Resum Sessió 10 Lectura Ruiz_2010 (2016)

Resumen Español
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Criminología y Políticas Públicas de Prevención - 3º curso
Asignatura Seguretat Pública i Urbanisme
Año del apunte 2016
Páginas 5
Fecha de subida 24/06/2016
Descargas 12
Subido por

Vista previa del texto

LA GESTIÓN URBANA DE LA SEGURIDAD: POLÍTICA CRIMINAL Y MUNICIPIOS Luis Ramón Ruiz Rodríguez 1. La relevancia del factor territorial del delito Cada vez son más las grandes ciudades que han puesto en marcha programas en el entorno local y dirigido a la prevención de la delincuencia, iniciativas que buscan mejorar las condiciones de vida en los espacios urbanos que ocupan sus habitantes. Se está optando por incorporar a los programas elementos y principios sancionadores, y por tanto, se están incorporando objetivos de la justicia penal y no de la actividad administrativa o intervención social.
A principios de los años 2000 se regían por una papel preferente de la gestión policial, reserva de LO para la regulación de delincuencia y objetivo resocializador del sistema penal. En estos momentos, los programas surgen como necesidad para resolver problemas concretos que alcanzan notoriedad mediática.
Los ayuntamientos usan medios des de servicios sociales de protección asta policías locales.
Analizando la relación entre actividad preventiva de los municipios y las grandes teorías criminológicas, puede detectarse cuales se han utilizado. Todo esto viene condicionado por la fenomenología delictiva de los espacios urbanos (violenta, predatoria y delincuencia organizada). Se ha enfocado des de la prevención situacional y ambiental. Ejemplo: programa de protección de las víctimas (prevención situacional) o programas de actuación educativa con jóvenes en riesgo de delinquir (prevención social).
Por tanto, la actuación de los gobiernos locales se complejiza al disponer de instrumentos propios de represión junto con estructuras administrativas.
2. El marco normativo de la seguridad y los municipios Se declara la necesidad de que “los municipios participen de una forma más activa en la gestión de la seguridad pública”. La finalidad del convenio es crear un espacio de colaboración entre policías estatales y policías locales para conseguir mayor eficacia en la investigación del delito. No se trata de políticas locales de seguridad, sino una colaboración policial.
Los Consejos Locales de Seguridad responden a una prevención comunitaria, buscando colaboración ciudadana con la policía.
La LO de Fuerzas y cuerpos de Seguridad homologa a todas las policías respecto las funciones naturales y constitutivas de toda policía. En la policía local:        Proteger a las autoridades de las corporaciones locales y custodia de sus edificios.
Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico urbano.
Instruir atestados por accidentes de circulación.
Policía Administrativa.
Participar en las funciones de la policía judicial.
Prestación de auxilio.
Efectuar diligencias de prevención y cooperar en la resolución de conflictos.
1 Cada vez más actúan como policía de reacción del Estado y menos integradores de la comunidad. En todo caso, existe un problema práctico más importante en la gestión de seguridad: la enorme diferencia territorial, de habitantes y recursos entre ciudades y el sometimiento a un sistema competencial común. El resultado es la adaptación de los municipios a los medios y recursos, elaborando una política propia según las posibilidades.
Encontraremos pues, ciudades que se exceden y otras que no llegan al mínimo exigido.
Los ayuntamientos no se definen por su lucha contra la delincuencia, sino por la creación de condiciones de convivencia positivas que reduzcan las tensiones sociales que pueden derivar en delito.
Señalar a integrantes de la ciudadanía como fuentes de peligro (inmigrantes, ocupas, tribus) coloca a los responsables de la seguridad en el municipio en la contradicción de tener que reconocer lo que aporta cada colectivo a la cohesión de la ciudad y asumir las exigencias de control de los demandantes hacia estos colectivos.
Colocarse en el lado de la “legalidad” produce consecuencias tan negativas que los territorios pueden acabar buscando su propia seguridad (justicia por su mano). La seguridad pública se acaba por convertir en una demanda principal de los colectivos mejor posicionados contra los peor situados. Todo ello produce consecuencias que dificultan la convivencia ciudadana con la promoción de áreas protegidas o excluidas, reducción de espacios públicos, exclusión de los más débiles, etc.
Más allá de las políticas urbanísticas, los municipios tienen obligación de crear condiciones políticas para generar seguridad. Cuatro medidas:     Combatir la xenofobia en las administraciones públicas.
Crear estructuras de participación que incluyan colectivos marginales.
Reducción de guetos mediante inserción sociocultural.
Reconocimiento de plenos derechos de las personas individualmente excluidas por el modelo legal estatal.
La participación activa de las policías locales en estas políticas globales de los ayuntamientos es una de las claves fundamentales para encontrar un espacio de compromiso entre los ciudadanos y las autoridades municipales. Mientras que se mantengan los modelos de fuerte aislamiento funcional de los responsables municipales de la seguridad del resto de servicios públicos locales, la eficacia de aquellas medidas seguirá siendo muy limitada.
3. La puesta en práctica de las teorías de la prevención de la delincuencia en el contexto urbano Los municipios observan como comportamientos de riesgo aquellos cuyos informantes y demandantes de seguridad son los ciudadanos concretos que se sienten víctimas o potenciales receptores de una agresión, que les produce miedo o sensación de inseguridad. A la ciudad se le reclaman políticas de mejora de las condiciones de vida y por ello, las políticas de seguridad tienen que ver con las demandas sociales.
2 3.1. Las políticas municipales de prevención ambiental Han tenido fuerte acogida en los ayuntamientos ya que son muy visibles y muy prácticas.
Pretenden reducir las oportunidades mediante:  Incremento del esfuerzo.
 Aumento de riesgos de detención.
 Reducción de la recompensa.
Desarrollo del diseño de las ciudades que permita poner en marcha procesos de interacción comunitaria para la prevención ya que, la estructura actual facilita el delito al poner a ofensor y víctima en situaciones de riesgo constante. Se usarán videocámaras, barreras arquitectónicas, etc. En realidad, muy asociadas a la marginalidad.
El problema: no ayudan a desvincular las conductas de mera incivilidad de las estrictamente delictivas, sino que las asocian. La vinculación entre lo delictivo y lo criminógeno se justifica por la necesidad de adoptar mecanismos de naturaleza policial por encima de otras medidas que aborden el conflicto social de aquellas conductas, propias de la marginalidad y no de la delincuencia.
Consecuencia: expansión del miedo al delito y asociación entre desviado y delincuente.
3.2. Prevención social Intervención pública sobre el ofensor o potencial ofensor, reconociendo la existencia de un conflicto social que abordar, coordinándola con unos referentes morales determinados. Este es uno de los errores más señalados, el buscar reconducirlo a unos valores comunes. La multiculturalidad dificulta está técnica de intervención y es de dudosa aplicación en urbes modernas.
Bonnemaison plantea un cambio en el enfoque del problema, especialmente en el terreno de las competencias para poner en marcha los programas de prevención social, derivando la responsabilidad hacia estructuras administrativas locales. El formato sería horizontal y cooperativo, donde la sociedad y la administración puedan cooperar en el desarrollo de soluciones.
Problema: enfoque hacia la ciudad en general y no las áreas conflictivas.
3.3. Prevención comunitaria Dirigida al ciudadano, como responsable directo de la gestión de sus propias demandas de seguridad, buscando reconstruir el control social del territorio por parte de quien lo habita. Se asienta en la pérdida de control social informal de la comunidad y necesidad de recuperarla a partir de los espacios públicos y el control comunitario. Surge la teoría de “broken Windows” y el “neighbourhood watch” y la “tolerancia cero”.
Se busca disminuir la sensación de inseguridad (que no la inseguridad objetiva) al ser el ciudadano el que participa directamente en la gestión de seguridad de su barrio.
3 4. La política criminal de las ciudades La seguridad urbana gestionada desde los municipios sigue apoyando sus decisiones en la fuerza policial como elemento asegurador del mantenimiento de los elementos más visibles del concepto de orden público. La demanda del servicio policial se debe a:  Inflación penal.
 Individualismo y disminución de control informal.
 Éxito de la organización policial para responder la desviación y la delincuencia.
Frente a la creciente demanda de seguridad, resulta de interés que los ayuntamientos respondan con las políticas más rentables. Se identifican elementos del derecho penal:        Delincuencia violenta y predatoria.
Atención al sentimiento subjetivo de inseguridad.
Protagonismo de las víctimas.
Populismo y politización.
Retorno a la prisión.
Participación ciudadana en la lucha contra el delito.
Basados en síntomas y no en causas.
En la reforma del 2010 del CP se retorna a la idea de orden público como “núcleo esencial del principio de legalidad y de los derechos y libertades constitucionales”. Para los municipios, esto es asociado con la seguridad urbana. De este modo se asocian dos ideas de difícil conjunción: impedir desordenes públicos y ser proactivos con las conductas de los ciudadanos que puedan generarles perjuicios incluso cuando son ellos los que participan voluntariamente en ellas. Ejemplo: botellón.
En cuanto las sanciones: voluntad pura de sancionar y nueva asunción del objetivo rehabilitador desde los ayuntamientos. Ejemplo: posibilidad de privar a los extranjeros irregulares durante 60 días mientras se tramita su expulsión.
En definitiva, el fenómeno es de progresiva unificación entre Derecho penal y Derecho administrativo sancionador en varios niveles: 1) 2) 3) 4) A nivel institucional. Modelos cooperativos en las políticas de prevención.
A nivel víctima. Denuncia policial es el método de comunicación preferente.
Principios. Principios garantistas y justificativos del aumento de represión.
A nivel agresores. Confusión entre delito, infracción e incivilidad. Favorece negativamente al sistema.
La gestión de seguridad y la protección de las libertades corresponden por igual a todas las instituciones públicas, incluidas las penales. Los ciudadanos son los receptores de tales funciones. Confusión sobre los papeles que las instituciones públicas juegan: 4 1. La policía es el aparato del Estado que representa la gestión de la seguridad. Error importante. La seguridad o es solo policía, depende de múltiples factores.
2. La seguridad es una percepción subjetiva. Es n sentimiento individual, relacionado con la previsión que cada sujeto tiene de ser objeto de peligro.
3. Principio de tolerancia cero con los riesgos. Principal causa de la quiebra social. Tres consecuencias: a) parte de la sociedad culpa a otros colectivos, b) la policía se posiciona, c) los culpados no pueden reclamar seguridad.
Resulta urgente reclamar que no se ceda a la tentación de pretender afrontar la inseguridad creando una imitación del sistema penal del Estado.
5 ...