximo de 12 mensualidades, salvo que por pacto se haya establecido o fijado cuantía superior. Esto debe abonarlo el empresario, pero la autoridad laboral puede exonerarle total o parcialmente acordándolo expresamente en la resolución.
Además, esta extinción constituye una situación legal de desempleo, por lo que el trabajador puede acceder, si cumple el resto de requisitos, a las prestaciones por desempleo.
Este despido puede, además, ser impugnado por los trabajadores afectados ante los órganos jurisdiccionales del orden social, siguiendo las normas previstas para los procesos por despido colectivo.
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