Tema 12 (2016)

Apunte Español
Universidad Universidad Jaume I (UJI)
Grado Derecho - 2º curso
Asignatura Introducción al derecho procesal
Año del apunte 2016
Páginas 5
Fecha de subida 03/05/2016 (Actualizado: 06/05/2016)
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LIBRO IV: EL PROCESO Capítulo I: Nociones generales Tema 12: NATURALEZA Y CLASES DE PROCESO.
1. NATURALEZA Y ESTRUCTURA DEL PROCESO.
El proceso es el instrumento a través del cual los órganos jurisdiccionales pueden ejercer la función jurisdiccional y a través del cual los sujetos obtienen una resolución, obtienen la tutela judicial efectiva.
2. CARACTERES INSTRUMENTAL, ARTIFICIAL Y TÉCNICO DEL PROCESO.
- El proceso es un instrumento: el proceso es el medio a través del cual, los órganos del Estado con potestad jurisdiccional han de cumplir la función que se les asigna constitucionalmente. El proceso también es el medio por el que los particulares pueden ver satisfecho el Derecho a la tutela judicial efectiva que se les asigna constitucionalmente.
- Las regulaciones de los procesos concretos son creación artificial del Derecho: la ley es la que crea los distintos tipos de procesos, no existiendo éstos antes en la realidad social. En la realidad no existen procesos que sean luego asumidos por el legislador.
- Las regulaciones de los procesos en concreto son creaciones técnicas de la ley: esta puede regularlos de muy distintas maneras, atendiendo a cómo se estima que puede facilitarse el cumplimiento de la función jurisdiccional e, incluso, el ámbito en que ésta se ejerce. Los procesos son así instrumentos técnicos al servicio de los órganos jurisdiccionales, dependiendo su conformación de razones técnicas.
Existen tres círculos concéntricos de principios: 1. El del centro (el más pequeño), se refiere a aquellos principios sin los cuales el proceso no es tal, estando incluso por encima del legislador constituyente.
2. El segundo (garantías constitucionales), aquellas llevadas a la Constitución por estimarse en un momento histórico concreto que deben protegerse con este rango legal, por participar de los valores políticos de la sociedad.
3. El circulo mayor (regulación concreta de los procesos en la ley ordinaria), teniendo principalmente carácter técnico.
3. EL PROCESO NO TIENE NATURALEZA JURÍDICA.
Noción de naturaleza jurídica: hay tres conclusiones a destacar: 1ª) si se afirma que el proceso es una relación jurídica (que es lo sostenido mayoritariamente), se está implícitamente diciendo que, en caso de laguna de la ley procesal, son aplicables supletoriamente las normas reguladoras de éstas.
2ª) cualquier explicación que se proponga debe partir del intento de determinar la normativa aplicable supletoriamente. La explicación que no pretenda precisar esa normativa debe ser rechazada por inútil.
3ª) si al final reconocemos que el proceso es una categoría jurídica autónoma, no encuadrable en otra más general, tendremos que concluir que el tema de la naturaleza jurídica del proceso no tiene utilidad alguna, por cuanto no existen normas supletorias.
La inutilidad de las teorías formuladas: desde estas bases debería afrontarse la exposición de las distintas teorías que se han formulado, el esquema responde a dos criterios de clasificación: 1º. Atendiendo a categorías de Derecho privado o de Derecho público: 1. Las doctrinas privatistas: i. El proceso como contrato.
ii. El proceso como cuasi contrato.
2. Las doctrinas publicistas: i. Teoría del proceso como relación jurídica.
ii. Teoría de la situación jurídica.
2º. La determinación de la naturaleza se efectúa: 1. Remitiéndose a categorías ya existentes: se incluyen las doctrinas del contrato, del cuasi contrato y de la relación jurídica.
2. Articulando categorías específicas: teoría de la situación jurídica.
Pero todas esas construcciones no tienen utilidad para hallar la categoría general y las normas supletorias. El proceso no tiene naturaleza jurídica porque no es una especie que se pueda encuadrar en un género; el proceso es por sí mismo un género, no encuadrable en otro superior.
4. LA RAZÓN DE SER DEL PROCESO.
El proceso constituye por sí solo una categoría autónoma, por lo que hay que precisar su porqué y ello impone dos afirmaciones: 1. Es un instrumento necesario: so los órganos jurisdiccionales han de cumplir la función señalada constitucionalmente, y si no pueden hacerlo de manera instantánea, necesitan: a. Un estímulo, alguien que excite su actividad (acción) y b. La realización de una serie de actividades, sucesivas en el tiempo, cada una de las cuales es consecuencia de la anterior y presupuesto de la siguiente, a cuyo conjunto llamamos proceso. Éste, por tanto, es el medio jurídico, el instrumento, con el que los órganos jurisdiccionales cumplen las funciones asignadas constitucionalmente.
2. Es el único instrumento y en un doble sentido: a. Para el ejercicio de la potestad jurisdiccional, la cual no se realiza fuera del proceso o, dicho de otra forma, la jurisdicción sólo actúa por medio del proceso; fuera del proceso no se ejerce jurisdicción por la correlación e interdependencia entre jurisdicción y proceso.
b. Para que las partes impetren de los tribunales la tutela judicial de sus derechos e intereses legítimos. También para las partes del proceso medio, camino, método e instrumento y así hay correlación entre acción y proceso.
Desde las afirmaciones anteriores, puede llegarse a otras conclusiones: 1. En la regulación de los procesos concretos predominan las cargas sobre las obligaciones y los deberes.
2. En la regulación de los diversos procesos prácticamente no existen obligaciones de las partes, ni son necesarias ni convenientes, y los deberes procesales suelen ser, cuando existen, expresión de ideologías autoritarias, cuando no totalitarias.
3. En el proceso el juez no tiene derechos; tiene sólo deberes, bien entendido que las llamadas facultades son realmente deberes.
5. PROCESO, PROCEDIMIENTO Y JUICIO (ENJUICIAMIENTO).
Proceso: es la suma de actos por medio de los cuales se constituye, desarrolla y termina la relación jurídica. El proceso denota la suma de los actos que se realizan para la composición del litigio.
Procedimiento: significa solo la composición externa, formal, del desarrollo del proceso o de una etapa de este, pero no comprende las relaciones jurídicas que se establecen entre los sujetos del proceso, ni la finalidad compositiva de este. Cuando se habla de procedimiento, cabe entender que nos estamos refiriendo al rito del proceso. Es el curso o movimiento que la ley establece en la composición de su marcha dirigida a obtener su resultado, adecuándola a la naturaleza e importancia de la causa que tiene por contenido. El procedimiento se compone de la serie de actuaciones o diligencias sustanciadas o tramitadas según el orden y la forma prescritos en cada caso por el legislador y relacionadas y ligadas entre sí por la unidad del efecto jurídico final, que puede ser el de un proceso o el de una fase o fragmento suyo.
Juicio (enjuiciamiento): Según la escuela de Bolonia, "el juicio es un acto en el que intervienen cuando menos tres personas: el actor que pretende, el demandado que resiste y el juez que conoce y decide". No puede afirmarse que juicio denote proceso o procedimiento, sino que se refiere a la acción de juzgar. En cambio la palabra enjuiciamiento hace referencia a la dinámica que conduce al juicio, incluido éste, es decir, tanto al juicio como al camino que a él conduce, tanto a la sentencia como al proceso. El término enjuiciamiento, aparte de ser el tradicional español, comprende al mismo tiempo el proceso, el procedimiento y el juicio.
6. CLASES DE PROCESOS.
Proceso  es el instrumento necesario y único, pero en la realidad no hay un único tipo de proceso, sino varios tipos, como consecuencia de que el instrumento se adecua, bien al Derecho objetivo que actúan los tribunales, bien a la variedad de pretensiones que formulan los ciudadanos. Hay que distinguir entre civil y penal y declaración, ejecución y cautela.
CIVIL Y PENAL: el delito supone algo distinto del conflicto civil y, consecuentemente, el proceso en el que va a actuarse el Derecho penal, con la imposición de la pena, no puede estar regido por los mismos principios que el proceso en el que va a actuarse el Derecho privado. Los procesos penal y civil responden a principios distintos, aunque se trate de manifestaciones del fenómeno procesal. Las diferencias entre uno y otro radican en el criterio base que distingue entre necesidad y oportunidad.
 Necesidad: este principio supone que el interés de la comunidad es el dominante y por ello: o No existe relación jurídico material penal en la que sean parte los que han intervenido en el hecho delictivo, bien como autor, bien como víctima.
o No existe aplicación del Derecho penal por los particulares; el Derecho penal se aplica sólo por el Estado y, dentro de él, sólo por los tribunales y precisamente por medio del proceso, de modo que los términos delito, proceso y pena son correlativos.
o En todos los casos en que exista un hecho aparentemente delictivo se ha de poner en marcha el instrumento procesal, exista o no persona privada que asuma la posición activa de parte acusadora.
Con el principio de necesidad se evitan dos riesgos importantes en el enjuiciamiento penal y en la imposición de las penas: o Se impide que los particulares dispongan de ellas: La voluntad de los particulares no es determinante a la hora de la persecución del delito, ni siquiera cuando son ofendidos por éste.
o Se obliga a que todos los hechos aparentemente delictivos, en cuanto sean conocidos, lleven a poner en marcha el proceso y con ello se intenta que ningún delito quede impune.
 Oportunidad: la oportunidad significa que es el interés del individuo el que predomina y, por tanto: o Cuando se trata del Derecho privado, el punto de partida es el reconocimiento de la autonomía de la voluntad y de los derechos subjetivos, de modo que se reconoce la existencia de relaciones jurídicas materiales de las que existen unos titulares, activo y pasivo.
o El Derecho privado se aplica normalmente por los particulares, sin necesidad de que intervengan los tribunales.
o Incluso en los casos en que el interés privado es perturbado, el proceso civil no es el único sistema para la restauración de los derechos privados, pues los particulares pueden acudir a otros sistemas de solución de sus conflictos.
o La iniciación del proceso civil queda en manos de los particulares, siendo ellos los que han de decidir si es oportuno o no para la mejor defensa de sus intereses el acudir a los tribunales, de modo que el proceso sólo puede iniciarse cuando el particular lo pida.
 La unidad fundamental del proceso: en todo proceso se debe partir siempre de la existencia de dos partes parciales, enfrentadas entre sí y en régimen de igualdad, que comparecen ante un juez, tercero e imparcial. El proceso es un fenómeno único en el metafóricamente: o Las raíces del árbol son el concepto de jurisdicción, concepto único.
o A ras de tierra se encuentra la noción de acción o derecho a la jurisdicción.
o El tronco del árbol es común a todas las clases de procesos.
o A buena altura ese trono se divide en dos grandes ramas: civil y penal.
DECLARACIÓN, EJECUCIÓN Y CAUTELA: el art. 117.3 CE, al referirse a la función de la jurisdicción utiliza la fórmula “juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado”, y correlativamente con esas dos subfunciones suele hablarse de la existencia de dos procesos: 1. Proceso de declaración: el juzgar de los jueces y tribunales pude hacerse de tres maneras distintas que se corresponden con las tres clases de pretensiones que pueden ejercitarse: a. Pretensiones mero declarativas (o declarativas puras): cuando la petición de la parte que interpone la pretensión se satisface con la mera declaración de la existencia o inexistencia de una relación o situación jurídica ya existente, la sentencia del órgano jurisdiccional agota su fuerza con la declaración, no necesitándose ejecución posterior. La sentencia que el juez dicte estimando la petición no originará un título ejecutivo, pues el actor quedará satisfecho con la simple declaración judicial (art. 521 LEC).
b. Pretensiones constitutivas: aquí la petición de la parte se dirige a obtener la creación, modificación o extinción de una relación jurídica, esto es, a obtener un cambio sobre una situación existente. Aquí es la sentencia la que produce el cambio. En las pretensiones constitutivas hay que distinguir dos supuestos: 1. Pretensiones constitutivas necesarias: teniendo la parte derecho al “cambio” éste sólo puede producirse por la jurisdicción y por medio del proceso; de modo que si la parte quiere el “cambio” el ejercicio de la pretensión es para ella necesario.
2. Pretensión constitutiva no necesaria: las partes de la relación jurídica material podrían lograr el “cambio” por sí mismas, si bien se precisaría la voluntad concorde de todas ellas; La sentencia que estime la pretensión constitutiva, al no precisar de ejecución, no será título ejecutivo; frente a la sentencia el demandado no tendrá obligación de realizar prestación alguna.
c. Pretensión declarativa de condena: se pide al órgano jurisdiccional una declaración de la que arranque el derecho a obtener una prestación del demandado. La pretensión se satisface con una actuación posterior que haga coincidir el ser con el deber ser que puede realizarse voluntariamente por el condenado, y en el caso de incumplimiento aparece la ejecución forzosa. La sentencia de condena produce un doble efecto: 1) título ejecutivo, y 2) declaración irrevocable del derecho.
2. Proceso de ejecución: La segunda subfunción de la jurisdicción es hacer ejecutar lo juzgado y para ello surge el proceso de ejecución. En principio puede definirse como aquel en el que se realiza por el órgano jurisdiccional una conducta física productora de un cambio real en el mundo exterior para acomodarlo a lo establecido en el título.
La incardinación de este tipo de proceso supone: a. PROCESO CIVIL: cuando se trata de pretensiones de condena la mera declaración no basta para satisfacer a la parte. La satisfacción se alcanzará cuando se realice la prestación declarada en la sentencia (una actuación posterior que acomode la realidad fáctica al deber ser proclamado en la sentencia). Esa actividad posterior puede realizarse de dos maneras: 1. Cumplimiento: el condenado cumple voluntariamente la prestación.
2. Ejecución forzosa: si el condenado no cumple voluntariamente, aparece el proceso de ejecución.
El ordenamiento concede a determinados títulos creados fuera de la actividad judicial, la posibilidad de acceder al proceso de ejecución sin que sea necesaria declaración judicial previa.
b. PROCESO PENAL: 1. El único título ejecutivo es la sentencia.
2. El único sistema de ejecutar las penas es el del proceso de ejecución forzosa, no existiendo el cumplimiento voluntario.
3. Proceso cautelar: la satisfacción de las pretensiones interpuestas ante los órganos jurisdiccionales puede n alcanzarse de modo completo con los procesos de declaración y ejecución. Se realiza a través del proceso cautelar, cuya finalidad es garantizar el cumplimiento de las otras dos subfunciones. Se define así el proceso cautelar como “aquel que tiene por objeto facilitar otro proceso principal garantizando la eficacia de sus resultados”. Entre las medidas cautelares a adoptar en el proceso civil y en el proceso penal existen claras diferencias, pero en los dos casos se trata de una tercera subfunción autónoma de la jurisdicción, en cuanto no es ni declarativa ni ejecutiva, que se realiza por medio de un proceso propio.
7. TUTELAS ORDINARIA Y PRIVILEGIADAS.
1. Tutela ordinaria: tanto en materia civil como en penal, no existe un único proceso ordinario sino varios.
1. CIVIL: existencia de dos procesos declarativos ordinarios (el llamado juicio ordinario y el juicio verbal) atendiendo a la cuantía del asunto.
2. PENAL: existen dos procesos ordinarios por delito, que atienden a la pena, y un proceso ordinario por falta.
La existencia de varios procesos ordinarios, supone que en todos ellos se presta por los órganos jurisdiccionales la tutela judicial que calificamos de ordinaria.
2. Tutelas privilegiadas: son procesos especiales. Si los procesos ordinarios se establecen con carácter general, los especiales se conciben como tutelas privilegiadas. Las razones del privilegio pueden ser muy variadas. En todos los caso de tutela privilegiada suele tenderse a lograr un procedimiento más sencillo y expedito que el de los procesos ordinarios (privilegios), pues de lo que se trata es de que determinados asuntos o personas no se sometan al procedimiento que se estima “normal” sino de que tengan procedimiento propio.
1. CIVIL: en ocasiones la tutela privilegiada consiste en crear un proceso especial declarativo, otras en tramitar un asunto por el juicio verbal, sin referencia alguna a la cuantía y otras, por fin, consisten en conferir una tutela ejecutiva sin haber procedido antes a realizar un proceso de declaración.
2. PENAL: se han otorgado privilegios respecto de algunas actividades procesales concretas y, sobre todo, los titulares de poder político se han cuidado de asegurarse, bien de que son juzgados por los tribunales en que ellos determinan la composición de los mismos, bien de que su persecución penal dependa de su propia autorización.
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