CUESTIONES GENERALES DEL PROCESO ADMINSTRATIVO (2013)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Relaciones laborales - 3º curso
Asignatura RÉGIMEN JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
Año del apunte 2013
Páginas 3
Fecha de subida 27/10/2014
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TEMA 12: CUESTIONES GENERALES DEL PROCESO ADMINSTRATIVO.
1. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMO INSTITUCIÓN: 1.1 Concepto de procedimiento administrativo El procedimiento administrativo es el modo de elaboración o preparación de los actos y las normas de la Administración Pública. El “procedimiento administrativo” es el cauce formar para el ejercicio de las potestades administrativas. Existe una estructura, conformada por una serie de actos encadenados entre sí e instrumentales respecto al acto jurídico público que pondrá término al procedimiento, ya sea una ley, sentencia o resolución judicial.
Existe una amplia diversidad de potestades administrativas que determina una variedad de procedimientos administrativos. Estos presentan peculiaridades según el sector o la materia de que se trate. Conclusión: que existen muchos procedimientos administrativos.
1.2 Los fines del procedimiento administrativo.
Los fines del procedimiento son 2: 1. Función de garantía de los derechos de los administrados. El procedimiento administrativo. constituye una garantía para los interesados, ya que la administración se somete a un procedimiento/(cauce) predeterminado y posibilita la participación de los interesados en el proceso de adopción de las decisiones administrativas, permitiendo que los interesados puedan intervenir a favor de sus intereses y derechos.
2. Función de garantía del interés público. El procedimiento posibilita el acierto y la oportunidad de la actuación administrativa, permitiendo que la Adm tenga en cuenta todos los intereses implicados en su actuación y evitando que actúe de manera irreflexiva o arbitraria.
1.3 Las clases de los procedimientos administrativos.
Pueden distinguirse los siguientes tipos de procedimientos:    Procedimientos de primer y segundo grado.
Los procedimientos de primer grado son aquellos en los que la Administración ejercita inicialmente una potestad administrativa (se inicia un procedimiento).
Los de segundo grado son aquellos que están vinculados a un procedimiento anterior.
Hacen referencia a la resolución de recursos.
Procedimientos ordinarios y triangulares.
Los ordinarios la administración actúa como “juez y parte” frente a los interesados, es decir la administración contrapuesta a los interesados.
En los triangulares la administración desempeña una función arbitral frente a los intereses contrapuestos de los particulares.
Procedimientos selectivos o de concurrencia selectiva. Se trata de procedimientos en los que la resolución requiere la comparación en un único procedimiento.
2. LA REGULACIÓN DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO: 2.1. La evolución de la ordenación legal del procedimiento administrativo - Ley de bases de procedimiento administrativo de 19 de octubre de 1889 Ley de procedimiento administrativo de 15 de julio de 1958 1 2.2. La distribución de las competencias sobre el procedimiento administrativo.
La constitución (art 105 c) establece un mandato al legislador para que regule el procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos. Por otro lado, la constitución (art 149.1) reserva en exclusiva al Estado la competencia en materia de “procedimiento administrativo común, sin prejuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las CCAA”.
Las CCAA establecen disposiciones de carácter orgánico, mientras que al Estado le corresponde la regulación de todos los procedimientos administrativos.
Estado normas comunes de procedimiento administrativo.
CCAA normas de procedimiento derivadas de la organización propia de las CCAA.
3. LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.
    Principio de oficialidad: el procedimiento administrativo está presidido por el principio de oficialidad, en virtud del cual el procedimiento, con independencia de que se inicie de oficio por la Administración o a instancia del parte, se impulsará y tramitará siempre de oficio por la Administración.
Principio de contradicción: este principio significa que las partes deben hacer valer sus derechos e intereses en condiciones de igualdad. Las principales manifestaciones del principio de contradicción son el derecho de los interesados a la llamada al procedimiento, el derecho a aducir alegaciones en cualquier momento, a la vista del expediente y derecho de audiencia, el derecho a proponer pruebas y presenciar la práctica de las mismas, y el principio de congruencia.
Forman parte de este principio todos esos derechos que se tienen que ejercitar con igualdad.
Principio de publicidad: el termino publicidad no significa apertura del procedimiento administrativo a la generalidad de los ciudadanos, sino que en realidad se refiere a la publicidad de las actuaciones administrativas en relación con las partes de cada concreto procedimiento.
Principio de gratitud: gratitud del procedimiento judicial. La asistencia letrada está prevista en el art 24.2 CE como parte del contenido esencial del derecho a la tutela judicial, pues la carencia de recursos económicos para litigar puede determinar la indefensión de una persona. La CE nada dice acerca de la gratitud del procedimiento administrativo.
4. LOS SUJETOS DE LA RELACIÓN PROCEDIMENTAL 4.1 el responsable del procedimiento La Ley diferencia la responsabilidad de la tramitación de la responsabilidad de resolución del procedimiento.
Respecto a la responsabilidad de tramitación, el art 41.1 establece que “los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tuviesen a su cargo la resolución o el despacho de los asuntos, serán responsables directos de la tramitación y adoptarán las medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o el respecto a sus intereses legítimos, disponiendo lo necesario para evitar y eliminar toda anormalidad en la tramitación del procedimiento”.
2 Respecto a la responsabilidad de la resolución dice que “el personal al servicio de las administraciones que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias, del cumplimiento de la obligación de dictar resolución expresa en plazo”. Aunque se intenta separar estas responsabilidades en realidad no se puede, ya que hay relaciones de dirección y jerarquía entre unos y otros.
4.2 La abstención y recusación de las autoridades y agentes de la administración.
El artículo 103.1 de la CE exige a la administración que actúe con objetividad, y prevé que la ley deberá establecer garantías para la imparcialidad de los funcionarios en el ejercicio de sus funciones. A esta finalidad de imparcialidad está ordenada la técnica de abstención y recusación.
Causas de abstención y recusación:   Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otra cuya resolución pueda influir la de aquél (contraponerse el interés privado al general); ser administrador de la sociedad o entidad interesada, tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto o haberle prestado en los últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.
Haber tenido intervención como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.
Cualquier funcionario que cumpla las causas anteriores tiene el deber legal de abstenerse.
Planteamiento y tramitación de la abstención y recusación.
- - Planteamiento de la abstención: la autoridad o agente en el que se dé algunas de las anteriores causas tiene el deber legal de abstenerse a intervenir en el procedimiento, debiendo comunicar el hecho al superior inmediato, quien resolverá lo procedente. Los órganos superiores tienen la facultad de ordenar de oficio a las personas en quienes se dé alguna causa señaladas a que se abstenga.
Planteamiento de la recusación: cuando se de alguna causa anterior, los interesados podrán en cualquier momento de la tramitación del procedimiento, la recusación de las autoridades o agentes afectados.
El planteamiento de la recusación determina la suspensión de la tramitación del procedimiento hasta que se resuelva la cuestión incidental. La Ley prevé unos plazos muy breves para la tramitación y resolución de la recusación. Es al día siguiente de la acusación cuando el recusado debe decírselo a su superior y este decidirá si se da o no la causa que da lugar a la recusación. Si el recusado se considera incurso en una causa de obtención la Ley establece que el superior podrá acordad su sustituto acto seguido. Si el recusado niega la causa de recusación, el superior tendrá tres días para resolver el asunto.
No existe recurso.
El artículo 28.3 dice que la actuación de autoridades y agentes en los que concurran motivas de abstención no implicará “necesariamente” la invalidez de los actos en que hayan intervenido.
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