DP libro, Lección 1 y 3 resumen (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Criminología y Políticas Públicas de Prevención - 2º curso
Asignatura Derecho Penal (atribución de la responsabilidad penal)
Profesor L.
Año del apunte 2014
Páginas 7
Fecha de subida 31/03/2015
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Lección 1: El Derecho Penal I. EL DERECHO PENAL COMO MEDIO DE CONTROL SOCIAL El DP constituye uno de los medios de control social existentes en las sociedades actuales. Es un medio de control jurídico formalizado. Intenta evitar determinados comportamientos sociales indeseables acudiendo para ello a la amenaza de la imposición de distintas sanciones para el caso de que dichas conductas se realicen. El D.P se caracteriza por prever las sanciones en principio más graves (las penas y medidas de seguridad) para evitar los delitos.
El poder punitivo, reservado al Estado, sólo puede ejercerse de acuerdo con lo establecido en las normas legales, a aprobar por los representantes del pueblo en los países democráticos. Las normas que constituyen el DP deben determinar con la mayor precisión posible qué conductas pueden considerarse constitutivas del delito y qué penas pueden sufrir quienes las realizan.
Esto se llama principio de legalidad.
El DP sólo determina las penas o medidas de seguridad que pueden imponerse en un proceso judicial penal.
Las sanciones administrativas se distinguen de las penas por razón del órgano llamado a imponerlas, si la sanción ha de decidirla un órgano de la Administración pública, entonces se trata de una sanción administrativa. Si la impone un tribunal judicial o juez, será penal.
II. DERECHO PENAL EN SENTIDO OBJETIVO Y SUBJETIVO Objetivo: Conjunto de normas penales.
Subjetivo (ius puniendi): Derecho que corresponde al Estado a crear y aplicar en derecho penal objetivo.
Por norma general, cuando hablamos del derecho penal nos referimos al derecho penal objetivo.
III. EL DERECHO PENAL OBJETIVO VON LISZT decía: El DP es el conjunto de reglas jurídicas establecidas por el Estado que asocian el crimen, como hecho, a la pena, como legítima consecuencia.
Sin embargo, a esta definición hay que añadirle que el DP ahora dispone, a parte de las penas, de las medidas de seguridad. No sólo se centra en las penas y medidas de seguridad, sino que también comprende las normas que se dirigen a los ciudadanos para que no cometan delitos.
No sólo constituye normas dirigidas a los jueces obligándoles a imponer penas o medidas de seguridad, sino también un conjunto de normas dirigidas a los ciudadanos que les prohíben, bajo la amenaza de una pena, la comisión de delitos. El D.P está integrado por normas de carácter estricto, y también por principios y valoraciones.
IV. LAS PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD COMO COMPONENTES DE DERECHO PENAL PenaConstituye la sanción tradicional que caracteriza al D.P y es su arma fundamental. Es un mal con el que amenaza el D.P para el caso de que se realice una conducta considerada delito.
Medidas de seguridadNo suponen la amenaza de un mal para el caso de que se cometa un delito, sino un tratamiento dirigido a evitar que un sujeto peligroso llegue a cometerlo. La pena se impone por un delito cometido, las medidas de seguridad se imponen para evitar que se llegue a cometer. Las medidas de seguridad suponen a menudo una privación de derechos básicos de la persona en un grado no menos que la pena.
Las penas y medidas de seguridad persiguen la prevención de delitos.
V. DEFINICIÓN DE DERECHO PENAL OBJETIVO Después de la introducción de las penas y medidas de seguridad, VON LISZT define ahora el DP objetivo como: Normas jurídicas que asocian al delito, como presupuesto, penas y/o medidas de seguridad, como consecuencia jurídica.
Este derecho, no solo consiste en la fijación de penas y medidas de seguridad, sino que también supone normas que prohíben la comisión de delitos.
Por tanto, podríamos definir ahora así el DP: Conjunto de normas, valoraciones y principios jurídicos que desvaloran y prohíben la comisión de delitos y asocian a éstos, como presupuesto, penas y/o medidas de seguridad, como consecuencia jurídica.
V.I DERECHO PENAL Y RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DEL DELITO Además de penas y/o medidas de seguridad, la comisión de un delito acarrea una tercera consecuencia jurídica: la responsabilidad civil derivada del delito.
La comisión de un delito puede ocasionar un daño patrimonial y/o moral en la víctima u otros perjudicados. Mediante la pena no se enmienda al perjudicado por dicho daño; para ello se prevé la responsabilidad civil. El autor del delito deberá reparar el daño económico causado o indemnizar los perjuicios mediante el pago de una cantidad.
Responsabilidad civilReparación de un daño que trata de establecer la situación alterada por dicho daño. El deber de reparar se impone a aquel sujeto que ha causado el daño en determinadas circunstancias.
En el derecho español, el CP regula la responsabilidad civil derivada del delito. En la actualidad, en ciertos casos, se contempla la reparación económica del daño causado a la víctima como una de las exigencias que impone una adecuada consideración de la víctima como uno de los protagonistas centrales del delito.
Si por DP se entiende el conjunto de las prescripciones penales en sentido estricto, las prescripciones reguladoras de la responsabilidad civil derivada del delito no podrán considerarse parte del DP, porque se diferencian de las prescripciones penales.
VII. DERECHO PENAL, CIENCIA DEL DERECHO PENAL, CRIMINOLOGÍA Y POLÍTICA CRIMINAL La ciencia del DP se presenta como una ciencia normativa.
La criminología clásica persigue estudiar el delito como una realidad natural independiente de aquellas normas e instituciones. Este planteamiento es rechazado hoy por la criminología crítica que se dirige a la atención del estudio sociológico de las instancias del control penal.
La política criminal consiste en aquel sector de la política que guarda relación con la forma de tratar la delincuencia: se refiere al conjunto de criterios empleados o a emplear en el tratamiento de la criminalidad. Es una orientación práctica. También se considera la PC como una rama del saber que tiene por objetivo de estudio la PC efectivamente seguida por el Derecho penal o que éste debería expresar.
VIII. EL DERECHO PENAL ESPAÑOL El DP vigente en España se contempla en el CP y en otras leyes penales especiales. EL CP se publicó en 23 de noviembre del 1995. Buena parte de su contenido procede de los códigos anteriores.
La Constitución de 1812 proclamó la necesidad de un CP que había de supera el estado de la legislación penal del Antiguo Régimen. Esto no se puedo llevar a cabo, a causa de la Restauración, y hubo que esperar al trienio liberal para que se promulgara el primer código del 9 de julio de 1822. Tras la Constitución de 1845 se promulgó el CP de 19 de julio de 1848.
Tras la reforma de 1850 no hubo nuevo código hasta 1870. Este código se convirtió en definitivo y es el que ha regido durante más tiempo en nuestro país.
A principio del s.XX se aprobaron la condena condicional, la libertad condicional y la jurisdicción de los Tribunales tutelares menores. El código siguió en vigor hasta 1928, cuando se sustituyó por el “Código de la dictadura” de Primo de Rivera. Éste introdujo instituciones modernas como las medidas de seguridad. Rigió hasta que llegó la segunda República, qu determino de inmediato la vuelta la código del 1870, hasta que en 1932 se reformó, dando lugar al Código del 1932.
La sustitución de la República por el régimen de Franco dio lugar código del 1944. Finalmente, en 1995 se volvió a modificar el CP.
2. LÍMITES ESPACIALES DEL DERECHO PENAL ESPAÑOL Y EXTRADICIÓN Algunos de los principios de delimitación espacial de las legislaciones penales de diferentes estados son: - Principio de territorialidad: El Derecho español es aplicable a los hechos delictivos cometidos dentro del territorio español. El territorio español incluye también un espacio aéreo y marítimo.
 El Principio del pabellón hace extensible la aplicación del DP español a los hechos cometidos en una embarcación o aeronave española, aunque esto, no obsta a lo previsto en los tratados internacionales en que España sea parte.
- Principio de personalidad: Permite aplicar el derecho penal español en ciertos casos a españoles que delinquen en el extranjero. Conocerá los hechos previstos en las leyes penales españolas como delitos, aunque hayan sido cometidos fuera del territorio nacional, siempre que los criminalmente responsables fueran españoles o extranjeros que hubieran adquirido la nacionalidad española con posterioridad a la comisión del hecho y concurrieron los siguientes requisitos: - Que el hecho sea punible en el lugar de la ejecución - Que el agraviado o el Ministerio Fiscal denuncien o interpongan querella ante los tribunales españoles.
- Que el delincuente no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero, o, en este último caso, no haya cumplido la condena. Si sólo la hubiere cumplido en parte, se le tendrá en cuenta para rebajarle proporcionalmente la que corresponda.
- Principio real o de protección: Hace aplicable el Derecho penal español a determinados hechos cometidos en el extranjero contra ciertos bienes jurídicos que se considera necesario proteger de tales ataques extranjeros. Este da lugar a que el derecho penal español se extienda a hechos cometidos fuera del territorio español que constituyan determinados delitos lesivos de intereses del Estado español.
- Principio de derecho universal: Fundamenta la aplicación del derecho español a ciertos delitos que lesionan bienes supranacionales cualquiera que sea el lugar de su comisión o la nacionalidad del autor.
Para que el DP español pueda aplicarse efectivamente a un sujeto en los casos mencionados anteriormente, es preciso que se encuentre a disposición de los Tribunales españoles. Si el sujeto está en un país extranjero habrá que distinguir según se trate de un Estado de la UE o no.
Si el sujeto se encuentra en un país no perteneciente a la UE, el estado español puede solicitar la extradición (extradición activa) si el derecho del país lo permite o si lo permite el principio de reciprocidad. España puede conceder también la extradición de un delincuente a otro país (extradición pasiva).
Estas extradiciones responden a ciertos principios: - Principio de legalidad: Delito por el que se solicita la extradición ha de hallarse por una norma escrita.
- Principio de especialidad: Impide que el extraditado sea juzgado por delito distinto del que motivó su extradición.
- Principio de identidad de la norma: El hecho fundamentador de la extradición ha de constituir delito tanto en el país requirente como en el requerido.
- Principio de la no entrega por delitos políticos: Que la constitución consagra excluyendo los delitos del terrorismo.
- Por delitos puramente militares o por faltas o sanciones administrativas, etc.
Si el sujeto se encuentra en un país de la UE, la ley sobre la orden de detención Europea, permite reclamarlo directamente por el juez español competente emitiendo una orden de detención europea dirigida al juez competente del país en que se encuentre el sujeto. No son aplicables entonces los principios y reglas de la extradición, ni el procedimiento previsto para la misma.
Lección 3: La función del Derecho penal I. LAS TEORÍAS DE LA PENA 1. LAS TESIS DE LA RETRIBUCIÓN Asignarle a la pena la función de retribución exigida por la justicia por la comisión de un delito.
El mal no debe quedar sin castigo y el culpable debe encontrar en él su merecido.
- Fundamentación ética: Según Kant, el hombre es un fin en sí mismo que no es lícito instrumentalizar en beneficio de la sociedad, no sería éticamente admisible fundar el castigo del delincuente en razones de utilidad social. Sólo es admisible basar la pena en el hecho de que el delincuente la merece según las exigencias de la Justicia: La Ley penal se presenta como un “imperativo categórico”.
- Fundamentación jurídica: Hegel creía que el carácter retributivo de la pena se justifica por la necesidad de restablecer la vigencia de la “voluntad general” representada por el orden jurídico que resulta negada por la “voluntad especial” del delincuente.
Si la voluntad general es negada por el delincuente, entonces habrá que negar esta negación a través del castigo penal para que surja de nuevo la afirmación de la voluntad general. La pena se concibe como reacción (negación de la negación) que mira al pasado (al delito y al restablecimiento del orden jurídico) y no como instrumento de fines utilitarios.
Lo que pretende la teoría de la retribución es asignarle a la pena la función de realización de la Justicia. La pena debe guardar una cierta proporcionalidad con el delito. Esta teoría impone la pena con carácter absoluto, debido a la función de realización de la justicia, por eso también reciben el nombre de teorías absolutas.
2. LAS TEORÍAS DE LA PREVENCIÓN Asignan a la pena la misión de prevenir delitos como medio de protección de determinados intereses sociales. Se trata de una función utilitaria pues, la pena es necesaria para el mantenimiento de ciertos bienes sociales. Es un instrumento dirigido a prevenir delitos futuros. Mientras que la retribución mira al pasado, la prevención mira al futuro.
Las teorías preventivas reciben el nombre de teorías relativas porque las necesidades de prevención son relativas y circunstanciales. Distinguimos: - Prevención general: Concibe la pena como medio para evitar que surjan delincuentes de la sociedad. Para FEUERBACH, la pena sirve como amenaza dirigida a los ciudadanos por la ley, para evitar que delincan.
Los hechos que por ser menos graves no se ven obstaculizados por fuertes barreras en la moral social, deberían ser castigados con las penas más graves, para contrarrestar la frecuencia de su realización y la debilidad de los contraestímulos sociales. Por otra parte, hechos de mayor gravedad deberían ser objeto de penas de mínima cuantía, precisamente porque su gravedad constituye un eficaz freno que hace mucho menos necesario el recurso de la pena estatal.
- Prevención especial: Tiende a prevenir los delitos que puedan proceder de una persona determinada. La pena quiere evitar que quien la sufre vuelva a delinquir. Esta prevención, opera cuando se impone o ejecuta la pena. VON LISZT consideró que la pena sólo podía justificarse por su finalidad preventiva. En el “programa de Marburgo” sentó en siguiente programa político-criminal: - La pena justa es la pena necesaria - La finalidad de prevención especial se cumple de forma distinta según las 3 categorías de delincuentes que muestra la criminología: a) Frente al delincuente ocasional la pena constituye un recordatorio que le inhiba de ulteriores delitos.
b) Frente al delincuente no ocasional pero corregible deben perseguirse la corrección y resocialización por medio de una adecuada ejecución de la pena.
c) Frente al delincuente habitual incorregible la pena ha de conseguir la inocuización a través de un aislamiento que puede llegar a ser perpetuo.
La función de la pena para VON LISZT es la de la intimidación, la corrección o resocialización, y la inocuización.
Sin embargo, la prevención especial, en algunos caso, puede no ser necesaria, en otros no será posible y en otros no será lícita y por tanto sería absurda la impunidad del sujeto.
3. LA COMBINACIÓN DE LAS FUNCIONES DE RETRIBUCIÓN Y PREVENCIÓN Es común a las distintas teorías eclécticas asignar al derecho penal la función de proteger la sociedad. Cabe distinguir dos direcciones Por una parte, quienes creen en la protección de la sociedad ha de basarse en la retribución justa y en la determinación de la pena conceden a los fines de prevención un mero papel complementario. Esto constituye una visión conservadora. Para ellos el DP debe cumplir la función de protección y la de realización de justicia.
Por otra parte, los progresistas creen que el fundamento de la pena es la defensa de la sociedad. Ellos creen que el DP sólo debe cumplir con la función de protección.
ROXIN pretende aunar los puntos fuertes de las diferentes teorías de la pena en una “concepción superadora” y suprimir o mitigar los puntos débiles a través de un sistema de complementación y limitación. Centra los fines de la pena según estas fases: - Conminación legal: la función de la pena es la protección de los bienes jurídicos. La ley penal solo puede dirigirse a la colectividad intentando la prevención general, pero no como utilidad ideal, sino para proteger los bienes jurídicos.
- Aplicación judicial: la imposición de la pena por el juez es la confirmación de la seriedad de la amenaza abstracta expresada por ley, la pena no puede sobrepasar la culpabilidad del autor. El juez debe respetar el límite de la culpabilidad por el hecho (retribución) y tener en cuenta consideraciones de prevención especial.
-Ejecución: Reafirma las fases anteriores y tiende hacía la prevención especial positiva, hacía la resocialización.
II. LA FUNCIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Las medidas son un tratamiento que no responde a los mecanismos de conminación legal, norma imperativa e infracción. Su función es prevenir delitos frente a un sujeto peligroso (prevención especial). Si la función genérica de las medidas de seguridad es la prevención especial, a las distintas clases de medidas corresponden funciones específicas: - Las medidas terapéuticas: Función básica la curación o mejora de salud.
- Las medidas educativas: Pretenden reeducar al sujeto.
- Las medidas puramente asegurativas: Cumplen la función de inocuización, y a ser posible, de resocialización.
Las dos primeras pretenden beneficiar al sujeto, mientras que la última beneficia más a la sociedad.
III. LA FUNCIÓN DEL DP EN EL ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO La pena es un instrumento que puede usarse para fines diversos.
- Estado moderno: Su función depende de los cometidos que se atribuyan al Estado.
- Estado de base teocrática: Es la exigencia de justicia, análoga al castigo divino.
- Estado absoluto: Herramienta ilimitada de sometimiento de los súbditos.
- Estado liberal: Exigencia de justicia, base de la retribución La tendencia intervencionista del Estado social condujo en algunos países a sistemas políticos totalitarios. Los horrores que ello acarreo, hizo evidente la necesidad de un Estado que, sin abandonar sus deberes con la sociedad reforzase sus límites jurídicos en un sentido democrático. Así surgió el Estado social y democrático de Derecho.
IV. LA FUNCIÓN DE LA PENA EN LA LEGISLACIÓN PENAL ESPAÑOLA VIGENTE A menudo, en el CP la pena es un mal que se impone en cuanto tal mal como respuesta a la comisión de un delito. Este concepto de pena como castigo no ha de prejuzgar la solución a la cuestión de la función de la pena, pues esta protege la función preventiva de defensa de bienes jurídicos.
La prevención general y especial tienden a la evitación de delitos como forma de protección social.
¿CÓMO SE COMBINAN ENTONCES LAS FUNCIONES DE PREVENCIÓN GENERAL Y ESPECIAL EN NUESTRO DERECHO? En el momento de la conminación legal no puede buscarse la prevención especial frente al delincuente que todavía no puede existir, después procederá la función de prevención general.
Esta prevención tiende a evitar ataques a bienes jurídicos en la medida de su gravedad y de su peligrosidad. Esta misma prevención se confirma en las fases de aplicación judicial y de ejecución de la pena. Sin embargo, en la fase judicial puede intervenir la prevención especial, junto con la idea de proporcionalidad y/o la peligrosidad criminal del sujeto.
La idea de la prevención especial sólo puede ser tenida en cuenta por el Juez. Esta prevención podrá conducir a la apreciación de la condena condicional dentro de ciertos límites que aseguren la prevención general.
Por último, en la fase de la ejecución de la pena, la Ley General Penitenciaria confirmando la Constitución, impone expresamente la función de prevención especial, como resocialización, a las penas privativas de libertad. En las demás penas, la prevención especial constituye una consecuencia implícita a la intimidación que supone su ejecución para el delincuente.
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