La formación del Derecho del Trabajo en España (0)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Derecho - 3º curso
Asignatura Derecho del Trabajo y la Seguridad Social
Año del apunte 0
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Fecha de subida 05/06/2014
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TEMA 2. LA FORMACIÓN DEL DERECHO DEL TRABAJO EN ESPAÑA  LIBERTAD DE CONTRATACIÓN Y PRIMERAS LEYES LABORALES El liberalismo económico significó una ausencia del intervencionismo, ya tuviese su origen en la acción de cualesquiera grupos profesionales o a través del establecimiento por el Estado de medidas protectoras del obrero y, por ende, limitativa de la voluntad de las partes. Se entendía que una regulación heterónoma de aspectos atinentes a las dos partes del contrato era contraria al principio de libertad. Se deberá esperar décadas a que los poderes públicos asumiesen la necesidad de imponer determinadas medidas protectoras de los trabajadores en materia de descanso, jornada de trabajo o accidentes laborales.
En la relación laboral rige el principio de autonomía de la voluntad en cuanto a la determinación de las condiciones de trabajo. El contrato constituye y, por lo tanto, da origen a la relación laboral y, al tiempo, establece su contenido – jornada, descansos, salario, causas de extinción, entre otros-. El liberalismo configuró las relaciones de trabajo sobre bases formalmente igualitarias, los PP, particularmente la AP, no habrían de intervenir en el ámbito de las relaciones laborales, debían de ser las partes contractuales quienes, desde su libertad, fijasen autónomamente sus condiciones.
Las medidas asistenciales tuvieron durante el liberalismo un carácter meramente privado. Las ideas nacidas tras la Revolución Francesa, no calaron en el legislador español. No obstante, en España se mantuvieron las instituciones de Beneficencia Pública y algunas puramente privadas.
Los lamentables resultados prácticos propició que el Estado comenzara a intervenir en el ámbito de las relaciones laborales desde una triple vertiente: legislativa, administrativa y, más tarde, jurisdiccional.
La primera legislación laboral se caracterizo, por un lado, por el establecimiento de medidas represoras del asociacionismo obrero, así como, por otro lado, por la fijación de condiciones de trabajo tendentes a mejorar la vida de los trabajadores. Se impuso una edad mínima para trabajar, se limitó la jornada de trabajo, se reguló el derecho de descanso semanal, se reconocieron determinados derechos vinculados con situaciones de maternidad y paro forzoso, intentó eliminarse el sistema de pago de truck system y, más adelante, se emprendió toda una importante labor legislativa en materia de accidentes de trabajo, y por derivación, en materia de seguridad y salud en el trabajo.
 DE LA “CUESTIÓN SOCIAL” A LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN DE REFORMAS SOCIALES. EL INSTITUTO DE REFORMAS SOCIALES Para afrontar la caótica situación social del país, el Gobierno acabó asumiendo la necesidad de estudiar a fondo la cuestión social. De este modo, surge la Comisión de Reformas Sociales (1883) y el Servicio Especial de Estadística del Trabajo (1894). Sin embargo, en consonancia con los ideales aun liberales y filantrópicos de la época, la Comisión no impulsó la decidida mejora de la entonces escasa legislación laboral, su actuación se proyectó fundamentalmente sobre la investigación, ejerciendo al tiempo una “labor de información y sensibilización sobre las condiciones de vida y trabajo de las clases trabajadoras”, lo que provocó desconfianza de un gran número de asociaciones obreras.
En cuanto a la labor de la Comisión, cabe destacar las Memorias publicadas en 1889, en las que aparecen datos sobre huelgas, asociaciones, invalideces derivadas de accidentes de trabajo, situación económica de los obreros, salarios, jornadas de trabajo, empleo de las mujeres, menores, emigración, entre otros. La escasa efectividad de la Comisión en orden a la resolución de los problemas socio laborales no supuso la minoración de los conflictos laborales.
Respecto al Instituto de Reformas laborales cabe destacar que, la obra de la Comisión de Reformas Sociales fue continuada por el IRS, creado en 1903. A partir de esta fecha, el Gobierno comenzó a tomar conciencia de la realidad social del momento, encomendado al IRL la preparación de la “legislación de trabajo en su más amplio sentido, cuidando de su ejecución organizando para ello los necesarios servicios de inspección y estadística y favorecer la acción social y gubernativa en beneficio de la mejora y bienestar de las clases obreras”.
Entre los principales cometidos de éste organismo se encontraban: el estudio de problemas de la “cuestión social” y la preparación de proyectos legislativos tendentes a paliar los efectos del problema obrero sobre la base de las estadísticas elaboradas por el propio IRL. También tenía funciones de mediación tanto para prevenir, resolver conflictos o conciliar intereses encontrados.
I.
 NACIMIENTO Y DESARROLLO DEL DERECHO DEL TRABAJO PRIMERAS MANIFESTACIONES DEL INTERVENCIONISMO ESTATAL Las primas leyes laborales (1873) estuvieron encaminadas hacia la protección de aquellos bienes jurídicos más esenciales o más necesitados de tutela: - La vida del trabajador y su seguridad en el trabajador - La minoría de edad, como una situación que justifica en sí misma la intervención tutelar del Estado - La maternidad de la mujer trabajadora Son todos ellos bienes jurídicos estrechamente ligados al contrato de trabajo, donde la protección del Estado se justifica en la desigualdad originaria y sucesiva entre las partes contratantes.
La necesidad de proteger al trabajador frente al acaecimiento de ciertas contingencias marca el inicio de aseguramiento privado (más adelante público) y voluntario (luego obligatorio) en materia de accidentes, posteriormente se protegerá el retiro obrero, entre otros. Se produce así la evolución de lo que se ha denominado como la etapa filantrópica de la legislación laboral, a otra etapa en que las normas sociales “tecnifican su contenido, conscientes de la nueva época en que se desenvuelven”.
 LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA Ésta época constituye una etapa muy relevante desde el punto de vista de la legislación laboral. Entre las normas más destacadas, aparecen aquellas relativas a: - Trabajo de mujeres (maternidad, permisos y seguro) - Descansos nocturnos - Trabajo a domicilio - Emigración - Salario en la minería del carbón - Descanso dominical - Jornada de trabajo - Horas extraordinarias - Colocación - Retiro obrero - Familias numerosas Desde un punto de vista orgánico e institucional, Primo de Rivera asumió personalmente la dirección de todos los Ministerios desde 1923 a 1925, momento en que Eduardo Aunós asumió la cartera de Trabajo, iniciando una importante tarea de codificación de la legislación laboral, representada en el Código de Trabajo de 1926. Éste CT implicó el nacimiento del DT como sistema ordenado de normas laborales. El intento de abarcar toda la legislación laboral vigente en la época no cristalizó en este cuerpo normativo, que se dedicó exclusivamente al tratamiento de cuatro instituciones jurídicas: el contrato de trabajo, el contrato de aprendizaje, los accidentes de trabajo y los Tribunales industriales. Ahora bien, el que el contrasto de trabajo fuera una de esas instituciones objeto de regulación sistematizada, brinda al CT su verdadera relevancia. No podría hablarse actualmente de DT sin un reconocimiento ordenado del que es su núcleo esencial, el contrato laboral. Se califica este negocio jurídico como la institución esencial y básica de toda política social.
Otra aportación jurídica importante en esta etapa fue la Organización Corporativa Nacional, con variadas funciones, tanto de carácter normativo en cuanto a la fijación por oficios de las condiciones de trabajo, como jurisdiccional ante conflictos individuales y colectivos.
 LA SEGUNDA REPÚBLICA. CONSTITUCIONALIZACIÓN DE LOS DERECHOS LABORALES Con la proclamación de la II República se inicia una fase de consolidación y sistematización de la legislación laboral desde bases democráticas. La CE de 1931 reconoció expresamente importantes derechos laborales: emigración e inmigración, libre elección de profesión, industria y comercio, asociación profesional y libre sindicación, asistencia sanitaria y protección de la maternidad y la infancia. En conclusión, se trata de un texto que por primera vez en la historia constitucional se ocupa de modo expreso del trabajo asalariado.
La obra legislativa más importante de la II R fue la Ley de Contrato de Trabajo de 1931. Con la promulgación de esta ley recibe la institución del contrato de trabajo, por primera vez, una regulación completa y sistemática, que supera sin duda a las ordenaciones anteriores y también a las posteriores sobre la materia. El contrato de trabajo queda erigido como la figura central del DT.
La Ley de Jurados Mixtos de 1931 continuó la tradición de los Tribunales industriales, instaurando organismos paritarios constituidos por ramas de la producción en orden a la resolución de conflictos laborales. La pervivencia de TI tras la creación y puesta en funcionamiento de JM significó una duplicidad orgánica causante de problemas competenciales.
En esta época, se mejoró y sistematizó la regulación precedente, muy especialmente en materia de accidentes de trabajo en la industria y el comercio. Así pueden mencionarse nuevas incursiones normativas en la regulación de accidentes de trabajo, cuya principal singularidad residió en instaurar el seguro obligatorio.
 EL DERECHO DEL TRABAJO DURANTE LA GUERRA CIVIL Los períodos de guerra se caracterizan, genéricamente, por el nacimiento de una legislación circunstancial, excepcional y acomodaticia, en parte orientada a proteger a los sectores más débiles de la población, por el incremento del intervencionalismo estatal, por el empeoramiento de las condiciones de trabajo y por la disminución de garantías jurídicas. La legislación, además, adquiere un tinte localista, coexistiendo varias legislaciones en un mismo territorio.
En la España nacional no se aceptó la legislación republicana, sin embargo, razones de urgencia y necesidad forzaron su aplicación ante la alternativa situación de anomia. El Fuero del Trabajo (aprobado por Decreto en 1938) constituye, sin duda, la norma más característica de este período. El Estado asumió plenos poderes en orden al establecimiento y fijación de las condiciones de trabajo, se aprobaron los Estatutos FET de las JONS, con claros fines de control de la actividad sindical y de organización de lo que más tarde sería el Sindicato vertical.
 EL DERECHO DEL TRABAJO DURANTE EL RÉGIMEN FRANQUISTA El nuevo Estado nacional- sindicalista elaboró un cuerpo normativo que marco la apertura de una nueva etapa en la evolución del DT, el Fuero del Trabajo (1938). En él se plasmaron los principios fundamentales de la ideología nacional, atribuyendo al Estado la competencia para fijar las bases reguladores de las relaciones de trabajo. De este modo, se propició el acusado protagonismo estatal en materia laboral, característico del régimen franquista. La regulación de las condiciones de trabajo era competencia exclusiva del Estado de acuerdo con lo establecido, entre otras normas, en la Ley de Reglamentaciones de Trabajo. Hubo un incremento radical de intervencionismo administrativo, y consiguientemente, el aparato burocrático que se reforzaría y consolidaría en etapas anteriores.
En la positivización de los principios pragmáticos contenidos en el Fuero destacó la constitución del sindicalismo vertical. Su cometido era, básicamente, la realización en el ámbito laboral de la política económica del Estado, dictándose numerosas normas sobre su organización y funcionamiento. La instauración de este modelo de sindicalismo determinó la supresión del pluralismo sindical (supresión de la libertad sindical).
La reglamentación de los Jurados de Empresa de 1953 abrió un nuevo período dentro de la etapa del régimen franquista, caracterizado por una mayor flexibilidad en las estructuras jurídico-laborales.
La institución del contrato de trabajo fue objeto de previsión normativa. En 1944 se refundió la legislación referente al contrato de trabajo en una nueva ley, que se caracterizo por tener como base a la Ley de 1931, no obstante introdujo las correcciones obligadas en virtud de la ideología del nuevo régimen. Se suprimió toda mención a la contratación colectiva en el elenco de fuentes del DT durante la época. Desaparecieron también la Ley de Contrato de Trabajo, las referencias a la huelga y al cierre patronal como causas de suspensión de la relación laboral.
En cuanto a las condiciones de trabajo, la regulación del salario fue objeto de atención a lo largo de todo el período franquista. De ella cabe destacar la importancia de la primera ordenación del salario mínimo interprofesional, por el Decreto de 1963.
 EL PERÍODO DE LA TRANSICIÓN POLÍTICA La evolución del OJ laboral tuvo su punto de inflexión, sin duda, en la reconstrucción del mismo sobre las bases dadas por la CE de 1978. Sin embargo, durante el período precedente a la promulgación de esta última se aprobaron diversas normas de innegable importancia para la conformación del DT, normas que respondían a la situación de transición hacia la democracia.
La primera de dichas normas fue la Ley de Relaciones laborales de 1976, que afectó a la relación individual del trabajo, a pesar de sus deficiencias técnicas y de contenido, esta ley introdujo significativas mejoras en los derechos de los trabajadores y puede considerarse como antecedente al ET.
En el plano colectivo se preparó el futuro reconocimiento de la libertad sindical anticipante su incidencia sobre los Convenios y los conflictos colectivos, ambos objeto de regulación en un RD ley de 1977, sobre relaciones de trabajo.
El principio de libertad sindical inspiró igualmente la promulgación de diversas normas que concluyeron con el llamado “desmantelamiento” de la Organización Sindical y en la consiguiente regulación del derecho de asociación sindical. Todo este proceso se vio influido por la ratificación por España de los Convenios número 87 y 98 de la OIT, orientados a la consecución de un modelo sindical plural y libre.
 EL DERECHO DEL TRABAJO A PARTIR DE LA CE DE 1978 La aprobación del texto constitucional en el 78 comportó un radical cambio en el modelo social y laboral hasta entonces acogido, tanto por su contenido estricto cuanto por ser portador de ideas nuevas, ya que proclama como valores superiores al OJ conceptos tales como igualdad, libertad, justicia, pluralidad. Los mismos han de tamizar el alcance que se otorgue a su contenido específicamente laboral.
Los aspectos más sustanciales del DT y la SS alcanzaron una importancia hasta entonces desconocida. Así, comienza admitiéndose que España es un Estado social, democrático y de Derecho, de donde deriva un alto grado de intervención y participación, no solo política, sino también económica, cultural y social de los ciudadanos y los grupos en que se puedan integrar, un relevante papel de los sindicatos y organizaciones empresariales, así como un reconocimiento de los derechos y libertades públicas fundamentales. Estos derechos, si bien son aplicables a todos los ciudadanos, en la medida en que éstos pueden ser sujetos de una relación de trabajo, adquieren una dimensión laboral sobrevenida y asumen lo que se ha calificado como versión laboral de los mismos.
Junto con los DF, la CE recoge derechos eminentemente laborales, fruto de una conquista histórica que supone el final de un largo proceso iniciado allá por el siglo XIX: - Artículo 28, reconocimiento de sindicatos y asociaciones empresariales como instrumentos privilegiados de participación y representación de intereses colectivos - Artículo 28.1, de los derechos de libertad sindical - Artículo 28.2, del derecho a huelga - Artículo 37.1, de la negociación colectiva - Artículo 37.2, de la adopción de medidas de conflicto colectivo - Artículo 35, del derecho y deber de trabajar, la libre elección de profesión u oficio, promoción da través del trabajo, remuneración suficiente para satisfacer las necesidades del trabajador y su familia - Artículo 40.2, seguridad e higiene en el trabajo - Artículo 41, la SS En las Partidas (siglo XIII) existen fragmentos de estas que se refieren al tema laboral. Hay uno de ellos que intenta delimitar el concepto de labor y el concepto de obra. Sería hoy lo que se trata de diferenciar entre trabajo asalariado y trabajo autónomo. En el libro “Consulat de Mar” (siglo XIII), de alguna manera, regula la relación laboral de los marineros. Trata algunas materias que actualmente siguen siendo fundamentales: fidelidad del trabajador respecto al empresario (hoy buena fe), causas de resolución del contrato entre marinero y capitán o armador, conceptos de jornada, salario, entre otros.
Igual sucede cuando se trata de traducir la parte histórico a la parte de la Edad Media de trabajo en el campo y trabajo en la ciudad. Hay grandes propietarios de tierra, los señores feudales, que “ceden” el derecho, el uso, el trabajo a los siervos, a los esclavos, por ejemplo. El trabajo en las ciudades, los gremios tienen especial relevancia. Hay algunas Asociaciones patrimoniales que siguen, actualmente, conservando el nombre de gremio. Barcelona es una ciudad prototipo en el sentido de los gremios, la estructura urbana tenía mucha fuerza.
En la Edad Moderna, ocurre un desarrollo del comercio por medio de bases en el Mediterráneo y con América. También se producen las primeras unificaciones normativas, las cuales también incorporan algunas cuestiones laborales.
En el siglo XIX, el Decreto del Conde de Toreno (1813) trata de abolir los gremios, pero finalmente no lo consigue. Su intención era romper estructuras predeterminadas, facilitar la libertad del comercio y regulación. En la misma época, nos encontramos con una situación política y económica complicada, con muchos cambios y conflictos, y la coalición de trabajadores e incluso la de la empresa estaba tipificada en el CP.
También se produce el mantenimiento de la regulación, en 1873 se produce la Ley Benot, y nacen toda una serie de normas protectoras. En España llega más tarde, pero la estructura es clara. Hay textos que hablan sobre ello. Los conflictos laborales son muy importantes. Ya hay alguien (intelectuales, burguesía…) que entiende que esto puede estallar en algún momento.
Por ello, tratan de evitar la presión y conseguir controlar la situación. Con ello, junto a la prohibición, a finales del siglo XIX, aparecen las primeras normas protectoras. Cuando se habla del origen de la SS mundial, que son los seguros sociales, quien los implanta en Prusia es el Canciller Bismark. Actualmente, se fundamenta el Estado del Bienestar en la SS que tiene ese origen.
En España, aparecen esta serie de normas que tratan de suavizar algunas de las condiciones. La Ley Benot contempla situaciones de mujeres y niños. La Ley de la Silla, por ejemplo, establecía que en el puesto de trabajo de una embarazada hubiera una silla para que ésta pudiera sentarse.
En principios del siglo XX, la Ley de descansos dominical, la cual s consecuencia de la presión de la Iglesia para que los trabajadores fueran a los oficios religiosos.
A finales del siglo XIX empiezan todas estas normas de protección. Hay dos que empiezan con éxito, que es la Codificación (CC y CComercio). Estos dos textos regulan todos los aspectos de la relación laboral. El CComercio regulaba a los dependientes de comercio, de manera que todo lo que eran ellos estaban allí reguladas, y el resto de las “relaciones laborales” estaban en el CC.
Se inicia el siglo XX, y estas normas que se fundamentan en el principio de autonomía de la voluntad, poco a poco van configurando lo que actualmente se tiene. Una de las normas, considerada el origen de la SS, es una norma de 1900, la Ley de accidentes de trabajo. Hacía una adaptación de los conceptos más clásicos de daños y perjuicios. De manera que el modelo no significaba ningún cambio. Esta Ley establece qué se considerará accidentes de trabajo (por ejemplo, presunción de lo que sucede durante la jornada laboral es accidente de trabajo).
Además, se flexibilizan los trámites que tienen los trabajadores para reclamar que se le pague por los daños ocasionados. En esta Ley, quien pagaba era el empresario, era un sistema a imagen y semejanza del derecho de daños.
En 1908 se crean los primeros Tribunales Laborales. Se realiza una jurisdicción especializada para que los trabajadores tengan más facilidad.
En el siglo XX, estará la SS por un lado, y el resto de cuestiones, por otro. No será hasta 1926 cuando se tenga la primera norma que recopila en un texto todo lo relativo a la relación laboral (Código de Trabajo de 1926). Es la primera norma laboral que regula de manera sistemática todos los aspectos de esta relación. Desde aquel momento, ya no se aplica el CC ni el CComercio. Además, algunas de las figuras jurídicas que actualmente se tiene, su origen es en el CT de 1926. Este CT está influenciado por determinadas doctrinas alemanas, y por ello hay determinadas cuestiones muy distintas al esquema del CC.
Tras la Guerra Civil, aparece el Fuero de los Trabajadores en 1938, que regula lo que hubo del sindicato vertical, moderniza el concepto de que cualquier pacto relativo a empresario y trabajadores, ello impacta en el sistema económico y es delito. Se vuelve a los Tribunales de Trabajo, denominados en aquella época Magistraturas.
Durante la dictadura, no hay sindicatos de clase, si no la Organización Sindical Española, o Sindicato vertical, de afiliación obligatoria para todos los trabajadores y empresarios. En esta OSE aparecen dos facciones: por un lado, la parte obrera y, por otro lado, la parte trabajadora.
Los primeros Convenios colectivos, de 1956, son negociados entre ellos, es decir, el mismo sindicato entre las dos partes. El sistema actual de negociación colectiva se fundamenta en la Ley de Convenios colectivos del 56. Nuestro ámbito de SS se construye en este período.
ASPECTOS LABORALES EN LA CONSTITUCIÓN DE 1978 La primera constitución que recoge algún elemento laboral es la C Mejicana (1917) y, la segunda que recoge alguna cuestión, es la alemana. Hasta el momento, su regulación era de aspectos mucho más generales. La primera C que recoge elemento esencialmente laboral es la de la Segunda República de 1931, hasta el momento, ninguna C española contenía ningún elemento de laboralidad.
La constitucionalización del DT es relevante porque sitúa en el mismo plano, o incorpora a un plano superior, todas las materias relativas al DT y la SS.
Hay un elemento de especial importancia, el art. 6 hace referencia a los partidos políticos, y el art. 7 a sindicatos y organizaciones patronales. Hay una gran importancia de interlocutores sociales, pues está posterior a los partidos políticos que son una de la esencia de la democracia.
Hay toda una serie de aspectos que, a pesar de no ser estrictamente laborales, se irán aplicando continuamente. Tanto en Tribunales ordinarios como en el TC. Algunos artículos de especial interés son los siguientes:  ARTÍCULO 1.1 Estado social  se refiere al sistema de SS público. Esto no es contradictorio con sistemas privados. Sin embargo, el sistema mayoritario en Europa es un sistema público.
 ARTÍCULO 7 Contempla los Sindicatos de trabajadores y Asociaciones patronales. Se les atribuye una fuerza, por la vía de la representatividad del CC, igual que sucede con los PP. La fuerza que se tiene no es por el número de afiliados. Tienen una función institucional, es decir, participan en toda una serie de órganos públicos para llevar a cabo dicha función. El principal es el Consejo Económico y Social (organismo consultivo, tripartito, entre otros, que forma parte de esa institucionalización). Hay una norma reguladora de los Sindicatos, por el contrario, no hay norma reguladoras de las Patronales.
 ARTÍCULO 9.3 Hay toda una serie de principios de aplicación. Sin embargo, hay otros principios regulados en el art. 3 del ET que se aplican de manera más real que la CE (seguridad jurídica, jerarquía normativa, entre otros).
 ARTÍCULO 14 al 29 Hay una serie de derechos fundamentales, pero esencialmente/estrictamente laborales, únicamente hay uno, contemplado en el ART. 28.1: todos tienen derecho a sindicarse. Es el derecho a sindicación, desarrollado por una LO. El ART. 28.2 contempla el derecho a la huelga.
Los DF deben estar presentes en la relación laboral. Pueden ser limitados, ¡! Lo relevante es el equilibrio. Si se impide al trabajador que ejercite derechos en la relación laboral  el TC habla de sociedad feudal, medieval. El poder de dirección, el ejercicio de los derechos en la relación laboral, los DF están en la relación laboral, se pueden llegar a limitar. Los DF del 14 a 29 se ejercitan en todas las relaciones laborales, y se puede solicitar su protección.
¡! Los DF son renunciables. Sin embargo, en el art. 3.5 del ET existe el principio de irrenunciabilidad de los derechos, que si se suma al principio de autonomía de la voluntad, aparecen importantes problemas. Por ejemplo, casos de uniformes de trabajo.
Respecto al principio de igualdad del art. 14, la justificación en el caso de diferencias por razón de sexo. Por razones de sexo, se debe justificar el motivo por el cual no se contrata, y justificar que no se contrata no porque sea mujer. Se limita la posibilidad de elección. La prohibición de discriminación del art. 14.2.
El art. 18, relativo a la intimidad y a la propia imagen, no plantea demasiados problemas, pero sí algunos de ellos.
El secreto de las comunicaciones ha planteado problemas en el teléfono y, últimamente, en correos electrónicas. Cuando se habla de visualización de páginas web, o haber descargado en el ordenador determinadas películas, no se pueden incluir. Respecto a la protección de datos, este es un tema que cada vez tiene más importancia.
La mayoría de interpretaciones de la Ley las hacen los Tribunales, por ello tiene especial interés la tutela judicial efectiva.
DISTINTAS CONSTITUCIONES A LO LARGO DE LA HISTORIA CE 1812 > en algunos aspectos, habla de distribución competencial, pero la única que se daría sería en los Ayuntamientos o en las Diputaciones (como conjunto de Ayuntamientos). Se les otorgan estas funciones asistenciales.
CE 1837 /1845 /1869 /1876 > no hay ninguna novedad en estos textos CE 1931 > es una C distinta por el momento histórico en Europa y España. Se plantea la posibilidad de tener un Estado distinto. Se encuentra el origen del actual TC (Tribunal de Garantías Constitucionales). A efectos de la distribución competencial, establece una organización territorial dividida en Municipios, Provincias y CCAA, de las cuales algunas competencias son del Estado, otras legislativas del Estado y ejecutivas de las Regiones Autónomas. Existe un mecanismo de cierre (contrario a la CE de 1978) que establece que en todo aquello que las Regiones no tengan competencia exclusiva, la competencia será del Estado.
EA CAT 1932 > la legislación social era competencia casi exclusiva del Estado CE 1978 > respecto a las competencias, se regula:  CCAA  art. 148 (20, 21). Todo el tema de sanidad e higiene (21) y asistencia social, concepto muy amplio (20).
 ESTADO  art. 149 (1, 7, 16, 17) Además, cada vez que se plantea un problema, hay un mecanismo previo o posterior en el cual las CCAA y el Estado, cuando consideran que hay alguna norma que “invade competencias” acuden al TC, el cual declarará si realmente ocurre o no. Una STC fundamental es la 31/2012, de 28 de junio, que analiza toda una serie de cuestiones, y también entra en materia laboral.
Dicha STC escasamente toca la regulación del EA en materia laboral y de SS.
La propia CE establece un mecanismo de cierre que era el mismo que el de la CE de 1931.
Competencia del Estado en aquello que no se regule en las CCAA. Pero ha sucedido lo contrario, ha habido una progresión a tratar de que todas las materias estén reguladas en los EA de manera que no haya posibilidad de regulación por parte del Estado.
En materia de SS, el art. 149.1.17 establece una competencia exclusiva del Estado, pero no se da respecto a todas las materias, si no respecto: 1- Legislación básica 2- Régimen económico 3- Ejecución de los servicios Existe una necesidad de coordinación, sobre los principios de igualdad y solidaridad. Cuando se habla de SS, teóricamente, no se habla de asistencia social, o bienestar social. Por lo tanto, el concepto de SS es muy técnico, y se han planteado una serie de problemas respecto, por ejemplo, a complementos de pensiones.
La SS es claramente competencia estatal, en cambio, la asistencia social, es competencia de las CCAA (una se encuentra en el 148 y otra en el 149).
¡! PROBLEMAS: renta activa de inserción, servicios sociales, planes y fondos de pensiones, mutualidades de previsión social.
Respecto a la sanidad, a pesar de estar las CCAA, y cada una de ellas poder hacer una cosa distinta, existe una cierta coordinación por la vía del dinero y las prestaciones. Es decir, todas las CCAA tienen un catálogo nacional de servicios común para todas, y a partir de ahí, algunas CCAA pueden ofrecer más cosas. Respecto a las competencias, la sanidad exterior (bases y coordinación general de la sanidad, y legislación sobre productos farmacéuticos) se encuentra en el art. 149.1.16, por lo tanto, competencia estatal. La sanidad e higiene viene contemplada en el art. 148.1.21 es competencia autonómica.
Respecto a la dependencia, la ley de 2007, es una Ley estatal sobre una materia esencialmente autonómica, pues en el modelo, la dependencia tiene que ver con la asistencia social. La ley estatal establecía un doble sistema de pago (50% pagado por Estado, 50% pagado por las CCAA). Es un sistema que no plantea problemas competenciales pues no se aplica desde hace tiempo.
REFERENCIA A LAS NORMAS En el ámbito laboral hay pluralidad de normas. Existe toda una serie de leyes que regulan aspectos distintos del OJ.
La LO 11/1985, de 1 de Agosto, es la LO de libertad sindical. Regula la libertad sindical, los Sindicatos y las Secciones sindicales.
La regulación actual de la huelga se encuentra en un precepto anterior a la CE, pero siguiendo la regulación del TC respecto a ello. Se contempla en una norma preconstitucional de acuerdo con la interpretación que hace el TC.
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