TEMA 7 objecion de conciencia (2011)

Apunte Español
Universidad Universidad de Burgos
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura Derecho eclesiástico del estado
Año del apunte 2011
Páginas 26
Fecha de subida 20/06/2017
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TEMA - OBJECIÓN DE CONCIENCIA. (PAG 205) 1 . LA OBJECCIÓN DE CONCIENCIA.
Hasta hace pocas décadas, la objeción de conciencia era un fenómeno aislado, poco habitual de aplicable a muy pocos supuestos: Hoy en día se han extendido notablemente. Incluso, que no cabe hablar ante “objeción de conciencia” en singular, sino que ahora se dice “objeciones de conciencia” en plural.
No obstante, no caigamos en el error de creer que la objeción de conciencia es algo tan novedoso: ya que la obrar de Sófocles, Antígona contravienen los designos de Creonte, y entierra a su Hermano, poniéndole: “ no pienso en absoluto que los decretos de un mortal como tú tengan suficiente autoridad para prevalecer sobre las leyes no escritas, que son obra inmortal de los dioses”; o, recuérdese cuando expuse en la parte histórica el caso de los primeros cristianos, cuyo “quedan delito” consistía en no querer ofrecer sacrificios a los dioses romanos hoy negarse a reconocer la divinidad del César.
En la actual sociedad democrática, la ley proviene de la voluntad popular, lo que significa que debe someterse a los dictados de marca la ficción jurídica que resulta ser la conciencia común.
El problema es que, en ocasiones, la conciencia común no tiene porque coincidir con la conciencia individual, y eso provoca que la persona, siguiendo los postulados que le marca su propia moralidad, no pueda siempre cumplir lo que él le impone la ley. Parece lógico que no merezca igual trato en que el transgrede el ordenamiento jurídico por imperativos morales, que el que lo hace por capricho o por interés puramente egoísta.
Además, nos encontramos con el problema añadido de que el tema evolucionar con la misma velocidad con la que varían tanto la conciencia común como la individual; por eso, la noción de objeción de conciencia es mutable con el tiempo.
Para definir la objeción de conciencia, hay que comenzar por diferenciarla ante la desobediencia civil: a. La desobediencia civil: Supone el incumplimiento de un deber jurídico en aras de un intento o de presión política, cuya finalidad es instar la modificación de la legislación vigente. Es un acto de trascendencia política, cuyo fundamento real se encuentra en la pretensión de cambiar la norma infligida.
b. La objeción de conciencia.
No persigue cambios legislativos, sino que resulta la desobediencia de un deber jurídico por la imposibilidad de cumplirlo por cosas morales. Su fundamento se agota en la motivación individual: no busca adhesiones.
La mayor pretensión del objetor es no ser sancionado por su preferencia de seguir en criterio moral diferente al de la mayoría.
Como dice un autor, la objeción de conciencia es un acto privado, no político, que rehúsa el cumplimiento de la ley porque es moralmente injusta, sino para que deje de serlo.
Otra distinción que se debe hacer para comprender el alcance real de este concepto, es entre “objeción” de conciencia y “opción” de conciencia: a. La opción de conciencia: Existen comportamientos contrarios a la ley que, por resultar constantemente reiterados por los ciudadanos, el legislador se ha visto obligado, bien a facultar al sujeto a escoger otra opción alternativa (como ocurre en el caso de servicio militar), o bien, simplemente, ha dispensado al sujeto de cualquier actuación (en el caso del aborto).
b. Las objeciones de conciencia verdaderas, por el contrario, implica la contravención efectiva de normas legales.
Acotada de este modo la noción, en realidad nos quedaríamos casi sin auténticas objeciones que estudiar bajo este título genérico, por lo que en este día los siguientes temas vamos a hablar de las objeciones de conciencia en un sentido amplio, definiéndolas como: “toda pretensión contra de la ley motivada por razones axiológicas de contenido religioso o ideológico, ya tenga por objeto la lección menos lesiva para la propia conciencia entre las alternativas previstas en la norma, eludir comportamiento contenido en el imperativo legal o la sanción prevista por su incumplimiento o, aceptando mecanismo represivo, lograr la alteración de la de contraria al personal imperativo ético” Continuando con la definición en sentido amplio, hay que matizar que la objeción de conciencia no pueden reducirse al menor cumplimiento de un deber jurídico, pues sería insostenible que eso es un derecho fundamental; es preciso que exista alguna norma de que exoneración de los deberes jurídicos, bien permitiendo que se eluda el cumplimiento, o bien eximiendo que la pena una vez se han incumplido.
En este sentido, en debe quedar claro que la objeción de conciencia no es una autorización para impedir el derecho, sino una cláusula que en permite eludir el cumplimiento determinadas obligaciones, o el padecimiento de ciertas sanciones.
Cuando se esté objeción de conciencia, en realidad no hay desobediencia, sino una norma que da cobertura a un incumplimiento.
El hecho de que ciertas objeciones de conciencia se admita en ordenamiento jurídico, puede asignar que la obligación en que se fundan esté llamada a desaparecer, por haber quedado obsoleta; en otros casos, es posible que se trate de obligaciones perfectamente legítimas, incluso con rango constitucional, que el estado permite que sean incumplidas por cierta minoría, en atención a su conciencia individual.
El problema de su cobertura jurídica.
En la mayoría de países no se reconoce genéricamente el derecho en la objeción de conciencia como tal; en sus textos constitucionales suele aparecer alguna de las manifestaciones, quedando las demás en la incertidumbre. En la constitución española en sólo existe una referencia expresa a la objeción de conciencia: Artículo 30.2 CE, que establece la del servicio militar obligatorio.
¿significa eso que las demás objeciones se deben tratar como meras desobediencia civiles? Aunque la doctrina no es unánime, pues existe en todo tipo de posturas, pienso que esa no es la solución.
El artículo 16.1 ce establece la libertad religiosa de conciencia, que no posee sólo el aspecto interno de la libertad de creencias, sino que deben implicar la facultad de obrar conforme a los dictados morales derivados de esas creencias, siempre cuando se respeten los derechos, valores y bienes constituciones de los demás y de la sociedad. A partir de ahí se pueden entender que existe un derecho General a la objeción de conciencia, que el juez deberá entrar a valorar en cada caso ante el desobediencia.
La objeción de conciencia no es un derecho fundamental autónomo, sino una especificación la libertad de conciencia. Como tal, no requiere desarrollo legislativo para hacerse valer, pues es directamente aplicable en la práctica.
De este modo, aunque sólo se recoja específicamente una de las concreciones en el art.30.2 CE, implícitamente, y con carácter General haya su cobertura jurídica en el art.16.1 CE El problema es que algo tan simple ha resultado enormemente contradictorio en los procedimientos del TC, cosa lógica por otra parte, sí se tiene en cuenta que en cada uno de los supuestos más analizaba necesariamente la misma clase de objeción: a) STC 15/1982 de 23 de abril (referida a la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio): Puesto que la libertad de conciencia es una concreción la libertad ideológica que nuestra construcción reconoce en el art.16 , puede afirmarse que la objeción de conciencia es un derecho reconocido explícita e implícitamente en el ordenamiento de la constitución española.
b) STC 53/1985 de 11 de abril ( referida a la objeción de conciencia a las prácticas abortivas): La objeción de conciencia en forma parte del contenido esencial el derecho fundamental a libertad religiosa, por lo que es apelable por el particular con independencia de que el legislador establezca, o no, esa concreción. Un además, es directamente aplicable por imperio constitucional.
c) STC 160/1987 de 27 de octubre (de nuevo referida a la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio): Se califica la objeción de conciencia común derecho constitucional autónomo pero lo fundamental.
d) STC 161 / 1987 de 27 de octubre (también acerca de la objeción de conciencia servicio militar obligatorio): considera que la objeción de conciencia no se admite con carácter General, de nuestro derecho ni en ninguno, porque implicaría la negociación misma en el concepto de estado. Lo que ocurre es que se aceptan algunos casos concretos.
En el fondo, lo que aquí hay es un temor del TC de que: -si por un lado, las reconoce como derecho fundamental se puede multiplicar las solicitudes y tiempos de objeciones.
-y por otro lado, las catálogo de clasificar exactamente, se encasillen cuando realidad se tratan de unos derechos cambiantes y en constante evolución.
Por eso, lo mejor es ser prudente y dejar quesea juez el que valore en cada caso cuando se está ante una verdadera objeción por razones de conciencia, y cuándo ante una desobediencia civil o ante una mera transgresión.
Incluso ese banner a invertir la carga de la prueba, N sentido ante en considerar las objeciones, en principio, legítimas, convirtiéndose el tema en una cuestión de sensibilidad judicial. El juez tendrá que entrar a valorar casuísticamente las motivaciones que pudieran causar la desobediencia.
Algunas de las pautas que Navarro Valls sugiere que debe seguir en la juez en su valoración son: 1) El nivel de peligrosidad social que comporte la conducta, siendo más peligrosas las activas que las pasivas.
2) Las objeciones con trasfondo religioso merece mayor tutela que las de menor trasfondo ideológico.
3) La observancia han de gran diferencia entre los tipos de violaciones producidas: a) Violaciones absolutas: La obligación que se ha tenido que contravenir, suponía que la persona actúa es en contra de su conciencia bajo pena económica personal.
b) Violaciones relativas: Más que de una obligación jurídica, se tratan de que el contenido sobre el quesea a objetar resulte ser un requisito o condición para obtener siento beneficio, siendo el objetor libre de querer, no querer, obtenerlo.
El objetor tiene que considerar que se encuentra en inferioridad de condiciones respecto de los que no comparten sus convicciones.
En las violaciones relativas, habría menos excusa para objetar que en las absolutas.
Como idea final, este mismo autor ha manifestado en alguna ocasión que el de lo que, en el fondo se trata es de: “ Atender a las circunstancias concretas para determinar cuál de los bienes jurídicos en conflicto debe prevalecer y en qué medida se puede conseguir la menor lesión para el derecho llamado acceder. (…) la solución de los conflictos debe hacerse caso por caso, ponderando individualizada mente los derechos en juego, para llegar a una solución que armonice el ejercicio de derechos y libertades de los ciudadanos con el respeto a los principios elementales que configuran la sociedad democrática y, en su caso, a los derechos de los demás” (Navarro Valls) 2. OBJECIÓN DE CONCIENCIA MILITAR Noción La objeción de conciencia al servicio militar ha sido, hasta ahora, el paradigma del tratamiento del resto de objeciones, hasta tal punto que, con alguna de las características de otras de las objeciones no coincidían con las del servicio militar, la doctrina la llegó a calificar como atípica.
De ahí que, aunque esta objeción en España haya dejado de tener la importancia que, mientras existió un servicio militar obligatorio, tenía, puesto que ahora sólo se circunscribe a unos pocos supuestos, su utilidad siempre seguirá radicando en erigirse en modelo de este tipo de derechos.
Las primeras manifestaciones de la objeción de conciencia al servicio militar surgieron en el seno de la iglesia católica; en la Constitución Pastoral Gaudium et spes, sobre la iglesia en el mundo actual (del concilio Vaticano II), se reconoce la objeción al servicio militar, aun aceptando se que al católico le es posible intervenir en la llamada “ guerra justa”; pero veamos lo que dice el texto, que habla por sí mismo: (mirar si se quiere el texto de la página 211-212) No obstante haber sido la iglesia católica la que comienza a reconocer, en textos de trascendencia internacional la objeción de conciencia al servicio militar, los que en la actualidad la reclaman con mayor fuerza son otros grupos, no sólo religiosos, sino también seguidores de diferentes perspectivas éticas, filosóficas o incluso políticas … Entre dichos grupos religiosos, hayamos gran variedad, aunque los principales suelen ser grupos o iglesias protestantes que no pueden aceptar la participación en actividades susceptibles de poner en peligro el “carácter sagrado de la vida”: Anabaptistas, menonitas, amish, Hermanos moravos, ducobots, testigos de Jehová, cuáqueros … Entre las tendencias éticas o filosóficas, lo han reclamado principalmente los seguidores de Gandhi, Martin Luther King, Lanza del Vasto, Danilo Dolci o Bertrand Russell.
Finalmente, entre las ideologías políticas, sobre todo encontramos la demanda en el anarquismo, el neutralismo, el internacionalismo, el nacionalismo y otros movimientos contrarios a una guerra determinada.
En nuestro ordenamiento jurídico, ésta es la única modalidad de objeción que se encuentra expresamente referida la constitución, aunque y, como se verá, de forma bastante parcial.
En concreto, en el articulo 30, que dice: 1. Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España.
2. La Ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas garantías, la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria.
3. Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general.
4. Mediante Ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.
Este derecho constitucional fue, en su momento, desarrollado por las leyes 48/1984, de 26 de diciembre y 22/1998 de 6 julio, reguladores de la objeción de conciencia y de la prestación social sustitutoria y el R.D 700/1999, por el que se aprueba el reglamento de la objeción de conciencia y la prestación social sustitutoria.
El actualidad, aunque la nueva ley 17/1999 de 18 de mayo, de régimen del personal de las fuerzas armadas derogue expresamente la de objeción de conciencia, la ha vaciado de contenido al desaparecer el supuesto fáctico que le daba fundamento: el servicio militar obligatorio.
La objeción de conciencia servicio militar es la negativa de un sujeto, por motivos de conciencia, a prestar el servicio militar obligatorio o a participar, por reclutamiento forzoso, en un conflicto bélico.
La doctrina añade esa definición inicial otros dos supuestos que ahí no quedaría en incorporados porque, aunque también se han objeciones de conciencia servicio militar, poseen su propio término definitorio específico: son el caso de que la disponibilidad militar se han condición para obtener un beneficio un cargo público (la llamada objeción de conciencia relativa) y el que consiste en que la negativa no sólo surja contra la realización del servicio militar, sino incluso contra la prestación social sustitutoria (la denominada insumisión).
Asimismo, veremos como el nuevo establecimiento, en nuestro derecho, de una ejercicio profesional nos obliga a replantearnos otros posibles acepciones que hasta ahora en España resultaban desconocidas.
El presupuesto previo necesario para que pueda darse esta figura es la existencia de un servicio militar obligatorio o de un reclutamiento forzoso. La objeción pierde gran parte de su sentido cuando existe la opción alternativa que realizaron servicio civil (prestación social sustitutoria), aunque se podría sostener que vuelve a recuperar su fundamento último, sí a la conciencia del sujeto, no sólo le es imposible realizar el servicio en filas, sino que igual contradicción interna que supone llevar a cabo la prestación social a la que se le obliga.
Parece ser que, a entender del tribunal constitucional, no estamos ante un auténtico derecho fundamental, sino ante un derecho constitucional autónomo, excepcionalmente protegido, por voluntad del constituyente, por el recurso de amparo.
El alto tribunal llega decir que, el hecho mismo de la objeción de conciencia, ni es un derecho fundamental, ni es un derecho constitucional: el derecho que otorga la norma suprema su articulo 30.2, es a “ser declarado exento” que prestará servicio militar y no simplemente ha “no prestarlo”: “ es una excepción al cumplimiento de un deber General … No un derecho que se satisface con la mera existencia del dato de conciencia” Lo único que puede hacer el ciudadano es ejercer el derecho a pedir que se le “declare exento” y no del derecho a la “quedar exento”.
En el anterior sentido, el objetor no tendría derecho la objeción sino que necesitaría ser declarado como tal: el solo poseería la facultad de solicitar que sea declarada su condición.
Aquí lo que subyace es el intento del tribunal constitucional de justificar al legislador, que en el antiguo art.1.2 LOC84 no decía que “quien rehúse realizar el servicio militar, por razones de conciencia, será dispensado de el”, sino que “quienes sean reconocidos como objetores de conciencia quedarán exentos del servicio militar”.
Parece ser que esta interpretación ha perdido todo su fundamento por mor de la actualidad redacción en el art.180 de la ley 17/1999, en el que la simple declaración de objeción de conciencia por parte del sujeto supone su reconocimiento.
Lo cierto es que los razonamientos del tribunal constitucional rayaba en lo absurdo. No tiene sentido alguno que un derecho constitucionalmente garantizado acabe convirtiéndose, a partir de esta opción hermenéutica, en un mero trámite procesal: está bien que se exigiese el reconocimiento de la condición de objetor para hacer efectivo el derecho, siempre que no se pierda la perspectiva de que su contenido era la facultad de no prestar el servicio militar obligatorio por razones de conciencia, y no el simple derechos sin citarlo la administración.
En cuanto a los posibles motivos por objetar, se ha dicho ya que, necesariamente, deben de fundarse en conflictos “de conciencia”.
En este sentido, la asamblea constitutiva del consejo de Europa, en la resolución 337 de 26 de enero de 1967, sostuvo que son causas aceptables de objeción las basadas en convicciones religiosas, éticas, morales, humanitarias, filosóficas o similares.
En las objeciones de conciencia servicio militar existen tres posibles momentos teóricos para objetar, que son, bien antes de la incorporación a filas, bien después de haber cumplido con el servicio activo, esto es, en situación de reserva, bien durante el cumplimiento efectivo de servicio militar, que es la llamada objeción de conciencia sobrevenida. Cada ordenamiento jurídico concreta una u otra manera las posibilidades afectadas.
Formas de ejercicio del derecho El panorama de la objeción de conciencia servicio militar ha cambiado mucho partir de la ley 17/1999, así como el actualidad existen dos categorías de militares: a) Los militares profesionales: a su vez pueden ser de carrera (que son los mandos con relación de servicio permanente), de complemento (también son mandos pero con relación de servicios temporales) o de tropa y minería (no son mandos y tienen relación de servicios temporal).
b) Reservistas: que pueden ser temporales (los que fueron militares profesionales), voluntarios (que optan a esta condición) y los obligatorios (declarados como tales por el gobierno).
De todos estos tipos de militares, la ley sólo reconoce expresamente la posibilidad de objetar por motivos de conciencia a los últimos, es decir, a los reservistas obligatorios.
El art. 180 Ley 17/1999, establece que estos “ podrán efectuar declaración de objeción de conciencia a prestar servicio de las fuerzas armadas y en otras organizaciones con fines de interés General en las que se requiera el empleo de armas. Dicha declaración, efectuada por el interesado, no requerirá ningún otro trámite de aprobación. Es que se le han declarado objetores de conciencia sólo podrán ser asignados organizaciones con fines de interés General en las que no se requiera el empleo de armas” De este modo, aparte de la simple declaración, sin ulteriores controles acerca de los auténticos motivos de conciencia que provoca la objeción, se asignarán directamente al sujeto o algún servicio que no exija el empleo de armas. Además, se deduce del texto legal que la objeción tendría que hacerse efectivamente al rellenar un cuestionario voluntario que se remitirá a los declarados como reservistas obligatorios antes de ser incorporados a las fuerzas armadas.
Una vez realizada tal declaración, el objetor se le asignará un destino en algún organización de interés General, sin adquirir, por ello, la condición de militar. Como sede, sólo sé está aceptando la objeción de conciencia previa a la incorporación, pues una vez el reservista obligatorio entre en filas, le es aplicable el mismo régimen que los reservistas voluntarios que se comentará a continuación.
El supuesto que acoge la ley, también resulta limitado en otro sentido, pues la objeción no necesariamente tiene que estar referida la utilización de armas como tal, sino a la participación o colaboración, aunque indirecta, en algún conflicto bélico en el propio sistema defensivo nacional.
No siempre se trata del empleo, por uno mismo, de instrumentos para la muerte, sino, en ocasiones, de la participación en un organización General con finalidades no pacíficas.
En otro sentido, recordemos que sólo se reconoce expresamente la objeción de conciencia los reservistas obligatorios, probablemente porque son los únicos de toda la plantilla militar que no han escogido libremente su incorporación. Los demás, parece que no pueden ir en contra de sus propios actos, ejercidos de forma libre.
Pero las cosas no siempre son tan simples como parecen, la conciencia es un concepto evolutivo y cambiante que se tiene que ir a moldeando a las circunstancias que le sobrevienen.
Aparte de eso, tampoco hay que olvidar que el derecho fundamental de libertad religiosa incorporen su contenido esencial la posibilidad, no sólo de actuar en conciencia, sino, incluso, de cambiar de convicciones o de adaptarlas a las distintas realidades vitales.
Se percibe la ausencia del reconocimiento de la objeción de conciencia sobrevenida, y no sólo para los reservistas temporales y voluntarios, que pudieron errar en su opción.
Esto siempre tendrán, o bien la salida airosa que les ofrece el art.165 L.17/1999, para los casos de emisiones en el extranjero, que necesariamente deben tener carácter voluntario, sin petición de ulteriores explicaciones, o bien, en caso de su “no incorporación” genérica a filas, la esperanza de que la delegación de defensa que corresponda tenga la suficiente sensibilidad como para considerar que la objeción de conciencia es una de las “causas justificadas” que la pueden legítimamente provocar, no remitiendo lo a los órganos judiciales competentes que vean el caso en vía penal.
Ambas soluciones, en todo caso, no resuelven más que por la vía de hecho, un problema que el derecho se tendría que plantear, pues parece olvidarse que estamos ante un auténtico derecho fundamental.
Se echa en falta, también, es objeción de conciencia sobrevenida para los militares profesionales, que por vía contractual renunciar absolutamente su derecho fundamental. La perdía el derecho a la objeción de conciencia no era el objeto de su contrato o de servicios con las fuerzas armadas, sino un efecto colateral y probablemente no deseado de la aplicación de la L.17/1999 a su condición militar.
¿o acaso la defensa de España, ago el apoyo militar a alguna campaña derivado de un tratado internacional, por parte de un individuo concreto, está por encima de su propia libertad de conciencia? Y ejemplos los puede dar la realidad, en supuestos como los que nos ofrecen los recientes avatares políticos, que consideración por parte de algunos dirigentes musulmanes integristas, que un conflicto bélico determinado como “guerra Santa”.
Podría haber en España militares profesionales musulmanes, a los que se planteen serios problemas de conciencia para ir a luchar, llegando el caso, contra sus correligionarios; y eso no menoscaba en nada su condición de militar ni su futura disponibilidad, pues puede tratarse de problemas de conciencia ante un conflicto bélico determinado, y no ante los conflictos armados como tales.
Algo similar ha ocurrido, aunque por motivos más políticos que religiosos, en la guerra contra Irak, en la que se ha planteado supuestos de objeción ideológica al participar junto con los estados unidos y en contra de la relaciones de las naciones unidas.
Pues bien, esos supuestos lo están contemplados por la ley y ante la negativa de un militar profesional sólo cabe las soluciones administrativas previstas para la generalidad de los casos: o la espera de que finalice el compromiso temporal adquirido con el ejército, o la renuncia a la condición de militar, con el correspondientes resarcimiento económico el estado o la resolución del compromiso por “la petición expresa del interesado por circunstancias extraordinarias”, de las que, la objeción de conciencia pueda ser una o, finalmente, el incumplimiento de las obligaciones impuestas, que comportaría la sanción disciplinaria o penal, según el caso.
En todos estos casos, el militar profesional pasaría la reserva temporal, en la que los problemas de objeción de conciencia sobrevenida se que producirían.
Lo único que no parece contemplarse es el reconocimiento del derecho la objeción de conciencia sobrevenida, con la posible continuación de la vida y carrera militar profesional. De ahí se deduce que el legislador español ha considerado incompatible la condición de militar con el libre desarrollo de la libertad religiosa en su más radical manifestación.
El cambio de cobertura jurídica Ya es, quizá, el momento de replantearse seriamente la norma de cobertura que ampara el reconocimiento de la objeción de conciencia servicio militar. El art.30.2 CE dice textualmente: “La Ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas garantías, la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria.” Parece ser que el legislador constitucional quiso dar un trato específico esta objeción de conciencia, no dejando la a su suerte en el desarrollo directo del art.16 CE sobre libertad religiosa, sino incorporando la, o quizá sería mejor decir, rebajando la, al art.30 CE, excluido del conjunto de derechos fundamentales de la Sección 1ª.
Es muy posible que en lo que pretendiera fuese un desarrollo legislativo conjunto con el que se resolviese las cuestiones militares, rebajando así la necesidad de ley orgánica que, de otro modo, que hubiese sido precisa.
Por el principio de especialidad, que también rigen el ámbito constitucional, esta materia modifica su natural vocación de ser susceptible de la más rigurosa protección jurídica.
Pero no pienso que el hecho de bajarle el nivel a su desarrollo legislativo le reste “funda mentalidad” en otros sentidos.
No creo que una de las posibles objeciones de conciencia, sólo por producirse en un ámbito concreto como es el militar, sea menos “derecho fundamental” que las demás.
Que haya sido expresamente mencionada en un artículo de la norma suprema, no significa que, de no haber estado ahí, no se pudiese igualmente deducir directamente otro, como lo es el art.16 CE sobre la libertad religiosa e ideológica.
En este sentido, sucede algo parecido a lo que ocurre con la libertad de cátedra, mencionada en el art.20.1.c CE, pero igualmente deducible directamente del art.27.1 CE. De no estar, dicha libertad de cátedra, mencionada en el art.20, estaría igual y directamente reconocida en el art.27; la única diferencia respecto de ese supuesto o es que ambos preceptos se encuentran en la misma sección de la constitución, con lo que no comporta tantos problemas ubicación expresa en uno u otro nivel, a nivel de protección jurídica.
En otro orden de cosas, el legislador constitucional fue coherente con lo que acabo de decir, pues no hay que olvidar que el art.53.2 CE, cuando establece el elenco de derecho susceptibles de recurso de amparo ante el tribunal constitucional, añade tanto del art.14 como nuestro objeción de conciencia al servicio militar del art.30.2 CE ¿No será, acaso, porque era evidente que se trataba de un derecho tan fundamental como las demás objeciones de conciencia, al que, simplemente se quiso rebajar el rango legislativo de su futuro desarrollo, pero no su esencia constitucional? Es ¿es deseada, acaso, que el propio constituyente previo que la futura hermenéutica complicaría algo tan claro, por haber situado a esta objeción donde, en principio no le correspondía, pretendiendo de este modo paliar la posible desprotección que llevaría aparejada la incorrecta interpretación de su esencia? Pero todo lo anterior sirve ya de poco, pues, recuérdese que la objeción de conciencia acampar el art.30.2 CE es “una” de las causas “de extinción del servicio militar obligatorio” y que, en nuestro actual sistema profesionalizado de las fuerzas armadas, el servicio militar que no resulta forzoso, excepción hecha del supuesto o de los reservistas obligatorios.
Eso comporta que la especialidad constitucional prevista en el art.30CE para la objeción de conciencia planteada frente al fenómeno del servicio militar obligatorio ha dejado prácticamente de tener sentido, al desaparecer el supuesto fáctico que le daba carta de naturaleza.
No habiendo ya servicio militar obligatorio, la objeción de conciencia deja de ser una de sus causas de extinción y la materia de la objeción de conciencia del personal profesional o reservista de las fuerzas armadas, queda devuelta a su lugar neutral, el art.16CE, de donde nunca debió salir.
Eso supone que, como tal derecho fundamental puede ser directamente apelable por cualquier individuo, sea militar, sea civil ¿o es que los militares van a ser menos “personas” que el resto de la población? Evidentemente, la anterior no significa que la extensión de su derecho sea ilimitada, como no lo es la de ningún derecho, por muy fundamental que sea. En este caso, por expreso mandato constitucional, debe quedar acotado por el necesaria mantenimiento del orden público. Pero un derecho “limitado” no es lo mismo que un derecho tajantemente “suprimido” De ahí que se aprecie la necesidad de llevar ya a cabo la regulación jurídica de las demás objeciones de conciencia que se pueden plantear al respecto o de la comunidad militar y no sólo la actual de los reservistas obligatorios. De otro modo, algo que podría resultar tan sencillo como un mero trámite administrativo se verá abocado a un proceso jurisdiccional que, por lógica, impedirá su agilidad, provocando, a su vez un gasto absurdo e innecesario.
Además, al regularlo con las necesarias garantías legislativas, se podrá llevar a cabo un auténtico debate de fondo acerca de la conveniencia de acotar, en uno u otro sentido, este derecho para el personal militar, como se hizo en su momento al promulgarse nuestras ya derogadas leyes (48/1984 y 22/1998), reguladoras de objeción de conciencia y de la prestación social sustitutoria.
Régimen penal A aquellos que no se les apliquen, aunque sea por vía indirecta, alguna de las estudiadas posibilidades para poder objetar, lógicamente, se les tendrá que tratar penalmente, en función de los siguientes delitos, sea de la jurisdicción militar (a partir de la regulación del código penal militar), sea el ordinaria (del código penal común).
Los tipos previstos son: a) No incorporación a filas sin causa justificada (prisión de seis meses a dos años de inhabilitación absoluta de 10 a 14 años) artículo 604 CP b) Abandono de destino del militar profesional sin causa justificada por más de tres días (prisión de 3 meses y un día a 3 años. En caso de guerra, la ausencia por más de 24 horas, de 3 A 10 años) artículo 119 CPM (código penal militar) c) Deserción, o abandono con ánimo permanente de los militares profesionales o reservistas incorporados (prisión de 2 años y 4 meses a 6 años. En caso de guerra, de 6 a 15 años) artículo120 CPM d) Incitación a militares acometer deserción o abandono de destino (prisión de 3 meses y 1 día a 6 años. En caso de guerra, la misma pena que para los autores de los respectivos delitos). Art.129 CPM 3. LAS OTRAS OBJECIONES DE CONCIENCIA En este tercer tema sobre la objeción de conciencia, Se van a cuestionar esas “otras”, que aunque no son tan frecuentes como lo había sido hasta ahora la objeción de conciencia al servicio militar, hay que tener las también en cuenta.
El hecho de que analicemos las objeciones que siguen, no significa que el listado se ha cerrado: en principio, se verán las más características de nuestro derecho o en el derecho comparado.
Al ser la conciencia un tema tan evolutivo, el tiempo hará que surjan otras muchas y variadas acepciones.
La objeción de conciencia fiscal La objeción de conciencia fiscal consiste en detraer determinadas tasas o tributos, bienes estatales, bien debidas a organizaciones de derecho público, aquel porcentaje presupuestariamente previsto por el estado, o por la entidad de la que se trate, que en principio irá destinado a fines contrarios a la conciencia del individuo.
El supuesto más característico en España es la de tracción voluntaria del IRPF del porcentaje que establecen los presupuestos generales del estado para gastos militares o de defensa.
Es común que este tipo de objetores se ofrezcan a dar esa misma cantidad para fines compatibles con su conciencia. Por esta razón, no nos encontramos ante una simple evasión fiscal, porque el objetivo único no es, simplemente ha “no pagar”, sino “ no pagar por determinados conceptos” que resultan contrarios a la conciencia.
En este sentido, se pretende por parte de los que sostienen la existencia de este derecho, que debe existir una prestación económica sustitutoria, es decir una alternativa de pago para los tributos que puedan chocar con la conciencia del individuo.
Esta modalidad de objeción de conciencia será bastante en el derecho comparado entre los cuáqueros, menonitas y baptistas alemanes.
En Alemania e Italia la objeción de conciencia fiscal adquirido bastante trascendencia, hasta el punto de presentarse sendos proyectos de ley con objeto de crear un fondo que recoja los pagos sustitutorios, o de ofrecer, incluso, varias alternativas en el pago de aquellos impuestos que pudiesen resultar objetables. Ninguno de los dos ha prosperado.
En California se planteó el caso de un grupo de estudiantes universitarios que se negaban a pagar una parte de sus tasas académicas, la destinada a asistencia sanitaria, pues de ahí podía salir la financiación de los gastos para abortos de sus compañeras. Tampoco este supuesto o tuvo salida.
En Italia, un constituyente de la Asociación Pro-vida, se negó a pagar aquella parte de su IRPF que calculaba que podría destinarse a abortos en la sanidad pública. No se aceptó.
Por el momento, lo único que ha salido adelante, es en EEUU, la negativa de un grupo de Adventistas del Séptimo Día a pagar las cuotas obligatorias a los sindicatos, ofreciéndose a compensar al estado, pagándole y la misma cantidad sí se destinaba a instituciones benéficas.
Se ha creado ha sido un sistema de prestación económica sustitutoria.
Por su parte, la Comisión Europea de Derechos Humanos, ha dicho que en nada puede incidir la conciencia individual respecto de la obligación General de pagar impuestos.
En España no sea recogido nunca la “ cláusula de conciencia tributaria”: en ninguna ley del IRPF se establece ni deducción y alternativa alguna en este sentido. Sólo se ha planteado el tema a nivel jurisprudencial, tanto en el tribunal constitucional como en los tribunales ordinarios.
Los casos han sido siempre de detracción porcentual del IRPF para gastos de defensa, fundamentados en el propio art.16.1CE o en el art.30.2 CE. En todos los supuestos, los tribunales han respondido siguiendo estas pautas: a) Se trata de un problema político cuya resolución corresponde exclusivamente a las cortes generales, porque es un derecho de creación legal.
b) La objeción de conciencia fiscal, por tanto, no derivado del art.16.1 CE, no es directamente alegable sea una ley no la establece.
c) Ni siquiera cabe la posibilidad de afectar el dinero de los propios impuestos a otro fin, porque eso tampoco es un derecho individual. Es más, precisamente, rige el principio contrario, el de “ no afectación del sistema impositivo”.
La conclusión extraíble de la cuestión es que todo es relativo y discutible: en primer lugar porque en el caso de la objeción al aborto, sí se aceptó por el tribunal constitucional que esa modalidad era alegable, pues deriva directamente del art.16 CE; siendo eso así, la pregunta que nos podemos formular es ¿por que sea la objeción al aborto se deduce de la libertad de conciencia, no ocurre lo mismo con la objeción fiscal? En segundo lugar, no se hasta qué punto es coherente la imposibilidad de afectar alternativamente los impuestos cuando ese mismo principio, posee una excepción característica, precisamente en sede derecho eclesiástico, con el tema del asignación tributaria le iglesia católica.
La realidad, es que el objetor fiscal, hoy por hoy, es un desobediente indirecto del derecho, muy cercano al desobediente civil. Por ello el ordenamiento jurídico le castiga. Y mientras la objeción fiscal no se legalice a partir de la normativa expresa, así seguirán las cosas.
La objeción de conciencia al aborto La objeción de conciencia al aborto es aquélla negativa del individuo al ejecución o cooperación, sea directa o indirecta, en la realización de prácticas abortivas.
Dicha negativa surge por razones de conciencia, cuyo fundamento puede hallar su base en usos deontológicos, en la ley moral o en las convicciones religiosas.
La normal es que ese tipo de objeción la planteen los médicos o el personal paramédico cuando, por razones de su oficio, son compelidos a llevar a cabo en las prácticas abortivas legales. De todas formas, es posible que cualquier ciudadano con alguna conexión con el aborto (por ejemplo, farmaceúticos), puedan hacer valer este derecho, hablándose entonces de objeción de conciencia indirecta al aborto.
En este supuesto de objeción,, nos encontramos con una obligación propiamente jurídica General de realizar abortos, contra la que se opone la conciencia del individuo.
En este caso, la opción contraria surge por parte de los médicos o sanitarios contra los centros públicos con expresa disposición para la realización de prácticas abortivas legales. En este sentido, el médico el sanitaria no se enfrentan contra la ley del aborto, sino contra el hospital en donde ejercen su profesión, Martín, contra los órganos de dirección del mismo, que impone la práctica de los abortos legales.
Eso nos lleva encuadrar esta objeción dentro de las derivadas de la relaciones contractuales o profesionales y no dentro de las que provienen de una objeción legal, lo que provoca que éste sea un supuesto difícil de encajar porque, sea la objeción deriva de las obligaciones contractuales que asume la persona de forma voluntaria, no es del todo sustentable que el sujeto o pueda ir en contra de sus propios actos, objetando por unos deberes que se ha comprometido cumplir.
Es arriesgado decir que la conciencia impide realizar algo que el objetor mismo ha asumido libremente por voluntad contractual.
No obstante, el argumento anterior es fácilmente irrebatibles y nos fijamos en que, en el contrato firmado con la administración la entidad de que se trate, no se suele incorporar de forma explícita la obligación de realizar abortos: lo habitual es que se remita a los propios de la categoría profesional que ostentar cada cual.
La concreción de las objeciones de cada categoría, pasará por la necesaria referencia del código deontológico el del médico o del sanitario, en el que tanta cabida tiene la opción abortista como la contraria, dependiendo del momento en el que la conciencia, en este caso más que la ciencia, considere que comienza a la vida humana.
Llegadas este., Vemos que se cierra el círculo argumental pues es la conciencia la que, al fijar las obligaciones profesionales en este extremo, decide sí, en el contrato firmado, entran unas prácticas abortivas: sí se considera que no tienen cabida, nadie puede obligar al médico al sanitaria realizarlas, pudiendo este ejercer libremente su objeción de conciencia.
La defensa de la vida del nasciturus suele fundamentarse con base en iv líneas de pensamiento: I.
Argumento de ontológico: el feto es una realidad ontológica diferente de su Madre.
No se puede ir en contra de la vida de ninguna de ambas.
II.
Argumentó o crítico o moral: “ en el problema del aborto, la cronología no modifica la ontología”, lo que significa que el derecho a la existencia es un derecho fundamental de todos, porque en él se apoya la realización del resto de los derechos.
III.
Argumentó religioso: la mayoría de las religiones están en contra del aborto, porque lo consideran un atentado directo contra la vida humana inocente.
IV.
Argumenta filosófico: es paradójico al creciente aumento de las tendencias proabortivas, precisamente en una sociedad descreída de y lo trascendental, en la que lo único que tiene seguro la persona de su propia existencia. No tiene demasiada lógica permitir que se vea atacada de ninguna manera, ni siquiera cuando aún se trata de una mera expectativa.
En la mayoría de países de nuestro órbita ser reconocido y el aborto, o por lo menos, alguna de sus modalidades: en EEUU, a la vez que se despenaliza prácticamente durante los 1.º - 6 meses de embarazo, se prohíbe cualquier discriminación o sanción a los facultativos que se niegan a realizarlos. Incluso los propios hospitales (sean públicos o privados) pueden establecer la cláusula de prohibición de prácticas abortivas en sus instalaciones.
En derecho europeo (excepto en Suecia, que permitía a los directores de hospitales “tener en cuenta” las convicciones morales de su personal en ese campo, pero sin que dichas convicciones los vinculen. Y en España, que reconoce la objeción de conciencia al aborto, pero no la regula).
Todos los países poseen normativa específica sobre esta modalidad de objeción, en el sentido de aceptar la negativa del facultativo del personal paramédico realizar o cooperar en abortos legales.
Diferente ha sido la postura en los casos de objeción de conciencia abortiva indirecta, donde hay que ir a la casuística para ver cómo está la cuestión en el derecho comparado; veamos algunos casos significativos: A. Se planteó en Italia la inconstitucionalidad de la ley del aborto por parte del grupo de jueces, porque no preveía la posible objeción de conciencia del juez al negarse a a suplir el consentimiento de un menor que desease abortar.
El recurso no prosperó.
B. Levantó bastante polémica la valiente negativa, de el rey Balduino de Bélgica a sancionar la ley del aborto o aprobada por el parlamento belga. La cuestión se solucionó sin afrontar el fondo del problema: se incapacitó al rey para gobernar de forma temporal, devolviéndole sus atribuciones constitucionales, 24 horas después, una vez aprobada la ley sólo por el gobierno.
C. En Francia un grupo de farmacéuticos plantean su objeción de conciencia al aborto, negándose a disponer de la píldora abortiva RU.486. Aunque doctrinalmente es innegable que ostentaba este derecho, la jurisprudencia no lo aceptó así.
Algo similar se cuestionan España en el año 2001, en el que se introduce en nuestro país la píldora abortiva, sólo que en este caso no trasciende más allá de los colectivos farmacéuticos. No se plantea nivel judicial.
En el derecho español nada dice la ley respecto de la cláusula de conciencia al aborto, aunque sí que ha sido jurisprudencial mente reconocida. En la STC 53/1985 de 11 de abril se sostiene que, aunque la constitución no la cita expresamente no será necesario, pues se desprende directamente del contenido esencial del derecho fundamental a la libertad religiosa y ideológica del art.16.1 CE .
Con este tema de la objeción a los tratamientos abortivos, la protección constitucional no se desprende sólo del art.16.1 CE sino que va más allá, porque la vida del nasciturus es un bien jurídico protegido por sí mismo en la norma fundamental.
Por eso, la oposición individual a la práctica del aborto, en realidad, no hace otra cosa que seguir la línea de pensamiento marcada por la constitución.
Es más, la ley del aborto, simplemente, despenaliza algunos supuestos del mismo: no establece el aborto libre, sino precisamente todo lo contrario; el aborto o en General es punible, sólo algunas de sus excepciones se ven libres de condena por voluntad del legislador.
Por eso, la objeción de conciencia al aborto es una “objeción de legalidad”, porque el médico que la plantea lo que hace es encuadrarse en la tónica General prohibitiva, sin entrar a valorar sexta, uno, frente a una de esas excepciones, que a veces puede no estar del todo claras en el supuesto de hecho. Incluso, si se transgreden un poco los límites de la excepción, se llega a la comisión del tipo del delictivo.
Lo expuesto provoca que, en caso de colisión entre la voluntad de la Madre de que se le practique un aborto y la objeción de conciencia del médico realizarlo, vence el derecho del último, que posee su propia cobertura constitucional, en tanto que la facultad de la Madre sólo se fundamenta en la excepción legalmente establecida una prohibición General: no existe el “derecho al aborto”, sino la simple garantía de que, sí se lleva a cabo en ciertos supuestos, no se castigará.
Por estas razones, el médico o el personal sanitario que objetar, lo puede hacer sin necesidad de proclamarse objetor, llegando incluso a argüir que, entre sus obligaciones nos encuentra de acabar directamente con la vida humana, o con la expectativa de esta.
Por su propia naturaleza, esta objeción no puede comportar la opción alternativa de la prestación social sustitutoria.
La objeción de conciencia a tratamientos médicos Esta clase de objeción se plantea los casos en que ciertos pacientes, por razón de sus convicciones religiosas, se niegan a recibir determinados tratamientos médicos que pueden ser necesarios para el mantenimiento de su vida o de su salud corporal.
El choque se produce entre dos conciencias: la deontológica, que hace que el facultativo tenga que intervenir para salvar la vida o para preservar la salud, y la religiosa, que hace que el paciente tenga que rechazar el tratamiento.
Se trasladen objeción de conciencia impropia, porque el objetor no se opone a una obligación legal clara: no existe ninguna ley que compela a nadie a recibir los tratamientos médicos prescritos, aunque la jurisprudencia ha considerado que el deber de solidaridad in abstracto provoca un obligación y in concreto de imponer tratamientos médicos en determinados casos.
Algunas de sus principales manifestaciones han sido: 1. Los testigos de Jehová, que se niegan a recibir transfusiones de sangre, por creer que es pecado todas ingestión de dicha sustancia.
El fundamento lo hayan en la interpretación del texto bíblico del levítico 17,10 que dice: “ todo hombre de la casa de Israel, o de los extranjeros que habitan en medio de ellos que, sangre de un animal cualquiera, yo me volveré contra el que come sangre y le borrar de que en medio de su pueblo”.
Dentro de esta versión de objeción, hay diferentes implicados, que se pueden traducir en distintas posiciones, cuyo tratamiento no es siempre homogéneo: a) El adulto que se niega a recibir transfusiones estando consciente.
b) El caso de los representantes legales de un menor o incapaz, o de las familias y un adulto que se halle inconsciente, que se niegan a aquel paciente reciba la transfusión.
c) La postura del médico.
d) La visión del juez, que debe decidir, en último término, sí se tiene que transfundir uno.
2. Los miembros de la secta Christian Science, que creen que todo se puede curar por medio de la oración, rechazando por ello cualquier tipo de tratamiento médico. Como máximo, los más heterodoxos, aceptan tomar analgésicos.
3. Ciertos grupos se niegan a aceptar productos biológicos derivados de animales proscritos por sus creencias religiosas, como por ejemplo: los musulmanes de creencias más integristas no quieren que se les inyectó insulina o válvulas cardiacas de origen porcino.
4. Algunas mujeres se niegan a ser inspeccionadas ginecológica mente por médicos que no pertenezcan a su propia confesión religiosa o secta.
5. Los casos de huelgas de hambre por razones religiosas o ideológicas, en los que se rechazan los tratamientos, pues de otro modo pierde sentido la presión que ejercen.
Si observamos los casos, veremos que en todos ellos juegan varios factores, a la vez que existen varios bienes jurídicos protegidos; tenemos el derecho al propio cuerpo, el derecho intimidad personal y familiar, o el derecho que corresponde a los Padres, a educar a sus hijos según el modo de vida o las creencias que estimen oportunas. Y en frontal contradicciones, está tanto el interés del estado de preservar la vid y la salud, como el del derecho la integridad ética de los médicos a la hora de procurar salvar vidas y mejorar la salud de sus pacientes.
En nuestro ordenamiento jurídico, no existe una norma expresa que regule esta clase de objeciones de conciencia. Ha sido la jurisprudencia penal la que ido elaborando el tema, pero de forma incompleta, porque sólo se ha planteado casos que cuestionaba el responsabilidad del juez al ordenar la realización de transfusiones de sangre en contra de la objeción, bien de adultos que lo habían expresado por sí, bien de Padres que la negaban para sus hijos menores.
En ningún caso se imputa la conducta del juez.
Veamos alguno de ellos: A. Auto del tribunal supremo de 26 de septiembre de 1978: unos Padres (testigos de Jehová) se querella contra el juez que ordenó transfundir sangre a su hija menor, en peligro de muerte y en contra de su negativa a hacerlo. Se exonera al juez de toda responsabilidad, pues se considera que la patria potestad de los Padres no puede abarcar decisiones sobre la vida del hijo.
B. Auto del tribunal supremo de 22 de diciembre de 1983: una mujer (testigo de Jehová) tiene que ser operada. Firma previamente su negativa a recibir transfusiones de sangre. El equipo médico acepta. En el postoperatorio la cuestión se complica y los médicos piden al marido que firma un documento exonerando les de toda responsabilidad. En lo hace. Aún así, el jefe de servicio instaló juez a que autorice la precisa transfusión: el juez la otorga. La mujer, en plena de sus facultades se continúa negando. Finalmente está fundida y se salva.
La mujer se querella contra el juez por delito contra su libertad religiosa. El tribunal supremo absolver juez, diciendo que sea hubiera llegado a respetar el derecho de libertad religiosa por encima del derecho la vida, entonces sí que sería penalmente responsable.
El caso llega en recurso de amparo ante el tribunal constitucional, se dice que la autorización judicial queda protegida por el art. 3 LOLR, porque la libertad religiosa tiene por límite la salud o las personas.
C. STC 154/2002 de 18 de julio: un menor y sus Padres (todos ellos testigos de Jehová) se niegan a aquel niño de trece años se ha trascendido, por lo que peligra su vida. Los médicos piden autorización judicial, que resulta concedida pero, al ir a realizar la transfusión, el paciente padece una crisis de pánico tal que el personal sanitario no se atreve intervenir, pues temen por el éxito de la misma. Los médicos piden a los Padres que comenzará muchacho, cosa a la que ellos y. Desean que su hijo salve la vida, pero no por medio de su condenación espiritual. No se oponen a que se haga efectiva la resolución judicial, pero no quiere intervenir en ella y menos aún, convencer a su hijo de la bondad de un tratamiento que choca frontalmente con sus principios religiosos y ante el que siempre se han opuesto.
Tras varios cambios de hospital (a partir de altas voluntarias), buscando un tratamiento alternativo el hijo fallecido. El ministerio fiscal insta su condena por homicidio en su modalidad de comisión por omisión, siendo condenados finalmente por el tribunal supremo caso solución el audiencia provincial.
El caso llega en amparo al tribunal constitucional, que resuelve acerca de varias cuestiones importantes: a) Los menores de edad son titulares plenos de derecho de libertad religiosa como los mayores y, cuando posee la suficiente discreción de juicio pueden autodeterminarse en este sentido.
b) Los Padres lo pueden ser obligados a acotar su libertad religiosa convenciendo a su hijo de que realicen algo contrario sus convicciones, siempre que acaten las disposiciones judiciales que se dicten al respecto y que no interfieran en su ejecución.
c) Por su parte, los jueces no vulnera la libertad religiosa autorizando las transfusiones en su intento de salvar la vida del menor.
d) El derecho a libertad es indisponible, pero en este caso no se produce un atentado directo contra la propia vida, sino que se ejerce “el derecho de autodeterminación que tiene por objeto el propio sustrato corporal y que se traduce en el marco constitucional como un derecho fundamental e integridad física”. El menor no pretende morir, sino que trata de que respeten su integridad física la introducción dos años su cuerpo, aun a riesgo de que eso ponga en peligro su vida.
e) La libertad religiosa posee como limite específico la salvaguardia del orden público, que en este terreno se concrete la seguridad, salud y la moral públicas, que no quedan afectadas por la negativa del quieran o recibir un tratamiento médico. La salud pública de la que se habla es la de la población en General, sino la de un individuo particular, que no pone en peligro la comunidad.
Me parece una solución del todo correcta, coherente con el derecho de libertad religiosa de los Padres, a la vez que y con la salvaguardia del derecho la vida. El único que aquí padece es el derecho de libertad religiosa del menor, que quedaría genéricamente acotado por las resoluciones judiciales en pro del indisponible derecho la vida.
La objeción de conciencia en el ámbito de la relaciones laborales Los principales problemas de este campo se plantean en torno a la negativa de ciertos trabajadores a realizar sus cometidos en días considerados como festivos para su confesión religiosa.
La mayoría de estas objeciones de conciencia se han planteado la jurisprudencia estadounidense, en donde el criterio a seguir es el intento o del juez de procurar la mejor solución posible, que trate de contentar al empresario, al trabajador y a los sindicatos.
Veamos alguno de los supuestos que han surgido: a) Una mujer (adventista del 7ºdía) fue despedida por negarse a trabajar el Salvador, tras haberse ampliado el calendario laboral por parte del empresario. Más adelante, se le ofrecen trabajo, que debe rechazar por el mismo motivo.
La administración laboral le deniega el subsidio porque considera que eso no es razón suficiente para no aceptar el nuevo empleo.
El tribunal superior dice que la mujer debe percibir el subsidio de desempleo, porque su negativa se fundamentó en auténticas cosas de conciencia religiosa, que sea su motivo sobrado para rechazar un trabajo.
b) En otra ocasión, se aceptó o que tenía razón un judío ortodoxo que solicitó o de la administración la modificación de la fecha de unas oposiciones, por estar prevista su realización en sábados. Desde entonces, la administración norteamericana se tiene que adaptar a las creencias religiosas de los concursantes.
En nuestro derecho, el estatuto de los trabajadores afirma que existe un día y medio de descanso semanal, que suele ser el dominico, más otro medio día, aunque esa fecha no es inamovible. La regla General del descanso dominical puede cambiar por convenio colectivo o por contrato de trabajo.
En los acuerdos con las confesiones minoritarias se prevé el respeto a las festividades de cada una de las confesiones, tanto en el ámbito empresarial, como en el establecimiento o fechas de concursos y oposiciones (previa solicitud de los objetores, y sí no hay causa motivada que le impida) Nuestra jurisprudencia ha tratado un caso, en la STC 19/1985 de 13 de febrero, en que un adventista del séptimo día propuso a su empresa que en la exonerará de trabajar desde la puesta de sol del viernes hasta la del sabádo, por impedírselo sus convicciones religiosas.
Propuso soluciones alternativas que podían convenía la empresa. Se despidió por abandono de puestos de trabajo en esas fechas.
El tribunal constitucional dijo que, si bien hay que respetar las convicciones de cada cual, ello no significa que exista un derecho imperativo a favor del trabajador a cambiar la fecha de descanso dominical, que en España no es sea una cuestión religiosa sino sociológica. La empresa se tiene que intentar adaptar, siempre que ello no le causis graves perjuicios.
La objeción de conciencia en el ámbito de la empresa. La “gestión ética” Uno de los campos que cada vez está es todo lo tocante a la llamada “gestión ética” (incorporadas al concepto más amplio de “ responsabilidad social corporativa”), referida al intento de adaptar el mundo de la empresa a un código de conducta ético unitario, aceptado por todos los implicados, a partir del que, tanto los modelos de funcionamiento como de distribución y de producción empresarial cooperan en la consecución de un mundo más sostenible, solidaridad ello y respetuoso con los individuos y con el medio ambiente (lo que se conoce como “libros verdes” de la empresa) Las fricciones que surgen entre los distintos intereses en juego pueden provocar serias colisiones entre los implicados, que, ante la todavía escasa regulación jurídica sobre el particular, por el momento derivan en negativas de los trabajadores ante el cumplimiento determinadas órdenes del empresario contrarias a a dicha “gestión ética”, o también se manifiestan en ataques frontales y directos contra la empresa considerada “una ética”, por parte de determinadas organizaciones sociales, que en muchas ocasiones no tienen soporte legal para su forma de reivindicar, viéndose sus miembros obligados a traspasar los límites de la ley en aras de sostenibilidad del planeta y de la garantía de los derechos de los demás desfavorecidos (conciencia ecológica y social).
Ese tipo de conductas activas suele ser mucho más difíciles de justificar que las o misivas, porque su nivel de peligrosidad social es mucho mayor, con independencia de puedan estar realmente fundadas en auténticos conflictos de conciencia.
La objeción de conciencia en el campo educativo Determinados contenidos obligatorios de la enseñanza, o del sistema educativo, pueden suscitar las objeciones de conciencia en este campo. Estamos hablando de los idearios educativos de los centros privados, sino de los contenidos obligatorios fijados por el estado, en el derecho europeo ha surgido varios casos: 1. La iglesia evangélico-luterana recurre contra el gobierno sueco porque prohibida los miembros de aquella sustituir al profesorado de religión por los docentes especializados designados por esta corriente protestante. El gobierno lo justificaba diciendo que la religión (protestante) que explicaba los profesores oficiales era demasiado similar a la propuesta por los evangélicos-luteranos, como para subdividir los grupos en la escuela. Sostenían que esa posibilidad sirve para impartir religiones radicalmente diferentes y no para variantes de un mismo tronco común. El caso se solventa eximiendo a los niños de acudiera a esa clase.
2. Tres matrimonios de Padres impugnaron la norma danesa que imponía la educación sexual obligatoria en todas las escuelas, por considerarla contraria sus convicciones religiosas. El caso llegó hasta el tribunal de Estrasburgo, que afirma que, ni tras esa formación se imparta de forma objetiva, crítica y pluralista, no puede haber ningún problema de conciencia.
3. En Francia surge, en 1989, el famoso problema del “velo islámico”: tres niñas magrebíes acudían a la escuela pública convenio. Algunos alumnos del mismo centro lo consideraban proselitista. El consejo de estado francés, a petición del ministerio de educación, niega la razón a las niñas musulmanas por tres motivos: i.
ii.
iii.
En principio, cada cual puede hacer en la escuela la ostentación religiosa que quiera, en aras de su libertad religiosa, pero eso no incluye los actos reivindicativos, ni los propagandísticos, y nos proselitistas, que era los que se acusaban en este caso.
Cualquier vestimenta es adecuada la escuela, siempre que no impidan la realización de las actividades educativas normales, entre las que se incluye tanto la educación física, como las prácticas de laboratorio (que convén lo pueden resultar, incluso, peligrosas).
Asimismo, está vetada toda indumentaria susceptible de trastornar la conducta de la clase o impedir las actividades pedagógicas, cosa que también se producen este caso, por el revuelo que supuso.
Esta decisión es muy criticable, entre otras cuestiones porque poco antes el consejo de estado francés, había sostenido que llevar una cruz de oro sobre la blusa mera motivo suficiente para justificar una sanción disciplinaria contra la Profesora.
Igual problema surge en España en el 2002, la presa hace saltar la noticia de que una niña musulmana se deniega la posibilidad de llevar su bello en una escuela concertada, cuya titularidad sustento una congregación de religiosas católicas. Parece ser que la administración educativa había ubicado allí a la menor por no disponer de plazas libres escuela pública de la zona. Tras diversas negociaciones con la titularidad, no se llega a ningún acuerdo: ni se le permite la niña llevar el velo, ni ser autoriza a alargar la medida de la falda del uniforme escolar. Al hacerse eco del asunto los medios de comunicación, la administración educativa república al estudiante en la escuela pública, tres días después de saberse la noticia, (considerando que el tema llevaba ya tres meses y solución, perdiendo la niña días de colegio, que, de este modo, no estaba escolarizada: se le permite llevar el pelo, así como la vestimenta que elija.
Ese caso se solventa antes de llegar a los tribunales, así que no se puede saber lo que habría ocurrido.
Observando se lo relativo que con estas cuestiones de objeción de conciencia, pues algo que creía en algunos lugares España tantos problemas está totalmente aceptado en otras zonas en las que la población que no configuración distinta, me refiero en concreto, en el caso de Melilla, en donde los datos de matrícula de sus centros docentes establecen que el alumnado musulmán supone que el 50% y en los que está comúnmente aceptado que las estudiantes acuden a clase con velo de forma habitual. La integración es hasta tal punto que, incluso, se permite que lleven el hiyab en las escuelas religiosas, así como en el resto de privadas (por lo menos en las concertadas, que eres de las que se tienen estos datos facilitados por minister educación) La objeción de conciencia los juramentos promisorios Existen dos variantes de estas objeciones, cuyo contenido es diferente: 1. Objeción el juramento: el ciudadano se niega a jurar con una fórmula que obligue ante Dios, por la laicidad de la conciencia. La suelen interponer los ateos o los agnósticos.
2. Objeción a juramento: existen preceptos confesionales que impiden el hecho mismo de jurar. Se plantea, normalmente, entre cristianos muy ortodoxos.
En nuestro país ha habido multitud de normativa que, para cuestiones puntuales, establece de la doble posibilidad de jurar por Dios o prometer por el honor. Por ello, el tribunal constitucional considera que no son aceptables ninguna de las dos modalidades esta objeción de conciencia, afirmando, incluso que, que es lícito condicionar al ejercicio de un cargo al previo juramento o promesa.
Existe un caso que, aunque no se fundamenta en motivos religiosos, también se ha dado en España, que es la negativa de ciertos diputados o senadores electos a jurar la constitución para poder acceder a su cargo. No se ha aceptado, pues jurar el acatamiento de aquélla, no significa adherirse a ella ideológicamente, pues es lícito o pretender su modificación por los propios sistemas de establecidos. Por ello no ataca la libertad de conciencia.
Es estéril empeñarse en la obligación de realizar este tipo de juramentos, porque sí no derivan de la íntima creencia de la conciencia libre del individuo, no sirven para nada. Forzar así la libertad de conciencia es innecesario.
La objeción de conciencia a los sistemas de asegurar en obligatoria Se da esta objeción en casos de personas que niegan a contribuir el pago del sistema obligatorio de pensiones de vejez o de las tasas de seguridad social, porque consideran inmoral dejar en manos del estado cuestiones como la vejez, la invalidez, o la necesidad de cualquier tipo, que debe ser exclusivamente atendidas por sí mismos, por sus familias o por sus comunidades religiosas.
Es un objeción característica de los amish o de la Dutch Reformed Church. Hay que decir, que tanto la comisión europea de derechos humanos, como el tribunal supremo norteamericano, la han rechazado siempre.
La objeción de conciencia las normas administrativas Se produce cuando alguna norma administrativa ataca la conciencia del individuo, existen infinidad de casos, de los que los más típico son: 1. Objeción de conciencia los códigos identificativos de la seguridad social: reclama su reconocimiento o de esta modalidad de objeción los prosélitos de la Native American Church, por entender que los códigos identificativos son una forma de control del ser humano moralmente incompatible con la propia autonomía sobre la identidad. Nunca prosperó, porque el tribunal supremo de EEUU, consideró que la podía prevalecer esta objeción sobre el interés organizativo del estado.
2. Pretensiones utilizar vestuario religioso en el ejército: un rabino ortodoxo se negó a quitarse el YARMULKE judío (o por lo de casquete) de debajo del gorro militar.
Tampoco se reconoció en Norteamérica, porque la necesidad de un férreo sistema disciplinar en el ejército primo sobre esta pretensión.
3. Objeción de conciencia a colocar fotografías en los documentos o permisos de conducir oficiales: una americana se negó a facilitar una fotografía para su permiso de conducir, porque el Deuteronomio 5,8, interpretado de forma estricta, lo prohíbe. Esta idea resulta común entre los musulmanes, que adquiere fuerza entre los más integristas. Tampoco este tipo próspero, porque el interés de seguridad vial venció sobre la objeción.
En cambio, en el año 2003 el tribunal supremo ruso ha considerado ajustada a derecho una modalidad este tipo de objeción, aceptando que las mujeres musulmanas que lo deseen puedan fotografiarse con el HIYAB.
La objeción de conciencia a formar parte de un jurado El individuo se niega a juzgar a las demás personas. Su fundamento religioso suele encontrarse en Mt 7,1-2.
La solución práctica que ante este problema han dado los países de tradición de jurado, es exceptuar a los objetores por alguna de las cosas normales que los excusa, arreglándose la cuestión por la vía de hecho.
La corte suprema de los EEUU. Consideró ex cusa válida, para no formar parte del jurado, la alegación de que ello iba en contra de las convicciones religiosas. Incluso sea el acusado lo solicita, su caso puede ser juzgado sólo por jueces Y/o magistrados profesionales (para juicios penales federales).
En España, la ley orgánica 5/1995 de 22 mayo, el tribunal del jurado no contempla expresamente la objeción de conciencia común ha de las posibles excusas para formar parte del jurado. No obstante, sería posible incorporar la el excusa final abierta, que permite la negativa a “ los que aleguen y acrediten suficientemente cualquier otra causa que les dificulte de formar parte del desempeño de la función de jurado” (art.12.7).
En todo caso, dependerá de la sensibilidad del magistrado-Presidente su aceptación o no. Su no aceptación, lamentablemente, boca del objetor al incumplimiento o de sus funciones de jurado, lo que comporta sanciones penales pecuniarias de nada desdeñable Valor.
La objeción de conciencia jurisdiccional Uno de los sujetos involucrados en el proceso jurisdiccional sede llamado a declinar su participación en un procedimiento concreto por motivos de conciencia.
En la práctica esto sea dado en el supuesto de un grupo de jueces italianos que nos se veían capaces, en conciencia, de suplir el consentimiento de la menor que pretendía abortar.
Plantearon la inconstitucionalidad de la ley del aborto italiana por lo preveer, para ellos, esta modalidad de objeción. La cuestión o próspero.
Asimismo, esta variedad de objeción de conciencia sido recomendada expresamente por el Papa Juan Pablo II (y apoyada por el Obispo portavoz de la conferencia episcopal española, así como por la italiana), en su discurso de 28 de enero del 2002, a los jueces y abogados que se ven involucrados en procesos de divorcio que, a su entender, atenten contra “el bien social que es la indisolubilidad del matrimonio”. El papa anima abiertamente a los abogados ha “ evitar implicarse personalmente en lo que supone una cooperación al divorcio” aunque reconoce ser “consciente que en las legislaciones internacionales no existe la posibilidad de objeción de conciencia de los jueces que han de dictar sentencia, pero les dice que busquen, en la medida de lo posible, la restauración del matrimonio roto” Actualmente parece evidente que la objeción de los jueces no puede prosperar, aunque quizá sería el momento de plantearnos, de lege ferenda sea para ellos no sería menester introducir una nueva causa de abstención que acogiese su posible objeción de conciencia para este y otros eventuales supuestos.
En cuanto los abogados, al no tener su negativa implicaciones sociales, por tratarse de una actividad profesional privada, no creo que haya ningún problema con que se acepten, ni siquiera en el turno de oficio que, a la postre, desde voluntaria adscripción. Si se extendiese el concepto de esta modalidad de objeción de conciencia, la podría llegar a plantear el resto del personal involucrado la jurisdicción.
Otro de estos supuestos se viene produciendo en Holanda, array de la aceptación del matrimonio homosexual y surge por la negativa de algunos jueces de intervenir en la celebración de los enlaces. En estos casos, curiosamente aunque la ley ampara los jueces les permita objetar, la sociedad lo toleran mal y suele “castigar” al estilo legal, no volviendo a votar su reelección.
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