Dominio público hidráulico (0)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Derecho - 3º curso
Asignatura Bienes Públicos y Urbanismo
Año del apunte 0
Páginas 17
Fecha de subida 05/06/2014
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TEMA 3. EL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO I.
EVOLUCIÓN DEL DERECHO ESPAÑOL DE AGUAS. NOTAS El agua es un recurso natural esencial, tanto para la vida como para el desarrollo de actividades económicas. Es objeto de interés del derecho, éste regula dicho recurso natural y establece una serie de reglas relacionadas con su calidad, y trata de prevenir una serie de daños que puedan recaer sobre el agua. También es cierto que el Derecho de aguas está muy condicionado por las características físicas de nuestro territorio y por la abundancia o escasez de agua. Por lo tanto, hay una disparidad de situaciones. Ambos elementos, tanto el aspecto territorial como la sequía en determinadas épocas, han condicionado nuestras instituciones jurídicas. Se han ido transformando la asignación de usos, la AP, toda la política de construcción de obras hidráulicas, incluso se ha transformado la protección de la calidad de las aguas.
Precisamente estas diferencias territoriales, hicieron que en 1866 apareciera la primera Ley de Aguas. Desde entonces hasta ahora se ha ido conformando toda una política hidráulica que siempre ha estado condicionada por estos dos elementos.
La Ley de 1866, a la cual siguió la de 1879, son leyes que declaran las aguas superficiales como aguas públicas. Las aguas pluviales, por ejemplo, no eran consideradas aguas públicas. Las aguas subterráneas se consideraban que tenían la naturaleza del terreno donde fueron alumbradas. Ya establecen dichas leyes la exigencia de concesión administrativa para el caso de uso privativo de las aguas.
Desde un punto de vista del aprovechamiento de aguas públicas, aparecen las Comunidades de Regantes. A nivel de garantizar la oferta de agua, en aquél momento el Estado empieza a desarrollar toda una política de construcción de obras hidráulicas (por ejemplo, aparece un plan nacional de canales de riego), incluso normativa que busca solucionar los problemas de irregularidad de caudal de los ríos.
En este momento temporal, se crean también las llamadas Confederaciones Hidrográficas, que es una fórmula organizativa donde hay participación de los usuarios, e intervienen en toda la política de creación de obra pública hidráulica.
Ésta Ley tiene vigencia hasta que se aprobó la Ley de Aguas de 1985. Se produjeron una serie de nuevas necesidades que llevaron a que fuera necesaria una nueva regulación.
Técnicamente, hubo un mejor conocimiento del ciclo hidrológico. Algunas notas de ésta Ley son las siguientes: - Demanializó todas las aguas continentales, por lo tanto, se suprimieron las concesiones a perpetuidad, que sí se admitían anteriormente.
- Establece un principio de unidad e indivisibilidad de la cuenca hidrográfica, de manera que implantará un modelo de participación del Estado y las CCAA en los llamados organismos de cuenca - Establece la necesidad de proteger la calidad de las aguas y modernizar su régimen económico y financiero - Añade la importancia de la planificación hidrológica (¡! Planes hidrológicos) - Sufrió una reforma en 1989 que flexibilizó el régimen de concesiones. Se trataba de conseguir reforzar la protección de la calidad y eficiencia en el uso del agua A este texto han impactado diferentes realidades o problemas, que de alguna manera han llegado a que se dicte el actual TR de la Ley de Aguas de 2001. Tiene como origen la Directiva marco del Agua.
II.
BIENES QUE INTEGRAN EL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO La ley establece que son de DP hidráulico estatal: todas las aguas continentales, superficiales, las subterráneas renovables, que integran todas ellas el ciclo hidrológico, constituyendo, por lo tanto, un recurso unitario. E incluso, en la propia ley, se establece que también se integran a este ciclo hidrológico la fase atmosférica. Todas estas aguas quedan demanializadas en este texto.
No solo es el agua un BDP hidráulico, sino que también se incluyen los elementos por los que discurre el agua, o donde se contiene el agua. El art. 2 expresamente se refiere a los cauces, lechos de lagos y lagunas, acuíferos, entre otros. De acuerdo con este artículo, por lo tanto, se delimitan como BDP hidráulico los siguientes: - Las aguas continentales superficiales (aguas corrientes – que circulan-, aguas pluviales, y aguas estancadas en embalses, lagunas y lagos). Los cauces, pues son la superficie terrestre por donde discurren las aguas. Las riveras de los ríos. En cambio, las márgenes de los ríos NO van a ser BDP hidráulico. Éstas sí que estarán en cambio sujetos a unas zonas de servidumbre y de policía - Las aguas subterráneas renovables, independientemente del tiempo de renovación. En cambio, NO lo son las aguas fósiles (no renovables), están excluidas, para alguna parte de la doctrina establecen que, además, son susceptibles de apropiación privada. Los acuíferos, que son formaciones geológicas por las cuales discurren aguas subterráneas.
- Las aguas minerales y termales, que se regularán por su legislación específica, la remisión se hace con la finalidad de investigación y aprovechamiento de estas aguas. Esto, actualmente, es competencia de las CCAA Que haya una genérica declaración de demanialidad no impide que puedan haber bienes, dentro del dominio público, que tengan carácter privado, es decir, que haya aguas privadas.
Por ejemplo:  Cauces por los que ocasionalmente discurran aguas pluviales en tanto que atraviesan fincas que son de dominio privado (esto viene recogido en el art. 5.1)  Charcas situadas en predios de propiedad privada (art. 10)  Las zonas inundables encrecidas no ordinarias, entonces, aunque estarán sujetas a una serie de limitaciones, para garantizar la seguridad sobre personas y bienes, se considerarán aguas privadas (art. 11)  En caso de lagos, lagunas y charcas inscritas en el Registro de la Propiedad y que, efectivamente, estuvieran inscritas como de propiedad particular en el momento que entró en vigor la Ley de Aguas de 1985 (DA 1ª)  En caso de aprovechamiento de aguas privadas que proceden de manantiales y pozos y de galerías (DT 2ª y 3ª) La ley contempla situaciones de derecho transitorio (DT 1ª y 3ª). Se indica que los derechos sobre aguas públicas se seguirán disfrutando durante un plazo máximo de 75 años, a contar desde la entrada en vigor de la Ley Aguas de 1985 (es decir, 1 de enero de 1986). Aquí se contempla un derecho transitorio para el supuesto de derechos de aprovechamiento de aguas que se adquirieron al amparo de la Ley de aguas de 1889, y que este régimen transitorio ya contemplaba la Ley del 85.
Cuando se trata de derechos de aprovechamiento de aguas privadas, que proceden de manantiales inscritos, así como de pozos y galerías (DT 2ª y 3ª), en este caso, estos derechos de aprovechamiento los van a poder mantener durante un plazo de 50 años, y transcurrido este período, los propietarios van a tener el derecho preferente para la correspondiente concesión administrativa.
III.
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AGUA: LA ADMINISTRACIÓN HIDRÁULICA En primer lugar, la estatalización del agua ha hecho que, efectivamente, sea imprescindible, la configuración de una AP que se encargue de la gestión + protección de este recurso escaso, y, por lo tanto, de calidad también del mismo.
Entre las funciones que va a desarrollar, existen distintos tipos. Habrá algunas de ellas más relacionadas con la asignación del recurso, por ejemplo, todo el otorgamiento de concesiones, policía de aguas, entre otros. En cambio, hay otras más relacionadas con el abastecimiento, con el aprovechamiento (si el agua se destina a regadío, entre otros). También existen otras funciones, como la de construcción de obras hidráulicas, embalses, presas, que comportará que intervenga la AP.
El aparato organizativo en el ámbito del agua es muy plural. Existe una AP, siendo un organismo autónomo, + una serie de figuras híbridas, es decir, una gran variedad.
- En la primera fase de asignación del agua, es una típica función administrativa. Opera la AP del agua, la autoridad del agua.
- En la fase de aprovechamiento, aparece la AP del agua en un sentido más impropio. En este nivel, aparecen, por ejemplo, las Comunidades de regantes, donde se da un supuesto de autoadministración, de todos los aprovechamientos colectivos de las aguas públicas.
Incluso estas Comunidades de regantes, y los Municipios (que son usuarios del agua), se integran a su vez en los Organismos de cuenca. Asimismo, también ligado con el aprovechamiento, y con esta concepción amplia de la AP, aparecen las denominadas Confederaciones hidrográficas, que por primera vez aparecen en 1926, que van a atender a una demarcación hidrográfica concreta. Estas Confederaciones tienen como función gestionar el agua en las Cuencas intercomunitarias (es decir, aguas que discurren por más de una CCAA). Además, éstas Confederaciones van a ejercer sus funciones en materia de aguas teniendo presente algo que le impone la Directiva marco y la Ley ha recogido en el art. 14, los siguientes principios:  Unidad de gestión  Tratamiento integral del agua  Economía del agua  Desconcentración  Eficacia y participación de los usuarios  Unidad de Cuenca hidrográfica  Compatibilidad la gestión pública del agua con la ordenación del territorio, protección del MA, el respecto a la naturaleza, entre otros Junto a estas Confederaciones, y también en la fase de aprovechamiento, las CCAA, con competencias en materia de aguas, van a tener también su propia AP hidráulica. Por ejemplo, en Cataluña, el ACA (Agencia Catalana del Agua).
 TIPOLOGÍAS DE AP HIDRÁULICA · AP HIDRÁULICA CENTRAL: el Ministerio de agricultura, alimentación y medio ambiente es donde se encamina toda la política de aguas. Junto, por lo tanto, a dicho Ministerio, aparece la Secretaria de Estado de medio rural y agua.
Además, aparece el Consejo Nacional del Agua, éste órgano es consultivo, adscrito al Ministerio, y que tiene como función asesorar al Gobierno central y a las CCAA, a través de informes preceptivos (obligatorios). En este Consejo, aparecen representantes de las AP, organizaciones económicas y profesionales del sector del agua.
Además, aparecen los Organismos de Cuenca, actualmente se habla de Confederaciones Hidrográficas. Cuando la Ley utiliza el término de Organismo de cuenca, es la denominación genérica que emplea para referirse a la AP que se encarga de la gestión del agua en cuencas hidrográficas de pequeñas cuencas asociadas. En cambio, cuando habla de Confederación hidrográfica, es cuando se refiere a organismos de cuenca cuyo ámbito territorial es superior a una CCAA. Ambos casos, estamos ante AP institucional, pues son organismos autónomos estatales.
La Confederación hidrográfica está atendiendo a lo que la Ley actualmente califica como demarcación hidrográfica¸ que viene recogido en el art. 16 bis de la Ley. Con la ley anterior coincidían la cuenca hidrográfica con el plan hidrológico (este siempre se refería a una cuenca).
Actualmente no, pues los planes, por imposición de la Directiva marco, se refiere a demarcaciones hidrográficas, las cuales comprenden más elementos, pues éstas incluyen la cuenca y, además, las aguas costeras y las aguas de transición. Esto es así porque la Directiva busca el buen estado ecológico de las aguas, por ello se habla de demarcación, pues para lograrlo las aguas no se pueden dividir. Hoy la Ley de aguas, como busca el buen estado ecológico de las aguas, habla de demarcación, y no únicamente de cuenca.
Las Comunidades de regantes es un modelo que plasma un ejemplo de fórmulas de autoadministración, es decir, los propios interesados gestionan los aprovechamientos que se derivan, por ejemplo, de una misma concesión o una misma toma de agua. Son corporaciones de Derecho público que están adscritas al correspondiente Organismo de cuenca, y ejercen una serie de funciones de carácter público. El R del dominio público hidráulico se especifica que las Comunidades de regantes ejercen funciones de distribución y administración de las aguas, de policía, entre otros, funciones que han delegado y concedido las AP. Es más, se establece que éstas pueden ser beneficiarias de la expropiación forzosa. Sus actos gozan del privilegio de autotutela ejecutiva.
IV.
LA PLANIFICACIÓN HIDROGRÁFICA: PLANES HIDROGRÁFICOS DE CUENCA Y EL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL Cualquier actuación que se dé sobre el DP hidráulico, el art. 1.3 establece que está sometida a planificación hidrográfica. Por ello, la función de los planes es de especial relevancia, pues territorializan las previsiones que, de una manera abstracta, recoge la ley, y las adaptará a las características que tiene cada demarcación hidrográfica. En todo caso, esta operación de planificación no es fácil, porque se trata de planificar cual ha de ser el aprovechamiento del agua, que es un recurso natural escaso, y además está sujeto a numerosos cambios. En realidad, la disponibilidad del recurso está condicionada por las lluvias, entonces, este es un elemento clave. Por lo tanto, planificar el aprovechamiento de un recurso con tantas características como el agua, es muy difícil. Por ello, muchos planes tardado muchos años en aprobarse (hasta 14 o 15 años).
La Ley de aguas fija una serie de objetivos de la planificación hidrológica en el art. 40, cuando establece que son:  Conseguir el buen estado y adecuada protección del dominio público hidráulico y las aguas en general  Satisfacer las demandas de agua  Equilibrio y la organización del desarrollo regional  Incrementar las disponibilidades de este recurso  Proteger su calidad  Economizar su uso racionalizándolo, teniendo en cuenta el MA y demás recursos naturales Todo ello se resumen en las 2 ideas fundamentales de la Directiva marco: por un lado, satisfacer la demanda del agua y, por otro, lado, el buen estado del agua.
 PLANES HIDROGRÁFICOS DE CUENCA Su ámbito territorial coincide con la demarcación hidrográfica, concepto que defina la Ley en el art. 16 bis. Por lo tanto, hay toda una serie de cuencas intercomunitarias (pues son cuencas hidrográficas vecinas), que cuentan con su correspondiente plan hidrográfico.
Este plan hidrográfico de cuenca tiene 3 finalidades:  Finalidad de carácter cognostitivo, que la cumple cuando en la Ley se exige que haya un estudio general de las características de la demarcación. Es decir, como se trata de un recurso escaso, cada demarcación va a tener unas características dicho recurso.
 Finalidad de carácter normativo, pues se va a intentar ordenar, a través del plan, cuál es el uso que hay que darle al agua, y cuál es la protección del mismo.
 Finalidad de carácter técnico, es decir, qué instrumentos reales se ponen en marcha para dar cumplimiento al uso y protección de las aguas. Es decir, qué programa de medidas se adoptará, qué se hará por parte de los técnicos El art. 42 de la ley recoge un listado de los contenidos obligatorios que deben reunir estos planes. Efectivamente, se reconducen a cualquiera de las tres finalidades anteriores. Por lo tanto, el contenido del plan y el programa de medidas al cual alude la Ley, son dos elementos que van de la mano, no hay contraposición entre ambos. Pues las medidas que se adopten por parte de la AP hidráulica, se van a incluir en el plan hidrológico correspondiente.
Se trata de cuencas intercomunitarias, por lo tanto, aguas que discurren por más de una CCAA.
El procedimiento de elaboración de este tipo de planes hidrológicos de cuencas intercomunitarias está regulado de tal manera que contemple la coordinación con otras planificaciones (que tendrán influencia e incidencia en el ámbito del agua) – por ejemplo, planificación urbanística, planificación energética, entre otras-. Por lo tanto, se va a necesitar la aprobación previa, la intervención de los Ministerios y las CCAA que estén interesadas en que se lleve a cabo una elaboración de un plan.
La participación se materializa a través del Consejo del agua de la demarcación, que es un órgano de planificación y participación, y elaborará y aprobará, de forma provisional, dichos planes.
Después se desarrolla la fase de elaboración, en sentido estricto, y la fase de aprobación.
 Elaboración del plan, dividida en dos subfases 1. Se señala una relación de temas importantes que afectan a la demarcación 2. Se elabora un proyecto de plan, y sobre éste, se deberá elaborar un informe de sostenibilidad ambiental, que se evaluará  Aprobación del plan. El proyecto de plan se somete a información pública. Después, existirá el informe preceptivo del Consejo del Agua y, finalmente, se aprobará por el Gobierno Finalmente, el plan constará con dos instrumentos, por un lado, con la memoria y, por otro lado, lo que es propiamente la normativa de dicho plan. En todo caso, la aprobación de los planes siempre va a tener lugar por el Gobierno estatal, y siempre va a mediar el informe del Consejo nacional del agua.
Una vez aprobados los planes, estos serán públicos y vinculantes. Por lo tanto, todas las concesiones que tengan lugar, van a tenerse que otorgar de acuerdo con las previsiones del plan y, por lo tanto, también de acuerdo con el orden de preferencia de los aprovechamientos que contemple el plan.
Además, el plan, cuando es aprobado, implica la declaración de utilidad pública de las obras previstas a efectos expropiatorios (art. 44 LA).
Determinadas decisiones, que se refieren a la gestión del agua, aparecen reservadas a los planes hidrológicos. Por ejemplo, reservas de aguas (siempre estarán condicionadas por los caudales ecológicos) o reservas de terrenos (solo será legítima en lo estrictamente necesario para realizar las infraestructuras que establece el plan). Esto aparece previsto en el art. 43.1.
 PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL El que exista una planificación hidrográfica de cuenca, por lo tanto, una planificación teniendo presente las demarcaciones hidrográficas, no impide y no es incompatible con la idea de un plan hidrológico nacional. Éste tiene una funcionalidad distinta al plan de demarcación. Éste ocupa una posición de supraordenación, de tal manera que, según se dispone en el TR, las previsiones de los planes hidrológicos de cuenca, al plan hidrológico nacional, es obligatoria, pues ¡! la aprobación del plan hidrológico nacional implicará la adaptación de los planes hidrológicos de cuenca a las previsiones de aquél.
Ahora bien, la calificación de plan hidrológico nacional, responde la dimensión de carácter nacional/estatal, que tiene la política de aguas, y además de su posición de garante de la solidaridad interterritorial en el ámbito de las aguas.
Este plan cumple 3 funciones:  Coordinar los planes hidrológicos de cuenca  ¡! Autoriza la transferencia del agua de unas cuencas a otras, por lo tanto, de un territorio a otro (función más relevante y polémica)  Establecer las modificaciones correspondientes en la planificación del uso del agua que se refieren a regadío, o bien abastecimiento de poblaciones V.
USOS Y APROVECHAMIENTO DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO Salvo pervivencias de ciertas titularidades de carácter privado, el agua está sustraída del tráfico, no es susceptible de éste.
Existen 3 tipos de usos:  LOS USOS COMUNES GENERAL: en el art. 50 de la Ley se establece que todos pueden, sin necesidad de autorización administrativa, usar de las aguas superficiales, mientras discurren por sus cauces naturales; para beber, bañarse, para otros usos domésticos y para abrevar el ganado. Estos usos no precisan de autorización administrativa, pero deberán de ser usos que tengan lugar de conformidad con lo que dispongan las leyes y que sea un uso que no impida los usos de otros, que no altere la calidad del agua ni su caudal, y tampoco podrán desviarse las aguas de sus cauces o lechos, debiéndose respetar el régimen normal de aprovechamiento.
No cabe el abuso del derecho en la utilización de las aguas, ni el mal uso (es decir, el desperdicio de las aguas).
 LOS USOS COMUNES ESPECIALES: son los previstos en el art. 51 de la Ley, y el ejercicio de usos comunes especiales requiere la declaración responsable (se sustituye en la mayoría de los casos la autorización por ésta tipología; o una comunicación previa). Cuando se trate de estos usos (navegación, establecimiento de barcas de paso y embarcaderos, entre otros) se presentará una declaración responsable. En estos usos, además, se incluirá la pesca, el aprovechamiento de pastos, la tala de árboles en terrenos de dominio público hidráulico, el establecimiento de zonas de recreo deportivas, entre otros.
 EL USO PRIVATIVO: se está limitando/excluyendo cualquier otro aprovechamiento por parte de terceros. El derecho al uso privativo, establece la Ley, que se va a adquirir, o bien por disposición legal, o bien por concesión administrativa, pero en ningún caso se va a adquirir por prescripción adquisitiva. No cabrá la posibilidad de que uno adquiera el uso privativo por concesión y ésta sea a perpetuidad, pues nunca serán a perpetuidad.
Los adquiridos por disposición legal supone que el propietario de una finca, va a poder aprovechar las aguas pluviales, y las aguas estancadas que se encuentren en su finca, no más allá de sus límites. Esto dentro de unos límites, es decir, siempre y cuando se respeten derechos de tercero y no se incurra en abuso del derecho. Incluso la Ley contempla como se van a poder utilizar aguas procedentes de manantiales situados en un predio de propiedad privada (en el interior) ya aprovechar las aguas subterráneas. Ahora bien, lo limita, esto solo cuando el volumen total anual no sobrepase los 7.000 m3.
Los adquiridos por concesión administrativa, la forma normal de adquisición de ese uso privativo es a través de la concesión, y da igual que el uso sea para regadío, como para otro tipo de uso, es indistinto para el legislador. El otorgamiento de la concesión va a ser discrecional, el art. 59 -.1/.4- (que habla de la concesión de aguas, en general) establece que se va a tener en cuenta, en el otorgamiento, la explotación racional conjunta de los recursos. En la concesión se indicará cuanto se dejará aprovechar de agua, pero lo que se indique en el título concesional no tiene porque corresponderse con la realidad. Se tienen en cuenta una serie de elementos reglados que aparecen en escena, y la resolución que se dicte será motivada.
Además, las concesiones se tramitan a través de un procedimiento de otorgamiento que se ajustará a los principios de publicidad (habrá pues concurrencia) y de competencia (art. 79.2), prefiriéndose, en igualdad de condiciones, aquellos que proyecten la más racional utilización del agua, y una mejor protección de su entorno. Por lo tanto, la vertiente medioambiental, que antes no existía. Exceptúa la aplicación del principio de competencia (podrá eliminarse…) cuando se trate de abastecimiento de agua a poblaciones. En este caso, en el otorgamiento de las concesiones, podrá prescindirse del principio de competencia.
Existe la posibilidad de aplicar un procedimiento de otorgamiento simplificado, y esto será así cuando se trate de, por ejemplo, aprovechamientos hidroeléctricos de pequeña potencia.
¡! Además, en el otorgamiento, se va a respetar el orden de prelación de usos que tenga establecido el plan hidrológico. Por ejemplo, el RD 120/2014 (plan hidrológico del Ebro), en el art. 23 clasifica y prioriza los usos en ese caso concreto. Por ejemplo, uso destinado al abastecimiento, usos agropecuarios, usos industriales para producción de energía eléctrica, otros usos industriales, entre otros. El plan establece y prioriza los distintos usos.
La concesión administrativa se otorga con carácter temporal, y el plazo nunca será superior a 75 años. Sí hay posibilidades de prórroga, cuando, por ejemplo, para utilizar la concesión fuese obligatorio/necesario determinadas obras cuyo coste no se va a poder amortizar dentro del tiempo que falta por transcurrir hasta que finaliza el plazo de la concesión.
La concesión no garantiza la disponibilidad de los caudales concedidos y, además, no cabe indemnización en el caso de que haya insuficiencia o restricciones del caudal, salvo en el supuesto de que se produzca una modificación de caudales que genere perjuicios a unos aprovechamientos a favor de otros (en este caso sí se tendrá que indemnizar, y será el Organismo de cuenca quien va a determinar la cuantía).
Se va a tener que respetar siempre los caudales ecológicos (o llamados también caudales ambientales) que también especificará el plan hidrológico.
Algunas características de la concesión son las siguientes:  Es inscribible en el Registro de aguas (art. 80)  Es transmisible (art. 63)  Se van a poder modificar las características de la concesión (art. 64)  Se podrán revisar las concesiones  Como regla general, no es indemnizable, salvo cuando lo exija su adecuación a los planes hidrológicos Además, se extingue la concesión porque se ha llegado al plazo por la que estaba concedida, porque puede caducar, porque se incumplan cualquiera de las condiciones esenciales. Puede ser que ésta sea objeto de expropiación forzosa, o que renuncie expresamente el concesionario a la concesión, y estos también son supuestos de extinción.
Hay especialidades para tres tipos de concesiones: a) Las concesiones de abastecimientos a poblaciones, y éstas tendrán un carácter preferente, y no están sujetas al trámite o principio de competencia b) Las concesiones en las aguas subterráneas. En este caso, va a tener preferencia el propietario del terreno donde se encuentren las aguas, para la autorización e investigación c) Las concesiones para riego. Se otorga, normalmente, al solicitante (titular de las tierras) aunque también es posible que se otorguen estas concesiones a las Comunidades de regantes.
Junto a las concesiones, en 1999, aparece una nueva figura que hace referencia a los contratos de cesión de derechos de uso privativo del agua. Esta nueva regulación permite que, efectivamente, los concesionarios puedan ceder parte/totalidad de sus derechos a favor de otros titulares de igual rango, o incluso de mayor rango (no inferior), previa la correspondiente autorización administrativa. Esto aparece en los art. 67 a 72 de la Ley de Aguas. De este modo, se permite que se ceda, con carácter temporal, a otro concesionario u persona con uso privativo (puede ser por disposición legal) todo o parte.
¡! Va a tenerse en cuenta el orden de preferencia que establezca el plan hidrológico de cuenca. Esto guarda relación con la posibilidad de que se creen centros de intercambio de derechos, que se conocen con el nombre de Bancos de Agua.
· RESERVAS DEMANIALES. Otra modalidad de intervención administrativa son las reservas demaniales, que también establecen los planes hidrológicos. Por lo tanto, cuando se utiliza esta técnica, lo que se hace es que el plan está sustrayendo un volumen de agua del régimen general de utilización para asignarlo a un determinado aprovechamiento, distinto y concreto. Por ello, la reserva se aplica a un destino concreto, y se establece para un plazo máximo que también fija el plan. Las reservas se van a inscribir en el Registro de Aguas, a nombre de los Organismos de cuenca. Además, cuando se van otorgando las correspondientes concesiones, entonces, se van cancelando las reservas demaniales.
 LOS USOS POR LA ADMINISTRACIÓN. Se contempla la posibilidad de los órganos de la AGE y las CCAA puedan acceder al uso del agua, previa autorización especial otorgada a favor de ellas o bien del patrimonio del Estado, sin perjuicio de terceros.
VI.
PROTECCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO Y DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS Esta exigencia de protección desde esta doble vertiente (protección del dominio público + calidad de las aguas) viene impuesta por la Directiva marco 2000/60. Se trata de proteger al agua tanto de la contaminación como de la sobreexplotación. La Directiva adopta un enfoque integral, es decir, trata el recurso natural en todas sus vertientes, y su objetivo es lograr un buen estado de las aguas en 2015. Por lo tanto, abandona el enfoque que hasta ahora existía en la UE.
Por un lado, hay una serie de técnicas que buscan la protección de la calidad y el uso racional de este recurso. Por otro lado, otra serie de técnicas de protección que buscan la integridad del dominio público hidráulico.
· En el caso de técnicas que buscan la protección de la calidad y uso racional del agua: - Los planes hidrológicos, que fijan como objetivo alcanzar el buen estado de los distintos tipos y masas de agua. Junto a la delimitación de cada una de estas masas de agua, va fijando los objetivos medioambientales - Las limitaciones medioambientales que se establecen al aprovechamiento del agua, esto tiene que ver con que los planes hidrológicos establecen una serie de caudales ecológicos o ambientales, y esto es una limitación general, una restricción que se impone a las posibilidades de explotación. Esta limitación al aprovechamiento va ligada a las aguas que están embalsadas, porque es con ellas con las que se puede determinar el caudal - La declaración de zonas protegidas. Los planes hidrológicos también recogen una serie de zonas que supone protegerlas y que comporta una serie de limitaciones en el aprovechamiento del agua. Cada demarcación hidrográfica cuenta con un registro de esas zonas - La declaración de sobreexplotación y de salinización. Esto supone que determinados acuíferos en estas situaciones de explotación o están salinizados, se podrá declarar esto, que comportará restricciones en el aprovechamiento de estos acuíferos. Esto es así para poder propiciar/favorecer que se recuperen - Control de vertidos contaminantes. Para prevenir la contaminación se establecen unos valores límites de emisión de los efluentes, esto es, hay unos valores límites de lo que puede verterse, y también unos valores de cuanto puede aceptar el medio receptor. La técnica de control que se utilizará es la autorización administrativa de vertidos. En todo caso, siempre se van a determinar zonas especialmente sensibles. Esta autorización va a fijar, por ejemplo, las condiciones del vertido, la empresa que contamina tendrá que contar con la mejor técnica disponible, las normas de calidad ambiental, los límites de emisión que vienen fijados por el plan hidrológico para cada tramo, entre otros. Ésta autorización es compatible con cualquier otra que exista por razón de actividad. Quien otorga la autorización, si se refiere a cuencas intercomunitarias, la competencia es del Organismo de cuenca. En el caso de vertidos al alcantarillado o colector municipal, la competencia será municipal o autonómica.
La autorización de vertidos es siempre temporal (máximo 5 años) y se debe ir renovando continuamente). En todo caso, los vertidos no autorizados, están sujetos al régimen sancionador, además a las potestades de revocación que puede aprobar el Organismo de cuenca, y a la liquidación del canon de control de vertido (es una tasa).
· En el caso de técnicas de protección que buscan la integridad del dominio público hidráulico - La policía de aguas, que van a desarrollar funciones de inspección y control del dominio público hidráulico, del cumplimiento de las condiciones de las concesiones, de las obras que se realicen vinculadas a las concesiones otorgadas, entre otros - Determinación de, a través del apeo y el deslinde, de la posesión y la titularidad dominical a favor del Estado. Por lo tanto, los cauces son objeto de apeo y señalamiento de mojones - Régimen de las zonas inundables. En este caso se establece qué ocurre con los terrenos que son inundados porque hay crecidas de los ríos - Régimen sancionador administrativo previsto para los bienes de dominio público hidráulico - La ejecución penal, el CP contempla lo relativo a delitos que pueden afectar a la interidad del dominio público hidráulico VII.
OBRAS HIDRÁULICAS DE INTERÉS GENERAL En nuestro país, este tema tiene un protagonismo destacado. La construcción de obras hidráulicas va ligada a conseguir ofertar agua en calidad y cantidad suficiente. La ley de 1985, no atendió al tema de las obras públicas, y fue posteriormente, en 1999, cuando se añadió el Título VIII que regula precisamente este tipo de obras.
Actualmente, el TR de LA de 2011, recoge, del art. 122 al art. 135 todo lo relativo a las obras hidráulicas.
El art. 122 define las obras hidráulicas como aquellas que están destinadas a la gestión y a la ordenación de las aguas; y recoge todo un conjunto de actuaciones que merecen esta calificación de obras hidráulicas. A la vista de este concepto de obra hidráulica, podemos señalar que estas obras pueden ser de titularidad pública y de titularidad privada, tal y como establece el art. 123.
- Las obras hidráulicas de titularidad pública son aquellas que tienen como finalidad garantizar la protección, el control y aprovechamiento de aguas continentales; y que sean competencia de la AGE, de las Confederaciones hidrográficas y de las CCAA y entidades locales. Para poder iniciar la construcción de una obra hidráulica de carácter público que comporte la concesión de nuevos usos del agua, será obligatorio contar, con carácter previo, con la correspondiente concesión, autorización o reserva demanial. Todo esto salvo que se trate de un supuesto de situación hidrológica extrema.
Además, existe la obligación de que los titulares de estas obras asuman las responsabilidades de cumplir con las correspondientes condiciones de seguridad que deben darse en las presas y embalses, con el fin de proteger a las personas, al MA y a las propiedades.
- Las obras hidráulicas de titularidad privada (art. 49 TRLA). En toda acequia, acueducto, el cauce, las márgenes, serán considerados como parte integrante de este terreno o heredad, o bien, parte integrante del edificio a que vayan destinadas las aguas. Esta titularidad privada no va a concurrir en el caso de los concesionarios.
- Las obras hidráulicas de interés general (art. 46 TRLA). Se incluyen:  Aquellas que han sido declaradas directamente por LA como tales  Las declaradas como obras hidráulicas que se dan en las cuencas intercomunitarias  Las declaradas por RD a solicitud de las CCAA  Cuando las declare así la Ley en virtud de la cual se aprueba el plan hidrológico nacional, y son además infraestructuras necesarias para la transferencia de recursos En todo caso, estas obras van a ser competencia de la AGE, en el ámbito de las cuencas que discurren por más de una CCAA. La AGE va a poder llevar a cabo la gestión de las mismas directamente, o bien a través de las Confederaciones hidrográficas o, incluso, de las sociedades estatales creadas al efecto (el art. 132 se refiere a estas sociedades, que son un tipo de AP, cuyo objeto social es la construcción, ejecución de estas obras públicas hidráulicas).
De acuerdo con el art. 125, cabe que la explotación y mantenimiento de estas obras hidráulicas se encomiende a las Juntas de usuarios o Comunidades de usuarios que se ven afectadas por esas obras. Precisamente, para ello suscribirán un Convenio entre tales Juntas o Comunidades y la AP.
En los art. 127 y siguientes se recoge una serie de previsiones que tienen que ver con la necesaria coordinación de este tipo de obras con los instrumentos de ordenación del territorio y urbanismo –por lo tanto, con el planeamiento urbanístico-, señalándose, por ejemplo, como las obras hidráulicas de interés general o incluso las obras hidráulicas de interés supramunicipal (de ámbito supramunicipal) que vengan recogidas por la planificación hidrológica, no estarán sujetas a licencia ni a ningún otro acto de control preventivo municipal. ¡! Esto es una especialidad, pues todas están sometidas a licencia, excepto estas.
En el art. 128.3 se recoge la exigencia de un informe vinculante del Ministerio de MA, que va a referirse, exclusivamente, a la relación entre tales obras y la protección del MA; así como la protección del dominio público hidráulico.
También se contempla que los terrenos reservados en los planes hidrológicos para la realización de obras hidráulicas de interés general, tendrán la clasificación y calificación que resulte de la legislación urbanística aplicable, y que sea adecuada para garantizar y preservar la funcionalidad de dichas obras, y su compatibilidad con los usos del agua y las demandas medioambientales. ¡! Es decir, tiene que haber coordinación entre planes hidrológicos y el planeamiento territorial de urbanismo.
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