Tema 6.- El reglamento (2016)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura Derecho Constitucional I
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 20/03/2016
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Derecho Constitucional I| Apuntes Daniel Cortés Tema 6.- El reglamento 1. Concepto de reglamento El reglamento es un acto normativo dictado por el poder ejecutivo subordinado a la ley. Se dicta haciendo uso de la potestad reglamentaria. Jerárquicamente situado por debajo de la ley. No podrá tener ni rango ni fuerza ni valor de ley.
2. La potestad reglamentaria Naturaleza de la potestad reglamentaria 1. La capacidad para dictar este tipo de actos normativos es consustancial a la propia atribución de funciones de gestión, por tanto los reglamentos serían una consecuencia de la propia autonomía de los entes públicos ya que la capacidad para dictar normas estaría incluida en la propia capacidad para gestionar sus competencias.
2. Un reglamento es la consecuencia de la potestad discrecional que tiene la administración que le permitiría entrar a regular de manera libre todo aquello que la ley no regule. Capacidad de actuación únicamente limitada por el ámbito material que la ley haya asumido.
3. La potestad reglamentaria no es una potestad natural, sino que es consecuencia de la atribución expresa al respecto que haga bien la Constitución bien las leyes, normas superiores.
La administración no es libre de dictar reglamentos, únicamente lo podría hacer cuando bien la Constitución ampliando o reduciendo la atribución, bien las leyes, atribuyeran expresamente al gobierno esta posibilidad/ capacidad.
La potestad reglamentaria existe porque es la Constitución la que dice en el ART 97 que el poder ejecutivo puede dictar reglamentos. Y es la misma Constitución la que determina la posición del reglamento en el sistema de fuentes cuando dice que el reglamento está subordinado de manera absoluta de la ley y de todo acto normativo con fuerza de ley. Quiere decir que respecto de los actos normativos con fuerza de ley, leyes decretos leyes o decretos legislativo y reglamentos, se da una relación de jerarquía en términos absolutos, de modo que todo reglamento que se oponga a lo que dice una ley, será nulo. Del mismo modo que si una ley posterior es incompatible con un reglamento anterior, lo que cede es el reglamento, la nueva ley, privará de vigencia al reglamento. La ley se impondrá siempre, sea anterior o posterior.
En la Constitución, mientras que si que establece una reserva de ley que dice que algunas materias tiene que estar obligatoriamente reguladas por ley, no establece de manera paralela una reserva de reglamento, en la Constitución, no hay una lista de materias que tengan que estar forzosamente reguladas mediante reglamento, por tanto se puede decir que en el ámbito material del reglamento va a estar siempre condicionado por lo que previamente haya acotado la ley.
Derecho Constitucional I| Apuntes Daniel Cortés Capacidad para dictar reglamentos En términos generales, se reconoce al poder ejecutivo. A todo órgano que tenga este poder dentro de sus respectivas competencias materiales y territoriales, así tienen capacidad para dictar reglamentos el Gobierno, los Gobiernos autonómicos, y los Plenos de las Diputaciones, los Ayuntamientos y de más entes locales.
Puede haber reglamentos centrales, de ámbito autonómico y con alcance únicamente local. La capacidad normativa de los entes locales, se limita los actos de tipo reglamentario, un ente local no puede dictar normas con rango de ley. En todo caso, la capacidad para desarrollar mediante reglamentos las disposiciones de una ley, corresponde únicamente al Gobierno, no a los entes locales. El gobierno del estado podrá dictar reglamentos de desarrollo, los gobiernos autonómicos lo podrán hacer de leyes autonómicas, y los entes no podrán.
La potestad reglamentaria es una potestad del poder ejecutivo pero no todo lo que dicta el poder ejecutivo, es un reglamento, también pueden generar actos normativos, disposiciones, que no tienen carácter normativo. Son actos de aplicación menores.
  Acto normativo.
Acto de aplicación de normas.
Si la disposición tiene alcance general y contenido abstracto, seguramente será un reglamento pero si tiene un destinatario o destinatarios específicos y hace referencia a una norma o a normas concretas, entonces lo más probable es que se trate de un acto aplicativo. No siempre es así, por tanto también hay que fijarse en la capacidad innovadora que la actuación en cuestión tenga sobre el ordenamiento jurídico. Si se trata de un acto que se integran en el ordenamiento, será un reglamento probablemente, por el contrario, si se agotan sus efectos una vez aplicados y no se integra en el ordenamiento, seguramente será un acto aplicativo de normas.
Respecto a los tipos de reglamentos que se pueden dictar, la clasificación más sencilla es la que los distingue en función del órgano que los dicta:  Reales decretos. No confundir con los reales decretos leyes o legislativos. Son los que dicta el consejo de Ministros, son los reglamentos o bien sirven para desarrollar una ley o bien desarrollan materias que no están recogidas en las leyes pero que abarcan el ámbito de más de un Misterio. Dentro de la escala de reglamentos son los más importantes. Son siempre del consejo de ministros pero en teoría el presidente y vicepresidente también podrían dictar reglamentos a título personal, que también se llamarían reales decretos (presidencia o vicepresidencia). En la práctica, no se hace. La posibilidad está abierta.
 Órdenes Ministeriales. Una orden ministerial es un reglamento que dicta un Ministro, a título de Ministro de su departamento y que afecta a materias de su exclusiva competencia. También pasan por el consejo de ministro pero la firma corresponde al ministro en concreto. Los acuerdos de las comisiones delegadas del gobierno, van a articularse bajo la orden de orden ministerial o bien del ministro competente o bien como orden ministerial del ministro de la presidencia si aceptan más ministerios. Por Derecho Constitucional I| Apuntes Daniel Cortés debajo de los ministros, todas las demás autoridades normativas para dictar reglamentos, dictarán o bien resoluciones (reglamentos que afectan respecto de los ciudadanos) o circulares (actos normativos destinados a su aplicación interna dentro del mismo departamento).
En el ámbito autonómico, se reproduce más o menos el mismo esquema. Lo que pasa es que simplemente cambian los nombres de los actos. El Consejo de Gobierno de la CA, dictará: 1. Decretos. Las Consejerías: 2. Órdenes de las consejerías. Las otras tendrán el mismo nombre: resoluciones y circulares.
Finalmente los entes locales, depende de la competencia y del que sea dictarán:   Ordenanzas. Son la máxima fuente normativa de aplicación interna.
Propio reglamento de ordenamiento orgánico. Reglamentos, actos normativos del poder ejecutivo, diferentes a los reglamentos del Congreso y el Senado. Éstos sirven para regular el funcionamiento interno de las Cámaras, son actos normativos equiparados a la ley. No son reglamento.
3. Relación entre ley y reglamento La relación entre ley y reglamento se articula mediante el principio de jerarquía. La ley siempre va a ser superior al reglamento, por tanto ningún reglamento del nivel que sea puede ni contradecirla ni modificarla. No puede nunca oponerse a la ley, sea anterior o posterior, siempre estará sometido a lo que digan las leyes. Además la relación entre ley y reglamento está sometido a un segundo principio, el principio de reserva de ley. Hay ciertas materias expresamente encomendadas a la ley sobre las que el reglamento no puede entrar, o al menos no puede entrar de manera directa.
Como no existe una reserva en el reglamento, se puede decir que frente al ámbito material ilimitado y general de una ley, el ámbito material del reglamento va a ser siempre residual, y va a estar limitado por lo que previamente hayan regulado las leyes.
Como el ámbito de la ley es en principio general e ilimitado, la ley puede regular aquello que la constitución le dice que puede regular, cuando una materia que no estaba sujeta a una materia expresa, se produce una congelación de rango. Cuando la ley regula algo, ese algo sufre una congelación de rango a favor de la ley, y desde ese momento, el reglamento no podrá entrar libremente. Sin embargo, se puede producir la descongelación, lo que se llama deslegalización de una materia. Cuando una determinada ley es sustituida por una ley posterior que no regula a materia sin o que simplemente dice que a partir de ese momento esa cuestión se regulará mediante reglamento, en ese momento, se produce la deslegalización y el reglamento puede entrar en la regulación plena.
Los reglamentos se suelen clasificar en 3 tipos: 1. Reglamentos secundum legem. Reglamentos conforme en la leu, son los que dictan para complementar una ley. Tienen que respetar tanto la laye que desarrollan como cualquier otra ley del ordenamiento.
Derecho Constitucional I| Apuntes Daniel Cortés 2. Reglamentos contra legem. Contienen cláusulas, disposiciones que se oponen a lo que dice la ley, y que no son válidos.
3. Reglamentos plaeter legem. O Reglamentos independientes. Son aquellos reglamentos que se dictan sin ser el desarrollo de una ley, sino para regular desde una determinada cuestión.
Sin que exista una ley previa. Estos reglamentos son viables en el ordenamiento siempre y cuando respeten la materia de ley.
4. Control jurisdiccional de los reglamentos Ni el recurso, ni la cuestión de constitucionalidad son aplicables a los reglamentos, porque son acciones cuyo objeto puede ser únicamente una norma con rango de ley. La capacidad para controlar los reglamentos, la tienen los tribunales ordinarios, en concreto los tribunales contenciosos- administrativos, son los encargados de verificar la legalidad y la constitucionalidad.
En el caso de los reales decretos, el juez competente para conocer la legalidad, la validez de los reglamentos, es el Tribunal Supremo. Cuando se trata de órdenes ministeriales, es la sala contenciosa de la Audiencia Nacional, Audiencia Nacional, y para todos los demás reglamentos la misma sala Tribunal Superior de Justicia.
Para comprobar la legalidad de los reglamentos: 1. Acción directa. Es la posibilidad ante el Tribunal competente, la nulidad de cualquier disposición que dicte una administración pública, pero no se trata de una acción específica destinada a la impugnación de reglamentos, sino que simplemente es una aplicación del recurso contencioso administrativo general. Reconoce la posibilidad de impugnar actos de aplicación. Cuando el tribunal competente, se pronuncie su resolución determinará si el reglamento es válido o si no lo es, si lo declara nulo implicará la nulidad a efectos generales.
ERGA OMNES. Expulsión del ordenamiento por ser contrario a la ley, Constitución o a cualquier exigencia. Un particular puede impugnar un reglamento, siguiendo distintas pautas.
2. Acción indirecta. Cualquier juez de lo contencioso tiene la posibilidad de inaplicar los reglamentos, pero si lo inaplica, se tiene que presentar una cuestión de legalidad, que es parecida a la constitucionalidad. El juez pregunta al supremo, Audiencia etc., es válido o no, y le pedirá a ese tribunal un pronunciamiento con efectos generales. No puede eliminar un reglamento. Puede hacerlo si está resolviendo un litigio de aplicación. También es posible que el juez competente para eliminar el reglamento sea el encargado del caso. En la misma sentencia que resuelve el litigio, se pronunciará sobre la validez del reglamento. Fallo más pronunciamiento con efecto general.
El Tribunal Constitucional puede pronunciarse sobre la validez de un reglamento, pero únicamente en 2 casos: -Si se trata de un reglamento estatal o autonómico cuyo contenido vulnera las normas de reparto competencial entre el Estado y las CCAA.
-Por la vía del recurso de amparo: vía directa para la protección de sus derechos, interpuesta hacia actos de la administración o actos normativos que vengan de ella, en los cuáles se incluyen los reglamentos.
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