Seminario 4 - Drets i Llibertats Fonamentals (2017)

Pràctica Español
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura Drets i Llibertats Fonamentals
Año del apunte 2017
Páginas 7
Fecha de subida 24/09/2017
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Descripción

Seminario 4 de la asignatura de Drets i Llibertats Fonamentals (equivalente a Derecho Constitucional III) de la UPF.

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Seminario núm. 4: libertades informativas Júlia Arbós Aguilar Grup 3 – Subgrup 301 Supuesto de hecho: El diario de Cantabria “Alerta” ha publicado en la sección de cartas al director un artículo que dice lo siguiente: «LO QUE COBRA H.: Naturalmente, el Alcalde de Santander cobra lo que le da la gana. Eso ya lo sabíamos. Siempre hace lo que le da la gana, incluso investigar a los ciudadanos que no están de acuerdo con sus actuaciones, sus impuestos de atraco, sus frases de extrema derecha, su analfabetismo y su manera de andar por la vida insultando como un chulo barriobajero. Como habitante de Santander, la verdad es que cuesta trabajo guardar la calma ante un señor tan poco sereno, tan impertinente, tan chabacano, tan despilfarrador, tan mentiroso y que, además, cobra de nuestros dineros "lo que quiere". Así es como nos encanta: que nos roben a cara descubierta.
El señor H. es muy quien para discrepar de la orden y de los decretos del Gobierno, según los cuales le estaba terminantemente prohibido cobrar dinero al margen de su sueldo. Pero no es quien para seguir cobrando. Yo también discrepo de los impuestos y los pago, de las multas y las pago, de los precios del autobús y los cumplo. Pero el señor H., no. Para él no valen las leyes de los demás. Así que como 50.000 € de sueldo anual le parecían poco, hete aquí el buen señor cobrando cada mes de un fondo municipal (el Fondo de Inspección), unas "nimias" cantidades de casi 30.000 € en los últimos años.
Lo de nimias lo dice el señor Alcalde de Santander para quitarle hierro al asunto, según los indicios. "Robo, pero robo poco", "cobro fuera de la ley, pero cobro una nimiedad: sólo unos 30.000 € en los últimos cuatro años". Así da gusto, personajes así adornan de dignidad la piel de toro que llamamos España. Y como no podía faltar el estilo de la casa, H., cogido in fraganti, infringiendo la legalidad y cobrando indebidamente, sólo se le ocurre insultar a quienes le descubrieron y decir que todo ese dinero él lo declara a Hacienda. Bonita manera de salir adelante. Con gente así da asco ser ciudadano y pagar como tal.» Leeros detenidamente el artículo transcrito y el artículo que os facilitamos y contestad a las siguientes preguntas: 1. Suponga que usted es el alcalde de Santander y considera que la información contenida en esta carta es inexacta y lesiona su reputación. ¿Puede rectificar la información? En su caso, ¿cómo lo haría? Partiendo de la base de que la información expresada en el artículo no fuese veraz, o que yo quisiera que no se supiese, intentaría demostrarlo haciendo hincapié en lo expresado por la CE, y es que el derecho a comunicar libremente sólo se permite cuando lo expresado es veraz. Así, mediante el art. 20.1 d) de la CE, el escritor del artículo de periódico sufriría una pérdida de su protección constitucional, y en caso que dicho escritor fuese periodista, la ley regularía su cláusula de conciencia y secreto profesional.
Para rectificar la información, el ordenamiento pone a disposición de quien resulte afectado por una noticia que considere inexacta el derecho de rectificación, que se configura, sobre todo, como una vía de protección del honor.
Cabe tener en cuenta que las restricciones de libertad de expresión o difusión de opiniones procedentes de particulares quedan excluidas por el artículo 20.1 a) de la CE salvo que constituyan, a su vez, supuestos de legítimo ejercicio de otros derechos.
Estos se encuentran expresados específicamente en el artículo 20.4 de la CE. Por tanto, empezaría yendo a dicho artículo e intentaría encontrar el derecho que me está siendo lesionado, para que así hubiese que hacer una ponderación entre dicho derecho y el de libertad de expresión, que supuestamente manifestaría el escritor del artículo del diario de Cantabria.
El artículo 20.4 CE dispone que uno de los límites a la libertad de expresión es el derecho al honor. Dado que el artículo protege de forma específica dicho derecho, y que éste podría verse vulnerado por lo manifestado en el artículo del diario, interpondría una demanda manifestando que mi derecho al honor se ha podido ver vulnerado para que hiciese falta hacer una ponderación entre ambos.
Según el art. 1 de la LO de rectificación, toda persona natural o jurídica, tiene derecho a rectificar la información difundida, por cualquier medio de comunicación social, de hechos que le aludan, que considere inexactos y cuya divulgación pueda causarle perjuicio. El mecanismo del cual dispone para hacer dicha rectificación se encuentra en el art. 2 de la LO del derecho de rectificación, según el cual dicho derecho se puede ejercer mediante la remisión del escrito de rectificación al director del medio de comunicación dentro de loes 7 días naturales siguientes al de publicación o difusión de la información que se desea rectificar, es decir, remitiéndolo al director del diario, y de forma que permita tener constancia de su fecha y de su recepción.
Finalmente, el director del medio deberá publicar íntegramente la rectificación en un plazo de tres días, y si no lo hace o no respeta los requisitos, el perjudicado podrá ejercer la rectificación en los siete días hábiles siguientes ante el Juez de Primera Instancia de su domicilio.
Siguiendo estos pasos pues, podría conseguir que se rectificase el artículo que me está perjudicando.
2. Ahora imagine que para restablecer su derecho (presuntamente vulnerado) quiere llegar hasta el Tribunal Constitucional. ¿Qué derecho fundamental invocaría? Describa cuál sería el iter procedimental, el tipo de recurso que interpondría ante el alto tribunal y los plazos y requisitos necesarios para su interposición.
El derecho fundamental que invocaría sería el de la protección de mi honor, dispuesto por la Constitución en su art. 18.1, puesto que, con lo expresado en el artículo de periódico, este se me podría ver vulnerado. El iter que seguiría, si quisiera llegar hasta el Tribunal Constitucional, sería el de agotar todas las vías judiciales ordinarias: desde la Audiencia Provincial hasta el Tribunal Supremo. Una vez agotadas, elevaría el recurso por vía de amparo al Tribunal Constitucional.
Los requisitos para hacerlo son, en primer lugar, que el artículo pueda ser objeto de protección frente a la vulneración de derechos fundamentales se regule entre los arts.
14 a 19 y 30.2 de la CE y que sea cometida por disposiciones, actos jurídicos, omisiones o simples vías de hecho de los poderes públicos del Estado, las Comunidades Autónomas y demás entes públicos de carácter territorial, corporativo o institucional, así como de sus funcionarios o agentes.
En segundo lugar, la persona que interponga el recurso debe estar legitimada para ello, y los legitimados son toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, el Ministerio Fiscal y el Defensor del Pueblo.
En tercer lugar, el demandante tendrá que justificar la especial trascendencia constitucional del recurso, pues de otra forma no cabe interponerlo.
Por último, se tendrá que haber agotado la vía judicial ordinaria antes de poder elevarlo al TC.
En cuanto al plazo, este constará de un máximo de treinta días desde la última resolución judicial, es decir, desde la emanada del Tribunal Supremo, cuando sea en contra de la decisión judicial, y de veinte cuando se trate de decisiones gubernativas y administrativas.
3. Si usted fuera el autor de la carta en el diario qué derecho o derechos invocaría en su defensa. ¿Podría en este caso llegar hasta el Tribunal Constitucional? Razona tu respuesta.
Si fuese la autora de la carta del diario invocaría mi derecho a la libertad de expresión e información, protegida por el artículo 20 de la Constitución, puesto que manifestaría que la demanda interpuesta por el alcalde de Santander no es legítima, pues mediante la información que dispuse en el artículo de periódico no estaría vulnerándole su derecho al honor, porque esta sería veraz. También cabría invocar al artículo 14 de la CE, y que una de las razones de sospecha de discriminación que se especifican en él es la de la opinión personal, y en este caso el escrito se corresponde con mi opinión personal.
Alegaría pues, que incluso en el supuesto de restricción de mi derecho a la libertad de expresión e información, no cabría interponer una demanda contra lo que manifesté, porque no se cumple un requisito elemental para restringirme el derecho fundamental: que la información no fuese veraz. Por tanto, el alcalde no tendría derecho a rectificación. El caso podría llegar ante el Tribunal Constitucional si, después de agotar todas las vías judiciales ordinarias y habiendo pasado un plazo de 30 días después de la última resolución judicial, es decir, la emanada por el Tribunal Supremo, quisiera demostrar que se me está vulnerando mi derecho fundamental de libertad de expresión e información, y por ello elevara, por vía de amparo, un recurso al Tribunal Constitucional.
4. Imagine que un juez penal le condena por considerarlo autor de un delito de calumnias a una pena de un año de prisión, y cuando ya ha cumplido 6 meses es modifica el código penal castiga este tipo de delitos con una pena máxima de 6 meses de prisión. ¿Le afectaría la modificación legal? ¿En qué sentido? Razone la respuesta.
La modificación legal me afectaría porque todas las normas penales son, en principio, irretroactivas, según el art. 2.1 CP, pero en el art. 2.2 CP encontramos una excepción: si una modificación de la norma supone un beneficio o trato más favorable para el reo, ésta debe serle aplicada inmediatamente. Así, la ley penal sí tiene efectos retroactivos al darse este supuesto.
Por tanto, si al cumplir seis meses entrase en vigor una norma más favorable, como pudiera ser el haber de cumplir seis meses menos de prisión que los que habría cumplido con la norma vigente durante mi encarcelamiento, se me deberá aplicar la más reciente.
5. Imagínese que usted es el magistrado del Tribunal Constitucional que debe resolver el caso, qué argumentos jurídicos utilizaría para resolverlo? Le haría cambiar de parecer la doctrina contenida en la sentencia del TEDH de 14 de marzo de 2013 (Caso Eon contra Francia). Lea la Sentencia y razone su respuesta.
En primer lugar, analizaría el supuesto y el origen de la discrepancia entre el alcalde y el escritor. Apreciaría que el objeto es el artículo de periódico y averiguaría si los hechos dispuestos en él son o no veraces porque, dependiendo de ello, la ponderación puede decantarse mucho más fácilmente hacía el primero o hacía el segundo de ellos.
Si sucediera que la información establecida en el artículo fuese verídica, entonces utilizaría el artículo 20.1 a) de la Constitución, según el cual el escrito se vería protegido al tratarse de pensamientos, ideas y opiniones expresadas por su autor que, además, cumplen el requisito de ser verídicas.
Ello se vería reforzado siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y, con motivo del art. 10.2 CE, teniendo en cuenta que dicho precepto obliga a interpretar la Constitución de acuerdo con el Convenio de Derechos Humanos, que en su artículo 10 también dispone el derecho fundamental de libertad de expresión.
En cambio, si se diera que se pudiese demostrar que la información que el artículo contenía era falsa, debería protegerse ante todo el derecho al honor del alcalde, contenido en el artículo 18.1 de la Constitución, pues se ha publicado información suya que no es veraz y que, además, le está lesionando dicho derecho y provoca que su concepción ante los ciudadanos sea más negativa.
Fundamentos jurídicos - Art. 20.1 d) de la CE: “Se reconocen y protegen los derechos: d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.” - Art. 20.4 de la CE: “Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.” - Art. 1 de la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación: “Toda persona natural o jurídica, tiene derecho a rectificar la información difundida, por cualquier medio de comunicación social, de hechos que le aludan, que considere inexactos y cuya divulgación pueda causarle perjuicio.
Podrán ejercitar el derecho de rectificación el perjudicado aludido o su representante y, si hubiese fallecido aquél, sus herederos o los representantes de éstos.” - Art. 2 de la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación: “El derecho se ejercitará mediante la remisión del escrito de rectificación al director del medio de comunicación dentro de los siete días naturales siguientes al de publicación o difusión de la información que se desea rectificar, de forma tal que permita tener constancia de su fecha y de su recepción.
La rectificación deberá limitarse a los hechos de la información que se desea rectificar. Su extensión no excederá sustancialmente de la de ésta, salvo que sea absolutamente necesario.” - Art.18.1 de la CE: “Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.” - Art. 20.1 a) de la CE: “Se reconocen y protegen los derechos: a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.” - Art. 2.1 del CP: “No será castigado ningún delito con pena que no se halle prevista por ley anterior a su perpetración. Carecerán, igualmente, de efecto retroactivo las leyes que establezcan medidas de seguridad.” - Art. 2.2 del CP: “No obstante, tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena. En caso de duda sobre la determinación de la Ley más favorable, será oído el reo. Los hechos cometidos bajo la vigencia de una Ley temporal serán juzgados, sin embargo, conforme a ella, salvo que se disponga expresamente lo contrario.” - Art. 10.2 CE: “Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.” - Art. 10.1 CEDH: “Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas, sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. El presente artículo no impide que los Estados sometan a las empresas de radiodifusión, de cinematografía o de televisión a un régimen de autorización previa.” - STEDH de 14 de marzo de 2013 (Caso Eon contra Francia) ...

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