Caso práctico 1 Administrativo (2016)

Pràctica Español
Universidad Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
Grado Derecho - 3º curso
Asignatura RÉGIMEN JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
Año del apunte 2016
Páginas 2
Fecha de subida 23/05/2017
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SEMINARIO 1: SUPUESTO DE HECHO.
ANÁLISIS.
El supuesto de hecho plantea, como primer punto, la retirada de símbolos y monumentos franquistas por parte del Ayuntamiento de Madrid, con base legal en el art. 15.1 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conocida como “Ley de la Memoria Histórica”. El mencionado artículo permite a las Administraciones Públicas las medidas que consideren necesarias para la retirada de dichos símbolos o insignias.
Ese precepto generó múltiples controversias, hasta el punto de que la Concejalía de Cultura defendió la actuación del Ayuntamiento abogando que el apartado 1 del artículo 15 otorga una amplia discrecionalidad a las Administraciones públicas para cumplir con el mandato legal.
Como bien se dijo, se trataría de una verdadera discrecionalidad, la cual concedería a la Administración la competencia de aplicación de normas que circunscriben conceptos normativos indeterminados en su supuesto de hecho, junto con un amplio margen de apreciación. Conforme al mismo, la Administración Pública podrá dirigir su actuación acercándose a una u otras de las soluciones válidas permitidas por la norma. Sin embargo, la jurisprudencia mayoritaria mantiene que, en cada caso concreto, sólo existe una decisión válida: o la situación es subsumible bajo el concepto indeterminado, o no lo es.
Como ejemplo tenemos la STS 3391/2015, que en su fundamento 4º establece: “Los actos administrativos discrecionales, en general, y los relativos a la discrecionalidad técnica, en particular, deben ser motivados, pues tal es la sujeción que impone el artículo 54.2.f) de nuestra Ley Jurisdiccional. Pero, es más, esta exigencia de motivación ha de ser más intensa precisamente en los actos de carácter discrecional, pues esa libertad de decisión, que comporta el ejercicio de potestades discrecionales, conlleva que deban explicarse las razones por las que se adopta una decisión y no otra”.
Dicho lo cual, es de necesario análisis el artículo 15 de la Ley 52/2007 en su conjunto. Mientras que el apartado 1º concede libertad de actuación a las Administraciones Públicas, el segundo apartado desmonta completamente esa versión, estableciendo que: “lo previsto en el apartado 1º no será de aplicación cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o religiosas protegidas por ley”.
Hasta este punto, se podría entender que la placa que los operarios del Ayuntamiento retiraron pertenecía al cementerio de una Iglesia y, por lo tanto, era un cementerio privado.
Dicha afirmación se podría englobar en este apartado 2º, como “menciones de estricto recuero privado, sin exaltación de los enfrentados (…) por razones religiosas protegidas por la ley”, al tratarse del fusilamiento de ocho frailes. Lo mismo podría decirse del derribo del monolito, el cual se podría entender como un monumento conservado por “razones artísticas, arquitectónicas (…) protegidas por ley”.
Conforme a la retirada del monolito, es preciso saber que la ORDEN CUL/3190/2008 impone una excepción para dicha retirada, relativa a aquellos símbolos que se encuentren en un bien calificado como Bien de interés cultural, siempre que se den los siguientes supuestos: 1. Significado histórico.
2. Valor artístico o artístico-religioso.
3. Criterios técnicos.
Sería el primer requisito, de significado histórico, el referente al monolito y que podría servir como elemento para una posible impugnación de la actuación del Ayuntamiento de Madrid. Lo mismo podría suceder con la retirada de la placa respecto del segundo requisito, valor artístico-religioso.
Finalmente, es destacable mencionar que en su momento era de aplicación el último y 3º apartado del art. 15 de la Ley 52/2007, afirmando que “el Gobierno colaborará con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales en la elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la Dictadura a los efectos previstos en el apartado anterior”. Bien es cierto que se produjeron, concretamente, dos acuerdos, pero en ningún momento se elaboró un catálogo de vestigios en presencia de las CCAA y EELL.
CONCLUSIÓN.
Conforme a lo analizado anteriormente, se puede llegar a la conclusión de que el Ayuntamiento de Madrid no actúa de manera totalmente correcta, que no cumplimentó determinados requisitos para la retirada de símbolos y monumentos franquistas y que, como consecuencia, sería de clara impugnación por la oposición como aquellos interesados o afectados que no estuviesen conformes con lo expuesto.
Dicho lo cual, se podría interponer un recurso administrativo de alzada, a través del cual se pretendería que el órgano administrativo revisase el mencionado acto por otro órgano dependiente jerárquicamente de él, con la intención de que rectifique el mismo.
CORRECIÓN DEL PROFESOR: “Se identifican los problemas a tratar correctamente. Falta una referencia al cauce procesal para reaccionar frente a la vía de hecho. Matizaciones: no hay discrecionalidad en la retirada de los símbolos previstos por la LMH; no hay indiferentes jurídicos porque no es igualmente válido retirarlos o no. Lo que hay son conceptos normativos indeterminados. Donde hay discrecionalidad técnica (que no volitiva) es en la excepción del 15.2. No resulta de aplicación la Orden Ministerial, referida a los símbolos ubicados en edificios de la AGE.
Buen trabajo”.
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