Tema 7 - DMCPI (2015)

Apunte Español
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Derecho - 3º curso
Asignatura Derecho de la Competencia y Propiedad Intelectual
Año del apunte 2015
Páginas 10
Fecha de subida 17/04/2016
Descargas 17
Subido por

Vista previa del texto

Tema 7 – INTRODUCCIÓN AL DERECHO DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA: 1. LEGISLACIÓN: DERECHO INTERNO: • España: norma básica: Ley 15/2007, de 3 julio, de Defensa de la Competencia. DERECHO COMUNITARIO: • Derecho Directo: o Prácticas anticompetitivas y control concentraciones económicas: fundamentalmente artículos 101, 102 y 106 TFUE. Otros preceptos relevantes: artículos 3, 14, 103, 104, 105, 119 y 346 TFUE. o Ayudas Públicas: fundamentalmente artículos 107, 108 y 109 TFUE. • Derecho Derivado (general): ad ex. Reglamento (CE) n°139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el control de las concentraciones entre empresas ("Reglamento comunitario de concentraciones ; Reglamento (CE) n° 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado. • Reglamentos de la Comisión sobre exenciones por categorías 1.1 Aplicación del derecho comunitario/interno: Coexistencia normas comunitarias y nacionales: Doble escala normativa. ¿Cuál se aplica en caso de que las prácticas pueden enmarcarse tanto en la normativa nacional como en la comunitario? Criterios que determinan la aplicación de una u otra normativa: Distinguir entre : a. normas relativas a conductas anticompetitivas y ayudas públicas y; b. normas relativas a control de concentraciones económicas. 1.1.1 Conductas anticompetitivas y ayudas públicas: AFECTACIÓN DEL COMERCIO (también denominada “cláusula de afectación del comercio): • Para aplicar norma comunitaria: afectación del comercio entre estados miembros. • Para aplicar norma nacional: afectación del comercio mercado de ese país. ELEMENTOS: • Afectación: no significado neutro: que la alteración o modificación del comercio que acarrea la conducta obstaculice la integración de los mercados nacionales y la consecución del mercado único (ej: creación barrera de entrada). • Real o potencial previsible: aptitud práctica para ejercer una influencia negativa en el comercio intracomunitario. Efectos significativos: efecto apreciable en intercambios comerciales: Regla de mínimis: • • Ámbito nacional: art. 5 LDC: faculta a no iniciar o sobreseer un procedimiento respecto de conductas que por su escasa importancia, no sean capaces de afectar de manera significativa a la competencia. Ámbito comunitario: Comunicación de la Comisión relativa a los acuerdos de menor importancia que no restringen la competencia de forma sensible en el sentido del apartado 1 del artículo 81 del TCE (ahora art. 101.1 TFUE) (de minimis): umbrales cuota mercado. Comercio: amplio: todo tipo actividad económica (no sólo intercambios en mercado) Mercado intracomunitario/comunitario: elemento decisivo: existencia intercambios económicos entre ellos. 1.1.2 El criterio en materia de concentraciones económicas: Tanto legislador comunitario como estatal: criterio DIMENSION DE LA OPERACIÓN: Si no alcanza dimensión comunitaria (esto es, un determinado volumen de negocios tanto mundial como en UE y produce sus efectos en UE que establece el artículo 1 del reglamento 139/2004) → LDC • Art.8 LDC determina el sometimiento de las operaciones de concentración que reúnan los requisitos allí establecidos y excluye de su ámbito de aplicación a las que alcancen la dimensión comunitaria. Dimensión comunitaria: • El volumen de negocios total a escala mundial realizado por el conjunto de las empresas afectadas supere los 5000 millones de euros, y • El volumen de negocios total a escala comunitaria realizado individualmente por al menos 2 de las empresas afectadas por la concentración supere los 250 millones de €. o Salvo que cada una de las empresas afectadas realice más de dos tercios de su volumen de negocios total comunitario en un mismo Estado miembro. • Extensión del concepto de dimensión comunitaria a operaciones de concentración transfronteriza: o Operaciones que producen efectos en varios países UE → art. 1. 3 Reglamento: incluye y somete a control a aquellas operaciones de concentración transfronteriza de una dimensión menor que la establecida en el apartado segundo del artículo 2 del Reglamento 139/2004. Aplicación extraterritorial: no se exige que todas o algunas de las empresas que participan en la operación estén ubicadas en la UE y mantengan algún tipo de conexión con el territorio de la UE. → Reglamento 139/2004 se aplica también a aquellas operaciones de concentración entre empresas no comunitarias que, sin embargo, produzcan sus efectos previsible y razonablemente en la UE. Efectos importantes derivados de que operación alcance dimensión comunitaria: 1) determina la normativa aplicable y 2) distribuye las competencias entre las autoridades comunitarias y nacionales en esta materia. 1.2 Aplicación efectiva del Derecho Comunitario y del derecho español: Problema de dualidad normativa: solo en conductas anticompetitivas. Cuestión: ¿qué sucede cuando una práctica afecta simultáneamente al mercado nacional y al mercado comunitario y se encuentra regulada tanto en las normas nacionales como en las comunitarias? ¿Cuál es la legislación aplicable? Teoría de la Doble Barrera: creación jurisprudencial: TJUE • Límites: o Que la aplicar el derecho nacional no se entre en contradicción con le derecho comunitario (efecto útil de normas comunitarias). o Que las sanciones económicas que las autoridades nacionales de competencia puedan imponer se modulen teniendo en cuenta que se pueden imponer en los distintos ámbitos. • ¿ Y si alcanzan soluciones contradictorias? Corriente más extendida (seguida por Reglamento CE 1/2003): armonización criterios que lleva a la aplicación coherente del derecho comunitario → efecto útil: derecho nacional no puede contradecir el Derecho Comunitario. Efectos de esta doctrina sobre el Derecho español: 1. Normas españolas y comunitarias pueden ser aplicadas simultáneamente por autoridades nacionales de defensa de la competencia de nuestro país. Reglamento 1/2003, obliga a la aplicación conjunta del derecho nacional y comunitario en casos art. 101 y 102 TFUE. 2. Autoridades españoles pueden iniciar procedimiento aplicación de su derecho nacional aún cuando Comisión haya iniciado otro procedimiento con arreglo a las normas del TFUE. 3. El derecho español de la competencia debe interpretarse y aplicarse de conformidad con los principios que rigen el derecho comunitario 4. Autoridades defensa competencia nacional deben evitar que procedimientos paralelos lleguen a resultados contradictorios. La declaración de la existencia de una práctica prohibida por CE en aplicación derecho comunitario de la competencia debe ser respetada por autoridad nacional, aunque esta última puede invalidar la práctica autorizada por lo que respecta exclusivamente la territorio español. 5. La Comisión Europea puede declarar la nulidad de acuerdos o prácticas admisibles en derecho español que resulten incompatibles con el derecho comunitario. También puede certificar la validez en el ámbito comunitario de acuerdos o prácticas prohibidas por el derecho español. 6. ¿Puede el derecho nacional invalidar un acuerdo que haya sido objeto de autorización por la CE? NO: Reglamento 1/2003 (ojo: pero posibilidad aplicar art. 2 o 3 LDC) [CON TODO: EN LA PRÁCTICA ESTOS CONFLICTOS SON ESCASOS: colaboración entre autoridades comunitarias y nacionales (art. 18 LDC)]. 2. FINALIDAD, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y CONDUCTAS PROHIBIDAS: Finalidad: Ámbito subjetivo: empresa Enumeración de conductas prohibidas: • Prácticas colusorias (art. 1 LDC). • Abuso de posición dominante (art. 2 LDC). • Falseamiento de libre competencia por actos desleales (art. 3 LDC). Control de concentraciones económicas (art. 7 a 10 LDC). Vigilancia de las ayudas públicas (art. 11 LDC). 3. PRÁCTICAS COLUSORIAS (ART. 1 LDC): Prohibición prácticas colusorias (art. 1.1. LDC): Elementos: 1. Acuerdo, decisión o recomendación colectiva o práctica concertada o conscientemente paralela. 2. Que tenga por objeto, o produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia. 3. Afectación del mercado nacional. 3.1 Acuerdo, decisión o recomendación colectiva o práctica concertada o conscientemente paralela: Acuerdo: escrito u oral. Horizontal/Vertical Decisiones y recomendaciones colectivas: • Decisiones: acuerdos adoptados por asociaciones empresariales o corporaciones profesionales que tengan carácter vinculante • Recomendaciones: Idem pero en principio simplemente son orientativas, aunque en la práctica seguidas por su destinatarios Algunos ejemplos: • Decisiones: Acuerdo Junta de Gobierno de un Colegio profesional estableciendo unos honorarios mínimos → ficción de que el acuerdo se adopta por miembros y no por la persona jurídica • Recomendación colectiva: Carta de una Confederación asturiana de la construcción que tenía por objeto que sus asociados no participaran y que diversas instituciones asturianas no apoyaran un salón inmobiliario organizado por un empresa del sector. PRÁCTICA CONCERTADA: 1. Prácticas anticompetitivas consistente en una forma de coordinación de los operadores económicos (coincidencia conductas) que no se explica por la propia estructura del mercado o por las condiciones de competencia existentes y , por tanto, induce a pensar en la existencia de un acuerdo tácito entre ellas – que difícilmente puede probarse- (ej: subida coincidente de precios en cuantía y tiempo 2. Inexistencia explicación alternativa. Prueba presunciones. 3. Ejemplo: Distribución Cine: coincidencia precios y condiciones contractuales entre productores cinematográficos y las salas exhibidoras: a. Argumento: responde a usos o práctica sector y la necesidad de formular un contrato tipo para hacer frente al aumento operaciones de alquiler → rechazado : Intercambio información que les permite llegar conscientemente a una actuación coordinada. CONDUCTA CONSCIENTEMENTE PARALELA: 1. No tiene parangón en derecho comunitario. 2. Operadores, sin necesidad de mediar acuerdo o forma de coordinación, ajustan deliberadamente su comportamiento al de los otros o al de una empresa líder en el sector, evitando entrar en competencia. 3. Es necesario: a. Inexistencia contactos directos; b. Identidad comportamiento y c. Consciencia sobre esa identidad 4. Ejemplo: varios fabricantes que para evitar guerra de precios, los ajustan no en función de sus costes sino en atención a los marcados por un determinado operador. 3.2 Efecto restrictivo de la competencia: Impiden o pueden impedir o restringir la libertad de acceso al mercado, la libertad de actuación de las empresas y la libertad elección consumidores. Falsean, perturban o alternan el funcionamiento concurrencial del mercado. Prohibición objetiva: No es necesaria la puesta en práctica; basta con que se adopte la decisión. • Ejemplo: contrato tipo que ganaderos firmaron con cadenas televisión para ceder los derechos de retransmisión de corridas de toros CATÁLOGO LEGAL DE SUPUESTOS (ENUNCIATIVO): 1. La fijación, de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones comerciales o de servicio: a. Imposición por fabricantes a distribuidores del PVP b. Precios homogéneos en el agua embotellada, en el pan 2. La limitación o el control de la producción, la distribución, el desarrollo técnico o las inversiones. a. Ej: prohibición absoluta de realizar ventas activas o pasivas en zonas situadas fuera del territorio de distribución 3. El reparto del mercado o de las fuentes de aprovisionamiento. a. Ej: una limitación territorial de la actividad profesional de los veterinarios 4. La aplicación, en las relaciones comerciales o de servicio, de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes que coloquen a unos competidores en situación desventajosa frente a otros. 5. La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a los usos de comercio, no guarden relación con el objeto de tales contratos. PRINCIPIO DE NULIDAD DE LAS CONDUCTAS PROHIBIDAS (ART. 1.2. LDC): Nulidad de pleno derecho. Excepción: que estén amparados por Ley. EXENCIONES: Exención legal individual (art. 1.3 LDC): • Inaplicación prohibición art. 1.1 si el acuerdo, decisión, recomendación o práctica: o Contribuye a mejorar la producción o la comercialización y distribución de bienes y servicios o § Mejora producción: acuerdo de transferencia de tecnología que puede posibilitar mejoras de producción ¿Razón? § Mejora distribución: algunas modalidades de acuerdos de distribución. Ejemplo: distribución selectiva o A promover el progreso técnico o económico, sin que sea necesaria decisión previa alguna a tal efecto § Mejora progreso técnico: acuerdo transferencia tecnología o I+D+I en común § Progreso económico: más impreciso • Condiciones: o Permitan a los consumidores o usuarios participar de forma equitativa de sus ventajas. Ej: Código Autorregulación Publicitario de Bebidas Espirituosas o No impongan a las empresas interesadas restricciones que no sean indispensables para la consecución de aquellos objetivos § Nexo causalidad restricción/ventaja. § Que el sacrificio al bien (la competencia) sea necesario para obtener esa ventaja: “indispensabilidad”. o No consientan a las empresas partícipes la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte sustancial de los productos o servicios contemplados. • Exención por categorías de acuerdos (art. 1.4.y 5 LDC): o Reglamentos Comisión relacionados con la aplicación del art. 101 o Gobierno mediante Real Decreto (previo informe CNDF y Co) DECLARACIONES DE INAPLICABILIDAD (ART. 6 LDC): Si lo exige el interés público → Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, puede declarar, previo informe del Consejo de Defensa de la Competencia, que el artículo 1 no es aplicable a un acuerdo, decisión o práctica, • Porque no se reúne las condiciones del apartado 1 del artículo 1 LDC • Porque se dan citas las condiciones del apartado 3 de dicho artículo. También aplicable a abuso posición dominante CASOS: Supuesto: Protocolo de cooperación entre diversas Cajas de Ahorro de Islas Baleares y Catalunya en el que mutuamente se reconocen sus respectivos “territorios naturales” y por el que se obligan, mediante una prohibición de no competencia, a no abrir sucursales ni captar nuevos clientes a través de políticas comerciales en esas zonas de influencia Supuesto: acuerdo entre grupo de empresas fabricantes de productos de nutrición infantil de limitar su distribución incluyendo en el etiquetado la leyenda “de venta en farmacias” Supuesto: adopción de un determinado estándar técnico para el tamaño y forma del envase de los detergentes 4. ABUSO DE POSICIÓN DOMINANTE (ART. 2 LDC): Prohibición abuso de posición dominante (art.2 LDC). 4.1 Elementos: Existencia posición dominante Abuso de esa posición. 4.1.1 Existencia posición dominante: • Definición posición dominante: cuando puede actuar de manera independiente en el mercado, sin tener en cuenta sus competidores, proveedores o clientes. o Puede ejercer por sí sola una influencia notable en el mercado. o Falta de competencia efectiva por parte de las otras empresas • Determinación: o Determinación mercado relevante (geográfico/producto): § Mercado relevante geográfico: el que presenta condiciones homogéneas y distintas de otras áreas vecinas. § Mercado relevante de producto: productos pertenecientes a un mercado que sean sustituibles entre sí, de tal modo que se considera que integran el mismo mercado. o Determinación de la posición que ocupa la empresa en ese mercado § Cuota mercado § Estructura mercado: número de empresas que operan, grado de concentración, existencia barreras de entrada... 4.1.2 Abuso posición dominante: • Comportamiento abusivo: conducta contraria a principios que rigen el ordenamiento económico. Se comporta de modo diferente a como actuaría si estuviera en un mercado plenamente competitivo. • Catálogo legal de supuestos 4.2 Caso: Tres únicas empresas de comunicación cuyos programas de TV podían verse en Irlanda • Cada una de ellas publicaba su propia PROGRAMACIÓN SEMANAL (derecho de autor). • Para anunciar su programación, la enviaban a periódicos que lo solicitasen, con una licencia gratuita que establecía las condiciones en las que podía difundirse la información. Así, los periódicos podían publicar: o Los programas de cada día o Los programas de dos días las vísperas de festivos Magill TV Guide intentó publicar una guía semanal que contuviese la programación de todas las cadenas. • No pudo: las tres emisoras le prohibieron la difusión de sus programas semanales • Magill las demando por abuso de posición dominante, al negarse a concederle una licencia para la publicación de la programación respectiva Determinación posición de dominio ¿Mercado relevante? • ¿Guías de tv en su conjunto? • Dos niveles: o Programación semanal TV; o Publicaciones en las que aparece esa programación. • En cada nivel el TJ consideró que existía un mercado específico para cada una de las cadenas de TV y, por tanto, 3 mercados relevantes: o Programación semanal de una sola cadena; o Publicaciones en las que esa programación apareceré cogida • Consecuencia: cada cadena tenía posición de dominio en ese mercado Abuso de esa posición de dominio: Las cadenas difunden de forma exclusiva sus propias programaciones y con su conducta impiden la aparición de una revista que recoja la programación de las 3 cadenas: las 3 empresas tiene un monopolio de hecho sobre las informaciones que sirven para confeccionar las guías de TV, por lo que pueden impedir la existencia de competencia efectiva en mercado de programación semanales de TV 4.3 Conductas de menor importancia y conductas exentas: Conductas de menor importancia (art. 5 LDC): Las prohibiciones recogidas en los artículos 1 a 3 de la presente Ley no se aplican a aquellas conductas que, por su escasa importancia, no sean capaces de afectar de manera significativa a la competencia. Conductas exentas por ley (art. 4 LDC). 4.4 Conductas prohibidas: Falseamiento de libre competencia por actos desleales: 1. Autonomía sustantiva respecto de las otras prácticas prohibidas 2. Elementos: • Existencia acto competencia desleal; • que el acto falsee la libre competencia; • que ese falseamiento afecte al interés público 5. CONTROL DE CONCENTRACIONES Y AYUDAS PÚBLICAS: • Control de concentración económicas (arts. 7 a 10 LCD). • Ayudas públicas: art. 11 LCD. Artículo 7. Definición de concentración económica. 1. A los efectos previstos en esta Ley se entenderá que se produce una concentración económica cuando tenga lugar un cambio estable del control de la totalidad o parte de una o varias empresas como consecuencia de: a) La fusión de dos o más empresas anteriormente independientes, o b) La adquisición por una empresa del control sobre la totalidad o parte de una o varias empresas. c) La creación de una empresa en participación y, en general, la adquisición del control conjunto sobre una o varias empresas, cuando éstas desempeñen de forma permanente las funciones de una entidad económica autónoma. 2. A los efectos anteriores, el control resultará de los contratos, derechos o cualquier otro medio que, teniendo en cuenta las circunstancias de hecho y de derecho, confieran la posibilidad de ejercer una influencia decisiva sobre una empresa y, en particular, mediante: a) derechos de propiedad o de uso de la totalidad o de parte de los activos de una empresa, b) contratos, derechos o cualquier otro medio que permitan influir decisivamente sobre la composición, las deliberaciones o las decisiones de los órganos de la empresa. En todo caso, se considerará que ese control existe cuando se den los supuestos previstos en el artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. 3. No tendrán la consideración de concentración: a) La mera redistribución de valores o activos entre empresas de un mismo grupo. b) La tenencia con carácter temporal de participaciones que hayan adquirido en una empresa para su reventa por parte de una entidad de crédito u otra entidad financiera o compañía de seguros cuya actividad normal incluya la transacción y negociación de títulos por cuenta propia o por cuenta de terceros, siempre y cuando los derechos de voto inherentes a esas participaciones no se ejerzan con objeto de determinar el comportamiento competitivo de dicha empresa o sólo se ejerzan con el fin de preparar la realización de la totalidad o de parte de la empresa o de sus activos o la realización de las participaciones, y siempre que dicha realización se produzca en el plazo de un año desde la fecha de la adquisición. Con carácter excepcional, la Comisión Nacional de la Competencia podrá ampliar ese plazo previa solicitud cuando dichas entidades o sociedades justifiquen que no ha sido razonablemente posible proceder a la realización en el plazo establecido. c) Las operaciones realizadas por sociedades de participación financiera en el sentido del apartado 3 del artículo 5 de la cuarta Directiva 78/660/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1978, que adquieran con carácter temporal participaciones en otras empresas, siempre que los derechos de voto inherentes a las participaciones sólo sean ejercidos para mantener el pleno valor de tales inversiones y no para determinar el comportamiento competitivo de dichas empresas. d) La adquisición de control por una persona en virtud de un mandato conferido por autoridad pública con arreglo a la normativa concursal. Artículo 8. Ámbito de aplicación. 1. El procedimiento de control previsto en la presente ley se aplicará a las concentraciones económicas cuando concurra al menos una de las dos circunstancias siguientes: a) Que como consecuencia de la concentración se adquiera o se incremente una cuota igual o superior al 30 por ciento del mercado relevante de producto o servicio en el ámbito nacional o en un mercado geográfico definido dentro del mismo. Quedan exentas del procedimiento de control todas aquéllas concentraciones económicas en las que, aun cumpliendo lo establecido en ésta letra a), el volumen de negocios global en España de la sociedad adquirida o de los activos adquiridos en el último ejercicio contable no supere la cantidad de 10 millones de euros, siempre y cuando las partícipes no tengan una cuota individual o conjunta igual o superior al 50 por ciento en cualquiera de los mercados afectados, en el ámbito nacional o en un mercado geográfico definido dentro del mismo. b) Que el volumen de negocios global en España del conjunto de los partícipes supere en el último ejercicio contable la cantidad de 240 millones de euros, siempre que al menos dos de los partícipes realicen individualmente en España un volumen de negocios superior a 60 millones de euros. 2. Las obligaciones previstas en la presente Ley no afectan a aquellas concentraciones de dimensión comunitaria tal como se definen en el Reglamento (CE) n.o 139/2004 del Consejo, de 20 de enero, sobre el control de las concentraciones entre empresas, salvo que la concentración haya sido objeto de una decisión de remisión por la Comisión Europea a España conforme a lo establecido en el citado Reglamento. Artículo 9. Obligación de notificación y suspensión de la ejecución. 1. Las concentraciones económicas que entren en el ámbito de aplicación del artículo anterior deberán notificarse a la Comisión Nacional de la Competencia previamente a su ejecución. 2. La concentración económica no podrá ejecutarse hasta que haya recaído y sea ejecutiva la autorización expresa o tácita de la Administración en los términos previstos en el artículo 38, salvo en caso de levantamiento de la suspensión. 3. Los apartados anteriores no impedirán realizar una oferta pública de adquisición de acciones admitidas a negociación en una bolsa de valores autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores que sea una concentración económica sujeta a control de acuerdo con lo previsto en la presente Ley, siempre y cuando: a) la concentración sea notificada a la Comisión Nacional de la Competencia en el plazo de cinco días desde que se presenta la solicitud de la autorización de la oferta a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en caso de no haber sido notificada con anterioridad, y b) el comprador no ejerza los derechos de voto inherentes a los valores en cuestión o sólo los ejerza para salvaguardar el valor íntegro de su inversión sobre la base de una dispensa concedida por la Comisión Nacional de la Competencia. 4. Están obligados a notificar: a) Conjuntamente las partes que intervengan en una fusión, en la creación de una empresa en participación o en la adquisición del control conjunto sobre la totalidad o parte de una o varias empresas. b) Individualmente, la parte que adquiera el control exclusivo sobre la totalidad o parte de una o varias empresas. 5. En el caso de que una concentración sujeta a control según lo previsto en la presente Ley no hubiese sido notificada a la Comisión Nacional de la Competencia, ésta, de oficio, requerirá a las partes obligadas a notificar para que efectúen la correspondiente notificación en un plazo no superior a veinte días a contar desde la recepción del requerimiento. No se beneficiarán del silencio positivo previsto en el artículo 38 aquellas concentraciones notificadas a requerimiento de la Comisión Nacional de la Competencia. Transcurrido el plazo para notificar sin que se haya producido la notificación, la Dirección de Investigación podrá iniciar de oficio el expediente de control de concentraciones, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones y multas coercitivas previstas en los artículos 61 a 70. 6. El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia podrá acordar el levantamiento de la suspensión de la ejecución de la concentración a que se refiere el apartado 2 de este artículo, a propuesta de la Dirección de Investigación y previa solicitud motivada. La resolución se dictará previa ponderación, entre otros factores, del perjuicio que causaría la suspensión de la ejecución a las empresas partícipes en la concentración y del que la ejecución de la operación causaría a la libre competencia. El levantamiento de la suspensión de la ejecución podrá estar subordinado al cumplimiento de condiciones y obligaciones que garanticen la eficacia de la decisión que finalmente se adopte. Artículo 10. Criterios de valoración sustantiva. 1. La Comisión Nacional de la Competencia valorará las concentraciones económicas atendiendo a la posible obstaculización del mantenimiento de una competencia efectiva en todo o en parte del mercado nacional. En concreto, la Comisión Nacional de la Competencia adoptará su decisión atendiendo, entre otros, a los siguientes elementos: a) la estructura de todos los mercados relevantes, b) la posición en los mercados de las empresas afectadas, su fortaleza económica y financiera, c) la competencia real o potencial de empresas situadas dentro o fuera del territorio nacional, d) las posibilidades de elección de proveedores y consumidores, su acceso a las fuentes de suministro o a los mercados, e) la existencia de barreras para el acceso a dichos mercados, f) la evolución de la oferta y de la demanda de los productos y servicios de que se trate, g) el poder de negociación de la demanda o de la oferta y su capacidad para compensar la posición en el mercado de las empresas afectadas, h) las eficiencias económicas derivadas de la operación de concentración y, en particular, la contribución que la concentración pueda aportar a la mejora de los sistemas de producción o comercialización así como a la competitividad empresarial, y la medida en que dichas eficiencias sean trasladadas a los consumidores intermedios y finales, en concreto, en la forma de una mayor o mejor oferta y de menores precios. 2. En la medida en que la creación de una empresa en participación sujeta al control de concentraciones tenga por objeto o efecto coordinar el comportamiento competitivo de empresas que continúen siendo independientes, dicha coordinación se valorará en función de lo establecido en los artículos 1 y 2 de la presente Ley. 3. En su caso, en la valoración de una concentración económica podrán entenderse comprendidas determinadas restricciones a la competencia accesorias, directamente vinculadas a la operación y necesarias para su realización. 4. El Consejo de Ministros, a efectos de lo previsto en el artículo 60 de esta Ley, podrá valorar las concentraciones económicas atendiendo a criterios de interés general distintos de la defensa de la competencia. En particular, se entenderá como tales los siguientes: a) defensa y seguridad nacional, b) protección de la seguridad o salud públicas, c) libre circulación de bienes y servicios dentro del territorio nacional, d) protección del medio ambiente, e) promoción de la investigación y el desarrollo tecnológicos, f) garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de la regulación sectorial. Artículo 11. Ayudas públicas. 1. La Comisión Nacional de la Competencia, de oficio o a instancia de las Administraciones Públicas, podrá analizar los criterios de concesión de las ayudas públicas en relación con sus posibles efectos sobre el mantenimiento de la competencia efectiva en los mercados con el fin de: a) Emitir informes con respecto a los regímenes de ayudas y las ayudas individuales. b) Dirigir a las Administraciones Públicas propuestas conducentes al mantenimiento de la competencia. 2. En todo caso, la Comisión Nacional de la Competencia emitirá un informe anual sobre las ayudas públicas concedidas en España que tendrá carácter público en los términos previstos en el artículo 27.3.b) de la presente Ley. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia remitirá a las Cortes Generales, a través de su Oficina Presupuestaria, un informe anual sobre las ayudas públicas concedidas en España. La Oficina pondrá dicha información a disposición de los Diputados, Senadores y las Comisiones parlamentarias 3. A los efectos de la realización de los informes y propuestas previstos en los apartados 1 y 2 de este artículo, el órgano responsable de la notificación a la Comisión Europea deberá comunicar a la Comisión Nacional de la Competencia: a) los proyectos de ayudas públicas incluidos en el ámbito de aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE, en el momento de su notificación a la Comisión Europea. b) las ayudas públicas concedidas al amparo de Reglamentos comunitarios de exención, así como los informes anuales recogidos en el artículo 21 del Reglamento (CE) n.o 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, en el momento de su notificación a la Comisión Europea. La Comisión Nacional de la Competencia habilitará los mecanismos de información y comunicación necesarios para que la información recibida esté a disposición de los órganos de Defensa de la Competencia de las Comunidades Autónomas. 4. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión Nacional de la Competencia podrá requerir cualquier información en relación con los proyectos y las ayudas concedidas por las Administraciones públicas y, en concreto, las disposiciones por las que se establezca cualquier ayuda pública distinta de las contempladas en los apartados a) y b) del punto anterior. 5. Los órganos de Defensa de la Competencia de las Comunidades Autónomas podrán elaborar, igualmente, informes sobre las ayudas públicas concedidas por las Administraciones autonómicas o locales en su respectivo ámbito territorial, a los efectos previstos en el apartado 1 de este artículo. Estos informes se remitirán a la Comisión Nacional de la Competencia a los efectos de su incorporación al informe anual. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de las funciones en este ámbito de la Comisión Nacional de la Competencia. 6. ORGANISMOS ENCARGADOS DE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA: -Comisión Nacional de los mercados y de la Competencia -Órganos autonómicos de defensa de la competencia -Consejo de Ministros: facultado para autorizar ciertas operaciones de concentración -Los Juzgados de lo Mercantil conocerán de cuantas cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civil respecto de los procedimientos de aplicación de los artículos 1 y 2 de la LDC (Disp. Ad. 1a LDC) + aplicación arts. 101 y 102 TFUE 7. PROCEDIMIENTO, SANCIONES Y RECURSOS: Procedimientos: • Procedimiento sancionador en materia de conductas prohibidas: o Instrucción o Resolución: clases de resoluciones o Medidas cautelares • Procedimiento de control de concentraciones económicas • Régimen sancionador: infractores, infracciones y sanciones Recursos: • Recursos administrativos contra resoluciones y actos dictados por la Dirección de Investigación. • Recursos administrativos contra resoluciones y actos dictados por el Presidente y el Consejo de la CNC. ...