Tema 3.- El control de constitucionalidad de leyes y el Tribunal Constitucional (2016)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura Derecho Constitucional I
Año del apunte 2016
Páginas 7
Fecha de subida 01/03/2016
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Derecho Constitucional I| Apuntes Daniel Cortés Tema 3.- El control de constitucionalidad de leyes y el Tribunal Constitucional 1. La justicia constitucional La justicia constitucional es la actividad jurisdiccional que tiene por finalidad asegurar el respeto a la Constitución frente a todo acto del poder público. Es consecuencia de su superioridad formal y material. Su garantía requiere: - Órganos que aseguren esa superioridad.
- Procedimientos adecuados para realizar ese control.
El control constitucional se asienta en dos pilares: en la competencia de aprobación y en la competencia de rechazo. En cuanto a la competencia de aprobación hace referencia a la capacidad que, el órgano asignado de garantizar la constitucionalidad, tiene que tener para elaborar un juicio abstracto de compatibilidad de cualquier ordenamiento/ley y la constitución. En cuanto a la competencia de rechazo hace referencia a la capacidad de adoptar decisiones ejecutivas y vinculantes sobre aquellos actos normativos que no sean compatibles con la constitución, para aceptarlos, inhabilitarlos o anularlos.
Modelos de justicia constitucional Hay diferentes modelos de justicia constitucional: difuso o norteamericano/concentrado o austriaco.
1. Modelo de control difuso. Todos los jueces y tribunales pueden apreciar y declarar la inconstitucionalidad de las leyes, es decir, ejercen el control de constitucionalidad de las leyes, y lo hacen en el momento de seleccionar la normativa aplicable al caso.
Por tanto, no hay órgano específico, sino una atribución general a todo el Poder Judicial, sin la existencia de un Tribunal Constitucional como tal. Es el Tribunal Supremo quien tiene la última palabra quien conoce del tema por vía de apelación contra las decisiones de tribunales inferiores. Posee una intervención potestativa vía recurso y una obligatoriedad del presente.
Esto sucede como consecuencia del principio de stare decisis por el que su doctrina vincula a todos los tribunales inferiores al que, al añadirle el hecho de ser un tribunal único en su grado, sus decisiones unifican la jurisprudencia. Está vinculado a la concepción de los jueces y tribunales como intérpretes y aplicadores de la Constitución antes que de la Ley. Es un modelo incidental ya que está vinculado a un proceso concreto que tiene como finalidad pedir la aplicación en un caso determinado de la norma de rango superior e impedir que la aplicación de una norma legal dé como resultado un acto inconstitucional. Sus efectos de inaplicación sólo inter partes, es decir, en un caso concreto. Hay, por tanto, una inexistencia de acción general y es una obligación de los jueces el no aplicar una ley si se cree que es inconstitucional.
Es decir, si el juez o Tribunal considera que la norma legal es inconstitucional debe ser inaplicada al caso que se está juzgando, pero la ley sigue vigente y con plena fuerza de obligar, es decir, sigue siendo aplicable para supuestos de hecho que no sean idénticos.
2. Modelo de control concentrado o austriaco. Control de constitucionalidad de las leyes en vía directa mediante un órgano jurisdiccional. Existe, por tanto, un órgano específico y un procedimiento especial para esta función. Este órgano es llamado Tribunal Constitucional, un modelo que aparece por primera vez en la Constitución Austriaca de 1920, siguiendo las construcciones teóricas de Hans Kelsen, que va a tener la capacidad de anular las leyes que Derecho Constitucional I| Apuntes Daniel Cortés considere inconstitucionales modificando así el Ordenamiento Jurídico, con unas sentencias con efectos generales.
El modelo español de justicia constitucional La Constitución Española de 1978 adopta el modelo concentrado aunque con matices. Hay que destacar que en el momento de elaborarse la vigente Constitución Española, el sistema de justicia constitucional concentrado o europeo se encuentra consolidado en el Derecho continental, y a él acude el constituyente. A partir de su primera aparición en las constituciones austríaca y checa de 1920, el perfeccionamiento del sistema se justicia constitucional tiene lugar con la Constitución Italiana de 1947 y con la Ley Fundamental de Bonn el año 1949.
Crea el Tribunal Constitucional como único órgano capaz de anular leyes. El TC encarna una auténtica jurisdicción, aunque por su naturaleza y funciones no se incorpore en el seno del Poder Judicial. En caso de los reglamentos, el sistema tiene una pequeña concisión al modelo difuso, ya que son los Tribunales Ordinarios los que pueden resolver sobre su validez o inaplicarlos.
El Tribunal Constitucional es un órgano jurisdiccional pero no judicial, es independiente y sólo sometido a la Constitución y a su Ley Orgánica (LO 2/1979, de 3 de octubre). Existen dos posibilidades de intervención del Tribunal Constitucional en lo que se refiere al control de constitucionalidad en su sentido estricto.
- Recurso de inconstitucionalidad (art. 161.1 CE).
- Cuestión de inconstitucionalidad (art. 163 CE) 2. Procedimientos de control de constitucionalidad de las leyes El primer problema que plantea el control de constitucionalidad es determinar cuáles son las normas que deben incluirse en esa categoría. El artículo 27.2 de la LOTC da la respuesta a esta pregunta, incluyendo los siguientes actos normativos: - Leyes. Cualquier tipo de ley con independencia del proceso de aprobación, de la materia, de que sea orgánica y ordinaria. Absolutamente todas las leyes del estado son recurribles.
- Actos normativos del Gobierno con fuerza de Ley; es decir, el caso de los decretos leyes, o los decretos legislativos.
- Actos con fuerza de ley de los órganos del Estado. Son autorizaciones de las Cortes Generales para dictar determinados tratados internacionales. Por tanto, son actuaciones del legislativo equiparables a una ley de manera que su constitucionalidad ha de ser considerada.
- Tratados internacionales cuando se incorporan al Ordenamiento interno. Esto lleva a una paradoja ya que se valora con el derecho interno algo que procede del derecho internacional.
- Reglamentos de las Cámaras y Estatuto del personal de las Cortes Generales, este último si existiese.
- Actos equiparables a los anteriores dictados por parte de las Comunidades Autónomas; leyes, decretos-ley, decretos legislativos y reglamentos de sus Asambleas Legislativas.
- Normas fiscales dictadas por los Territorios de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, éstas en virtud de la Disposición Adicional Quinta de la LOTC.
Derecho Constitucional I| Apuntes Daniel Cortés Aunque la función originaria y más característica del Tribunal Constitucional sea valorar la constitucionalidad de las leyes, no es la única actividad que este realiza ni la más relevante.
Hay que tener en cuenta que el Tribunal Constitucional no legisla. El parámetro principal para enjuiciar la constitucionalidad de las normas es la propia Constitución aunque también se contrasta con el bloque de constitucionalidad que son actos normativos a los que la Constitución se refiere expresamente como desarrollo directo de ciertas cuestiones, especialmente formales o relativas a la distribución de competencias (28.1 LOTC).
Recurso de inconstitucionalidad Define el modelo de justicia constitucional. Se trata de presentar un recurso directo contra una ley que habla que debe resolver el TC.
El artículo 161.1 CE establece el recurso de inconstitucionalidad como primer instrumento procesal para controlar la constitucionalidad de las normas con fuerza de ley. Procesalmente, se caracteriza por ser una acción jurisdiccional nacida precisamente con ese fin de controlar la adecuación a la Constitución de las normas con fuerza de ley; se trata por tanto, de una impugnación directa de la norma. Tiene carácter abstracto ya que no está conectada a un procedimiento judicial. Es accesible sólo a los órganos del Estado y cumple un fin de depuración del ordenamiento. Permite valorar leyes aprobadas y expulsaras del Ordenamiento si se consideran que son inconstitucionales. Se presupone, eso sí, su constitucionalidad pero esto no quiere decir que así lo sea.
Legitimidad Los sujetos legitimados para presentar un recurso de inconstitucionalidad, según el artículo 162.1 de la CE son: - El Presidente del Gobierno. Esto supone dotarle de una facultad de evidente importancia, tanto en el ámbito de las relaciones Gobierno-Parlamento, como en el del reparto de poder entre Estado y Comunidades Autónomas. Pese a que pueda obviamente consultar al Gobierno, la decisión corresponde al Presidente individualmente considerado.
- El Defensor del Pueblo. La legitimación otorgada al Defensor del Pueblo podría penarse que debería restringirse al campo de la protección de los derechos fundamentales, única tarea atribuida por el artículo 54 CE a dicha institución. Ahora bien, no puede olvidarse que el concepto mismo de protección de los derechos fundamentales tiene un amplísimo alcance, por lo que pocas son las normas que directa o indirectamente no pueden conectarse con dicha tarea.
- Cincuenta Diputados o cincuenta Senadores. La legitimación de esta capacidad aparece básicamente como un instrumento de protección de minorías parlamentarias frente a la acción de la mayoría.
- Los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas, es decir, los Gobiernos Autonómicos y las Asambleas de las Comunidades Autónomas, previo acuerdo interno y sólo frente a aquellos actos del Estado que afecten a su ámbito de actuación.
Término El plazo general es de tres meses desde la publicación de la norma impugnada (art. 33 LOTC).
El plazo de tres meses se alarga a nueve meses en los supuestos en los que se ponga en Derecho Constitucional I| Apuntes Daniel Cortés marcha el mecanismo de cooperación previsto en el artículo 33.2 LOTC. Es para los recursos presentados por el Presidente del Gobierno o Gobierno autonómico en caso de negociación en la Comisión Bilateral para resolver la controversia objeto de recurso. En cuanto las alegaciones, se pueden presentar a lo largo de los 15 días posteriores.
Procedimiento La demanda debe de incluir la identidad de los recurrentes, la concreción de la ley, la disposición o acto impugnado parcial o totalmente y el precepto constitucional que se entiende infringido. El Tribunal Constitucional, admitido a trámite, da traslado del recurso al Congreso de los Diputados, al Senado, al Gobierno y, en el caso de que la norma impugnada sea de una Comunidad Autónoma, a la Asamblea Legislativa y al Ejecutivo correspondientes.
Efectos Resuelve el Pleno del Tribunal Constitucional en 10 días, un plazo prorrogable a 30 días (aunque difícilmente estos plazos se cumplan). La admisión a trámite no suspende la vigencia del acto normativo, es decir, que mientras se resuelve el recurso, la Ley en cuestión debe seguir aplicándose. Des del punto de vista temporal, las sentencias del Tribunal Constitucional despliegan sus efectos a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (art. 164 CE). Solo hay una excepción y es cuando el Presidente del Gobierno recurre un acto normativo de una Comunidad Autónoma (arts. 161.2 CE y 30 LOTC). Esta suspensión debe pedirse expresamente y a los 5 meses como máximo el Tribunal Constitucional debe decidir si la ratifica o la levanta.
Cuestión de inconstitucional El segundo instrumento procesal a través del cual es posible controlar la constitucionalidad de las normas con fuerza de ley es la cuestión de inconstitucionalidad. Se trata de una acción incidental, que permite al Tribunal Constitucional comprobar la constitucionalidad de una norma con motivo de su aplicación.
Así se establece en el artículo 163 de la CE: “cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez depende el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la ley, que en ningún caso serán suspensivos”. Tiene la misma finalidad, por tanto que el recurso; expulsar del Ordenamiento todo aquello que no se adecue a la Constitución. Esta siempre la va a plantear un juez al Tribunal Constitucional cuando se vea en la situación de tener que aplicar en un proceso concreto una norma ante la cual tiene dudas sobre su validez.
Los requisitos Ese planteamiento no depende de la simple voluntad del titular o titulares del órgano judicial, sino que deben cumplirse determinados requisitos. Esa norma tiene que ser en primer lugar, una ley o acto normativo con rango de ley, que además sea aplicable al caso que se está juzgando, aplicabilidad que decide el propio juzgador, es decir, el juez del caso decide si esa norma es aplicable o no, si es aplicable se puede presentar la cuestión. Es decir, la duda sobre la constitucionalidad de la norma con fuerza de ley ha de surgir en el seno de un procedimiento del que conozca el órgano judicial, bien planteada por éste, bien por alguna de Derecho Constitucional I| Apuntes Daniel Cortés las partes en ese procedimiento. En tercer lugar tiene que ser una norma cuya validez sea esencial para la resolución del caso que se está juzgando (que el caso depende de si esta norma es constitucional o no). Por tanto, la relevancia tiene una doble dimensión lógica, la de la aplicabilidad y la relevancia propiamente dicha: la norma debe de ser aplicable al caso y de su validez debe depender el fallo. Esto es una potestad del juez, el juez está vinculado por la Constitución y las leyes y por lo tanto, no puede decidir sobre la validez de una ley, sino que debe preguntárselo al órgano supremo, es decir, al Tribunal Constitucional. Tiene que ser el juez que se esté ocupando del caso en el que se encuentra la cuestión de inconstitucionalidad, y además, es el juez quien decide libremente si la plantea o no.
Las partes en el proceso pueden pedir (si les favorece, siempre que tenga su fundamento) que plantee la cuestión de inconstitucionalidad. Ahora bien el juez puede hacerle caso o no, ya que la decisión última le pertoca a este. También puede ser el propio juez quien decida por sí mismo plantear la cuestión o porque no lo ve claro o porque se ve incapaz de interpretar la norma en cuestión de forma salvable. Todo esto con independencia de si haya otras normas o no aplicables al caso y que lo pudieran llegar a resolver.
En resumen el recurso de inconstitucionalidad lo pueden dan órganos políticos. Tiene legitimación, se pueden presentar recursos ante el TC (el defensor del pueblo) -> si considera que una norma invade la constitución (presuntamente). O puede ser llevada por 50 diputados y 50 senadores pero no tienen sentido porque son ellos los que crean las normas, incoherencia. ¿Qué diputados y que senadores? La oposición, los que estaban en contra de la ley, quien no votó a favor de la ley en el parlamento. Es un mecanismo de control a manos de la oposición política. Mecanismo de protección, un toque de atención a la mayoría parlamentaria. Esta mayoría también está sometida al texto constitucional. El tercero es el presidente del gobierno. ¿Cuando el presidente del gobierno central impugnara una norma del tribunal constitucional? Este tiene la mayoría parlamentaria y actuara cuando un parlamento autonómico legisle y cuando el presidente del gobierno cree que su legislación, sus normas vulnera la constitución. Por lo que se debería ir al tribunal constitucional. Se hace un control de la legislación autonómica. Por cuarto lugar, puedes presentar recursos un parlamento o gobierno autonómico porque vulnera mi autonomía política y va en contra de la constitución Es un mecanismo desde las autonomías, hasta los hechos legislativos del acto central. El control es multilateral, no viene de un solo sitio, de una banda.
En cambio, la cuestión de inconstitucionalidad es un mecanismo, uno solo, junto con el recurso para controlar la constitucionalidad. La pueden presentar solo los jueces y magistrados.
Cuando se le presenta, cuando el juez de una norma aplicable al caso es presuntamente inconstitucional tiene dos salidas; aplicar la norma y olvidar la duda o paralizar el proceso y preguntar al TC.
Las competencias del TC además de en materia de la constitucionalidad de leyes y disposiciones normativas o actos con fuerza de Ley se pueden dar presentando estos tipos de recursos pero encontramos que también el TC tiene competencia en materia de protección de los derechos fundamentales y en materia de la defensa de las competencias establecidas por la Constitución.
Derecho Constitucional I| Apuntes Daniel Cortés ¿Qué más cosas hacen el tribunal constitucional? Garantizar los derechos humanitarios, al tribunal puede acudir cualquier ciudadano, cualquier persona. Es un mecanismo de garantía final, cuando se ha producido vulneración de derechos fundamentales. ¿Cuál es la vía? Recursos de amparo. La segunda gran función del tribunal es proteger derechos individuales, del ciudadano cuando no obtiene la garantía con el tribunal ordinario. Si la obtiene antes no hace falta presentarlo ante el TC.
Además otra de las competencias que tiene es la resolución de conflictos. Aquí entramos en la lógica de resolver conflictos entre diversas partes. Estos conflictos pueden ser entre órganos, el tribunal actuaria como un tribunal que actúa en función de la separación de poderes. El tribunal es el que soluciona el conflicto. Tiene capacidad y competencia. Actúa como un órgano de resolución de conflictos entre órganos, entre territorios, por lo que existe una doble variante, pueden ser conflictos territoriales o entre órganos. Que son como la independencia (generalidad de Cat-Madrid). ¿Quién lo resuelve? El TC la junta de Andalucía va al TC dice que el gobierno de Madrid invade mis competencias sobre el turismo (por ejemplos). El TC determinara de quien es la competencia. El otro conflicto es ente órganos. El TC busca solucionar conflictos que pueden suscitar entre los diversos órganos del estado central. El TC hace de arbitro entre las instituciones. Pero de hecho hay pocos conflictos orgánicos, sobre inconstitucionalidad de la norma si, de amparo una inmensidad.
Los conflictos entre los órganos constitucionales del Estado La función con más relevancia es el control orgánico, los diversos poderes. Partimos del supuesto de un conflicto, un conflicto entre diversos órganos constitucionales del estado. Cada uno de los órganos del conflicto considera que el ordenamiento jurídico aplicable le otorga competencia y los otros órganos en conflicto igual. Cada uno de los órganos jurídicos entiende que la constitución le otorga competencia. Y consideran entonces que sus competencias están siendo invadidas. Entonces tienen que hacerle saber al órgano presunto invasor de competencias, pasado un mes, que está asumiendo competencias de manera inédita.
Seguidamente el órgano presuntamente invasor puede retirarse y así solucionar el problema, pero también puede afirmar que actúa en ejercicio de su competencia constitucional y por tanto no quiere rectificar en el sentido que se le solicita. Entonces el órgano requirente consultará al TC. Enviaran una demanda por escrito explicando las competencias que consideran vulneradas y sus argumentos jurídicos. Haciendo las alegaciones pertinentes y fundamentales. Una vez se ha presentado la demanda adecuada, y el TC lo recibe, pasado diez días de traslado al órgano requerido y le fija un plazo para que formule alegaciones, ¿qué tienes que decir a lo que se demanda? Tienes el mismo plazo que ella, un mes. Igualdad procesal. A continuación el TC extrapola la demanda a al resto de sujetos legitimados. Quien plantea la demanda obtiene la contestación de la misma y también obtiene la respuesta de todos los demás que tienen legitimación si es que quieren contestarla. Los demás órganos legítimos pueden compadecer, personarse ante el TC. Mostrar sus alegaciones en apoyo (depende), del demandante o del demandado. Puede omitir la comparecencia. El conflicto entre órganos se resolverá por sentencia. El TC en su sentencia dirá que órgano corresponde a la competencia. A continuación, declara la impunidad de los actos afectados en invasión de competencia. Si el demandado tiene la razón, es decir el TC le da la razón al demandado, declarará la inmunidad de la competencia y seguidamente los actos impugnados serán Derecho Constitucional I| Apuntes Daniel Cortés considerados totalmente validos. El tribunal constitucional la función que ejerce es separar los diversos poderes del estado. Dividir las competencias. Reafirma el principio de separación de poderes. Vivimos en el mismo estado, no puede haber un invasor por un tercero. Se convierte por tanto en el árbitro de la división de poderes.
3. La interpretación constitucional Existe una labor interpretativa por parte del Legislador y del TC: con precisión y límites. La actividad del legislador es la que va a dar unos contenidos más generales a las leyes del ordenamiento, por eso el TC tiene la labor de indicar cuando este se ha podido exceder o ha interpretado mal.
El TC para interpretar va a utilizar las misma técnicas que puede utilizar cualquier operador jurídico (generales), pero su estructura normativa peculiar hace que además se necesiten determinadas técnicas especiales, ya que si las normales no fuesen suficientes y se necesitaría recurrir a especiales relativas a la Constitución por la ambigüedad y el carácter abierto de ciertos preceptos y por los contenidos axiológicos. (Axiología: teoría de los valores) + Criterios interpretativos generales - Gramatical. Sentido de las palabras - Sistemático. Contexto unitario - Histórico. Antecedentes, aunque hasta el propio Tribunal Constitucional los ha definido como no determinantes.
- Teleológico. Finalidad, valores y principios.
+ Criterios interpretativos específicos - Unidad de la Constitución. Todas las normas constitucionales tienen que ser concebidas como actos normativos que tienen cierta posición en el sistema.
- Concordancia práctica. Ninguna norma constitucional en principio contradice a otra, hay que recurrir a la especialidad y siempre y a la hora de dotar de sentido a cierto artículo hay que hacerlo de manera que el posible sentido atribuido sea acorde a lo dictado por la CE.
- Fuerza normativa de la Constitución. Todo lo que hay ya sea ambiguo, concreto... son normas y deben ser interpretadas como tales.
- Principio de corrección funcional. Este dice que toda interpretación de la Constitución debe realizarse teniendo en cuenta la división de poderes y la distribución competencial en el sistema que se establece.
Con la aplicación de todos estos se construye lo que se llama la doctrina constitucional, la jurisprudencia constitucional que es la suma de todas las manifestaciones interpretativas del ordenamiento y la constitución que se contienen en los fallos del TC en cualquier tipo de proceso constitucional. Por lo tanto la doctrina constitucional es una fuente del Derecho que en parte innova el Ordenamiento, ya que lo dispuesto por esta se incorpora/expulsa al ordenamiento con el rango de norma interpretada o expulsada del mismo. En todo caso esta doctrina son obligatorias para los jueces y tribunales cuando tengan que resolver algún litigio, sobre todo cuando se trata de sentencias interpretativas, por tanto, es una argumentación que obligatoriamente tendrán que seguir los órganos judiciales incluyendo el Tribunal Constitucional.
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