Los contratos del sector público (0)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Derecho - 3º curso
Asignatura Contratación y Actividad de la Administración
Año del apunte 0
Páginas 27
Fecha de subida 05/06/2014
Descargas 14
Subido por

Vista previa del texto

BLOQUE 1. LOS CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO TEMA 1. LOS CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO Junto a la actividad reglamentaria, también se encuentran los actos administrativos (como las licencias de obras). Estos se pueden definir como decisiones unilaterales de las AP pero jurídicamente formalizadas, que dicta ésta en el ejercicio de potestades administrativas.
Junto al acto administrativo y junto a los reglamentos, aparecen convenios y contratos.
- Convenios  acuerdo de voluntades para satisfacer un interés público que se va a insertar en el procedimiento administrativo, con carácter previo, o bien con carácter sustitutivo de la decisión final. Junto con los contratos, se habla de una actuación bilateral.
- Contrato  en el ámbito del derecho administrativo, igual que en derecho civil, es un pacto del cual se derivan derechos y obligaciones para las partes.
En la actualidad, la sensación pública, cada vez más, acude a la vía de los convenios, de los acuerdos, de los pactos, celebra contratos. Es decir, la AP intenta llegar a acuerdos con los ciudadanos. En este sentido, se viene produciendo desde un tiempo, la necesidad de buscar la convergencia de voluntades. Desde la doctrina francesa se dice que AP utiliza la táctica de la seducción. El complejo social es tan extraordinario hoy en día, que AP busca tender a la contratación, es decir, al acuerdo.
De ahí nacen distintos tipos de convenios.
- Convenios entre dos AP (art. 6 30/92) - Convenios entre AP y ciudadanos. La AP pacciona con el ciudadano, y la AP deja un poco de lado, en alguna medida, sus prerrogativas. Este tipo de convenios pueden ser de distintos tipos  Convenios expropiatorios  la AP puede decidir expropiar un determinado bien, es decir, hay una causa de interés general que habilita a la AP para expropiar y privar de bien a un particular. Puede suceder que se pacte con el ciudadano el precio que va a pagar, y para realizar el pacto, se plasme en convenio expropiatorio. Ello puede consistir en un pagar un dinero o bien no pagar dinero sino con cesión de terrenos, etc.
 Convenios urbanísticos  pueden haber pactos de lo más variado. Por ejemplo, un tipo de convenio que se integra en el plano urbanístico, puede incluir cesión de terrenos del particular para que se construyan viales y a cambio recibirá como contrapartida la posibilidad de ampliar el volumen de su terreno o parcela restante que quede después de la cesión. A su vez, pueden aparecer convenios de urbanismo concertado, en este caso, se verá como la AP en vez de ella misma llevar a cabo la elaboración de un determinado tipo de plan (programa de actuación urbanística) va a buscar la iniciativa privada, para que este programa, que establecerá previsiones concretas para un tipo de suelo, se celebrará un concurso público, y será precisamente, desde la iniciativa privada, que se procederá a urbanizar una determinada zona. Ambas partes, tanto AP como iniciativa privada, van a asumir una serie de derechos y obligaciones, cada una de ellas, para proceder a realizar dicha urbanización.
 Convenios colectivos de la función pública  este tipo de convenios recogen una serie de condiciones que son negociables de los funcionarios públicos.
 Conciertos  acuerdos (en materia de enseñanza, de tipo sanitario, etc) entre AP y los ciudadanos, sobre la prestación de un servicio público, que va a dejar de prestar la AP y lo prestará el particular siempre que se cumplan determinados requisitos que se establecen en ese concierto.
“Consideraciones generales” Desde el ingreso de España en la Comunidad Económica Europea se han producido una serie de cambios muy relevantes. La UE dictó todo un paquete de directivas sobre contratación pública, que han ido constituyendo distintos paquetes de directivas en distintos momentos. En los años 70 se promulgaron las primeras, y ya éstas ya venían a imponer que en materia de contratación existen una serie de fases que deben estar sometidas por igual las AP de los distintos estados miembros a la misma normativa.
La UE al dictar estas directivas, lo que hace es igualar, para que todos los Estados miembros, en esas fases, sea cual sea la normativa de los distintos estados miembros, todos apliquen la misma directiva que busca garantizar que se evite que se contrate nacional. Cuando se está produciendo una licitación de un contrasto público (ejemplo: obras para hacer el ave, se trata de evitara que se contraten a empresas del estado que hace la convocatoria). Busca que no se tienda a dar la licitación y adjudicar el contrato a una empresa nacional, se trata de evitar contratar empresa nacional y por lo tanto garantizar la mayor competitividad de empresas que concurren en los distintos Estados miembros.
En los años 90 aparecieron nuevas directivas que incluyeron distintos aspectos de liberalización. La UE ha dictado directivas que se refieren a aspectos sustantivos (directivas sustantivas) de la contratación. Pero junto a estas de carácter sustantivo, aparecen directivas procesales (directivas que buscan el cumplimiento de directivas sustantivas), ya que se dan cuenta que efectivamente contar con directivas que regulen aspectos sustantivos sin ir acompañadas de directivas que regulen el cumplimiento de las sustantivas, no sirve de nada. Así, las procesales, ofrecen vías de recurso ante las infracciones que se puedan cumplir en el campo de la contratación pública.
Todo este grupo (tanto sustantivas como procesales), se pueden distinguir: - Directivas que se refieren a la contratación en general - Directivas que regulan la contratación pero en determinados sectores (sectores excluidos  energía, agua, transportes y hasta hace no mucho tiempo las telecomunicaciones [se han liberalizado], ahora ya no, y aparecen los servicios postales). Hoy en día ya no se llamarían excluidos, sino especiales, porque están incluidos en reglas especiales de la contratación.
La normativa de contratación estatal trae causa de lo que se establece en derecho comunitario. La primera norma de contratación es en el 65. En el 95 aparece la primera ley de contratos de las AP. A partir de ahí, se ha ido sucediendo un rosario de normas, que muchas de ellas han modificado lo que establecía la normativa de contratos.
RD legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, que aprueba el texto refundido de la Ley de contratos del sector público. Este texto ha sufrido las correspondientes modificaciones.
Refunde la Directiva 2004/18 pero no la 2004/17.
La normativa pública de contratación que se dicta en España trata de dar cumplimiento a las previsiones de las normativas comunitarias en materia de contratos. El derecho comunitario europeo ha acuñado un concepto de contrato público, y por lo tanto, ha trascendido a la idea o al concepto que se manejaba de contratos administrativos, porque éste último concepto no se utiliza en todas las legislaciones de los estados miembros (como Alemania). Además, lo que trata es de homogeneizar la contratación regulada en los diferentes estados miembros.
Hoy contamos con las siguientes directivas sustantivas: - Directiva 2004/18/CE del Parlamento y el Consejo que ha refundido toda una serie de directivas anteriores (92/50 sobre contratos públicos de servicios, 93/36 sobre los contratos de suministro, 93/37 sobre contratos de obras) - Directiva 2004/17/CE del Parlamento y del Consejo, que se refiere a la contratación en los sectores antes llamados excluidos (energía, agua, transportes y servicios postales).
- Directiva 71/306 que crea el Comité Consultivo para los contratos de obras.
- Directiva 2001/78 que modifica las directivas de los distintos contratos, y que se refieren a la publicación de los anuncios de los contratos públicos.
Junto a todas éstas (directivas sustantivas), aparece un paquete de directivas procesales. En este grupo, aparecen dos directivas, que son la correspondencia procesal de la 2004/18 y 2004/17: - Directiva procesal 89/665 > correspondencia de la Directiva sustantiva 2004/18 - Directiva procesal 92/13 > correspondencia de la Directiva sustantiva 2004/17 Estas directivas recogen un régimen de recursos especial en la aplicación de los contratos. No basta con los recursos administrativos que existe en nuestro ordenamiento jurídico (alzada, reposición, etc.) Hace falta un recurso específico, ad hoc y especial en el ámbito de la contratación. Se precisa que los recursos que se plantean sean ágiles, se den respuestas rápidas e inmediatas. Si un recurso llega, pero lo hace tarde, no produce ningún tipo de efecto. Debe ser, por lo tanto, un recurso útil y eficaz. Además, estas directivas protegerán la competencia en este mercado de contratación pública que, realmente, es la preocupación primordial de estas directivas de recursos.
Las funciones principales de estas directivas procesales son las siguientes:  Tutelar derechos e intereses de contratistas indebidamente excluidos  Proteger la competencia en el mercado de la contratación pública Propuestas de Directiva - Propuesta de directiva que sustituirá a la 2004/18, que se refiere a los procedimientos de contratación general en suministros, obras y servicios - Propuesta de directiva que sustituirá a la 2004/17 de servicios excluidos (o especiales) - Propuesta de directiva que regulará el contrato de concesión porque las autoridades comunitarias han advertido como en esto se produce un caos regulatorio y se regule, por lo tanto, el marco regulatorio de las concesiones.
------------------------------------------------------------------------------------------------------ El RD 3/2011, se dicta por parte del Estado en el ejercicio de la competencia que prevé la CE en art.
149.1.18 que atribuye al Estado la competencia en materia de AP. Esto lo hace por dos razones: - Porque aparecen implicadas importantes garantías de los administrados contratistas, que deberán tener una regulación unitaria - Por la importancia “””” - Porque efectivamente nos vamos a encontrar que la contratación pública se erige en uno de los principales carriles en los cuales actúan las AP. Es decir, es uno de los principales ejes de las AP En este sentido, la competencia para transponer el derecho comunitario y europeo y, por lo tanto, para adaptarlo, corresponde al Estado mediante normativa básica. A las CCAA les va a corresponder la legislación complementaria. Por ejemplo: Navarra cuenta con la ley foral 6/2006, de 9 de junio, que regula aspectos de la contratación, pero complementarios.
Siempre se deberá interpretar la normativa comunitaria de acuerdo con las previsiones del derecho comunitario. Las transposiciones de las normas comunitarias pueden hacerse correctamente o no, o bien fuera de plazo. La realidad es que en el ordenamiento se dan todos los casos, la mayoría de ellos no dentro del plazo establecido.
Esta ley ha derogado la Ley de contratos del sector público de 2007 pero ha recogido los cambios que se han producido después en la ley de economía sostenible La norma recoge una serie de cuestiones, que ya recogía la de 2007, y que ha hecho que se perpetúen ciertas anomalías.
Regula los siguientes tipos de contratos: - Los contratos administrativos (no existe esto en derecho comunitario) - Los contratos privados - Los contratos sujetos a regulación armonizada, conocidos como contratos SARA (contratos que realizan determinados entes que son poder adjudicador para determinados tipos de contratos que alcanzan un determinado umbral comunitario, es decir, una cifra en euros, por encima de esa cantidad, se someten a las reglas públicas de contratación, si están por debajo, no se someten a éstas, sino a otras) y contratos NO SARA.
“Consideraciones generales” Existen distintos paquetes de directivas que se han ido aprobando y cada una de ellas respondía a una serie de finalidades concretas. Las primeras buscan la liberalización, las posteriores buscan una regulación existente entorno de quienes eran los poderes contratantes. Las últimas, son unas directivas que buscan la flexibilización, que se flexibilicen los procedimientos de contratación, que se simplifiquen, etc. Pero la realidad, es que estos objetivos no se han conseguido. Esto que se buscaba ha sido un objetivo a perseguir que en la práctica no se ha conseguido. Por ello se han puesto sobre la mesa las tres propuestas de directiva distintas. La primera, dirigida a la contratación en general, la segunda de servicios excluidos y la tercera dedicada exclusivamente a las concesiones.
Se intentaba agilizar procesos mediante electrónica, y la UE no se ha impuesto tampoco, y esta ha sido una de las cosas que ha fracasado. Una de las propuestas impone esta idea, la utilización de medios electrónicos.
Las nuevas propuestas de contratación tienen, tanto de la propuesta de contratos en general como la de sectores excluidos, los siguientes objetivos: - Que los procedimientos de contratación, realmente, sean más sencillos y flexibles - Facilitar un acceso más fácil de las PIMES (pequeñas y medianas empresas) al campo de la contratación. Las PIMES tienen un acceso muy limitado y se intenta favorecer esto - Permitir que los compradores utilicen mejor la contratación pública. Y ello se refiere a lo que lo utilicen mejor para conseguir otra serie de objetivos, como pueden ser objetivos sociales, medioambientales o de innovación - Garantizar la integridad en todo el procedimiento de adjudicación de contratos En cuanto a la propuesta relativa a las concesiones, en principio cubre una laguna legal que existía entorno a dicha cuestión, no se había regulado en torno a las concesiones. Y, a su vez, busca poner cierto orden y clarificar qué ocurre con las concesiones tratando de conseguir así pues acabar con la inseguridad jurídica existente, y las regulaciones que hay son barreras de acceso en cada estado miembro. También busca estimular la inversión privada acudiendo a la fórmula, que es un nuevo contrato, el contrato de colaboración público privado CPP. Para hacer frente a grandes obras no se puede pretender que sea vía obra gasto presupuestario. No basta con el capital público.
Ámbito subjetivo de contratación La legislación española de contratación solo se podrá entender en el contexto del derecho comunitario. Por lo tanto se deberá hacer una interpretación de nuestras normas según las directivas. En este sentido, desde los años 70, con las primeras directivas, se ha intentado desde el derecho comunitario, poner especial atención en el ámbito subjetivo de aplicación de la normativa de contratos públicos, y, en especial, se ha hecho hincapié en el concepto comunitario poder adjudicador o poderes adjudicadores  quienes son las entidades contratantes, quienes serán las administraciones o no obligadas a someterse a la normativa pública de contratos.
Las directivas comunitarias se basan en las sentencias del TJUE. Ello quiere decir que las directivas recogen lo que el TJUE ha ido perfilando en sus sentencias a la hora de determinar quiénes son poderes adjudicadores. Conforme va resolviendo el Tribunal de Luxemburgo los casos que se plantean, va determinando quienes son poderes adjudicadores, y esto lo hacen suyo las directivas.
Las directivas comunitarias tienen especial interés en incidir en la fase de preparación y adjudicación de los contratos (primeras fases). También es verdad que, con motivo de estas últimas directivas (2004/17 y 2004/18 y recogido en propuestas), se está teniendo más interés en la fase de adjudicación de contratos. Hay una corriente de regulación en la posibilidad de modificación de los contratos. Se está haciendo una regulación unitaria para la posibilidad de modificación de los contratos.
En conclusión, la normativa de contratos se debe interpretar de acuerdo con las directivas comunitarias y la jurisprudencia del TJUE.
Al margen del importe del contrato concreto que se licita, en todo caso la normativa de cada país que regula la contratación pública debe de respetar los principios comunitarios: - No discriminación - Reconocimiento mutuo - Igualdad de trato - Proporcionalidad - Transparencia No existiendo, por lo tanto, ámbitos de la contratación pública que queden exentos en función del umbral del contrato. El TJUE lo viene diciendo desde el año 2000 en distintas sentencias (ejemplo: ST 7 diciembre de 2000 [caso TeleAustria y Telefonadress], ST de 21 de julio de 2005 [caso Conaue]). Por lo tanto, el papel que desempeña el TJUE es muy relevante e importante.
El derecho comunitario, cuando debe definir el concepto de organismo de derecho público  aquella entidad adjudicadora en la cual concurran tres requisitos: 1. Que haya sido creada para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil 2. Que esté dotada de personalidad jurídica 3. Cuya actividad esté mayoritariamente financiada por el Estado, los entes públicos territoriales u otros organismos de derecho público o bien cuya gestión se encuentre sometida a un control por parte de todos estos, o bien cuyo órgano de administración, dirección o vigilancia esté compuesto por miembros más de la mitad de los cuales sean nombrados por el Estado, los entes públicos territoriales u otros organismos de derecho público (concurren de forma alternativa) Esto se ha plasmado en el art. 3.3.b de la ley de contratos. Para entender que era este concepto se han ido dictando distintas sentencias del TJUE. Con todo ello quiere decirse: - Cuando se trata de satisfacer necesidades de intereses general, el TJUE ha ido depurando este concepto, de manera que ha intentado resaltar que lo importante de esta expresión es la satisfacción necesidades de interés general. La segunda parte no tiene la importancia que otros le han querido dar. Por lo tanto, aunque tenga ánimo de lucro, debe satisfacer el interés general - Al TJUE no le importa el aspecto que tenga el ente.
- El TJUE da un concepto funcional de poder adjudicador y de organismo de derecho público, por lo tanto, el derecho comunitario no puede tener en cuenta el nombre con el que cada estado miembro dota a los distintos contratantes. No se pueden hacer interpretaciones forzadas que nos lleven a alejarnos de las reglas públicas de la contratación.
Para el derecho y la jurisprudencia comunitaria, el concepto de poder adjudicador engloba:  Estado  Entes territoriales  Organismos de derecho público  Asociaciones constituidas por uno o más de los citados entes Dentro del concepto, siempre y cuando reúnan los requisitos, entraran tanto personas jurídicas públicas como privadas. Si cumple los requisitos debe someterse, dando igual si está incluido en las listas que están en las directivas.
En este artículo se dibujan tres círculos concéntricos: - Primero  habla de cuáles son los entes del sector público. Adopta la terminología de la LGP - Segundo  habla que dentro del sector público, qué entes tendrán la consideración de Administraciones Públicas - Tercero  habla de a quienes se considerarán poderes adjudicadores Existen poderes adjudicadores que son AP y algunos que no lo son.
- 3.1  en este artículo se establece que forman parte del sector público los siguientes organismos (para los que son AP hay unas reglas de sometimiento, para los que no lo son, hay otras reglas distintas): 1. Administraciones territoriales (AGE, ACCAA, A locales) 2. Entidades gestoras y servicios comunes de la seguridad social 3. Organismos autónomos, Entidades públicas empresariales (EPES), Universidades públicas, Agencias y cualquier entidad de derecho público con personalidad jurídica propia que pertenezca al sector público incluyéndose aquellas que tengan independencia funcional y que tengan atribuidas funciones de regulación o control externo. Por lo tanto  entidades de derecho público 4. Sociedades mercantiles cuyo capital social de carácter público sean un 50% 5. Los consorcios que tengan personalidad jurídica propia 6. Fundaciones 7. Mutuas de accidentes de trabajo 8. Cualquier entidad, organismo o ente que tenga personalidad jurídica propia. Se añaden todos los requisitos para ser organismo de derecho público 9. Asociaciones constituidas por cualquiera de los entes anteriores - 3.2/3.3  distingue entre poder adjudicador (AP) y aquellos que son poder adjudicador (no AP)  Poder adjudicador AP 1. Administraciones territoriales (AGE, ACCAA, A locales) 2. Entidades gestoras de la seguridad social (porque son organismos autónomos, aunque presenten singularidades) 3. Organismos autónomos (existen en distintos niveles de AP estatal, CCAA y local) 4. Universidades públicas 5. Entidades de derecho público que tienen independencia funcional pero que ejercen funciones de regulación (ejemplo: Comisión nacional del mercado de valores) 6. Entidades de derecho público que estén vinculadas a una o varias AP y su actividad principal no consista en producir bienes y servicios en régimen de mercado, o bien, que no se financien (no tienen ánimo de lucro) mayoritariamente con ingresos obtenidos como contrapartida a la entrega de bienes. No obstante, no tendrán la consideración de AP las entidades públicas empresariales estatales y los organismos asimilados dependientes de CCAA y entes locales. Estos tendrán un nivel de aplicabilidad de la norma inferior, menos exigente.
7. De acuerdo con el art. 3.2 del texto refundo de la ley de contratos, también son poder adjudicador AP:  Órganos competentes del Congreso, Senado, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, Asambleas Legislativas de las CCAA y los organismos o instituciones autonómicas análogas al Defensor del Pueblo y Tribunal de Cuentas en lo que se refiera a la actividad de contratación. Es decir, en materia de contratación, todos estos órganos son considerador AP, por lo tanto se les exige un nivel de aplicabilidad de la normativa de contratos mayor que si se entendiera que no lo son.
 Diputaciones forales y las Juntas Generales de los territorios históricos del país vasco, siempre que se refiera a actividad de contratación.
 Poder adjudicador no AP 1. Entidades públicas empresariales (EPE). Aun así la LOFAGE tipifica como entes que forman parte de la AP estas EPE. En cambio, para esta ley, no son AP las EPES. Por lo tanto, se producen distorsiones a los ojos de una u otra ley. Un ente es o no AP en función de la ley que le aplicamos.
2. Todos los entes, organismos o entidades que tengan personalidad jurídica propia que no se consideren AP por esta norma cuando cumplan los requisitos establecidos por la normativa comunitaria para ser organismo de derecho público.
Si se trata de este perfil, diremos que es poder adjudicador pero no AP. Son los siguientes:  Entidades públicas empresariales estatales y cualquier organismo asimilado a nivel autonómico o local  Determinados organismos que la ley expresamente ha recogido en la Disposición Adicional vigésimo segunda (SEPI [Sociedad estatal de participaciones industriales], autoridades portuarias, puertos del Estado, Museo Nacional del Prado)  Sociedades mercantiles del sector público  Fundaciones del sector público  Asociaciones constituidas por entes, organismos y entidades que tengan la condición de poder adjudicador Solo pueden celebrar contratos administrativos, quienes sean AP un contrato de colaboración público privada, es un contrato administrativo, y solo lo podrá celebrar la AP y a los efectos de esta ley no son AP  contradicciones Los niveles de sujeción se establecen teniendo en cuenta, no solo criterios subjetivos, sino criterios de orden objetivo. En definitiva, nos llevan a varios regímenes jurídicos que se superponen y suponen todavía mayor complejidad.
Niveles de aplicabilidad de la normativa de contratos El legislador ha distinguido en diferentes niveles y grupos para los distintos niveles de aplicabilidad de la ley.
- En cuanto a los entes que se incluyen en el concepto de poder adjudicador AP, la normativa pública de contratos se aplica en su integridad (nivel máximo). Cuando se trata de un ente que es poder adjudicador AP, aplicamos en toda su integridad PERO si se trata de contratos administrativos, hay que tener en cuenta que de acuerdo con esta ley (art. 20) solo son contratos administrativos los contratos celebrados por AP. Pero las AP (también las que no son) no solo celebran contratos administrativos. Un ejemplo de contrato administrativo  AP presta servicio de transporte a través de una fórmula, no directamente ella (aunque a veces sí). También se celebran contratos privados. Por lo tanto, el legislador considera que la distinción entre contratos administrativos y contratos privados continúa vigente. En el art. 19 (contrato administrativo) y art. 20 (contrato privados). todos estos contratos se ven influenciados por una categoría nueva propia del derecho contrato (SARA o no SARA).
- Para aquellos entes que son poderes adjudicadores, pero no son AP, la aplicabilidad de la norma es parcial. Si celebra contrato SARA, se regirá por reglas de contratación cercanas a las de las AP, en lo que se refiere a la preparación y adjudicación. En cambio, si lo que celebra el poder adjudicador no AP, es un contrato no SARA, se asimilará al procedimiento de contratación del resto de entes del sector público, y, por lo tanto, la aplicabilidad de la ley será mínima.
- Para el caso del resto de entes del sector público, se aplicarán solo determinadas prescripciones de la ley de contratos del sector público. Se aplica la ley de forma tan mínima que los órganos de los entes del sector público se dan unas instrucciones internas de aplicabilidad de la normativa de contratos. Esto que significa que bastará con que este ente elabore y apruebe unas instrucciones internas, y el ente deberá ponerlas a disposición de todos los interesados que quieran participar y deberán publicarlas con el nombre de perfil del contratante. Es un instrumento de transparencia, de publicidad, donde se dirá qué contratos se hacen, cómo se hacen, etc. Ejemplo: en el proyecto de ley de transparencia se habla del portal de transparencia, y en éste se incluirán cuestiones relativas a contratación, entre muchas otras. Estas instrucciones internas no dan la seguridad jurídica que deberían dar. No se sabe el procedimiento que se sabe para dictar estas instrucciones internas. Si es un SARA, se aprobaran estas instrucciones.
Al resto de entes del sector público no se le aplicarán muchas de las normas de contratación, y esto supone otra vía de escape.
En conclusión, hay diferencias de régimen jurídico muy acusadas en función de quien es el ente que contrata y cuál es el tipo de contrato.
Ámbito objetivo (aclaraciones previas) - Contratos administrativos  solo pueden ser celebrados por AP.
Tendrán carácter administrativo los siguientes contratos: 1. Los contratos de concesión de obra pública: tiene por objeto la construcción de una obra incluida, a su vez, la reparación, demolición, conservación, etc. Pero en este caso, la contraprestación a favor del contratista consiste en el derecho a explotar la obra o bien, en ese derecho a explotar la obra, acompañado de percibir un precio. Esta fórmula es también muy antigua. Las grandes obras (por ejemplo, construcción de ferrocarril u obras hidráulicas) se siguieron mediante esta fórmula.
Se incluye en la Directiva 2004/18. Es una de las vías para conseguir financiar obras públicas que no sea vía presupuestaria, pues aparece un privado. El concesionario, tiene derecho a explotar, y además, que pueda ir acompañado de un precio. Es decir, puede decirse que es una forma de colaboración público-privada, se busca un medio alternativo al fondo público. El concesionario recibirá retribución, que puede consistir en:  Los rendimientos de su explotación que provendrá de un precio que pagan los usuarios  Por la propia AP  Incluso, el concesionario va a poder explotar zonas comerciales complementarias de las obras. Como se le permite esta explotación, está percibiendo una retribución. El gasto que ha tenido, lo vuelve a recuperar.
Este contratista asume el riesgo del contrato en función de la inversión que ha realizado. La duración del contrato no puede exceder de 40 años para los contratos de concesión de obra en general. Pero en el caso de obra hidráulica, no puede exceder de 75 años.
2. Contrato de obras: tiene por objeto la construcción de una obra o equivalente de construcción o ingeniería civil. Se incluye rehabilitación, reparación, conservación, mantenimiento o demolición. Si se trata de licitar, por ejemplo, el Museo del Prado, la ampliación, se trata de un contrasto de obras por ser la remodelación del museo.
Deben tener por objeto un bien inmueble para responder a necesidades de la entidad del sector público contratante y, de forma excepcional, puede incluir la redacción del correspondiente proyecto de obras (no siempre). Por lo tanto, no se trata de que el objeto del contrato sea amplio, el objeto principal debe ser realizar la obra.
3. Los contratos de gestión de servicios públicos (no se conoce en derecho comunitario): la AP encomienda a una persona jurídica, que no sea esa PJ una entidad de derecho público, ni que tampoco esa PJ sea de capital íntegramente público, le encarga la gestión de un servicio público desde la competencia de la AP encomendada. Se encomiendan actividades prestacionales que asume la AP (ejemplo: actividades sanitarias, de transporte). La gestión directa de los servicios supone que la AP va a prestarlos a través de su propia organización. Pero puede también prestar ese servicio acudiendo a una forma contractual (mediante contrato administrativo). Si utiliza la fórmula de un contrato, éste puede adaptar diferentes modalidades.
 Concesión: hay un particular, un empresario, que gestiona el contrato, y que lo hace a su riesgo y ventura.
 Gestión interesada: tanto el empresario como la AP, participan en los resultados de la explotación y asumen el riesgo. En la proporción que se estipulen en el contrato el riesgo que asumen.
 El concierto: la gestión del servicio se atribuye a persona natural o jurídica, que realiza actividades similares y parecidas en el ámbito privado. En el concierto también se pactan una serie de condiciones.
 Sociedades de economía mixta: mediante el correspondiente contrato se constituye este tipo de sociedad, y en este tipo, participan de un lado la AP, y de otro, un empresario (particular) de tal manera, que este empresario particular es seleccionado mediante el procedimiento de licitación único. A través de este procedimiento, se escoge al empresario y se adjudica el contrato.
No hay una doble licitación. Si no una única licitación donde se procede a escoger al empresario que va a prestar el servicio y al cual se le adjudica el contrato.
4. Los contratos de suministro: este es uno de los contratos de más antiguo origen en nuestro derecho y aparece recogido en el art. 9 de la LC. Este contrato tiene por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, el arrendamiento con opción o sin opción de compra, de bienes muebles. Se especifica en la ley que los contratos que tengan por objeto programas de ordenador, no tendrán la consideración de contrato de suministro (serán de servicios). Los contratos relativos a propiedades incorporales y valores negociables, tampoco. La definición contemplada es amplia y la nota común sería que en el contrato de suministros, el empresario entrega una pluralidad de bienes de forma sucesiva y por un precio unitario. Aquellos contratos que tengan por objeto la adquisición y arrendamiento de equipos y sistemas de telecomunicaciones o para el tratamiento de la información, sus dispositivos y programas, sí se considerarán contratos de suministros.
5. Los contratos de servicios: tiene por objeto prestaciones de hacer que consisten en realizar una actividad o bien que van dirigidas estas actividades a la obtención de un resultado distinto de una obra o un suministro. La antigua normativa de contratación se refería a ellos como contratos de consultoria y asistencia (de contenido intelectual). Aparecen en el Anexo 2 recogidos e incluyen, por ejemplo:  Servicios de limpieza  Servicios financieros  De seguridad jurídica  Servicios de informática  Servicios de arquitectura  Limpieza de edificios  De seguridad En determinadas ocasiones nos encontraremos que es difícil distinguir entre contrato de servicios y el contrato de concesión de servicios. Tanto es así que la jurisprudencia del TJUE ha tenido que acabar de perfilarlo al encontrarse con esta cuestión. Concretamente, hay un caso  CASO ACOSET SPA  ST 15 de Octubre de 2009  la diferencia reside en la contrapartida de la prestación del servicio. En un contrato de servicios, la contrapartida es pagada directamente por la entidad adjudicadora al prestador del servicio. En cambio, una concesión de servicios, la modalidad de retribución consiste en el derecho a explotar el servicio. Y en este caso, en la concesión, el prestador del servicio asume el riesgo vinculado a la explotación. Por eso el dato de la explotación es el elemento clave. En la concesión, la remuneración que recibe el prestador del servicio proviene, por ejemplo, de los pagos que efectúan, en este caso, los usuarios de un aparcamiento público. La posición del TJUE ha matizado diciendo que en el contrato de servicios se está llevando a cabo una serie de servicios para la Administración (por ejemplo: se celebra un contrato de servicios jurídicos por parte de la AP porque quiere saber si el Ayuntamiento debe someterse a la normativa de contratos de una determinada forma. Aquí se prestan servicios para la AP. No se produce una retribución al prestador del servicio, por parte de los usuarios). La realidad es que la división entre una u otra categoría de contratos es difusa, no queda muchas veces clara.
En el contrato de servicios la duración es de 4 años, prorrogable hasta 6 años.
6. Los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado (CPP, CONTRATOS DE COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA). Es un contrato que el derecho comunitario no ha regulado como tal, solo ha hecho referencias. Pues es una figura que incluye colaboraciones público privadas contractuales porque es una fórmula que lo busca es que el coste de las obras que se realicen, por ejemplo, no sean a cargo de presupuestos. Por lo tanto, se trata de no entrar en una vía que vaya directa a dinero público. Esto se hace mediante fórmulas de colaboración público-privada contractuales. Además, el derecho comunitario contempla formas de colaboración público-privada institucionales.
Estas fórmulas contractuales (CPP) ya existen fórmulas parecidas que responden a esta finalidad  contrato de concesión de obra pública. Pero luego existen las fórmulas CPP institucionales (Sociedades de economía mixta, cuando se recurren a fórmulas de creación de este tipo de sociedades, donde hay parte de capital privado, por lo tanto, hay una empresa, y una AP, esta sociedad es una fórmula institucional de colaboración público privada). Quizá, de cara a un futuro, se debería ser más riguroso al regular una u otra forma.
Este contrato se recoge en el art. 11 LC  es un modelo que se va llenando de contenido en función de las circunstancias, de lo que se quiere, de lo que sea el objeto del contrato. El art. recoge un objeto del contrato que es indefinido. De acuerdo con esta definición tan imprecisa, se podrá utilizar para cualquier actuación que sea de gran complejidad. Por ejemplo: para construir la plataforma oceánica de Canarias, se ha hecho un consorcio entre la AGE y el Gobierno de Canarias, y se acude a esta fórmula de CPP. Porque en el fondo, como son actividades complejas, al acudir a estas fórmulas, nos encontraremos que se debe utilizar en la adjudicación del contrato un procedimiento especial, distinto de los habituales.
Normalmente son abierto, restringido, negociado, etc. Aquí aparece este procedimiento especial y quiere decir que para adjudicar estos contratos se precisará del PROCEDIMIENTO DE DIÁLOGO COMPETITIVO. Quiere decir que en este procedimiento van a participar pocas empresas. Además, solo se va a poder celebrarlo este tipo de contrato cuando se ponga de manifiesto previamente mediante una evaluación que llevan a cabo una serie de expertos, cuando no se pueda utilizar otra alternativa de contratación. Este CCPP es residual. Este trámite de ver si efectivamente se puede ir a esta fórmula o no es muy importante pues los Tribunales lo comprobarán. La duración máxima de este contrato es de 20 años.
En el derecho comunitario se conoce de obra, de suministro y de servicios. Además se conoce el de concesión.
No van a tener, no obstante, los contratos de servicios comprendidos en categoría 6 del anexo 2 de la ley:  Servicios financieros, de seguros, bancarios o de inversiones  Los que tengan por objeto la interpretación y creación artística, no tendrán carácter administrativo, tendrán carácter privado.
- Contratos privados  los contratos privados que celebren las AP son: 1. Los que tienen por objeto servicios (comprendidos en el anexo 2, categoría 6): servicios financieros, bancarios, etc.
2. Los de creación e interpretación artística y literaria o espectáculos. Ejemplo: servicios de esparcimiento, espectáculos deportivos. Por lo tanto, cuando se contratan eventos de fiestas de la Mercè, estamos ante un contrato privado.
3. La suscripción de revistas, publicaciones periódicas y bases de datos.
TEORÍA DE LOS ACTOS SEPARABLES: en cuanto a preparación y adjudicación, se regirá por normas de derecho público, derecho administrativo. En cuanto a efectos y extinción, se regirán por el derecho privado. Es decir, en la vida del contrato, hay diferentes fases. Se distingue aquí que lo determinante es que se trata de una AP. Por lo tanto, el origen público de los fondos es un dinero público, que se ha recibido de los impuestos.
Por lo tanto, el contrato privado que se celebre va a tener dos fases muy marcadas:  Fase de preparación y de adjudicación: para garantizar principios de publicidad, concurrencia, transparencia, igualdad de trato, etc. Se deben aplicar normas de derecho administrativo.
 Fase de efectos del contrato y de extinción del mismo: Novedad ¡! En los contratos privados que celebren las AP se le aplicarán a estos contratos las normas que prevé la ley para los contratos administrativos sobre modificación de los contratos. Esto significa que una AP tiene una potestad de modificación de las condiciones del contrato que inicialmente pactó en el pliego de condiciones. Esta potestad de modificación es una potestad exorbitante.
El art. 21 se refiere a la jurisdicción competente, y establece de forma lógica que orden jurisdiccional será el competente:  El orden jurisdiccional contencioso administrativo, será el competente para resolver las cuestiones litigiosas que se planteen: 1. En relación a la preparación, aplicación, efectos, cumplimiento y extinción de contratos administrativos 2. Conocimiento de las cuestiones que se susciten en relación con la preparación y adjudicación de los contratos privados de las AP (en esta fase se aplican normas de derecho administrativo, por eso la jurisdicción competente es ésta).
3. Contratos sujetos a regulación armonizada (SARA). Ejemplo: un contrato SARA por encima de 5 millones, será esta jurisdicción. Si resulta que es por debajo de los 5 millones, se irá a la jurisdicción civil.
4. Contratos subvencionados (art. 17) y los contratos de servicios recogidos en el anexo 2, categorías 17 a 27, que alcancen valor igual o superior a 200.000.
5. Recursos interpuestos contra la resolución de un recurso administrativo especial en materia de contratos.
 El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que surjan en relación con: 1. Efectos, cumplimiento y extinción de los contratos privados (pues se aplican en esta fase las normas de derecho privado).
2. Cuestiones litigiosas que afecten a la preparación y adjudicación de los contratos privados que se celebren por entes que están sometidos a esta ley, pero que no tengan la condición de AP, siempre que estos contratos sean contratos no sujetos a regulación armonizada. Ejemplo: cuando se trate de un contrato privado que celebren un ente que no sea AP y por debajo del umbral, resolverá los problemas que haya en la adjudicación la jurisdicción civil. Se aplica pues, una dualidad jurisdiccional. Si el contrato privado lo celebra un ente que es AP, la adjudicación por derecho público y el control por la contenciosa. Pero si el contrato lo celebra un ente que no es AP, y el contrato es no SARA, la aplicación y el control será por la jurisdicción civil. Esto supone la huída del derecho administrativo. Tras una serie de reformas incluidas en el texto refundido, nos encontramos que, por ejemplo, las EPES (no son AP) van a poder celebrar contrato (contrato de colaboración entre sector público y sector privado) que es un contrato administrativo. Esto es una excepción al hecho de que solo celebran contratos administrativos las AP. Hay una gran inseguridad jurídica.
- Contratos sujetos a regulación armonizada (SARA)  la ley considera que serán contratos SARA (art. 13) aquellos contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado (contratos CPP) y estos los serán en todo caso. Después, también serán contratos SARA los contratos de concesión de obras públicas, contrato de suministros y de servicios que alcanzan un determinado umbral (cifra) comunitario, y que la ley establece específicamente para cada uno de esos contratos.
Ejemplo: contrato de obras, si es por debajo de 5 millones de euros, no será SARA, si es por encima sí. Los contratos de servicios, si es superior a 130.000 o 200.000 euros.
Además, también serán SARA los contratos subvencionados, y además debe celebrarlos un poder adjudicador (con independencia de que sea AP o no).
En estos contratos se deben elaborar instrucciones internas, que son la vía de escape de los principios generales de la contratación pública.
- Contratos no sujetos a regulación armonizada (no SARA) PARTES, OBJETO Y PRECIO DE LOS CONTRATOS - Objeto: debe ser determinado, lícito, posible y necesario para los intereses generales. Por lo tanto, se elabora un expediente de contratación, y en éste la AP debe justificar que la celebración de ese contrato para los intereses generales. Además, el objeto debe de ser completo, tiene que abarcar la totalidad de la prestación. Por lo tanto, no es posible que fraccionemos un contrato para disminuir su cuantía (se manipularían las exigencias de publicidad del contrato o adjudicación). El fraccionamiento del contrato constituye un fraude de ley, y esto determinaría la nulidad del contrato.
El contenido específico de cada contrato depende de la finalidad que se quiera conseguir.
De acuerdo con el TRLCSP, el contenido del contrato vendrá recogido en el pliego de cláusulas del contrato. Estos pliegos son aprobados por la Administración contratante y se incorporan al expediente de contratación. El contenido de estas cláusulas son parte integrante del contrato que se esté celebrando. En todo caso es la AP contratante quien determina de forma unilateral el contenido de estas cláusulas, salvo en determinados tipos de contratos en los cuales negocia y pacta con el sector. La ley distingue entre (según si aparecen estipulaciones más bien de carácter jurídico o más bien de carácter técnico, económico).
 Pliegos de cláusulas administrativas  PCA generales: cuando son pliegos de carácter estándar, aplicable a todo tipo de contratos.
 PCA particulares: para cada contrato que aprobará el órgano de contratación con anterioridad a la licitación. También sirven para la contratación del servicio de limpieza, por ejemplo, del Consorcio del parque de Collserola. Aquí, en el PCA particulares, se especifica absolutamente todo. Lo que aparece en este pliego tiene una vinculación contractual, es decir, vincula.
Para determinados contratos, los pliegos se sustituyen por un proyecto de obras. Documento descriptivo de las finalidades que se pretenden conseguir.
Este documento aparecerá a la hora de licitar un contrato de CPP.
 Pliegos de prescripciones técnicas: estos PPT deben ser unos pliegos que no sean discriminatorios. La determinación de los mismos se hará por referencia a normas nacionales, internacionales o europeas de idoneidad. Por lo tanto, se van a utilizar, por ejemplo, referencias a lo que tiene que ver a etiquetas ecológicas, normas ISO. No se va a admitir, para que no sea discriminatoria, referencias a que el producto sea de una fabricación o procedencia determinada. Porque se tiene que tratar de evitar, eliminar a determinadas empresas que quieren concurrir, y favorecer a otras.
Nos podemos encontrar que, en el contenido de los pliegos en general, se exijan ciertas condiciones de ejecución del contrato que sean de tipo social, medioambiental. En cualquier caso, estas condiciones deben ser unas condiciones que no falseen la libre competencia. Aquí entrarían en juego el hecho de que se esté contemplando que entren empresas programas de protección de desempleo y contemplen personas con discapacidad en su plantillo. Los pliegos de cláusulas particulares tienen naturaleza jurídica contractual. Por lo tanto, son lex inter partes. Los pliegos se van a poder impugnar a través del recurso administrativo especial en materia de contratos. Sin embargo, hay momentos procesales oportunos. Si se hace después de adjudicar el contrato, con base a la doctrina de no poder ir contra los actos propios, pues has aceptado, se supone, las reglas.
- Precio: debe ser cierto, por regla general, expresado en euros (normalmente) y debe abonarse como contraprestación al contratista. Para determinar el valor estimado de los contratos, la LC en el art. 88 establece una serie de reglas. A la hora de determinar el precio, se debe tener en cuenta el valor de mercado y habrá que aprobar un presupuesto base para la licitación. Y por supuesto, la AP rechazará cuando se trate de ofertas anormalmente bajas. Es decir, salta a la vista que por ese precio esa obra no se puede hacer, luego habrán desviaciones del precio inicial, o bien que no se podrá entregar la obra. Excepciones ¡! En determinados casos, nos podremos encontrar con variaciones de precios y, por lo tanto, en el pliego se contemplan cláusulas de variación. Además, está prohibido el pago aplazado del precio de los contratos. El que no quepa el plazo aplazado, no quiere decir que el pago deba realizarse de una sola vez. Podría hacerse mediante anualidades, por ejemplo. En función de la ejecución, se podrían ir haciendo pagos unitarios. Si se hace así, esto puede afectar al equilibrio financiero del contrato. Porque los pagos se van produciendo en distintos momentos donde puedan haber efectos distintos. Si se produce esto, se podrán utilizar fórmulas de revisión de precios. Este sistema de revisión de precios podrá hacerse a partir del primer año, transcurrido este, y siempre que se haya ejecutado, por lo menos, el 20% del importe del contrato.
- Partes contratantes: por un lado, aparece una AP o entidad contratante, por otro lado, el contratista.
 AP o entidad contratante > dentro de cada AP, dentro de cada entidad, hay un órgano de contratación. Por lo tanto, éste es el órgano que tiene competencia para contratar.
Ejemplo: en la AGE, serán órganos de contratación los Ministros, los Secretarios de Estado. De un organismo autónomo o entidad pública empresarial o agencia, los presidentes o directores. Si es superior a 12 millones de euros se exige la aprobación del Consejo de Ministros. En cualquier caso, la competencia para contratar se va a poder delegar.
Ejemplo: en el ámbito de la AP local, corresponde al Alcalde o presidente de la corporación. Si los contratos superan los 6 millones de euros, corresponde al Pleno. En los Municipios de gran población, la competencia es de la Junta de Gobierno Local.
También se podrá delegar la competencia para contratar en, por ejemplo, los concejales.
Ejemplo: en el ámbito de la AP de las CCAA; hacen una repetición y una réplica de lo que se hace a nivel de la AGE, pero en el ámbito autonómico.
Junto al órgano de contratación, se encuentran las juntas de contratación. Estas juntas están compuestas por un funcionario (funciones de asesoramiento jurídico) y por un interventor. Estas juntas adjudican determinados tipos de contratos. Son un órgano decisorio. Las mesas de contratación, por el contrario, no son órganos decisorios.
Junto a las juntas de contratación, se pueden crear centrales de contratación. Por ejemplo: en el Ministerio de Hacienda, quien opera como central es la Dirección General de Patrimonio del Estado. Centraliza la contratación de obras, servicios y suministros del Ministerio. Es por una razón de simplificación a la hora de contratar.
Junto a las juntas de contratación, pueden aparecer las ya mencionadas mesas de contratación. Formadas por un Presidente y varios vocales, entre los cuales va a figurar un interventor y un funcionario que cumplirá con cometidos de asesoramiento jurídico.
La mesa de contratación, a diferencia de la junta de contratación, no es un órgano decisorio, si no que es un órgano de carácter asistencial. Va a cumplir una función de asistencia, de tal manera que, el órgano de contratación, si se separa de la indicación de la propuesta que le hace la mesa, va a tener que motivar su decisión. La regulación de la mesa de contratación (TRLCSP) es una regulación que no es básica. Así, las distintas normas autonómicas contemplan una regulación distinta de la composición y funcionamiento de estas mesas.
Ejemplo: La ley de medidas del sector público de Aragón, regula la composición y funcionamiento de las mesas, y el resultado de los actos que llevan a cabo dichas mesas. Incluso, en determinados procedimientos, se contempla que las mesas, en procedimientos significados, por ejemplo, se excluye la intervención de esta mesa, no se necesita que intervenga. Concretamente, el art. 10 de la Ley Aragonesa de contratación recoge una serie de supuestos específicos de no constitución de la mesa para agilizar la contratación.
Una vez celebrado el contrato, aparece la figura del responsable del contrato. Va a controlar la ejecución del contrato y va, precisamente para llevar a cabo esta supervisión en la ejecución, dictar una serie de instrucciones que le van a permitir seguir de cerca como se está cumpliendo el contrato.
Se culmina con todo un procedimiento que tiene que ver con el acceso, publicidad, comunicación electrónica. Son elementos que deben tener la AP y supone que se ponga en marcha:  Perfil del contratante: se van a introducir todos los datos e informaciones que tendrán que ver con la actividad contractual de los distintos órganos de contratación. Se introducirán los actos de licitación, adjudicación y podrán acceder los interesados. Hay una transparencia absoluta al recoger todos y cada uno de estos elementos. Esto da cumplimiento al principio de transparencia.
Esta serie informática va a tener trascendencia informativa y jurídica, porque nos encontraremos que cuando se publican en el perfil convocatorias, produce los efectos propios de la publicación de actos jurídicos.
 Plataforma de contratación: todos los órganos y entidades deben publicar su perfil del contratante.
El órgano consultivo o la junta consultiva de contratación administrativa en el ámbito estatal (con equivalente en el ámbito autonómico) fórmula recomendaciones, mejora sistemas de contratación, propuestas sobre prohibiciones de contratar, registro oficial de licitadores, etc.
El contratista  para poder contratar, puede ser una persona natural o jurídica, que debe contar con plena capacidad de obrar, no debe de estar incurso en ninguna proyección de contratar, debe acreditar su solvencia económica, financiera, técnica o profesional y que además debe estar debidamente clasificada en determinados casos que la ley lo exige.
No van a poder contratar:  Persona condenada mediante sentencia firme por delitos de asociación ilícita, corrupción, tráfico de influencias, cohecho, etc.
 Quien haya sido declarado insolvente  Quien haya sido declarado en concurso  Aquellos que hayan sido sancionados con carácter firme por haber cometido infracción grave en materia de mercado  Los que hayan incurrido en falsedad al efectuar una declaración responsable que se exige en la que ha de declarar el contratista que no está en curso ninguna prohibición de declarar  Ley 5/2006 > conflictos de intereses entre miembros de gobierno y altos cargos > un cargo, después de cesar su actividad no puede ejercer con posterioridad ciertas actividades privadas que puedan guardar relación con alguna de las funciones que desempeñaba como alto cargo, pues puede tener una información privilegiada, etc. Si incurre en esto sería prohibición de contrato.
 Personas jurídicas en cuyo capital participen personas vinculadas, de alguna manera, mediante relación de convivencia afectiva. Este es el caso, por ejemplo, de una sociedad en la que estaba integrada solo por dos personas, y era contratista de un Ayuntamiento, y uno de los miembros de la sociedad tenía relación de convivencia afectiva por uno de los concejales. Se emite un informe por la Junta Consultiva y dice que esto es incurrir en la prohibición de contratar del art. 60.
 Las empresas en las que concurran las siguientes circunstancias: 1- Ser declarado culpable en la resolución de un contrato celebrado con anterioridad con AP 2- Si se han incumplido alguna de las prohibiciones de contratar 3- Si de forma indebida, los empresarios retiran en un procedimiento de adjudicación (se hacen proposiciones), una proposición. O bien, llevan a cabo una serie de actuaciones que imposibilitan que se adjudique un contrato 4- En un contrato anterior que les hayan sancionado por la comisión de infracción grave Si se adjudica un contrato a una persona que incurre en prohibición de contratar, será nulo de pleno derecho.
En cuanto a la solvencia económica, financiera, técnica o profesional, se trata de satisfacer el interés general, por lo tanto, nos vamos a encontrar que, a la hora de decir con quien se contrata, se deberá tener en cuenta muchas cosas. El contratista debe demostrar que puede hacer frente a las necesidades económicas y también deberá acreditar la solvencia técnica o profesional. Esto supone que efectivamente demuestre, a través de medios materiales (por ejemplo: demostrando que tiene la mejor tecnología) y a través de medios académicos, técnicos (ejemplo: que cuenta con la titulación), que es perfectamente la persona que cuenta con experiencia profesional para celebrar el contrato en cuestión.
La documentación que se le va a exigir aparecerá en el anuncio de licitación, y aparecerá también en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
La ley de 2011 de Aragón, ya recoge que el contratista pueda presentar una declaración responsable reconociendo que cumple los requisitos de capacidad, representación y solvencia exigidos. Uno de los objetos a cumplir es la simplificación y agilización de los procedimientos en general. Esto sigue en las propuestas de Directivas actuales. En estas propuestas se dice que se podría agilizar los trámites presentando esta declaración responsable.
Art. 71 bis 30/92 > aparece la declaración responsable y comunicación previa> son documentos que presenta el particular hacia la AP, en el cual el particular pone en conocimiento de la AP que cumple los requisitos legales exigibles para iniciar una determinada actividad, y que además cuenta con los documentos que necesita para acreditarlo.
Las declaraciones responsables es importante que se extiendan a todos los procedimientos, y que en una futura reforma de la normativa de contratos se prevea esto.
Clasificación La ley exige la previa clasificación del contratista para contratar con la AP, solo para determinados contratos. La exigencia de clasificación previa es (cuando exceda de un determinado presupuesto) [hay supuestos donde se excepciona]: - Contrato de obras (superior o igual a 350.000 euros) - Contrato de servicios (superior o igual a 120.000 euros): no se exige para servicios de investigación y desarrollo, jurídicos, deportivos o culturales.
La clasificación e inscripción en el Registro de licitadores y contratistas, está abierta, pero no se le exige a empresarios que son extranjeros que sean nacionales de un Estado miembro de la UE, de manera que bastará que estos acrediten que cuentan con la solvencia económica y financiera, que están inscritos en el Registro, que les exige la normativa de su país.
Viendo el pleno se verá, y en caso de exigirse clasificación, aparece estipulado que tipo de contrato va a realizarse.
El órgano competente para clasificación es la Junta Consultiva de contratación administrativa estatal. Lo hace a través de una serie de Comisiones y sus acuerdos se pueden impugnar mediante recurso de alzada ante el Ministro de Economía y Hacienda. Las CCAA pueden crear el equivalente a esta Junta, pero a nivel autonómico. En cambio, a nivel local, no van a poder crear órganos competentes de clasificación. Todos los empresarios están clasificados, se inscriben en el Registro de licitadores, que es público. La clasificación es indefinida, pero la solvencia se debe ir acreditando cada cierto tiempo.
...