Delitos contra los derechos de los trabajadores (2017)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Derecho - 4º curso
Asignatura derecho penal economico
Año del apunte 2017
Páginas 12
Fecha de subida 18/06/2017
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Delitos contra los derechos de los trabajadores Este tipo de delito pretende garantizar un plus de protección a los trabajadores por cuenta ajena. Un colectivo que con carácter general se encuentra en un posición de inferioridad respecto al empresario, y en el marco del derecho penal lo que se busca es la protección de la parte económica y socialmente más débil, para evitar el perjuicio, a veces irreparable, que las actividades del empresario pudieran originar. Las últimas reformas del Código Penal, no han pretendido proporcionar un plus de protección a los trabajadores, sino que pretenden por un lado fomentar la competitividad y la iniciativa empresarial mediante el combate del empleo sumergido; y además, fortalecer la política estatal encaminada a luchar contra la inmigración clandestina. Sabemos que nos encontramos siempre frente a leyes penales en blanco que obliga a remitirnos a la normativa extra penal para delimitar gran parte de los elementos típicos. Por otro lado, en el marco del derecho penal entenderemos como trabajador, toda personas que presta sus servicios en un régimen de ajenidad y dependencia, mientras que consideramos empresario a todo aquél que contrata.
Imposición mediante engaño o abuso de situación de necesidad (311.1) En este apartado del 311 se recoge el tipo básico consistente en la imposición de condiciones laborales o de Seguridad Social que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos laborales reconocidos a los trabajadores en las leyes, convenios colectivos o contratos individuales. Se trata de proteger las condiciones laborales mínimas a las que no pueden renunciar los trabajadores. Se consideran típicos el trabajo “negro” o “sumergido” al privar al trabajador de los estándares mínimos de protección, también es penalmente relevante la conculcación de las normas que disciplinan el trabajo a domicilio, la regulación de la jornada máxima o del salario mínimo además de las del trabajo nocturno y las normas en materia de descanso.
En relación a las condiciones de seguridad social se entienden típicas las infracciones de las obligaciones de encuadramiento (afiliación, altas y bajas), las relativas al pago directo de las protestaciones por incapacidad temporal o maternidad y las mejoras voluntarias de la acción protectora contenidas en los convenios colectivos. Se muestra que la inclusión del contrato individual como fuente de los derechos laborales por resultar contrario a los principios de legalidad e igualdad.
En el apartado segundo, solo se adquiere relevancia penal aquellas limitaciones de las condiciones laborales mínimas en las que medie engaño o abuso de situación de necesidad. Ambos medios comisivos permiten distinguirlo del correspondiente ilícito laboral y dotarlo de un mínimo de contenido de antijuricidad material necesario para justificar la imposición de toda la pena. En engaño se identifica con el engaño típico de la estafa, y la situación de abuso de necesidad la doctrina baraja varias posibilidades una extensiva: resulta consustancial de toda relación laboral debido a la situación de inferioridad y subordinación en que se encuentra el trabajador con respecto al empresario y las dificultades de acceso al empleo; la otra es restrictiva: debe probarse en todo caso que el empresario se aprovechó de la concreta situación de precariedad en que se encontraba el trabajador en cuestión.
Por lo que respecta a la consumación del delito de imposición de condiciones laborales perjudiciales vemos que también se barajan dos opciones: parte de la doctrina no entiende necesaria la producción de un efectivo perjuicio en los derechos del trabajador à se desvincula la consumación del inicio o no de la relación; otra parte, parte de la consideración de perjuicio como un elemento del tipo, y sino se ha iniciado la relación laboral se considerará tentativa.
Únicamente se incriminarán los comportamientos dolosos, y no se requiere ningún otro elemento adicional en el tipo subjetivo à únicamente se requiere la conciencia y voluntad de la conducta desarrollada, además de la intención de producir un resultado perjudicial. Algún autor sostiene que el dolo es lo que lo diferencia de la infracción laboral. En materia de concursos, en caso de que haya varios trabajadores a quien se le imponen la malas condiciones laborales, la jurisprudencia mayoritaria niega que haya concurso de delitos, ya que el bien jurídico es supraindividual. Puede entrar en concurso con un delito de estafa, sería un concurso ideal, que sería el supuesto en que además se ocasionase un perjuicio económico al trabajador. Si hay un engaño que se materializa mediante la falsedad documental será concurso medial o real.
Mantenimiento de las condiciones de trabajo ilegales en supuestos de transmisión de empresas (art.
311.3) Se requiere aquí que el nuevo empresario tenga conocimiento de la imposición de tales condiciones por el anterior valiéndose de los medios comisivos ya descritos (estado de necesidad o engaño).
Ocupación simultánea a una pluralidad de trabajadores (art. 311.2) Los comportamientos que se van a describir ahora se añadieron con la reforma del Código Penal de 2012, y antes únicamente se castigaban por vía administrativa: - La contratación simultánea de una pluralidad de trabajadores sin comunicar su alta en el régimen de la SS à Omisión del alta a la seguridad social. Los sujetos pasivos aquí pueden ser tanto trabajadores nacionales como extranjeros regulares.
- La contratación simultánea de una pluralidad de trabajadores sin haber obtenido la correspondiente autorización de trabajo. Los sujetos pasivos aquí serían extranjeros en situación administrativa irregular o popularmente conocidos como “sin papeles”.
Para realizar estas conductas no se requiere ni estar frente a una situación de engaño ni estar ante una situación de abuso de necesidad à no se requiere lesividad en las conductas. Faltando este elemento del injusto el legislador ha añadido a la tipicidad, para compensar, una plural afectación de trabajadores cuyo porcentaje varía en atención a la mano de obra así contratado sobre el conjunto de la plantilla. Así pues se aplicará este delito cuando afecte: - Al 25% en empresas de más de 100 trabajadores.
- Al 50% en empresas de más de 10 y no más de 100 trabajadores.
- A la totalidad en aquellas que empleen a más de 5 pero a menos de 10.
Esta pensado sobretodo para las microempresas, aquellas organizaciones caracterizadas por ser sus plantillas inferiores a diez trabajadores y que interactúan en economía sumergida, donde se nutren de trabajadores nacionales sin darles de alta en la SS o bien, se valen de extranjeros extracomunitarios.
Se añadieron estas dos conductas durante la crisis financiera para criminalizar la entrada irregular de empleo así como el empleo sumergido y la inmigración clandestina, además de mejorar la eficacia de los instrumentos de control de los ingresos y del gasto público.
Imposición de las condiciones ilegales mediante violencia o intimidación (311.4) Se nos establece un subtipo agravado en este apartado en los supuestos en que además concurra violencia o intimidación, que serían definidos según los delitos de amenaza o coacciones.
Ocupación reiterada a extranjeros o menores de edad carentes de permiso de trabajo (art. 311bis) Se añadió este delito con la reforma del CP del 2015 à se han incorporado estos delitos para dar cumplimiento a la Directiva Comunitaria 2009/52/CE, aunque con la incorporación solo de extranjeros o menores de edad no se ha dado transposición a toda la directiva ya que falta la contratación de un trabajador irregular víctima de trata. Parte de la doctrina considera que no queda justificada la integración de este delito en el CP ya que en ningún caso requiere el tipo que haya un menoscabo de los derechos laborales, sino que únicamente castiga la contratación de ciudadanos extranjeros o menores de edad sin papeles, con lo cual consideran que es una mera infracción laboral, no llegando a la máxima expresión del ius puniendi.
La conducta típica pues en este tipo de delito será emplear o dar ocupación (doble verbo típico) que se han interpretado de dos formas diferentes: parte de la doctrina defiende la idea de que se debe entender que nos encontramos ante comportamientos distintos de cuya diferencia no se ofrece pista alguna en el preámbulo; y por otro lado, simplemente se trata de un sinónimo incorporado por el legislador de una misma conducta. Además se requiere que esa ocupación sea reiterada, aunque de forma sorprendente únicamente el legislador lo ha incorporado cuando se trata de ciudadanos extranjeros y no de menores de edad. Por otro lado, el legislador en el apartado b del artículo establece que la conducta típica será contratar menos de edad sin permiso de trabajo, hecho que es extraño ya que los menores de 16 años no pueden trabajar ni con ni sin permiso de trabajo. Eso se ha interpretado en la doctrina diciendo que, o bien el legislador quería proteger el empleo de menores de 16 años cuando, de forma muy excepcional, la legislación laboral lo permite (art. 6.4 ET), o bien, únicamente quería especificar los grupos de entre 16 y 17 años, que como consecuencia del estado de irregularidad en que se hallan precisarían del preceptivo permiso de trabajo para ser empleados.
Además el precepto establece una cláusula concursal al añadir “salvo que los hechos estén castigados con una pena más grave en otro precepto de este Código” à la doctrina la considera innecesaria.
Aunque se piensa que el legislador ha pensado en tres grupos de concursos: - La preferente aplicación del art. 311.2 cuando, además de la reiteración delictiva, se cumplan los porcentajes de trabajadores contratados en situación irregular sobre el conjunto de la plantilla y que concurriese además violencia e intimidación.
- La vinculación entre la trata de seres humanos y la inmigración irregular, conllevará el desplazamiento del 311bis al 177bis, especialmente en los supuestos de explotación laboral de una víctima menor de edad.
- Tampoco se aplicará este precepto cuando se acredite la efectiva y sustancial afectación de los derechos laborales del trabajador extranjero irregular reideramente contratado à 312.2.
La doctrina considera que la penalidad de este tipo es muy baja (de 3 a 18 meses à si es el primer delito no se entraría en la cárcel) en comparación con la del 311.2 que consideran excesiva (6 meses a 6 años).
Aunque se añade la observación que en ninguno de los supuestos hay una situación de engaño o abuso de situación de necesidad, simplemente se castiga la contratación de trabajadores extranjeros. Aunque por otro lado sería más justificada una penalidad más alta en el 311bis ya que hablamos de reiteración y además de menores de edad.
Tráfico ilegal de mano de obra y reclutamiento o determinación al abandono del puesto de trabajo (art. 312.1 y .2) En este precepto se castigan tres conductas: - El denominado tráfico ilegal de mano de obra à se critica la falta de precisión en la descripción del tipo, además de la penalidad alta. Se discute si se podría integrar aquí las conductas de cesión ilegal de trabajadores y la colocación irregular de éstos. Aunque el TS ha optado por una interpretación restrictiva del tipo, señalando que la explotación laboral constituye el elemento central de la conducta típico, con lo que se requerirá que se demuestre esa imposición de condiciones laborales abusivas para la dignidad de la persona del trabajador.
- El reclutamiento o determinación al abandono del puesto de trabajo. Los medios comisivos de estas conductas son engaño o falsedad con respecto a las condiciones del nuevo empleo, dotando así la conducta con una lesividad adicional y hace que se aproxime a la estafa à relación de causalidad entre la proposición falsa de condiciones de trabajo y la decisión de trabajar.
- La contratación de trabajadores extranjeros sin permiso de trabajo en condiciones laborales perjudiciales.
Aunque el CP hable en plural de trabajadores, no hace falta que se realicen estas conductas en más de un trabajador.
En el inciso segundo del apartado segundo habla de “emplear a súbditos extranjeros sin permiso de trabajo en condiciones que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tuviesen reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual”. La doctrina mayoritaria entiende en este supuestos que se protegen los derechos laborales mínimos reconocidos a un colectivo especialmente vulnerable à trabajadores extranjeros irregulares. Se entiende que a causa de su especial situación de vulnerabilidad el legislador ha decidido darles una tutela adicional a sus derechos que encuentra justificación en: - La ubicación del precepto dentro de los delitos contra los derechos de los trabajadores.
- La necesidad de que se perjudiquen, restrinjan o supriman los derechos que tuvieran reconocidos legal, convencional o contractualmente.
- Mayor penalidad respecto al tipo básico.
Vemos que el legislador al describir la conducta típica utiliza el término “súbditos”, pensando la doctrina que es un concepto que iría en contra de la expresión de ciudadano, contraria a los postulados de un estado social y democrático de derecho, entendiendo que se trata de un colectivo que carece de permiso de trabajo y que no puede trabajar legalmente en España. Se observa además que hay un solapamiento parcial con la conducta del 311.1, que únicamente se diferenciaría por el sujeto pasivo que en el precepto que estamos tratando son trabajadores extranjeros sin permiso, y además aquí no hacen falta los medios comisivos de engaño o abuso de situación de necesidad.
Se configura como una ley penal en blanco y resulta esencial concretar el conjunto de derechos laborales reconocidos a los trabajadores extranjeros en situación irregular: - Si tienen contrato de trabajo, pero no tienen permiso, el primero no se ve invalidado, y el trabajador gozaría de todos los derechos de la relación laboral.
- A excepción de las derivadas de accidente laboral o enfermedad profesional, no resulta de aplicación al as condiciones laborales de Seguridad Social, por cuanto únicamente disfrutan de aquellos los trabajadores extranjeros legales, ya que el acceso a las prestaciones de la SS está condicionado a la afiliación al sistema.
Partiendo de estos derechos la doctrina mayoritaria establece que solo adquieren relevancia penal la contratación de un trabajador extranjero sin permiso de trabajo cuando se lesionan sus derechos laborales mínimos cuyo cumplimiento depende del empresario à serán por tanto atípicas cuando no se formalice el contrato por escrito (el ET permite la formalización verbal), o cuando no se le de de alta a la SS (no se puede dar de alta a un trabajador sin permiso). Por otro lado, unánimemente la jurisprudencia a considerado que, únicamente se quedará en sanción administrativa aquellos casos en que no se sostiene que la mera contratación de mano de obra irregular, no acompañada de una imposición de condiciones laborales significativamente perjudicial con respecto al resto de trabajadores nacionales o extranjeros regulares en la empresa à si es irregular pero es tratado igual que los regulares no es penalmente relevante, el TS ha considerado que la explotación laboral debe ser constatada y efectiva.
Únicamente se castigará la modalidad dolosa. Y por lo que hace los concursos se discuten varias cuestiones: concurso de delitos entre este apartado dos del párrafo primero del 312 y la estafa; concurso medial de delitos en los supuestos en que el engaño se materialice con falsedad documental; concurso de leyes que se resolverá por el principio de alternatividad (se aplica la pena más grave) en favor de la conducta del 312.2 cuando medio violencia o intimidación en la imposición de condiciones laborales perjudiciales; Atendiendo a la naturaleza colectiva o supraindividual del bien jurídico se aplicará solo un delito con independencia del número de trabajadores.
Determinación o favorecimiento de la emigración mediante simulación o engaño (art. 313) Es un precepto que fue reformado con la modificación del CP del 2010 en que, se derogó el delito de inmigración clandestina y se mantuvo la conducta que se tipificaba en él en este art. 313.2. Aquí se castiga la determinación o favorecimiento de la inmigración mediante engaño, protegiéndose la libertad y la seguridad de los trabajadores à delito de medios determinados ya que el tipo precisa que se debe engañar especificando simulación de contrato, colocación o conducta similar. Deberá acreditarse que la decisión de emigrar (TS à no únicamente es la salida del trabajador de España si no que abarca también su llegada a nuestro territorio proveniente de otro lugar) es a causa de la conducta engañosa.
Delito contra la discriminación laboral (art. 314) El bien jurídico sería la igualdad recogida en nuestra constitución, considerandos los mecanismos administrativos insuficientes para garantizar el derecho de igualdad, se da protección desde un punto de vista penal, aunque la doctrina considera que la protección dispensada por el Derecho Penal es ineficaz e insuficiente porque: - Imposibilidad de trasladar al Derecho penal el mecanismo de inversión de la carga de la prueba que se exige en el derecho laboral.
- La exigencia de que se trate de una discriminación de carácter grave.
- La necesidad de que el empresario deba incumplir un previo requerimiento o sanción administrativa en el ámbito laboral.
Así pues, la doctrina considera que se protege el derecho de los trabajadores a la igualdad así como la correlativa prohibición da no ser discriminado. La doctrina minoritaria considera pero que es la observancia de resoluciones administrativas y judiciales en materia de discriminación, configurándolo como un delito de desobediencia.
La conducta típica consiste en la creación de una grave discriminación en el empleo público o privad, no restableciendo la igualdad ni reparando el daño irrogado pese al requerimiento o sanción administrativa previos. A efectos de la norma penal se considera discriminatorio todo comportamiento que, atendiendo a las circunstancias personales o sociales, comporte un tratamiento desigual sin que concurra causa objetiva y razonable que lo justifique à son relevantes penalmente tanto las discriminaciones directas (tratamiento diferenciado y desfavorable de la persona) como las indirectas (adopción de una práctica o medida que, siendo aparentemente neutra, poseen un efecto adverso sobre los miembros de un determinado sexo). No son relevantes penalmente las discriminaciones positivas (las diferencias de trato para reequilibrar una situación preexistente de discriminación en garantía del cumplimiento del principio de igualdad material). Para que sea relevante penalmente la discriminación debe ser “grave”.
Por otro lado, el artículo nos habla de “empleo”, barajando la doctrina una definición restrictiva: conductas discriminatorias que tienen lugar en el acceso al trabajo o en la extinción del contrato laboral; extensiva: actos discriminatorios producidos con ocasión de la relación laboral, lo cual permite la incriminación de comportamientos relaciones con el salario, los ascensos o la clasificación profesional.
La propia norma penal especifica cuales pueden ser las causas de discriminación: - Ideológicas - De origen (etnia, raza, nación).
- Sexo u orientación sexual.
- Situación familiar.
- Enfermedad o minusvalía.
- Representación legal o sindical de los trabajadores.
- Parentesco con otros trabajadores de la empresa.
- Uso de alguna de las lenguas oficiales del Estado.
El Código penal añade “o restablezcan la situación de igualdad ante la ley tras requerimiento o sanción administrativa”. Por requerimiento se discute una interpretación restrictiva que incluye únicamente los judiciales y otra extensiva que incluye los dictados también por la Inspección de Trabajo. En cambio, por sanción administrativa se entiende toda resolución judicial dictada por la Administración competente resolviendo el correspondiente expediente sancionador incoado por la Inspección de trabajo.
La doctrina mayoritaria entiende que es un delito especial ya que solo puede ser autor el que incumple un requerimiento o sanción administrativa encaminada a restablecer la igualdad. Al hablar de persona pública o privada, interpreta la doctrina que todos pueden ser autores, incluidos los funcionarios.
Protección de la Libertad Sindical y el Derecho a la Huelga (art. 315) Nos encontramos frente a un delito que se modificó con la modificación del Código Penal de 2015, aunque el legislador no expone en el preámbulo motivo alguno que lo justifique, siendo de extrañar ya que no son pocas las modificaciones que se han llevado a cabo: - Reducción de los marcos penales previstos en los tres apartados que lo conforman à tiene como finalidad evitar la imposición de penas privativas de libertad de efectivo cumplimiento, es decir, superiores a dos años, y habilitar así la concesión de la suspensión condicional.
- La sustitución de los medios comisivos (fuerza, violencia o intimidación) por uno más genérico “coacciones”, en el subtipo agravado à Cambio que no tiene consecuencias en la práctica ya que jurisprudencialmente se entiende coacciones como aquella lesión de la libertad de obrar realizada con violencia, intimidación y fuerza en las cosas.
Con lo que respecta al bien jurídico protegido, es la libertad sindical y el derecho a huelga, como manifestación concreta de la libertad sindical. En el tipo básico se castiga la conducta que consiste en impedir o limitar el ejercicio de la libertad sindical y el derecho a huelga, siempre que los comportamientos sean impeditivos o limitativos de carácter grave. Adquieren relevancia penal, a título de ejemplo: - La elaboración de listas negras para la no contratación de personas por su afiliación por su actividad sindical.
- Inclusión expresa o tácita de cláusulas resolutorias del contrato de trabajo basadas en dicha filiación o actividad.
- Sanciones, despidos o extinciones de la relación laboral vinculados a la filiación o a la actividad sindical.
- Acciones encaminadas a controlar el sindicato en beneficio del empleador.
- Conductas que impidan el derecho de reunión o el acceso de los representantes sindicales al puesto de trabajo.
- Determinación abusiva de los servicios mínimos.
- Sustitución de los trabajadores en huelga por otros no vinculados por la huelga.
Es un delito de medios determinados ya que se requiere que el resultado típico se adquiere mediante engaño o abuso de situación de necesidad à se permite de esta manera la delimitación con el ilícito administrativa. El tipo subjetivo requiere dolo, donde el sujeto activo al llevar a cabo su conducta debe conocer su significado “antisindical” à la imprudencia entraría dentro de la sanción administrativa.
La doctrina mayoritaria estima que se trata de un delito común, aunque hay quien discute que es un delito especial limitando el círculo de posibles autores a los empresarios o personas que hayan asumido mediante delegación, competencias en materia de personal.
Tipos agravados El subtipo agravado lo encontramos previsto en el apartado segundo del precepto previendo que la conducta anterior se realice mediante coacciones. En el apartado tercero se ha previsto otra agravación pero en este supuestos cuando se coaccione para obligar ha hacer huelga a aquellos que no quieren hacerla. La doctrina se ha mostrado muy en disconformidad con la configuración de este delito de forma autónoma, justificándolo de la siguiente manera: - Supone una limitación injustificada del derecho de huelga al resultar consustancial al mismo derecho.
- No tiene sentido que la penalidad sea más alta, puesto que a diferencia de a libertad sindical o el derecho de huelga, el derecho a no hacer huelga, no es un derecho fundamental.
- No deja de ser una manifestación del delito de coacciones.
Se requiere la intervención mínima de un grupo de tres personas de las que solo se precisa el ejercicio de la violencia por uno de ellos con el acuerdo expreso del resto, y si el que actúa con violencia lo hace por cuenta ajena se considerará que se aplica un delito de coacciones o amenazas. Se aplicará concurso de leyes, en el que se aplicará el principio de especialidad cuando nos encontremos contra este delito y el genérico de coacciones. Será concurso ideal de delitos en so casos en que resulta de la violencia ejercida se lesiona la salud de la persona o se causa daños a la propiedad.
Delitos contra la seguridad en el trabajo (art. 316 – 318) Actualmente siguen habiendo altos porcentajes de siniestralidad laboral, y esto constituye un problema social. El riesgo para la vida y la salud del trabajador conlleva el desarrollo de ciertas tareas, solo puede justificarse por los beneficios que su realización comporta para el propio trabajador y la sociedad en su conjunto. En la actualidad encontramos en nuestro ordenamiento con varios mecanismos extra penales para garantizar la no superación de este umbral de riesgo permitido: - La rescisión contractual unilateral del trabajador como respuesta al incumplimiento de la obligación de seguridad impuesto al empresario.
- La reparación civil del daño irrogado al trabajador imputable a la inobservancia de las distintas obligaciones en que se contreta el deber general de la seguriar del empresario.
- Las sanciones administrativo – laborales en materia de riesgos laborales - Recargo de prestaciones a la SS.
Bien jurídico. Hay tres posiciones respecto al bien jurídico protegido, primero la postura que dice que se protege directamente la vida, la integridad física y salud del colectivo formado por los trabajadores; la segunda postura defiende que éste es la seguridad en el trabajo como bien jurídico penal autónomo con respecto a los citados intereses individuales; y finalmente, la seguridad y confianza de los trabajadores en el mantenimiento de los riesgos laborales dentro e los niveles legalmente establecidos como medios para garantizar el libre desarrollo de la personalidad de los trabajadores en el marco de la actividad laboral.
Tipo objetivo. Sabemos que en esta materia el legislador utiliza la técnica de la ley penal en blanco en su configuración típica que determina la necesidad de remitirnos a la normativa extra penal, que serían aquellas normas que tienen por objeto la protección de la prevención de riesgos laborales; las distintas obligaciones derivadas del denominados deber general de seguridad impuesto al empresario sobre el que se construye la estructura típica de los que no faciliten medios necesarios; los sujetos obligado a garantizar la seguridad en el trabajo, cuestión fundamental en la fijación del círculo de la autoría; también se concreta en la normativa extra penal las obligaciones que en materia de prevención de riesgos laborales tienen los propios trabajadores y que resultan esenciales en la determinación del alcance del deber de autorresponsabilidad del trabajador en el ámbito de la actividad laboral. Así pues las norma sobre la materia son la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, además de los consiguientes reglamentos que la complementan.
Debemos tener en cuenta que la infracción de las normas de prevención de riesgos constituyen un requisitos necesario pero no suficiente para la imputación objetiva, porque solo adquieren relevancia penal las conculcaciones vinculadas a las conductas típicas. La conducta típica principal en la materia es: - No facilitar medios necesarios. Entendido por tales la omisión de los elementos materiales, los inmateriales (formación) y organizativos (turnos o métodos de trabajo). Además que hay un deber de vigilancia, que se incluye en la no utilización de medios, es decir, que los trabajadores no cumplan con las obligaciones de seguridad, no hará responsables a los trabajadores, sino aquellos que no les han vigilado.
El resultado de esta conducta típica, al configurarse el delito como de peligro concreto (requiere una puesta en peligro grave de la vida, integridad física y salud de los trabajadores). Eso implica que ha de acreditarse la relación de imputación objetiva entre la conducta típica y la puesta en peligro grave de la vida, integridad física y salud. Deberá determinarse si la puesta en peligro concreto es imputable al incumplimiento del deber general que rece sobre el empresario o por el contrario, lo es a la propia conducta imprudente del trabajador al incumplir las diferentes obligaciones que en esta materia le impone también el ordenamiento laboral. El sujeto pasivo será el colectivo formado por los trabajadores.
Por otro lado el tipo subjetivo requiere dolo o imprudencia. El dolo es necesario acreditar que el autor no ha facilitado los medios de protección necesarios a los trabajadores, teniendo conocimiento de su obligación de hacerlo y que, como consecuencia de dicho incumplimiento, ha puesto en concreto peligro su vida, integridad físico o salud. En el caso que se produzca a título imprudente se impondrá una pena inferior en grado.
Autoría y participación. Es un delito especial propio en la medida en que únicamente pueden responder en concepto de autor los legalmente obligados a facilitar dichos medios. El deudor originario sabemos que es el empresario, pero el Derecho Penal parte de un concepto amplio de empresario que se identifica con la persona que ostenta un poder de dirección sobre los trabajadores, capacidad para dar instrucciones y asegurar su cumplimiento. Y ello con independencia de la existencia o no de contrato formal. A parte de los empresarios también pueden responder a título de autor los técnicos en prevención de riesgos laborales en supuestos en que el empresario delega el ejercicio de la competencia formal y materialmente sobre ellos y simultáneamente se respetan los requisitos doctrinal y jurisprudencialmente exigidos para transferirla: - Adecuación de a persona sobre la que se delega.
- Dotación suficiente de medios materiales e inmateriales.
En el caso de que no se den estos requisitos la delegación no será eficaz y responderá el empresario en posición de garante (culpa por asunción). Aunque la delegación eficaz no exime al empresario delegante de toda responsabilidad una vez transferida la posición de garantía pues siempre hay unas competencias residuales que en este supuestos serían el deber de control o supervisión y de coordinación que queda.
Tienen un especial interés los supuestos en que las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales son compartidos entre varios sujetos: serían los supuestos de subcontratación a otras empresas de la realización de obras o servicios en su centro de trabajo, y la puesta a disposición de la empresa usuaria de los trabajadores contratados por una ETT. El empresario principal responde a título de autor en los casos de probarse que la puesta en peligro grave de la vida y salud de los trabajadores es imputable al incumplimiento de su obligación de informar e instruir acerca de los riesgos laborales presentes en su centro de trabajo y las medidas adoptadas para erradicar o controlar. En atención a las obligaciones impuestas a las ETT’S y a las empresas usuarias, normalmente será la última la responsable penalmente.
En el ámbito de la construcción, destaca la responsabilidad que puede recaer sobre los miembros de la dirección facultativa (cooperador necesario, no tiene la obligación de facilitar medios) y los encargados de obra.
Es un delito que podría entrar en concurso con un delito de homicidio o de lesiones en el supuesto que el trabajador falleciera , en este supuesto la jurisprudencia mayoritaria establecen que entraría en concurso ideal en los casos en que se prueba la puesta en peligro concreto de otros trabajadores diferente al que falleció, aunque se establece la posibilidad de concurso de leyes cuando el trabajador fallecido es el único al que se ha puesto en peligro. En cambio la doc. Minoritaria acoge puntualmente el concurso de leyes a resolver a favor de los delitos o falas de resultado del principio de consunción.
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