Resum Sessió 2 Lectura Díez Ripollés_2011 (2016)

Resumen Español
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Criminología y Políticas Públicas de Prevención - 3º curso
Asignatura Seguretat Pública i Urbanisme
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 28/04/2016
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LA DIMENSIÓN INCLUSIÓN / EXCLUSIÓN SOCIAL COMO GUÍA DE LA POLÍTICA CRIMINAL COMPARADA - José Luís Díez Ripollés

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LA DIMENSIÓN INCLUSIÓN / EXCLUSIÓN SOCIAL COMO GUÍA DE LA POLÍTICA CRIMINAL COMPARADA José Luis Díez Ripollés 1. Introducción a. La política criminal se ha convertido en uno de los sectores de las políticas públicas más controvertidos. Agentes sociales y grupos de presión con diferentes orígenes e intereses se involucran en la modificación de estas políticas y consecuentemente, los sistemas de control penal experimentan cambios significativos.
David Garland en “The culture of control”, se ocupa de analizar los factores socio-políticos ligados a la sociedad, que estaban dando lugar a la consolidación de un nuevo modelo de política criminal, basado en el endurecimiento del sistema penal. La idea es que estas estrategias punitivas y nacionales acabarían confluyendo hacia diseños y prácticas heterogéneas y acordes al modelo anglosajón. No tardaron en aparecer posturas que demostraban que en Occidente convivían modelos y tendencias políticas criminales distintas, incluso contrapuestos.
b. Además, las estrategias de prevención y reducción de la delincuencia están pasando por un fuerte período de politización. Tres fenómenos:    La política criminal ha dejado de reflejar diferencias ideológicas. Al adoptar izquierda y derecha medidas punitivistas para ganas votos electorales, se ha difuminado la ideología.
Las consideraciones estrictamente partidarias predominan frente a las auténticas demandas sociales en la configuración de la política criminal. Son los agentes políticos y sus intereses mediatos los que determinan la agenda político-criminal.
Las prácticas político-criminales extranjeras influyen cada vez más en las decisiones nacionales. Esta interacción es positiva y justifica los estudios de la política criminal comparada, por más que en ocasiones, puede alterar las iniciativas más apegadas a las realidades o recursos nacionales.
c. Han de realizarse aproximaciones analíticas rigurosas en diversas políticas criminales nacionales, que nos permitan identificar y evaluar correctamente sus pretensiones, prácticas y prestaciones. Un correcto análisis precisa determinados presupuestos teóricos y metodológicos: La política criminal es un agente de transformación social. La meta última es prevenir la delincuencia dentro de parámetros asumibles socialmente. Por prevención se entiende una reducción significativa de la frecuencia de comisión, gravedad y comportamientos, y ha de hacerse respetando los derechos y garantías individuales de los ciudadanos. Han de haber objetivos específicos coherentes con la meta. Además, para describir la política en un determinado sistema nacional, es imprescindible que se elaboren indicadores acreditados, con capacidad de identificar los rasgos característicos del funcionamiento. Sólo así se podrá proceder a evaluaciones rigurosas.
Cabe preguntarse por factores estructurales, socioeconómicos y culturales, que configuran el sistema de control penal. Su identificación, así como las evaluaciones, permitirán desarrollar estrategias de actuación para reforzar, mantener o atenuar rasgos del modelo.
1 2. Moderación punitiva como objetivo a. La actual política criminal comparada tiene una fuerte tendencia a contrastar los diferentes sistemas nacionales en función de su punitivismo. Este enfoque tiene un trasfondo ideológico.
Presupone que todo sistema de control penal debería tener como objetivo primordial el asegurar que quien entra en conflicto con la ley penal, sufra una aflicción moderada como consecuencia. Esto justifica que la política comparada se guie por la pretensión de determinar el grado en que los sistemas optan por la moderación punitiva.
¿Por qué se ha expandido este modelo? Hipótesis punitivista muy sugestiva; presupuesto ideológico; claridad y contundencia conceptuales; indicadores fácilmente accesibles.
b. Sin embargo, construir el análisis en torno al grado de punitivismo presenta defectos teóricos y metodológicos. Es una propuesta analítica que sólo tiene capacidad crítica respecto a políticas que originan un incremento de reacciones penales, pero no frente las que la mantienen o reducen. No obstante, se integra en una propuesta analítica más amplia y compleja.
En realidad, el punitivismo no es más que una adopción garantista como modelo políticocriminal, pero esto no reúne las características para convertirse en una estrategia de lucha contra la criminalidad. Los postulados garantistas son un ámbito para salvaguardar libertades públicas y derechos fundamentales; sin embargo, carece del contenido necesario para fundamentar la política pública.
“Se precisa una estrategia de intervención social, que, integrada en el conjunto de políticas, desarrolle objetivos específicos y evaluables encaminados a prevenir, dentro de parámetros sociales asumibles.” Con el garantismo identificamos, pero no sobre qué alternativa escoger. Los indicadores son excesivamente limitados.
3. Inclusión social como objetivo a. Otra forma de realizar análisis de política criminal comparada es tomando como referencia la capacidad del correspondiente sistema penal para minimizar la exclusión social de los que entran en conflicto con la ley penal. Se evalúa pues, por sus prestaciones en adquisición, recuperación, consolidación de inclusión social de sospechosos y delincuentes. Esta dimensión refleja dos aproximaciones contrapuestas al objetivo de prevenir la delincuencia de personas proclives a entrar en conflicto con la ley penal:   Enfoque inclusivo: pretende asegurar que el delincuente se encuentre en iguales condiciones individuales y sociales, para desarrollar una vida conforme con la ley.
Enfoque exclusivo: garantizar que el delincuente se encuentre en condiciones individuales en las que resulte más difícil infringir la ley.
Dos hipótesis: a) cierto nivel de inclusión es una manera eficaz de prevención de la delincuencia; b) una mayor exclusión genera mayor delincuencia a largo plazo. Para ellos, es preciso elaborar indicadores capaces de identificar estos rasgos característicos.
b. Derecho penal del enemigo. Fenómeno de progresivo endurecimiento, excluyente, de la intervención penal sobre la criminalidad tradicional, que está generalizado en muchos países.
Por un lado, el objetivo de la inclusión, se integra dentro del propósito de construir un estado del bienestar, con atención específica a los desfavorecidos.
2 Ante el neoliberalismo y la desregulación, no tienen cabida amplias políticas asistenciales, pues chocan con la generalizada inseguridad personal de la mayoría de la población. Deben encuadrarse estas medidas en un marco meritocrático y comunidad de valores.
c. El cuestionamiento del Estado del Bienestar ha contribuido al abandono de la dimensión inclusión/exclusión. Precisamos de indicadores analíticos que nos permitan medir esa dimensión de manera homogénea en diferentes países.
d. El uso de la inclusión social como punto de referencia, implica adoptar una perspectiva analítica sustancialmente diversa de la moderación punitiva. Es decir, inclusión/exclusión social y moderación/rigor punitivo, no son dos dimensiones paralelas.
Sociedades más cerca de la inclusión, dada su mayor sensibilidad a la igualdad y las conductas ventajistas, tienden a desarrollar procesos de criminalización primaria de comportamientos de los sectores sociales poderosos, que superan las sociedades localizadas en el otro polo.
Quieren prevenir la desorganización social para prevenir la desintegración de su capacidad integradora.
Lo habitual es que inclusión social y moderación punitiva mantengan una estrecha y directa relación. Esta dimensión de inclusión/exclusión social incorpora una visión más rica.
4. Propuesta de análisis tipológico a. Instrumento analíticos que permita determinar el lugar que diferentes sistemas de control penal ocupan dentro de un continuo de dos extremos conceptualmente opuestos (sistema de control penal incluyente vs sistema de control penal excluyente).
El objeto de referencia son aquellas personas y colectivos que son objetivos prioritarios de los órganos de prevención y persecución penales. Es decir, quienes han estado, están o son proclives a estar bajo control penal, excondenados, procesados o sospechosos. Esta restricción corresponde en la medida en que diferentes sistemas nacionales minimizan la exclusión social.
En consecuencia, un control penal incluyente será aquel que, tras su intervención, ha generado efectos que incrementan la capacidad de desarrollar un futuro bueno.
Los indicadores escogidos deben: 1) ir referidos a reglas y prácticas punitivas extendidas; 2) los valores de esos indicadores deben mostrar una variabilidad que les otorgue capacidad discriminatoria lo suficientemente potente como para marcar contrastes acentuados entre sistemas nacionales.
b. Hipótesis: una lista de nueve cestas de indicadores, descompuesta a su vez en 25, tiene cualidades necesarias para sacar a la luz efectos socialmente incluyentes/excluyentes de un sistema nacional, así como para compararlo. Lista de indicadores:          Control de espacios públicos Garantías penales Sistema de determinación de la pena Penas máximas Régimen penitenciario Internamientos de seguridad Estatus legal y social del delincuente Registros policiales y penales Derecho penal juvenil 3 c. Hipótesis 2: los modelos político-criminales más opuestos en sus resultados socialmente incluyentes/excluyentes sobre los colectivos estudiados están representados, por los EEUU y los países nórdicos. El primero se ha constituido inspirado en la exclusión social de sospechosos y delincuentes, mientras que el segundo lo ha enfocado en la inclusión social.
Siendo la hipótesis correcta, los indicadores anteriores deberían dar como resultado que los dos grupos serían dos extremos. Ésta muestra también las diferencias entre modelos políticocriminales neoliberales y socialdemócratas.
5. Aclaraciones metodológicas a. Dificultad de realización de estudios de política criminal comparada.
b. Acierto al seleccionar los grupos de indicadores y los indicadores.
6. Conclusiones La política criminal comparada se está revelando como sector prometedor, pero exige aproximaciones rigurosas. Es tarea fundamental identificar el marco de referencia de la política criminal que nos ha de servir como variable dependiente, que ha de dirigir nuestro proceder analítico y al que han de referirse los hallazgos obtenidos.
La moderación punitiva no reúne las características suficientes para interpretar la política criminal moderna. En su lugar, el objetivo de la inclusión social de aquellas personas afectadas, nos ofrece una visión mucho más completa de la realidad de los diversos sistemas penales, y consecuentemente, permite comparaciones más ilustrativas.
Entorno a dos hipótesis se ha construido un instrumento analítico cuyo empleo en política criminal comparada, con toda probabilidad va a permitir conocer aquellas reglas y prácticas punitivas con mejores prestaciones en la producción de efectos socialmente incluyente sobre quienes entran en contacto con la ley penal. Además, ayuda a progresar en la identificación de los sistemas nacionales más exitosos en la consecución de este objetivo.
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