LECCIÓN OCTAVA. EL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTÍCIA (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Criminología - 1º curso
Asignatura dret processal
Año del apunte 2014
Páginas 8
Fecha de subida 04/09/2014
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LECCIÓN OCTAVA. EL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTÍCIA 1. EL PERSONAL JURISDICCIONAL Y LA CARRERA JUDICIAL El elemento personal de los órganos jurisdiccionales está constituido por un Juez, un Magistrado o un conjunto de Magistrados.
 Juez: constituye el elemento personal de un Juzgado (órgano judicial unipersonal).
Es la categoría mediante la que se accede a la mayoría de ocasiones al ejercicio de funciones jurisdiccionales.
 Magistrado: se accede, normalmente, después de haber accedido a la carrera judicial como juez.
 Magistrado del Tribunal Supremo: sólo los Magistrados que integran este Tribunal.
Dentro del personal jurisdiccional debe hacerse la siguiente distinción: A) Jueces y Magistrados nombrados temporalmente: a. Jueces de paz: Son nombrados por la mayoría absoluta por la corporación municipal en cuya demarcación ejercen sus funciones jurisdiccionales por un período de 4 años y con posibilidad de reelecciones ilimitadas. Debe nombrarse Juez de Paz en los municipios donde no hay Juzgado de Primera Instancia e Instrucción. Tienen competencias en materia civil y penal.
b. Jueces sustitutos: nombrados para cubrir provisionalmente la baja de un juez, en los casos de vacante, licencia, servicios especiales u otras causas que lo justifiquen.
c. Jueces de provisión temporal: cubren las vacantes de Jueces que hayan quedado desiertas en los concursos, hasta que no se cubran por los procedimientos ordinarios.
d. Magistrados suplentes B) Jueces y Magistrados de carrera: pertenecen a un cuerpo único para todo el Estado con un nombramiento vitalicio.
• Ingreso: o Oposición libre: si se supera, se accede al curso teórico-práctico en la Escuela Judicial del CGPJ, y una vez superado, se ingresa a la carrera judicial con categoría de Juez.
o Concurso de méritos: se accede a la carrera judicial con la categoría de Magistrado.
o Designación discrecional por el CGPJ: • • Salas Civil y Penales de los TSJ: se designan uno o dos Magistrados.
Tiene que tratarse de juristas de reconocido prestigio con más de 10 años de ejercicio profesional en la CCAA.
Salas del TS: juristas de reconocido prestigio especialistas en las ramas jurídicas correspondientes a cada Sala.
Ascenso de categoría: o Antigüedad: forma más frecuente de pasar de Juez a Magistrado.
o Pruebas selectivas o de especialización o Decisión discrecional del CGPJ Provisión de plazas: la norma general es el criterio de la antigüedad.
2. EL PERSONAL NO JURISDICCIONAL Junto con Jueces y Magistrados, el funcionamiento de la administración de Justicia precisa la intervención de profesionales que desarrollan funciones con dependencia respecto de los órganos judiciales, y otros con plena autonomía.
2.1 Personal auxiliar al servicio de la Administración de Justicia y la Oficina Judicial a) Los cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia tendrán el carácter de “cuerpos nacionales” (cuerpos funcionariales únicos para todo el Estado) b) Como no ejercen funciones jurisdiccionales, no dependen de los órganos del Gobierno del PJ, sino del Ministerio de Justicia, o del órgano correspondiente de la Administración de las CCAA competencias en la materia.
c) El personal auxiliar puede ejercer libremente y sin limitaciones específicas los derechos de sindicación y huelga.
SECRETARIOS JUDICIALES: o Acceso: licenciados en Derecho que superen la oposición o Funciones: Fe pública judicial: dejarán constancia de la realización de actos procesales en el Tribunal o ante éste y de la producción de hechos con trascendencia procesal mediante las oportunas actas y diligencias. Certificaciones o testimonios de las actuaciones judiciales no declaradas secretas ni reservadas a las partes.
Función de documentación: formación de los autos y expedientes, dejando constancia de las resoluciones que dicten los Jueces y Magistrados.
Organización, gestión, inspección y dirección del personal en aspectos técnicos procesales, asegurando la coordinación con los órganos del Gobierno del PJ y las CCAA.
Facilitarán a las partes interesadas la información que soliciten sobre el estado de las actuaciones judiciales no declaradas secretas ni reservadas.
Promoverán el empleo de los medios técnicos, audiovisuales e informáticos de documentación con que cuente la unidad donde prestan sus servicios.
Dación de cuenta.
Impulso del proceso en los términos que establecen las leyes procesales. Dictará las resoluciones necesarias para la tramitación del proceso.
Ejecución de resoluciones judiciales.
Jurisdicción voluntaria Conciliaciones Dirigirán en el aspecto técnico-procesal al personal integrante de la Oficina Judicial, ordenando su actividad e impartiendo las órdenes e instrucciones que estimen pertinentes en el ejercicio de esta función.
Llevanza del Archivo Judicial de Gestión.
Llevanza de los libros de registro a través de las aplicaciones informáticas correspondientes, y impartiendo las oportunas instrucciones al personal de él dependiente.
Responsabilidad sobre el depósito de los bienes y objetos afectados a los expedientes judiciales.
Colaboración con la Administración tributaria en la gestión de los tributos que les sea encomendada en la normativa específica.
Estadística judicial.
o Incompatibilidades, abstención y recusación: Están sujetos a las mismas incapacidades, incompatibilidades y prohibiciones que los Jueces y Magistrados, excepto en la actividad pública. Pueden ser recusados y tienen el deber de abstenerse del oficio cuando corresponda.
o Secretarios de Gobierno y Secretarios Coordinadores Provinciales: El Secretario de Gobierno ostentará la dirección de los Secretarios Judiciales que prestan sus servicios en las oficinas judiciales dependientes de dichos Tribunales y para ello ejercerá las competencias que la LOPJ les reconoce.
El nombramiento corresponde al Ministerio de Justicia, a propuesta de las CCAA con competencias en la materia.
CUERPOS DE MÉDICOS FORENSES, DE FACULTATIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSES, DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA, DE TÉCNICOS ESPECIALISTAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSES DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADDDMINISTRATIVA Y DE AUXILIO PROCESAL, DE AYUDANTES DE LABORATORIO: o o Cuerpos generales: cuando su cometido consista esencialmente en tareas de contenido procesal Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa Cuerpo de Auxilio Judicial Cuerpos especiales: cuando su cometido consista esencialmente el desempeño de funciones objeto de una profesión o titulación específica: Cuerpo de Médicos Forenses: asistencia técnica a Juzgados, Tribunales, Fiscalías y oficinas del Registro Civil en las materias de su disciplina profesional.
Cuerpo de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses Cuerpo de Ayudantes de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses PERSONAL LABORAL Y PERSONAL FUNCIONARIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DISTINTAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Pueden prestar servicios en la Administración de Justicia funcionarios de otras Administraciones que sean necesarios para auxiliarla en el desarrollo de actividades concretas no propias de éstas, y que requieran conocimientos técnicos o especializados.
POLICÍA JUDICIAL Maneras de organizar la policía que auxilia a los Tribunales: • Crear un cuerpo de policía propio que dependa solo de los Tribunales o del PJ • O poner al servicio de los Tribunales unidades de los cuerpos policiales dependientes de las Administraciones Públicas. Actualmente, la Policía Judicial depende de los Tribunales con respecto a la investigación del delito y el descubrimiento y el aseguramiento del delincuente.
Las unidades orgánicas de Policía Judicial: integradas por miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, aunque también puede cooperar el personal de las policías autonómicas y locales.
Estas unidades deben tener carácter permanente y estable, contar con la debida especialización y ser principalmente de ámbito provincial.
Dependencia funcional y orgánica del PJ: dependen funcionalmente del Tribunal que le encomienda las diligencias, y orgánicamente al cuerpo de policía del que provienen y la Administración correspondiente.
Inamovilidad: los funcionarios de las unidades de Policía Judicial no pueden ser removidos o apartados de la investigación concreta que se les haya encomendado hasta que no haya finalizado ésta o la fase del procedimiento judicial que la originó, si no es por decisión del Juez o Fiscal competente.
Exclusividad: en caso alguno podrá encomendarse a los miembros de aquellas unidades la práctica de actuaciones que no sean las propias de la Policía Judicial o derivadas de éstas.
Funciones: o Averiguar los responsables y circunstancias de los hechos delictivos y la detención de los primeros o Auxiliar a la autoridad judicial y fiscal en todas las actuaciones que hayan de practicarse fuera de su sede y requiera la presencia judicial o La realización material de las actuaciones que exijan el ejercicio de coerción o La garantía del cumplimiento de las órdenes y resoluciones de la autoridad judicial o fiscal OFICINA JUDICIAL Su actuación está inspirada en las siguientes directrices y postulados: o o o o o o Unidad (elemento organizativo básico): o Unidades Procesales de Apoyo Directo: unidad de la Oficina Judicial que directamente asiste a Jueces y Magistrados en el ejercicio de las funciones que les son propias, realizando actuaciones necesarias para el eficaz cumplimiento de las resoluciones.
o Servicios Procesales Comunes: unidad de la Oficina Judicial que asume labores centralizadas de gestión y apoyo en actuaciones derivadas de la aplicación de las leyes procesales.
Principio de jerarquía Principio de división de funciones Principio de coordinación Criterios de funcionamiento Las plazas que la integran habrán de ser cubiertas con personal de los cuerpos funcionariales al servicio de la Administración de Justicia 2.2 Personal colaborador con la Administración de Justicia MINISTERIO FISCAL Es una institución del Estado que tiene la misión de promover la acción de justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados. La presencia y actuación del Ministerio Fiscal resulta más frecuente e intensa en el proceso penal.
En la actualidad se ocupa de más funciones que las penales, y su función no es sólo la de acusar, sino también la de intervenir con objetividad en las causas criminales. El Ministerio Fiscal vendría obligado a proceder contra el propio Estado como persona jurídica o contra sus agentes o autoridades. La defensa del Estado queda cubierta con la actuación de ciertos cuerpos o a través de otros mecanismos.
El Ministerio Fiscal colabora con el Poder Judicial, pero no está dentro de él, ni tiene la función de juzgar. Más bien, colabora con la Administración de Justicia.
Tiene una organización jerárquica, y cuenta con los siguientes órganos:  Fiscal General del Estado (Dirección superior del MF): lo nombra el rey a propuesta del Gobierno.
 Consejo Fiscal  Junta de Fiscales de Sala  Inspección Fiscal  Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado  Fiscalía del TS  Fiscalía del Tribunal de Cuentas  Fiscalía de la AN, de los TSJ y de las AP  Fiscalías especiales Las categorías profesionales en el MF son tres:  Abogado Fiscal, equiparado a Juez  Fiscal, equiparado a magistrado  Fiscal de la Sala del TS, equiparado a magistrado del TS ABOGADOS Y PROCURADORES Nuestro sistema legal no permite que los ciudadanos se dirijan y actúen directamente ante los órganos jurisdiccionales, sino que se les exige hacerlo representados por un procurador y dirigidos por un abogado.
A) Abogados: Corresponde en exclusiva denominación y función de abogado al licenciado en Derecho que ejerza profesionalmente la dirección y defensa de las partes en toda clase de proceso, o el asesoramiento y consejo jurídico (funciones).
La abogacía es una profesión libre e independiente cuyo ejercicio exige la incorporación a alguno de los colegios de abogados del Estado español.
Entre las incompatibilidades que afectan al ejercicio de la abogacía puede destacarse la de ejercer cargos, funciones o puestos de trabajo públicos en el Estado y en cualquier Administración pública, sean estatales, autonómicas, locales o institucionales, el ejercicio de las profesiones de procurador, graduado social, agente de negocios o gestor administrativo.
El estatuto profesional de los abogados comprende los siguientes derechos y obligaciones: o Derechos Derecho de actuar con libertad e independencia Derecho a la libertad de expresión y defensa Derechos inherentes a la dignidad de su función Derecho a sus honorarios. Los honorarios de los abogados son libremente convenidos con el cliente. Se prohíbe el quota lítis, el acuerdo entre abogado y cliente, previo a la terminación del asunto, en virtud del cual éste se compromete a pagar a aquél únicamente un porcentaje del resultado del mismo, independientemente de que consista en una cantidad de dinero o cualquier otro beneficio.
o Deberes Secreto profesional de todos los hechos o noticias de que tenga conocimiento en razón del ejercicio de sus funciones, sin que puedan ser obligados a declarar sobre ellos.
Actuación de buena fe Actuación diligente en interés de su cliente Asistencia jurídica gratuita Los abogados quedan sujetos a la disciplina legal en el ejercicio de sus funciones B) Procuradores: Tienen carácter libre e independiente. La función principal consiste en la representación de las partes en el proceso, otorgada mediante el correspondiente apoderamiento. Son los titulares de la facultad de dirigirse a los órganos judiciales.
Cuando una parte presenta ante el Tribunal escritos de los que ha de dar traslado a las otras partes procesales, este traslado mediante copia lo hace el procurador de aquella parte a los procuradores de las otras.
Esta profesión exige la previa incorporación a un colegio profesional con la correspondiente sumisión a la disciplina de aquél. Se prohíbe también en pacte de quota litis.
C) Acceso a las profesiones abogado y procurador: Cualquier ciudadano de la UE que ostente el título profesional de abogado obtenido conforme a la normativa de su propio Estado puede ejercer su profesión en cualquier otro de la Unión.
Se requiere el título profesional de abogado para desempeñar la asistencia letrada en aquellos procesos judiciales y extrajudiciales en los que la normativa vigente imponga o faculte la intervención de abogado, y para presentar asistencia letrada o asesoramiento en Derecho utilizando la denominación del abogado. En el procurador, el título habilita para desempeñar la representación legal de las partes en los procesos judiciales en calidad de procurador, realizando los actos de comunicación a las partes y aquellos otros actos de cooperación con la Administración de Justicia que la ley autorice.
Para la obtención de esos títulos, se requieren los siguientes requisitos:  Hallarse en posesión del título universitario de licenciado en Derecho, o del título de grado que lo sustituya  Obtener la capacitación profesional necesaria superando ciertos cursos de formación especializada (la mitad deben ser prácticas externas bajo la tutela de un abogad o procurador)  Acreditar la capacitación profesional mediante la correspondiente evaluación (existirá una comisión evaluadora específica para el acceso a la profesión de abogado y otra para la de procurador) La Disposición Transitoria única de la LAPAP establece que los títulos profesionales regulados en la Ley no serán exigibles a quienes ya estuvieran incorporados a un colegio de abogados o procuradores en el momento de la entrada en vigor de la LAPAP ni a quienes, sin estar incorporados a un colegio de abogados o procuradores a su entrada en vigor; hubieran estado incorporados antes de su entrada en vigor durante un plazo continuado o discontinuo no inferior en su cómputo total a un año, siempre que procedan a colegiarse antes de ejercer como tales y no hubieran causado baja por sanción disciplinaria.
La LAPAP entrará en vigor a los 5 años de su publicación en el BOE.
ASISTENCIA JURÍDICA A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ABOGADOS DEL ESTADO Y SERVICIOS JURÍDICOS DE LAS CCAA Y DE LOS ENTES LOCALES Asumir la representación y defensa procesal de las Administraciones públicas corresponde a los letrados de los servicios jurídicos del Estado (Abogados del Estado integrados en el Servicio Jurídico del Estado).
La actividad de los Abogados del Estado abarca también la representación y defensa a los restantes organismos y entidades públicos, sociedades mercantiles estatales y fundaciones con participación estatal.
En cuanto a las Entidades Gestoras y a la Tesorería General de la SS, su representación y defensa se atribuye a los letrados de la Administración de la SS.
La representación y defensa de las CCAA y de los entes locales corresponde a sus servicios jurídicos. Todas las CCAA han acabado creando sus servicios propios. Los abogados de los servicios jurídicos del Estado también pueden asumir la asistencia letrada de las CCAA, en los términos reglamentariamente establecidos.
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