Derecho penitenciario parte 9 (2017)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
Grado Derecho - 4º curso
Asignatura Derecho Penitenciario
Año del apunte 2017
Páginas 4
Fecha de subida 01/08/2017
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derecho penitenciario, optativa 4º curso UAM

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 REQUISAS EN CELDA: son los registros en celda. Este registro no esta previsto en la LOGP. El art 23 solo habla de registros corporales. Lo prevé el RP en el art 93.
Vamos a tener que, por un lado, esta la finalidad de seguridad, pero también esta el derecho a la intimidad del recluso. Si seguimos el principio de legalidad, vemos que debería de ser una Ley Orgánica la que regulara esto, a parte de que haya un control judicial. Ni en los registros corporales ni en las requisas en celda tenemos cobertura legal ni control judicial efectivo. El art 23 solo opera para los departamento especiales de régimen cerrado (primer grado). Esta practica que prevé el reglamento solo para los primeros grados, se ha generalizado a todos. El problema que se ha planteado (stc 89/2006) es si la celda del recluso se puede equiparar al domicilio, y por tanto, a la hora de hacer una requisa se deberían de cumplir las garantías que tienen los domicilios. El TC reconoce que la celda es el ámbito de mas intimidad que puede tener un preso, aunque es un espacio compartido, pero no lo equipara al domicilio y por tanto no necesita autorización judicial. Lo que dice el TC es que sería conveniente, ya que es el mayor espacio de intimidad del preso, que esté delante el preso cuando se haga la requisa y se levante un acta.
Clase 14: 26 de octubre de 2015 (Falta, pedir Noe) TEMA 6: CLASIFICACIÓN PENITENCIARIA Y REGÍMENES DE TRATAMIENTO CONCEPTO Y FINES La clasificación por un lado esta encaminada al tratamiento y con ello a la reeducación y resocialización del sujeto, así como también a la seguridad. Según el art 71 LOGP el régimen tiene que estar supeditado al tratamiento pero en la practica es a la inversa. Se le clasifica en un régimen de vida y si después hay que hacerle un tratamiento se le hace.
La clasificación es la distribución de los penados en grupos homogéneos tras un previo estudio de personalidad para luego ponerle un tratamiento. Hay que asignarle un régimen de vida donde ese tratamiento hay que llevarlo a cabo (en la practica se le clasifica para ver que régimen de vida tiene, horas de patio, cuando debe estar en la celda, etc.) Nosotros tenemos un sistema de individualización científica, en donde se va hacer un estudio de la personalidad del preso y se le va asignar un grado de tratamiento y se le asigna un régimen de vida que debe ser acorde con el tratamiento.
CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN A. CRITERIOS GENERALES  Clasificación en 2º grado de tratamiento (es el régimen ordinario) La Junta de Tratamiento (jurista, psicólogo, director de la cárcel…) se va a encargar de llevar a cabo todas las actividades fundamentales. La Junta de Tratamiento cuando se reúne tiene que tener en cuenta unas variables generales a la hora de la clasificación (art 63 LOGP) y unas variables especiales (art 102.3 y 102.3 RP) Las variables generales son concurrentes a cualquier grado.
- Situación personal (social, familiar, económica..) - Situación penal (tipo de delito, la duración de la pena impuesta, entradas y salidas a prisión, reincidente o no reincidente, si ha entrado voluntariamente en prisión, etc.) Ambas deberían de tener el mismo peso, pero en la practica , la situación penal pesa mas del 90% a la hora de la clasificación.
El segundo problema es que la junta de tratamiento cuando se reúne , el director, el subdirector, el jurista, el psicólogo, trabajador social, el jefe de servicio… La valoración personal debería ser por un psicólogo encargado de hacerle una entrevista y valorar cual han sido los motivos que le han llevado a delinquir. Estudios de penitenciaristas dicen que el 21% de los presos son vistos por psicólogos, que normalmente estos estudios son hechos por el trabajador social que los ha entrevistado, etc. Pero la mayoría de las veces las entrevistas son hechas por otras personas de la Junta, existen casos en los que el psicólogo no los ha visto.
Existen casos en los que solo dos personas de la junta de tratamiento les han visto (cuando debería de verle la mayoría de las personas que forma la Junta).
Otro problema que existe es la falta de motivación, ya que no se exteriorizan en la resolución los motivos a la hora de clasificar). Esto puede dar lugar a que la clasificación se convierta en algo burocrático, es decir, que solo se clasifique por dar algún régimen de vida al preso.
Para el segundo grado nos dice el reglamento que se va a clasificar aquella persona que pueda llevar a cabo una normal convivencia pero no esta preparado para llevar un tratamiento en semi-libertad. Esta regulado en los art 76 y siguientes RP lo que puede y no puede hacer el preso. Este régimen ordinario es que pueden salir a ciertas horas pero a lo que es el patio del módulo o área socio cultural; pero por las noches se mantendrán en las celdas. No pueden salir del centro penitenciario a no ser que tenga flexibilizado el régimen (que ya lo veremos a lo ultimo del tema)  Clasificación en 3º grado de tratamiento (es el régimen abierto) También se deberá tener en cuenta las variantes generales (situación personal y penal). El art 102.4 RP nos dice que podrán ser clasificados en tercer grado las personas que puedan llevar a cabo un tratamiento en semi-libertad.
Desde el año 2003 se endurecen los requisitos para acceder al tercer grado, antes teníamos un sistema de individualización pura, es decir, se le podía clasificar en tercer grado directamente sin haber cumplido un periodo mínimo de condena, pero este principio se ve desvirtuado de la siguiente manera: hay determinados delitos y penas que si no ha cumplido un determinado periodo de tiempo en prisión no se le puede clasificar en tercer grado, por lo que hay una especie de retorno a los sistemas progresivos.
- Penas inferiores a 5 años: el art 72.5 LOGP establece que para poder salir en tercer grado es condición sine qua non pagar la responsabilidad civil (debe de existir un compromiso expreso de que se va a ir pagando la responsabilidad civil y si no lo pagara es motivo de regresión de grado) - Penas superiores a 5 años: además del pago de la responsabilidad civil, el art 36.2 CP (pena de prisión no permanente) nos dice que el juez o tribunal sentenciador puede decretar en la sentencia o auto motivado posterior antes de que ingrese en prisión si ese sujeto que tiene mas de cinco años puede tener acceso al tercer grado. Establece un periodo de seguridad antes de salir en tercer grado. La Junta cuando se reúna debe de saber si el juez le ha decretado o no el periodo de seguridad, si no decreta nada la Junta de tratamiento no puede alegar como motivo de no establecer el tercer grado que no ha cumplido la mitad de su pena. Si el juez no lo ha establecido la Junta lo puede hacer.
Nos podemos encontrar que el tribunal sentenciador podrá decir que no aplica el periodo de seguridad porque considera que estas penas no superan los cinco años individualmente porque son delitos menos graves (por ejemplo: 3 penas de 2 años cada una) o que aplique el periodo de seguridad porque considere que las penas deben de sumarse (este caso se debería plantear en casación de unificación de doctrina al Tribunal Supremo). Existe una circular de instituciones penitenciarias del 2010 que dice que hay que tener las penas de forma individual pero todavía no tenemos ninguna resolución del supremo donde zanje esta cuestión.
Ejemplo: el tribunal sentenciador condena con una pena única 7 años de prisión por un único delito y decide que en esta sentencia para poder ser clasificada en 3er grado tiene que cumplir la mitad de la pena. Si el juez le ha impuesto el periodo de seguridad, este art 36.2 dice que excepcionalmente el Juez de Vigilancia Penitenciaria sobre un pronostico favorable de reinserción puede levantar el periodo de seguridad, puede decir bajo ese pronostico que no necesita cumplir la mitad de la pena, para que el Juez de Vigilancia pueda levantar el periodo de seguridad debe de tener un equipo, debe de ser asesorado, aunque en la practica no todo los juzgados dispones de este equipo, y que luego el juez en base a eso resuelva. Entonces el juez en la practica cuando resuelve lo hace en base a los informes de la junta de tratamiento.
- Condenados por varios delitos (terrorismo, delitos sexuales art 183 y ss. CP): se le pide la responsabilidad civil, si la pena es superior a cinco años siempre tiene que haber cumplido la mitad de la pena (y aquí no valen excepciones, el juez no podrá levantarle el periodo de seguridad). Por ultimo el art 72.6 LOGP establece que en el caso de sujetos que hayan cometido delitos terroristas y pertenencia a organizaciones criminales, deben de mostrar signos inequívocos de que hayan abandonado la organización criminal como, por ejemplo, se debe haber impedido la comisión de nuevos delitos, que haya hecho repudio de sus actividades anteriores, que haya pedido perdón a la victima, etc.
- Supuesto especial para enfermos graves y septuagenarios: se encuentra en el art 36.3. Recoge la practica de flexibilizar los requisitos, cuando esta persona padezca una enfermedad grave o septuagenaria (tener mas de 70 años), siempre que no haya un peligro o haya escasa peligrosidad, se le podría pasar a tercer grado.
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