Historia Política y Social Contemporánea de España - Resumen s XIX y XX (2014)

Resumen Español
Universidad Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
Grado Sociología - 1º curso
Asignatura Historia Política y Social Contemporánea de España
Año del apunte 2014
Páginas 63
Fecha de subida 23/10/2014
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Historia Política y Social Contemporánea de España. Resumen s XIX y XX.

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HISTORIA POLÍTICO Y SOCIAL DE ESPAÑA SIGLO XIX Y XX.
1. Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812 Las Cortes de Cádiz Las Juntas Provinciales y la Junta Central 
 Las 
Abdicaciones de Bayona
 habían
creado
un 
vacío de autoridad
 en
la
España
ocupada.
 Pese
a
que
los
Borbones
habían
ordenado
a
las
autoridades
que
se
obedeciera
al
nuevo
rey
José I,
muchos
españoles
se
negaron
a
obedecer
a
una
autoridad
que
se
veía
como
ilegítima.
Para
 llenar 
 ese 
 vacío 
 y 
 organizar 
 la 
 espontánea 
 insurrección 
 contra 
 los 
 franceses 
 se 
 organizaron
 Juntas Provinciales
 que 
asumieron
 la
 soberanía. 
Las 
 Juntas 
 Provinciales 
sintieron
 desde 
 un
 principio
la
necesidad
de
coordinarse.
Así,
en
septiembre
de
1808,
se
constituyó
la
Junta Central que,
en
ausencia
del
rey
legítimo,
asumió
la
totalidad
de
los
poderes
soberanos
y
se
estableció
 como 
 máximo 
 órgano 
 de 
 gobierno. 
 Fruto 
 de 
 esta 
 nueva 
 situación, 
 la 
 Junta 
 Central 
 convocó
 reunión 
 de 
Cortes extraordinarias en Cádiz, 
 acto 
 que 
 iniciaba 
 claramente 
 el 
 proceso
 revolucionario.
Finalmente,
en
enero
de
1810,
la
Junta
cedió
el
poder
a
una
Regencia,
lo
que
no
 paralizó
la
convocatoria
de
Cortes.

 Las Cortes de Cádiz.
La
celebración
de
las
elecciones
en
situación
de
guerra
propició
que
se
reunieran
unas
Cortes
con
 preponderancia
de
elementos burgueses
y
cultos
procedentes
de
las
ciudades
comerciales
del
 litoral.
Las
sesiones
de
Cortes
comenzaron
en
septiembre
de
1810
y
muy
pronto
se
formaron
dos
 grupos
de
diputados
enfrentados: Liberales:
partidarios
de
reformas
revolucionarias,
inspiradas
en
los
principios
de
la
Revolución
 Francesa.
Absolutistas o “serviles”: 
 partidarios 
 del 
 mantenimiento 
 del 
 Antiguo 
 Régimen 
 (monarquía
 absoluta,
sociedad
estamental,
economía
mercantilista).
La 
mayoría 
liberal, 
 aprovechándose
 de
 la
 ausencia
 del
 rey,
 inició
 la 
primera
 revolución 
 liberal
 burguesa 
 en 
 España, 
 con 
 dos 
 objetivos: 
 adoptar 
reformas
 que 
 acabaran 
 las 
 estructuras 
 del
 Antiguo 
 Régimen 
 y 
 aprobar 
 una 
Constitución
 que 
 cambiara 
 el 
 régimen 
 político 
 del 
 país.
 
 Estas
fueron
las
principales
reformas
políticas,
económicas,
sociales
y
jurídicas
adoptadas
por
las
 Cortes
de
Cádiz.
Libertad de imprenta
(1810) Abolición del régimen señorial:
supresión
de
los
señoríos
jurisdiccionales,
reminiscencia
feudal.
 Sin
embargo,
la
nobleza
mantuvo
la
propiedad
casi
todas
sus
tierras.
Supresión de la Inquisición
(1813) Abolición de los gremios.
 Libertad económica,
comercial,
de
trabajo
y
de
fabricación
(1813) Tímida desamortización
de
algunos
bienes
de
la
Iglesia.
La Constitución de 1812.
Aprobada
el
19 de marzo de 1812
y
popularmente
conocida
como
“La
Pepa”,
este
texto
legal
fue
 la 
primera constitución
 liberal
del
país.
La
constitución
de
1812
es
uno
de
los
grandes
textos
 liberales
de
la
historia,
siendo
muy
célebre
en
su
tiempo.
Los 
 diputados 
 liberal 
Agustín Argüelles, 
Diego Muñoz Torrero
 y 
Pérez de Castro
 son 
 las
 figuras
más
destacadas
en
su
elaboración.
Estos
son
los
rasgos
principales
de
la
Constitución: Soberanía nacional.
El
poder
reside
en
la
nación,
idea
opuesta
a
la
soberanía
monárquica.
 División de Poderes.
Poder
legislativo:
Cortes Unicamerales
 Poder
judicial:
tribunales Poder
ejecutivo:
Rey,
pero
con
importantes limitaciones: Sus
órdenes
deben
ir
validadas
por
la
firma
del
Ministro
correspondiente.
 No
puede
disolver
las
Cortes Veto
suspensivo
transitorio
durante
dos
años,tras
ello
la
decisión
de
las
Cortes
se
convierte
en
ley.
 Nombra
a
los
ministros,
pero
estos
deben
ser
refrendados
por
las
Cortes
(“doble
confianza”) Nuevo
derecho de representación.
La
nación
ejerce
su
soberanía
mediante
sus
representantes
 en
Cortes.

 Complicado
procedimiento
electoral
por
sufragio universal masculino indirecto en
cuarto
grado.
Derecho
de
voto:
todos
los
hombres
mayores
de
25
años,
que
elegían
a
unos
compromisarios
que
 a
su
vez
elegían
a
los
diputados.
Igualdad de los ciudadanos ante la ley.
Esto
supuso
el
fin
de
los
privilegios
estamentales.
Se omite toda referencia a los territorios con fueros,
lo
que
equivalía
a
su
no
reconocimiento.
 No 
 obstante, 
 los 
 regímenes 
 forales 
 de 
 las 
 provincias 
 vascas 
 y 
 de 
 Navarra 
 no 
 se 
 derogaron
 esplícitamente.
 Reconocimiento
de
derechos individuales:
a
la
educación,
libertad
de
imprenta,
inviolabilidad
del
 domicilio,
a
la
libertad
y
a
la
propiedad.
 El 
catolicismo es 
 la 
única confesión religiosa permitida. 
 La 
 necesidad 
 de 
 contar 
 con 
 la
 colaboración
del
clero
en
la
lucha
contra
los
franceses
explica
este
rasgo
intolerante
que
choca
 con
el
espíritu
avanzado
de
la
constitución.
2. Fernando VII: Absolutismo y liberalismo. La Emancipación de América Latina La Restauración de Fernando VII.
Tras
el
Tratado de Valençay
en
1813,
Fernando VII se
preparó
para
regresar
a
un
país
donde
 gobernaban
unos
principios
políticos
completamente
contrarios
a
sus
convicciones
absolutistas.
El
 monarca 
 demoró 
 su 
 regreso 
 a 
 Madrid 
 tanteando 
 la 
 situación 
 ante 
 la 
 cada 
 vez 
 más 
 evidente
 debilidad
de
los
liberales
en
el
interior
del
país.
Fernando VII
 entró
en
España
el
22
de
marzo
de
1814,
recibido
por
continuas
aclamaciones
 populares.
El
12
de
abril
un
grupo
de
diputados
a
Cortes
absolutistas
le
presentaron
el
conocido
 como 
Manifiesto de los Persas
 en 
 el 
 que 
 le 
 reclamaban 
 la 
 vuelta 
 al 
 absolutismo. 
 En 
 el
 afirmaban:
“Señor,
era
costumbre
entre
los
antiguos
persas
pasar
cinco
días
de
anarquía
después
 del
fallecimiento
de
su
rey,
a
fin
de
que
la
experiencia
de
los
asesinatos,
robos
y
otras
desgracias,
 les
obligase
 a
 ser 
 más 
fieles
 a
su 
sucesor...”, 
 para 
mejor 
 apreciar 
 después 
los 
 rigores 
de 
un
 gobierno
firme
y
de
poder.
Finalmente,
Fernando
VII
terminó
por
decidirse
y
el 4 de mayo de 1814 emite
en
Valencia
un
 decreto
por
el
que
disolvía
las
Cortes,
abolía
la
Constitución
de
1812
y
toda
la
labor
legislativa
de
 las
Cortes
de
Cádiz
y
restablecía el absolutismo.
El Sexenio Absolutista (1814-1820).
El
decreto
de
4
de
mayo
inició
un
triste
periodo
caracterizado
por
la
sistemática anulación de las reformas
de
las
Cortes
gaditanas
y
la
vuelta al antiguo régimen y al absolutismo.
En 
 un 
 período 
 crucial 
 en 
 la 
 historia 
 de 
 Europa, 
 cuando 
 se 
 estaba 
 dirimiendo 
 el 
 equilibrio 
 de
 fuerzas 
 tras 
 Napoleón, 
 Fernando 
 VII 
 se 
 mostró 
 sorprendentemente 
desinteresado por los asuntos externos.
Así,
pese
a
haberse
enfrentado
con
el
emperador
francés, 
España quedó marginada de
los
beneficios
que
las
potencias
vencedoras
de
Napoleón
recibieron
en
la
Segunda
 Paz
de
París
y
en
el
Congreso de Viena en
1815.
Nuestro
país,
destrozado
por
la
guerra
de
la
 Independencia,
quedó
relegado
a
un
papel secundario en el concierto internacional.
Con
una
economía
depauperada
por
la
guerra
recién
terminada
y
con
unas
colonias
americanas
 que 
 de 
 hecho 
 no 
 producían 
 ningún 
 beneficio 
 a 
 la 
 metrópoli, 
 Fernando 
 VII, 
 apegado 
 al
 mantenimiento de los privilegios estamentales,
se
negó
a
emprender
cualquier
reforma
fiscal
 que
incrementara
los
ingresos
de
un
estado
en
quiebra.
La
labor
del
gobierno
de
Fernando
VI
se
 centró
en
la 
represión
 de
los
enemigos
de
la
restaurada
monarquía
absoluta.
Más
de
doce
mil
 “afrancesados”
 tuvieron 
 que 
 exiliarse 
 del 
 país 
 y 
 se 
 inició 
 una 
 dura 
 persecución 
 contra 
 los
 liberales.

Muchos 
militares, 
 entre 
 ellos 
 antiguos 
 héroes 
 de 
 la 
 guerra 
 de 
 la 
 Independencia,
 optaron
por
las
posturas
liberales
y
para
hacer
frente
a
la
represión
se
integraron
en
sociedades
 secretas 
 de 
 ideología 
 liberal 
 como 
 la 
masonería. Estos 
 militares 
 protagonizaron 
 diversas
 intentonas
de
golpe
militar
o
pronunciamiento:
Espoz
y
Mina
en
1814,
Díaz
Porlier
en
1815,
Lacy
 en
1817…
Todos
los
intentos
de
golpe
fueron
duramente
reprimidos.
El Trienio Liberal (1820-1823).
Finalmente,
un
pronunciamiento
liberal
terminó
por
triunfar.
Poniéndose
al
frente
de
un
ejército
 que
en
Cabezas
de
San
Juan
(Cádiz)
estaba
acantonado
para
marchar
hacia
América
a
luchar
 contra 
 los 
 rebeldes 
 independientes, 
 el 
teniente coronel Riego
 se 
 puso 
 al 
 frente 
 de 
 este
 contingente 
 y 
 proclamó 
 la 
Constitución de 1812. 
Tras 
 diferentes 
 avatares 
 la 
 insurrección 
 se
 generalizó.
El
9
de
marzo
de
1820,
Fernando
VII,
atemorizado,
juró
la
Constitución
de
1812.
Por
primera
vez,
se aplicaba la Constitución
de
1812
en
una
situación
de
paz
y
con
el
monarca
 en
el
país.
Fernando VII, convencido absolutista, trató de obstruir
desde
un
principio
la
labor
 de
los
gobiernos
liberales
y
el
normal
funcionamiento
constitucional.
Esta
actitud
del
rey
va
a
provocar
una
fractura
política
que
se
extenderá
durante
décadas:
 
la escisión de los liberales.
Por
un
lado,
los
“doceañistas”
pretenderán
modificar
la
Constitución
buscando una transacción con el Rey.
Para
ello,
defendieron
la
concesión
de
más
poder
al
monarca
y
la
creación
de
una
 segunda
cámara
reservada
a
las
clases
más
altas.
Tras
1833,
los
"doceañistas"
se
convertirán
en
 los
moderados.
Por
otro
lado,
los
“veinteañistas” pedían
simplemente
la
aplicación estricta de la Constitución de 1812.
Conocidos
también
como
los
exaltados,
serán
denominados
progresistas
tras
1833.
La
división
de
los
liberales
introdujo
una
gran inestabilidad política
durante
el
Trienio.
 Los
liberales
en
el
poder
durante
el
Trienio
van
a
aplicar
una 
política claramente anticlerical:
 expulsión
de
los
jesuitas,
abolición
del
diezmo,
supresión
de
la
Inquisición,
desamortización
de
los
 bienes
de
las
órdenes
religiosas...
Todas
estas
medidas
trataban
de
debilitar
a
una
poderosísima
 institución
opuesta
al
desmantelamiento
del
Antiguo
Régimen.
El
enfrentamiento
con
la
Iglesia
 será
un elemento clave de la revolución liberal
española.
Alentados
por
las
conspiraciones
del
 rey
y
espoleados
por
la
grave
crisis
económica
pronto
surgieron
movimientos
de
protesta
contra
el
 gobierno
liberal
en
Madrid.
La
contrarrevolución realista
se
concretará
en
la
aparición
partidas de campesinos
 fuertemente
 influenciados 
por 
la
 Iglesia
 en
el
 País 
Vasco,
Navarra,
Aragón
 y
 Cataluña.
Alentados
por
estas
protestas,
la
oposición
absolutista
se
aventuró
a
crear 
Regencia Suprema de España en Urgel,
cerca
de
la
frontera
francesa.
Trataban
así
de
crear
un
gobierno
 español 
 absolutista, 
 alternativo 
 al 
 liberal 
 de 
 Madrid 
 El 
 fracaso 
 de 
 la 
 Regencia 
 de 
 Urgel 
 hizo
 evidente
para
Fernando
VII
y
los
absolutistas
que
la
única
salida
para
acabar
con
el
régimen
 liberal
era
la
intervención
de
las
potencias
absolutistas
europeas.
Tras
la
derrota
de
Napoleón
en
 1815,
las 
grandes potencias absolutistas
 (Prusia,
Austria,
Rusia
y
la
Francia
de
Luis
XVIII),
 reunidas 
 en 
 el 
 Congreso 
 de 
 Viena 
 y 
 coaligadas 
 la 
 Santa 
Alianza, 
 se 
 habían 
 comprometido 
 a
 intervenir 
 ante 
 cualquier 
 amenaza 
 liberal 
 que 
 surgiera 
 en 
 Europa 
 contra 
 los 
 principios 
 de 
 la
 Restauración
(absolutismo,
antiguo
régimen).
Así,
reunidas
en
1822
un
Congreso en Verona,
las
 potencias
acordaron
la
intervención
en
España.
El
7
de
abril
de
1823
un
ejército
francés,
conocido
 como
los 
“Cien Mil Hijos de San Luis”, entró
y,
 sin 
encontrar
 resistencia
 popular, 
conquistó
 fácilmente
el
país.
El
1
de
octubre
puso
fin
al
último
foco
de
resistencia
del
gobierno
liberal
en
 Cádiz
y
repuso
como
monarca
absolutista
a
Fernando
VII.
La Década Ominosa (1823-1833) y la emancipación de América Latina.
La Década Absolutista, conocida como Década Ominosa por los liberales.
El
mismo
día
en
que
Fernando
VII
fue
liberado
por
los
Cien
Mil
Hijos
de
San
Luis
promulgó
un
 decreto
por
el
que
anulaba
todo
lo
legislado
durante
el
Trienio.
El
monarca
trataba
de
nuevo
de
 volver al absolutismo y al Antiguo Régimen.

Inmediatamente
se
inició
la
represión contra los liberales
 Riego 
 fue 
 ahorcado 
 en 
 Madrid 
 en 
 noviembre 
 y, 
 aunque 
 la 
 Inquisición 
 llegó 
 a 
 ser
 restablecida, 
 se 
 crearon 
Juntas de Fe
 que 
 ejercieron 
 la 
 función 
 inquisitorial 
 y 
 represiva. 
 El
 maestro
valenciano
Cayetano
Ripoll
fue
la
última
víctima
legal
del
fanatismo
religioso.
Pese
a
la
represión, 
las conspiraciones militares liberales continuaron.
El
peligro
de
nuevos
 pronunciamientos
llevó
a
Fernando
VII
a
tomar
una
medida
extrema,
la
disolución
del
ejército.
El
 monarca 
 pidió 
 a 
 Francia 
 que 
 se 
 mantuvieron 
 los 
 Cien 
 Mil 
 Hijos 
 de 
 San 
 Luis 
 mientras 
 se
 reorganizaban
las
fuerzas
armadas.
En
torno
a
22.000
soldados
franceses 
se
mantuvieron
en
 nuestro 
 país 
 hasta 
 1828.
Paralelamente, 
 el 
 régimen 
 absolutista 
 abordó 
 la 
depuración de la administración,
lo
que
llevó
a
la
expulsión
de
miles
de
funcionarios,
especialmente
docentes.
Uno 
 de 
 los 
 pocos 
 factores 
 positivos 
 de 
 esta 
 última 
 década 
 absolutista 
 fue 
 la 
 reforma 
 de 
 la
 Hacienda
emprendida
por
el
ministro
López
Ballesteros.
La
reforma
permitió
un
cierto
equilibrio presupuestario, 
 al 
 que 
 no 
 fue 
 ajeno 
 el 
 aminoramiento 
 de 
 los 
 gastos 
 militares 
 tras 
 la
 independencia
de
las
colonias.
La Emancipación de las colonias americanas. 
 Diversos 
factores
 explican
el
desencadenamiento
del
movimiento
independentista: 
El
creciente
 descontento de los criollos,
descendientes
de
españoles
nacidos
en
América,
quienes
pese
a
 su 
 riqueza 
 y 
 cultura 
 tenían 
 vedado 
 el 
 acceso 
 a 
 los 
 grandes 
 cargos 
 políticos 
 en 
 las 
 colonias,
 reservados
para
los
peninsulares.
Las
limitaciones al libre comercio y al desarrollo económico
de
las
colon 
 ideas ilustradas y
ejemplo
de
la
independencia
de
los
Estados Unidos de
América.
La 
crisis política producida por la invasión napoleónica, 
 que 
 privó 
 de 
 legitimidad 
 a 
 las
 autoridades
que
representaban
a
la
monarquía
de
José
I
en
las
colonias.
 En
el
proceso
de
independencia
se
pueden
distinguir
dos
grandes
etapas: 1808-1814: Los 
 territorios 
 americanos 
 se 
 declararon 
 independientes 
 de 
 la 
 España 
 napoleónica, 
 pero
 mantuvieron
sus 
lazos con las autoridades de Cádiz,
enviando
representantes
a
las
Cortes.
 Cuando
Fernando
VII
fue
repuesto
en
el
trono,
todas
las
colonias,
excepto
Argentina,
volvieron
a
 unirse
a
la
Corona
española.
1814-1824: La 
 vuelta
 al 
 absolutismo 
 propició 
 pronunciamientos 
 militares 
 que 
 rápidamente 
 derivaron 
 hacia
 posturas independentistas entre los criollos. 
 Esta 
 deriva 
 fue 
 alentada 
 por 
 Inglaterra, 
 que
 rápidamente
se
hizo
con
la
influencia
económica
en
la
zona,
y
por
Estados
Unidos.
Entre
los
caudillos
independentistas
sobresalen
las
figuras
de
San Martín y Bolívar.
Las
guerras
 de
independencia
siguieron
una
trayectoria
 compleja
y 
culminaron
con
la 
derrota
española 
en
 Ayacucho en 1824.
Esta
batalla
puso
fin
a
la
dominación
española
en
América.
Sólo
las
islas
 antillanas
de
Cuba
y
Puerto
Rico
siguieron
ligadas
a
la
metrópoli.
Simón Bolívar
planteó
la
alternativa
de
la
unidad americana
tras
el
fin
del
imperio
hispánico.
Los
 localismos,
las
mezquindades
de
los
nuevos
dirigentes,
el
atraso
económico,
las
dificultades
de
 comunicación, 
 ayudados 
 por 
 las 
 maniobras 
 de 
 Estados 
 Unidos, 
 llevaron 
 al 
 fracaso 
 del 
 ideal
 bolivariano
y
a
la
fragmentación política de la América hispánica.
3. La oposición al sistema liberal: las guerras carlistas. La cuestión foral La oposición al sistema liberal: las Guerras Carlistas. La cuestión foral El problema sucesorio.
En 
 los 
 últimos 
 años 
 de 
 la 
 vida 
 de 
Fernando VII, 
 en 
 octubre 
 1830, 
 nació 
Isabel de Borbón.
 Finalmente
el
rey
había
conseguido
tener
descendencia
con
su
cuarta
esposa,
Maria Cristina de Borbón.
Unos
meses
antes
del
parto,
en
previsión
de
que
el
recién
nacido
no
fuera
varón,
el
rey
 aprobó
la
Pragmática Sanción
por
la
que
se
abolía
la
Ley Sálica
de
1713
que
excluía
del
trono
a
 las
mujeres.
Carlos Mª Isidro,
hermano
del
rey
y
hasta
ese
momento
su
sucesor,
vio
cerrado
su
 camino
al
trono.
Carlos
no
aceptó
los
derechos
de
su
sobrina
al
trono.
La guerra civil (1833-1839).
Inmediatamente
después
de
conocerse
la
muerte
de
Fernando
VII,
en
septiembre
de
1833,
se
 iniciaron
levantamientos
armados
a
favor
del
pretendiente 
Carlos.
Comenzaba
una
larga
guerra
 civil 
que 
iba
 a
durar 
 siete
 años.
El 
 conflicto
 sucesorio 
escondía 
un
 enfrentamiento
que 
dividió
 política
y
socialmente
al
país.
En
el 
bando isabelino se
agruparon
las
altas
jerarquías
del
ejército,
la
Iglesia
y
el
estado,
y
a
 ellos
se
unieron
los 
liberales,
que
vieron
en
la
defensa
de
los
derechos
dinásticos
de
la
niña
 Isabel
la
posibilidad
del
triunfo
de
sus
ideales.
 En
el 
bando carlista
 se
agruparon
todos
los
que
se
oponían
a
la
revolución
liberal:
pequeños
 nobles
rurales,
parte
del
bajo
clero
y
muchos
campesinos
de
determinadas
zonas
del
país,
muy
 influenciados
por
los
sermones
de
sus
párrocos
y
para
los
que
el
liberalismo
venía
a
suponer
 simplemente
un
aumento
de
impuestos..
Todos
estos
grupos
identificaron
sus
intereses
con
la
 defensa 
 de 
 los 
 derechos 
 al 
 trono 
 de 
 Carlos 
 y 
 los 
 ideales 
 que 
 el 
 pretendiente 
 defendía, 
 el
 absolutismo y el inmovilismo absoluto.
Ya 
 durante
 el 
 reinado 
 de
 Fernando
 VII, 
 en
 torno
 a
 Carlos 
 se 
 había 
 agrupado 
 los 
 denominados 
 "apostólicos", 
 núcleo 
 del 
 absolutismo 
 más
 intransigente.
 El
carlismo,
como
pronto
se
empezó
a
llamar
al
movimiento
que
apoyaba
los
derechos
de
Carlos
 de 
 Borbón, 
 tuvo 
 fuerte 
 influencia 
 en 
Navarra, País Vasco, zona al norte del Ebro, y el Maestrazgo, en las provincias de Castellón y Teruel. 
 Esta 
 distribución 
 geográfica 
 debe 
 de
 contemplarse
en
el
contexto
de
un 
conflicto campo-ciudad.
En
la
zona
vasco-navarra,
Bilbao,
 Pamplona 
 o 
 San 
 Sebastián 
 fueron 
 liberales 
 a 
 lo 
 largo 
 de 
 todo 
 el 
 conflicto..
 
 El
programa
ideológico-político
del
carlismo
se
podía
sintetizar
en
el
lema
“Dios, Patria, Fueros, Rey”.
Estos
son
los
principales
elementos
de
su
programa
político: Oposición radical a las reformas
liberales.
Inmovilismo Defensa
de
la
monarquía absoluta Tradicionalismo católico y
defensa
de
los
intereses
de
la
Iglesia Defensa
de
los 
fueros vasco-navarros,
amenazados
por
las
reformas
igualitarias
y
centralistas
 de
los
liberales: Instituciones
propias
de
autogobierno
y
justicia Exenciones
fiscales Exenciones
de
quintas La
guerra
en
el
terreno
bélico
tuvo
dos
grandes
personajes:
el
carlista
Zumalacárregui,
muerto
en
 el
sitio
de
Bilbao
en
1835,
y
el
liberal
Espartero.
Tras
unos
primeros
años
de
incierto
resultado,
a
 partir
de
1837,
las
derrotas
carlistas
fueron
continuas
y
Don
Carlos
terminó
huyendo
a
Francia.
La
guerra
concluyó
con
el
denominado
Convenio o Abrazo de Vergara (1839).
Acuerdo
firmado
 por
Espartero y Maroto,
principal
líder
carlista
tras
la
muerte
de
Zumalacárregui.
En
el
acuerdo
se
 reconocieron
los
grados
militares
de
los
que
habían
luchado
en
el
ejército
carlista
y
se
hizo
una
 ambigua
promesa
de
respeto
de
los
fueros
vasco-navarros.
En
realidad,
se
mantuvieron
algunos
 de
los
privilegios
forales
y
se
eliminaron
otros.
La implantación del Estado liberal durante las regencias de Maria Cristina y Espartero (1833-1843). 
 La identificación de liberales y seguidores de la Regente. 
 Ante
la
minoría
de
edad
de
Isabel,
María Cristina de Borbón
asumió
la
Regencia
a
la
muerte
de
 su
marido
Fernando
VII
en
1833.
Pese
a
que
la
Regente
no
se
identificaba
con
 su
ideario,
los
 liberales
se
configuraron
como
la
única
fuerza
capaz
de
mantenerla
en
el
trono.
Así,
Maria
Cristina
 llamó
a 
Martínez de la Rosa,
un
liberal
moderado,
a
formar
un
gobierno
que
hiciera
frente
a
la
 insurrección
carlista.
Martínez
de
la
Rosa
emprendió
una
serie
de
reformas
muy
moderadas.
Entre
 ellas 
 destacó 
 el 
Estatuto Real
 en 
 1834.

Se 
 trata 
 de 
 una 
Carta Otorgada, 
 concedida 
 por 
 la
 voluntad
de
la
Regente,
en
la
que
se
conceden
algunas
reformas:
 Se
establecieron
unas
Cortes bicamerales
formadas
por
la
Cámara de Próceres,
constituida
por
 los
Grandes
de
España
y
otros
designados
de
forma
vitalicia
por
el
monarca,
y
la 
Cámara de Procuradores,
elegida
mediante
un 
sufragio censitario muy restringido.
Solo
los
varones
de
 más
de
treinta
años
que
poseyeran
una
renta
superior
a
doce
mil
reales
anuales
tenían
derecho
 de 
 voto.

Estas 
 Cámaras 
 tenían 
funciones muy limitadas. 
 El 
 monarca 
 mantenía 
 importantes
 poderes: 
 podía 
 convocar 
 y 
 suspender 
 Cortes 
 cuando 
 quisiera 
 y 
 cualquier 
 ley, 
 además 
 de 
 la
 aprobación
de
las
Cámaras
necesitaba
el
consentimiento
del
rey
(derecho de veto).
La escisión de los liberales.
La
insuficiencia
de
las
reformas
de
Martínez
de
la
Rosa,
en
un
contexto
de
guerra
civil
contra
los
 carlistas, 
 llevó 
 a 
 que 
 los 
 liberales 
 terminaran 
 por 
 escindirse 
 en 
 dos 
 grupos: 
 moderados 
 y
 progresistas. 
 La 
 guerra 
 civil 
 culminó 
 la 
 división 
 del 
 liberalismo 
 español, 
 iniciada 
 en 
 el 
Trienio
 Liberal.

 Los
liberales progresistas,
antiguos
exaltados,
mantendrán
hasta
1868
el
siguiente
ideario: Limitación
del
poder
de
la
Corona
 Ampliación
del
sistema
de
libertades Defensores
de
reformas
radicales
como
la
desamortización
de
los
bienes
eclesiásticos
y
de
los
 ayuntamientos.
 Ampliación
del
cuerpo
electoral.
Defienden
un
voto
censitario
más
amplio.
Elección
popular
de
alcaldes
y
concejales
en
los
ayuntamientos.
Liberalismo
económico
y
reducción
de
la
protección
arancelaria.
Constitución
de
un
cuerpo
armado,
la
Milicia
Nacional,
como
garante
de
las
libertades.
Los
progresistas
concentraron
su
apoyo
social
en
las
clases
medias
urbanas:
artesanos,
tenderos,
 empleados...
Sus
principales
dirigentes
fueron
Espartero, Mendizábal,
Madoz, Olózaga y Prim.
A
lo
largo
del
reinado
de
Isabel
II
y
la
regencia
de
su
madre
María
Cristina
solo
estuvieron
en
el
 poder
durante
breves
períodos:
1835-1844
y
1854-56
(Bienio
progresista).
La
mejor
concreción
de
 su
programa
fue
la
Constitución de 1837.
Hacia 
 1849 
 sufrieron 
 una 
 escisión 
 por 
 su 
 izquierda, 
 naciendo 
 el 
Partido Demócrata. 
 Que
 defendían
el
sufragio
universal,
la
asistencia
social
estatal
y
una
amplia
libertad
de
asociación.
 
 Los 
liberales moderados,
antiguos 
doceañistas
 en
el
Trienio,
plantearon
un
programa
mucho
 más
conservador: Orden
y
autoridad
fuerte:
fortalecimiento
del
poder
del
rey
y
restricción
de
las
libertades.
Rechazo
de
las
reformas
que
pusieran
en
cuestión
sus
propiedades,
veían
el
exceso
de
libertad
 como 
 un 
 peligro 
 al 
 poder 
 ser 
 utilizada 
 por 
 las 
 clases 
 populares. 
 No 
 obstante, 
 tras 
 las
 desamortizaciones
realizadas
por
los
progresistas, 
no
trataron
de
devolver 
sus
propiedades 
 al
 clero
o
a
los
ayuntamientos.
Sufragio
censitario
restringido.
Designación
de
los
ayuntamientos
por
el
gobierno
central.
Supresión
de
la
Milicia
Nacional.
Este
programa
se
concretó
en
la
Constitución de 1845,
Ley de Ayuntamientos de 1845
y
Ley Electoral de 1846.

Su
apoyo
social
residía
en
las
clases
altas
del
país:
terratenientes,
grandes
 industriales, 
 burguesía 
 financiera 
 y 
 comercial. 
 
Sus 
 principales 
 dirigentes 
 fueron
 Martínez de la Rosa,
el general Narváez
y
Alejandro Mon.
La Constitución de 1837. 
 En
contexto
de
guerra
civil,
tuvo
lugar
en
1836
la
"Sargentada de la Granja".
Los
sargentos
de
la
 Guardia 
 Real 
 obligaron 
 a 
 la 
 Reina 
 Regente 
 que 
 descansaba 
 en 
 el 
 palacio 
 de 
 la 
 Granja 
 a
 suspender
el
Estatuto
Real
y
proclamar
la
Constitución de 1812.
María 
 Cristina 
 tuvo 
 que 
 llamar 
 a 
 los 
 progresistas 
 al 
 poder 
 con 
Mendizábal. 
 Una 
 vez 
 en 
 el
 gobierno,
dándose
cuenta
de
que
la
Constitución
de
1812
era
inaceptable
para
los
moderados,
 iniciaron
un
proceso
de
reforma
de
la
Constitución
de
Cádiz,
buscando
el
compromiso
con
los
 moderados 
 mediante 
 una 
 serie 
 de 
 concesiones.

El 
nuevo texto constitucional
 tuvo 
 las
 siguientes
características: Se
establecía,
sin
lugar
a
dudas,
el
principio
de
la
soberanía nacional.
El
Estado
se
organizaba
siguiendo
la
división de poderes: Cortes bicamerales: Congreso de los Diputados y Senado Todas
las
leyes
aprobadas
por
ambas
cámaras
 El
Senado
nombrado
por
el
rey,
tras
elección
de
una
terna
por
el
cuerpo
electoral.
Poder
ejecutivo:
el
Rey.
Otros
poderes
del
monarca: Iniciativa
legislativa.
Veto ilimitado El 
rey
 designaba
 a
 senadores
 y
 nombramiento
 de
ministros. 
Los 
 ministros 
 debía
 conseguir
 la
 “doble
confianza”,
además
de
ser
nombrados
por
el
rey
debían
ser
aceptados
por
las
Cortes.
En
caso
de
desacuerdo,
el
rey
podía
adoptar
la
disolución de las Cortes.
Se
recogían
diferentes
derechos
individuales
y
libertad de imprenta.
No se prohibían otras religiones.
El
Estado
se
comprometía
a
subvencionar
al
clero
expropiado
 con
las
desamortizaciones.
En
1837,
fuera
 de
la 
Constitución
que 
no
determinaba
 el 
tipo
de
sufragio,
se
aprobó
una 
ley electoral que
estableció
el
voto censitario masculino.
Tenían
derecho
de
voto: Los mayores contribuyentes
(cuota
impositiva
mínima
directa)
 Varones
de
determinado
nivel
intelectual:
miembros
de
las
Reales
Academias,
profesores
de
la
 enseñanza
pública,
doctores,
licenciados,
curas
párrocos
(“capacidades”)
 En
total
unos
240.000
varones
 de
más 
de
25
años
1/58
de
la
 población…
 aún
así,
el
fraude
 electoral
era
la
norma



 La caída de María Cristina y el rápido fracaso de la regencia de Espartero.
La
oposición
de
la
Regente
a
la
Ley
de
Ayuntamientos
de
1840
(elección
alcaldes
y
concejales),
 unido
a
diversos
problemas
ligados
a
la
vida
privada
María
Cristina
la
forzaron
a
renunciar
y
a
 marchar
fuera
del
país.
En
su
ausencia
se
nombró
a
un
nuevo
Regente:
el 
General Espartero (1841-1843).

 Durante 
su
 corta
 regencia, 
se
 aceleró
la 
desamortización de los bienes eclesiásticos
 y 
se recortaron los fueros vasco-navarros.
La
firma
de
un
acuerdo
librecambista
con
Inglaterra
engendró
grandes
protestas
en
Barcelona
que
 fueron
duramente
reprimidas.
El
bombardeo
de
la
ciudad
llevó
a
que
Espartero
perdiera
todo
su
 popularidad,
incluso
entre
los
propios
progresistas.
Finalmente,
una
sublevación
militar
organizada
por
los
moderados,
a
la
que
se
unieron
algunos
 progresistas,
precipitó
el
fin
de
la
Regencia
de
Espartero.
Para
salir
del
impasse
político
en
el
que
 se 
 hallaba 
 el 
 país, 
 las 
 nuevas 
 autoridades 
 aceleraron, 
 pese 
 a 
 tener 
 solo 
 catorce 
 años, 
 la
 coronación como reina de Isabel II.
4. Isabel II: la organización del régimen liberal.
La Década Moderada (1844-1854).
Tras
acceder
al
trono
al
adelantarse
su
mayoría
de
edad
en
noviembre
de
1843,
Isabel II
mostró
 desde
un
principio
su
preferencia por los moderados,
dejando
fuera
del
juego
político
al
partido
 progresista.
Se
abría
un
largo
período
de
predominio
moderado.
Los
progresistas
optaron.
o
por
el
 retraimiento,
negándose
a
participar
en
unas
consultas
electorales
claramente
amañadas,
o
por
la
 preparación
de
pronunciamientos
apoyados
por
insurrecciones
populares.
En
mayo
de
1844
se
formó
un
gabinete
presidido
por
el
General Narváez,
la
gran
figura
de
los
 moderados.
Estas
fueron
las
principales
medidas
que
se
adoptaron
durante
la
siguiente
década: Creación 
 en 
 1844 
 de 
 la 
Guardia Civil, 
 fuerza 
 armada 
 encargada 
 de 
 aplicar 
 la 
 ley 
 y 
 orden
 esencialmente
en
el
medio
rural.
Como
medida
complementaria
se
suprimió
la
Milicia
Nacional.
Ley de Ayuntamientos de 
 1845, 
 que 
 reforzaba 
 el 
 centralismo 
 reservando 
 al 
 gobierno 
 el
 nombramiento
de
los
alcaldes.
 Reforma del sistema fiscal
 de
1845,
elaborada
por 
Alejandro Mon.
Se
estableció
un
nuevo
 sistema
fiscal
más
racional,
eficaz
y
moderno,
que
puso
fin
al
enrevesado
sistema
impositivo
del
 Antiguo
Régimen.
Ley Electoral
de
1846
que
configura
un
verdadero
régimen
oligárquico.
Se
estableció
un
sufragio
 muy
restringido
que
limitó
el
cuerpo
electoral
a
97.000
varones
mayores
de
más
de
25
años,
lo
 que
suponía
el
0.8%
del
total
de
la
población.
Concordato de 1851.
 Acuerdo
con
la
Santa
Sede
por
el
que
el
Papa
reconoció
a
Isabel
II
como
reina
y
aceptó
la
pérdida
 de
los
bienes
eclesiásticos
ya
desamortizados.
A
cambio
el
estado
español
se
comprometió
a
 subvencionar
a
la
Iglesia
y
a
entregarla
el
control
de
la
enseñanza
y
a
encargarla
labores
de
 censura.
La Constitución de 1845.
De
carácter
moderado,
se
diferencia
de
la
de
1837
en
una
serie
de
aspectos
esenciales: Soberanía compartida del Rey y las Cortes. 
 Esto 
 se 
 concreta 
 en 
 un 
poder legislativo compartido
 por
ambas
instituciones
y
en
una
clara 
preeminencia de la Corona en
el
proceso
 político.
Confesionalidad del Estado:
“La
religión
de
la
nación
española
es
la
religión
católica”.
Recorte de los derechos
individuales,
especialmente
la
libertad
de
expresión.
Del Bienio Progresista a la "Revolución Gloriosa" (1854-1868).
El Bienio progresista (1854-1856).
El
poder
cada
vez
más
dictatorial
de
Narváez
propició
un
creciente
descontento
que
culminó
en
un
 pronunciamiento
de
complejo
desarrollo.
Iniciado
por
el
general O'Donnell
en
Vicálvaro,
el
golpe
 militar 
 se 
 radicalizó 
 tras 
 la 
 publicación 
 por 
 los 
 rebeldes 
 del 
 denominado 
 Manifiesto 
 de
 Manzanares,
lo
que
hizo
que
consiguiera
un
amplio
respaldo
popular
y
animó
a
otros
generales
a
 unirse
a
la
rebelión.
Finalmente
el
golpe
triunfó
y
propició
la
formación
de
un
gobierno
presidido
 por
el
progresista
Espartero.
La
otra
gran
figura
del
gobierno,
el
general 
O'Donnell creó
un
nuevo
partido,
la 
Unión Liberal,
 que
trató
de
cubrir
un
espacio
de
centro
entre
moderados
y
progresistas,
aunque
gobernó
junto
a
 estos
en
el
inicio
del
bienio.
Durante
este
corto
período
destacaron
las
siguientes
medidas: La
desamortización general de Madoz en 1855
que
culminó
el
proceso
desamortizador,
con
los
 bienes
de
los
municipios.
 Unas 
 nuevas 
Cortes Constituyentes
 iniciaron 
 la 
 elaboración 
 de 
 una 
 nueva 
 constitución 
 más
 progresista
que
no
llegó
a
aplicarse.
Se 
 adoptaron 
 medidas 
 para 
 propiciar 
 la 
 modernización 
 económica 
 del 
 país 
 como 
 la 
Ley de Ferrocarriles
de
1855.
La vuelta de los moderados al poder (1856-1858).
La
agitación
social
creciente
provocó
la
ruptura
entre
Espartero
y
O'Donnell.
Nombrado
el
líder
de
 la
Unión
Liberal
presidente
del
gobierno
en
julio
de
1856
se
inició
un
proceso
de
revisión
de
la
 labor
del
bienio
que
finalmente
trajo
la
vuelta de Narváez
y
los
moderados
al
poder
en
octubre
de
 1856.
Se
volvía
así
al
régimen moderado de la Constitución de 1845.
La Unión Liberal de O’Donnell (1858-1863).
Tras
un
período
de
dos
años
con
Narváez
y
los
moderados
(1856-1858),
O’Donnell
y
la
Unión
 Liberal 
 volvieron 
 al 
 poder 
 en 
 1858. 
 Esta 
 época 
 estuvo 
 marcada 
 por 
 la 
euforia económica ("boom" de los ferrocarriles)
y
por
el
intervencionismo exterior:
guerra
de
Marruecos
(18591860),
intento
fallido
de
recuperar
Santo
Domingo,
expedición
a
México,
guerra
contra
Perú
y
 Chile...
Esta
amplia
actividad
bélica
apenas
dio
ningún
resultado
práctico
para
el
país.
La vuelta de los moderados (1863-1868).
La
vuelta
de
Narváez
al
poder
en
1863
marca
el
inicio
del
período
terminal
del
partido
moderado.
 La
inestabilidad
política
y
la 
deriva autoritaria
 de
los
gobiernos
caracterizaron
una
etapa
en
la
 que
la
bonanza
económica
llegó
a
su
fin
tras
la
crisis
económica
de
1864.
Los 
intentos
 de
 insurrección
 como 
el 
motín
 de
 San
Gil 
en
 Madrid
 en
 1866
 fueron
duramente
 reprimidos. 
 El 
 creciente 
 autoritarismo 
 del 
 anciano 
Narváez
 llevó 
 a 
 la 
 formación 
 del 
Pacto de Ostende:
unionistas,
progresistas
y
republicanos
se
aliaron
para
derribar
a
Isabel
II
y
el
régimen
 moderado.
5. Sexenio Democrático (1868-1874): El reinado de Amadeo I y la I República.
De la "Revolución Gloriosa" a la I República.
Las 
prácticas dictatoriales de Narváez
 y
González
Bravo
en
los
últimos
gobiernos
moderados
 extendieron
la
impopularidad
del
régimen
moderado
y
de
la
reina
Isabel
II,
que
siempre
les
había
 apoyado. 
 La 
crisis económica
 iniciada 
 en 
 1866 
 acrecentó 
 el 
 descontento 
 de 
 la 
 población.
 Finalmente,
la 
muerte de Narváez en la primavera de 1868
 descabezó
al
partido
que
había
 detentando
durante
tantos
años
el
poder
en
España.
La
muerte de O'Donnell en
1867
propició
el
 acercamiento
de
la
Unión Liberal,
ahora
encabezada
por
el
general
Serrano,
a
los
progresistas
 con 
 el 
 propósito 
 cada 
 vez 
 más 
 definido 
 de 
 poner 
 fin 
 al 
 reinado 
 de 
 Isabel 
 de 
 Borbón. 
 Los
 progresistas,
dirigidos
por
el
general Prim,
y
los
demócratas,
partidarios
del
sufragio
universal,
 habían
firmado
en
1866
el
llamado
Pacto de Ostende
por
el
que
se
comprometían
en
el
objetivo
 de
derrocar
a
Isabel
II.
Finalmente 
 la 
 sublevación 
 estalló 
 en 
 septiembre 
 de 
 1868. 
 Iniciada 
 por 
 el 
 unionista 
 almirante
 Topete
 en
Cádiz,
al
pronunciamiento
militar
se
le
unieron
rápidamente
sublevaciones
populares
 en
diversas
zonas
del
país.
Isabel
II
huyó
a
Francia.
La
que
los
progresistas
vinieron
a
denominar
 "Revolución Gloriosa"
había
triunfado
con
gran
facilidad
en
el
país.
El Gobierno provisional (1868-1871).
Inmediatamente 
 se 
 estableció 
 un 
 gobierno 
 presidido 
 por 
Serrano, 
 con 
 el 
 general 
Prim
 en 
 el
 ministerio
de
Guerra.
Unionistas,
progresistas
y
demócratas
conformaban
el
gabinete.
El
nuevo
 gobierno
convocó
elecciones a Cortes Constituyentes por sufragio universal.
Los
progresistas
 vencieron 
 en 
 unos
 comicios
 bastante 
 limpios 
 para 
 lo 
 normal 
 en 
 la 
 época 
 y 
 marcaron 
 con 
 su
 ideología
la
nueva
constitución
que
se
aprobó
alaño
siguiente.
La Constitución de 1869.
La
más
radicalmente
liberal
de
las
constituciones
del
siglo
XIX,
así,
se
habla
de 
constitución“ democrática” de 1869.
Estas
son
sus
principales
características: Soberanía nacional.
Sufragio universal directo
para
los
varones
mayores
de
veinticinco
años.
Monarquía
democrática,
con
una serie limitación de los poderes del rey Poder ejecutivo
en
manos
del
Consejo de Ministros Poder legislativo
 en 
 unas 
Cortes bicamerales. 
Ambas 
 cámaras, 
 Congreso 
 y 
 Senado, 
 son
 elegidas
por
el
cuerpo
electoral Poder judicial
reservado
a
los
Tribunales.
Amplia declaración de derechos,
reconociéndose
por
primera
vez
los
derechos
de
reunión
y
 asociación.
Libertad de cultos religiosos.
La Monarquía democrática: Amadeo I (1871-1873).
Tras
aprobarse
la
constitución
en
la
que
se
establecía
la
monarquía
como
forma
de
gobierno,
el
 general
Serrano
fue
nombrado
Regente
y
Prim
pasó
a
presidir
un
nuevo
gobierno.
Desechada
la
opción
de
los
Borbones,
se
inició
la
búsqueda
de
una
candidato
adecuado
a
la
 Corona 
 entre 
 las
 familias
 reales 
 europeas.
 Finalmente 
 las 
 Cortes 
 eligieron 
 como 
 nuevo
 rey 
 a
 Amadeo de Saboya,
hijo
del
Víctor
Manuel
II,
rey
de
la
recién
unificada
Italia,
y
perteneciente
a
 una
dinastía
con
fama
de
liberal.
El
mismo
día
de
la
llegada
de
Amadeo
a
España
fue 
asesinado el general Prim.
El
general
 progresista
era
el
principal
apoyo
del
nuevo
rey.
Su
ausencia
debilitó
grandemente
la
posición
del
 nuevo
monarca.
Amadeo
 se
encontró
inmediatamente
con
 un
 amplio frente de rechazo.
Aquí
estaban
 grupos
 variopintos 
 y 
 enfrentados: 
 los 
carlistas, 
 todavía 
 activos 
 en 
 el 
 País 
 Vasco 
 y 
 Navarra; 
 los
 "alfonsinos",
partidarios
de
la
vuelta
de
los
Borbones
en
la
figura
de
Alfonso,
hijo
de
Isabel
II;
y,
 finalmente,
los 
republicanos,
grupo
procedente
del
Partido
Demócrata
que
reclamaba
reformas
 más
radicales
en
lo
político,
económico
y
social
y
se
destacaba
por
un
fuerte
anticlericalismo.
Mientras
la
alianza
formada
por
unionistas,
progresistas
y
demócratas,
que
había
aprobado
la
 constitución
y
llevado
a
Amadeo
al
trono,
comenzó
rápidamente
a
resquebrajarse.
Los
dos
años
 que
duró
su
reinado
se
caracterizaron
por
una
enorme 
inestabilidad política,
con
disensiones
 cada
vez
más
acusadas
entre
los
partidos
que
habían
apoyado
la
revolución.
Impotente
y
harto
ante
la
situación,
Amadeo I abdicó a
principios
de
1873
y
regresó
a
Italia.
Sin
otra
alternativa,
era
impensable
iniciar
una
nueva
búsqueda
de
un
rey
entre
las
dinastías
 europeas,
las
Cortes
proclamaron
la
República
el
11
de
febrero
de
1873.
La Primera República.
La
República
fue
proclamada
por
unas
Cortes
en
las
que
no
había
una
mayoría
de
republicanos.
 Las
ideas
republicanas
tenían
escaso apoyo social
y
contaban
con
la
oposición de los grupos sociales e instituciones más poderosos
 del
país.
La
alta
burguesía
y
los
terratenientes,
los
 altos
mandos
del
ejército,
la
jerarquía
eclesiástica
eran
contrarios
al
nuevo
régimen.
Los 
 escasos 
 republicanos 
 pertenecían 
 a 
 las 
 clases 
 medias 
 urbanas, 
 mientras 
 las 
 clases
 trabajadores
optaron
por
dar
su
apoyo
al
incipiente
movimiento
obrero
anarquista.
La
debilidad
del
 régimen 
 republicano 
 provocó 
 una 
enorme inestabilidad política. 
 Cuatro 
 presidentes 
 de 
 la
 República 
 se 
 sucedieron 
 en 
 el 
 breve 
 lapso 
 de 
 un 
 año: 
Figueras, Pi y Margall, Salmerón y Castelar.
En 
 este 
 contexto 
 de 
 inestabilidad, 
 los 
 gobiernos 
 republicanos 
 emprendieron 
 una 
 serie 
 de
 reformas bastante radicales
 que, 
 en 
 algunos 
 casos, 
 se 
 volvieron 
 contra 
 el 
 propio 
 régimen
 republicano.
Estas
fueron
las
principales
medidas
adoptadas: Supresión 
impuesto de consumos.
La
abolición
de
este
impuesto
indirecto,
reclamada
por
las
 clases
más
populares,
agravó
el
déficit
de
Hacienda.
Eliminación
de
las 
quintas.
De
nuevo
una
medida
popular
propició
el
debilitamiento
del
estado
 republicano
frente
a
la
insurrección
carlista.
Reducción
edad
de
voto
a
los
21
años Separación de la Iglesia y el Estado.
Este
dejó
de
subvencionar
a
la
Iglesia.
Reglamentación del trabajo infantil.
Prohibición
de
emplear
a
niños
de
menos
de
diez
años
en
 fábricas
y
minas.
Abolición de la esclavitud
en
Cuba
y
Puerto
Rico.
Proyecto
constitucional
para
instaurar
una
República federal.
Este 
 programa 
 reformista 
 se 
 intentó 
 llevar 
 a 
 cabo 
 en 
 un 
 contexto 
 totalmente 
 adverso. 
 Los
 gobiernos
republicanos
tuvieron
que
hacer
frente
a
un
triple desafío bélico: La nueva guerra civil carlista.
 Carlos
 VII, 
 nieto 
 de
 Carlos
 María 
 Isidro, 
 encabezó
 una 
 nueva 
 insurrección 
 carlista
 en 
 el
 País
 Vasco
y
Navarra.
Aprovechando
el
caos
general,
los
carlistas
llegaron
a
establecer
un
gobierno en Estella, Navarra.
Las sublevaciones cantonales.
Los 
republicanos federales
 más 
 extremistas 
 se 
 lanzaron 
 a 
 proclamar 
 cantones, 
 pequeños
 estados
regionales
cuasi
independientes
en
Valencia,
Murcia
y
Andalucía,
sublevándose
contra
el
 gobierno
republicano
de
Madrid.
El
ejército
consiguió
reprimir
la
insurrección.
La
resistencia
del
 cantón de Cartagena
 le 
 convirtió 
 en 
 el 
 símbolo 
 de 
 este 
 movimiento 
 en 
 el 
 que 
 las 
 ideas
 republicano-federales
y
anarquistas
se
entremezclaron.
La guerra de Cuba.
En
1868
se
inició
en
isla
caribeña
una
insurrección
anticolonial
que
derivó
en
lo
que
los
cubanos
 denominan 
 la 
“Guerra Larga”. 
 Tuvieron 
 que 
 pasar 
 diez 
 años 
 hasta 
 que 
 las 
 autoridades
 españolas
consiguieron
pacificar
la
isla
con
la
firma
de
la
Paz de Zanjón
en
1878.
Las conspiraciones militares alfonsinas.
Entre
los
mandos
del
ejército
se
fue
imponiendo
la
idea
de
la
vuelta
de
los
Borbones
en
la
figura
 del 
 hijo 
 de 
 Isabel 
 II, 
Alfonso. 
 Pronto 
 empezaron 
 las 
 conspiraciones 
 para 
 un 
 pronunciamiento
 militar.
 La república del año 1874: el golpe del general Pavía y el camino a la Restauración.
El 
4
de
 enero
de
 1874,
 el 
general Pavía
 encabezó 
un
 golpe
militar.
 Las 
Cortes 
republicanas
 fueron
disueltas
y
se
estableció
un
gobierno
presidido
por
el
general
Serrano
que
suspendió
la
 Constitución
y
los
derechos
y
libertades.

 El
régimen
republicano
se
mantuvo
nominalmente
un
año
más,
aunque
la
dictadura de Serrano fue
un
simple
paso
previa
a
la
restauración
de
los
Borbones
que
planeaban
los
alfonsinos
con
su
 líder
Cánovas del Castillo.
La
restauración
se
vio
finalmente
precipitada
por
un
golpe
militar
del
 general
Martínez Campos el
29
de
diciembre
de
1874.
El
hijo
de
Isabel
II
fue
proclamado
rey
de
 España
con
el
título
de
Alfonso
XII.
Se
iniciaba
en
España
el
período
de
la
Restauración.
6. Evolución económica y social. El arranque del movimiento obrero (1833-1875).
Evolución económica.
La
población española
se
incremento
a
lo
largo
del
período,
aunque
en
menor
medida
que
en
 los 
 países 
 más 
 desarrollados. 
 El 
 descenso 
 de 
 la 
 mortalidad 
 y 
 el 
 mantenimiento 
 de 
 una 
 alta
 natalidad
explican
esta
tendencia.
La
mayor
parte
de
la
población
siguió
siendo
rural.
Se
calcula
 que
en
1865,
el
80%
de
la
población
seguía
viviendo
en
el
media
rural.
La 
agricultura
 vivió 
 una 
 profunda 
 reforma 
 basada 
 en 
 la 
abolición del régimen señorial, 
 la
 supresión de los mayorazgos
y
las
grandes
desamortizaciones de Mendizábal y Madoz.
Con
 este
conjunto
de
medidas
se
liberalizó
la
agricultura,
permitiendo
que
la
tierra
pudiera
circular
 libremente
en
el
mercado,
y
se
eliminaron
los
frenos
que
impedían
el
desarrollo
de
una
agricultura
 capitalista
dirigida
al
mercado.
La
mayor
parte
de
la
tierra
pasó
a
manos
de
propietarios
privados
 individuales.
La 
 gran 
 transformación 
 económica 
 de 
 este 
 período
 fue
 el 
 proceso 
 de 
 desamortización 
 de 
 los
 bienes 
 eclesiásticos 
 iniciado 
 en 
 1835 
 por 
 el 
 progresista 
Mendizábal, 
 que 
 luego 
 vino 
 a 
 ser
 completado 
 por 
 el 
 también 
 progresista 
Pascual Madoz
 durante 
 el 
 Bienio 
 progresista 
 con 
 la
 desamortización
de
los
bienes
de
los
municipios.
Juan 
 Álvarez 
 de 
 Mendizábal, 
 bien 
 desde 
 el 
 cargo 
 de 
 ministro 
 de 
 Hacienda 
 o 
 presidiendo 
 el
 Consejo 
 de 
 Ministros, 
 inició 
 la 
desamortización de los bienes y tierras eclesiásticas amortizadas
en
1836,
además
de
suprimir
las
órdenes
religiosas
(clero
regular).
La
desamortización
consistió
básicamente
en
la
expropiación de los bienes desamortizados y su nacionalización y posterior venta en pública subasta al mejor postor.
La
desamortización
tuvo
tres
objetivos: El 
objetivo
principal 
fue
financiero.
Buscar
ingresos
para 
pagar la deuda pública
 del
Estado,
 además
se
conseguirían
fondos
para
la
guerra
carlista.
Había
también
un
objetivo
político:
ampliar la base social del liberalismo
con
los
compradores
 de
bienes
desamortizados.
Además,
buena
parte
del
clero
regular
apoyaba
a
los
carlistas.
Finalmente,
se
planteó
de
forma
muy
tímida
un
objetivo
social:
crear
una
clase media agraria de
 campesinos
propietarios.
Los
resultados no fueron todo lo positivos que se podría haber esperado:
No solucionó el grave problema de la deuda pública En
el
terreno
político, 
el liberalismo ganó adeptos,
pero
también
se
creó
un
foso
que
perduró
 largo
tiempo
entre
el
liberalismo
entre
la
opinión
pública
católica.
En
el
terreno
social,
la
mayor
parte
de
los
bienes
desamortizados
fueron
comprados por nobles y burgueses
urbanos
adinerados.
Los
campesinos
pobres
no
pudieron
pujar
en
las
subastas.
 La
desamortización
no sirvió para mitigar la desigualdad social,
de
hecho,
muchos
campesinos
 pobres
vieron
como
los
nuevos
propietarios
burgueses
subieron
los
alquileres.
Los
resultados
de
la
desamortización
explican
porque
la
nobleza,
en
general,
apoyó
al
liberalismo,
 y
porque
muchos
campesinos
se
hicieron
antiliberales
(carlistas),
al
verse
perjudicados
por
las
 reformas.
La
Iglesia vio desmanteladas las bases económicas de su poder.
A
cambio
de
la
expropiación
 el 
 Estado 
 se 
 comprometió 
 a 
 subvencionar 
 económicamente 
 al 
 clero. 
 El 
 primer 
 ejemplo
 presupuestario
fue
la
Dotación
de
Culto
y
Clero
de
1841.
La
última
gran
desamortización
se
inició
en
1855
mediante
una
ley
elaborada
por Pascual Madoz.
Afectó
esencialmente
 a
 las 
tierras de los municipios
 y 
supuso
la
 liquidación
 definitiva
 de
la
 propiedad
amortizada
en
España.
Sus
resultados
tampoco
fueron
muy
positivos: Arruinó a los ayuntamientos,
que,
entre
otras
cosas,
estaban
al
cargo
de
la
instrucción
pública No
solucionó
el
sempiterno
problema
de
la
deuda
pública.
Perjudicó a los vecinos más pobres
 que
se
vieron
privados
del
aprovechamiento
libre
de
las
 tierras
comunales.
Pese
a
sus
insuficiencias
y
errores,
las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz cambiaron de forma radical la situación del campo español.
Baste
con
señalar
que
afectaron
a
una
quinta parte del conjunto del suelo.
Lamentablemente,
el
atraso
técnico
y
el
desigual
reparto
de
la
 propiedad
de
la
tierra
siguieron
siendo
problemas
clave
de
la
sociedad
y
la
economía
españolas.
 En 
la industria España 
 vio 
 como 
 la 
 revolución 
 que 
 se 
 había 
 iniciado 
 en 
 Gran 
 Bretaña 
 y 
 se
 extendía
a
otras
zonas
del
continente,
sólo
afectaba
de
forma
muy
localizada
al
país
en
Cataluña
 y
País
Vasco.
Diversos
factores
explican
este
retraso: Escasez de carbón y materias primas Atraso tecnológico y
dependencia
del
capital
exterior Falta de articulación de un mercado interior
caracterizado
por
las
dificultades
de
comunicación
 y
por
el
bajo
poder
adquisitivo
de
grandes
masas
de
la
población Factores políticos como 
 la 
 pérdida 
 del 
 mercado 
 colonial, 
 los 
 destrozos 
 de 
 la 
 guerra 
 de 
 la
 Independencia
o
la
inestabilidad
política.
La
expansión
del
tendido ferroviario
fue
un
factor
clave
de
modernización
como
en
el
resto
del
 mundo.
España
llegó
con
retraso
al
nuevo
medio
de
transporte
y
la
primera
línea
fue
la
construida
 entre
Barcelona
y
Mataró
en
1848.
Curiosamente,
el
primer
ferrocarril
en
los
dominios
españoles
 fue
construido
en
Cuba
en
1837
en
el
trayecto
La
Habana-Güines.
Tras
la
promulgación
de
la
Ley General de Ferrocarriles en 1855 tuvo
lugar
un
verdadero
"boom" del ferrocarril.
En
1866
la
 red
alcanzó
los
5.145
kilómetros
de
extensión.
La 
política comercial
 fue
en
general proteccionista.
Las 
leyes 
arancelarias 
de 
1841
y 
1849
 favorecieron
los
intereses
de
los
industriales
del
textil
catalán
y
de
los
terratenientes
castellanos
 cultivadores
de
trigo.
Sólo
durante
el
Sexenio
Democrático
se
intentó
una
política
liberal
con
el
 Arancel
Figuerola
de
1869.
La
Restauración
significó
de
nuevo
la
vuelta
al
proteccionismo
con
la
 ley
arancelaria
de
1875.
En
el 
terreno financiero
 este
período
se
caracteriza
por
las
dificultades
de
la
Hacienda
estatal
 agobiada
por
la
Deuda Pública.
Pese
a
estos
problemas
en
este
período
se
adoptaron
algunas
 decisiones
históricas: En
1856
se
creó
el
Banco de España
que
vino
a
sustituir
al
Banco
Español
de
San
Fernando.
En
 1874
quedó
configurado
como
banco
nacional
con
el
monopolio
de
la
emisión
de
papel
moneda.
En
octubre
de
1868
se
adoptó
la
peseta
como
nueva
unidad
del
sistema
monetario.
La evolución social.
El
principal
rasgo
de
este
período
es
la
paulatina
desaparición
de
la
sociedad
estamental
y
su
 sustitución
por
una 
sociedad de clases
 basada
en
el derecho de propiedad y en la igualdad ante la ley.
Esta
nueva
sociedad
permitió
mucha
mayor movilidad social,
bien
por
el
éxito
en
los
 negocios,
bien
por
la
carrera
administrativa
y,
sobre
todo,
militar.
Se
configuró
un
nuevo
grupo social dominante
configurado
por
la
alta burguesía
(empresarios
 textiles
catalanes,
financieros
madrileños
y
vascos...),
la 
oligarquía terrateniente
 propietaria
de
 grandes
latifundios
especialmente
en
la
España
meridional,
y
los 
altos cargos del estado y el ejército.
Por 
 debajo 
 emergieron 
 unas 
clases medias urbanas
 no 
 demasiado 
 numerosas 
 (pequeños
 propietarios
rurales
y
urbanos,
oficiales
del
ejército,
funcionarios,
médicos,
profesores...) La 
población campesina
 configuraba 
 la 
mayoría
 de 
 la 
 población 
 del 
 país 
 y 
 era 
 bastante
 heterogénea:
propietarios,
arrendatarios
y
jornaleros
sin
tierra
que
conformaban
más
de
la
mitad
 de
la
población
rural.
Por 
 último, 
 ligada 
 a 
 la 
 débil 
 industrialización, 
 se 
 configuró 
 un 
 pequeño 
 grupo 
 de 
obreros industriales.
Los orígenes del movimiento obrero en España.
La
débil
y
muy
localizada
industrialización
española
explica
la
debilidad del movimiento obrero hasta 
 el 
 sexenio 
 democrático. 
 Se 
 calcula 
 que 
 en 
 1860
 había
 en 
 torno 
 a 
 ciento
 cincuenta 
 mil
 obreros
industriales
en
el
país,
más
de
la
mitad
de
los
cuales
vivía
en
Cataluña.
No
obstante,
ya
desde
la
década
de
1830
nacieron
algunas
asociaciones,
como
las
“sociedades de auxilio mutuo”;
se
produjeron
algunas
protestas de carácter ludita,
como
los
conflictos
en
 1835
en
la
fábrica
“El
Vapor”
en
Barcelona,
o
las
protestas
contra
las
“selfactinas”
en
1854;
la
 aparición
de
los
primeros
periódicos.
Estas
primera
manifestaciones
del
movimiento
obrero
fueron
 duramente
reprimidas
por
los
gobiernos
de
la
época.
El movimiento obrero durante el sexenio democrático.
Las 
 libertades 
 políticas 
 permitieron 
 un 
 importante 
 impulso 
 al 
 movimiento 
 obrero 
 durante 
 el
 sexenio.
En 
 1864 
 se 
 había 
 creado 
 en 
 Londres 
 la 
Asociación Internacional de Trabajadores (A.I.T.),
 donde 
 durante 
 un 
 cierto 
 tiempo 
 convivieron 
 los 
 seguidores 
 de 
 las 
 ideas 
 de 
Carlos Marx (marxistas o socialistas) y
los
seguidores
de
Mijaíl Bakunin (anarquistas).
Las
nuevas
libertades
traídas
por
la
"Revolución
Gloriosa"
permitieron
la
creación
de
la
Sección Española de la A.I.T. Su
fundación
se
debió
al
impulso
del
anarquista
italiano
Giuseppe Fanelli.
 Desde
un
principio
en
los
"internacionalistas"
españoles
hubo
claro
predominio
de
la
ideología
 anarquista,
inspirada
en
el
pensamiento
de
Bakunin.
Como
era
de
esperar
por
su
mayor
grado
de
 industrialización,
el
movimiento
anarquista
tuvo
un
mayor
desarrollo
en
Cataluña.
Por 
 otro 
 lado, 
Paul Lafargue, 
 yerno 
 de 
 Marx, 
 vino 
 a 
 nuestro 
 país 
 a 
 propagar 
 las 
 ideas 
 del
 marxismo.
En
1872,
creó
un
pequeño grupo madrileño
que
poco
después
daría
lugar
al
PSOE.
7. El sistema canovista. La Constitución de 1876 y el turno de partidos. La oposición al sistema. Regionalismo y nacionalismo.
El sistema canovista. La Constitución de 1876 y el turno de partidos.
El
sistema
político
de
la
Restauración
está
absolutamente
ligado
a
la
figura
de
Antonio
Cánovas del Castillo. 
Antiguo 
 ministro 
 de 
 la 
 Unión 
 Liberal, 
 su 
 pensamiento 
 político 
 fue 
 reaccionario 
 y
 antidemocrático, 
 siempre 
 fue 
 contrario 
 al 
 sufragio 
 universal. 
 Sin 
 embargo, 
 fue 
 un 
 político
 pragmático
y
realista
que
buscó
el
consenso
entre
las
fuerzas
liberales
en
las
que
se
cimentó
el
 régimen
de
la
Restauración.
Tras
ser
el
artífice
de
la
vuelta
al
trono
de
los
Borbones
y
configurarse
 como
la
gran
figura
política
del
nuevo
régimen,
fue
asesinado
en
1897
por
el
anarquista
Angiolillo.
Cánovas
era
partidario
de
mantener
a
los 
Borbones
 y
el
viejo
sistema
liberal
antidemocrático
 basado
en
el 
sufragio censitario.
Defendía
la
idea
moderada
de
la 
soberanía compartida de Rey y Cortes,
en
un
punto
intermedio
entre
el
Antiguo
Régimen
y
monarquía
democrática
de
 1869. 
Sin
embargo,
era
consciente
de
que
era
necesario
renovar
el
agotado
programa
de
los
 moderados.
Estas
eran
las
novedades
que
propuso:
Alfonso XII
debía
reemplazar
a
la
impopular
 Isabel
II.
Cánovas
consiguió
que
la
reina
renunciara
a
sus
derechos
al
trono
en
1870.
Había
que
 terminar con las continuas intervenciones del Ejército, 
 fuente 
 continua 
 de 
 inestabilidad
 política. 
 Había 
 que 
 crear 
 un 
sistema bipartidista
 basado 
 en 
 dos 
 partidos 
 burgueses 
 que
 pacíficamente 
 se 
 fueran 
turnando en el poder. 
 Estos 
 dos 
 partidos 
 serían 
 el 
 que 
 él 
 creo, 
 el
 Partido Conservador,
 que 
 debía
 sustituir 
 al 
 agotado 
 partido
 Moderado, 
 y 
 el 
Partido Liberal,
 dirigido
por
el
antiguo
progresista
Práxedes
Mateo
Sagasta,
que
sería
el
heredero
de
los
ideales
 de
1869
adaptados
a
los
límites
del
sistema
canovista.
La Constitución de 1876.
El 
régimen 
de
 la
Restauración
se
dotó
de
una
nueva
constitución
 que,
en
lo
fundamental, 
es
 heredera 
 de 
 la 
 moderada 
 de 
 1845. 
 Se 
 reunieron 
 unas 
 Cortes 
 constituyentes 
 con 
 mayoría
 canovista.
En
ellas
se
debatió
y
aprobó
un
anteproyecto
redactado
por
Alonso
Martínez,
aunque
 su
verdadero
inspirador
fue
el
propio
Canovas
del
Castillo.
Principales
rasgos
de
la
Constitución: Soberanía compartida Cortes con el Rey. 
 Lo 
 que 
 significaba 
 la 
 negación 
 de 
 la 
 idea 
 de
 soberanía
nacional.
Cortes Bicamerales: Congreso
elegido Senado
en
el
que
se
representan
las
clases
poderosas
del
país: senadores
“de
derecho
propio”:
Grandes
de
España
y
jerarquías
eclesiásticas
y
militares senadores
“vitalicios”,
nombrados
por
el
rey senadores
elegidos
por
sufragio
censitario
de
los
mayores
contribuyentes.
 Fortalecimiento del poder de la Corona
que
se
constituyó
como
eje
del
Estado: Poder
ejecutivo:
designación
de
los
ministros
y
mando
directo
del
ejército Poder
legislativo
compartido
con
las
Cortes: Derecho
de veto absoluto
sobre
las
leyes
aprobadas
por
las
Cortes Poder
de
convocar,
suspender
o
disolver
las
Cortes Reconocimiento teórico de derechos y libertades, 
 que 
 en 
 la 
 práctica 
 fueron 
 limitados 
 o
 aplazados
durante
los
gobiernos
de
Cánovas.
No se especifica el tipo de sufragio
 para
elegir
el
Congreso.
Posteriormente,
bajo
el
gobierno
 del
Partido
Conservador
de
Canovas
se
aprobó
la
Ley
Electoral
de
1878
que
establecía
el
voto
 censitario,
limitado
a
los
mayores
contribuyentes.
Recorte de la libertad religiosa.
Religión
católica
es
declarada
religión
oficial
del
Estado.
El Reinado de Alfonso XII (1875-1885): el turno de partidos.
Cánovas
diseñó
un
sistema
basado
en
el
turno pacífico de dos partidos en el poder.
El
Partido
 Conservador,
dirigido
por
el
propio
Canovas
del
Castillo
y
heredero
del
moderantismo,
y
Partido
 Liberal,
liderado
por
Sagasta,
al
que
se
unirán
progresistas
y
demócratas
del
Sexenio.
Sagasta
a
 menudo 
 hablaba 
 como 
 un 
 progresista 
 radical, 
 pero 
 actuaba 
 de 
 una 
 manera 
 moderada 
 y
 pragmática.
El
sistema
de
turno
tuvo
la
gran
virtud
de
garantizar la alternancia pacífica
en
el
poder,
poniendo
 fin durante un largo periodo al intervencionismo militar
 y 
 a 
 los 
 pronunciamientos. 
 Sin
 embargo,
el
turno
fue
un
puro artificio
político,
destinado
a
mantener
apartados
del
poder
a
las
 fuerzas
que
quedaban
fuera
del
estrecho
sistema
diseñado
por
Cánovas:
las
fuerzas
de
izquierda,
 el
movimiento
obrero,
los
regionalismos
y
nacionalismos.
El 
 turno 
 en 
 el 
 poder 
no era la expresión de la voluntad de los electores, 
 sino 
 que 
los dirigentes de los partidos lo acordaban y pactaban previamente. 
 Una 
 vez 
 acordada 
 la
 alternancia,
y
el
consiguiente
disfrute
del
presupuesto,
se
producía
el
siguiente
mecanismo: El
Rey
nombraba
un
nuevo
Jefe
de
Gobierno
y
le
otorga
el
decreto
de
disolución
de
Cortes El 
 nuevo 
 gobierno 
 convocaba 
 unas 
 elecciones 
 completamente 
 adulteradas, 
 “fabricaba” 
 los
 resultados
mediante
el
“encasillado”,
la
asignación
previa
de
escaños
en
los
que
se
dejaba
un
 número
suficiente
a
la
oposición.
Este
sistema
de
adulteración
electoral
no
fue
único
de
la
España
de
la
época,
el
“transformismo”
 en
Italia
y
el
“rotativismo”
en
Portugal
fueron
sistemas
similares.
El caciquismo.
El
fraude
electoral
generalizado
que
caracterizó
el
sistema
del
turno
tiene
lugar
en
el
contexto
de
 un
país
agrario
y
atrasado.
La
clave
de
la
adulteración
electoral
estaba
en
los 
“caciques”,
que
 eran
los
encargados de llevar a la práctica los resultados electorales
acordados
por
las
elites
 de
los
partidos.
Los 
 caciques 
 eran 
personajes ricos e influyentes en la España rural (terratenientes,
 prestamistas,
notarios,
comerciantes...),
quienes
siguiendo
las
instrucciones
del
Gobernador
Civil
 de
cada
provincia,
amañaban
las
elecciones.
Los
gobernadores
habían
sido
a
su
vez
informados
 por 
 el 
 ministro 
 de 
 Gobernación 
 de 
 los 
 resultados 
 que 
 "debían" 
 de 
 salir 
 en 
 sus 
 provincias,
 siguiendo
el
"encasillado"
acordado
por
las
elites
políticas.
Los
métodos
desplegados
por
los
caciques
durante
los
elecciones
fueron
muy
variados:
violencia y amenazas;
cambio
de 
votos por favores
 (rebajas
de
impuestos,
sorteo
de
quintos,
saldo
de
 préstamos,
agilizar
expedientes
que
se
eternizaban
en
las
oficinas
estatales...);
o
simplemente
 trampas
en
las
elecciones,
el
conocido
popularmente
como
el
“pucherazo”.
La
prematura
muerte de Alfonso XII en 1885
abrió
el
período
de
la
Regencia de María Cristina de Habsburgo (1885-1902) hasta
la
mayoría
de
edad
de
Alfonso
XIII.
Tras
la
muerte
del
rey,
 Cánovas
y
Sagasta
reafirmaron
en
el
denominado
Pacto
del
Pardo
(1885)
el
funcionamiento
del
 sistema
de
turno.
En
el
denominado
"gobierno
largo"
de
Sagasta
(1885-1890)
se
aprobaron
diversas
medidas
de
 reforma
política: 1887
Libertades
de
cátedra,
asociación
y
prensa,
suprimiendo
la
censura 1890 Sufragio universal masculino.
Sin 
 embargo, 
 el 
 sistema 
 de 
 turno 
 siguió 
 basándose 
 en 
 la 
adulteración sistemática de las elecciones,
aunque
el
sufragio
universal
permitió
que
los
republicanos
obtuvieran
un
puñado
de
 diputados
en
las
ciudades,
donde
no
funcionaba
el
caciquismo.
La oposición al sistema.
Varios 
 grupos 
 políticos, 
 sociales 
 e 
 ideológicos 
 se 
 opusieron 
 con 
 escaso 
 éxito 
 hasta 
 1923 
 al
 régimen
de
la
Restauración: Los carlistas.
 Fuerza
cada
vez
más
residual
que,
finalmente,
había
decidido
renunciar
a
las
armas.
Con
fuerza
 en 
 el 
 País 
 Vasco 
 y 
 Navarra, 
 nunca 
 consiguieron 
 más 
 del 
 3% 
 en 
 las 
 elecciones 
 en 
 que 
 se
 presentaron.
Los partidos republicanos.
Con
su
base
social
en
las
clases
medias
urbanas,
estos
grupos
defendieron
la
democratización
 del
régimen
y
diversas
reformas 
sociales.
Estuvieron
bastante
desorganizados,
destacando
los
 republicanos
moderados
de
 Melquiades 
 Álvarez 
y 
el 
Partido
 Radical
 Republicano,
 fundado
en
 1908
por 
Alejandro Lerroux,
un
político
populista
y
demagogo
que
en
sus
primeros
años
en
la
 carrera
política
destacó
por
su
anticlericalismo.
El movimiento obrero: anarquistas y socialistas.
 Tras
el
nacimiento
de
la
sección
española
de
la
AIT
durante
el
sexenio
gracias
a
la
labor
del
 anarquista
Fanelli
y
el
marxista
Lafargue,
tras
el
golpe
de
Pavía
en
1874
los
"internacionalistas",
el
 movimiento
obrero,
fue
reprimido.
Al
igual
que
en
toda
Europa,
la
ruptura
entre
Marx
y
Bakunin
en
 el
Congreso
de
La
Haya
en
1872
propició
la
escisión
de
las
fuerzas
obreras: Anarquistas:
grupo
mayoritario
en
España.
Tras
la
ley
de
Asociaciones
de
1881,
aprobada
por
el
 gobierno
liberal
de
Sagasta,
se
lanzaron
a
una
intensa
actividad
organizativa
y
de
luchas
sociales.
 En
1881
nació
la
Federación
de
Trabajadores
de
la
Región
Española.
En
la
que
destacó
Anselmo Lorenzo,
uno
de
los
principales
líderes
de
los
inicios
del
movimiento
anarquista.
A
partir
de
1901
diversos
grupos
se
organizaron
en
torno
a
la
publicación
“Solidaridad
Obrera”.
 Finalmente
en
el
Congreso
en
Barcelona
(1910),
nació
la
Confederación Nacional del Trabajo,
 la 
CNT,
el
mayor
sindicato
español
con
gran
fuerza
entre
los
obreros
agrícolas
andaluces
y
los
 obreros
industriales
catalanes.

Los
anarquistas
defendieron
una
ideología
colectivista,
libertaria,
 apolítica,
anticlerical
y
revolucionaria.
Socialistas:
minoritarios
en
nuestro
país.
Todavía
de
forma
clandestina,
en
1879
nació
en
Madrid
 el
Partido Socialista Obrero España,
PSOE,
con
Pablo Iglesias
como
principal
figura.
En
1888,
 el
PSOE
celebró
su
primer
congreso
y
se
fundó
la 
Unión General de Trabajadores,
la 
UGT,
 sindicato 
 socialista. 
 
Opuestos 
 a 
 los 
 anarquistas, 
 los 
 socialistas 
 mantuvieron 
 una 
 ideología
 colectivista,
anticlerical
y
antiburguesa,
pero
más
moderada
que
la
de
la
otra
gran
corriente
del
 movimiento
obrero
español.
Partidarios
de
la
lucha
política, 
Pablo Iglesias
 fue
elegido
diputado
 en
1910.
La
oposición intelectual.
Pensadores,
profesores
universitarios,
novelistas
contrarios
a
 un
sistema
que
impedía
la
modernización
del
país
y
la
aproximación
a
la
Europa
avanzada.
 El
regionalismo y nacionalismo
en
Cataluña
y
el
País
Vasco.
Regionalismo y nacionalismo.
A
fines
del
siglo
XIX,
nacen
en
Cataluña
y
el
País
Vasco
movimientos
que
cuestionan
la
existencia
 de
una
única
nación
española
en
España.
El
punto
de
partida
de
los
argumentos nacionalistas consiste
en
afirmar
que
Cataluña y el País Vasco son naciones
y
que,
por
consecuencia,
tienen
 derecho al autogobierno. 
 Esta 
 afirmación 
 la 
 basan 
 en 
 la 
 existencia 
 de 
 unas 
realidades diferenciales: 
 lengua, 
 derechos 
 históricos 
 (fueros), 
 cultura 
 y 
 costumbres 
 propias. 
 Estos
 movimientos 
 tendrán 
 planteamientos 
 más 
 o 
 menos 
 radicales: 
desde el autonomismo al independentismo o
separatismo.
El nacionalismo catalán.
Cataluña 
 y 
 los 
 demás 
 reinos 
 de 
 la 
 Corona 
 de 
 Aragón 
 habían 
 perdido 
 sus 
 leyes 
 y 
 fueros
 particulares
con
los
Decretos de Nueva Planta,
tras
la
guerra
de
Sucesión.
Durante 
el 
siglo 
XIX, 
 el 
 siglo
 del
 nacionalismo 
en 
toda
 Europa,
 el
 sentimiento 
nacionalista
 se
 reavivó
entre
una
burguesía
que
estaba
protagonizando
la
revolución
industrial.
El
regionalismo
y
 el
nacionalismo
catalán
se
fue
construyendo
en
varias
etapas: 
En
la
década
de
1830,
en
pleno
 período
romántico,
se
inicia
la
Renaixença,
movimiento
intelectual,
literario
y
apolítico,
basado
en
 la
recuperación
de
la
lengua
catalana.
En 
 1882, 
Valentí Almirall creó 
 el 
Centre Catalá, 
 organización 
 política 
 que 
 reivindicaba 
 la
 autonomía
y
denuncia
el
caciquismo
de
la
España
de
la
Restauración.
Enric Prat de la Riba
fundó
la
Unió Catalanista
(1891)
de
ideología
conservadora
y
católica.
Al
 año
siguiente,
esta
organización
aprueba
las denominadas 
Bases de Manresa,
programa
en
el
 que 
 se
 reclama
 el
 autogobierno
 y
 una 
 división
 de
 competencias 
 entre
 el 
 estado 
 español 
 y 
 la
 autonomía 
 catalana. 
 Fuertemente 
 nacionalista, 
 la 
Unió Catalanista
 no 
 tuvo 
 planteamientos
 separatistas.
En
1901
nace
la 
Lliga Regionalista
 con 
Francesc Cambó
 con
principal
dirigente
y 
Prat de la Riba
como
ideólogo.
Es
un
partido
conservador,
católico
y
burgués
con
dos
objetivos
principales: Autonomía política
 para 
 Cataluña 
 dentro 
 de 
 España. 
 La 
 Lliga 
 nace 
 alejada 
 de 
 cualquier
 independentismo.
Cambó
llegó
a
participar
en
el
gobierno
de
Madrid,
pese
a
no
conseguir
ninguna
 reforma
ante
el
cerrado
centralismo
de
los
gobiernos
de
la
Restauración.
Defensa de los intereses económicos de los industriales catalanes.
Defensa
de
una
política
 comercial
proteccionista.
El
nacionalismo
catalán
se
extendió
esencialmente
entre
la
burguesía
y
 el
campesinado.
Mientras
tanto,
la
clase
obrera
abrazó
mayoritariamente
el
anarquismo.
El nacionalismo vasco.
A
 lo 
 largo 
 del 
 siglo 
 XIX, 
 las 
 sucesivas 
 Guerras 
 Carlistas 
 no 
 supusieron 
 sino 
 derrotas 
 para 
 el
 Pueblo
Vasco,
tras
las
cuales
se
fueron
eliminando
paulatinamente
los
Fueros,
en
un
complicado
 proceso
que,
iniciado
por
la
Ley
de
25
de
octubre
de
1839
de
Reforma
de
los
Fueros
Vascos,
 culminó
con
la
Ley
de
21
de
julio
de
1876,
que
supuso
la
definitiva
liquidación
del
ordenamiento
 foral.
La
defensa
de
los
fueros
vascos
quedó
ligada
a
la
causa
carlista
durante
el
siglo
XIX.
Las
 sucesivas 
 derrotas 
 de 
 los 
 absolutistas 
 llevaron 
 a 
 la 
abolición de los fueros en 1876. 
 La
 burguesía vizcaína,
enriquecida
por
la
naciente
revolución
industrial,
fue
el
terreno
social
en
el
 que
nació
el
nacionalismo vasco.
El 
Partido Nacionalista Vasco, 
PNV,
 (Euzko
Alderdi
 Jeltzalea, 
 EAJ)
 fue
fundado 
 por 
Sabino Arana Goiri
 en 
 1895.
 Este 
 hombre, 
 nacido 
 en
 el 
 seno 
 de 
 una 
 familia 
 carlista 
 y 
 ultracatólica,
 formuló
los
fundamentos
ideológicos
del
nacionalismo
vasco: Independencia
de
Euskadi
y
creación
de
un
estado
vasco
independiente
en
el
que
se
incluirían
 siete territorios, 
 cuatro 
 españoles 
 (Vizcaya, 
 Guipúzcoa, 
 Álava, 
 Navarra) 
 y 
 tres 
 franceses
 (Lapurdi,
Benafarroa
y
Zuberoa) Radicalismo antiespañol.
Exaltación de la etnia vasca
 y
búsqueda
del
mantenimiento
de
la 
pureza racial.
 Esta 
actitud racista
 implicaba 
 la 
 oposición 
 matrimonio 
 vascos 
 y 
maketos (habitantes 
 del 
 País 
 Vasco
 procedentes
de
otras
zonas
de
España), 
rechazo y desprecio ante estos inmigrantes,
en
su
 mayoría
obreros
industriales.
Integrismo religioso católico: 
Arana 
 afirmó 
 “Euskadi 
 se 
 establecerá 
 sobre 
 una 
 completa 
 e
 incondicional
subordinación
de
lo
político
a
lo
religioso,
del
Estado
a
la
Iglesia”.
El
lema
del
PNV
 será
“Dios y Leyes Viejas” Este
aspecto
es
un
claro
elemento
de
continuidad
con
el
carlismo.
Promoción
del
idioma
y
de
las
tradiciones
culturales
vascas. Euskaldunización
 de
la
sociedad
 vasca 
 y 
 rechazo 
 de 
 la 
 influencia 
 cultural 
 española, 
 calificada 
 de 
 extranjera 
 y 
 perniciosa.
 Idealización
y
apología
de
un
mítico mundo rural vasco,
contrapuesto
a
la
sociedad
industrial
 "españolizada".
Conservadurismo ideológico, 
 tanto 
 en 
 el 
 terreno 
 social 
 como 
 en 
 el 
 político, 
 que 
 lleva 
 al
 enfrentamiento
con
el
PSOE,
principal
organización
obrera
en
Vizcaya.
Denuncia
del
carácter
españolista
del
carlismo.
La
influencia
social
y
geográfica
del
nacionalismo
vasco
fue
desigual: Se 
 extendió 
 sobre 
 todo 
 entre 
 la 
 pequeña 
 y 
 media 
 burguesía, 
 y 
 en 
 el 
 mundo 
 rural. 
 La 
 gran
 burguesía
industrial
y
financiera
se
distanció
del
nacionalismo,
y
el
proletariado,
procedente
en
su
 mayor
parte
de
otras
regiones
españolas,
abrazó
mayoritariamente
el
socialismo.
Se
extendió
en
 Vizcaya 
 y
 Guipúzcoa. 
 Su 
 influencia 
 en
 Álava 
 y 
 Navarra 
 fue 
 mucho 
 menor. 
 El 
 nacionalismo
 o
 regionalismo
gallego y valenciano,
finalmente,
fueron
fenómenos
muy
minoritarios.
8. La liquidación del imperio colonial: Cuba y Filipinas. El 98 y sus repercusiones.
La liquidación del imperio colonial: Cuba y Filipinas.
El imperio colonial ultramarino español.
Tras
la
independencia
de
la
mayor
parte
del
imperio
a
inicios
del
siglo
XIX
(Ayacucho,
1824),
sólo
 las
islas
antillanas
de
Cuba
y
Puerto Rico,
y
el
archipiélago
de
las
Filipinas
en
sudeste
asiático
 continuaron
formando
parte
del
imperio
español.
Cuba 
 y 
 Puerto 
 Rico 
 basaban 
 su 
 economía 
 en 
 la 
agricultura de exportación, 
 esencialmente
 basada
en
el
azúcar
de
caña
y
el
tabaco,
en
la
que
trabajaba
mano
de
obra
negra
esclava.
Eran
 unas 
 colonias 
 que 
 alcanzaron 
 un 
importante desarrollo
 y 
 que 
 eran 
 muy 
lucrativas para la metrópoli.
Cuba
se
convirtió
en
la
primera
productora
de
azúcar
del
mundo.
Las 
duras leyes arancelarias
impuestas
por
el
gobierno
de
Madrid
convirtieron
estos
territorios
 en 
 un 
 "mercado 
 cautivo" 
 de 
 los 
 textiles 
 catalanes 
 o 
 las 
 harinas 
 castellanas. 
 Esta 
 situación
 perjudicaba 
 claramente 
 a 
 las 
 islas 
 antillana 
 que 
 podían 
 encontrar 
 productos 
 mejores 
 y 
 más
 baratos
en
los
vecinos
Estados
Unidos.
En
Cuba
y
Puerto
Rico,
la
hegemonía
española
fue
basando
cada
vez
más
en
la
defensa
de
los
 intereses 
 de
 una 
 reducida 
oligarquía esclavista, 
 beneficiada 
 por 
 la 
 relación 
 comercial 
 con 
 la
 metrópoli.
El
caso
filipino
era
bien
diferente.
Aquí
la
población
española
era
escasa
y
muy
pocos
capitales
 invertidos.
El
dominio
español
se
sustentaba
en
una
pequeña
presencia
militar
y,
sobre
todo,
en
el
 poder
de
las
órdenes religiosas.
El problema cubano y la guerra con Estados Unidos.
La
Guerra Larga (1868-1878),
saldada
con
la
Paz
de
Zanjón,
había
sido
un
primer
aviso
serio
de
 las
aspiraciones
independentistas
cubanas.
La
ausencia
de
reformas
facilitó
el
que
el
anticolonialismo
se
desarrollará
pese
a
la
represión.
 José Rizal
en
Filipinas
y
José Martí
en
Cuba
se
configuraron
con
figuras
claves
del
nacionalismo
 independentista
filipino
y
cubano.
En
1895
estallaron
de
nuevo
insurrecciones independentistas en Filipinas y Cuba.
Una
dura
y
 cruel
guerra
volvió
a
provocar
que
decenas
de
miles
de
soldados
procedentes
de
las
clases
más
 humildes
fueran
embarcados
hacia
esas
distantes
islas.
La
gran
novedad
va
a
ser
la
ayuda estadounidense
a
los
rebeldes
cubanos.
Washington
ayudó
a
 los
insurrectos
caribeños
esencialmente
por
dos
razones: Intereses económicos,
 mineros 
 y 
 agrícolas. 
 Cuba 
 era 
 la 
 primera 
 productora 
 del 
 mundo 
 de
 azúcar.
Interés geoestratégico, el
naciente
imperialismo
norteamericano
buscaba
el
dominio
del
Caribe
y
 Centroamérica.
Lo
que
denominaban
su
back courtyard (patio
trasero).
En 
 realidad, 
 el 
 enfrentamiento 
 que 
 se 
 aproximaba 
 en 
 Cuba 
 mostraba 
 la 
 pugna 
 entre 
 un
 imperialismo
moribundo,
el
español,
y
uno
que
estaba
naciendo
y
que
iba
a
marcar
los
tiempos
 posteriores,
el
norteamericano.
La 
 aún 
 inexplicada 
 explosión 
 en 
 el 
 navío 
 norteamericano 
Maine en 
 el 
 puerto 
 de 
 La 
 Habana,
 explosión
que
costó
la
vida
de
260
marinos
estadounidenses,
propició
una
furibunda 
campaña periodística de
las
 cadenas
 de
Pulitzer
y 
Hearst.
 El
 gobierno
 norteamericano
del 
presidente McKinley,
alentado
por
una
opinión
pública
cada
vez
más
belicista,
declaró
la
guerra
a
España.
El 
 conflicto 
 fue 
 un 
paseo militar para Estados Unidos
 que 
 conquistó 
 Cuba, 
 Puerto 
 Rico 
 y
 Filipinas.
España
firmó
la
Paz de París
en
diciembre
de
1898.
Por
este
acuerdo,
España cedió a EE.UU.
la
 isla
de
Puerto Rico,
que
hoy
sigue
siendo
un
estado
asociado
de
EE.UU.,
Filipinas
y
la
Isla
de
 Guam
en
el
Pacífico.
Cuba
alcanzaba
la
independencia bajo la “protección” estadounidense (Enmienda
Platt
y
base
militar
de
Guantánamo).
La
sustitución
del
dominio
español
por
el
norteamericano
engendró
un
profundo
descontento
en
 las
antiguas
colonias.
EE.UU.
tuvo
que
hacer
frente
a
una
guerra en Filipinas (1889-1902)
y
en
 Cuba
el
sentimiento antinorteamericano
se
extendió
por
amplias
capas
sociales.
Desde 
 la 
 perspectiva 
 española, 
 las 
 pérdida 
 de 
 las 
 últimas 
 colonias 
 vino 
 a 
 denominarse 
 el
 “Desastre del 98”
 y 
 tuvo 
 una 
 importante 
influencia en la conciencia nacional. 
 La
 irresponsabilidad
de
los
gobiernos
de
la
Restauración
habían
llevado
a
una
situación
que
costó
la
 vida
de
 decenas
 de
miles
de
españoles,
primero
en
 la
guerra
contra
los
insurrectos
cubanos,
 después
en
una
guerra
contra
Estados
Unidos
que
no
se
podía
afrontar.
El 98 y sus repercusiones.
Aunque desde una perspectiva económica, no se puede hablar de desastre: El 
 fin
 de 
 la 
 guerra
 guerra
 permitió
 al 
 ministro 
 Fernández 
 Villaverde 
 abordar
 algunas 
 reformas
 necesarias
en
el
sistema
de
impuestos
y
en
la
emisión
de
deuda,
lo
que
supuso
un
saneamiento
 de
la
situación
de
la
Hacienda.
Por
primera
vez
en
mucho
tiempo,
el
estado
español
tuvo
superávit
 a
principios
del
siglo
XX.
La
pérdida
de
las
colonias
supuso
una
importante
repatriación
de
capitales
que
fueron
invertidos
 en
la
economía
peninsular.
España
no
perdió
la
escasa
presencia
que
ya
se
tenía
en
los
mercados
latinoamericanos.
Sin
embargo,
la
apabullante derrota
ante
EE.UU.
y
la
pérdida de más de 50.000 combatientes provocó
una 
intensa conmoción en la sociedad española
en
todos
los
ámbitos.
Políticos
del
 régimen
canovista
como
Francisco
Silvela,
que
escribió
"España
sin
pulso";
opositores
socialistas
 o
republicanos;
intelectuales
como
Joaquín
Costa;
todos
sintieron
la
pérdida
de
las
colonias
como
 el
Desastre del 98
.
Esta
conmoción
nacional
provocó
una
profunda
crisis
de
la
conciencia
nacional
que
marcó
la
obra
 crítica
de
los
diversos
autores
que
componen
la
generación del 98 (Unamuno,
Baroja,
Maeztu...).
 Propuestas 
 de 
 reforma 
 y 
 modernización 
 política 
 como 
el Regeneracionismo, 
 con 
 una 
 doble
 vertiente
de
reforma
política
y
de
reforma
educativa Mayor
empuje y presencia de los nacionalismos periféricos,
ante
una
evidente crisis de "la idea de España".
La
derrota
de
1898
había
puesto
de
relieve
de
forma
trágica
y
súbita
todas
las
limitaciones del régimen de la Restauración
 y
su
 parálisis 
a
la 
hora
de
 afrontar
 los
 problemas 
sociales 
 y
 la
 modernización
del
país.
El
Regeneracionismo
de
Joaquín Costa
fue
la
principal
expresión
de
una
renovada
conciencia
 nacional
que
aspiraba
a
la
reforma
del
país.
El
pensamiento
de
Costa
se
basó
en
una 
crítica radical al sistema caciquil
 que
había
impedido
la
implantación
de
una
verdadera
democracia
 basada
en
las
clases
medias
y
la
modernización
económica
y
social
del
país.
9. Sociedad y mentalidad. La educación (1875-1902).
Sociedad y mentalidad.
La
sociedad
de
la
España
de
la
Restauración
ha
sido
caracterizada
como
una
sociedad dual
en
 la
que
convivían
dos
mundos
muy
diferenciados: Un
inmenso interior agrario
con
formas de vida y subsistencia muy atrasadas.
Unas
pocas zonas industrializadas
donde
se
abría
poco
a
poco
paso
una
sociedad moderna.
 Estas
zonas
se
ubicaban
preferentemente
en
la
periferia,
con
la
excepción
de
Madrid.
Entre
ambas
sociedades
había
una
relación
bastante
débil.
Muchas
comarcas
del
interior
vivían
 en
un
gran
aislamiento.
En 
 general, 
 nos 
 hallamos 
 ante 
 una 
 sociedad 
 en 
 la 
 que 
pobreza
 está 
 muy 
 extendida. 
 Las
 bajísimas
rentas
de
la
mayor
parte
de
la
población
impedían
el
consumo
y
el
ahorro,
dificultando
el
 desarrollo
industrial
y
la
modernización
social.
El 
bloque de poder
 lo 
 formaba 
 una 
 oligarquía 
 burguesa 
 que 
 formaba 
 el 
 triángulo 
 de 
 los
 siderúrgicos vascos,
los
empresarios textiles catalanes
y
los
cerealistas castellanos.
La sociedad en el medio agrario.
Durante 
 el 
 período 
 de 
 la 
 Restauración, 
 en 
 el 
 medio 
 rural 
 se 
 podían 
 distinguir 
 estos 
 grupos
 sociales: Una
pudiente
oligarquía agraria,
predominante
en
las
dos
Castillas,
Extremadura
y
Andalucía.
Clases
medias
bajas,
formadas
por
medianos propietarios, arrendatarios y aparceros.
Campesinos sin tierra,
jornaleros
o
braceros,
que
sufren
una
situación
de 
paro
 intermitente
y
 que
reciben
muy 
bajos salarios.
Con
este
proletariado
se
confunden
los
pequeños
propietarios
 empobrecidos. 
 Esta 
 amplia 
 masa 
 de 
 población 
 sufre 
 una 
 situación 
 caracterizada 
 por 
 la
 alimentación deficiente, las carencias sanitarias y higiénicas y la falta de una cultura elemental con
unas
tasas
enormes
de
analfabetismo.
Esta 
 estructura 
 social 
 permite 
 comprender 
 que 
 periódicamente 
 hubiera 
estallidos sociales violentos,
duramente
reprimidos
por
las
autoridades.
La sociedad en el medio urbano.
El 
 lento 
 desarrollo 
 minero 
 e 
 industrial 
 propició 
 la 
 lenta 
 aparición 
 de 
 una 
sociedad más modernizada
en
determinadas
zonas
del
país.
En
el 
País Vasco
 con
preponderancia
de
la
industria
siderúrgica
y
la
banca
más
próspera
del
 país.
En
Cataluña,
cuya
industria
textil
del
algodón
suponía
el
90%
de
la
oferta
industrial
española.
La
 burguesía
catalana
 había
basado
su
éxito
económico,
además
de
en
su
 empuje
y
dinamismo
 empresarial,
en
el
proteccionismo
del
gobierno
de
la
nación
que
le
permitió
prosperar
sin
tener
 que
hacer
frente
a
la
competencia
exterior.
Junto
a
la 
alta burguesía industrial y financiera,
en
las
ciudades
encontramos
una
compleja
 estructura
social: Una 
heterogénea clase media
 entre
la
que,
junto
a
los
principales
defensores
de
las
posturas
 democráticas 
 y 
 republicanas, 
 encontramos 
 una 
 amplia 
 masa 
 apolítica, 
 apegada 
 a 
 los 
 hábitos
 tradicionales,
con
 un
gran
 temor
 a
 cualquier 
tipo
 de
cambio
 y
 fuertemente
influenciada
por
la
 Iglesia.
Entre
las
clases trabajadoras
debemos
distinguir
una
masa
mayoritaria
de
artesanos,
ligados
a
 empleos 
 tradicionales, 
 y 
 un 
 creciente 
 número 
 de 
obreros
 que, 
 poco 
 a 
 poco, 
 comienzan 
 a
 organizarse
política
y
sindicalmente.
La educación.
Tras
el
Sexenio
Democrático,
un
período
en
el
que
había
existido
una
amplia
libertad
de
cátedra
 en
las
universidades,
la
Restauración
significó
el
establecimiento
de
una 
rígida censura
 contra
 cualquier 
 manifestación 
 contra 
 la 
 monarquía 
 y 
 el 
 dogma 
 católico. 
 El 
 choque 
 con 
 parte 
 del
 profesorado
fue
inmediato,
algunos
dimitieron
de
sus
cargos,
otros
fueron
cesados.
Giner de los Ríos,
uno
de
estos
catedráticos,
fundó
la
Institución Libre de Enseñanza
en
1876,
 como
centro
privado
y
laico.
La
Institución,
heredera
de
los
postulados
del
krausismo,
introdujo
en
 España
una
pedagogía de vanguardia
que
buscaba
la
formación
integral
del
individuo
en
plena
 libertad
y
mediante
el
fomento
de
la
curiosidad
científica,
el
antidogmatismo
y
la
actitud
crítica.
La
Institución
Libre
de
Enseñanza
fue
una
excepción.
Lo
que
predominó
durante
la
Restauración
 fue
la 
enseñanza tradicional,
basada
en
métodos
anticuados
y
poco
críticos,
y
sometida
a
la
 vigilancia 
 de 
 la 
Iglesia Católica. 
 Más 
 de 
 50.000 
 religiosos 
 y 
 religiosas 
 se 
 dedicaban 
 a 
 la
 enseñanza,
sobre
todo
en
la
educación
primaria
donde
apenas
intervenía
el
estado.
La
enseñanza
secundaria
se
circunscribía
a
50
institutos
en
toda
España,
destinados
a
los
hijos
 de
las
familias
más
ricas.
Esta
situación
del
 sistema
educativo
 provocó
un
gran 
atraso en el desarrollo científico y la investigación.
A
la
falta
de
apoyos
materiales
de
las
instituciones
públicas
y
privadas
se
vino
a
 añadir
una
mentalidad
atrasada
y
tradicional
en
las
clases
dirigentes
del
país.
Un
buen
ejemplo
 fue
la
polémica
creada
ante
las
teorías
de
Darwin
y
su
condena
por
parte
de
la
Iglesia.
10. Regeneracionismo y revisionismo político. Las crisis de 1909 y 1917. La guerra colonial en Marruecos. El desastre de Annual.
Regeneracionismo y revisionismo político.
El
período
que
se
inicia
en
1902,
con
el
ascenso
al
trono
de
Alfonso
XIII,
y
concluye
en
1923,
con
 el
establecimiento
de
la
dictadura
de
Primo
de
Rivera,
se
caracterizó
por
una
permanente crisis política.
Diversos
factores
explican
esta
situación: Intervencionismo político de Alfonso XIII
 sin
 respetar 
 el 
 papel 
 de 
 árbitro
 que 
 teóricamente
 debía
jugar.
Su
apoyo
a
los
sectores
más
conservadores
del
ejército
culminó
con
el 
apoyo a la Dictadura
de
Primo
de
Rivera.
Elemento
clave
en
el
desprestigio
de
la
monarquía.
 División de los partidos del "turno",
provocada
por
la
desaparición
de
los
líderes
históricos
y
las
 disensiones
internas.
Debilitamiento del caciquismo,
paralelo
al
desarrollo
urbano
del
país.
Desarrollo de la oposición política y social
 al 
 régimen 
 de 
 la 
 Restauración: 
 republicanos,
 nacionalistas,
socialistas
y
anarquistas.
Así
desde
1917
se
sucedieron
los
gobiernos
de
coalición,
sujetos
a
alianzas
y
continuos
cambios.
 Ni
liberales
ni
conservadores
consiguieron
mayorías
suficientes
para
conformar
gabinetes
sólidos.
En 
 este 
 contexto 
 de 
 inestabilidad 
 política, 
 el 
 país 
 tuvo 
 que 
 enfrentarse 
 a 
graves problemas sociales: Agudización de las luchas sociales. 
 Las 
 posiciones 
 de 
 patrones 
 y 
 trabajadores 
 se 
 fueron
 enfrentando
cada
vez
más.
La 
"cuestión religiosa"
 se
reavivó
con
las
crecientes
protestas 
contra
 el
poder
de
la
Iglesia,
 especialmente
en
la
enseñanza.
El
anticlericalismo
se
extendió
por
buena
parte
de
la
población
 urbana
y
las
clases
populares.
La
"cuestión militar"
volvió
a
resurgir
ante
el
desconcierto
de
un
ejército
humillado
en
1898
que
 recibía
críticas
crecientes
de
los
sectores
opositores
(republicanos,
socialistas,
nacionalistas).
Consolidación
del 
movimiento nacionalista en
Cataluña
y
el
País
Vasco,
sin
ningún
cauce
de
 negociación
por
parte
de
los
partidos
de
turno.
El
"problema de Marruecos".
 En
la
Conferencia de Algeciras (1906)
se
acordó
el
reparto
entre
Francia
y
España
del
territorio
 marroquí.
A
España
le
correspondió
la
franja
norte.
Desde 1909
se
inició
un
conflicto bélico,
la
 guerra de Marruecos,
muy
impopular
en
el
país,
que
ensanchó
el
foso
que
separaba
al
Ejército
y
 la
opinión
pública,
esencialmente
las
clases
populares.
En
1905
estalló
una
grave crisis en Cataluña.
La
victoria
de
Lliga Regionalista
de
Cambó
y
Prat
 de
la
Riba
en
las
elecciones
locales
de
1906
alarmó al ejército
que
veía
en
peligro
la
unidad
del
 país.
Los
comentarios
satíricos
anticastrenses
en
alguna
publicación
barcelonesa,
llevaron
a
que
 trescientos
oficiales
asaltaran
e
incendiaran
las
imprentas.
La
reacción
del
gobierno
fue
ceder
ante
 el
Ejército:
en 
1906
 se
aprobó
la 
Ley de Jurisdicciones
 que
identificaba
las
críticas
al
Ejército
 como
críticas
a
la
Patria
y
pasaban
a
ser
juzgadas
por
la
jurisdicción
militar.
La
reacción
pública
fue
inmediata.
Una
nueva
coalición,
Solidaritat Catalana,
consiguió
una
clara
 victoria
electoral 
en
 1907,
reduciendo
drásticamente
la
representación
de
los
conservadores 
y
 liberales
en
Cataluña.
Antonio Maura, 
 líder 
 del 
 Partido 
 Conservador, 
 llegó 
 al 
 poder 
 en 
1907
 con 
 un 
programa reformista:
modificó
la
ley
electoral,
estableció
el
Instituto
Nacional
de
Previsión
e
intentó
sin
éxito
 aprobar
una
tímida
autonomía
para
Cataluña.
Su
proyecto
reformista
se
derrumbó
en
1909.
La crisis de 1909 y 1917.
La Semana Trágica de Barcelona (1909).
Barcelona, 
 corazón 
 en 
 aquella 
 época 
 de 
 la 
 industrialización 
 española, 
 había 
 vivido 
 desde
 principios
de
siglo
un
gran 
auge de las movilizaciones obreras
 que
había
culminado
en
1907
 con
la
creación
de
Solidaridad Obrera,
organización
anarquista
que
nació
como
respuesta
a
la
 burguesa
y
nacionalista
Solidaritat Catalana.
Alejandro 
Lerroux
 y
 su 
Partido Republicano Radical también
 se
 desarrollaron 
 en 
 la 
 Ciudad
 Condal
con
un
programa
demagógico
y
anticlerical.
La
Ley
de
Jurisdicciones
de
1906
trajo
un
reforzamiento
del
anticlericalismo y antimilitarismo

 en
la
ciudad.
La
política
autoritaria
del
gobierno
de
Maura
no
ayudó
a
calmar
los
ánimos.
Sin
embargo,
fue
la
guerra de Marruecos,
la
que
determinó
el
estallido
de
la
Semana Trágica: Los
ataques
de
los
habitantes
del
Rif
contra
los
trabajadores
españoles
de
una
compañía
minera
 llevó
a
la
movilización de reservistas.
Las
protestas
obreras
pronto
aparecieron
en
Barcelona
y
 Madrid.
Los
primeros
choques
militares
se
saldaron
con
el
Desastre del Barranco del Lobo
con
más
de
 mil 
 doscientas 
 bajas 
 españolas. 
 El 
 día 
26 de julio
 estalló 
 la 
 huelga 
 general 
 en 
 Barcelona,
 convocada 
 por 
 Solidaridad 
 Obrera 
 y 
 la 
 UGT. 
 Se
 iniciaron 
 tres 
 días 
 de 
 protestas, 
 quemas 
 de
 conventos,
enfrentamientos
con
el
ejército.
La
Semana Trágica
tuvo
un
brutal coste humano:
un
 centenar
de
muertos,
heridos,
destrucciones...
La
represión
fue
muy
dura
y
culminó
con
el
juicio
 sin
garantías
y
la
ejecución
de
Francisco
Ferrer y Guardia,
pedagogo
anarquista
y
fundador
de
la
 Escuela
Moderna.
La 
Semana
Trágica
 se 
llevó 
por 
 delante
el 
programa
 reformista 
de 
Maura. 
Mientras 
 el 
 PSOE
 conseguía
que
Pablo Iglesias
fuera
elegido
diputado
en
1910,
el
liberal
José Canalejas
llevó
a
 cabo 
 el 
 último 
 intento 
 regeneracionista 
 dentro 
 del 
 sistema 
 de 
 la 
 Restauración. 
 Sus 
acción reformista (servicio 
 militar 
 obligatorio 
 en 
 tiempos 
 de 
 guerra, 
 ley 
 del 
 "candado", 
 Ley 
 de
 Mancomunidades 
 que 
 se 
 vio 
 finalmente 
 frustrada 
 en 
 el 
 Senado) 
 acabó 
 brutalmente 
 con 
 su
 asesinato por un anarquista en 1912.
 En
adelante,
podemos
hablar
de
una
crisis
permanente
de
los
partidos
del
turno.
La 
 I 
 Guerra 
 Mundial 
 dividió 
 al 
 país 
 entre 
 aliadófilos 
 (liberales 
 e 
 izquierdas) 
 y 
 germanófilos
 (derechas 
 conservadoras), 
 pero 
 trajo 
 un 
 periodo 
 de 
 prosperidad 
 económica. 
 España, 
 neutral,
 pudo
convertirse
en
abastecedora
de
muchos
productos
para
los
países
contendientes.
La crisis de 1917.
El
mal
reparto
social
de
los
beneficios
del 
boom económico
 y
la
creciente
inflación
llevaron
al
 estallido social
 y
una
profunda
y
compleja
crisis
en
1917.
En
ella
podemos
distinguir
diversos
 aspectos: Crisis militar.
El
descontento
entre
los
oficiales
"peninsulares"
ante
los
rápidos
y,
a
veces
inmerecidos,
ascensos
 de
los
"africanistas"
culminó
con
la
creación
de
las
Juntas de Defensa.
El
gabinete
conservador
 de
Eduardo
Dato
se
plegó
a
la
imposición
de
los
militares
y
aceptó
unas
juntas
que
iban
contra
la
 disciplina
militar
y
la
subordinación
del
ejército
al
poder
civil.
Crisis parlamentaria.

 Setenta
diputados
y
senadores
de
la
Lliga Regionalista,
republicanos,
socialistas
e
incluso
algún
 miembro 
 del 
 partido 
 liberal 
 constituyeron 
 en 
 Barcelona 
 una 
Asamblea Nacional de Parlamentarios
 que 
 demandó 
 un 
 cambio 
 de 
 gobierno 
 y 
 la 
convocatoria de Cortes Constituyentes.
Crisis social: la huelga general de 1917
Convocada
en
agosto
por
CNT y UGT
tuvo
un
amplio
 seguimiento
en
las
ciudades
y
se
saldó
con
un
centenar
de
muertos
y
miles
de
detenidos.
La
huelga
general,
sin
embargo,
trajo
inmediatas
consecuencias.
Ante
la
amenaza
de
revolución
 obrera,
las
Juntas
de
Defensa
abandonaron
sus
peticiones
y
apoyaron
la
represión
contra
los
 huelguistas.
Por
otro
lado,
la
dimisión
de
Eduardo
Dato
y
la
formación
de
un
gobierno
de
coalición
 con
la
participación
de
la 
Lliga Regionalista
trajo
la
inmediata
desactivación
de
la
Asamblea
de
 Parlamentarios.
La
lucha social de clases
se
había
convertido
en
el
gran problema
del
país.
La crisis social y la lucha de clases en Barcelona .
El
fin
de
la
I
Guerra
Mundial
trajo
una
profunda
crisis
económica
y
social
que
inmediatamente
 desencadenó
una
gran
conflictividad
social
en
Barcelona
(1919-1921).
Las
huelgas
y
protestas
 alentadas 
 por 
 los 
 anarquistas 
 se 
 encontraron 
 con 
 una 
 dura 
 represión 
 del 
 nuevo 
 gobierno 
 de
 Maura,
que
contaba
con
el
pleno
apoyo
de
la
burguesía
catalana.
Para
contrarrestar
la
"acción
 directa"
de
los
anarquistas,
el
sector
más
duro
de
la
patronal
creó
el
denominado
Sindicato Libre,
 grupo
de
pistoleros
que
actuó
con
el
apoyo
policial.
La
aplicación
de
la
"Ley de Fugas",
pura
y
 simple
ejecución
sin
juicio
de
los
detenidos
exacerbó
aún
más
el
conflicto.
La 
 respuesta 
 anarquista 
 llegó 
 en 
1921
 con 
 el 
asesinato de Eduardo Dato, 
 presidente 
 del
 gobierno.
Dos
años
después,
el
líder
anarquista
Salvador Seguí murió
asesinado.
La guerra colonial en Marruecos. El desastre de Annual.
El 
 desastre 
 del 
 98 
 puso 
 fin 
 al 
 imperialismo 
 español 
 en 
 el 
 momento 
 en 
 el 
 que 
 el 
 moderno
 imperialismo
de
las
potencias
capitalistas
industriales
estaba
en
su
apogeo.
Tras
el
reparto
de
la
 mayor
parte
de
África,
el
territorio
de
lo
que
hoy
es
Marruecos
era
una
de
las
pocas
regiones
por
 repartir
en
el
continente.
Este
hecho
provocó
importantes 
tensiones internacionales
 que
están
 en
el
origen
del
camino
que
llevó
a
la
primera
guerra
mundial.
Las
potencias
se
reunieron
en
la
Conferencia de Algeciras en 1906 y
allí
se
acordó
el
reparto
de
 Marruecos
entre
Francia,
que
se
quedó
la
mayor
parte
del
territorio,
y
España
que
se
apoderó
de
 la
montañosa
franja
norte
del
país.
Muy
pronto
aparecieron
los
conflictos
con
los
indígenas.
Las
 cábilas
 del 
 Rif 
 se 
 agruparon 
 bajo 
 el 
 liderazgo 
 de 
Abd-el-Krim. 
 El 
 ejército 
 español, 
 mal
 pertrechado
y
dirigido,
sufrió
importantes
reveses
desde
un
principio.
El
desastre
del 
Barranco del Lobo,
cerca
de
Melilla,
fue
un
trágico
ejemplo.
 En
1912,
Francia
y
España
pactaron
un
nuevo
reparto
de
Marruecos
para
mejor
hacer
frente
a
la
 resistencia
de
las
cábilas
rifeñas.
Al
acabar
la
I
Guerra
Mundial,
se
reiniciaron
las
operaciones
 contra
los
rebeldes
dirigidos
por
Abd-el-Krim.
El
general
Berenguer
al
frente
de
un
ejército
mal
 preparado
y
equipado.
En
este
ejército
destacaban
los
Regulares,
tropas
indígenas,
y
la
Legión,
 fundada
por
Franco
y
Millán Astray
a
imagen
de
la
Legión
extranjera
francesa.
En
el
verano
de
1921,
las
tropas
españolas
se
embarcaron
en
una
acción
mal
planificada
dirigida
 por 
 el
 general
 Fernández
 Silvestre. 
 Los 
 choques 
que 
las 
 cábilas 
rifeñas 
concluyeron
 con
 una
 retirada
desordenada
y
la
masacre
de
las
tropas
españolas.
Se
trataba
del
Desastre de Annual,
 que
costó
más
de
trece
mil
muertos,
entre
ellos
el
general
Fernández
Silvestre.
El
desastre
de
Annual
provocó
una
terrible
impresión
en
una
opinión
pública
contraria
a
la
guerra.
 Hubo
grandes protestas
en
el
país
y
los
republicanos
y
socialistas
se
apresuraron
a
reclamar
el
 abandono
de
Marruecos.
La
presión
de
la
opinión
pública
llevó
a
la
formación
de
una
comisión
militar
que
investigara
sobre
 los
acontecimientos.
Su
resultado
fue
el 
Expediente Picasso,
informe
redactado
por
el
General
 de
División
Juan
Picasso.
Pese
a
las
trabas
que
le
pusieron
las
compañías
mineras
interesadas
 en 
el 
dominio 
de 
Marruecos
y
 altos
 cargos 
del 
 gobierno 
y 
 el 
ejército,
 el 
expediente
 ponía
 en
 evidencia
 enormes
 irregularidades,
 corrupción
 e
 ineficacia 
 en
 el 
 ejército 
 español 
 destinado
 en
 África.
El 
 expediente 
 no 
 llegó 
 a 
 suponer 
 responsabilidades 
 políticas 
 ni 
 criminales. 
Antes 
 de 
 que 
 la
 comisión
del
Congreso
encargada
de
su
estudio
fuera
a
emitir
su
dictamen
el
1
de
octubre
de
 1923,
el
13
de
septiembre
el
general
Miguel
Primo
de
Rivera
dio
un
golpe
de
estado
y
estableció
 una
dictadura
militar.
11. La dictadura de Primo de Rivera. De la monarquía alfonsina a la II República.
La dictadura de Primo de Rivera.
Las causas del golpe de Estado .
Diversos
factores
explican
que
la
dictadura militar empezara
a
contemplarse
como
una
solución a la crisis
del
país
entre
la
alta burguesía,
gran
parte
de
las
clases medias
y
el
Ejército: Descontento del ejército
tras
el
desastre de Annual y
el
afán
de
evitar las consecuencias del expediente Picasso para
algunos
importantes
generales,
entre
ellos
el
general
Berenguer.
 Auge de los nacionalismos periféricos y 
 ascenso 
 de 
republicanos
 y 
 del 
movimiento obrero.El 
triunfo del fascismo en Italia
 tras
la
Marcha
sobre
Roma
en
1922
y
el
ascenso
al
 poder
de
Mussolini.
El golpe de 1923 Miguel Primo de Rivera,
Capitán
General
de
Cataluña,
se
sublevó
el
13
de
 septiembre 
 de 
1923. 
 El 
 golpe 
 contó 
 inmediatamente 
 con 
 la 
 comprensión 
 y 
 el 
apoyo del rey Alfonso XIII. Los
sublevados
declararon
el 
estado de guerra,
la 
suspensión de las garantías constitucionales y la disolución de las Cortes. 
 El 
 régimen 
 de
 la 
 Constitución 
 de
 1876
 era
 sustituido
en
medio
de
la
indiferencia
popular
y
sin apenas resistencia
por
una
dictadura
militar.
Directorio Militar (1923-1925).
Tras 
 el 
 golpe, 
 el 
 dictador 
 Primo 
 de 
 Rivera 
 se 
 constituyó 
 en 
 ministro 
 único, 
 pasando 
 a 
 ser
 asesorado
por
un
Directorio Militar.
Tras
el
nuevo
gobierno
estaba
el
mismo
bloque
de
poder
que
 había
dominado
el
país
durante
la
Restauración,
la
oligarquía
de
terratenientes
e
industriales.
El
Directorio
Militar
tomó
rápidamente
medidas: Prohibición de la bandera y el himno catalán y 
restricción de la lengua
 catalana
al
terreno
 privado.
Política
de
"mano dura" en
todo
lo
referente
al
orden público.
Formación
de
la 
Unión Patriótica,
partido
único
bajo
la
dirección
de
un
militar.
Se
trataba
de
 seguir
el
modelo
fascista
impuesto
por
Mussolini
en
Italia.
El
gran
éxito
del
Directorio
tuvo
lugar
en
África.
El
Desembarco de Alhucemas en 1925
puso
fin
 de
la
resistencia
de
las 
cábilas
 del
Rif
.
Su
líder 
Abd-el-Krim
 se
entregó
a
las
autoridades
del
 Marruecos
francés.
El
fin
de
la
guerra
en
Marruecos
les
dio
gran
popularidad
al
dictador.
Directorio Civil (1925-1930). 
 A
fines de 1925,
un
gobierno
civil,
presidido
por
Primo
de
Rivera,
sustituyó
al
Directorio
Militar.
Se
trataba
de 
institucionalizar la Dictadura.
En
1927,
se
constituyó
una 
Asamblea Nacional Consultiva, 
 formada 
 en 
 su 
 mayoría 
 por 
 miembros 
 de Unión Patriótica
 elegidos 
 por 
 sufragio
 restringido.
Primo
de
Rivera
de
nuevo
seguía
el
modelo
italiano,
en
este
caso
el
Consejo
Fascista.
 Esta
Asamblea
fracasó rápidamente
en
su
intento
de
redactar
una
ley
fundamental
que
hiciera
el
 papel
de
Constitución
de
la
dictadura.
También 
 se 
 imitó 
 el 
 modelo 
 social 
 del 
 fascismo 
 italiano, 
 estableciéndose 
 la 
Organización Corporativa del Trabajo,
especie
de
sindicato
que
trataba
de
arbitrar
entre
patrones
y
obreros.
 De
nuevo
el
intento
de
institucionalización
del
régimen
de
Primo
de
Rivera
fracasó.
La oposición a la dictadura y la caída de Primo de Rivera .
La 
 oposición 
 a 
 la 
 Dictadura 
 abarcaba 
 un 
amplio espectro político: 
 algunos 
 liberales 
 y
 conservadores;
republicanos,
socialistas,
anarquistas,
intelectuales,
movimiento
estudiantil...
Un
 elemento
clave
fue
el
creciente descontento en las filas del Ejército
ante
las
arbitrariedades
de
 Primo
de
Rivera.
Tras
el
crash
de
la
bolsa
de
Nueva
York,
en
1929,
los
problemas económicos se 
 extendieron 
 con 
 gran 
 rapidez 
 por 
 el 
 mundo. 
 El 
descontento social, 
 con 
 la 
 vuelta 
 de 
 los
 movimientos
huelguísticos,
vino
a
acrecentar
la
oposición
a
la
dictadura.
(devaluación
peseta).
Anciano,
enfermo
y
sin
apoyos
sociales,
el
27
enero
1930,
Primo
de
Rivera
presentó
su
dimisión
 al
monarca,
quién
se
apresuró
a
aceptarla.
Dos
meses
después,
el
dictador
fallecía
en
el
exilio
en
 París.
De la monarquía a la república Tras
la
dimisión
de
Primo
de
Rivera,
Alfonso
XIII
nombró
jefe
de
Gobierno
al
general
Berenguer.
 Se
iniciaba
así
un
período
conocido
humorísticamente
como
la
"Dictablanda",
en
el
que
se
intentó
 infructuosamente 
 volver 
 a 
 la 
 situación 
 previa 
 a 
 1923. 
 Los 
 partidos 
 tradicionales, 
 liberales 
 y
 conservadores, 
 eran 
 incapaces 
 de 
 articular 
 un 
 sistema 
 de 
 partidos 
 aceptable 
 por 
 la 
 sociedad
 española.
Además,
sólo
gentes
muy
desprestigiadas
con
Romanones
o
De
La
Cierva,
se
avinieron
 a
colaborar
con
Berenguer.
La
lenta
vuelta
a
las
libertades
constitucionales,
fue
aprovechada
por
una
oposición
que
cada
vez
 conseguía
más
apoyo.
En
agosto
de
1930
republicanos,
socialistas
y
otros
grupos
de
oposición
 firmaron 
el 
denominado 
Pacto de San Sebastián, 
por 
 el 
que 
se
 comprometían
 a
derrocar 
 la
 monarquía
e
instaurar
un
régimen
democrático.
Para
coordinar
la
labor
de
oposición
crearon
un
 Comité
Revolucionario
presidido
por
Niceto Alcalá Zamora,
republicano
bastante
conservador.
Alfonso
XIII
se
vio
cada
vez
más
aislado.
Muchos
militares
empiezan
a
ver
con
buenos
ojos
las
 posibilidad 
 republicana. 
 Incluso 
 la 
 CNT 
 apoyo 
 a 
 la 
 conspiración 
 para 
 traer 
 la 
 República.
 
 El
15
de
diciembre
de
1930,
fracasó
una
sublevación militar republicana en Jaca.
Sus
líderes,
 Galán 
 y 
 García 
 Hernández, 
 fueron 
 juzgados 
 y 
 ejecutados. 
 La 
 mayor 
 parte 
 del 
 Comité
 Revolucionario 
 fue 
 detenido, 
 en 
 medio 
 de 
 un 
 creciente 
 descontento 
 antimonárquico.
 
 Berenguer
 dimitió
el
14
de
febrero
de
1931
dando
paso
a
un
nuevo
gobierno
presidido
por
el
 almirante 
Aznar. 
 El 
 nuevo
 gabinete 
 convocó 
elecciones municipales
 para 
 el 
 12
 de 
 abril, 
 se
 trataba
de
ir 
volviendo
poco
a
poco
a
la
legalidad
constitucional. 
Sin
embargo,
las 
elecciones
 locales
se
convirtieron
en
un
plebiscito sobre la monarquía.
El
triunfo aplastante en las zonas urbanas de las candidaturas republicanas y socialistas
precipitaron
la
abdicación del rey
y
la
 proclamación de la República el 14 de abril de 1931.
12. Evolución económica. La sociedad (1902-1931) Evolución económica (1902-1931).
El desarrollo industrial.
En
1900
España
seguía
siendo
un
país agrario.
Esta
situación
no
cambió
en
lo
sustancial,
a
lo
 largo
de
las
primeras
décadas
del
siglo.
Si
hubo,
sin
embargo, 
cambios significativos en el sector industrial.
Creció
la
producción
minera y siderúrgica,
especialmente
en
el
País
Vasco,
y
 se
desarrollaron
nuevos
sectores
como
el
eléctrico y el químico.
Diversos
factores dificultaron un 
 mayor 
 crecimiento 
 industrial: 
 la 
 excesiva concentración geográfica
 de 
 la 
 industria 
 en
 Cataluña 
 y 
 el 
 País 
 Vasco, 
 la 
dependencia de la tecnología extranjera
 y 
 la 
debilidad del mercado interior.
La Hacienda y el sector bancario En
los
primeros
años
del
siglo
los
gobiernos
de
la
Restauración
llevaron
a
cabo
una
política
de
 saneamiento de las finanzas públicas.
La
reducción
de
los
intereses
de
la
deuda,
el
control
de
 los
gastos
del
Estado
y
el
aumento
de
los
impuestos
propiciaron
un
ciclo
de
nueve
años, 
19001909,
de
presupuestos
con
superávit,
algo
nunca
visto
en
la
historia
reciente
de
nuestro
país.
La
ley
de
1899
transformó
al
Banco de España.
El
banco
estatal
pasó
a
controlar
la
emisión de billetes,
lo
que
permitió
limitar la inflación
y
conseguir
la
estabilización
de
la
peseta,
básica
para
 el
comercio
exterior.
En
estos
años 
se fundaron los principales bancos
 del
futuro,
como
los
de
Bilbao,
Vizcaya,
 Mercantil 
 de 
 Santander, 
 Hispanoamericano 
 (fundado 
 con 
 capitales 
 repatriados 
 de 
 Cuba) 
 o 
 el
 Español
de
Crédito.
Consecuencias económicas de la Primera Guerra Mundial.
La
Gran
Guerra
trajo
un
boom económico
para
el
país.
La
situación
de
neutralidad
permitió
un
 crecimiento
considerable
de
la
producción
y
de
las
exportaciones
de
materias
primas,
carbón
y
 manufacturas.
La 
desaparición de la competencia extranjera
de
los
países
beligerantes
y
la
 enorme demanda
para
su
abastecimiento
de
estos
mismos
países
en
conflicto
explican
el
auge
 económico.
Sin
embargo,
el fin de la guerra
y
de
la
demanda
de
los
países
beligerantes
acabó
 con 
 la 
 euforia 
 y 
 desencadenó 
 la 
crisis. 
 El 
 mercado 
 interno 
 no 
 fue 
 capaz 
 de 
 sustituir 
 a 
 las
 exportaciones. 
Muchas
 empresas
 tuvieron 
que 
 cerrar. 
 Las 
 clases 
trabajadoras, 
 que
 ya
 habían
 sufrido
un
importante
proceso
inflacionario
durante
la
guerra,
fueron
las
que
más
damnificadas
por
 la
nueva
situación.
No
todos
los
sectores
económicos
se
vieron
igualmente
afectados.
El
siderúrgico y el químico se modernizaron;
los ferrocarriles y la minería pasaron a manos nacionales
 al
retirarse
el
 capital
extranjero;
mientras
que
sectores
como
el textil o la agricultura pasaron por mayores dificultades
al
no
haberse
modernizado.
De la crisis a la euforia de los años veinte.
Las
dificultades
económicas
europeas
ayudaron
a
que
la
crisis
se
prolongara
hasta
1924.
El
golpe
 de
estado
de
Primo
de
Rivera
se
dio
en
un
contexto
de
dificultades
económicas.
Sin
embargo,
 paralelamente
a
lo
que
estaba
ocurriendo
en
Europa,
la
segunda
mitad
de
los
veinte
coincidió
con
 un
nuevo
período
de
euforia económica.
La
recuperación
económica
permitió
que
la
Dictadura
llevara
a
cabo
una
ambiciosa
política
de
 inversiones
en
infraestructuras.
En
esos
años
se
introdujeron
novedades
que
tendrán
una
larga
 repercusión
en
nuestra
economía:
se
crearon
las 
Cuencas Hidrográficas
 para
el
desarrollo
del
 regadío,
se
invirtió
en
la
red
ferroviaria
nacionalizándose
las
líneas,
se
estableció
el
monopolio
de
 petróleos
(CAMPSA)
y
la
Compañía Telefónica.
La 
 contrapartida 
 de 
 esta 
 política 
 inversora 
 fue 
 la 
vuelta al endeudamiento
 del 
 estado. 
 Esta
 circunstancia
fue
muy
negativa
a
la
hora
de
enfrentarse
a
las
repercusiones
en
España
de
la
crisis
 de
1929
durante
la
II
República.
La sociedad (1902-1931).
La población.
La
población
española
creció de forma lenta pero continua
en
el
primer
tercio
del
siglo
pasando
 de
18,6
en
1900
a
23,5
millones
de
habitantes
en
1930.
La 
caída de la tasa de mortalidad,
 basada
en
las
mejoras sanitarias,
fue
la
razón
de
este
incremento
demográfico.
Sin
embargo,
la
elevada mortalidad infantil,
una
de
las
más
elevadas
de
Europa,
era
prueba
del
 atraso
relativo
del
país.
La
mayor
catástrofe
sanitaria
fue
la
epidemia
de
gripe
de
1918-1919,
que
 causó
la
muerte
a
230.000
personas,
de
un
total
de
ocho
millones
de
enfermos.
Conocida
en
el
 mundo
como
la
"Gripe Española"
causó
más
muertos
en
todo
el
planeta
que
la
Segunda
Guerra
 Mundial.
Junto
a
la
emigración interior del campo a las ciudades,
que
llevó
a
una
creciente
urbanización
 del
país
con
el cincuenta por ciento de la población urbana en 1930,
destaca
la 
emigración exterior, 
 con 
 más 
 de 
 un 
 millón 
 de 
 españoles 
 que 
 partieron 
 para 
 América 
 Latina 
 (Cuba,
 Argentina...).
El
auge
de
la
emigración
tuvo
lugar
antes
de
la
I
Guerra
Mundial.
La evolución social entre 1900 y 1930.
La
sociedad
española
siguió
siendo
a
lo
largo
de
este
período
una
sociedad
marcada
por
grandes diferencias de riqueza
entre
los
diversos
grupos
sociales.
Los 
grupos ligados a la industria y a las finanzas
 tuvieron
un 
peso creciente
 en
los
clases
 altas.
Muchos
nuevos
burgueses,
enriquecidos
con
los
fabulosos
negocios
propiciados
por
la
Gran
 Guerra,
se
fueron
integrando
en
la
vieja
oligarquía
dominante.
En
un
fenómeno
ligado
al
proceso
 de
urbanización,
las
clases medias
experimentan
un
aumento significativo
en
este
primer
tercio
 del
siglo
XX.
 Estas 
 clases 
 medias, 
 a 
 veces 
 golpeadas 
 por 
 dificultades 
 económicas, 
 fueron 
 girando 
 hacia
 posturas políticas de oposición al régimen de la Restauración, 
 ligándose 
 a 
 los 
 grupos
 republicanos
o
nacionalistas
en
Cataluña
y
el
País
Vasco.
Dos
fenómenos
destacan
en
lo
referente
a
las
clases
populares:
el
crecimiento numérico de la clase obrera,
cada
vez
más
organizada
en
torno
a
los
sindicatos
CNT
y
UGT,
y
la
pervivencia
de
 una
amplia masa de jornaleros sin tierra en
el
sur
del
país,
en
una
situación
social
desesperada
 que
les
llevará
hacia
posturas
políticas
cada
vez
más
radicales.
El movimiento obrero.
Los
socialistas,
PSOE y UGT,
se
implantaron
esencialmente
en
Asturias, País Vasco, Madrid y zonas del campo andaluz. 
 Mientras 
 los 
 anarquistas 
 y 
 su 
 sindicato 
 la 
CNT
 asentaron 
 su
 predominio
en
Cataluña, Aragón, Levante y Andalucía.
El
PSOE,
al
igual
que
los
demás
partidos
socialistas
europeos,
vivió
una
importante
crisis
a
partir
 del
triunfo
de
la
revolución
soviética
en
Rusia
en
1917.
Finalmente,
la
mayor
parte
del
partido
se
 negó 
 a 
 adherirse 
 a 
 la 
 Internacional 
 Comunista 
 propugnada 
 por 
 Lenin. 
 Un 
 pequeño 
 grupo 
 se
 escindió
y
fundó
en
1921 el Partido Comunista de España (PCE).
Los
comunistas
eran
un
grupo
 muy
minoritario
en
1930.
Los
anarquistas
también
vivieron
fuertes
tensiones
entre
los
partidarios
de
la
lucha
pacífica
y
la
 facción 
 más 
 extremista 
 y 
 revolucionaria. 
 Estos 
 últimos 
 formaron 
 en 
1927
 la 
Federación Anarquista Ibérica (FAI),
que
tendría
gran
influencia
en
la
Segunda
República.
Los
sindicatos católicos,
minoritarios,
se
desarrollaron
especialmente
en
las
regiones
del
norte,
 donde
predominaba
el
minifundio
y
de
la
pequeña
propiedad
campesina.
En
1917
se
agruparon
 en
la
Confederación
Nacional
Católico-Agraria.
13. La Constitución de 1931 y el bienio Las elecciones de 1936 y el Frente Popular reformista.
El bienio radical-cedista La
Segunda
República
es
uno
de
los
momentos clave de la historia contemporánea
española.
 El
proyecto
de
democratización
y
modernización
que
se
abre
en
1931,
y
que
tantas
esperanzas
 despertó
en
amplias
capas
de
la
población
española,
concluyó
con
una
cruenta
guerra
civil.
El
 debate
sobre
las
razones
de
ese
fracaso
histórico
sigue
siendo
uno
de
los
elementos
clave
de
la
 historiografía
española.
La Constitución de 1931 y el bienio reformista.
El
triunfo
de
las
candidaturas
republicanas
en
las
grandes
ciudades
precipitó 
el 14 de Abril de 1931 la proclamación de la República.
La
amplitud
del
movimiento
popular
llevó
a
que
el
rey
 Alfonso
XIII,
aislado
y
sin
apoyos,
se
exiliara.
Inmediatamente 
 se 
 formó 
 un 
Gobierno Provisional
 presidido 
 por Niceto Alcalá Zamora
 y
 formado
por 
republicanos de izquierda y derecha, socialistas y nacionalistas.
El
gobierno
 debía
dirigir
el
país
hasta
que
unas
nuevas
Cortes
Constituyentes
dieran
forma
al
nuevo
régimen.
 No 
 obstante, 
 el 
 nuevo 
 gobierno 
 tuvo 
 que 
 responder 
 desde 
 un 
 principio 
 al 
ansia general de reformas. 
Adoptó 
 las 
 primeras 
 medidas 
 para 
 la 
 reforma 
agraria, 
 inició 
 reformas 
laborales,
 emprendió 
 la 
 reforma militar, 
 aprobó 
 legislación 
educativa
 y 
 puso 
 en 
 marcha 
 el 
 Estatuto
 provisional
de
autonomía de Cataluña.
El
ambiente
social,
sin
embargo,
se
encrespó
inmediatamente.
A
la
vez
que 
la CNT anarquista promovía 
 una 
 amplia 
 campaña 
 de 
 huelgas, 
 los 
 enfrentamientos 
 entre 
 la 
Iglesia
 y 
 el 
 nuevo
 gobierno
fueron
inmediatos.
El
sector
más
conservador
de
la
Iglesia,
encabezado
por
el
Cardenal Segura,
puso
todo
tipo
de
trabas
al
nuevo
ejecutivo.
El
viejo
anticlericalismo
afloró
de
nuevo
y
en
 mayo de 1931
diversas iglesias y conventos fueron asaltados y quemados.
La
opinión
pública
católica
se
alejó
desde
un
primer
momento
del
nuevo
régimen
republicano.
Finalmente,
en 
junio de 1931,
tuvieron
lugar
las 
elecciones a Cortes Constituyentes
 en
un
 ambiente 
 de 
 relativa 
 tranquilidad. 
 Las 
 urnas 
 dieron 
 una 
 clara 
mayoría de la coalición republicano-socialista.
La
nueva
Constitución,
aprobada
en
diciembre
de
1931,
reflejó
las
ideas
 de
esta
mayoría.
Estos
son
sus
principales
rasgos: Soberanía popular.
Se
declaraba
al
nuevo
estado
español
como
una
"República
democrática
de
 trabajadores
de
todas
clases".
Sufragio universal masculino y femenino.
Tras
un
largo
y
complejo
debate
en
las
Cortes,
las
 mujeres
españolas
obtuvieron
el
derecho
de
voto.
Extensa
declaración
de
derechos y libertades.
Derechos
civiles:
divorcio,
equiparación
hijos
legítimos
e
ilegítimos.
Derecho a la educación.
 Poderes
del
Estado Poder legislativo
quedó
en
manos
de
unas
Cortes unicamerales.
Poder ejecutivo Presidente de la República con escasos poderes.
Jefe de Gobierno,
nombrado
por
el
Presidente
pero
que
debía
contar
con
la
aprobación
de
las
 Cortes.
Poder judicial en
manos
de
los
tribunales de justicia.
Por 
 primera 
 vez 
 en 
 nuestra 
 historia, 
 se 
 establece 
 el 
 derecho 
 de 
 las 
 regiones 
 a 
 establecer
 Estatutos de Autonomía.
 En
lo
relativo
a
la "cuestión religiosa" se
establece
un
estado
laico: Separación de la Iglesia y el Estado Desapareció
el
presupuesto
de
culto
y
clero Prohibición
de
ejercer
la
educación Libertad
de
conciencia
y
cultos El Bienio Reformista (1931-1933).
Tras 
 aprobarse 
 la 
 Constitución, 
 se 
 inició 
 un 
 nuevo 
 período 
 con 
 un 
gobierno presidido por Manuel Azaña
 y
formado
por 
republicanos de izquierda y socialistas.
En
diciembre, 
Niceto Alcalá Zamora fue 
 elegido 
Presidente de la República. 
 El 
 gobierno 
 republicano-socialista
 emprendió
un
amplio programa de reformas
en
un
contexto
económico
desfavorable,
marcado
 por
el
ascenso
del
paro.
Estas
fueron
sus
principales
medidas: Reformas laborales,
iniciadas
desde
el
Ministerio
del
Trabajo
por
el
socialista
Largo Caballero,
 que
favorecían
la
posición
de
los
trabajadores
y
sindicatos
y
encontraron
la
cerrada
oposición
de
 los
empresarios.
 Reforma educativa: Amplio 
 programa 
 de 
construcción de escuelas y contratación de maestros:
6750
escuelas
y
7000
maestros
con
mejores
salarios.
Enseñanza mixta La
Religión dejó de ser asignatura obligatoria
lo
que
agudizó
el
enfrentamiento
con
la
Iglesia Reforma militar.
 Buscando
garantizar 
la
fidelidad
del 
Ejército
al
nuevo
 régimen
republicano
y
 propiciar 
 la 
 reducción 
 del 
 excesivo 
 número 
 de 
 jefes 
 y 
 oficiales, 
 se 
exigió el juramento de fidelidad
 al 
 nuevo 
 régimen 
 republicano, 
 pudiendo 
 optar 
 los 
 que 
 se 
 negaran 
 a 
 ello 
 al 
retiro voluntario con paga completa.
 Reforma agraria: Se 
 aprobó 
 en 
1932 la Ley de Bases de la Reforma Agraria.
 Con 
 ella 
 se 
 buscaba 
 el
 reasentamiento
de
campesinos
sin
tierra
en
latifundios
insuficientemente
explotados.
Su
aplicación
fue
un
fracaso
y
muy
pocos
campesinos
se
beneficiaron
de
la
ley.
Esto
provocó
un
 decepción generalizada
entre
el
campesinado
en
un
contexto
económico
de
paro
creciente.
La oposición al gobierno.
La
derecha
tradicional
quedó
desorganizada
tras
la
proclamación
de
la
República
en
los
primeros
 meses 
 del 
 nuevo 
 régimen. 
 La 
 oposición 
 conservadora 
 quedó 
 restringida 
 a 
 las 
Asociaciones Patronales
como
la
Unión
Económica
Nacional
y
el
Partido Radical de
Lerroux.
Este
grupo
de
 centro-derecha
dirigió
la
oposición
al
gobierno
en
las
Cortes.
Por
 otro 
lado, 
la 
izquierda 
revolucionaria
 no
 dio
 tregua
al 
 nuevo
 gobierno. 
La 
Confederación Nacional del Trabajo (CNT),
con
más
de
un
millón
de
afiliados,
siguió
la
línea
extremista
marcada
 por
los
militantes
de
la
Federación Anarquistas Ibérica (FAI).
El
minoritario
Partido Comunista de España (PCE) se
hallaba
también
instalado
en
una
línea
radical,
defendida
en
aquel
momento
 por
la
Komintern
y
Stalin.
Las tensiones sociales y políticas.
La 
crisis económica,
la
línea
radical
propiciada
por
la 
CNT
 y
la
negativa
de
la 
patronal
 a
las
 reformas 
 llevaron 
 a 
 un 
 marco 
 de fuertes tensiones sociales. 
 Los 
 enfrentamientos 
 entre
 huelguistas
y
la
Guardia
Civil
fueron
frecuentes
y
a
menudo
violentos
(Castilblanco,
Arnedo,
Baix
 Llobregat).
El
debate
en
Cortes
del
Estatuto
de
Cataluña
y
la
Ley
de
Reforma
Agraria
provocaron
 un
oposición
cerrada
en
las
fuerzas
de
derecha.
De
nuevo,
las
fuerzas
conservadoras
recurrieron
 al
tradicional
método
de
la
insurrección
militar.
El general Sanjurjo
 intentó
un
golpe de estado militar en Sevilla agosto de 1932.
 La
"Sanjurjada",
mal
preparada
y
con
desigual
apoyo
en
el
 ejército, fracasó.
La
reacción
de
las
fuerzas
que
apoyaban
al
gobierno
fue
inmediata.
Las Cortes aprobaron la Ley de Reforma Agraria y del Estatuto de Autonomía de Cataluña.
En
este
territorio,
la
Esquerra Republicana de Catalunya, 
 dirigida 
 por 
 Francesc 
 Maciá, 
 triunfó 
 en 
 las 
 primeras 
 elecciones
 autonómicas.
Pese
al
fracaso
de
Sanjurjo,
el
gobierno
republicano-socialista
daba
muestras
de
claro
desgaste.
 En
ese
contexto,
se
produjeron
los
graves incidentes de Casas Viejas,
en
los
que
la
Guardia
de
 Asalto
sitió
y
mató
a
un
grupo
de
campesinos
anarquistas.
El
escándalo 
consiguiente
llevó
al
 gobierno
a
la
decisión
de
convocar nuevas elecciones en noviembre de 1933.
Para
estas
elecciones,
la
derecha se había reorganizado.
Tres
nuevos
grupos
se
presentaron
a
 los
comicios: La 
Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA),
 dirigida
por 
Gil Robles,
grupo
 mayoritario
auspiciado
por
la
Iglesia
Católica.
 Renovación Española,
dirigida
por
Calvo Sotelo,
en
la
que
se
agruparon
los
monárquicos.
Falange Española,
la
versión
española
del
fascismo,
dirigida
por
Jose Antonio Primo de Rivera,
 hijo
del
dictador.
Mientras
la
izquierda
se
presentó
fragmentada
en
múltiples
grupos
y
los
anarquistas
llamaron
a
la
 abstención.
Las
elecciones
dieron
la
victoria de los grupos conservadores:
Partido
Republicano
Radical
y
la
 CEDA.
El 
 triunfo 
 conservador 
 fue 
 contestado 
 por 
 una 
insurrección anarquista
 que 
 fue 
 tuvo 
 como
 resultado
más
de
cien
muertos.
14. La Constitución de 1931 y el bienio Las elecciones de 1936 y el Frente Popular reformista. El bienio radical-cedista El bienio radical-cedista (1933-1936).
Tras
las
elecciones,
Lerroux
formó
un
gabinete
conformado
exclusivamente por miembros de su partido.
La 
CEDA
 apoyó
al
gobierno
desde
el
Parlamento. 
Lerroux
 se
vio
así
obligado
a
 iniciar
lo
que
los
grupos
de
derecha
reclamaban,
una
política de rectificación de
las
reformas
del
 bienio
anterior.
Esta
nueva
política
se
concretó
en
la
paralización
de
las
reformas
iniciadas: Paralización de la reforma agraria, 
 con 
 la 
 consiguiente 
 expulsión 
 de 
 las 
 tierras 
 que 
 habían
 ocupado
de
miles
de
jornaleros.
Paralización de la reforma militar
 y
 designación 
 para
 puestos 
 clave
 de
 militares 
 claramente
 antirrepublicanos 
 como 
 Franco, 
 Goded 
 o 
 Mola. 
 Esta 
 nueva 
 política 
 fue 
 completada 
 con 
 un
 amnistía
para
los
participantes
en
el
golpe
de
Sanjurjo
en
1932.
Conciliación con la Iglesia Católica.
Paralización de las reformas educativas. Parón
en
el
programa
de
construcciones
escolares
y
 anulación
de
la
enseñanza
mixta.
Enfrentamiento a los nacionalismos periféricos.
Freno
al
proyecto
de
Estatuto
de
Autonomía
vasco,
presentado
por
el
PNV
y
enfrentamientos
con
 la
Generalitat
catalana,
que
presidía
Lluis Companys,
dirigente
de
ERC,
desde
enero
de
1934.
Radicalización del enfrentamiento político En
un
contexto
de
crisis económica internacional y
de triunfo de los extremismos en Europa con
el
triunfo
de
Hitler
en
193
y
la
consolidación
de
la
dictadura
de
Stalin
en
la
URSS,
la
lucha
 política
se
radicalizó
en
nuestro
país.
España
se
polarizó
entre
las
"derechas"
y
las
"izquierdas".
Derechas: La
CEDA de
Gil Robles agrupaba
a
las
clases
medias
y
populares
católicas.
Las
Juventudes
de
 Acción 
 Popular 
 (JAP), 
 organización 
 juvenil 
 del 
 partido, 
 tenían 
 ya 
 en
 aquel 
 momento 
 rasgos
 claramente 
 fascistas.En 
Renovación Española, 
 dirigida 
 por 
Calvo Sotelo, 
 se 
 agrupaban 
 los
 monárquicos
con
posturas
cada
vez
más
extremistas
y
antidemocráticas.
Finalmente,
la
Falange Española
de
Jose Antonio Primo de Rivera
se
fusionó
en
1934
con
las
 Juntas
de
Ofensiva
Nacional
Sindicalista
(JONS)
de
Ledesma.
Quedaba
así
constituido
el
núcleo
 político
de
ideología
fascista
en
España.
Izquierdas: La
Izquierda Republicana
de
Manuel Azaña
agrupaba
el
centro-izquierda
que
había
optado
por
 una
política
de
reformas
y
de
alianzas
con
el
movimiento
obrero.
El
PSOE,
el
mayor
partido
obrero,
estaba
dirigido
por
un
grupo
de
líderes
a
menudo
enfrentados.

 Indalecio Prieto y Largo Caballero

 representaban 
 el 
 ala 
 más 
 moderada 
 y 
 más 
 radical 
 del
 partido.
En
general,
el
PSOE
vivió
un
claro
proceso
de
radicalización.
El 
PCE
 seguía 
 las 
 nuevas 
 directrices 
 de 
 la 
Komintern
 y 
 buscaba 
 una 
 alianza 
 de 
 la 
 izquierda
contra
el
fascismo.
La
experiencia
alemana
y
el
ascenso
de
Hitler
en
enero
de
1933
 habían
hecho
rectificar
a
Stalin
y
buscar
alianzas
con
todas
las
fuerzas
de
centro-izquierda.

 La
CNT
seguía
ligada
a
la
acción revolucionaria,
aunque
había
quedado
muy
mermada
tras
el
 fracaso
de
la
insurrección
de
diciembre
de
1933.
Los 
 continuos 
 enfrentamientos 
 del 
 gobierno 
 de 
 la 
Generalitat
 catalana 
 con 
 el 
 gobierno 
 de
 derechas
de
Madrid
habían
propiciado
que
la
Esquerra Republicana de Catalunya
dirigida
por
 Lluis Companys
girara
a
la
izquierda
en
sus
posiciones
políticas.
Revolución de Octubre de 1934.
La
creciente
tensión
entre
los
dos
polos
políticos
culminó
con
la
entrada de tres ministros de la CEDA en el gobierno
en
octubre
de
1934.
Esta
remodelación
del
gobierno
fue
interpretada por la izquierda como el anuncio del triunfo inminente del fascismo
en
nuestro
país.
La
cada
vez
 más 
 radicalizada izquierda, PSOE, UGT, CNT, PCE, 
 llamó 
 a 
 la 
huelga general contra 
 el
 gobierno.
El
seguimiento
fue
muy
desigual.
El
movimiento 
fracasó en Madrid.
El
gobierno
acuarteló
a
las
tropas
y
detuvo
a
los
principales
 dirigentes
socialistas
y
comunistas.
En
Barcelona, 
Companys,
desde
la
presidencia
de
la 
Generalitat,
dirigió
una 
insurrección con claro matiz independentista.
La
revuelta
fue
rápidamente
reprimida por del Ejército.
Lo 
 peor 
 ocurrió 
 en 
Asturias. 
 Aquí 
 la 
 huelga 
 general 
 triunfó 
 y 
 degeneró 
 en 
 una 
 verdadera
 revolución
organizada
por
la
UGT
y
la
CNT.
La
persistencia
de
la
insurrección
llevó
al
gobierno
a
 optar
por
la
represión
más
brutal.
La
Legión,
dirigida
por
el
general
Franco,
fue
la
encargada.
El
balance
de
la
Revolución
de
Octubre
de
1934
fue
aterrador:
más
de
mil
trescientos
muertos,
el
 doble
de
heridos,
treinta
mil
detenidos,
entre
ellos
Companys,
Azaña,
que
no
había
apoyado
el
 levantamiento,
y
los
principales
dirigentes
del
PSOE
como
Prieto o Largo Caballero.
La 
 reacción
 del 
 gobierno 
 de 
 derechas 
 fue
 el 
endurecimiento
 de 
 su 
 política: 
 se 
 suspendió 
 el
 estatuto
de
autonomía
de
Cataluña
y
se
redactó
una
nueva
Ley
de
Reforma
Agraria,
que
en
la
 práctica
era
una
verdadera
contrarreforma.
Sin
embargo,
las
disensiones en el seno del gobierno eran crecientes.
Las
diferencias
entre
el
 Partido
Radical
y
la
cada
vez
más
extremista
CEDA
eran
evidentes.
Un
ejemplo
de
la
orientación
 de
la
CEDA
fueron
los
nombramientos
que
hizo
Gil
Robles,
como
nuevo
ministro
de
Defensa.
 Militares
claramente
contrarios
a
la
república
y
la
democracia
fueron
designados
para
puestos
 clave
en
la
estructura
del
Ejército.
Franco,
por
ejemplo,
fue
nombrado
jefe del Estado Mayor.
La 
 crisis
 definitiva
 vino
 con 
 un 
escándalo de corrupción, el escándalo del Estraperlo,
 que
 afectó
a
altos
cargos
gubernamentales.
Lerroux
y
el
Partido
Radical
cayeron
en
un
descrédito
 total.
La
aparición
de
nuevos
escándalos 
precipitó
el
fin
de
la
legislatura
y
la
convocatoria
de
 nuevas
elecciones a Cortes en febrero de 1936.
Las elecciones de 1936 y el Frente Popular.
En
un
ambiente
de 
creciente radicalización,
se
presentaron
las
siguientes
candidaturas
a
las
 elecciones
de
febrero
de
1936: Frente Popular:
pacto electoral firmado
en
enero
de
1936
por
Izquierda Republicana,
PSOE,
 PCE, POUM (Partido
Obrero
de
Unificación
Marxista)
y 
Esquerra Republicana de Catalunya.
 Este
pacto
agrupaba
a
todas
las
izquierdas.
La
CNT,
con
muchos
presos
en
la
cárcel,
no
pidió
la
 abstención
y
apoyó de forma tácita
a
la
coalición
de
izquierdas.
La
coalición
de
los
grupos
de
derecha,
formada
por
la
CEDA y Renovación Española,
acudió
con
 un
programa
basado
en
el
miedo
a
la
revolución
social.
La
Falange
y
el PNV
se
presentaron
por
 su
cuenta.
La
victoria
fue
para
el
Frente
Popular,
que
basó
su
triunfo
en
las
ciudades
y
las
provincias
del
sur
 y
la
periferia.
Mientras,
la
derecha
triunfó
en
el
norte
y
el
interior
del
país.
Tras
las
elecciones, 
Manuel Azaña
 fue
nombrado 
Presidente de la República.
El
objetivo
era
 que 
Indalecio Prieto,
hombre
fuerte
del
ala
más
moderada
del
PSOE,
ocupara
la
jefatura
del
 gobierno.
Sin
embargo,
la
negativa
del
Partido
Socialista,
dividido
en
diversas
tendencias,
llevó
a
 que 
 se 
 formara 
 un 
 gobierno 
 presidido 
 por 
Casares Quiroga
 y 
 formado 
 exclusivamente 
 por
 republicanos de izquierda,
sin
la
participación
del
PSOE.
Así,
el
nuevo
gobierno
nacía
debilitado.
El
nuevo
gabinete
inició
rápidamente
la
acción reformista: Amplia amnistía para
todos
los
represaliados
tras
octubre
de
1934.
Restablecimiento
del Estatuto catalán.
Alejamiento de Madrid de 
 los 
generales más sospechosos
 de 
 golpismo. 
Franco, Mola y
 Goded fueron
destinados
a
Canarias,
Navarra
y
Baleares.
Reanudación
de
la 
reforma agraria.
Esta
medida
fue
rápidamente
desbordada
por
la
acción
de
 los
jornaleros
que
se
lanzaron
a
la
ocupación de fincas.
 Tramitación 
 de nuevos estatutos de autonomía. 
 El 
 Estatuto 
 de Galicia, 
 fue 
 aprobado 
 en
 plebiscito
en
junio
de
1936,
y
el
del
País Vasco
estaba
prácticamente
terminado
en
julio
de
1936.
Mientras,
el
ambiente
social
era
cada
vez
más
tenso.
La
izquierda obrera
había
optado
por
una
 postura
claramente 
revolucionaria y
la 
derecha
 buscaba
de
forma
evidente
el
fin del sistema democrático.
Desde 
 el 
 mes
 de 
 abril 
 se 
 sucedieron 
 los 
enfrentamientos violentos callejeros
 entre 
 grupos
 falangistas
y
milicias
socialistas,
comunistas
y
anarquistas.
Mientras
la
conspiración militar
contra
el
gobierno
del
Frente
Popular
avanzaba.
 Por
un
lado,
había
una
trama
política
conformada
por
los
principales
líderes
de
los
partidos: 
Gil Robles, Calvo Sotelo, Jose Antonio Primo de Rivera. 
 Por 
 otro 
 lado, 
 crecía 
 el 
 número 
 de
 generales
implicados:
Franco, Goded, Fanjul, Varela...
Emilio
Mola,
destinado
en
Pamplona,
se
 convirtió 
 en 
 el 
 jefe 
 de 
 la 
 conspiración, 
 el 
 "director" 
 del 
 golpe. 
 La 
 salida 
 antidemocrática 
 tenía
 valedores
internacionales.
Muy
pronto
se
iniciaron
los
contactos
con
Mussolini y
Hitler.
 El 
12 de julio
 era asesinado
 por 
extremistas 
de 
derecha 
un 
oficial
 de
 la 
Guardia
 de
Asalto,
 teniente Castillo.
La
respuesta
llegó
la
siguiente
madrugada
con
el
asesinato
de 
José Calvo Sotelo por
parte
de
un
grupo
de
miembros
de
las
fuerzas
de
seguridad.
El
enfrentamiento
era
 inevitable.
El 
 gobierno 
de 
Casares
Quiroga, 
 que
 no
 había
 decidido
 tomar
 medidas 
pese 
a
 las 
continuas
 advertencias 
 de 
 las 
 organizaciones
 obreras, 
 vio 
 como 
 el 
17 de julio de 1936 el ejército de Marruecos iniciaba la rebelión contra
el
gobierno
de
la
República.
El
triunfo parcial del golpe desencadenó
la
guerra civil.
15. La cultura española desde los inicios de la Edad de Plata hasta 1936 La Edad de Plata.
Al
primer
tercio
del
siglo
XX
se
le
ha
denominado
la
Edad de Plata
de
la
cultura
española
por
la
 calidad
y
el
protagonismo
de
los
intelectuales,
literatos
y
artistas
del
período.
Este
brillante
grupo
 de
intelectuales
ha
sido
tradicionalmente
clasificado
en
generaciones.
La
del
1898,
la
de
1914
y,
 finalmente,
la
de
1927.
La 
Institución Libre de Enseñanza
 y
otras
instituciones
ligadas
a
ella
como
la
Residencia
de
 Estudiantes 
 y 
 el 
 Instituto-Escuela, 
 tuvieron 
 un 
 gran 
 protagonismo 
 en 
 esta 
 eclosión 
 cultural.
 Intelectuales 
 como 
 Machado, 
 Juan 
 Ramón 
 Jiménez, 
 Julián 
 Besteiro 
 o 
 Fernando 
 de 
 los 
 Ríos
 proceden
de
estas
instituciones.
Es 
 sorprendente 
 como 
 en 
 un 
 país 
 con 
 una 
 mayoría 
 de 
 analfabetos 
 y 
 con 
 treinta 
 y 
 ocho 
 mil
 estudiantes
universitarios
en
1930
se
dieron
unas
generaciones
literarias
de
tan
alta
calidad.
Tras
la
generación de 1898,
que
se
mantuvo
activa
durante
todo
el
periodo,
con
Baroja, Azorín,
 Unamuno, Machado, 
Valle-Inclán o Maeztu,
 vendrá
la generación de 1914,
con
intelectuales
 como Juan Ramón Jiménez, Ortega y Gasset,
Pérez de Ayala, Marañón
o Gómez de la Serna.
Finalmente,
en
la
segunda
mitad
de
los
años
veinte,
empezará
a
destacar
la
tercera
generación,
la
 de
1927,que
alcanzará
su
plenitud
intelectual
durante
la
Segunda
República.
No 
 sólo 
 la 
 literatura 
 brillará 
 en 
 la 
 Edad 
 de 
 Plata. 
 Junto 
 a 
 hombres 
 de 
 letras, 
 encontramos
 científicos
como 
Santiago Ramón y Cajal,
 Premio
Nobel
en
1906,
o
filósofos
como 
Ortega y Gasset o María Zambrano.
La vida cultural de la Segunda República.
Los intelectuales
 tuvieron
un
protagonismo
especial
durante
la
Segunda
República.
Muchos
de
 los
dirigentes republicanos y socialistas,
como
Manuel Azaña, Fernando de los Ríos o Julián Besteiro, 
 pertenecieron 
 al 
 mundo 
 de 
 la 
 cultura,. 
 Otros, 
 como 
Ortega y Gasset, Antonio Machado o Gregorio Marañón,
apoyaron
expresamente
al
nuevo
régimen
agrupándose
en
la
 Agrupación al Servicio de la República.
El 
 apoyo 
 unánime 
 se 
 fue 
 resquebrajando 
 con 
 el 
 paso 
 del 
 tiempo. 
A
 partir 
 de 
 1932, 
 algunos
 intelectuales, 
 como 
 Ortega 
 o 
 Unamuno, 
 adoptaron 
 una 
 posición 
 crítica 
 con 
 el 
 Gobierno
 republicano-socialista.
La
mayoría,
sin
embargo,
apoyó
la
política
reformista
del
gobierno
de
Azaña
y
colaboró
en
la
 acción de extensión cultural del
Gobierno
republicano-socialista.
 Algunas 
compañías teatrales, 
 integradas 
 por 
 actores 
 profesionales 
 y 
 estudiantes, 
 visitaron
 pueblos
apartados
del
país
llevando
las
principales
obras
del
repertorio
teatral
español.
La
más
 conocida
de
ellas
fue La Barraca,
un
proyecto
personal
del
poeta
García Lorca.
Las 
Misiones Pedagógicas
 tuvieron 
 un 
 objetivo 
 similar, 
 la 
 difusión 
 de 
 la 
 cultura 
 entre 
 una
 población
mayoritariamente
analfabeta:
bibliotecas
ambulantes,
conferencias,
charlas,
recitales
de
 poesía, 
 proyecciones 
 de 
 peliculas, 
 exposiciones 
 con 
 reproducciones 
 de 
 obras 
 del 
 Museo 
 del
 Prado...
La
generación del 27
pasó
al
primer
plano
durante
el
periodo
republicano.
El
grupo
de
poetas
fue
 excepcional. 
 Basta 
 simplemente 
 con 
 mencionar 
 a 
 sus 
 integrantes: 
Dámaso Alonso, Luis Cernuda, Vicente Aleixandre, Rafael Alberti, 
Pedro Salinas, 
Jorge Guillén, 
Gerardo Diego,
 Miguel Hernández
y García Lorca.
Ramón
J.
Sénder
fue
el
más
destacado
novelista.
Las artes.
La 
 arquitectura 
 vive 
 en 
 los 
 inicios 
 del 
 nuevo 
 siglo 
 el 
 período 
 de 
 apogeo 
 del 
 modernismo 
 en
 Barcelona.
Doménech
y
Montaner
construye
el 
Palau de la Música Catalana
 y 
Antonio Gaudí marca
la
trama
urbana
de
la
ciudad
con
obras
como
la
Casa
Milá,
la
Casa
Batlló
y
la
Sagrada
 Familia.
Mientras
con
un
estilo
más
convencional,
en
Madrid
se
construyen
buena
parte
de
los
edificios
 que
bordean
la
Gran
Vía,
el
Palacio
de
Comunicaciones
en
la
Plaza
de
Cibeles,
y
muchos
de
los
 palacetes
que
aún
sobreviven
en
la
Castellana
y
en
el
barrio
de
Salamanca.
En
la
pintura
y
la
escultura
conviven
grandes
artistas
ligados
a
la
tradición
figurativa
del
escultor
 Mariano
Benlliure
o
los
pintores
Zuloaga
y
Romero
de
Torres,
con
figuras
clave
en
el
desarrollo
del
 arte
mundial
del
siglo
XX.
Sobre
todas
ellas
destaca
Pablo Picasso,
que
a
lo
largo
de
este
primer
 tercio
del
siglo
evoluciona
hasta
la
creación
del
cubismo.
Junto
a
Picasso,
inician
por
entonces
su
 carrera
pintores
geniales
como
Juan Gris, Joan Miró o Salvador Dalí,
y
escultores
como
Pablo
 Gargallo.
Como
a
menudo
ocurre
estos
artistas
de
vanguardia
eran
solo
conocidos
por
una
exigua
 elite
social.
En
el
cine,
destaca
la
figura
de
Luis Buñuel,
perteneciente
a
la
generación
de
1927
y
 ligado
al
círculo
de
García
Lorca
y
 Dalí.
Sus
primeras
películas
 se
integran
en
el
movimiento
 surrealista.
Por 
 último, 
 hay
 que 
 mencionar 
 que 
 este
 primer 
 tercio 
 del 
 siglo 
 XX 
 es 
 también 
 la 
 época 
 más
 brillante
de
la
historia
de
la
música
española.
Figuras
como
Isaac Albéniz,
Enrique Granados y,
 sobre
todo,
Manuel de Falla
marcan
un
momento
muy
brillante
de
nuestra
música.
16. La sublevación militar. El desarrollo de la guerra civil. Evolución política de las dos zonas durante la guerra civil La sublevación militar.
El 
17 de julio de 1936, 
 la 
 insurrección 
 militar 
 se 
 inició 
 en 
 Melilla. 
 Desde 
 allí 
 se 
 extendió
 rápidamente
al
conjunto
del
protectorado
de
Marruecos.

El
18 y 19 de julio,
el
golpe
se
extendió
 a
la 
península y
los 
archipiélagos.
Mientras
el
gobierno
de
Casares
Quiroga
reaccionaba
con
 lentitud
 ante
 los
 acontecimientos.

 El 
 golpe 
 triunfó 
 en 
Galicia, Castilla-León, Navarra,
 con 
 el
 general
Mola
en
Pamplona,
Andalucia Occidental,
con
Queipo de Llano
en
Sevilla,
Baleares,
 excepto
Menorca,
con
el
general Goded
que
después
se
desplazó
a
Barcelona
para
ponerse
al
 frente
de
la
insurrección,
y
Canarias,
desde
donde
Franco,
tras
asegurar
el
triunfo
del
golpe
en
el
 archipiélago,
se
desplazó
a
Marruecos
el
día
19
para
ponerse 
al frente del ejército de África.
 También
triunfó
en
enclaves
aislados
como
Oviedo,
con
el
general
Aranda,
Granada,
donde
tuvo
 lugar
asesinato
de
García
Lorca,
y
Zaragoza
con
el
general
Cabanellas.

 El fracaso de la rebelión.
El 
 golpe 
 fracasó 
 en 
Asturias, 
Cantabria y 
parte del País Vasco, 
 donde 
 el 
 PNV 
 colaboró
 finalmente
con
la
República,
Cataluña, Levante, Madrid,
Castilla la Mancha, Murcia
y
la
zona oriental de Andalucía.
 Los 
 fracasos 
 más 
 graves 
 tuvieron 
 lugar 
 en 
Madrid, 
 donde 
 el 
 nuevo 
 presidente 
 Giral 
 entregó
 armas
a
las
milicias
obreras,
y
en
Barcelona,
donde
una
inusual
colaboración
de
los
obreros
de
la
 CNT
con
la
Guardia
Civil
y
la
Guardia
de
Asalto
abortó
la
insurrección.
 En
general,
exceptuando
en
Navarra
y
Castilla-León,
la sublevación no tuvo apenas respaldo popular y
se basó en las fuerzas militares
insurrectas.
 Factores
 como
 las
 dudas 
 o
 la 
 resolución 
 de
 los
 sublevados 
 y 
 las 
 autoridades
 encargadas 
 de
 reprimir
el
golpe,
la
capacidad
de
movilización
obrera
y
el
papel
de
la
Guardia
Civil
fueron
claves
 para
entender
el
resultado
final
del
golpe
en
cada
zona
del
país.

 La división del país en dos zonas: el inicio de la guerra civil. 
 El 
fracaso
parcial
 del
golpe
llevó
a
la 
división del territorio en dos zonas y
al 
inicio de la guerra.
 La
zona nacional contaba
con
las
reservas
de
cereal
y
ganado
de
Castilla
y
Galicia
y
las
minas
 de
carbón
leonés
y
de
Riotinto
en
Huelva.
Ante
todo,
tenía
un 
ejército mucho más preparado que
contaba
con
divisiones
íntegras
en
Castilla,
Galicia
y
Andalucía
y,
sobre
todo,
con
el
Ejército
 de
África,
la
Legión
y
los
Regulares, En
la
zona republicana
quedaron
comprendidas
las
regiones
industriales,
y
contaba
con
el
trigo
 en
La
Mancha
y
los
productos
de
las
huertas
levantinas.
También
pudo
disponer
de
las
reservas
 de
oro
del
Banco
de
España.
Sin
embargo,
las
unidades del ejército quedaron prácticamente desarticuladas. 
 La 
 mayor 
 parte 
 de 
 los 
 oficiales 
 se 
 sublevaron 
 y 
 el 
 propio 
 gobierno 
 disolvió
 muchas
unidades
cuya
fidelidad
era
dudosa.
La
Armada,
sin
muchos
de
sus
oficiales,
y
la
Aviación
 permanecieron
en
manos
del
gobierno
republicano.
El desarrollo de la guerra civil.
La descomposición política tras el golpe y la represión.
El
golpe
y
el
estallido
de
la
guerra
provocaron
la
destrucción de las estructuras estatales de la II República.

En
el 
bando nacional el
poder
quedó
en
manos
de
un
grupo
de
generales,
que,
 siguiendo
las
propuestas
de
Mola,
establecieron
un
estado autoritario y militarizado.
En
el 
bando republicano
 el gobierno de la República perdió el control de
la
situación
y
el
 poder
real
quedó
en
manos
de 
comités obreros
 organizados
por
partidos
y
sindicatos
que
no
 estaban
sometidos
a
ningún
tipo
de
poder
centralizado.
En
los
primeros
momentos
de
la
guerra
hubo
una 
enorme represión
 en
ambos
bandos.
Las
 ejecuciones 
 y 
 los 
 asesinatos 
 se 
 extendieron 
 como 
 una 
 pesadilla 
 por 
 todo 
 el 
 país.
 
 La 
 represión 
 en 
 la 
zona nacional se 
 dirigió 
 esencialmente 
contra los militantes obreros y campesinos, 
 aunque 
 algunos 
 intelectuales, 
 como 
 Federico 
García Lorca, 
 fueron 
 también
 víctimas
del
horror.
La
represión
estuvo
bastante 
organizada y controlada
 por
las
autoridades
 militares. 
 Este 
 hecho 
 no 
 impidió 
 que 
pistoleros falangistas descontrolados
 protagonizaran
 excesos 
 de 
 todo 
 tipo. 
 En 
 la 
zona republicana
 los 
 grupos 
 que 
 sufrieron 
 la 
 violencia 
 fueron
 esencialmente 
 los 
sacerdotes y las clases adineradas. 
 Jose 
 Antonio 
Primo de Rivera,
 prisionero
en
Alicante
al
estallar
la
guerra,
fue
juzgado
y
ejecutado.
Tras
el
caos inicial en
el
que
 se 
 produjeron 
 graves 
 excesos, 
 el 
gobierno fue controlando poco a poco la situación y 
 la
 represión
se
atenuó.
El avance nacionalista durante los primeros meses de la guerra.
Un 
elemento 
 clave
 para
 comprender 
la 
victoria 
final 
 de
 los
 nacionales 
fue
 el 
"puente aéreo" organizado
con 
aviones alemanes e italianos que
permitió
el 
rápido traslado del Ejército de África a la península. Los 
legionarios y regulares,
fuerzas
profesionales
que
superaban
con
 facilidad
a
las
desorganizadas
milicias
obreras
y
campesinas,
iniciaron
un
rápido avance hacia Madrid. 
 En 
 el 
 camino, 
 el 
 general 
Yagüe 
 que 
 mandaba 
 las 
 columnas 
 decidió 
 desviarse 
 hacia
 Badajoz.
La
ciudad
cayó
y
se
inició
una
brutal represión que
escandalizó
al
mundo
y
produjo
un
 gran
número
de
víctimas.
Las 
 tropas 
 continuaron 
 su 
 avance 
 hacia 
 Madrid 
 y 
 antes 
 de 
 alcanzar 
 Madrid, 
 Franco 
 decidió
 desviar
de
nuevo
las
tropas
para
liberar
a
la
guarnición
asediada
en
el
Alcázar
de
Toledo.
 La "liberación del Alcázar"
fue
un
gran
triunfo
propagandístico
para
Franco.
Mientras,
Mola
tomó
Irún y San Sebastián
aislando
al
País
Vasco
de
la
frontera
con
Francia.
La Batalla de Madrid.
El
18
de
octubre
de
1936
las
fuerzas
nacionalistas
dirigidas
por
Varela
llegaron
a
las
afueras
de
 Madrid. 
 En 
noviembre de 1936 se 
 inició la Batalla de Madrid. 
 El 
 4 
 de 
 noviembre 
 de 
 1936
 ocuparon
Alcorcón,
Leganés,
Getafe
y
Cuatro
Vientos.
La
caída
de
la
capital
en
manos
de
las
 tropas
rebeldes
parecía
inminente.
Ante
la
superioridad
militar
de
las
fuerzas
nacionales,
partidos
 y
sindicatos
obreros
alentaron
la
movilización
del
pueblo
madrileño
para
defender
su
ciudad.
El
 grito
de
"¡No Pasarán!" se
hizo
celebre
en
todo
el
mundo.
La
moral
de
la
población
madrileña
aumentó
con
la
llegada
de
refuerzos
exteriores.
Las
Brigadas Internacionales,
cuerpo
de
voluntarios
organizados
esencialmente
por
los
comunistas;
tanques y aviones rusos,
la
columna
del
anarquista 
Durruti ...
llegaron
para
ayudar
en
la
defensa
de
la
 capital.
La
ciudad
fue
sometida
a 
bombardeos aéreos
 por
aviones 
Junker
 alemanes
y
se
produjeron
 duros
combates
en
la
Casa de Campo, la Ciudad Universitaria y el Puente de los Franceses.
 Las
tropas
republicanas
consiguieron
resistir y,
finalmente,
Franco
ordenó
el
fin
del
asalto
frontal
 a
la
ciudad.
Las Batallas del Jarama y Guadalajara.
La toma de Málaga.
Tras
fracasar
en
su
intento
de
atacar
frontalmente
a
Madrid,
Franco
intentó 
cercar a la capital.
 Este
intento
dio
lugar
a
la
batalla
del 
Jarama,
una
de
las
más
encarnizadas
de
la
guerra,
y
la
 batalla
de
Guadalajara,
donde
las
tropas
italianas
enviadas
por
Mussolini
fueron
derrotadas.
Mientras
las
tropas
franquistas
tomaban
Málaga
y
de
nuevo
se
producía
una
dura
represión.
El
fracaso
ante
Madrid
hizo
que
Franco optara por una nueva estrategia:
ya
no
busco
acortar
el
 conflicto,
sino
que
fue
atacando
las
zonas
más
débiles
de
los
republicanos.
La Campaña del Norte.
De
la
primavera al otoño de 1937,
las
tropas
nacionales
conquistaron
la
zona
norte
republicana
 que
había
quedado
aislada
del
resto
del
país.
Uno
tras
otro,
el
País Vasco,
Cantabria
y
Asturias fueron
cayendo
en
manos
de
Franco.
Durante
esta
campaña
tuvo
lugar
el
célebre
bombardeo de Guernica.
La
Legíon Cóndor,
grupo
 aéreo
alemán
enviado
por
Hitler,
bombardeó
una
ciudad
sin
interés
militar
y
la
arrasó.
Este
acto,
 que
luego
en
la
segunda
guerra
mundial
se
convirtió
en
rutinario,
provocó
un
escándalo
mundial
e
 inspiró
a
Pablo
Picasso
en
su
célebre
cuadro.
Durante
la
campaña
vasca,
Mola,
el
único
general
 que
podía
competir
con
Franco
en
el
liderazgo
del
bando
nacional,
murió
en
accidente
de
avión.
Tratando
de
distraer
fuerzas
nacionalistas
de
la
campaña
del
norte,
los
republicanos
organizaron
 la 
ofensiva de Belchite en Aragón. 
 El 
 fracaso 
 fue 
 total 
 y 
 finalmente 
 las 
 tropas 
 franquistas
 tomaron
todo
el
norte
del
país.
La
conquista
del
norte
tuvo
graves
consecuencias
para
la
República.
No
sólo
perdieron
las
minas
 de
carbón
y
hierro
de
la
zona,
sino
que,
en
adelante,
los
franquistas
pudieron
concentrar
todas
 sus
tropas
en
la
zona
sur.
De Teruel a la batalla del Ebro.
En 
 diciembre 
 de 
 1937, 
 tuvo 
 lugar 
 una 
ofensiva republicana en Teruel.
 Las 
 condiciones
 climáticas
marcaron
 una
ofensiva
que
 finalmente 
fracasó.
Tras
 asegurar
 el
 dominio
 de
Teruel,
 Franco
lanzó
una
ataque general en Aragón.
El
éxito
fue
fulgurante
y
el
15 de abril de 1938
las
 tropas
nacionales
llegaron
a
Vinaroz
en
el
Mediterráneo.
La
zona republicana quedó partida en dos.
La
última
gran
ofensiva
republicana
dio
lugar
a
la
Batalla del Ebro en julio de 1938.
Con
más
de
 100.000
muertos,
esta
fue
la
más
cruenta
de
las
batallas
de
la
guerra
civil
y
agotó
definitivamente
 la
moral
y
las
reservas
republicanas.
El final de la guerra.
La 
 antesala 
 del 
 fin 
 de 
 la 
 guerra 
 fue 
 la 
ofensiva nacionalista contra Cataluña. 
 Tras 
 tomar
 Barcelona,
las
tropas
franquistas
llegaron
a
la
frontera
francesa
en
febrero
de
1939.
Antes 
se
 había
producido
un
enorme
y
patético
éxodo de población.
Más de 500.000 personas huyeron a Francia,
donde
fueron
hacinadas
en
campos
de
concentración.
Ante
la
inminente
derrota,
las 
divisiones internas
 se
hicieron
aún
más
profundas
en
el
bando
 republicano.
El
gobierno
de 
Negrín,
con
el
apoyo
de
los
comunistas
y
parte
de
los
socialistas,
 proponía
la
resistencia a ultranza.
El
objetivo
era
que
el
conflicto
español
quedara
integrada
en
 la
inminente
guerra
europea
y
mundial
que
todo
el
mundo
veía
venir.
De
esa
manera,
la
República
 española
encontraría
aliados
que
le
permitirían
cambiar
el
signo
de
la
guerra.
Contra
esta
posición,
y
defendiendo
la
negociación
de
la
derrota
con
Franco,
el
coronel
Casado dio
un
golpe contra el gobierno de Negrín.
Pese
a
las
propuestas
de
negociación
de
Casado,
 Franco exigió la rendición incondicional.
El 
28 de marzo,
las
tropas
franquistas
entraron
en
 Madrid
y
el
1 de Abril de 1939 terminaba
la
sangrienta
guerra.
Una
larga
dictadura
vino
a
sustituir
 al
ensayo
democrático
de
la
segunda
república.
La zona republicana.
El 
 fracaso 
 del 
 golpe 
 militar 
 desencadenó 
 en 
 la 
 zona 
 republicana 
 una 
 verdadera 
revolución social. 
Los 
comités de los partidos y sindicatos obreros pasaron
a
controlar
los elementos esenciales de la economía:
transportes,
suministros
militares,
centros
de
producción.
Mientras
el
 gobierno
se
limitaba
a
ratificar
legalmente
lo
que
los
comités
hacían
de
hecho.
En
el
campo,
tuvo
lugar
una ocupación masiva de fincas.
Las
grandes
propiedades
y,
en
algún
 caso,
las
medianas
y
pequeñas.
En
las
zonas
donde
predominaban
los
socialistas
se
llevó
a
cabo
 la 
socialización
 de
la
tierra
y
su
producción.
En
las
zonas
de
hegemonía
anarquista
tuvo
lugar
 una
colectivización total
de
la
propiedad.
En
algunos
casos,
se
llegó
incluso
a
abolir
el
dinero.
En
septiembre
de
1936
se
estableció
un 
gobierno de unidad,
presidido
por
el
socialista 
Largo Caballero
 y 
 con 
 ministros 
 del 
PSOE, PCE, Izquierda Republicana y grupos nacionalistas vascos y catalanes.
En
 noviembre
se
incorporaron
cuatro
dirigentes 
anarquistas,
entre
ellos
 Federica Montseny,
la
primera
mujer
ministro
en
España.
El
gran
desafío
del
nuevo
gobierno
era
recuperar
el
control
de
la
situación
y
crear una estructura de poder centralizada
que
pudiera
dirigir
de
forma
eficiente
el
esfuerzo
de
guerra.
La
tarea
era
 enorme
difícil.
El
poder
estaba
en
manos
de
miles de comités obreros y milicias que a menudo se enfrentaban entre sí, 
 especialmente 
 los 
 anarquistas 
 con 
 socialistas 
 y 
 comunistas. 
 Los
 gobiernos autónomos
eran
otro
factor
de
disgregación.
 No
sin
dudas,
el
nacionalismo
vasco
había
optado
por
apoyar
la
República
y
en
octubre
se
aprobó
 el
Estatuto
vasco. 
Jose Antonio Aguirre
 se
convirtió
en
el
primer 
lehendakari
 o
presidente
del
 gobierno
autónomo.
En la zona republicana se enfrentaron básicamente dos modelos.
Por
un
lado,
 la CNT-FAI y POUM que
emprendieron
la
inmediata
colectivización
de
tierras
y
fábricas.
Su
lema
 era 
"Revolución y guerra al mismo tiempo".
Su
zona
de
hegemonía
fue
Cataluña,
Aragón
y
 Valencia.
Por
otro
lado,
el
PSOE y el PCE
intentaron
restaurar
el
orden
y
centralizar
la
toma
de
 decisiones
en
el
gobierno,
respetando
la
pequeña
y
mediana
propiedad.
Su
lema
era
"Primero la guerra y después la revolución".
Las
disensiones
internas
fueron
continuas
y
llegaron
a
su
momento
clave
en
Barcelona en mayo de 1937.
El
gobierno
de
la
Generalitat,
siguiendo
instrucciones
del
gobierno
central,
trató
de
tomar
 el
control
de
la
Telefónica
de
Barcelona,
en
manos
de
un
comité
de
la
CNT
desde
el
inicio
de
la
 guerra.
El
intento
desencadenó
una
insurrección
y
los 
combates callejeros
 se
extendieron
por
 Barcelona.
La
crisis
de
mayo
de
1937,
provocó
la
dimisión
del
gobierno
de
Largo
Caballero.
El
 nuevo gobierno presidido por el socialista Negrín,
tenía
una
mayoría
de
ministros
del
PSOE,
 pero 
 se 
inclinaba cada vez más hacia las posturas defendidas por el PCE. 
 La 
ayuda soviética
había
hecho
que
los
comunistas
pasaran
de
ser
un
grupo
minoritario
a
una
fuerza
muy
 influyente.
Los
enfrentamientos
entre
stalinistas
y
trostkistas
se
re
reprodujeron
en
suelo
español.
 El 
POUM fue ilegalizado
 y 
 su 
 dirigente, 
Andreu Nin, "desapareció"
 estando 
 en 
 manos 
 de
 agentes
soviéticos.
Aunque
ya
era
tarde
para
cambiar
el
signo
de
la
guerra,
a
partir
de
ese
momento
se
impuso
una
 mayor centralización
 en 
 la 
 dirección 
 de 
 la 
 economía 
 y 
 se 
 terminó 
 de 
 construir 
 el 
Ejército Popular,
acabando
con
la
indisciplina
de
las
milicias.
A
partir
de 
marzo de 1938,
momento
en
el
que
las
tropas
de
Franco
llegaron
al
Mediterráneo
y
 dividieron
en
dos
la
zona
republicana,
surgieron
de
nuevo
dos
posturas
enfrentadas.
Mientras
la
 postura oficial, 
 representada 
 por 
Negrín y apoyada por el PCE y parte del PSOE, 
 seguía
 defendiendo
la
"resistencia a ultranza",
algunos
dirigentes,
anarquistas
y
socialistas,
empiezan
a
 hablar
de
la
necesidad de negociar
ante
la
perspectiva
de
la
segura
derrota.
Los
acontecimientos internacionales:
el
Pacto
de
Munich
en
septiembre
de
1938,
la
retirada
de
 las
Brigadas
Internacionales,
la
disminución
de
la
ayuda
soviética;
y
los internos:
la
caída
de
 Cataluña,
reforzaron la idea de que la guerra estaba perdida.
Así,
en
marzo
de
1939
el
golpe del coronel Casado
desalojó
del
poder
a
Negrín.
La
esperanza
de
negociar
con
Franco
se
disipó
 inmediatamente,
cuando
el
dictador
exigió
la
rendición
incondicional.
La zona nacional.
La 
 muerte 
 del 
 general 
Sanjurjo, 
 el 
 20 
 de 
 julio 
 de 
 1936 
 cuando 
 volaba 
 desde 
 Portugal 
 hacia
 España,
dejó
a
la
insurrección
sin
un
líder
claro.
El
24
julio
tuvo
lugar
una
reunión
de
los
generales
insurrectos
en
Burgos.
Allí
se
acordó
crear
la
 Junta de Defensa Nacional,
que
se
configuró
como
órgano
provisional
de
gobierno
de
la
zona
 nacional.
Las
medidas
que
adoptó
fueron
drásticas:
se
estableció
el
estado de guerra
en
todo
el
territorio,
 se
suprimieron todas las libertades
y
se
disolvieron todos los partidos
políticos,
excepto
la
 Falange y
los
requetés
carlistas.
En
esos
momentos
la 
propaganda nacionalista
 acaba
de
configurar
la
justificación
del
golpe
 militar
contra
un
gobierno
democráticamente
elegido.
La
insurrección
militar
ha
sido
en
realidad
un
 Alzamiento Nacional
 contra 
 una 
 República 
 "marxista" 
 y 
 "antiespañola". 
 La 
 Iglesia 
 Católica,
 duramente 
 perseguida 
 en 
 la 
 zona 
 republicana, 
 termina 
 de 
 configurar 
 la 
 teoría 
 que 
 justifica 
 la
 matanza
que
está
asolando
el
país:
la
guerra
es
una
Cruzada
para
liberar
a
España
del
ateísmo.
 Las 
 medidas 
 que 
 se 
 tomaron 
en el terreno económico
 fueron 
 encaminadas 
 en 
 una 
 doble
 dirección:
cancelación de todas las reformas
republicanas,
el
mejor
ejemplo
es
la
devolución
a
 sus
propietarios
de
las
tierras
repartidas
en
la
reforma
agraria,
e
intervención del Estado
en
la
 economía
siguiendo
los
principios
de
la
ideología
fascista.
 Así,
en
1937,
se
creó
el
Servicio Nacional del Trigo
que
pasó
a
controlar
el
abastecimiento
de
 pan
de
la
población.
La
necesidad
de
contar
con
una
dirección
única
era
evidente
para
unos
militares
educados
en
la
 disciplina
y
la
jerarquía.
Así
el
1
de
octubre
1936
Franco
fue
designado 
Jefe del Gobierno del Estado español.
Sus
éxitos
militares,
el
estar
al
frente
del
poderoso
Ejercito
de
África
y
el
apoyo
 de
Alemania
con
la
que
mantenía
contactos
directos
explican
el
ascenso
al
poder
de
Franco.
En
 adelante,
el 
Caudillo,
como
le
empieza
a
denominar
la
maquinaria
propagandística
del
bando
 nacional,
establece
una
dictadura
personal
basada
en
un
régimen
militar.
Una Junta Técnica del Estado,
formada
por
militares,
se
conforma
como
órgano
consultivo
del
dictador.
En 
 abril 
 de 
 1937, 
 se 
 aprobó 
 el 
Decreto de Unificación. 
 Falangistas 
 y 
 carlistas 
 quedaron
 unificados 
 en 
 la 
Falange Española Tradicionalista y de las JONS, 
 conocida 
 como 
 el
 Movimiento Nacional.
El
modelo
de
partido
único
del
fascismo
italiano
y
del
nacional-socialismo
 alemán
se
imponía
en
la
España
franquista.
La
Ley de la Administración Central del Estado
concentró
en
la
figura
de
Franco
los
poderes
 ejecutivo, 
 legislativo 
 y 
 judicial. 
 La 
Ley de Prensa
 estableció 
 la 
 censura 
 en 
 todo 
 tipo 
 de
 publicaciones
y
el 
Fuero del Trabajo
 puso
fin
a
la
libertad
sindical
y
estableció
el
control
del
 estado
nacional
sobre
las
organizaciones
patronales
y
obreras.
El
nuevo
régimen
estableció
un
estado confesional.
Volvió
la
subvención
estatal
de
la
Iglesia,
se
 abolió
el
divorcio
y
el
matrimonio
civil,
gran
parte
de
la
educación
volvió
a
manos
del
clero.
Se
 establecía
así
lo
que
se
vino
a
denominar
el
Nacional-catolicismo.
Por
último,
se
creó
una
legislación
que
institucionalizó
la
represión
contra
los
vencidos.
En
febrero
 de
1939
se
aprobó
la
Ley de Responsabilidades Políticas,
por
la
que
se
designaba
"rebeldes"
a
 todos
los
que
se
hubieran
enfrentado
al
Movimiento Nacional.
16. La dimensión internacional del conflicto. Las consecuencias de la guerra civil.
La dimensión internacional del conflicto La
guerra
civil
española
fue
uno
de
los
conflictos
del
siglo
XX
que
más
repercusión internacional provocó. 
En
el
conflicto
español
se
entrecruzaron
a
la
vez 
los 
intereses estratégicos de las potencias
y
el
compromiso
ideológico
de
las
grandes corrientes políticas
del
momento.
Las
potencias fascistas
decidieron
desde
un
primer
momento
ofrecer
una
ayuda importante
a
 los 
 rebeldes 
 dirigidos 
 por 
Franco. 
Mussolini
 y 
Hitler no 
 solo 
 podía 
 conseguir 
beneficios estratégicos,
Italia
continuaba
su
política
de
expansión
mediterránea
y
Alemania
podía
obtener
 un
aliado
que
amenazara
la
retaguardia
francesa,
sino
que
ayudaban a un aliado ideológico
en
 su
lucha
contra
los
sistemas
democráticos
y
las
ideologías
obreras. 
Portugal se
unió
desde
un
 principio
a
esta
ayuda
a
Franco.
La 
URSS, 
 por 
 otro 
 lado, 
 tuvo 
 muy 
 claro 
 desde 
 un 
 principio 
 su 
 compromiso 
 de 
ayuda a la República.
No
sólo
se
enfrentaba
a
la
expansión
del
fascismo,
sino
que
alejaba
el
centro
del
 conflicto
entre
las
potencias
al
otro
confín
de
Europa,
alejando
el
interés
de Hitler
de
sus
fronteras.
Las
grandes democracias
tuvieron
una
actitud
que
podemos
catalogar
como
uno de los grandes engaños diplomáticos
del
siglo.
Gran Bretaña
estaba
decidida
desde
un
principio
a
mantenerse
 neutral. 
El 
 gobierno 
 conservador 
 británico 
 veía 
 con 
 aprensión 
 la 
 extensión 
 de 
 la 
 influencia
 germano-italiana
a
la
península
y
la
consecuente
puesta
en
peligro
de
su
base
de
Gibraltar
y
su
 ruta 
 imperial 
 a 
 la 
 India; 
 sin 
 embargo, 
 la 
 orientación 
 revolucionaria 
 que 
 pronto 
 tomaron 
 los
 acontecimientos 
 en 
 la 
 zona 
 republicana 
 alejó 
 definitivamente 
 de 
 la 
 cabeza 
 del 
 gobierno
 conservador 
 la 
 posibilidad 
 de 
 una 
 ayuda 
 a 
 la 
 República. 
 El 
gobierno francés, 
 pese 
 a 
 estar
 conformado
por
el
izquierdista
Frente
Popular,
siguió lo marcado desde Londres.
La
actitud
de
las
democracias
ante
la
guerra
española
se
enmarca
en
su
ilusoria
búsqueda
de
una
 política
de
conciliación
con
Hitler.
El
Reino
Unido,
y
con
él
Francia,
habían
optado
hacía
tiempo
 por
tratar
de
evitar
cualquier
enfrentamiento
que
pudiera
llevar
a
una
guerra
general.
El
mayor
ejemplo
de
esta
actitud
fue
la
política de apaciguamiento
ante
las
potencias
fascistas,
 que
alcanzó
su
cenit
con
la
firma
del
Pacto de Munich
en
septiembre
de
1938.
Se
puede
afirmar
 que
desde
ese
momento,
las
esperanzas
de
la
República
desaparecieron.
Otro 
 buen 
 ejemplo 
 de 
 esta 
 actitud 
 fue 
 la 
 política 
 del 
 gobierno 
 norteamericano. 
 Mientras 
 el
 Congreso 
 de 
 Estados 
 Unidos 
 aprobaba 
 la 
 denominada 
 Ley 
 de 
 Neutralidad, 
 el 
 gobierno 
 de
 Roosevelt 
 miraba 
 para 
 otro 
 lado 
 cuando 
 las 
 compañías 
 petrolíferas 
 norteamericanas 
 vendían
 combustible
a
Franco.
El 
gobierno
francés
de 
Léon Blum,
con
el 
apoyo
británico,
ofreció 
a
las
demás
 potencias 
un
 pacto de no intervención en el conflicto español: 
 se 
 trataba 
 de 
 no 
 facilitar 
 ni 
 hombres 
 ni
 material
de
guerra
a
ninguno
de
los
bandos
en
conflicto.
Nació
así
el
denominado
Comité de No Intervención
al
cual
se
adhirieron
todas
las
potencias.
El
Comité
fue
una
farsa,
mientras
Francia
 y
Gran
Bretaña
se
abstenían
de
ayudar
al
régimen
democrático
en
España, 
Hitler
 y 
Mussolini apoyaron
de
forma
masiva
y
decisiva
la
causa
de
Franco.
La
única
potencia
a
la
que
pudo
volver
 sus 
 ojos 
 el 
 gobierno 
 de 
 Madrid 
 fue 
 la 
URSS, 
 algo 
 que, 
 indefectiblemente, 
 repercutió 
 en 
 la
 evolución
interna
de
los
acontecimientos
en
la
zona
republicana.
17. Imágenes sobre la dimensión internacional de la guerra civil La ayuda extranjera.
La 
desigual ayuda exterior
 recibida
por
ambos
bandos
fue
uno
de
los
factores
que
explican
la
 victoria
de
los
nacionales.
El
bando nacional
recibió
desde
un
primer
momento
una
decidida ayuda de Hitler y Mussolini.
 Tras 
 recibir 
apoyo aéreo para pasar el Ejército de África a la península, 
 Mussolini 
 envió
 setenta mil soldados italianos, munición y material de guerra; 
 y 
 Hitler 
 mandó 
 la

 Legíon Cóndor que
incrementó
de
manera
decisiva
la
superioridad
aérea
de
Franco.
La
colaboración
de
 Portugal,
aunque
no
fue
decisiva
en
el
terreno
militar,
permitió
el
libre
paso
de
armas
para
el
 ejército 
 de 
 Franco 
 por 
 territorio 
 luso. 
 Por 
 último, 
 hay 
 que 
 señalar 
 las tropas marroquíes integradas
en
el
Ejército
franquista
y
que
a
menudo
fueron
utilizadas
como
fuerzas
de
choque.
La
única
ayuda
que
recibió
el 
bando republicano
 de
las
democracias
fue
las
escasas
armas
 enviadas 
 desde 
 Francia 
 en 
 los 
 primeros 
 momentos 
 del 
 conflicto. 
 La 
 ayuda 
 francesa 
 quedó
 inmediatamente
cortada
tras
la
firma
del
Pacto de No Intervención.
La 
ayuda soviética
 comenzó 
 a 
 llegar 
 a 
 tiempo 
 para 
 ayudar 
 en 
 la 
 defensa 
 de 
 Madrid. 
 Sin
 embargo, 
 aunque 
 fue 
 importante 
 fue 
más dispersa y de menor calidad
 que 
 la 
 que 
 recibió
 Franco.
Las 
Brigadas Internacionales estuvieron 
 constituidas 
 por 
 grupos 
 de 
 voluntarios, 
 no 
 todos
 comunistas
pero
reclutados
por
la
Internacional
Comunista
en
muchos
países
del
mundo.
Fueron
 unos
cuarenta
mil
y
tuvieron
un
papel
importante
en
la
defensa
de
Madrid
y
en
las
batallas
del
 Jarama
y
Teruel.
Las 
 presiones 
 del 
Comité de No Intervencióny 
 el 
 desinterés 
 de 
Stalin, 
 que 
 pensaba 
 ya 
 en
 buscar
algún
tipo
de
acuerdo
con Hitler,
hicieron
que
Negrín
aceptase
su
salida
de
España
a
fines
 de 
 1938. 
 De 
 nuevo, 
 el 
Comité de No Intervención
 fracasó 
 en 
 su 
 intento 
 de 
 que 
 las 
 tropas
 italianas
que
apoyaban
a
Franco
abandonaran
España.
Las consecuencias de la guerra civil.
Consecuencias demográficas.
Se
han
dado
cifras
muy
dispares
al
cuantificar
las
pérdidas
demográficas
que
causó
el
conflicto:
 los 
muertos
 en
el frente y por la represión
 en
la
guerra
y
en
las
posguerra,
el 
hambre,
las
 epidemias;
la
reducción de la natalidad
consiguiente...
Los
 cálculos
más
 aceptados
 estiman
 en 
quinientos mil muertos,
 el
 coste
 demográfico
 de
la
 guerra
y
la
posguerra.
A
ello
habría
que
añadir
la
cifra
de
no
nacidos
y
la
pérdida
de
población
 joven.
Otro
elemento
clave
de
las
consecuencias
demográficas
fue
el
exilio republicano.
Ya
durante
el
 conflicto,
los
"niños
de
la
guerra"
fueron
evacuados
a
países
extranjeros,
pero
el
gran
éxodo
tuvo
 lugar
en
enero
y
febrero
de
1939,
consecuencia
de
la
conquista
de
Cataluña.
En
conjunto,
se
calcula
que
hubo
unos
cuatrocientos cincuenta mil exiliados.
Aunque
algunos
 fueron
retornando
durante
la
dictadura,
muchos
no
volvieron
a
España
o
esperaron
a
la
muerte
 del
dictador
en
1975.
Este
exilio
supuso
una
importante
pérdida
demográfica
para
el
país:
una
 población
joven
y
activa,
que
incluía
a
gran
parte
de
los
sectores
más
preparados
del
país:
las
 elites
científicas,
literarias
y
artísticas
de
la
Edad
de
Plata.
Consecuencias económicas.
La 
 guerra 
 fue 
 una 
 verdadera 
catástrofe económica. 
 Un 
 dato 
 revela 
 su 
 magnitud: 
la renta nacional y per cápita no recuperará el nivel de 1936 hasta la década de 1950.
Estos
fueron
los
principales
elementos
de
esa
catástrofe
económica: Destrucción del tejido industrial del
país,
lo
que
llevó
a
la
vuelta
en
los
años
cuarenta
a
una
 economía básicamente agraria.
Destrucción de viviendas, 
 se 
 calculan 
 en 
 unas 
 doscientas 
 cincuenta 
 mil, 
comunicaciones,
 infraestructuras...
Aumento
de
la
deuda externa y pérdida de las reservas de oro del
Banco
de
España,
usadas
 por
el
gobierno
de
la
República
para
pagar
la
ayuda
soviética.
Consecuencias sociales.
El
resultado
de
la
guerra
trajo
consigo
la 
recuperación de la hegemonía económica y social por parte de la oligarquía terrateniente, industrial y financiera. 
 Paralelamente, 
 se 
 dio 
 la
 pérdida
de
todos
los
derechos
adquiridos
por
los
trabajadores.
Consecuencias morales.
La
guerra
supuso
una
verdadera
fractura
moral
del
país.
Varias 
generaciones marcadas
 por
el
 sufrimiento
de
la
guerra
y
la
represión
de
la
larga
posguerra.
El
régimen
de 
Franco nunca buscó la reconciliación de
los
españoles
y 
siempre recordó y celebró su origen bélico. 
 Las 
 heridas 
 de 
 la 
 guerra 
 civil 
 perduraron 
 durante 
 decenios 
 y 
 la
 persecución y represión de los vencidos
por
una
rasgo
clave
del
franquismo.
18. El Franquismo: evolución política, económica y social hasta 1959 Fundamentos ideológicos, sociales y políticos.
El
nuevo
régimen
instaurado
en
1939
tuvo
desde
un
principio
unos
fundamentos
ideológicos
muy
 claros: Concentración del poder político en Franco.
La
"adhesión
inquebrantable"
al
Caudillo
fue
el
 elemento
clave
de
todo
el
edificio
político
del
franquismo.
Anticomunismo. 
Este 
factor 
 fue
clave
 desde
 el
 inicio 
de 
la 
guerra
 civil. 
La 
guerra fría entre
 EEUU
y
la
URSS
dese
1945
hizo
que
el
régimen
franquista
reforzara
aún
más
este
aspecto
para
 ser
aceptado
en
el
mundo
occidental.
Antiparlamentarismo y antiliberalismo. 
 El 
 franquismo 
 siempre 
 se 
 mostró 
 contrario 
 a 
 las
 libertades
políticas.
Nacionalcatolicismo.
 La 
 Iglesia
 fue
 la 
 gran 
 legitimadora 
 de
 la 
 dictadura 
 franquista. 
A
 cambio
 dominó
la
vida
social
y
la
educación.
Una
estricta
moral
católica
en
lo
público
y
en
lo
privado
se
 impuso
en
el
país.
 Defensa de la "unidad de la Patria".
Negativa
a
cualquier
autonomía
política
de
las
regiones
y
 fomento 
 del 
 castellano 
 como 
 única 
 lengua 
 española. 
 La 
 prohibición 
 de 
 las 
 otras 
 lenguas
 peninsulares
fue
estricta
en
los
primeros
momentos
para,
posteriormente,
evolucionar
hacia
una
 cierta
tolerancia.
Tradicionalismo.
La
idea
de
España
que
defendió
la
dictadura
se
basó
en
raíces
históricas
a
 menudo
adulteradas
(La
Reconquista,
el
Imperio,
Defensa
del
Catolicismo)
 Militarismo.
Preponderancia
social
del
estamento
militar
(desfiles,
uniformes,
himnos,
bandera...)
 Rasgos fascistas:
símbolos
y
uniformes,
exaltación
del
Caudillo,
violencia
como
medio
político.
 Los
aspectos
externos
más
comprometedores
(saludo
fascista)
fueron
atenuados
tras
la
derrota
 de
Hitler
y
Mussolini
en
1945.
Las bases sociales de la Dictadura. 
 Franco
asentó
su
nuevo
régimen
en:
 La 
oligarquía terrateniente y financiera
 que 
 recuperó 
 su 
hegemonía
 social 
 y 
 fue 
 la 
 gran
 beneficiaria
de
la
política
económica
intervencionista
del
régimen.
Clases medias rurales
del
Norte
y
Castilla
que
estaban
bajo
una
fuerte
influencia
de
la
religión
 católica.
La
mayor
parte
de
las 
clases medias urbanas
 y
de
las 
clases trabajadoras apenas respaldaron a la dictadura.
En
los
primeros
años
de
la
dictadura,
la
represión
sistemática,
la
 miseria
y
la
desmoralización
tras
la
derrota
impidieron
que
esa
falta
de
apoyo
se
concretara
en
 oposición
al
régimen.
La
situación
cambió
en
los
años
sesenta.
El desarrollo económico
hizo
que
el
régimen
contara
 con
mayor consenso social entre
las
clases
medias
y
trabajadoras,
aunque
al
mismo
tiempo
la
 tímida
liberalización
del
país
propició
el
desarrollo
de
la
oposición.
Las bases políticas del régimen.
La
dictadura
basó
sus
sistema
político
en
la
estricta prohibición de los partidos políticos,
unida
 a
una
brutal represión
contra
los
que
habían
apoyado
a
la
República.
 En
1937
se
había
establecido
el
partido único,
la
FET de las JONS,
que
vino
a
denominarse
el
 Movimiento Nacional.
Sin
embargo,
dentro
del
régimen,
bajo
una
completa
subordinación
al
Caudillo,
hubo
diferentes familias políticas,
es
decir,
grupos
con
diversa
sensibilidad
política
que
trataron
de
influir
en
las
 decisiones
tomadas
por
Franco: Falangistas.
La
Falange
no
tenía
nada
que
ver
con
el
pequeño
grupo
fascista
creado
por
Jose
Antonio.
Ahora
 los
falangistas
se
hallaban
integrados
en
el
partido
único
bajo
el
liderazgo
absoluto
de
Franco.
Su
 principal
función
fue
el 
control de la vida social y económica
 del
país
a
través
de
diversas
 instituciones
del
régimen:
el 
Frente de Juventudes,
la 
Sección Femenina,
y
la 
Organización Sindical.
La
Falange
jugó
un
rol
importante
en
los
primeros
momentos
de
la
dictadura.
Tras
la
 derrota
de
las
potencias
fascistas
del
Eje
en
1945
pasó
a
tener
un
papel
más
secundario.
Militares.
Los
militares
tuvieron
prestigio y poder político,
pero
estuvieron
completamente
subordinados a Franco.
Alguno
de
los
más
importantes
colaboradores
del
dictador,
como
Carrero
Blanco,
fueron
 militares.
Católicos.
Muchos 
cuadros y dirigentes de la dictadura procedieron
de
instituciones
religiosas
como
el
 Opus Dei.
Tras
el
Concilio
Vaticano
II
distanciamiento
entre
la
dictadura
y
parte
de
la
Iglesia Monárquicos.
Tras
el
final
de
la
guerra,
los
carlistas
jugaron
un
papel
secundario,
desapareciendo
como
fuerza
 política 
relevante. 
Pese 
a
 que 
 Franco
 se
 negó
 a
 ceder
la 
jefatura 
 del 
estado 
a
 Don 
Juan
de
 Borbón,
hijo
de
Alfonso
XIII
y
padre
de
Juan
Carlos
I,
muchos monárquicos colaboraron
con
la
 dictadura,
especialmente
en
los
primeros
años
del
régimen.
En
la
práctica,
todas
estas
familias
 tuvieron
un
papel
secundario
Franco siempre
impidió que alguien acaparara demasiado poder y
 buscó un equilibrio
que
garantizara
su
poder
omnímodo.
Evolución política y coyuntura internacional 1939-1959. 
 La institucionalización del régimen: las leyes orgánicas. 
 El 
dictador,
que
concentraba
todo
el
poder,
asumió
la 
función constituyente.
Poco
a
poco
el
 régimen
fue
aprobando
diversas
Leyes
Orgánicas,
que
configuraron
lo
que
se
vino
a
en
llamar
las
 Leyes Fundamentales del Movimiento:

Fuero del Trabajo, 1938 Prohibición
de
los
sindicatos
libres.
Siguiendo
el
modelo
fascista,
la 
Organización Sindical
 se
 configuró
como
el sindicato único controlado por la Falange.
Ley Constitutiva de las Cortes, 1942 Cortes 
 elegidas 
 por 
 sufragio 
 indirecto 
 basado 
 en 
 diversas 
 corporaciones: 
 la 
 familia, 
 el
 municipio, 
 y 
 el 
 sindicato. 
 En 
 la 
 práctica, 
 eran 
 unas 
elecciones totalmente amañadas
 y 
 los
 representantes
elegidos
eran
los
que
deseaba
el
régimen.
 Fuero de los Españoles, 1945 Teórica declaración de derechos y deberes
impregnada
de
la
 mentalidad
tradicionalista
y
católica.
No
supuso
ningún
reconocimiento
real
de
derechos
políticos
 o
sociales.

 Ley de Referéndum Nacional, 1945.
Esta
ley
permitía
al
Jefe
del
Estado
convocar
plebiscitos
para
que
el
pueblo,
en
un
marco
de
 ausencia
de
libertades,
refrendara
una
ley.

 Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado, 1946.
España
fue
declarada
"reino"
y
Franco
se
reservó
el
poder
de
proponer
su
futuro
sucesor.
Esta
ley
 constituyó
una
gran
decepción
para
los
monárquicos
que
soñaban
con
que
Franco
propiciara
la
 vuelta
al
trono
de
los
Borbones.
Hambre y represión de la posguerra. 
 Los
años
cuarenta
y
hasta
bien
entrados
los
cincuenta
fueron
los
"Años del hambre": Racionamiento de los alimentos.
Extensión 
 del 
mercado negro
 de 
 todo 
 tipo 
 de 
 productos. 
 El 
 "Estraperlo" 
 se 
 convirtió 
 para
 muchos
en
el
único
medio
para
adquirir
bienes
necesarios
y
para
unos
pocos
en
la
forma
de
 enriquecerse
rápidamente.
 Corrupción
generalizada.
La
vida
social
se
basó
en
la
"recomendación",
en
tener
contactos
con
 los
burócratas
del
régimen
que
facilitaran
la
dura
vida
de
la
época.
Represión.
La
Ley de Responsabilidades Políticas
de
1939
fue
la
herramienta
jurídica
utilizada
para
la
dura
 represión
que
llegó
al
final
de
la
guerra.
El
número
de
prisioneros
políticos
fue
tan
grande
que
se
 tuvieron
que
habilitar
campos de concentración
a
lo
largo
de
todo
el
país.
Las
ejecuciones
se
 contaron
por
decenas
de
miles.
La
represión
de
la
posguerra
propició
un
clima
de 
terror generalizado
 entre
gran
parte
de
la
 población.
Especialmente
en
las
ciudades,
las
zonas
industriales 
y
el
sur
del
país.
Este
terror
 explica
la
debilidad
de
la
oposición
durante
años.
La Política Exterior.
La alianza con las potencias fascistas durante la Segunda Guerra Mundial.
El
7
de
abril,
recién
acabada
la
guerra,
Franco
hizo
pública
su
adhesión
al
Pacto Antikomintern,
 el
acuerdo
anticomunista
que
asociaba
a
la
Alemania
nazi,
la
Italia
fascista
y
Japón.
En
octubre
de
1940,
tras
la
invasión
nazi
de
Francia,
tuvo
lugar
la 
entrevista entre Franco y Hitler que
a
punto
estuvo
de
meter
a
nuestro
país
en
el
conflicto
mundial.
Finalmente
no
fue
así.
Hitler
no
aceptó
las
ambiciosas
pretensiones
de
Franco
sobre
el
Marruecos
 francés
y
la
incorporación
a
la
guerra
de
un
país
exhausto
no
era
de
gran
interés
para
el
Eje.
Sin
 embargo,
para
mostrar
su
apoyo
a
las
potencias
fascistas,
España
envío
a
la 
División Azul a
 luchar
junto
a
las
tropas
nazis
en
el
frente
ruso.
Las
derrotas del Eje
hicieron
que,
a
partir
de
1942,
Franco
comenzara
un
cauteloso giro
en
su
 política
internacional
buscando
la
conciliación
con
los
países
aliados.
La
destitución
de
su
cuñado
 Serrano Súñer,
excesivamente
germanófilo
para
los
nuevos
tiempos 
muestra
este
cambio
de
 actitud.
El aislamiento internacional y los cambios dentro del régimen.
En 
1946
 la
Asamblea
General
de
las
ONU votó contra el ingreso de España.
La
dictadura
de
 Franco
era
considerada
aliada
de
las
potencias
fascistas
recién
derrotadas.
 A
 esta 
 condena 
 internacional 
 siguieron 
 años 
 de 
aislamiento económico y político, 
 aunque
 EEUU
trataba
de
no
romper
completamente
con
un
régimen
que
podía
ser
su
aliado
en
la
recién
 iniciada 
guerra fría.
Pese
a
ello, 
España 
no
 recibió
 ninguna
 ayuda
del 
Plan Marshall,
ni 
fue
 admitida
en
la
OTAN.
Mientras
la
dictadura trató de lavar su imagen internacional,
reduciendo
el
protagonismo
de
los
 falangistas
y
de
todos
los
símbolos
(saludo
fascista...)
que
recordaran
a
las
potencias
del
Eje.
 Paralelamente,
los
católicos
obtenían
mayor
presencia
en
la
dictadura.
El 
apoyo de la Santa Sede
era
esencial
para
salir
del
aislamiento
internacional.
El fin del aislamiento: el acuerdo con los EE.UU. 
 Se
puede
afirmar
que
el
inicio
de
la
guerra fría
salvó al régimen de Franco.
La
hostilidad
hacia
 la 
 URSS 
 provocó 
 un 
 giro 
 en 
 la 
 posición 
 internacional 
 norteamericana. 
 En 
 el 
 interior 
 eran 
 los
 tiempos
de
la
histeria
anticomunista
propiciada
por
el
senador
McCarthy.
En 
1950, 
 la 
ONU, 
 a 
 instancias 
 de 
 EEUU, 
 recomendó 
 el fin del aislamiento diplomático
 de
 España.
En
1953
se
firmaron
los
Acuerdos bilaterales con los Estados Unidos,
que
permitieron
 la
instalación
de
bases militares norteamericanas
 en
España
en
Torrejón
de
Ardoz,
Zaragoza,
 Morón
y
Rota.
A
cambio
España
recibió
una
ayuda económica norteamericana
no
comparable
a
 la 
 que 
 recibieron 
 otros 
 países 
 europeos 
 con 
 el 
Plan Marshall. 
También 
 en 
 1953 
 se 
 firmó 
 el
 Concordato
entre
España
y
la
Santa
Sede.
Los conflictos políticos internos de la década de los 50.
Tras
el
terror
y
la
paralización
del
país
durante
los
años
cuarenta,
en
los
años
cincuenta
aparecen
 las
primeras protestas
de
la
oposición: En 
 1956, 
 tuvieron 
 lugar 
 diversos 
 incidentes 
 en 
 la Universidad
 de 
 Madrid 
 entre 
 estudiantes
 antifranquistas
y
miembros
del
SEU
y
el
boicot
a
los
tranvías
en
Barcelona,
en
1951,
mostraba
las
 primeras protestas obreras.
Sin
embargo,
esta
reactivación
de
la
oposición
tuvo
una
incidencia
 muy
débil. 
Lo
 más
importante
políticamente
 del
período
 fue
 el 
acceso al gobierno
 de
varios
 ministros
del 
Opus Dei
 al
gobierno
en
1957.
Esta
incorporación
fue
la 
antesala de la reforma económica de 1959 que
traería
la
liberalización
de
la
economía
y
el
desarrollo
de
los
sesenta.
El
inmovilismo
político
quedó
consagrado
en
1958
con
la
aprobación
de
la
Ley de Principios del Movimiento Nacional, en
la
que
simplemente
se
resumían
los
viejos
principios
ideológicos
del
 régimen.
El 
 fin 
 del 
 aislamiento 
 internacional 
 quedó 
 claramente 
 expuesto 
 con 
 la 
 visita 
 del 
 presidente
 norteamericano 
Eisenhower
 a 
 a 
 España 
 en 
 1959. 
 El 
 abrazo 
 entre 
 el 
 general 
 que 
 había
 intervenido
de
forma
clave
en
la
derrota
de
Hitler
y
el
dictador
que
había
sido
aliado
del
Führer
 mostraba
como
la
guerra fría
había
cambiado
la
política
internacional.
 Evolución económica y social 1939-1959.
La autarquía de posguerra. 
 En
1939,
España
era
un
país arruinado.
Diezmada
demográficamente,
el
hambre
y
la
extrema necesidad
 eran
la
realidad
cotidiana
de
una
gran
parte
de
la
población. 
La
solución
que
dio
el
 régimen 
 franquista 
 a 
 la 
 penuria 
 económica
 estuvo 
 marcada 
 por 
 el 
 modelo 
 creado 
 en 
 la 
 Italia
 mussoliniana
y
consolidado
en
la
Alemania
de
Hitler:
la autarquía,
una
política
económica
basada
 en
la
búsqueda de la autosuficiencia económica
y
la
intervención del estado.
El
intervencionismo del Estado
se
extendió
por
gran
parte
de
la
economía
nacional.
El
Estado
 fijó
los
precios
agrícolas
y
obligó
a
los
campesinos
a
entregar
los
excedentes
de
sus
cosechas.
Se
 creó
el
 Instituto
Nacional
de
 Industria
 (INI)
 en
 1941
 para
 mejor 
controlar
la
 exangüe
 industria
 española
y
se
estableció
un
rígido
control
del
comercio
exterior.
Un gran fracaso económico Los 
 años 
 de 
 la 
 posguerra 
 marcaron 
 una 
tremenda regresión
 en 
 el 
 terreno 
 económico. 
 El
 hundimiento
de
la
producción
agrícola
e
industrial
fue
acompañado
de
una
vuelta
atrás
histórica:
 el
sector
primario
volvió
a
superar
el
50
por
ciento
de
la
renta
nacional.
En 
 un 
 contexto 
 de 
 escasez 
 e 
 intervención 
 estatal, 
 el mercado negro, el 
estraperlo, 
 y 
 la
 corrupción generalizada
 (licencias 
 importación 
 y 
 exportación, 
 suministros 
 al 
 Estado...) 
 se
 apoderaron
de
la
economía
del
país.
Esta
situación
se
vio
fuertemente
agravada por la coyuntura internacional.
A
la
segunda
guerra
 mundial, 
 1939-1945, 
 le 
 sucedió 
 un 
 período 
 de 
 aislamiento 
 por 
 la 
 condena 
 internacional 
 del
 régimen
de
Franco
como
aliado
del
Eje.
Los años 50: el fin de la autarquía. 
 El
evidente
fracaso
del
modelo
autárquico
llevó
a
que
desde
los
inicios
de
los
años
cincuenta
se
 produjera
un
giro
en
la
política
económica.
Se
aplicó
una
liberalización parcial
de
precios
y
del
comercio
y
la
circulación
de
mercancías En
1952
se
puso
fin al racionamiento de alimentos.
Estas
medidas
trajeron
una
cierta
expansión
económica.
Finalmente,
en
1954 se superó la renta por habitante de 1935.
Se
ponía
fin
a
veinte
años
perdidos
en
el
desarrollo
económico
español.
La
guerra
fría
y
el
consiguiente
cambio
en
la
política
internacional
norteamericana
propiciaron
que
 desde
1951
comenzara
a
llegar
ayuda económica norteamericana.
Aunque
inferior
a
la
recibida
 por
los
países
beneficiarios
del
Plan
Marshall,
esta
ayuda
permitió
importaciones
de
bienes
de
 equipo
imprescindibles
para
el
desarrollo
industrial.
El
incipiente
desarrollo
trajo,
sin
embargo,
una
fuerte 
inflación
 que
propició
un
fuerte 
malestar social. 
 La 
necesidad de reformas estructurales en 
 la 
 economía 
 era 
 evidente. 
 Finalmente,
 Franco,
tras
veinte
años
de
políticas
económicas
nocivas,
permitió
la
entrada
en
el
gobierno
en
 1957 
 de 
 un 
 grupo 
 de 
tecnócratas
 del 
Opus Dei. 
 Estos 
 nuevos 
 ministros 
 diseñaron 
 el 
 giro
 definitivo
en
la
política
económica:
el
Plan de Estabilización
de
1959.
19. El Franquismo: evolución política, económica y social desde 1959 hasta 1975. La oposición al régimen Evolución política 1959-1975.
El inmovilismo político de los sesenta.
Pese
profundos
cambios
económicos
y
sociales
de
la
década
de
los
sesenta,
el
inmovilismo,
la
 ausencia
de
cambios
importantes,
caracterizaron
a
la
política
del
período.
No
obstante,
se
pueden
 reseñar
algunos
elementos
nuevos
que
posteriormente
tendrían
gran
trascendencia: La
renovación
de
la
Iglesia
Católica
en
el 
Concilio Vaticano II propiciaron
el 
alejamiento de la Iglesia y el régimen franquista. 
 Las 
 tensiones 
 fueron 
 crecientes 
 entre 
 los 
 que 
 habían 
 sido
 estrechos
aliados.
Resurgimiento de las tensiones nacionalistas y
aparición
del
terrorismo de ETA.
En
1959,
un
grupo
de
jóvenes
abandonaron
el
PNV
y
crearon ETA, Euzkadi ta Askatasuna, (Patria
 Vasca 
 y 
 Libertad). 
 Esta 
 nueva 
 organización 
 nacionalista 
 radical 
 optó 
 unos 
 años 
 después 
 por
 aplicar
tácticas
terroristas.
Aumento de los conflictos laborales
 desde
1961.
Las
reivindicaciones
de
las
huelgas
fueron
 pasando
poco
a
poco
de
cuestiones
laborales
(salarios,
jornada
de
trabajo)
a
la
denuncia
política
 (libertades
sindicales
y
políticas).
La
respuesta
del
régimen
a
cualquier
disidencia
siguió
siendo
puramente
represiva.
Dos
ejemplos
 bastan: En
1963,
un
militante
clandestino
del
Partido
Comunista,
Julián Grimau,
fue
ejecutado
por
delitos
 cometidos
en
la
guerra
civil.
Las
protestas
internacionales
fueron
generalizadas.
En
1962,
tras
pedir
España
la
adhesión
a
la
CEE,
un
grupo
de
representantes
de
la
derecha
 liberal
que
vivían
en
el
exilio
se
reunió
en
Munich
y
pidió
que
no
se
admitiera
a
España
hasta
que
 no
se
estableciera
en
el
país
un
régimen
democrático
basado
en
las
libertades
políticas.
La
prensa
 franquista
organizó
un
enorme
escándalo
contra
lo
que
se
vino
a
denominar
el
Contubernio de Munich.
Mientras
el
régimen
aplicó
pequeños
e
insuficientes
cambios
legislativos,
que
no
cambiaron
para
 nada
su
esencia
dictatorial: La 
Ley de Prensa de 1966,
aprobada
por
el
entonces
ministro
de
Información,
Manuel
Fraga,
 aunque
levantó
algo
la
presión
de
la
censura,
no
significó
ningún
avance
significativo.
La
Ley Orgánica del Estado
de
1966.
Última
de
las
Leyes
Fundamentales
del
Movimiento
que
no
 trajo
ningún
cambio
de
interés.
 Forzado
por
su
avanzado
edad,
Franco
tuvo
finalmente
que
designar
un
sucesor.
En
1969,
Juan Carlos de Borbón,
nieto
de
Alfonso
XIII,
fue
designado
sucesor
"a título de Rey".
 Una creciente oposición 
Los
años
finales
de
los
sesenta
y
los
principios
de
los
setenta
vinieron
 marcados
por
un
fuerte
crecimiento
de
la
oposición
en
las 
fábricas,
donde
había
renacido
un
 sindicalismo
clandestino
y
en
las
universidades.
La 
represión
 fue 
 la 
 respuesta. 
 La 
 policía 
 política, 
 la 
Brigada Político-Social, 
 no 
 dudaba 
 en
 aplicar
la 
tortura
 en
las
comisarías.
Los
opositores
al
régimen
pasaron
a
ser
juzgados
por
un
 tribunal
especialmente
creado
para
ejecutar
la
represión,
el
Tribunal de Orden Público.
En 
 ese 
 contexto 
 tuvo 
 lugar 
 el 
primer atentado de ETA. 
 La 
 respuesta 
 fue 
 una 
 represión
 indiscriminada
que,
de
hecho,
provocó
el
aumento
del
apoyo
social
a
la
banda.
Un
momento
clave
 fue 
 la 
 celebración 
 en 
1970
 del 
 denominado 
Juicio de Burgos
 ante 
 una 
 corte 
 militar. 
 Nueve
 etarras
fueron
condenados
a
muerte
lo
que
desencadenó
protestas
internacionales
y
en
el
país.
 La
presión
internacional
llevó
a
que
finalmente
las
condenas
fueron
conmutadas.
La
brutalidad
del
 franquismo
provocó
que
muchos
entre
la
opinión
liberal
y
de
izquierdas
no
se
dieran
cuenta
del
 real
significado
del
terrorismo nacionalista de ETA.
La
avanzada
edad
del
dictador
y
la
creciente
presión
de
la
oposición
llevaron
a
la
formación
de
 dos tendencias dentro del régimen. 
 Por 
 una 
 lado, 
 los 
 que 
 se 
 empezaron 
 a 
 llamar
 "aperturistas", 
 estos, 
 sin 
 cuestionar 
 la
 figura 
 de 
 Franco, 
 defendieron
 la 
 necesidad
 de 
 aplicar
 pequeñas
reformas
en
un
sentido
democrático
y
parlamentario.
Por
otro
lado,
lo
que
se
vino
a
 denominar
el
"bunker".
Aquí
se
agruparon
los
sectores
más
extremistas
y
violentos,
contrarios
a
 cualquier 
 cambio.
Para 
 aliviar 
 al 
 senil 
 Franco 
 de 
 las 
 tareas 
 cotidianas 
 de 
 gobierno, 
 en 
 1973,
 Carrero Blanco,
 un
 militar
 partidario
 de
 la 
 línea
 dura, 
fue
 nombrado
 presidente 
 del 
gobierno.
 Carlos Arias Navarro
fue
nombrado
ministro
de
Gobernación.
El
nuevo
gobierno
se
estrenó
con
la
organización
el
20
de
diciembre
de
ese
mismo
año
de
un
 juicio,
el 
Proceso 1001,
contra
dirigentes
del
sindicato
clandestino
Comisiones
Obreras.
Entre
 ellos
su
principal
líder,
el
comunista
Marcelino
Camacho.
Ese
mismo
día,
ETA
consiguió
dar
el
golpe
más
importante
de
su
historia, 
Carrero Blanco fue asesinado
 en
Madrid.
La
muerte
de
su
principal
colaborador
fue
un
duro
golpe
para
un
Franco
 cada
vez
más
próximo
a
su
final.


 Los últimos momentos de la vida de Franco.
La
vida
del
dictador
terminó
en
un
contexto
complejo
y
conflictivo: El 
enfrentamiento con la Iglesia
 llegó
a
extremos
que
hubieran
sido
inconcebibles
unos
años
 antes. 
 Ante 
 la 
 amenaza 
 de 
 expulsar 
 de 
 España 
 a 
Añoveros, 
 obispo 
 de 
 Bilbao 
 que 
 había
 publicado
una
pastoral
defendiendo
la
identidad
cultural
y
lingüística
del
pueblo
vasco,
el
Vaticano
 contestó 
 con 
 la 
 advertencia 
 de 
 que 
 tal 
 expulsión 
 significaría 
 la 
 ruptura 
 del 
 Concordato 
 y 
 la
 excomunión
de
quien
lo
llevara
a
cabo.
En
septiembre
de
1975,
tras
un
juicio
militar,
fueron
condenados a muerte y ejecutados
cinco
 militantes 
 del 
FRAP
 (Frente 
 Revolucionario 
 Antifascista 
 y 
 Patriótico 
 - 
 organización 
 terrorista
 creada
dos
años
antes)
y
de
ETA.
De
nuevo,
hubo
grandes
protestas
internacionales.
El
rey
marroquí
Hassan
II
organizó
la
Marcha Verde,
reclamando
el
Sahara occidental
español.
 En
el
momento
en
que
se
iniciaba
la
agonía
de
Franco,
el
gobierno
cedió
y,
violando
el
mandato
 de
la
ONU,
España
cedió
su
antigua
colonia
a 
Marruecos
 y
Mauritania.
Finalmente,
tras
tres
 meses
y
medio
de
enfermedad,
Franco murió el 20 de noviembre de 1975.
Evolución económica y social 1959-1975 .
El Plan de Estabilización de 1959 .
Diseñado
por
los
tecnócratas
del
Opus Dei,
que
habían
accedido
al
gobierno
en
1957,
este
plan
 económico
 fue
 elaborado 
 siguiendo 
 las
 indicaciones 
 del 
 Banco 
 Mundial 
 y 
 el 
 Fondo
 Monetario
 Internacional
(FMI).
Se 
 trataba 
 ante 
 todo 
 de 
liberalizar la economía, 
 acabando 
 con 
 el 
 período 
 autárquico 
 e
 intervencionista.
Se
recortó el gasto público y disminuyó el intervencionismo
del
estado,
a
la
 vez
que
se 
abría la economía al exterior,
devaluando
la
peseta
y
liberalizando
las
inversiones
 extranjeras.
Las
consecuencias
se
apreciaron
en
poco
tiempo.
A
partir
de
1961,
tras
reducirse el déficit del estado y
recibir 
abundantes inversiones del exterior,
España
inició
un 
acelerado crecimiento económico.
El desarrollo económico de los años sesenta .
 El
período
1961-1973
vino
marcado
por
un
rápido
crecimiento industrial y del sector servicios.
 La
apertura
económica
al
exterior
provocó
un
verdadero
aluvión
de
inversiones
extranjeras
que
 llegaron
atraídas
por
los
bajos
salarios.
El 
 desarrollo 
 industrial 
 desencadenó 
 una 
intensa emigración de mano de obra campesina hacia las ciudades y hacia Europa.
A
la
vez
que
la
agricultura se modernizaba,
amplias
zonas
 del
interior
quedaban
desertizadas.
En
el
terreno
comercial,
España
alcanzó
un 
superávit en su balanza de pagos.
El
tradicional
 déficit
de
la
balanza
comercial
se
vio
compensado
por
los
ingresos
procedentes
del
espectacular
 desarrollo
del
turismo,
las
inversiones
extranjeras
y
las
remesas
enviadas
por
los
emigrantes
en
 Europa.
Para
tratar
de
encauzar
el
crecimiento
económico,
el
gobierno
aprobó
a
partir
de
1963
 varios
Planes de Desarrollo.
 Basados
en
los
incentivos
fiscales
y
en
las
ayudas
estatales
tuvieron
un
resultado
bastante
inferior
 al
previsto.
La
economía
siguió
creciendo
pero
la
planificación
no
funcionó.
El
mejor
ejemplo
fue
el
 creciente
desequilibrio
entre
las
diferentes
regiones
del
país.
En
definitiva
el
período
1961-1973
estuvo
marcado
por
un
gran
desarrollo
económico,
inserto
en
 un 
marco general de expansión europea y mundial.
Ese
contexto
exterior
favorable
permitió
 abundantes inversiones
extranjeras,
una
masiva llegada de turistas
y
la
eliminación del paro mediante la emigración
a
Europa.

 Los grandes cambios sociales de los años sesenta.
Tras
los
duros
años
de
la
posguerra,
en
los
que
la
sociedad
española
había
quedado
anclada
a
un
 tipo
de
sociedad
arcaica,
los
años
sesenta
presenciaron
un
acelerado
cambio
social.
Estos
fueron
 algunos
de
sus
principales
rasgos: Masiva emigración
rural
a
las
ciudades
y
a
Europa
occidental.
Más
de
un
millón
de
españoles
se
 desplazaron
a
Francia,
Alemania,
Suiza,
Bélgica
y
otros
países
europeos
para
desempeñar
los
 trabajos
que
no
querían
los
nativos.
La 
 emigración 
 trajo 
 consecuencias 
 positivas 
 como 
 la 
reducción del paro
 o
 el
 ingreso
 de 
 las
 abundantes remesas
enviadas
por
los
emigrantes,
pero
trajo
consigo
el
desarraigo
humano
que
 toda 
 emigración 
 implica 
 y
 la 
agudización de las diferencias de riqueza entre las diversas regiones
del
país.
Fuerte 
incremento de la población.
A
la
vez
que
se
reducía
la
tasa
de
mortalidad,
la
tasa
de
 natalidad se
mantuvo
en
valores
muy
altos
e
incluso
aumentó.
Para
atender
las
necesidades
de
esta
población
creciente
el
gobierno
no
aumentó
el
gasto
público
 lo
que
llevó
a
que
los
servicios públicos fueran claramente insuficientes: En
el
terreno educativo
el
número
de
escuelas
e
institutos
fue
muy
por
detrás
de
las
necesidades
 de
una
creciente
población
infantil
y
juvenil.
Aunque 
 se 
 crearon 
 algunos 
 enormes 
 hospitales 
 y 
 desde 
 1963 
 aumentaron 
 las 
 prestaciones
 sanitarias
y
los
sistemas
de
pensiones,
la
cobertura sanitaria
siguió
estando
muy
alejada
de
lo
 que
requería
una
sociedad
moderna.
El 
 crecimiento 
 demográfico 
 provocó 
 un 
enorme déficit en vivienda
 que 
 trató 
 de 
 resolverse
 mediante 
 grandes 
 operaciones 
 inmobiliarias 
 en 
 las 
 ciudades 
 españolas. 
 Estos 
 nuevos 
 barrios
 nacieron
a
menudo sin equipamientos sociales y urbanos básicos.
La sociedad de consumo.
Pese
a
sus
limitaciones,
el
desarrollo
económico
propició
la
aparición
de
la
sociedad
de
consumo
 en 
 España. 
 La 
 extensión 
 del 
 uso 
 de 
electrodomésticos, 
 dos 
 tercios 
 de 
 los 
 hogares 
 tenían
 televisión
 en
1969,
y
del 
coche,
un
cuarto
de
las
familias
españolas
poseían
un
automóvil
ese
 mismo 
 año, 
 fueron 
 los 
 elementos 
 que 
 mejor 
 ejemplificaron 
 la 
 nueva 
 sociedad.
 
 La 
 sociedad 
 de 
 consumo, 
 caracterizada 
 por 
 el 
 acceso 
 a 
 más 
 información 
 y 
 por 
 una 
 mayor
 movilidad,
trajo,
especialmente
entre
los
más
jóvenes,
una
nueva mentalidad
que
chocaba
con
el
 tradicionalismo
del
régimen: Progresiva
relajación de la importancia de la Iglesia.
Nuevos hábitos
de
relación
social
y
nuevas
pautas
de
relación
entre
ambos
sexos.
Modas, costumbres e indumentarias
que
llegaron
a
través
del
turismo.
La oposición al régimen franquista.
La República en el exilio .
Los
dirigentes
republicanos
huidos
del
país
en
1939
mantuvieron
un
gobierno de la República
en
 el
exilio
tratando
de
mantener
la
legalidad
surgida
de
la
Constitución
de
1931.
Sus
esperanzas
 estaban
depositadas
en
que
la
derrota
de
Hitler
supondría
la
intervención
de
las
tropas
aliadas
y
 el
fin
de
la
dictadura
de
Franco.
Todas
estas
esperanzas
vinieron
a
su
fin
cuando
España
ingresó
 en
la
ONU
en
1955.
La guerrilla antifranquista. 
 Según 
 las 
 tropas 
 franquistas 
 fueron 
 ocupando 
 las 
 diferentes 
 regiones 
 del 
 país 
 muchos
 combatientes
republicanos,
huyendo
de
la
represión,
se
"echaron
al
monte"
formando
grupos
de
 guerrilleros,
los maquis.
Las
acciones
guerrilleras
se
intensificaron
tras
la
derrota
nazi
en
1945.
Los
maquis
trataban
de
 colaborar
con
la
anhelada
intervención
de
los
aliados
en
España.
La
dura
represión
y
el
final
de
 las
esperanzas
de
una
intervención
exterior
llevaron
a
que
en 1948 el PCE renunciara a la lucha armada
y
llamará
a
los
guerrilleros
a
huir
del
país.
La oposición interior en la posguerra. 
 La 
 represión 
 de 
 la 
 guerra 
 y 
 la 
 posguerra 
 desmanteló 
 los 
 cuadros 
 políticos 
 y 
 sindicales 
 de 
 la
 izquierda. 
 Las 
 primeras 
 huelgas 
 en 
 1946-1947 
 fueron 
 duramente 
 reprimidas 
 y 
 la 
 oposición
 continuó
silenciada.
Las primeras protestas sociales y la crisis universitaria de 1956.
En 
1951,
el 
boicot a los tranvías de Barcelona
 por
la
subida
de
tarifas
constituyó
la
primera
 protesta
de
masas
en
la
historia
del
franquismo.
En
la
universidad,
las
tensiones
fueron
creciendo
 en
demanda
de
más
libertad
en
las
cátedras
y
en
las
aulas.
El
malestar
universitario
culminó
en
 los
incidentes de la Universidad Complutense de Madrid en 1956 con
enfrentamientos
entre
 los
estudiantes
y
los
falangistas
del
SEU.
Estos
incidentes,
que
provocaron
la
dimisión
del
ministro
 de 
 Educación 
 Ruiz-Giménez, 
 mostraron 
 la 
 aparición 
 de 
 una nueva generación, 
 formada
 esencialmente
por
los
hijos
de
los
vencedores,
que
iniciaba
su
oposición
a
la
dictadura.
Los partidos y sindicatos de oposición.
Los
diferentes
grupos
políticos
y
sindicales
se
adaptaron
de
diferente
forma
a
la
dura
represión
del
 franquismo
y
a
la
evolución
de
la
sociedad
española.
Mientras
que
el PSOE
 se
convirtió
en
un
 partido
débil y dividido
entre
sus
dirigentes
del
exilio
y
del
interior,
el
PCE pasó
a
constituirse
en
 el 
principal partido de la oposición
 con 
 una 
 fuerte 
 estructura 
 clandestina. 
 Mientras, 
 los
 anarquistas,
así
como
los
republicanos,
prácticamente
desaparecieron.
La
oposición
de
liberales
o
monárquicos
solo
apareció
al
final
de
la
Dictadura
en
torno
a
algunos
 medios 
 de 
 comunicación. 
 

En 
 el 
 terreno 
 sindical 
 destaca 
 el 
 nacimiento 
 en 
1962
 de 
 las
 Comisiones Obreras.
Propiciadas
por
el
Partido
Comunista,
se
basaron
en
el
aprovechamiento
 de
las
fisuras
legales
que
permitía
la
legislación
franquista
y
en
la
infiltración
en
la
Organización
 Sindical. 
 Los 
 sindicatos 
 históricos, 
 la 
 UGT 
 y 
 la 
 CNT, 
 apenas 
 tuvieron 
 presencia 
 durante 
 la
 dictadura.
La creciente lucha de los años sesenta y setenta. 
 Los
cambios
sociales
y
la
proximidad
de
la
muerte
del
dictador
facilitaron
la
extensión
de
las
 actividades 
 de 
 oposición 
 a 
 la 
 dictadura. 
 Diversos 
 movimientos 
 de 
 protesta 
 confluyeron 
 en 
 el
 período
final
del
franquismo:

 El
movimiento obrero,
organizado
esencialmente
en
torno
a
CC.OO.
y
alentado
por
el
PCE,
pasó
 de
las
reivindicaciones
laborales
a
la
concienciación
política
antifranquista.
Los 
movimientos nacionalistas
 se
reforzaron
en
diversas
capas
sociales
de
Cataluña.
En
el
 País
Vasco,
junto
a
un
cada
vez
más
influyente
PNV,
ETA
fue
acrecentado
su
protagonismo
con
 sus
acciones terroristas.
Participando
en
la
medida
de
la
posible
de
un
contexto
internacional
 marcado
por 
la
protesta
 juvenil, 
 el 
movimiento estudiantil se 
 extendió 
 y 
 las 
 protestas 
 estudiantiles 
 alcanzaron 
 una
 importante
repercusión
social.
El
Concilio
Vaticano
II
favoreció
la
extensión
de
movimientos católicos de base críticos con el franquismo que 
 colaboraban 
 con 
 los 
 partidos 
 de 
 oposición 
 y 
 el 
 movimiento 
 obrero. 
 Incluso,
 sectores
influyentes
de
la
Iglesia
Católica
mostraron
una
creciente
lejanía
respecto
a
la
dictadura.
En 
 definitiva, 
 sin 
 poder 
 derrumbar 
 al 
 régimen 
 franquista, 
 los 
 movimientos 
 de 
 oposición
 consiguieron
crear
una 
amplia red social de contestación a la dictadura
 que
aflorará
tras
la
 muerte
de
Franco
y
que
fue
clave
para
la
transición
a
la
democracia.
20. La transición política. La Constitución de 1978 y el Estado de las Autonomías.
La transición política.
Tras
la
muerte
de
Franco, 
Juan Carlos I fue
proclamado
rey
en
un
contexto
político
de
gran
 incertidumbre.
Se
iniciaba
un
complejo proceso de transición
que
llevaría
de la dictadura a un sistema democrático.
Este
proceso
de
transición
se
ha
convertido
al
pasar
los
años
en
un
modelo
para
muchos
países
 por
el 
escaso nivel de violencia
 que
la
acompañó.
 
Las fuerzas políticas en escena 
Los
 Franquistas. 
Al 
morir 
Franco,
las
diferencias 
entre
el 
"bunker",
organizado
en
torno 
a
figuras
 como 
Blas Piñar, 
 y 
 los 
"aperturistas"
 se 
 agudizaron. 
 Entre 
 estos 
 últimos 
 había 
 políticos
 veteranos
de
la
dictadura
que
estaban
convencidos
de
la
necesidad
del
cambio,
este
era
el
caso
 de 
Fraga
 o 
Areilza,
y
jóvenes
que
no
habían
vivido
la
guerra
civil
y
que
iban
a
desempeñar
un
 papel
clave
en
la
transición.
Adolfo Suárez
será
la
figura
clave
en
este
grupo.
Las fuerzas de oposición.
Las
fuerzas
de
la
derecha liberal
eran
muy
débiles
y
se
agrupaban
en
torno
a
figuras
como
Ruiz
 Gimenez
y
Gil
Robles
o
los
partidarios
de
Juan
de
Borbón,
padre
del
monarca.
Entre
las
fuerzas
 nacionalistas 
 hay 
 que 
 destacar 
 la 
 aparición 
 de 
 una 
 nueva 
 fuerza 
 hegemónica 
 en 
 Cataluña,
 Convergència Democràtica de Catalunya
dirigida
por
Jordi
Pujol.
En
el
País
Vasco,
el
Partido Nacionalista Vasco
será
la
fuerza
mayoritaria.
Teóricamente
contrario
al
terrorismo,
en
la
práctica
 no
se
enfrentaba
con
las
acciones
de
una
ETA
cada
vez
más
activa.
Entre
las
fuerzas
de
izquierda
sobresalía
el
Partido Comunista de España,
dirigido
por
Santiago Carrillo,
y,
sin
lugar
a
dudas,
el
partido
más
organizado
y
activo
al
acabar
la
dictadura.
El
PSOE había
celebrado
un
Congreso en Suresnes
(Francia)
en
1974
en
el
que
un
nuevo
grupo
dirigente
 organizado 
 en
 torno
 a 
Felipe González
 y 
Alfonso Guerra
 había
 llegado
 al 
 poder. 
 El
 Partido
 Socialistas
Popular
de
Enrique
Tierno
Galván
era
otra
fuerza
de
izquierda
que
terminó
finalmente
 por 
 unirse 
 al 
 PSOE. 
La 
 hegemonía 
 comunista 
 también 
 se 
 reflejaba 
 en 
 el 
 mundo 
 sindical.
 Comisiones Obreras
 era 
 el 
 sindicato 
 más 
 poderoso, 
 mientras 
 que 
 la 
UGT
 comenzaba 
 a
 reorganizarse.
La
histórica
CNT
se
convirtió
en
una
fuerza
meramente
simbólica.
Las 
 disensiones 
 entre 
 el 
 PCE 
 y 
 el 
 PSOE 
 impidieron 
 que 
 toda 
 la 
 oposición 
 democrática 
 se
 coaligara
en
una
única
alianza.
Así,
surgieron
la
Junta
Democrática,
dominada
por
el
PCE
y
con
 fuerte
capacidad
de
movilización
y
la
Plataforma
de
Convergencia
Democrática,
donde
el
PSOE,
 el
PNV
y
la
UGT
eran
las
fuerzas
principales.
Los primeros momentos del reinado de Juan Carlos I.
El gobierno de Arias Navarro (noviembre 1975-julio 1976). 
 Los 
 primeros 
 momentos 
 de 
 la 
 monarquía 
 de 
 Juan 
 Carlos 
 I 
 estuvieron 
 caracterizados 
 por 
 la
 indefinición. 
 Muchos 
 sospechaban 
 que 
 la 
 nueva 
 monarquía 
 sería 
 una 
 mera 
 continuador 
 del
 franquismo
sin
Franco.
Sin
embargo,
el
nuevo
monarca
se
fue
rodeando
de
un
grupo
de
asesores,
 entre
los
que
destacaba
Torcuato
Fernández
Miranda,
que
diseñaron
un
plan
de
cambio
político.
 Este
cambio
se
vino
en
denominar
la reforma.
Se
trataba
de
aplicar
cambios controlados que garantizaran la intangibilidad de los funcionarios y militares franquistas y que llevaran a un sistema democrático desde las propias leyes franquistas.
En
un
principio
el
rey
optó
por
mantener
al
frente
del
gobierno
a 
Arias Navarro,
quien
había
 presidido
el
ejecutivo
en
la
fase
final
de
la
dictadura.
El
gobierno
incluía
a 
Manuel Fraga
 en
el
 puesto
clave
de
ministro
del
Interior
y
figuras
jóvenes
procedentes
del
Movimiento
como
Adolfo Suárez o Martín Villa.
El
gobierno
de
Arias
fracasó
a
la
hora
de
implementar
un
proceso
de
reformas
creíble
y
respondió
 con
represión
a
las
protestas
sociales.
Una
oleada
de
huelgas
se
extendió
por
el
país
en
enero
de
 1976.
La
respuesta
represiva
culminó
con
los
incidentes de Vitoria,
en
marzo
de
1976,
cuando
 cinco
trabajadores
murieron
a
manos
de
la
policía.
Ese
mismo
mes
de
marzo,
toda
la
oposición
se
agrupó
en
la
Coordinación Democrática
lo
que
 reforzó
las
protestas
contra
el
inmovilismo
del
gobierno
de
Aria
Navarro.
Finalmente,
el
rey,
que
no
 había
disimulado
su
descontento
con
la
labor
del
ejecutivo,
destituyó
a
Arias
Navarro
en
julio
de
 1976.
El Gobierno Suárez y la Ley de Reforma Política .
 El 
 nombramiento 
 de 
Adolfo Suárez, 
 joven 
 político 
 procedente 
 del 
 Movimiento, 
 como 
 nuevo
 presidente
del
gobierno
fue
recibido
con
decepción
entre
la
opinión
democrática.
Pese
a
que
el
 nuevo
gobierno
estaba
formado
por
ministros
aperturistas,
muchos
pensaron
que
Suárez
no
era
el
 hombre
adecuado
para
liderar
el
proceso
hacia
la
democracia.
Poco
tiempo
después,
en 
septiembre de 1976,
Suárez
presentó
el 
proyecto de Ley para la Reforma Política.
Era
la
concreción
legislativa
del
proceso
de
desmantelamiento
del
franquismo
 desde
el
propio
régimen.
Paralelamente,
Suárez
inicio 
contactos discretos con la oposición democrática.
Los
sectores más inmovilistas del franquismo,
crecientemente
irritados
por
la
evolución
política
 y
los
atentados terroristas de ETA y el GRAPO,
empezaron
a
conspirar
para
organizar
un
golpe militar
 contra 
 el 
 incipiente 
 proceso 
 de 
 reformas. 
 En 
 septiembre 
 de 
 1976, 
 Suárez 
 nombró 
 al
 teniente
general
Gutiérrez Mellado vicepresidente
del
gobierno.
Gutiérrez
Mellado
fue
una
figura
 clave
para
controlar
el
peligro
golpista
en
el
Ejército.
Pese
a
las
conspiraciones
golpistas
y
a
los
actos
terroristas
de
ETA,
la
conciencia
de
los
cambios
 eran
 inevitables,
llevaron
a
las
Cortes
franquistas
a
 aprobar
en
noviembre
la
Ley 
de
Reforma
 Política,
lo
que
suponía
su
"suicidio
político".
Avances de la oposición.
Poco
a
poco, 
la oposición fue saliendo de la clandestinidad.
El
PSOE
celebró
en
Madrid
su
 XXVII
Congreso
al
que
asistieron
importantes
líderes
internacionales.
Santiago
Carrillo,
el
líder
 comunista
dio
una
rueda
de
prensa
clandestina
en
Madrid
reclamando
el
derecho
del
PCE
a
ser
 legalizado.
Detenido
el
23
de
diciembre
de
1976
,
fue
puesto
en
libertad
ocho
días
después.
Ese
mismo
mes
se
había
celebrado
un
referéndum popular
sobre
la
Ley de Reforma Política.
 La
respuesta
había
sido
contundente:
con
77.7%
de
participación,
el
94.1%
de
los
votos
habían
 sido
positivos.
La
oposición,
que
en
un
principio
había
desconfiado
de
Suárez,
pasó
a
aceptar
lo
 inevitable: 
 el 
 fin 
 del 
 franquismo 
 no 
 se 
 realizaría 
 mediante 
 lo 
 que 
 denominaban 
 la 
 ruptura
 democrática 
 (gobierno 
 provisional, 
 amnistía, 
 legalización 
 de 
 todos 
 los 
 partidos, 
 elecciones
 libres...).
En
adelante,
gran parte de la oposición pasó a apoyar un proceso de reforma
que
 iba
a
concluir
en
el
establecimiento
de
un
genuino
régimen
democrático.
El año clave: 1977 .
El 
 proceso 
 de 
 reformas 
 estuvo 
 siempre 
amenazado por dos fuerzas
 opuestas 
 que 
 se
 alimentaban
mutuamente.
Por
un
lado,
las
fuerzas
de
extrema derecha,
en
las
que
se
agrupaban
 los
 residuos
 del
 franquismo
 más
 duro, 
 grupos
 terroristas
 como
 los
 Guerrilleros 
de
 Cristo
 Rey,
 diarios
del
régimen
como
El
Alcázar,
o
grupos
 políticos 
como
Fuerza
Nueva
dirigida
por 
Blas Piñar.
Esta
extrema
derecha
centró
sus
esfuerzos
en
alentar un golpe militar que
pusiera
fin
al
 proceso
democrático.
Por
otro
lado,
los
grupos
terroristas
nacionalistas
como
ETA
o
de
extrema
 izquierda
como
el
GRAPO.
Con
sus
ataques al ejército y las fuerzas policiales
alimentaban
las
 posibilidades
de
un
golpe
militar.
La
situación
llegó
a
su
momento
de
máxima
tensión
en
la
semana del 23 al 29 de enero de 1977,
 cuando
una
sucesión
de
hechos
violentos
estuvo
a
punto
de
dar
al
traste
con
la
transición.
Al
 asesinato
de
un
estudiante
en
una
manifestación
pro-amnistía
por
parte
de
los
"Guerrilleros
de
 Cristo 
 Rey", 
 le 
 siguió 
 el 
 secuestro 
 del 
 presidente 
 del 
 Consejo 
 Supremo 
 de 
 Justicia 
 Militar, 
 el
 general
Villaescusa,
por
parte
del
GRAPO
y
la 
matanza de cinco abogados laboralistas del PCE en Atocha
por
grupos
de
pistoleros
de
extrema
derecha.
La 
 respuesta 
 popular 
 fue 
 una 
gran manifestación de repulsa en Madrid
 que 
 se 
 desarrolló
 pacíficamente
y
que
mostró
claramente
la
voluntad
general
de
continuar
los
cambios
de
forma
 pacífica.
Adolfo
Suárez,
aunando
coraje
y
habilidad
política,
supo
sortear
los
obstáculos
y
adoptó
medidas
 que
permitieron
el
paso
a
un
régimen
democrático.
La
legalización del PCE en abril de 1977
y
la
 amnistía de los presos políticos
 llevaron 
 a 
 la 
 celebración 
 de 
 las 
 primeras 
 elecciones
 democráticas
desde
la
Segunda
República
en
junio
de
1977.
El
partido
triunfador
fue
la
Unión del Centro Democrático (UCD),
nuevo
partido
organizado
por
 Suárez
en
el
que
se
agrupaban
los
aperturistas
del
franquismo
con
algunos
elementos
moderados
 de
la
antigua
oposición
democrática.
La
UCD
obtuvo
el
34.5%
de
los
votos.
El
segundo
partido
más
votado
fue
el 
PSOE de Felipe González con
casi
el
30%
de
los
votos.
 Ante
la
sorpresa
de
muchos,
el
PSOE
se
hizo
con
la
hegemonía
en
la
izquierda.
Por
detrás
quedó
 el
PCE
con
un
9.4%
y
la
Alianza Popular
de
Manuel
Fraga
con
el
8.0%.
Convergència i Unió de
 Jordi
Pujol
y
el
PNV
se
constituyeron
como
las
principales
fuerzas
nacionalistas.
El 
 nuevo 
 gobierno 
 de 
 Suárez 
 se 
 aprestó 
 a 
 hacer 
 frente 
 a 
 los 
 dos 
 principales 
 desafíos 
 del
 momento:
elaborar una Constitución
que
articulara
políticamente
el
nuevo
sistema
democrático
 y
hacer
frente
al
terrorismo
de
ETA,
que
seguía
atentando
pese
a
una
amnistía
total
decretada
en
 octubre
de
1977,
y
al
peligro
golpista.
Todo
este
delicado
proceso
político
debía
hacerse
en
un
contexto
de
profunda
crisis
económica.
 La 
 crisis
 del 
 petróleo 
 de
 1973
 había
 golpeado 
 duramente
 a
 España
 y 
el paro y la inflación crecían
alarmantemente.
Para
estabilizar
la
situación
económica
las
principales
fuerzas
políticas
 firmaron
en
octubre
de
1977
los
Pactos de la Moncloa,
una
serie
de
medidas
consensuadas
para
 hacer
frente
a
las
graves
dificultades
económicas.
El proceso constitucional.
A 
 las 
 pocas 
 semanas 
 de 
 su 
 elección, 
 las 
 Cortes 
 iniciaron 
 los 
 trabajos 
 para 
 elaborar 
 la
 Constitución. 
 Las 
 Cortes 
 elegidas 
 en 
 1977 
 se 
 convirtieron 
 inmediatamente 
 en 
Cortes Constituyentes.
Se
eligió
una
Comisión
Constitucional
y
esta
eligió
a
siete
diputados
para
elaborar
un
primer
texto
 como 
 proyecto 
 constitucional. 
 Estos 
 siete 
 diputados, 
 los 
"padres de la constitución"
 fueron
 Gabriel
Cisneros,
Miguel
Herrero
de
Miñón
y
José
Pedro
Pérez
Llorca
de
UCD;
Gregorio
PecesBarba
del
PSOE;
Jordi
Solé
Turá
del
PCE;
Miquel
Roca,
en
representación
de
Minoría
Catalana
y
 del
PNV
;
y
Manuel
Fraga
de
AP.
La
ausencia
de
un
representante
del
PNV
ligada
a
la
cuestión
de
 los
"derechos
históricos",
tuvo
graves
consecuencias
ya
que
el
principal
partido
nacionalista
vasco
 no
apoyó
finalmente
el
texto
constitucional.
La 
 palabra 
 que 
 más 
 se 
 utilizó 
 durante 
 el 
 proceso 
 de 
 redacción 
 de 
 la 
 constitución 
 fue 
 la 
 de
 "consenso".
Se
trataba
de
evitar
la
triste
tradición
española
de
"constituciones
de
partido"
que
 habían
jalonado
especialmente
nuestro
siglo
XIX.
Aquellas
cuestiones
que
suscitaban
mayores
 diferencias
fueron
redactadas
de
tal
forma
que
pudieran
ser
aceptadas
por
las
diversas
fuerzas
 políticas.
Esta
es
la
razón
de
la
cierta
ambigüedad
que
se
puede
encontrar
en
algunos
artículos
 de
la
Constitución.

 Tras 
 su 
 debate 
 en 
 el 
 Congreso 
 y 
 en 
 el 
 Senado, 
 el 
 texto 
 final 
 fue 
 aprobado 
 en 
 el 
 Pleno 
 del
 Congreso
de
los
Diputados
por
316
votos
a
favor,
6
en
contra
y
3
abstenciones.
Finalmente,
el
 Proyecto
de
Constitución
fue
sometido
a
referéndum
de
los
ciudadanos
el 
6 de diciembre de 1978.
La
Constitución
quedó
aprobada
con
un
87,87% de votos afirmativos.
El proceso preautonómico.
Ante
el
deseo
de
autogobierno
de
vascos
y
catalanes,
manifestado
de
forma
espectacular
el
11
de
 septiembre
cuando
millón
y
medio
de
catalanes
se
manifestaron
por
la
autonomía
en
Barcelona,
el
 gobierno
de
Suárez
inició
el
proceso
preautonómico
antes
de
la
aprobación
de
la
Constitución.
Suárez
optó
por
el
restablecimiento
formal
de
la
Generalitat,
en
septiembre
de
1977,
y
en
el
País
 Vasco 
 en 
 diciembre 
 de 
 ese 
 mismo 
 año 
 se 
 creó 
 el 
 Consejo 
 General 
 Vasco, 
 como 
 régimen
 preautonómico 
 para 
 la 
 región. 
 A 
 principios 
 de 
 1978, 
 Cataluña 
 y 
 País 
 Vasco 
 eran 
 regiones
 preautonómicas. 
 Entre 
 abril 
 y 
 octubre 
 de 
 1978, 
 se 
 crearon 
 por 
 decreto-ley, 
organismos preautonómicos
para
el
gobierno
de
Galicia,
Asturias,
Castilla-León,
Aragón,
Castilla-La
Mancha,
 País
Valenciano,
Extremadura,
Andalucía,
Murcia,
Baleares
y
Canarias.
Ante
las
demandas
de
autonomía
de
catalanes
y 
vascos,
y 
en
menor
medida
de
gallegos,
el
 gobierno
de
UCD
optó
por
impulsar
la
generalización del principio de autonomía regional.
Se
 trataba
de
lo
que
coloquialmente
se
denominó
"café
para
todos"
y
prefiguró
el
futuro
constitucional
 de
la
estructura
territorial
de
España.
Contenido de la Constitución.
En
el
título preliminar
se
contienen
los
principios
fundamentales
de
la
Constitución: Se
define
a
España
como
un 
Estado social y democrático de Derecho,
se
proclama
que
la
 soberanía nacional reside 
 en 
 el 
 pueblo 
 y 
 se 
 define 
 la 
 forma 
 política 
 del 
 Estado 
 como 
 una
 Monarquía parlamentaria.
El
artículo
2
hace 
compatible la unidad de la Nación con el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones.
Esta
es
una
de
las
grandes
novedades
de
la
Constitución.
El
título I
es
el
más
extenso
de
la
Constitución
y
contiene
los
derechos, libertades y deberes de
 los
españoles.
Aquí
se
recogen
los 
derechos individuales
 como
el
derecho
a
la
vida,
a
la
integridad
física,
la
 libertad
ideológica,
religiosa
y
de
culto,
a
la
libertad
de
expresión,
a
la
educación,
etc.
También
se
 incluyen
algunos 
derechos sociales
 como
la
protección
a
la
familia,
disponer
de
una
vivienda
 digna,
disfrutar
del
medio
ambiente,
derecho
al
trabajo,
a
la
protección
de
la
salud,
etc.
La 
única modificación
 realizada
en
la
Constitución
hasta
el
año
2006
se
realizó
en
1992
para
 conceder
el
derecho
al
voto
en
las
elecciones
municipales
a
los
ciudadanos
de
la
Unión
Europea
 que
viven
en
España.
Esta
modificación
se
hacía
necesaria
tras
la
ratificación
por
España
del
 Tratado
de
la
Unión
Europea.
En
lo
que
se
refiere
a
la
Corona
se
establece
que
el Rey
 es
el 
Jefe del Estado
 y
se
fijan
sus
 funciones,
atribuciones
y
prerrogativas.
Su
poder
es formal.
La
Constitución
establece
la
separación
de
poderes
y
organiza
los
poderes
del
Estado: Las 
Cortes
 están 
 formadas 
 por 
 dos 
 Cámaras: 
 el 
Congreso de los Diputados y 
 el 
Senado.
 Ambas
son
elegidas
por
sufragio universal
y
ejercen
el
poder legislativo.
El 
Gobierno, 
 que 
 ejerce 
 el 
poder ejecutivo, 
 dirige 
 la 
 política 
 interior 
 y 
 exterior 
 de 
 España.
 También 
 tiene 
 potestad
 legislativa 
 ya 
 que 
 puede
 presentar 
 proyectos 
 de 
 leyes 
 a 
 las 
 Cortes 
 y
 desarrolla
los
reglamentos
de
las
leyes
aprobadas.
 El
Presidente del Gobierno es investido por el poder legislativo.
Los
Jueces y magistrados
ejercen
el
poder judicial.
Se
crea
el
Tribunal Constitucional cuya
 función
es
evitar
cualquier
violación
de
la
Constitución
y
vigilar
que
no
haya
leyes
que
contradigan
 al 
 texto 
 constitucional. 
 Es 
 también 
 el 
 máximo 
 órgano 
 encargado 
 de 
 proteger 
 los 
 derechos 
 y
 libertades
fundamentales.
En
su 
título VIII
 la
Constitución
de
1978
trató
de
abordar
uno
de
los
problemas
históricos
de
 nuestro
país:
aunar
la
unidad
del
Estado
con
la
diversidad
de
regiones
y
nacionalidades
que
lo
 componen.
Se
establecieron
los
cauces
legales
para
que
los
territorios
que
lo
desearan
y
que
cumplieran
una
 serie
de
requisitos
pudieran
constituirse
en
Comunidades autónomas.
Las
Comunidades
Autónomas
que
se
constituyeran
tendrían
un
Estatuto de Autonomía
en
el
que
 se
recogerían
las
competencias que
asumían.
Los
Estatutos
de
Autonomía
deben
ser
aprobados
 por
las
Cortes
Generales.
Aprobada
la
Constitución,
se
constituyeron
en
el
período
1979-1983
las
actuales
Comunidades
 Autónomas
y
nuestro
país
quedó
conformado
por
17
Comunidades
y
dos
Ciudades
Autónomas
 (Ceuta
y
Mellilla
constituidas
en
1995).
Cada
una
de
estas
comunidades
posee
una
Asamblea
 Legislativa
y
un
Gobierno
propios.
La
Constitución
también
establece
el
principio de solidaridad y el equilibrio económico entre las distintas regiones
del
territorio
español.
Los Gobiernos democráticos y la integración en Europa.
La segunda legislatura de UCD y el fin del gobierno de Suárez (1979-1981).
Tras
aprobarse
la
Constitución,
las
Cortes
fueron
disueltas
y
en
las
nuevas
elecciones
celebradas
 el
1
de
marzo
de
1979
volvió
a
triunfar
la 
UCD de Suárez.
No
ocurrió
así
en
las 
elecciones municipales, 
 las 
 primeras 
 democráticas 
 desde 
 la 
 II 
 República, 
 celebradas 
 poco 
 después. 
 La
 izquierda conquistó
los
principales
ayuntamientos
mediante
la
alianza
del
PSOE
y
el
PCE.
Pese
a
esta
alianza,
Felipe
González
forzó
un 
giro político e ideológico en el PSOE
 tras
la
 celebración
de
su
XXVIII
Congreso.
El
PSOE
abandonó el marxismo
como
ideología
oficial
y
se
 configuró
como
un
partido
de
izquierda moderada
que
podía
aspirar
al
poder
en
unas
próximas
 elecciones.
El
año
1979
se
inició
un
proceso
de 
deterioro político
 que
culminará
con
el
golpe
de
estado
 frustrado
en
1981.
Diversos
factores
explican
esta
crisis
política: La
brutal campaña terrorista de ETA
que
causó
77
muertos
en
1979
y
95
en
1980.
Esos
fueron
 los
dos
años
más
letales
de
la
banda.
El 
 consiguiente 
 desasosiego 
 en 
 los 
círculos militares de extrema derecha
 que
 iniciaron
 contactos
para
la
preparación
de
un
golpe.
El
fin del consenso
con
el
inicio
por
parte
del
PSOE
de
una
dura
campaña
de
oposición.
La
aprobación de los Estatutos de Autonomía del País Vasco y Cataluña a
fines
de
1979
y
las
 consiguientes 
 elecciones 
 autonómicas 
 que 
 dieron 
 mayoría 
 a 
 las 
 fuerzas 
 nacionalistas.
 Convergència y Unió
de
Jordi
Pujol
y
el
PNV.
La crisis interna de UCD.
 Las 
 disensiones 
 y 
 críticas 
 internas 
 en 
 un 
 partido 
 que 
 había 
 nacido 
 de 
 forma 
 artificial 
 fueron
 minando
poco
a
poco
la
posición
de
Suárez,
a
menudo
enfrentado
con
miembros
de
su
propio
 partido.
Todos
estos
factores
precipitaron
la
dimisión de Suárez el 29 de enero de 1981.
Calvo
 Sotelo,
 dirigente
 de
UCD, 
fue
designado
 candidato
 a
la
 presidencia.
Tras 
no
 obtener
 mayoría
 suficiente
en
una
primera
votación,
se
fijó
para
el
día
23
de
febrero
la
segunda
votación
para
su
 investidura.
El golpe de estado del 23-F.
Mientras
 se
 celebraba 
 la
 votación
 de
 investidura
 un 
 grupo
 de
 guardias 
 civiles 
 dirigidos 
 por 
 el
 teniente coronel Tejero
entraron
en
las
Cortes
secuestrando
al
poder
legislativo
y
ejecutivo.

El
 capitán
general
de
Valencia,
Jaime
Milans del Bosch,
decretaba
el
estado
de
guerra
y
publicaba
 un
bando
que
recordaba
los
del
verano
de
1936.
El
segundo
jefe
del
Estado
Mayor
del
Ejército,
 Alfonso Armada,
era
otro
de
los
principales
golpistas.
El
golpe
no
contó,
sin
embargo,
con
el
apoyo
unitario
del
ejército.
La
labor
de
algunos
militares
 como
el
capitán
general
de
Madrid,
Quintana
Lacaci,
posteriormente
asesinado
por
ETA,
fue
clave
 para
abortar
el
golpe.
El
momento
decisivo
llegó
en
la
madrugada
cuando
el
rey se dirigió a los ciudadanos, 
 explicando 
 las 
 órdenes 
 que 
 había 
 transmitido 
 a 
 los 
 altos 
 cargos 
 militares 
 de
 sumisión
al
orden
constitucional.
El último gobierno de UCD: Calvo Sotelo (1981-1982).
Calvo Sotelo
gobernó
sólo
un
año
y
medio
en
un
período
marcado
por
la
descomposición de su propio partido,
la
aprobación
de
la
Ley del Divorcio
con
una
fenomenal
oposición
de
la
Iglesia
y
 el
escándalo
del
envenenamiento
masivo
por
aceite
de
colza
desnaturalizado.
En 
 mayo 
 de 1982, 
 con 
 la 
 oposición 
 de 
 los 
 partidos 
 de 
 izquierda, 
 España 
 ingresó 
 en 
 la
 Organización del Atlántico Norte (OTAN).
El
PSOE
prometió
un
referéndum
popular
sobre
esta
 adhesión
si
ganaba
las
elecciones.
En
octubre de 1982,
Calvo
Sotelo
convocó
elecciones.
El
PSOE consiguió un triunfo arrollador con
más
de
10
millones
de
votos
y
mayoría
absoluta
en
el
Congreso
de
los
Diputados.
El
proyecto
 de 
 "cambio" 
 de 
 Felipe 
 González 
 había 
 arrollado 
 a 
 una 
UCD que casi desapareció
 en 
 las
 elecciones
y
fue
sustituida
por
la
Alianza Popular de Manuel Fraga como el principal partido de la derecha.
Los gobiernos socialistas de Felipe González (1982-1996).
En
la
primera legislatura socialista (1982-1986),
el
gobierno
de
González
tuvo
que
hacer
frente
 a
una
difícil
situación
económica.
El
gabinete
socialista
aprobó
un
estricto
plan de estabilización económica
 que
implicó
un
proceso
de 
reconversión industrial
 que
llevó
al
cierre
de
muchas
 industrias 
 obsoletas. 
 Estas 
 medidas 
 provocaron 
 el 
 desconcierto 
 entre
 las 
 centrales 
 sindicales,
 pero
permitieron
sanear la economía
y
prepararla
para
la
recuperación.
El
gobierno
socialista
tuvo
que
hacer
frente
a
una
dura campaña terrorista de ETA,
con
más
de
 cien
muertos
durante
la
legislatura,
y
a
la
vez
reformar el Ejército
para
acabar
con
el
peligro
del
 golpismo.
Esta
reforma
fue
uno
de
los
grandes
éxitos
del
gabinete.
Otras 
 medidas 
 fueron 
 la 
 aprobación 
 de 
 la 
 reforma 
 universitaria, 
 la 
LODE, 
 que 
 establecía 
 la
 enseñanza gratuita y obligatoria hasta los dieciséis años,
y
una
despenalización
parcial
del
 aborto.
España
finalmente
consiguió
acceder
a
la Comunidad Económica Europea
 el
1
de
enero
de
 1986.
El
viejo
anhelo
de
integración
en
Europa
se
convirtió
en
realidad.
Como 
 contrapartida, 
 Felipe 
 González 
 cambió 
 radicalmente 
 su 
 discurso 
 sobre 
 la 
OTAN. 
 La
 negativa 
 al 
 ingreso 
 en 
 la 
 alianza 
 militar 
 occidental 
 se 
 tornó 
 en 
 apoyo. 
 González 
 mantuvo 
 su
 promesa
de
convocar
un
referéndum y pidió el voto afirmativo a la permanencia en la OTAN.
 El
triunfo
de
la
postura
defendida
por
González
posiblemente
marcó
su
cenit
como
líder
político.
En 
 estos 
 años 
 acabó 
 por 
 diseñarse 
 el 
 mapa 
 autonómico 
 español 
 con 
 la 
 aprobación 
 de 
 los
 diversos
estatutos
de
autonomía.
En
1986,
el
PSOE
volvió
a
ganar
las
elecciones
por
mayoría
absoluta
propiciando
la
crisis
entre
 sus
contrincantes.
Fraga
repitió
resultados
lo
que
propició
una
larga
crisis
en
su
partido
y
el
PCE
 se
coaligó
con
diversas
fuerzas
menores
configurando
Izquierda
Unida.
 La
segunda legislatura socialista (1986-1989).
Estuvo
marcada
por
un
fuerte desarrollo económico
que
duraría
hasta
1992.
Este
crecimiento
 se
concretó
una
ambiciosa
política
de
inversiones
públicas
en
infraestructuras
favorecida
por
la
 transferencia 
 de 
 fondos 
 procedentes 
 de 
 la 
 CEE. 
 Los 
 servicios 
 educativos, 
 sanitarios 
 y 
 de
 pensiones 
 crecieron 
 de 
 forma 
 notable, 
 siendo 
 sufragados 
 por 
 un 
 sistema 
 fiscal 
 relativamente
 progresivo. 
 Por 
 primera 
 vez 
 se 
 podía 
 hablar 
 de 
 un 
Estado del Bienestar
 en 
 España. 
 El
 crecimiento
económico
y
las
medidas
liberalizadoras
del
gobierno
trajeron
un 
aumento de las diferencias de riqueza
 entre 
 los 
 diversos 
 grupos 
 sociales. 
 Los 
 sindicatos 
 CC.OO. 
 y 
 UGT
 organizaron 
 una 
huelga general el 14 de diciembre de 1988. 
 El 
 país 
 se 
 paralizó 
 y 
 Felipe
 González
tuvo
que
negociar
la
retirada
parcial
de
su
programa
liberalizador.
En
1989,
el
PSOE
volvió
a
ganar
por
mayoría
absoluta
que
una
fuerte
reducción
de
votos.
En
esta
 tercera legislatura del PSOE (1989-1993), 
 España 
 celebró 
 en 
1992
 dos 
 acontecimientos
 internacionales,
los 
Juegos Olímpicos
 de
Barcelona
y
la 
Expo
 de
Sevilla
que
mostraron
una
 imagen de país moderno
muy
diferente
a
la
España
de
la
dictadura
de
Franco.
Sin
embargo,
la
recesión
mundial
iniciada
principios
de
los
noventa
golpeó
duramente
a
nuestro
 país.
La
crisis económica,
agravada
por
la
incorrecta
política
económica
del
gobierno,
disparó
la
 inflación y el paro llegó 
 a 
 la 
 dramática 
 cifra 
 de 
 tres 
 millones 
 de 
 desempleados. 
La 
 crisis
 económica 
 fue 
 la 
 antesala 
 del 
 estallido 
 de 
escándalos de corrupción
 (hermano 
 de 
Alfonso
 Guerra
y
FILESA)
que
afectaron
al
gobierno
socialista.
A
ellos
se
vino
a
unir
el
escándalo de los GAL,
grupo
armado
formado
por
policías
y
mercenarios
que
con
la
complicidad
de
cargos
del
 gobierno
llevó
a
cabo
la
"guerra
sucia"
contra
ETA.
En
las
elecciones
de
1993,
el
PSOE
volvió
a
vencer
aunque
esta
vez
sin
mayoría
absoluta
por
lo
 que
necesita
el
apoyo
parlamentario
de
Convergència
i
Unió
de
Pujol.
Las
fuerzas
de
derecha
se
 habían
reorganizado
en
el
Partido
Popular
que
era
dirigido
desde
1989
por
Jose
María
Aznar.
Se
 iniciaba
así
la cuarta legislatura con Felipe González en
el
gobierno
del
país
(1993-1996).
Las 
dificultades económicas, los escándalos y la dura campaña de la oposición
 llevaron
a
 que, 
 tras 
 negarle 
 Pujol 
 el 
 apoyo 
 para 
 aprobar 
 los 
 presupuestos, 
 Felipe 
 González 
 convocara
 elecciones
en
1996.
El gobierno del PP (1996-2000).
Jose María Aznar no
consiguió
la
mayoría
absoluta
y
se
vio
obligado
a
pactar con las minorías nacionalistas para 
 acceder 
 a 
 la 
 presidencia 
 del 
 gobierno. 
 El 
 giro 
 hacia 
 la 
 derecha 
 se 
 vio
 corroborado
con
las 
victorias del PP en las elecciones autonómicas y municipales.
El
ciclo
 socialista
bajo
el
liderazgo
de
Felipe
González
había
tocado
su
fin.
Aznar
centró
sus
esfuerzos
en
implementar
una 
política económica ortodoxa
 que 
redujera el déficit público y reactivara la actividad económica privada.
El
gran 
objetivo
 era
cumplir
los
 denominados 
criterios de convergencia
 (inflación,
deuda,
déficit...)
establecidos
en
el 
Tratado de Maastricht de
1991
y
que
una
vez
alcanzados
permitirían
a
España
unirse
a
la
nueva
divisa
 europea,
el Euro.
La
política
económica
fue
un
éxito.
La
actividad económica se reactivó, el paro descendió
de
 manera 
 notable 
 y 
 el 
saneamiento de la economía llevaría 
 a 
 que 
 España 
 participara 
 en 
 el
 nacimiento
del
Euro en 1999.
El
terrorismo
de
ETA
llegó
a
su
expresión
más
sangrienta
en
verano de 1997
con
el
asesinato
del
 concejal
del
PP
en
el
ayuntamiento
vasco
de
Ermua, 
Miguel Ángel Blanco.
La
crueldad
de
la
 banda
terrorista
y
la
labor
de
los
colectivos
que
llevaban
años
enfrentándose
a
la
violencia
en
el
 País
Vasco
desencadenó
una
importante reacción popular
que
vino
a
denominarse
el
"espíritu
 de
Ermua".
El 
 gobierno 
 de 
Aznar, 
 con 
 el 
 apoyo
 de 
 la 
 oposición
 socialista, 
 se 
 lanzó 
 decididamente 
 a 
 una
 política
de
dureza
con
ETA
y
con
el
entorno
nacionalista.
La
reacción
en
el
campo
albertzale
fue
el
 Pacto de Lizarra-Estella de 1998,
un 
acuerdo de todas las fuerzas nacionalistas, desde el PNV a ETA, para avanzar hacia la independencia.
 Unos
días
después
ETA declaró una tregua indefinida y sin condiciones.
Los
contactos
entre
el
gobierno
de
Aznar
y
el
grupo
terrorista
no
dieron
ningún
resultado
y
un año después ETA volvió a la actividad armada.
El
presidente
Aznar,
que
había
sido
víctima
de
un
 atentado
frustrado
en
1995,
reforzó
su
política
de
enfrentamiento
con
el
nacionalismo
vasco
en
 todas
sus
tendencias.
Las
elecciones
convocadas
en
el
año 2000
marcaron
el
momento
de
apogeo
del
PP
y
Aznar.
El
nuevo
siglo
se
inició
con
una
mayoría absoluta del PP en las Cortes.
Fuente:
http://www.historiasiglo20.org Borja
G.
...