Tema 8. Comunidades Autónomas (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad de Málaga
Grado Trabajo Social - 1º curso
Asignatura Derecho Administrativo
Año del apunte 2014
Páginas 7
Fecha de subida 03/01/2015
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TEMA 8 LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS: RASGOS BÁSICOS DEL MODELO AUTONOMICO EN LA CE´78 La CE´78 introduce en nuestro Estado el modelo de descentralización política territorial. Dicho modelo se basa en la figura de las Comunidades Autónomas (CCAA) como entes territoriales dotados de autonomía política para la gestión de sus intereses.
El grado de autonomía y la amplitud de sus intereses viene regulado en el Título VIII de CE´78, pero el derecho a la autonomía de los distintos territorios de España viene reconocido y garantizado en el art. 2 de la propia CE´78.
En cuanto grado de autonomía que podía alcanzar no hay diferencia teórica entre unas y otras CCAA, aunque si una diferencia en cuanto al procedimiento a seguir para alcanzar esta autonomía. Existen dos niveles básicos de autonomía en función del procedimiento de acceso elegido: - El primero lo constituye la vía del art. CE´78, o vía lenta o general, que permite atribuirse las competencias contenidas en el art. 148 CE´78.
- El segundo, con mayores requisitos, entre los que se incluyen dos referéndums de los ciudadanos de esas CCAA, es la vía del art. 151 CE´78, mediante el cual, a las competencias anteriores puede añadirse las competencias que el art. 149 no reserva al Estado. A este segundo tipo pertenecen: Andalucía, Cataluña, Galicia, Navarra y el País Vasco.
No obstante, el primero de estos niveles es provisional, porque transcurridos 5 años desde la aprobación del Estatuto de Autonomía, la Comunidad Autónoma puede acceder a un nivel superior de competencias, reformando para ello su Estatuto de Autonomía. Este proceso se inicia a partir del Pacto Autonómico de 1992, momento en el que las CCAA de vía lenta ampliaron sus competencias. Posteriormente varias CCAA, tanto del art. 143 como del 151, han reformado sus Estatutos ampliando sus competencias como es el caso de la C.A. de Andalucía, que, como ya sabemos, reformó su Estatuto de Autonomía en el año 2007.
1 1. LOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA Según los arts. 81 y 147 CE´78, los EEAA son leyes orgánicas y además constituyen la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma: Sin embargo, no son unas leyes orgánicas como las demás: Su elaboración tiene que seguir un procedimiento especial y una vez que los EEAA han sido aprobados mediante ley orgánica, las Cortes Generales no tienen plena disponibilidad sobre ellos, ya que su modificación exige la intervención de las Asambleas Legislativas de las propias CCAA (Título VIII CE´78 y arts. 248, 249 y 250 del EEAA´07).
Cada Estatuto de Autonomía, tiene una función constituyente para su Comunidad Autónoma y su correspondiente ordenamiento jurídico, pues según establece el art. 147 CE´78, el EA establece las Instituciones de la CA y su funcionamiento, delimita las competencias de la CA y, por lo tanto, frente a ellas, las competencias del Estado, impidiendo que ninguna otra disposición, ni aun de rango legal, pueda recortar las competencias que el Estatuto atribuye a una determinada Comunidad Autónoma.
2. INSTITUCIONES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Con carácter general, el art. 147.2 CE´78 sólo prevé que la denominación, organización y sede de las Instituciones autonómicas son determinaciones que deben contener los Estatutos de Autonomías. Sin embargo, el art. 152.1 CE´78 establece con carácter imperativo cual ha de ser la organización institucional de la CCAA que aprobaron su Estatuto de Autonomía por la vía prevista en el art. 151 CE´78 (es decir, por la vía rápida o especial, entre ellos, CA Andaluza), previendo dos órganos autonómicos esenciales: la Asamblea Legislativa y el Consejo de Gobierno con su Presidente. También se prevé en este precepto un Tribunal Superior de Justicia, pero éste no es propiamente un órgano autonómico sino estatal integrado en el Poder Judicial.
Sin embargo, como la CE´78 no prohibía que las CCAA que llegaron a la autonomía por la vía del art. 143 (es decir, por la vía lenta o general) adoptaran este mismo modelo y, además, el Derecho a la Autonomía que consagra el art. 2 CE´78, es un Derecho a la autonomía política (no sólo autonomía de gestión) que incluye la 2 capacidad de las CCAA para aprobar leyes, las CCAA que aprobaron sus Estatutos de Autonomía (EEAA) por la vía del art. 143 (o sea, vía lenta o general) también adoptaron este mismo modelo.
En consecuencia, todas las CCAA han recogido en sus EEAA un modelo de organización idéntico: Asamblea Legislativa, Consejo de Gobierno con su Presidente y un Tribunal Superior de Jusitica. Vamos a ver este modelo (aunque no vamos a referirnos al Tribunal Superior, por no ser propiamente una Institución autonómica) haciendo especial referencia a la CA de Andalucía: 2.1 Asamblea Legislativa Es el órgano de representación política de los ciudadanos que integran la población autonómica. Sus miembros se eligen por un sistema electoral democrático, es decir, basado en el voto universal, libre, igual, directo y secreto de los ciudadanos de cada Comunidad Autónoma, y por un sistema que debe asegurar la representación de las diversas zonas del territorio de la Comunidad Autónoma (art. 101 y 104 del EA de Andalucía´07).
El sistema electoral es igual al del Congreso de los Diputados, es decir, el proporcional y está también basado en un sistema de listas cerradas (todo ello según lo previsto en cada Estatuto de Autonomía, en la Ley Orgánica Electoral General y en las Leyes electorales de cada una de las CCAA, que establecen el número exacto de diputados autonómicos, en CA Andaluza, Ley 1/1986 Electoral de Andalucía).
El mandato de los miembros de las Asambleas Legislativas, en Andalucía: Parlamento Andaluz, es por cuatro años. Los diputados autonómicos gozan del mismo estatus que los diputados de las Cortes Generales: inviolabilidad, inmunidad y no están sujetos a mandato imperativo (art. 101 EAA´07).
Las funciones de las Asambleas Autonómicas, son sustancialmente iguales a las de las Cortes Generales: - Aprueban leyes autonómicas 3 - Controlan al ejecutivo, es decir, al Consejo de Gobierno de su CA. Para ello pueden presentar preguntas, interpelaciones y mociones. También pueden formar Comisiones de Investigación.
- Aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.
- Además, las Asambleas Legislativas de las CCAA tienen otras funciones que les atribuye directamente la CE´78 (y que ya hemos ido viendo): 1) Elegir a los Senadores en representación de su CA (art. 69.5 CE´78 y 106.17 y EA A´07).
2) Solicitar al Gobierno de la Nación la adopción de un proyecto de ley o remitir al Congreso de los Diputados una proposición de ley (art. 87.2 CE´78 y art. 106.9º del EEAA´07) 3) Interponer recursos de inconstitucionalidad (art. 162.1 a) CE´78).
Finalmente tenemos que señalar, que existe una diferencia entre las Asambleas Legislativas y las Cortes Generales, esta diferencia estriba en que las Asambleas Legislativas sólo tienen un Cámara, similar al Congreso de los Diputados, no tienen Senado.
2.2 El Consejo de Gobierno y el Presidente El Consejo de Gobierno de la CA es el órgano colegiado de dirección y coordinación política de cada Comunidad Autónoma. Está formada por el Presidente y los Consejeros y cumple, dentro de sus competencias, las mismas funciones que el Gobierno de la Nación, teniendo atribuidas las funciones ejecutivas y la potestad reglamentaria (es decir tiene atribuidas las mismas competencias que el art. 97 CE´78 atribuye al Gobierno de la Nación, por lo tanto, el Consejo de Gobierno de cada CA tiene una doble naturaleza: política, ejerce como hemos dicho la función ejecutiva y la potestad reglamentaria, y administrativa, es el máximo órgano de la Administración Autonómica de su Comunidad).
El modelo de organización adoptado por todas las CCAA es el establecido por el art. 152 CE´78, es decir el modelo parlamentario (o sea, el mismo que el Gobierno de la Nación). Por tanto, corresponde a la Asamblea Legislativa elegir de entre sus miembros al Presidente del Consejo de Gobierno, en Sesión de Investidura. Una vez el Presidente es elegido por la Asamblea es nombrado por el Rey, pasando a designar libremente a los 4 demás miembros del Consejo de Gobierno, es decir, a los Consejeros, a los cuales también puede cesar libremente (art. 37 del EA de Andalucía). Todos los miembros del Consejo de Gobierno son políticamente responsables ante la Asamblea Legislativa, que ejerce el control sobre la acción ejecutiva a través de preguntas, interpelaciones y mociones.
El Presidente del Consejo de Gobierno ha de contar con la confianza de la Asamblea Legislativa para mantenerse en su cargo, para ello, puede presentar una cuestión de confianza, que ganará si obtiene la mayoría simple de los votos de la Asamblea. También podrá ser objeto de una moción de censura, que tendrá que ser constructiva, es decir, los diputados que presenten la moción habrán de presentar también un candidato alternativo a Presidente del Consejo de Gobierno. Como en el caso del Presidente del Gobierno de la Nación se entenderá que el Presidente del Consejo de Gobierno cesa cuando la mayoría absoluta de los diputados votan a favor de moción de censura y del candidato alternativo, en caso contrario, el Presidente del Consejo de Gobierno mantiene la confianza y continua en su cargo (art. 39 EA de Andalucía).
El Presidente además de la dirección del Consejo de Gobierno (o sea, tiene las mismas atribuciones y competencias que el Presidente del Gobierno de la Nación), tiene atribuida una doble representación: - La representación de su Comunidad Autónoma, que no pierde nunca, por lo tanto, el Presidente del Consejo de Gobierno es el Presidente de la CA.
- La representación ordinaria del Estado, por tanto, no corresponde al Delegado del Gobierno en la CA, que sólo representa al Gobierno de la Nación, no al Estado español. Pero la representación del Estado que ostenta el Presidente del Consejo de Gobierno es, como hemos dicho, sólo ordinaria, esto quiere decir, que cuando estén en la Comunidad Autónoma el Rey o el Presidente del Gobierno de la Nación, el Presidente de la CA ya no representa al Estado, sino sólo a su CA.
3. LA FISCALIZACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 5 Una de las características esenciales de la posición de autonomía de las Comunidades Autónomas es que, en lo que se refiere al marco de sus competencias, no cabe ningún control gubernativo del Estado (es decir, en le marco de sus competencias, las CCAA no tienen un superior que les pueda controlar y decir lo que tiene que hacer).
Esto no quiere decir que no exista ningún sistema de control de la actividad de las CCAA, al revés la CE´78 establece diversos sistemas de control de la actividad de las CCAA, pero siempre respetando la autonomía de las CCAA, estos mecanismos de control son los siguientes: 3.1 Los controles de la constitucionalidad: tanto la constitucionalidad de las Leyes y demás disposiciones con fuerza de ley aprobados por las CCAA, como los conflictos de competencias entre el Estado y las CCAA, deben ser suscitados ante el Tribunal Constitucional, que es el único competente para resolverlo.
3.2 Los controles judiciales de la legalidad: como cualquier otra Administración, la actividad de las Comunidades Autónomas se halla sometida a revisión judicial, ante los Jueces y Tribunales de todo orden (penal, civil, laboral, contencioso-administrativo) (art. 106 CE´78).
3.3 El control económico y contable: la actividad de las CCAA, como la de cualquier otro ente público, esta sometida a la fiscalización económica y presupuestaria del Tribunal de Cuentas, que está encargado de vigilar el sometimiento de la actividad económico-financiera del sector público a los principios de legalidad eficiencia y economía, de lo que tiene que dar cuenta mediante un informe o memoria anual, a las Cortes Generales (arts. 153 CE´78 y 9.1 de la Ley Orgánica 2/1982 del Tribunal de Cuentas).
Junto a estos sistemas de control de la actividad de las CCAA, el art. 155 de la CE´78 establece un mecanismo de control destinado a solventar situaciones extraordinarias de conflicto. Para que se desencadene este mecanismo de control es preciso que se den una de estas dos situaciones: bien que la Comunidad Autónoma en cuestión incumpla las obligaciones que la CE´78, su Estatuto de Autonomía u otras Leyes le hayan impuesto, o bien, que haya realizado alguna actuación que atenta gravemente contra el interés general de España. En tales casos, el Gobierno de la 6 Nación podrá requerir al Presidente de la Comunidad Autónoma el cumplimiento de la obligación o el cese de la actuación dañosa. Si este requerimiento no es atendido, el Gobierno de la Nación debe dirigirse al Senado para obtener su aprobación previa de las medidas que se proponga adoptar para obligar a la Comunidad Autónoma al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para proteger el interés general afectado.
Autorizando el art. 155 CE´78, a que el Gobierno de la Nación pueda dar instrucciones a todas las autoridades de la Comunidad Autónoma en orden a la ejecución de las medidas que haya adoptado.
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