TEMA 1 - SANCIONES (2016)

Apunte Español
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Derecho - 3º curso
Asignatura Ejecución de sanciones penales
Profesor C.M.P.
Año del apunte 2016
Páginas 25
Fecha de subida 31/10/2017
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TEMA 1 – INTRODUCCIÓN: CONSECUENCIA JURÍDICA DEL DELITO 1. Las sanciones penales en el Código Penal de 1995 modificado por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, y por la Ley Orgánica 1/2015 de 30 marzo. La prisión permanente revisable En primer lugar, ¿qué es una pena? ¿Como se distingue la pena de otras sanciones? Primero de todo, el presupuesto de toda pena es la comisión de un delito, pero también lo es la culpabilidad. Cabe destacar que, únicamente pueden imponer penas aquellos jueces y tribunales que pertenezcan a la jurisdicción penal. De esta manera, las autoridades administrativas, por más altas que sean (un ministro por ejemplo) nunca podría imponer penas, en su lugar, deberían imponer sanciones administrativas. Es importante remarcar que las sanciones penales son distintas a las sanciones administrativas. Además, las penas únicamente pueden ser impuestas en un proceso penal, pues, dicho proceso corresponde exclusivamente a la jurisdicción penal. Por lo tanto, quien dicta la sentencia debe ser un tribunal penal dentro de un proceso penal y, siempre que se trate de hechos que sean tipificados como delito previamente por la ley. No obstante, hay que tener en cuenta que los jueces pueden dictar sanciones que no sean penas (como por ejemplo, la prisión provisional), para una persona mientras se hace efectivo el juicio. En este caso, nos encontramos ante una medida cautelar, y no ante una pena. También, es importante recordar que existen las multas penales y las multas administrativas y que, como diferencia, hay multas administrativas mucho más severas que las multas penales, como por ejemplo las multas de Hacienda. Si la multa la dicta un órgano administrativo seguro que no será penal, sino que solo lo podrá hacer un tribunal competente desde el punto de vista penal. Además de estar recogidas en el Código Penal, las penas también se encuentran recogidas en algunas leyes especiales, como por ejemplo la Ley de Navegación Aérea. 2. Clases y clasificaciones de las penas No todas las sanciones penales están en el CP, sino que Además de estar recogidas en el Código Penal, las penas también se encuentran recogidas en algunas leyes especiales, como por ejemplo la Ley de Navegación Aérea. Por lo tanto, las penas pueden venir del CP y de las leyes especiales. 1 En el CP y desde el punto de vista del bien jurídico afectado, tenemos esencialmente tres tipos de pena: 1. Penas privativas de libertad (art.35 CP) a) Prisión permanente revisable b) Prisión c) Localización permanente d) Responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa 2. Penas privativas de otros derechos (art.39CP) a) La inhabilitación absoluta. b) Las de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión, oficio, industria o comercio, u otras actividades determinadas en este Código, o de los derechos de patria potestad, tutela, guarda o curatela, tenencia de animales, derecho de sufragio pasivo o de cualquier otro derecho. c) La suspensión de empleo o cargo público. d) La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores. e) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas. f) La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos. g) La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o el tribunal. h) La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal. i) Los trabajos en beneficio de la comunidad. j) La privación de la patria potestad. 3. Penas de multa (art.50 CP) a) Sistema de días-multa b) Sistema proporcional 2 A. PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD 2.1 La prisión permanente revisable La prisión permanente revisable se puede aplicar a todos aquellos hechos que se hayan cometido después de la aprobación de dicha pena, que se fue en el julio del año 2015. La prisión es una pena privativa de libertad y, en sí, conlleva un mínimo de 3 meses (antes de la reforma eran 6 meses) y, en principio, el máximo es de 20 años en prisión privativa de libertad. En este sentido, es importante saber que cuando la pena es inferior a 3 meses, esta debe ser sustituida por una multa. Cabe destacar que la diferencia básica entre la prisión y la prisión permanente revisable es que, la pena de prisión permanente revisable es atemporal, puesto que no existe una fecha final (puede llegar hasta el fin de la vida del penado, lo que equivaldría a una cadena perpetua). En cambio, la pena de prisión es temporal, puesto que se condena por un tiempo determinado al reo y, una vez transcurrido dicho tiempo, se le concede la libertad. Concretamente, la prisión permanente revisable supone que el penado puede estar hasta el momento de su muerte interno en prisión. Sin embargo, si esto ocurriera, se trataría de una inconstitucionalidad, puesto que, la Constitución Española de 1978 establece que, en tal caso, se afectaría a la dignidad del penado y, por ello, se estaría afectando contra un derecho fundamental. Con el término “revisable” se hace referencia a que después de un plazo amplio (mínimo 25 años) y mediante un informe de las autoridades penitenciarias favorable, el tribunal deberá considerar dejarle salir de la prisión. Este término es importante desde el punto de vista de los derechos humanos porque lo que hace este término es dar esperanza y es lo que la convierte en una pena humana. Además es precisamente esta palabra la que convierte esta pena en constitucional. Cabe destacar que, la prisión permanente revisable no es aplicable a cualquier delito, sino a unos delitos en concreto que ya se encuentra, previamente, determinados, como por ejemplo delitos de terrorismo con resultado de muerte, o asesinato cualificado (cuando se asesina a un menor de 16 años, a un anciano) o cuando el asesinato sea subsiguiente a un delito de violencia sexual o cuando se asesina a un miembro de la familia Real. Tal y como se ha dicho, el mínimo es de 25 años, pero el art.78 bis permite que este mínimo en vez de 25 sea de 35 años en delitos de terrorismo. En el resto de Europa hay países como Alemania, Noruega, Suecia o Italia que también tienen una pena similar, pero el mínimo en prisión son menores, como en Alemania que son 15 años (o más en casos excepcionales). 3 Un problema que nos podemos plantear es si la reforma 1/2015 era necesaria y, en respuesta a ello, cabe decir que sí, puesto que se trataba de una necesidad. Ello se puede poner en relación con el principio de proporcionalidad constitucional, de manera que si partimos de la tasa de criminalidad podemos determinar si dicha reforma era necesaria o no. Es por eso que, en España la tasa de asesinatos está en menos de 1 asesinato u homicidio por cada 100.000 habitantes y, se trata de una de las menores tasas que existen en Europa y, de ahí surgió la duda sobre si esta reforma era necesaria o no. Entonces, ¿era necesaria dicha reforma? - Si no fuera necesaria, podría estar en juego el principio de proporcionalidad recogido en la CE. - Si fuera necesaria, podremos decir que se trata de una pena constitucional Dado que no se ha considerado una medida inconstitucional, se aprobó la necesidad de la norma. Contrariamente a lo que muestran las tasas, España es uno de los países que más presos tiene internos en las prisiones, con respeto al resto de países europeos. Como modo de resumen, podemos establecer que los máximos en prisión son los siguientes: - Por delito único: 20 años, salvo que se trate de un delito grave (como por ejemplo, el delito de terrorismo). - Por concurso real de delitos: 40 años (por ejemplo, un señor que ha cometido varios asesinatos). Aun así, se pueden estar más de 40 años en prisión porque no todas las penas son acumulables. Por ejemplo, se pueden acumular aquellas penas cometidas en un período de tiempo próximo porque se entiende que se hubieran podido imponer en un mismo proceso. Si los periodos de tiempo son muy lejanos no se pueden acumular. En el art. 15 CE establece que queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares en tiempos de guerra. Esto supone que, constitucionalmente, podría ser posible que el Parlamento dictara una ley que estableciera la pena de muerte, por lo que no está tan abolida como parece. En la UE, por ejemplo, una condición para entrar a formar parte, es tener abolida la pena de muerte en cada uno de los Estados miembros. Concretamente, en el art. 2 de la Carta de los Derechos Fundamentales nos dice que queda abolida la pena de muerte en cualquier circunstancia. Además, en el año 2009 se ratificó por España el Protocolo número 13, lo que significa que, España se comprometía a abolir completamente la pena de muerte. El art. 10 CE nos dice que, la Constitución se interpretará de conformidad con la Declaración Universal de los derechos humanos y los tratados ratificados. En efecto, como España ha ratificado el Protocolo número 13, Entonces hay autores que dicen que dado los datos anteriores, se debe interpretar que inlcuso en tiempos de 4 guerra tampoco habría pena de muerte. En cambio, hay otros que interpretan que la CE sí lo permite. Parece que lo que tenía que haberse hecho antes de ratificar en Convenio Europeo y el Protocolo era suprimir esta parte de la CE. Históricamente, existen dos momentos importantes en cuanto a la pena de muerte. La brecha entre ambos momentos se abrió en el s. XVIII, con la Revolución Francesa, que marcó un antes y un después: • La primera fase, en el Antiguo Régimen, anterior a la Revolución Francesa, la pena de muerte se aplicaba frecuentemente, de manera que, en el sistema de este momento histórico, la pena más importante era la pena de muerte y después se aplicaran los azotes, torturas y otras penas. Se trata de un sistema muy cruel que se aplicaba a algunos delitos, sin que fueran de una importante gravedad. • La segunda fase, después de la Revolución Francesa, coincide con el movimiento de la Ilustración, a través de la cual, sus máximos exponentes imponían la razón en donde había oscuridad (Beccaria y otros autores) creyeron que no había ninguna necesidad alguna de imponer la pena de muerte en todos los delitos por la que estaba prevista, dado que no se cumplía con el principio de proporcionalidad en la mayoría de los casos. Por ejemplo, por un delito de hurto en Palacio, se aplicaba la pena de muerte, lo cual no era proporcional. Por tanto, la filosofía de la Ilustración era modificar el sistema del Antiguo Régimen, pues no había necesidad alguna de aplicar penas de semejante crueldad. A partir de aquí, encontramos la aparición del sistema moderno, en el cual la pena de muerte solo se aplicaba a algunos delitos muy graves. El objetivo de la ejecución de la pena de muerte pretendía causar el mayor dolor posible y, es por eso que, encontramos algunos ejemplos en el descuartizamiento, en el fuego o en penas de este estilo. Una característica importante de la pena de muerte es que, tenía que hacerse en una sesión pública y, en Francia se hizo la última sesión pública en el año 1889 y en España fue en el año 1975. Cabe destacar que, los DDHH aparecieron con el movimientos de la Ilustración y, en ese momento apareció el concepto de la dignitad humana. Posteriormente, apareció la pena de prisión, concretamente, en el siglo XVIII, por la causación indebida. No se trata de una medida cautelar, si no que se impone como pena la privación de 5 libertad. Por lo tanto, a partir de la Ilustración apareció la pena de prisión, aunque, anteriormente, ya tuvo sus antecedentes en el Derecho Canónico. Por lo tanto, la pena de prisión no es tan antigua, se introdujo en el s.XVIII, aunque tiene precedentes como en el Derecho Canónico o el hecho de que en Francia se podía estar detenido indefinidamente sin juicio, que no era pena de prisión pero se parece Algunos argumentos a favor de la pena de muerte: - Causar intimidación en los delicuentes - Eliminar los sujetos que son delincuentes de la sociedad - Cumplir con el principio de proporcionalidad por el delito causado y, castigar. - Respuesta por parte del Estado, en sentido en que es una pena de retribución (pagar por lo que has hecho). En Inglaterra, en el año 1975 se llegó al acuerdo de abolir, provisionalmente, la pena de muerte. Este acuerdo duró 5 años y se trataba de una prueba, de manera que, al abolir la pena de muerte tendría que disminuir el número de delitos cometidos. Sin embargo, en este estudió se comprobó que la pena de muerte no era necesaria, pues, al aoblirla, no había disminuido el número de delitos. Por lo tanto, la pena de muerte es una pena neutral, en el sentido que, de su existencia no depende el número de delitos que se cometan en una sociedad. Esto sucedió porque, las personas que están decididas a cometer un delito no se paran a pensar en las consecuencias de sus actos y, por lo tanto, el número de delitos cometidos no desdendía. Es por eso que, si tenemos en cuenta que una de las funciones de la pena es la resocialización del reo, si aplicamos la pena de muerte, es evidente que, no se puede cumplir con dicha función de la pena. Entonces, si consideramos que la pena de muerte es inhumana en tiempos de paz, también lo es en tiempos de guerra, pues, no cambia su naturaleza según el paso del tiempo. Cuando hay pena de muerte, tenía que existir un “verdugo”, es decir, una persona que ostenta a el cargo de llevar a cabo la ejecución de la pena de muerte. Cabe destacar que, ha habido una evolución del sistema de penas humanitario, de manera que, cada vez encontramos un sistema de penas más razonable. En Alemania, el argumento para abolir la pena de muerte en el año 1949 fue el abuso de derecho cometido por los nazis. 6 2.2 La pena de prisión Siempre se debaten dos temas: • Penas cortas: se discute su utilidad. La idea dominante es que deberían ser eliminadas porque el ingreso en prisión puede significar entrar en una subcultura donde el reo aprenda más sobre la delincuencia de lo que sabía antes de entrar. En el CP del 1995 se introdujo el hecho que hasta los 6 meses no se entraba en prisión, aunque en el CP de 2003 se bajó a 3 meses. Así pues, según el art. 71 CP: 1. En la determinación de la pena inferior en grado, los jueces o tribunales no quedarán limitados por las cuantías mínimas señaladas en la ley a cada clase de pena, sino que podrán reducirlas en la forma que resulte de la aplicación de la regla correspondiente. 2. No obstante, cuando por aplicación de las reglas anteriores proceda imponer una pena de prisión inferior a tres meses, ésta será en todo caso sustituida por multa, trabajos en beneficio de la comunidad, o localización permanente, aunque la ley no prevea estas penas para el delito de que se trate, sustituyéndose cada día de prisión por dos cuotas de multa o por una jornada de trabajo o por un día de localización permanente. • Penas largas: se dice, según expertos, que la esperanza de vida que está privada de libertad no llega a los 60 años. Esto es debido a que hay un mayor deterioro tanto físico como psíquico en prisión. Por eso se piensa que no se deberían pasar de penas de 15 años. Aun asi, por inoquización en España se superan los años. La pena máxima de privación de libertad por un delito único son 20 años, salvo los que otros preceptos del CP dispongan. Por ello, los delitos de terrorismo están marcados en 30 años. Cuando se trata de varios delitos (concurso real) el límite máximo es de 40 años (art.76 CP) 2.3 La localización permanente El nombre de localización permanente, hace referencia a un deber de permanencia. Lo que supone es un deber de permanencia en el lugar del domicilio (arresto domiciliario) o en un lugar determinado por el juez. La ley permite mecanismos mecánicos de control para la ejecución de la pena de localización permanente, como a través de algunos programas informáticos de reconocimiento de la voz. Entonces, la pena de localización permanente, después de la reforma del 2015, solo se puede aplicar a los delitos leves (anteriormente, antes de la reforma del 2015, se aplicaba a los delitos menos graves). Por eso, se puede decir que es una pena que ha perdido protagonismo. Antes existían dos modalidades y dependía de lo que el penado pidiera y el juez decidiera: • Cumplimiento continuo de la pena: todos los días. (la modalidad más habitual) 7 • Para fines de semana *Cuando por la reiteración de hechos se cumpla en el centro penitenciario (hoy en día ya no se establece en ningún precepto penal, así que quedó abolida). Por lo tanto, una característica de esta pena es que debe cumplirse de forma continuada. 2.4 Responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa Anteriormente, se denominaba arresto sustitorio, cuando la pena de multa no era suficiente, por razones de insolvencia, tenía lugar la responsabilidad personal subsidiaria. El problema de la pena de multa es la desigualdad entre el ciudadano rico y el ciudadano pobre (el pobre no puede pagar la pena de multa y debe cumplir con la pena de prisión). Es por eso que, la gravedad de la pena de multa no es la misma que la gravedad de la pena de privación de libertad. En Italia, el arresto sustitorio es inconstitucional y, lo que se debe es sustituir el arresto por trabajos en beneficio de la comunidad. En España, existe una STC del año 1978, que concluyó que esta medida era constitucional, pero añadió que, a ser posible, se evitara la prisión y se cambiara por arresto domiciliario, ya que no se violaba el precepto constitucional de la igualdad pero sí que era un poco desigual. Así pues, la RPS se puede sustituir por TBC y localización permanente en delitos leves. Es importante decir que, la responsabilidad personal subsidiaria desaparece cuando la pena de prisión es superior a 5 años. Por ejemplo, un señor que está condenado a una pena de prisión de 5 años y 1 día, al impago de la multa no se le puede aplicar la responsabilidad personal subsidiaria. B. PENAS PRIVATIVAS DE OTROS DERECHOS Hay penas que traen consigo otras penas, como por ejemplo las pena de prisión superiores a 10 años, que llevan consigo la pena de inhabilitación absoluta (es una pena accesoria). La inhabilitación absoluta consiste en la privación de todos los honores (títulos honoríficos), empleos o cargos públicos, que pueda ostentar el penado, así como la privación del derecho a ser elegido, durante el tiempo de la condena. Así pues, tenemos penas accesorias (que acompañan a otro delito) y las penas principales (penas que únicamente son privativas de otros derechos, de los arts.39-49CP). Aun existiendo esta diferencia, las penas consisten en lo mismo. Las penas que había anteriormente eran la muerte civil y, posteriormente, la interdicción civil. 8 Cuando la pena de prisión es inferior a 10 años, se aplica normalmente la pena de privación de sufragio pasivo (no ser elegido). Por mala praxis, también se aplican penas accesorias de inhabilitación de la profesión y esta será una inhabilitación especial. Hay penas también de privación de la patria potestad, como sería un caso de incesto de un padre a una hija. En este caso, e hijo mantiene el derecho a que el padre se ocupe de él pero en el sentido de los deberes del padre. Así pues, el padre pierde los derechos sobre el hijo pero sigue teniendo obligaciones. Diferencia entre empleo y cargo público - Cargo público: empleo temporal (alcalde), normalmente cargo por ser elegido. - Empleo público: empleo pensado como de larga duración, dado que implica unos estudios previos. La SUSPENSIÓN no es una inhabilitación, ya que en principio se puede recuperar. Aun así, en el artículo 50 de la ley de funcionarios del estado dice que la suspensión comportará la pérdida del trabajo. Desde el punto de vista administrativo se entiende como la privación del empleo. Asi pues, por via administrativa se altera lo dicho por la via penal. Los trabajos en beneficio de la comunidad (TBC) consisten en lo siguiente: Puede funcionar como pena principal o como pena sustitutiva. El derecho que se priva con los TBC es, por una parte, la restricción de la libertad (en relación al tiempo libre que se le quita) y, por otra parte, el patrimonio (puesto que se trabaja sin retribución). Es necesario que exista el consentimiento del penado para poder aplicar los TBC, en basse al art.25.2 CE que establece que las penas de prision y medidas de sguridad estan orientadas a la reinserción social y nunca podrán consistir en trabajos forzados. En realidad la voluntad del legislador lo que quería era evitar que se hiciera trabajar a los presos sin remuneración como pasaba anteriormente. Los TBC tienen un objeto doble: • Realizar trabajos de actividad pública, de asistencia social o de asistencia las propias víctimas de forma no retribuida (asistir a discapacitados en hospitales, ONG’s, borrar graffitis...). Estos trabajos los controlan los servicios sociales penitenciarios. 9 • Desde la reforma del 2010 la pena también puede consistir en participar en talleres o programas formativos. Una vez el penado acepta los TBC el consentimiento ya es inexorable. Cuando el juez dicta sentencia y incluye TBC, los servicios sociales penitenciarios deben llevar acabo el plan de ejecución, es decir, seleccionar el lugar, etc. Dependiendo de las cargas laborales, familiares, etc del penado. Para que se considere que hay quebrantamiento de condena es necesariio un mínimo de 2 días de ausencia injustificada. Finalmente se realiza un informe y se envía al juez. Nunca podrá supeditarse a un logro de carácter económico, es decir, no se puede obtener un logro económico con este trabajo de modo que ni se puede explotar al penado ni tampoco se puede malmeter su dignidad. C. PENAS DE MULTA Después de la pena de prisión, la multa es la más frecuente y se suele aplicar para delitos menos graves, excepto en el caso de las personas jurídicas. En el CP’44 (franquista) muchos delitos se castigaban con pena de prisión y multa pero hoy en día y a partir del CP’95 (y sus reformas) ya no es posible y se aplica para los delitos leves (las antiguas faltas). La pena de multa tiene ventajas. La gran ventaja es que no separa al penado ni de su ambiente familiar ni laboral, ya que permite que el penado siga en contacto con la comunidad, de modo que no se segrega de su entorno. Además, tiene efectos disuasorios, pero generalmente solo funciona en los países más ricos, porque son países donde las multas se pagan y es cuando resultan eficaces. El gran problema de la multa es la insolvencia del reo y cuando no se paga debe existir un mecanismo para que sea eficaz el sistema penal: la responsabilidad penal subsidiaria (privación de libertad por impago de la multa). Esta es, pues, una gran injusticia: el pobre va a la cárcel y el rico 10 puede pagar y quedarse en casa. Para paliar este trato desigual el TC en el 1988 dijo que la RPS era constitucional pero que se debería incluir la opción de arresto domiciliario, para evitar la desigualdad. Así pues, hoy en día se permite que la RPS se pueda sustituir en TBC o, bien, cuando el delito es leve, localización permanente. Ahora, la realidad, es decir, la práctica judicial, es que no siempre se dan los TBC, sino que lo más frecuente es la entradda en prisión. Y es que los TBC es complejo y complicado y muchas veces no se cumple y se llega a la impunidad. En España existía la pena de multa en sentido global, pero hoy en día en el código penal coexisten dos sistemas: • Sistema de multa proporcional (global): Funciona desde el s.XIX. se paga la multa al momento. Se llama proporcional porque la multa está en proporción de: • o Daño causado o Objeto del delito o Beneficio obtenido o reportado por el delito Sistema de días multa (sistema de cuotas): apareció este sistema en los países escandinavos. Este sistema parece más justo. Consiste en dos operaciones: o Primero, la determinación de la duración de la multa (días, semanas, meses o años): esta duración temporal va en relación a la gravedad del delito. (Meses: 30 días, Años: 360 días). o Segundo, la fijación de la cuantía concreta de la multa, en función de la capacidad económica del reo. (Para gente de vida normal, 6€ habitualmente) § § Personas físicas • Mínimo: 2€ • Máximo: 400€ Personas jurídicas • Mínimo: 30€ • Máxima: 5.000€ La multa se puede pagar en efectivo y también se puede pagar fraccionadamente (máximo 2 años) si se pide al juez y se justifica. ¿Se puede escoger voluntariamente pagar o no pagar la multa? La RPS no se aplica si el penado tiene bienes, de modo que primero se deben embargar los bienes (vía de apremio), de modo que solo se aplicará la RPS por insolvencia comprovada. 11 Todas las penas de multa que pueden imponerse a una PJ son penas graves, por cualquiera de los dos sistemas, aunque en la mayoría de preceptos ya se especifica la multa concreta. Las otras penas para las PJ estan en el art.33.7 CP como lo soson: - Disolución de la PJ, de modo que pierde su vida jurídica. - Clausura de locales y establecimientos por un máximo de 5 años. - Intervencion judicial: significa que se sustituye el administrador que había por un administrador judicial. - Privación de beneficios fiscales - Prohibición de contratar con el sector público - Etc. Si una PJ no paga la multa, la RPS no puede ser de cárcel, ya que no es posible, sinó que si no paga la multa la PJ será intervenida judicialmente. 3. Otras consecuencias del delito: medidas de seguridad, consecuencias accesorias y responsabilidad civil. Especial referencia a la medida de libertad vigilada. Cuando hablamos de derecho penal vemos que no solo tenemos penas, sino que hay otras consecuencias del delito. Es importante la diferencia entre medida de seguridad y pena: antes solo había penas, pero con la industrialización la criminalidad aumentó y se dieron cuenta que la pena no era suficiente para hacer frente a todos los delitos. Así pues, las medidas de seguridad se pensaron para estados peligrosos donde no se podía condenar a las personas aunque sí que eran peligrosas (como los inimputables o semi-imputables) así como también aquellas personas que tenían una culpabilidad era parcial, de modo que no era suficiente para poderlo condenar pero que sí que resultaban peligrosas o dañinas. Se pueden distinguir dos sistemas: el monista y el dualista. En España, hasta 2010 teníamos un sistema monista, es decir, que solo se podía imponer o bien una pena o bien una medida, de modo que para los inimputables se imponían MS y a los imputables pena de prisión. En 2010 se introdujo la libertad vigilada posterior al cumplimiento de la pena de prisión, de modo que se aplican las dos penas. Este paso al sistema dualista es un paso discreto, ya que ahora tenemos un sistema dualista pero en el sentido de que la MS no es una medida privativa de libertad, sino que es una medida no 12 privativa de libertad, sino que no se trata de cumplir una pena de prision y además cumplir una medida de seguridad (con privación de libertad), como pasa en Alemania, sino que nos conformamos simplemente con que después del cumplimiento de la prision y si es necesario, cumplir con la libertad vigilada. Por lo tanto, tenemos un sistema dualista pero no tan severo como el sistema Alemán, sino que aquí lo único que se puede hacer es pena de prisión + pena de libertad vigilada, que nunca será de privación de libertad. Es importante insistir en esto porque en el proyecto de 2012 se intentó incluir el sistema de las MS en España pero parece que el principio de humanidad no lo tolera porque lo considera un abuso. En nuestro CP se dice que las MS, igual que las penas, son irretroactivas. A) Medidas de seguridad Mientras que en la escuela clásica solo existía el castigo de la pena, en la escuela positiva se creía que, con la pena, no era suficiente para luchar contra la criminalidad y, así, reducir la comisión de delitos. Es por eso que, las medidas de seguridad provienen de la escuela positiva y, de allí, se implantó la sustitución de la pena por otra clase de sanciones distintas. En España, antes de la reforma del 2010, predominaba el sistema monista, de manera que, únicamente, se aplicaba una pena. Sin embargo, en 2010 se introdujo la libertad vigilada que se trata de una pena posterior a la ejecución de la pena y, esto, implica la introducción de un sistema dualista, dado que se interponen dos penas al reo. Actualmente, el presupuesto de las medidas de seguridad es la prisión previa, esto es: - La comisión de un delito - La culpabilidad Sin embargo, debemos añadir el concepto de la peligrosidad criminal. En principio, estas son las diferencias teóricas entre una pena y una medida de seguridad. Sin embargo, también es importante el tratamiento de dicha medida de seguridad sobre los sujetos a los cuales se aplica, porque, el problema es que, tanto las penas como las medidas de seguridad privativas de libertad se cumplen en un centro penitenciario y, en los dos casos, existe, evidentemente, privación de libertad (prisión). Las medidas de seguridad en el CP 1995 solo se podían aplicar a dos tipos de sujetos: • Inimputables, es decir, aquellas personas que carecen de culpabilidad. • Semimputables, lo que significa que no son del todo imputables. Después de la reforma del CP 1995 por la Ley 1/2015, las medidas de seguridad también pueden ser aplicadas a los sujetos imputables, esto es, aquellas personas a las cuales se les impone una pena porque concurre la culpabilidad en ellos. Cabe destacar que, la idea del tratamiento no es tan 13 importante en los imputables, con diferencia del tratamiento a los inimputables y semimputables. Por eso, lo que se hizo fue introducir, por primera vez en España, la medida de la libertad vigilada. Actualmente, la medida de la libertad vigilada se aplica a todos los sujetos vistos anteriormente: inimputables, semiputables e imputables. Sin embargo, es importante remarcar que la libertad vigilada es una medida de no privación de libertad. Además, cabe destacar que, a los imputables se les puede aplicar la medida privativa de libertad (es decir, la pena de prisión) y, a la vez, una medida de seguridad (como la libertad vigilada) y, por ello, podemos afirmar que se ha dado paso al sistema dualista, teniendo en cuenta que, anteriormente, predominaba el sistema monista en España. En el sistema vigente, en el art. 97 CP contempla el sistema vicarial (conocido como “sistema de sustitución”) lo que supone que, a un sujeto que es semimputable se le puede aplicar una medida de privación de libertad y una medida de seguridad. Pero, primero se debe cumplir la medida de seguridad y, después, se impone el cumplimiento de la pena de privación de libertad (y es por ello, por lo que se dice que todavía estamos dentro del sistema monista). El problema entre, las medidas de seguridad y las penas, radica en su naturaleza. Si hablamos de penas y de medidas de seguridad no privativas de libertad pueden cumplirse de manera simultánea. B) Consecuencias jurídicas accesorias del delito Una de las consecuencias jurídicas accesorias del delito es la pena, así como también lo es la medida de seguridad, pues, como sabemos, el Derecho Penal está integrado por delitos, penas y medidas de seguridad. Pero, la responsabilidad civil ex delicto (que deriva de un delito), también es una consecuencia jurídica accesoria del delito. No obstante, la pregunta es: ¿la responsabilidad civil forma parte del Derecho Penal? No, la responsabilidad civil, tal y como indica el nombre forma parte Derecho Civil y no del Derecho Penal. Es importante saber que, de todos los delitos no se desprende dicha responsabilidad civil, porque, para que haya responsabilidad civil de un delito debe existir un daño. Es por eso que, el fundamento de toda responsabilidad civil es la existencia de la producción de un daño (que puede ser patrimonial, moral...). Por lo tanto, siempre habrá responsabilidad civil cuando se cometa un delito y que, de la comisión de ese delito se derive un daño a un sujeto determinado. En el Derecho Penal se exige un comportamiento humano de un sujeto para que este asuma la responsabilidad, sin embargo, en el Derecho Civil puede haber un sujeto que ni siquiera haya participado en la comisión del delito y que tenga que asumir la responsabilidad. 14 Por ejemplo, un coche que está a nombre de un padre y el hijo, sin seguro, tiene un accidente y atropella a alguien. El responsable es el hijo, pero en caso que este sea declarado insolvente, el responsable civil es el padre, que tan siquiera ha participado en la comisión del accidente. Esto es así porque, el derecho civil lo que hace es imputar a alguien al pago de una indemnización para restablecer el patrimonio sobre el que se ha producido un daño. C) Responsabilidad civil directa La responsabilidad civil directa es aquella responsabilidad civil de las compañías de seguro. En estos casos, la compañía de seguro tiene la obligación de pagar el patrimonio que ha sido dañado y, por ello, el sujeto que se encuentra afectado tiene una acción contra la compañía. Además, tenemos otras consecuencias jurídicas accesorias (art. 129 CP): I.
El comiso El comiso consiste en la intervención de los efectos, bienes e instrumentos con los que se ha cometido el delito (por ejemplo, vamos a Marruecos y cargamos el coche de droga, la policía podría quedarse el coche). Anteriormente, el comiso era una pena accesoria, pero, actualmente, se entiende como una medida accesoria. Entonces, con la reforma 1/2015 el comiso ha sufrido una reforma importante y, se encuentra recogido en el art. 127 bis, ter, quarter y siguientes. Cuando vemos una pena accesoria, al ser pena accesoria se partía del principio de personalidad de las penas, de manera que, solamente, debían ser entregados los objetos personales con los que el autor había cometido el delito. Sin embargo, actualmente, al tratarse de una medida accesoria, pueden ser retenidos también los objetos de una tercera persona que haya intervenido en la comisión del delito. El comiso de valor económico equivalente, lo que significa que, si el objeto aprehendido no tiene valor, lo que se puede hacer es comisar otros bienes distintos que tengan un valor económico equivalente. El comiso debe hacerse en el momento de la sentencia, aunque puede hacerse en el momento de la instrucción también. El comiso sin sentencia es un de comiso que puede tener lugar en aquellos supuestos en los que el autor ha fallecido o ha entrado en una incapacidad mental que impide que sea juzgado y que, por lo tanto, el juicio tenga lugar. En estos casos, existe el comiso sin sentencia. Cabe destacar que, una característica del comiso es el principio de proporcionalidad. De esta manera, el bien comisado debe ser equivalente al delito que se ha cometido y, atender a la adecuación del principio de proporcionalidad. 15 Por ejemplo, si yo tengo un Mercedes y dentro escondo una bolsa de marihuana para venderla. En este caso, no se podría comisar el Mercedes por una bolsita pequeña de marihuana, pues, se estaría atentando contra el principio de proporcionalidad (ya que no es lo mismo 5 gramos de marihuana que un Mercedes). II.
Medidas penales aplicadas a personas que no tienen personalidad jurídica Las personas jurídicas también pueden ser objeto de pena. Obviamente, no será la pena de prisión, pues a una persona jurídica no se la puede poner en la cárcel, pero se le puede imponer la pena de multa, la obligación de cierre del local, intervención de una administración, por ejemplo. El art. 129 CP nos indica que estas mínimas sanciones se llamarán consecuencias jurídicas accesorias si se refieren a aquellas empresas o asociaciones, que no tengan personalidad jurídica. Por lo tanto, son penas para las personas jurídicas respeto de aquellas asociaciones o empresas que no tengan personalidad jurídica. Cabe tener en cuenta que, no todos los delitos se pueden aplicar a las personas jurídicas. 4. Non bis in ídem (EXAMEN!!!) Non bis in idem: no dos veces en lo mismo. Significa que un mismo hecho no puede castigarse dos veces. Según el TC este principio se incluye en el art.25 CE, en el principio de tipicidad. En efecto, cualquiera sea la de nición adoptada, el “ne bis in ídem” garantiza a toda persona que no sea juzgada nuevamente por el mismo delito o infracción, a pesar de que en el juicio primigenio fue absuelto o condenado por los hechos que se pretenden analizar por segunda ocasión. Tiene dos aspectos a considerar: • Aspecto procesal: una vez la sentencia es firme, ya es cosa juzgada. De este modo, aunque luego de ser firme la sentencia se supiera que esa persona era culpable y se le ha absuelto, no se puede hacer nada al respecto. Por lo tanto, esta fórmula se refiere a la reacción penal material (condena, pena o castigo). Su consecuencia más importante es la carencia de reparos jurídicos para admitir la revisión de una sentencia rme, aun en contra del imputado absuelto o del condenado por un hecho punible menos grave o a una pena más leve que la correspondiente y, en general, para concebir el recurso del acusador contra la sentencia. Lo único que garantiza es que una persona no sufra la reac- ción penal más de una vez. • Aspecto material: non bis in idem significa que no se puede aplicar dos veces una sanción por el mismo hecho. Por ello, en este segundo aspecto, el “ne bis in ídem” impide la 16 persecu- ción penal y se extiende como garantía de seguridad para el imputado, al terreno del procedimiento penal. Por esa razón, cubre el riesgo de una persecución penal renovada cuando feneció una anterior o aun está en trámite. El principal efecto de la regla así concebida consiste en impedir absolutamente toda posibilidad de establecer el recurso de revisión en contra del imputado absuelto o del condenado por un delito más leve. Por lo demás, es claro que la fórmula extiende su inuencia al mismo trámite procesal, declarando inadmisible tanto el regreso sobre la persecución penal ya agotada, como la persecución penal simultánea ante distintas autoridades. En relación a los concursos de leyes, este principio es muy importante. Muchas veces aparentemente una norma penal es de aplicación, pero resulta que hay otra norma que también es de aplicación. En estos casos, debemos establecer criterios para determinar cual es la norma que debe aplicarse: • Principio de especialidad: si un delito se conforma por a+b y otro por a+b+c, el segundo sería el especial. (Ejemplo: homicidio (a+b) y asesinato (a+b+c)). Cuando ocurre el hecho debemos decidir cual aplicamos, por ejemplo, si homicidio o asesinato. En relación al conflicto entre derecho penal y derecho administrativo. Es posible, en un mismo hecho, sancionar por la vía penal y, a su vez, por la vía administrativa? Ø Sí, puesto que el derecho penal es preferente. Ø El derecho penal tiene preferencia respecto el derecho administrativo. De este modo, primero se debería dictar la sentencia penal y, posteriormente, normalmente no se podrá incoar un procedimiento administrativo. Ø La jurisdicción administrativa no puede cambiar los hechos probados en la jurisdicción penal. Los requisitos del non bis in idem son los siguientes: • Identidad del sujeto • Identidad del objeto • Identidad del bien jurídico Cuando se dan los tres requisitos es cuando entramos a valorar el non bis in idem. 17 Aunque a veces no existe identidad del bien jurídico. Por ejemplo, un policía es condenado a una pena de prisión. Si el bien jurídico protegido por la policía es distinto del bien jurídico protegido en el delito, el derecho administrativo, posteriormente, podrá actuar. (P.ej: El policía comete un robo y el patrimonio es el bien jurídico que se protege en el precepto penal que se aplicó, pero además por el derecho administrativo se le juzgará por malmeter la mala imagen de la policía, que es otro BJ). Pero si un juez comete un delito y es inauditado, en principio no se le podrá incoar un expediente disciplinario. Por ejemplo, una multa de tráfico y, además, delito por conducción temeraria. Pues entonces, después de la sentencia penal y si se pone una multa por vía penal tendremos que descontar el importe de esta por vía administrativa. (Ej: multa penal de 800 y administrativa de 1000. A los mil se le descuentan los 800, ya que sino habría bis in idem). Sentencia importante: STC Pleno 2/2003 de 17 de junio. Ampliación sobre los tres requisitos: La doctrina, a los nes de dar una respuesta analítica al interrogante de cuándo se con gura un “bis in ídem” requiere la existencia de tres “identidades” que deben presentarse en forma conjunta. Ellas son: la de la persona perseguida (“eadem personae”), la del objeto de persecución (“eadem res”) y la de la causa de persecución (“eadem causa petendi”). a) Identidad personal: se re ere a que la persona que fue condenada o absuelta, o que está siendo sometida a enjuiciamiento penal, y a la cual se le imputa ese mismo hecho, sucesiva o simultá- neamente, debe ser la misma. El principio sólo ampara a aquel sujeto que está siendo sometido al peligro de una nueva punición por el mismo hecho. De esto se desprende que el principio no tiene efecto extensivo en favor de los demás coautores o partícipes que aun no hayan sido juzgados (Binder, 2002: 169). b) Identidad objetiva: este segundo elemento alude al hecho como acontecimiento de la realidad, como un suceso fáctico, independientemente de la tipi cación legal que pueda otorgársele en cual- quiera de los procesos. Se trata de una identidad eminentemente fáctica y no de cali cación jurídica. Existen algunos casos interesantes en los que se discute la con guración del principio; así están los supuestos de “concurso de delitos” que exigen una operación hermenéutica a los nes de determinar si se trata de un mismo hecho o de hechos 18 diferentes. Así, por ejemplo, el concurso real o material, supone la imputación de hechos diferentes; se trata -en concreto- de una pluralidad de eventos rea- lizados por una misma persona y que constituyen una pluralidad de delitos (Mir Puig, 1998: 673). Por tanto, en este primer supuesto nada obsta a que se inicie un nuevo proceso para castigar los hechos en cuestión que aún no fueron enjuiciados, ya que se trata de una pluralidad de hechos, entre los cuales, a lo sumo, existe un vínculo que no altera en forma alguna sus respectivas autonomías (Leone, 1963: 344). El concurso ideal o formal se con gura cuando un solo hecho constituye dos o más infracciones penales. El eje fundamental de esta institución es la unidad de hecho, la cual se determina conforme a los criterios desarrollados en el derecho penal. Aquí se daría una identidad de hecho y, por ende, la prohibición de “bis in ídem”. El caso genérico del concurso de leyes o concurso aparente, con todas sus subespecies, es idéntico al del concurso ideal, ya que se trata también de una imputación única que desde el punto de vista jurídico penal admite más de un encuadramiento jurídico y a diferencia del anterior, sólo uno es operable. El llamado delito continuado merece el mismo tratamiento, pues a pesar de que se reconoce integrado por varios comportamientos o hechos diversos, separables fáctica y jurídicamente, la teoría del delito establece como cción su unidad imputativa por razones políti- cas. En vista de lo anterior, en el cual en un proceso primigenio ya se juzgó el hecho sólo por una de las varias guras punibles en las que encuadra el evento, no puede -luego- el Estado pretender motorizar nuevamente el “ius puniendi” a los nes de enjuiciar a esa misma persona por la otra u otras guras punibles en las que también se subsume ese hecho, y que quedan por fuera en el primer proceso. c) Identidad de causa: a pesar de que exista identidad de persona y de objeto en dos o más procesos distintos, puede ocurrir que la regla del “ne bis in ídem” rechace su propia aplicación. La doctrina examina los casos que provocan este resultado excepcional como otra identidad, de causa o de pre- tensión punitiva. Es decir, nuclea bajo un nombre equívoco diversas situaciones en las que la múltiple persecución penal es tolerada por el orden jurídico. En verdad, de lo que aquí se trata es de delinear ciertos límites racionales al funcionamiento del principio, en el sentido de permitir la múltiple persecución penal de una misma persona por un mismo hecho, cuando la primera persecución, o una de ellas, no pudo arribar a una decisión de mérito o no pudo examinar la imputación, objeto de ambos procesos, desde todos los puntos de vista jurídico penales que merece, debido a obstáculos jurídicos. Un primer aspecto de la solución reúne a aquellas decisiones que arman su fuerza de cosa juzgada formal, pero rechazan la fuerza de cosa juzgada material. Todas ellas, una 19 vez rmes, llevan implícito el efecto de impedir el planteo del caso de la misma manera en que fue formulado, pero no inhiben una nueva persecución, materialmente idéntica, no bien se corrijan los defectos u obstáculos que impiden la primera. Por lo tanto, la posibilidad de la sentencia de mérito es la que domina el principio. Sin embargo, existen otros casos en los que, a pesar de ser posible y debida dicha sentencia de mérito, ella -por ciertos obstáculos que impone la misma ley- no puede agotar el tratamiento jurídico penal del hecho o unificar procesalmente la pretensión punitiva que emerge de ese hecho. Cuando concurren formalmente dos infracciones a la ley penal, perseguibles de distinto modo (acción privada y acción pública), y una de ellas no se puede juzgar por un obstáculo jurídico no superado (falta de persecución de quien está legitimado para ello) o no se puede juzgar por el mismo procedimiento (distinto para los delitos de acción pública y los de acción privada, y prohibición de la ley procesal de acumular estas acciones en un único procedimiento), la sentencia nal sólo puede apreciar jurídicamente el hecho atribuido de modo parcial y la limitación proviene de la propia ley. 5. Distinción y relaciones con otras figuras: medidas cautelares, sanciones administrativas y privaciones de derechos 6. Condena penal y cumplimiento de la pena. Órganos de la ejecución penal. Acumulación de penas Si al penado se le ha impuesto solamente una pena, por ejemplo, una pena de 4 años, el cálculo es bastante sencillo. Si a esta persona, a los dos años, se le concede el 3r grado, gozará de un régimen de semi-libertad, ya que, en principio, trabajará fuera de la prisión pero dormirá dentro. También es posible que, cuando concurran los requisitos, se le conceda la libertad condicional, de modo que no siempre se cumplen los 4 años. Es más complicado cuando la persona ha sido penada por distintos delitos y más aún cundo esto ocurre en diferentes etapas de su vida y, por lo tanto, ha sido condenada por diferentes tribunales. Es en este caso cuando se da la acumulación de penas. En primer lugar, es importante destacar la acumulación material o aritmétrica, donde las distintas penas se suman. 20 Existe el concurso real de delitos, donde cada hecho diferenciado tiene una pena distinta. Existe también el concurso ideal, cuando un hecho es constitutivo de dos o más delitos (p.ej: cuando se agrede a un policía se cometen dos delitos en concurso real; atentado y lesiones). El concurso medial se comete cuando un delito se realiza para cometer necesariamente otro. El concurso de leyes se da cuando un hecho puede ser penado por diversas normas, y entonces se debe escoger la norma de preferente aplicación (p.ej: matar a alguien con alevosía. Para castigar la muerte tenemos el homicidio, pero hay otra norma que es para el asesinato. Como aquí el asesinato es especial respecto el homicidio y hay alevosía la norma preferente es la del asesinato.) Para la acumulación de penas nos centramos en el concurso real. Cuando hablamos de acumulación aritmétrica, nos referimos a que, en principio, debemos sumar las penas de los delitos cometidos. El problema que se plantea es que no todas las penas son susceptibles de cumplimiento simultáneo, sino que se cumpliran de modo succesivo, según el orden de gravedad (art.75 CP). (P.ej: un delincuente habitual que ha cometido varios robos y, por ello, tiene varias penas distintas. En un momento, si se suma, acumula 10 años. En comparación, una persona que comete un homicidio tiene una pena única de 10 años. Pero aunque sea la misma pena en años, es justo que una persona que solo ha cometido varios hurtos pague igual que una persona que ha matado a alguien? Por ello, se creó la acumulación jurídica de penas. En esta última, se impone límites quantitativos máximos para la acumulación material. Por lo tanto, la acumulación jurídica significa siempre obtener un quántum de pena que sea inferior al que correspondería por la suma total de penas. Esto se basa en el principio de humanidad. Los requisitos y características de la acumulación jurídica son: • Estar ante un concurso real de delitos (nunca otro tipo de concursos) • Nunca se puede aplicar la acumulación jurídica si la misma perjudica al reo. El art.76 CP establece dos reglas básicas para efectuar la acumulación jurídica: a) Nunca se podrá cumplir una pena superior al triplo de la más grave. Por ejemplo, penas de 2+3+2+3+2 --> el triplo de 3 es 9, por lo que lo máximo serán 9 años y no 12. Pero, en el caso de 2+3+2 (7), el triplo continua siendo 9, de modo que NO se aplicaría porque sino estaría perjudicando al reo. b) Se establece un límite máximo de 20 años. Este límite máximo puede ir subiendo según los delitos cometidos: 21 De 25 años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y alguno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión de hasta 20 años. De 30 años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y alguno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión superior a 20 años. De 40 años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y, al menos, dos de ellos estén castigados por la ley con pena de prisión superior a 20 años. De 40 años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo del Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código y alguno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión superior a 20 años. Cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y, al menos, uno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión permanente revisable, se estará a lo dispuesto en los artículos 92 y 78 bis. En este caso ya no hay un límite máximo, sino que se determinará en función de esos artículos. Supuestos de la acumulación jurídica Hace tiempo, se usaba el criterio de la conexidad jurídico-procesal. Lo que se seguía era que solamente se aplicaba a los delitos que eran conexos, ya fuera por infringir el mismo bien jurídico o se refirieran al mismo imputado, etc. El problema que se planteaba con este sistema era que en muchas ocasiones no había acumulación jurídica y, por ello, el TS hizó una interpretación muy laxa y dijo que bastaba con la conexidad temporal y no necesariamente una conexidad jurídica o procesal. Así pues, según la interpretación del TS, se podían acumular todas aquellas penas en las que los hechos cometidos hubieran tenido lugar en la misma época. (P.ej: una persona comete varios delitos en un período de 2 años. Todos los hechos cometidos en esta época sí que podrían acumularse, aunque no tuvieran una conexidad jurídica o procesal. El límite estaría en el momento de tener sentencia firme. Pasos para determinar la acumulación jurídica 1. Ver que estamos delante de un concurso real de delitos. 22 2. Averiguar quales son las penas y ir viendo los hechos a partir de la sentencia más antigua. 3. Debemos asegurarnos que las penas se encuentran en el mismo espacio temporal, misma época. 4. También es posible que existan bloques de acumulación, de modo que si, por ejemplo, se comete un hecho en 1999 y otros hechos en 1998 y, además, otros hechos en marzo de 2006 y en julio de 2006. Temporalmente no todos estan en el mismo espacio, pero sí se pueden formar dos bloques entre los hechos de 1998-1999 y los de 2006. La refundición se aplica en el caso en que el penado sufra 2 o más condenas privativas de libertad, la suma de las mismas será considerada como una sola pena a efectos de la libertad condicional (art.193.2 Reglamento Penitenciario). Este artículo existe porque al sumarse todas las penas y considerarse una pena unitaria, se realiza un enlazamiento de penas. Así pues, por ejemplo, para obtener un permiso penitenciario se requiere haber cumplido como mínimo ¼ parte de la condena, de modo que si hay diferentes condenas la 4a parte se cuenta del total y no de cada una de ellas. Igualmente, se cuenta la pena unitaria con la libertad condicional. Esta es una regla a efectos penitenciarios y no efectos materiales, por lo que NO hay que confundir la refundición con la acumulación de penas. Una aclaración importante: se dice que el efecto de la acumulación jurídica es la refundición. Pero debemos tener en cuenta que cuando hablamos del art.76 nos referimos a ACUMULACIÓN JURÍDICA, ya que se trata de efectos materiales y se realiza por los jueces, y cuando hablamos del 192.3 RP, nos referimos a REFUNDICIÓN, que tiene efectos penitenciarios y se realiza por las prisiones. A grandes rasgos, en la acumulación reducimos penas y en la refundición sumamos. Así pues, cuando los jueces dicen que la pena, por acumulación, es menor, las autoridades penitenciarias SIEMPRE obedecen y hacen aplicar la pena impuesta por el Tribunal Sentenciador. Existe un problema: y si los delitos se cometen en diversos lugares? El tribunal competente para realizar la acumulación jurídica será el último que haya dictado sentencia. Por lo tanto, y dado que solo se pueden acumular las penas de los delitos cometidos en la misma época, la pena total será la resultante de la acumulación jurídica sumada a la pena de aquella sentencia que no se haya podido acumular. Es por ello, que aunque la pena máxima establecida por el concurso real es de 40 años, puede ser que el penado pase más años en la carcel siempre que no 23 todas las penas se hayan cometido en la misma época. (P.ej: varios delitos de 1990 a 1995 y otro en 2009 que sumen 46 años). Para la acumulación jurídica se precisa tener los siguientes datos: - Las fechas de las sentencias - Las fechas de comisión de los hechos *Para poder conseguir estos datos se debe acudir a la hoja de antecedentes penales del registro de penados, que se pide al Ministerio de Justicia o mediante un aplicativo informático que hay en los juzgados. - La ficha procesal penal, que se pide en la prisión. En esta se indican las causas pendientes de cumplimiento del reo. - Pedir un testimonio de sentencia al juzgado sentenciador. Contra resolución del juez donde se acuerda la acumulación jurídica únicamente cabe recurso de casación contra la sala segunda del TS. Cuestiones que se pueden plantear - ¿Es siempre competente el juez que dicta la última sentencia? En principio sí, pero no siempre. Por ejemplo, en un procedimiento urgente donde interviene el juez de instrucción y hay conformidad con el penado, este juzgado dicta la última sentencia. Pero para ejecutar la sentencia de acumulación, dado que un juzgado de instrucción no tiene poder de ejecución, será un juzgado de lo penal el que podrá realizar la acumulación jurídica. Aún así, si en la sentencia del juzgado de instrucción el delito es leve, sí que será el juzgado de instrucción competente para dictar la sentencia de acumulación jurídica. - La liquidación de condena se encuentra regulada en el art.38 CP, que establece que, por un lado, cuando el reo estuviere preso, la duración de las penas empezará a computarse desde el día en que la sentencia condenatoria haya quedado firme y, por otro lado, cuando el reo no estuviere preso, la duración de las penas empezará a contarse desde que ingrese en el establecimiento adecuado para su cumplimiento. Por ello, el tribunal debe establecer cual es la fecha inicial de cumplimiento (el total de la pena se contempla en días), descontar los días de prisión preventiva y determinar la fecha final del cumplimiento de la pena. Esto lo hace el letrado de la administración de justicia y, posteriormente, es el tribunal el que aprueba o no estas fechas definitivas. Una vez la persona ha cumplido sus penas, es desde la prisión que se comunica al tribunal sentenciador (no al juez de VP) el cumplimiento de la pena. 24 La acumulación jurídica la puede pedir el abogado del penado mediante escrito, aunque no siempre es necesario dado que lo puede hacer el mismo tribunal o a instancia del fiscal. En el caso en que sea el Tribunal o el Fiscal quien la pide, necesario que se asigne un abogado de oficio al penado en el caso que no lo tenga, dado que es necesario que se de audiencia al penado, ya que si no se le asignara abogado, la acumulación podría resultar nula. Para calcular la pena total, cuando hacemos el cálculo del triplo de la pena más grave debemos hacer lo siguiente: 1) Para contar los años en prisión, se cuentan 365 días (al contrario de las multas, que se cuentan como si un año fueran 360 días). Vemos entonces, que se debe hacer de la manera más faborable al reo. EJEMPLO: 3años y 6 meses -->el triplo de la pena más grave. Entonces se debe multiplicar, 3x6 y 6x3. – 9 años y 18 meses. NUNCA se puede acumular una pena de prisión a una de multa, pero sí se puede acumular la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de la multa. 25 ...

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