Procesos de ejecucion parte 3 (2017)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
Grado Derecho - 4º curso
Asignatura procesos de ejecucion y procesos civiles especiales
Año del apunte 2017
Páginas 3
Fecha de subida 03/08/2017
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Optativa de 4º curso

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1) el principio de la ejecución de la sentencia en sus propios términos: sólo es posible la ampliación de la ejecución para las prestaciones periódicas, por tanto, siempre que esto se haya establecido en la sentencia, nunca cabe establecer ex novo este pago de prestaciones periódicas.
Por otro lado, en la demanda de ejecución tenemos que designar los bienes del ejecutado que son susceptibles de embargo o bien medidas de localización de estos bienes. Contrariamente a lo que ocurre en la demanda declarativa, en la demanda de ejecución si realizamos una designación de bienes parcial o incompleta no va a tener efectos preclusivos.
A la demanda de ejecución tienen que acompañarla una serie de documentos:  poder del procurador  título (si es una laudo además del laudo hay que acompañarlo el convenio arbitral y los documentos que acrediten la notificación del laudo a las partes)  documentos que contengan los precios o las cotizaciones que se han aplicado para computar el dinero a aquellas deudas que no son dinerarias Interpuesta la demanda, con estos requisitos y acompañada de estos documentos, el órgano jurisdiccional tiene que dictar despacho de ejecución. El despacho de ejecución, para que lo dicte el órgano jurisdiccional tiene que darse una serie de presupuestos procesales: - competencia: el órgano jurisdiccional tiene que establecer si es competente - carácter y legitimación de las partes - la demanda ejecutiva tiene que estar redactada conforme a lo que se establece en la LEC - que se haya observado el plazo de espera - que se haya observado el plazo de caducidad - que las actuaciones que pide el ejecutante en su demanda sean acordes con la naturaleza del título cuya ejecución se pide - además también hay que establecer si en la ejecución se pide una responsabilidad por parte de los deudores, solidaria o mancomunada (el despacho de ejecución ha de contener esta mención) En el despacho también tiene que establecerse, no solamente la persona o personas frente a las cuales se despacha la ejecución o la persona o personas a cuyo favor se despacha la ejecución y si estas se despachan de forma solidaria o mancomunada, también tiene que establecer la cantidad por la que se despacha.
Esta cantidad está compuesta por el principal + los intereses ordinarios y moratorios vencidos + costas.
Hay que tener en cuenta que esta cantidad calculada para intereses y costas no puede sobrepasar el 30% de la cantidad total pedida.
Dictado este auto, el Secretario Judicial inmediatamente va a dictar un decreto cuyo contenido se encuentra regulado en el artículo 551 LEC.
En el decreto de Secretario Judicial nos vamos a encontrar con: las medidas ejecutivas procedentes (incluido el embargo); las medidas de localización y averiguación de bienes del ejecutado (siempre que de los bienes del ejecutado la parte ejecutante no conozca los suficientes o estime que hacen falta estas medidas de localización); el contenido del requerimiento de pago que debe hacerse al deudor (siempre que la ley establezca que para proceder a la ejecución hay que previamente requerir de pago al deudor).
Contra este decreto del Secretario Judicial cabe interponer recurso directo de revisión sin efectos suspensivos y se interpone ante el órgano jurisdiccional que haya dictado el despacho de ejecución, así se establece en el artículo 551.5 LEC.
El despacho de ejecución también se puede denegar por el órgano jurisdiccional. Para que recaiga el decreto del Secretario Judicial previamente ha tenido que haber un despacho de ejecución, pero este despacho de ejecución se puede denegar y se deniega mediante auto cuando el órgano jurisdiccional considera que no concurren los requisitos procesales para el despacho de ejecución. Contra el auto que deniega el despacho de ejecución cabe recurso de reposición previo al de apelación, o también cabe el recurso de apelación directamente entendiéndose la apelación solamente con el ejecutante (es decir, la apelación solamente tiene como parte al ejecutante).
Una vez que se ha dictado el despacho de ejecución, si se ejecuta un título judicial o un título asimilado a éste, debe notificarse al ejecutado el auto de despacho de ejecución y el decreto del Secretario Judicial, entregándole además copia de la demanda ejecutiva.
Tenemos una persona que dispone de un título, un auto de cuantía máxima (por ejemplo), pero que no se cumple voluntariamente y tiene que acudir a la ejecución. En primer lugar tiene que interponer una demanda, esta demanda tiene que tener unos requisitos. A la vista de lo que se establece en la demanda, el órgano jurisdiccional examinará mi demanda y si ve que concurre todo tendrá que dictar un auto de despacho de ejecución.
Inmediatamente después el Secretario Judicial dicta un decreto con las medidas ejecutivas que se van a seguir.
Si queremos ejecutar este auto y estamos con un título judicial hay en muchas ocasiones en que se necesita previamente un requerimiento de pago. En primer lugar si se trata de un título judicial habría que notificar al ejecutado de la demanda, del despacho de ejecución y del decreto del Secretario Judicial. Si se trata de un título extrajudicial habrá que requerir de pago al deudor antes de proceder al embargo y si no hay pago, es decir, si el ejecutado no realiza este pago entonces se procederá a la notificación de este decreto del Secretario Judicial y en su caso a la adopción de medidas de localización y averiguación de bienes (si no están correctamente establecidas).
No hace falta requerimiento de pago al deudor cuando a la demanda ejecutiva se acompaña acta notarial que acredite que se ha requerido de pago al deudor al menos 10 días antes de la interposición de la demanda.
Efectuado o no el requerimiento de pago, las medidas de localización y averiguación de bienes del ejecutado se van a poder llevar a efectos sin oír previamente al ejecutado y ni siquiera hace falta que se le notifique el decreto (siempre que así lo pida el ejecutante).
Sin embargo, el ejecutado si que tiene la opción de oponerse a la ejecución, recogida en los artículos 556-570 LEC.
El plazo para oponerse es de 10 días siguientes a la notificación del auto de despacho de ejecución. Esta oposición a la ejecución es común a todas las ejecuciones salvo a la ejecución hipotecaria.
El ejecutado se puede oponer a la ejecución y tiene que hacerlo por escrito con los requisitos de una demanda (demanda de oposición). El ejecutado tiene la carga de alegar y probar los hechos en que se va a fundamentar su oposición. Estos motivos de oposición son: a) la falta de presupuestos procesales generales o especiales del procedimiento de ejecución b) la infracción del título ejecutivo por exceso o por defecto c) la inexistencia del derecho o la no subsistencia del derecho y del deber de prestación que se expresan en el título Todos estos motivos de oposición a la ejecución, el ejecutado los puede poner de manifiesto a través de: - un incidente, llamado incidente de oposición por motivos procesales - también cabe a veces recurso de reposición y de apelación - también a veces cabe escrito directo dirigido al órgano jurisdiccional (cuando no hay resolución que recurrir (artículo 562 LEC) - proceso declarativo previo, simultáneo o posterior a la ejecución (artículo 564 LEC) El ejecutado cuando se le notifica el despacho de ejecución puede oponerse por muchas causas a esta ejecución pero no siempre va a ser de la misma manera, hay veces que el ejecutado puede acudir a un incidente, otras puede recurrir si se trata de una resolución del órgano jurisdiccional, otras veces para oponerse hay que acudir a un declarativo. Todos estos medios de oposición vienen regulados en la LEC y dependerán de cada ejecución.
Motivos de oposición por razones de fondo: - el pago o cumplimiento de lo ordenado en el título judicial (si nos oponemos alegando el pago tenemos que acreditarlo documentalmente) - la consignación (para que la consignación sea un motivo de oposición tiene que concurrir una declaración del acreedor aceptando esta consignación). En este supuesto es preciso el previo ofrecimiento de pago de todo lo adeudado incluyendo los intereses de demora (tienen que ser posteriores al título y anteriores al despacho de ejecución) - caducidad de la acción ejecutiva (5 años a partir de un dies a quo que como siempre es la firmeza de la sentencia) - pacto o transacción entre las partes (este pacto ha de constar en documento público y el ejecutado tiene la carga de acreditarlo. No es posible oponer la transacción que se ha acordado sin autorización judicial cuando la ley establece que es preceptiva esta autorización, por ejemplo no se puede transigir sobre alimentos provisionales sin autorización judicial) En el auto de cuantía máxima los motivos de oposición a la ejecución están tasados y sólo hay tres: 1) fuerza mayor: entendida como un suceso imprevisible, inevitable e irresistible. No se puede alegar caso fortuito.
2) culpa exclusiva de la víctima: también es restrictivo 3) concurrencia de culpas: lo que normalmente se acoge por los órganos jurisdiccionales, que las dos parten tiene parte de culpa.
En los títulos extrajudiciales también hay motivos de oposición: - El pago (hay que acreditarlo documentalmente). La deuda tiene que ser líquida (artículo 1194 C.C) y además ha de constar en documento con fuerza ejecutiva - Compensación de crédito líquido que resulte de documento con fuerza ejecutiva. En este caso han de concurrir las condiciones generales exigidas para la compensación (certidumbre, vencimiento, liquidez y la exigibilidad de los créditos que se compensan  artículos 1195 y 1196 C.C) - Pluspetición o exceso de computación a metálico de las deudas en especie, es decir, que nos han pedido de más. Se suele alegar respecto del cómputo de intereses, el principal suele estar claro.
- Prescripción y caducidad (hay que tener en cuenta los plazos de prescripción de las obligaciones que se contienen en el título) - Quita, espera o promesa de no pedir (hay que acreditarlo documentalmente) - Transacción (tiene que constar en documento público) ...

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