Procedimiento de la responsabilidad penal de menores (0)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Derecho - 3º curso
Asignatura Derecho de menores
Año del apunte 0
Páginas 4
Fecha de subida 05/06/2014
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TEMA 6. EL PROCEDIMIENTO PARA ESTABLECER LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MENORES ARTÍCULOS 16 A 41 LO 5/2000 Está regulado en la LO 5/2000 y, con carácter supletorio, en la LECrim y, concretamente, en la regulación del procedimiento abreviado. Solo si hubiera una notitia criminis referida a un + 14 y 18 se instruirá un proceso penal de menores.
Las fases del procedimiento penal son las siguientes: · La instrucción la lleva a cabo, en menores, el MF. El MF será el encargado de llevar a cabo la instrucción de los procedimientos por los hechos delictivos cometidos por menores. Si algún ciudadano tuviera conocimiento de algún hecho delictivo presuntamente cometido por un menor de 18, deberá ponerlo en conocimiento del MF. Éste será el encargado de admitir o no a trámite la denuncia, según que los hechos sean o no constitutivos de delito y practicará las diligencias que sean necesarias para la comprobación del hecho y de la responsabilidad del menor. La actuación instructora del MF tendrá como objeto tanto valorar la participación del menor en los hechos, como proponer las concretas medidas de contenido educativo y sancionador adecuadas a las circunstancias del hecho y de su autor y, sobre todo, al interés del propio menor valorado en la causa.
En menores, se llama incoar el expediente, y hay que ver si, anteriormente a esto, se pueden realizar Diligencias de investigación (“Diligencias preliminares”) dirigidas también por el MF.
Las Diligencias que se van a practicar para la averiguación de hechos y dejar constancia de ellos son: - En menores no está expresamente previsto ningún trámite relativo a que se cite a declarar al menor (mientras que en adultos es necesaria la declaración del imputado). El TC ha declarado que esto es constitucional, pues no se produce indefensión; - En lo relativo a entradas en domicilios o intervención en las comunicaciones, se precisará autorización judicial, con independencia de que instruya el proceso el MF. Si se quieren llevar a cabo Diligencias que restrinjan derechos fundamentales (art. 23 LO – las Diligencias que restringen derechos fundamentales deberán solicitarse al Juez-) se deberá solicitar autorización judicial al Juez de menores. En estos casos se acordará secreto del expediente, que lo acordará el Juez de menores a instancia del MF.
Si se llega a Juicio Oral, se practicarán una serie de pruebas. Hasta que no se dicte ST, se presume inocente al acusado, aunque haya numerosos indicios en su contra. Será inocente hasta que se destruya la presunción de inocencia en ST condenatoria. Las pruebas que desvirtúan la presunción de inocencia se practican en el Juicio Oral, mediante principios de oralidad, inmediación y contradicción. Solo las pruebas practicadas en el acto del JO son aptas para destruir la presunción de inocencia. Aun así, es posible que, para valorar la carga de la prueba y destruir la presunción de inocencia, se tomen en consideración Diligencias de instrucción (supuestos de alcoholemia). Las pruebas deben reproducirse, en la medida que sea posible, en el acto del JO. ¡! La prueba pre-constituida deberá ser practicada ante el Juez de menores.
Entrada en domicilio Aunque la instrucción en menores la lleve a Intervención de las comunicaciones cabo el MF, se precisa intervención judicial: Para acordar secreto del expediente Prueba pre-constituida En adultos, rige el principio de legalidad, es decir, si el encargado de perseguir el delito tiene conocimiento del hecho delictivo, no puede decidir no perseguirlo. En menores, por el contrario, rige el principio de oportunidad, por tener una función esencialmente educativa.
Este principio se encuentra fundamentalmente en los art. 18 y 19 LO 5/2000. En las circunstancias que aquí se recogen, aquél que debe incoar un procedimiento, puede desistir de la incoación del expediente o de la continuación del mismo.
- El art. 18 regula el desistimiento de la incoación del expediente. En los delitos menos graves y en las faltas, sin violencia o intimidación, y cuando el menor no haya cometido previamente actos similares, el MF puede desistir de la incoación del expediente.
- El art. 19 regula el desistimiento de la continuación del expediente, es decir, se desiste de continuar algo ya incoado inicialmente.
Todo ello por motivos distintos a los que justificarían el sobreseimiento provisional definitivo – que son comunes al Derecho penal de adultos y compatibles con el principio de legalidad-. ¿El Juez debe acordar el desistimiento o entra a valorar si es oportuno desistir de la continuación? Se puede desistir en casos que se haya dado la respuesta esencialmente educativa en el marco del procedimiento, que se dará mediante la [1] reparación (compromiso asumido por el menor con la víctima de realizar una serie acciones en beneficio de perjudicado o de la comunidad, sin perjuicio del acuerdo al que hayan llegado las partes en lo relativo a responsabilidad civil) y la [2] conciliación (menor reconozca el daño causado y se disculpe ante la víctima, y ésta acepte sus disculpas). ¡! Puede ser que la víctima no acepte las disculpas, o que no haya víctima. Cuando el menor está dispuesto a dar una respuesta alternativa, pero es la víctima la que lo impide, el legislador puede buscar mecanismos para desistir de la continuación del expediente > [3] realización de actividades/tareas educativas propuestas por el equipo técnico (casos en que la víctima no quiera entrar en un procedimiento de mediación).
El art. 27.4 también permite otra hipótesis, la cual es que las [4] diligencias practicadas y el tiempo transcurrido, por si solas, han dado una respuesta satisfactoria –desde el punto de vista educativo- al delito cometido.
El Fiscal, siempre que recibe la notitia criminis, es incoar Diligencias Preliminares. Practica las diligencias necesarias para determinar si la denuncia tiene validez y, entonces, adoptará la decisión. Desde el momento que se decide incoar el expediente, existe un menor imputado. El art. 22 de la LO reconoce al menor, desde el momento de la incoación del expediente, todos los derechos que son propios del imputado: - Ser informado por el Juez, MF o agente de policía de los derechos que le asisten - Designar abogado que le defienda, o a que le sea designado de oficio y a entrevistarse reservadamente con él, incluso antes de prestar declaración - Intervenir en las diligencias que se practiquen durante la investigación y a proponer y solicitar la práctica de las mismas - Ser oído por el Juez o Tribunal de adoptar cualquier resolución que le concierna personalmente - La asistencia efectiva y psicológica en cualquier estado y grado de conocimiento, con la presencia de los padres o de otra persona que indique el menor, si el Juez de Menores autoriza su presencia - La asistencia de los servicios del equipo técnico al Juzgado de Menores Se permitió, a partir de 2003, que la víctima sea acusación particular, aunque inicialmente no fue así, al considerarse que al perseguir el Derecho Penal de menores una función esencialmente educativa, el interés de la víctima ya era perseguido por el MF. Esto viene recogido en el art. 25 LO.
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