Política criminal en el ámbito de menores (0)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Derecho - 3º curso
Asignatura Derecho de menores
Año del apunte 0
Páginas 6
Fecha de subida 05/06/2014
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TEMA 2. LA POLÍTICA CRIMINAL EN EL ÁMBITO DE LOS MENORES I.
POLÍTICA CRIMINAL EN EL ÁMBITO DE MENORES Menores que cometen hechos delictivos  respuesta específica para los mismos. El ámbito de aplicación de la LO 5/2000, es de menores de 14 a 18 años. El art. 19 CE remite a esta ley. Por lo tanto, hay dos regulaciones de la responsabilidad penal, y se distingue el ámbito de aplicación por edades (CP + LO 5/2000). Por lo tanto, las dos legislaciones coexistentes son:  Código Penal  LO 5/2000, de responsabilidad penal del menor ¿A qué responde la LO? Impone medidas de internamiento, régimen cerrado, entre otros. Por ello, es necesario saber qué justificación tiene dicha LO. Cuando un texto es ambiguo y hay distintas interpretaciones posibles, uno de los criterios para interpretar es saber el fundamento de este texto.
Se aprueba en enero de 2000, y entra en vigor en enero de 2001. Anteriormente, había una ley que se aplicaba a + 12 y -16. ¿Por qué una ley distinta si anteriormente se aplicaba el CP con atenuante, en caso de los menores? Hasta que no son +18 hay derechos que no pueden ejercer. Si esto es así, es porque no tienen capacidad suficiente para ello y, por consiguiente, quizá tampoco tendrán capacidad suficiente para considerarlos plenamente responsables y concretar esa responsabilidad con las penas previstas para adultos.
Los elementos del delito son los siguientes: - Comportamiento humano, capacidad de controlar aquello que haces - Típico - Culpabilidad. En la medida que sea capaz de entenderlas y actuar acorde con la comprensión se hará responsable. Ejemplo: si se prohíbe matar ¿es capaz de entender ésta prohibición y actuar conforme a ella? “Menor” no quiere decir inimputables. Son imputables, pues sí son motivables por las normas.
No tienen la misma capacidad para entender las cosas y actuar conforme a esa comprensión.
La justificación de la LO no es la “inimputabilidad del menor”. Son culpables, y por ello pueden llegar a ser responsables. La responsabilidad, según los casos, puede ser menor.
¡! Como mínimo no se le deje a los menores ejercer los mismos derechos que a adultos, y esto parte de que su capacidad de entender algunos aspectos / actos, están en un proceso de formación y todavía no tienen la madurez suficiente para realizar los actos. Cabe suponer, por consiguiente, que tampoco tienen la madurez suficiente para hacerlos responsable de la misma forma que si fueran adultos. Es decir, están en un proceso de formación.
Varían los criterios de elección y determinación entre el CP y la LO. Por ejemplo, los criterios de determinación de las penas (CP) en relación con las medidas (LO) son distintos. ¡! Aunque son penas en el sentido de que es la respuesta asociada a la responsabilidad derivada de la comisión de un hecho delictivo, persiguen finalidades distintas. Lo que se persigue imponiendo medidas (LO) es distinto a lo que se persigue mediante la imposición de penas (CP). Si la diferencia está en la función, en la finalidad que se persigue imponiendo consecuencias penales al menor y al adulto, hay que determinar dónde están dichas diferencias.
II.
FUNCIÓN DEL DERECHO PENAL · Para el Derecho Penal de adultos, la función de la pena. La función del Derecho penal de adultos no puede ir en contra de la reinserción. El art. 25.2 CE trata sobre la reinserción, como al reorientación de penas + medidas de seguridad privativas de libertad (éstas deben estar orientadas a la reeducación y reinserción). Por ello, es inconstitucional imponer la cadena perpetua. Al no estar orientado a ello, no significa que, exclusivamente, deba estar orientado únicamente a ello. Solo debe estar orientado, y el legislador decide si quiere orientar, darle una función o darle otras con mayor o menor orientación a la reeducación y reinserción social.
El Derecho Penal vigente tiene una función de prevención general limitada por una serie de principios. Pero siempre habrá que atender a cuestiones de reeducación/reinserción social del penado.
· Para el Derecho Penal de menores, la función de las medidas. ¡! Por el hecho de tener una función distinta, existe una legislación aparte. El DPM está únicamente orientado a funciones de reeducación y reinserción. Castigo y educación no son necesariamente incompatibles, pero se puede castigar sin educar y educar sin castigar, pero se puede educar castigando. Por lo tanto, quizá responda a una función educativa (quien ha delinquido, no vuelva a delinquir).
Un sistema que busque una función educativa, ¿puede preestablecer cuál es la pena que se va a poner a un sujeto atendiendo únicamente al delito que se ha cometido y a la edad del sujeto? NO. El Juez deberá atender a distintos criterios, solicitar informes de expertos y, con base a ellos, determinar la medida correspondiendo, atendiendo a las circunstancias personales del menor y un cuerpo técnico que asesore.
¡! En algún caso, la LO establece la medida y su duración entre un mínimo y un máximo (contemplado en el art. 10).
EJEMPLO: STC 160/2012. Un menor de 17 años, con el rostro cubierto con pasamontañas, prendió con fuego una oficina. El menor trasladó en su mochila 3 botellas con gasolina que repartió a las personas que iban con él. La actuación de escoltas privados impidió que esto sucediera tras una persecución. Se impone una medida cautelar de internamiento, y se deja sin efecto 1 mes y medio después. El menor está actualmente rehabilitado y socializado. Durante su estancia en el centro de internamiento, su comportamiento fue ejemplar. Conforme a la dirección, no sería aconsejable el reingreso. El equipo técnico establece su perfecta integración. SI SE APLICA EL ART. 10, AL MENOR HAY QUE IMPONERLE UNA MEDIDA DE INTERNAMIENTO EN RÉGIMEN CERRADO DE 1 AÑO. SE DEBE INTERNARLO Y ACORDAR LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA (pues podría ser contrario a lo dispuesto en el art. 25.2 y art. 14 – igualdad-)  cuestión de inconstitucionalidad  el Pleno del TC en 2012 resuelve estableciendo que: - Una cosa es que la cosa podría ser distinta, pero ello no significa que no sea constitucional. La CE fija un marco en el que caben muchas cosas. El TC aclara que quien decide es el legislador, únicamente se pronunciará si esto es compatible con la CE, y sí que cabe.
- El art. 25.2 ni en menores ni adultos establece que la única y exclusiva función de las penas y medidas de seguridad sean la reinserción social. Únicamente establecen que estén orientadas - Atendiendo a las consideraciones de reeducación/reinserción social, se debe decidir, orientarlo atendiendo a la duración de la medida. La ley dice que fijada la duración, no se podrá suspender o sustituir hasta que se haya cumplido la mitad de la condena Ésta STC del Pleno tiene un voto particular, de una Magistrada  es inconstitucional. La CE establece que el 25.2 interpretado a la luz de la Convención de los Derechos del niño, llevaría a considerar que una regulación como ésta, que no solo impone para determinados delitos medidas privativas de libertad y obliga a imponerlas, sino que además a ejecutarlas hasta que se haya cumplido, como mínimo, la mitad de la duración, es inconstitucional.
Si es constitucional, no tiene como función única la LO 5/2000 la reeducación/reinserción social. El legislador dice que al menor que comete todos aquellos delitos con pena = o + a 15 años hay que imponerle una medida de internamiento que hay que ejecutar. Por la vía de la intimidación, se trata de producir un efecto de prevención general, para que otros convencidos de que no es lo conveniente, no cometan esos delitos.
Conclusión, la LO también tiene funciones de prevención general en algunos casos. Por lo tanto, la LO está orientada y tiene una función esencialmente educativa pero en algunos casos, cumple también una función de prevención general. A mayor gravedad del delito y mayor edad del delincuente, se acentúa la función de prevención general. Combinar la prevención general con una función esencialmente educativa. La función preventiva es en el momento de la amenaza, imposición y ejecución.
III.
SINGULARIDAD DE LA FUNCIÓN Y DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MENORES La función específica del DPM, conforme al derecho vigente, es una función esencialmente educativa, sin perjuicio de una función de prevención general. Especialmente en delitos más graves, cuando el sujeto tiene más de 16 años.
La función esencialmente educativa del DPM, es decir, que primará el interés del menor (en la educación y reinserción). En un delito hay varios intereses en juego (como mínimo, menor, víctima y colectividad), su interés es muy relevante (prima, es superior al resto), pero no exclusivo.
El legislador ha decidido configurar así el DPM pues, hay datos que refuerzan esta decisión, no la determinan, pero sí lo apoyan. Los menores están en un proceso evolutivo, de aprendizaje.
La realidad muestra que estos cometen hechos delictivos y, en este proceso de aprendizaje, el menor a veces comete delitos como parte del mismo proceso de aprendizaje.
 PRINCIPIOS RECTORES Consecuencia: a veces no es necesaria la intervención del DP para evitar la reincidencia y conseguir la reeducación/reinserción del menor. Si esto es así, sería razonable que la LO prevea que, a pesar de haber indicios, el instructor pudiera desistir de la instrucción de un expediente (¡en adultos no sucede así!). En algunos casos rige el principio de oportunidad (ámbito procesal), que responde a la idea de que quizás no es oportuno/necesario incoar o continuar con un procedimiento cuando ya se ha producido una respuesta que hace innecesario, desde el punto de vista educativo, la incoación del procedimiento e imposición de algunas de las medidas previstas.
Rige también un principio de flexibilidad en relación con la determinación y adopción de las medidas que se deben imponer a los menores que cometen hechos delictivos. No se atenderá solo al delito cometido y edad del sujeto, sino al conjunto de circunstancias personales.
También rige el principio de subsidiariedad de las medidas privativas de libertad. Para conseguir un efecto educativo, puede ser necesario internar a un menor en régimen cerrado.
Hay algunos datos empíricos que explican la decisión del legislador. ¿Qué es más fácil, someter a un proceso de aprendizaje a alguien joven que todavía no tiene unos hábitos estables, que a alguien adulto que tiene sus propias reglas? Un menor está en proceso de aprendizaje, y normalmente será más fácil entre ellos. Este dato explica que en menores, donde es más fácil, con carácter general, reeducar con adultos, se orientará de esta forma la respuesta del DP.
Además, el menor tiene más años de vida por delante, y ya que se invierte en reeducación se invertirá en un menor.
El DP de menores debería prever que determinadas medidas superen los 6 meses siempre que sea necesario. Es decir, se castigaría a un menor más gravemente, desde un fin educativo, que cómo se castigaría si fuera adulto. Esto es coherente con la función educativa. Pero la función esencialmente educativa se ve limitada por el principio de proporcionalidad. En caso de que sea un mal más grave que el del delito cometido. No se castigará más gravemente a un menor de lo que lo hubiera castigado si la conducta hubiera sido cometida por un adulto. El art. 8.2 LO 5/2000 viene a reflejar este principio, que limita la función esencialmente educativa del DPM.
El art. 8.1 LO recoge el principio acusatorio (que también rige en adultos). En un proceso hay acusado/s y acusador/es. El Juez NO puede apreciar un delito más grave que aquel por el que se ha formulado acusación o imponer medida más grave que la solicitada por acusación. El proceso está para averiguar la verdad y garantizar al acusado un derecho de defensa. El derecho de defensa lleva al principio acusatorio, es decir, no nos podrán condenar por hechos distintos a los que se ha formulado acusación, con una calificación distinta, ni imponer consecuencias más graves que la solicitada por la acusación. ¡! Sí en caso de leves, no más graves.
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