17.2: El Sistema de Penas (2016)

Apunte Español
Universidad Universidad de Málaga
Grado Derecho + Administración y Dirección de Empresas - 3º curso
Asignatura Derecho Penal I
Año del apunte 2016
Páginas 9
Fecha de subida 03/08/2017
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Tema 17 Parte 2

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Tema 17 2 El Sistema de Penas Localización permanente: No estaba prevista originariamente en el Código Penal del 95. Éste contemplaba otra pena similar en algunos aspectos a ésta, denominada arresto de fin de semana. Este ha tenido una vigencia temporal bastante breve y se ha eliminado del Código Penal antes de que pudiese hacerse una evaluación a largo plazo de los resultados de ésta pena. Esto ha sido así por las dificultades de su aplicación, ya que exige que haya plazas libres en un establecimiento penitenciario próximo al domicilio del reo. El legislador ha reemplazado esta pena en el Código Penal por la pena de localización permanente. Esta pena obliga al penado a permanecer en un lugar establecido en sentencia durante el periodo de la condena, lugar que será el domicilio del penado u otro diferente de un centro penitenciario, pero el objetivo del legislador era continuar con esta prevalencia de la prevención especial iniciada con la pena de arresto de fin de semana y mejorarla.
Algunos de los autores consideran la flexibilización del régimen de quebrantamiento de condena referente a este tipo de penas. El cumplimiento de la pena puede comprobarse de diferentes maneras: · Policía que lo controle.
· A través de un teléfono fijo (se controla que el sujeto responda la llamada).
· Sistemas de localización geográfica por satélite (dispositivos GPS).
La localización permanente tendrá una duración de hasta seis meses. Su cumplimiento obliga al penado a permanecer en su domicilio o en lugar determinado fijado por el Juez en sentencia o posteriormente en auto motivado. No obstante, en los casos en los que la localización permanente esté prevista como pena principal, atendiendo a la reiteración en la comisión de la infracción y siempre que así lo disponga expresamente el concreto precepto aplicable, el Juez podrá acordar en sentencia que la pena de localización permanente se cumpla los sábados, domingos y días festivos en el centro penitenciario más próximo al domicilio del penado Si el reo lo solicitare y las circunstancias lo aconsejaren, oído el ministerio fiscal, el juez o tribunal sentenciador podrá acordar que la condena se cumpla durante los sábados y domingos o de forma no continuada.
Para garantizar el cumplimiento efectivo, el Juez o Tribunal podrá acordar la utilización de medios mecánicos o electrónicos que permitan la localización del reo.
Varias son las modificaciones que introdujo la lo 5/2010. Por una parte, se amplió a seis meses el límite máximo de la pena, que antes de la reforma era de 12 días. Con ello, la localización permanente de tres meses y un día a seis meses pasa a ser pena grave, y la de un día a tres meses pena leve. Con la reforma operada por la LO 1/2015, la localización permanente pasa a ser exclusivamente una pena leve, con una duración de un día a seis meses.
En lo que se refiere al lugar de cumplimiento, el mismo podrá ser determinado tanto en Sentencia como en Auto posterior, debiendo ser ambos motivados. En ciertos casos podría ser cumplido en centros penitenciarios.
La localización permanente puede imponerse también, en los delitos leves, como forma de cumplimiento de la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de la pena de multa.
El comienzo del cómputo de la privación de libertad depende de si el reo estuviese o no preso en el momento de la sentencia condenatoria. Si lo estuviese, la duración de las penas empezará a computarse desde el día en que la sentencia condenatoria haya quedado firme. Si no lo estuviere, la duración de las penas comenzará a contarse desde que ingrese en el establecimiento adecuado para su cumplimiento.
El tiempo de privación de libertad sufrido provisionalmente será abonado en su totalidad por el Juez o Tribunal sentenciador para el cumplimiento de la pena o penas impuestas en la causa en que dicha privación fue acordada, salvo en cuanto haya coincidido con cualquier privación de libertad impuesta al penado en otra causa, que le haya sido abonada o le sea abonable en ella. En ningún caso un mismo periodo de privación de libertad podrá ser abonado en más de una causa.
Responsabilidad penal subsidiaria por impago de multa: La multa es una pena de carácter patrimonial, la única establecida por el legislador. El sistema básico de multas que establece el Código Penal es el denominado sistema de días-multa, cuotas que se establecen en función de la gravedad del delito, y en función de la capacidad económica del penado. El legislador con ese sistema rompe con el sistema tradicional que consistía en multas a tanto alzado, de manera que se fijaba una cantidad global que el reo debía satisfacer.
Este sistema tradicional de multa plantea una serie de problemas, siendo el fundamental la solvencia del penado y el hecho de que por no poderla satisfacer tenga que cumplir con privación de libertad o tenga que cumplir una pena de contenido pecuniario. Para evitar esto, el legislador acoge un sistema denominado sistema escandinavo de días-multa.
Este sistema pretende que nadie vaya a prisión por no poder pagar una multa, se pretende adecuar la multa a la capacidad económica del sujeto. Precisamente por esta idea básica, el sistema de días-multa establece dos parámetros diferentes: separación del número de cuotas que hay que pagar y cantidad o importe de cada una de ellas. De forma que el número de cuotas, es decir, la extensión temporal de la pena de multa, la determina la gravedad del hecho cometido, esto no tiene nada que ver con la solvencia del reo. En cambio, la cantidad integrada en cada cuota se determina en función de la capacidad económica del penado. De esta forma se consigue que nadie vaya a prisión por insolvencia económica. El juez se preocupa en estudiar la situación económica del penado antes de establecer la pena.
La pena de multa consistirá en la imposición al penado de una sanción pecuniaria. Se impondrá salvo que la ley disponga otra cosa por días-multa. Su extensión mínima será de 10 días y la máxima de 2 años, en lo referente a personas físicas. En el caso de las personas jurídicas tendrá una extensión máxima de 5 años. Por lo que respecta a la cuota diaria tendrá un mínimo de 2 y un máximo de 400€ para las personas físicas y para las personas jurídicas un mínimo de 30 y un máximo de 5000€, ambos por día. Sabemos qué multas son penales en función de quien te la pone y en qué procedimiento te la ponen. A efectos de cómputo, cuando se fije la duración por meses o años, se entenderá que los meses son de 30 días y los años de 360. Los jueces o tribunales determinarán motivadamente la extensión de la pena dentro de los límites establecidos para cada delito. Igualmente fijará en la sentencia el importe de las cuotas, teniendo en cuenta para ello las cargas personales del mismo. Esto es aplicable tanto a personas físicas como jurídicas. Una vez que la sentencia es firme, se le puede dar una moratoria al penado en función a sus circunstancias, dándole un periodo de hasta dos años para comenzar a pagar la multa, bien estableciéndole el pago de una vez o el primer plazo si el juez así lo ha permitido. En este caso segundo, el impago de dos plazos determina el vencimiento de los plazos restantes, esto es que se le puede exigir el pago total de la multa, por vía directa y en segundo lugar por vía de apremio. Cuando no tiene dinero, por vía de apremio se cobran los bienes, y si con esto no es suficiente, como la multa se ha establecido calculando lo que el sujeto podría pagar, establecemos la responsabilidad personal subsidiaria, cumpliendo con privación de libertad lo no pagado en términos pecuniarios, ya que se considera que uno no paga porque no quiere.
¿Qué sucede si el sujeto tenía dinero cuando se le impone la pena, y luego, por diferentes motivos, pierde esa capacidad económica? Para evitar que el importe de la multa quede desfasado en un momento determinado respecto de la verdadera capacidad económica, se establece que si después de la sentencia varía la capacidad económica del sujeto, el juez podrá modificar tanto el importe de la cuota como los plazos para su pago, previo estudio de la situación económica del penado, rebajando la cuota o ampliando plazos. Esta variación no se refiere solo a supuestos en los que el reo devenga de peor fortuna, sino que habla de cuando varía la situación económica, lo cual permitiría, en principio, que ésta variación puede ser a peor o a mejor. En este caso, se aumentaría la cuota o se acortarían plazos, pero nos encontramos aquí con una variación que distorsiona la cosa juzgada, por lo que supondría una contrariedad, aunque sí podemos quitar los plazos, pero nunca acortarlos. En caso de que el penado se arruine ¿se le puede rebajar el número de cuotas? No, porque va en función de la graduación de la pena.
- Forma de pago del importe total: sistema de multa proporcional.
Se habla de multa proporcional precisamente porque el objeto de la multa se establece en relación al beneficio, perjuicio o el valor del delito (del tanto al cuanto). En estos casos, jueces y tribunales imponen la multa dentro de los límites fijados para cada delito considerando para determinar en cada caso su cuantía no solo las atenuantes y agravantes del hecho, sino la situación económica del culpable conjuntamente. En este caso, las posibilidades de cumplir con privación de libertad es mucho más alta, ya que la pena puede ser rebajable en el tanto, pero no por debajo de los límites establecidos, por lo que embargarían sus bienes como forma de pago y en caso de no vencerlo, se castigaría con pena privativa de libertad por responsabilidad subsidiaria, a menos que tenga una pena privativa de libertad conjunta con la multa, se le quitaría la responsabilidad personal subsidiaria de la multa, pero no se elimina la multa, que cuando el penado vuelva a tener solvencia para poder afrontarla, la tendrá que pagar.
En relación con el pago por plazos de esta multa, este se ve como una facilidad para el penado, sin embargo, hay algún autor que ha propuesto la previsión de plazos con componente aflictivo para el penado (doctrina alemana), es decir, los plazos podrían jugar en un sentido distinto a aquel que los que establece el legislador español, consistente en que aunque el reo no necesite plazos para satisfacer la multa, se le impongan, para que no pueda desvincularse de la multa tan rápidamente. Esta forma de cumplimiento puede tener un componente aflictivo en caso de capacidad económica alta del penado, porque ya no podría desvincularse psicológicamente de la multa tan rápido. Esto supone que hasta que no se satisface la multa, el sujeto tiene antecedentes penales. (No se contempla en el Código Penal).
Un artículo del Código Penal dispone que “cuando el legislador prevea una multa proporcional para un sujeto, de no ser posible el cálculo en base a tales preceptos, el juez o tribunal motivará la imposibilidad de proceder a tal cálculo, y la pena prevista se sustituirá por la siguiente”. Este artículo se considera un auténtico despropósito jurídico, porque en un sistema en el que el legislador reconoce que la responsabilidad de las personas jurídicas e una responsabilidad separada de la de las personas físicas, si no se puede calcular la multa proporcional porque no se sabe el módulo de referencia, le dan unas reglas. En este caso, las multas para las personas jurídicas, se establece en un criterio de conversión de la pena de prisión que se le imputaría a una persona física.
En caso de insatisfacción de la multa de forma voluntaria, ni por vía de apremio, quedará sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa, de un día de privación de libertad por cada dos de cuota no satisfecha. Tratándose de faltas, podrá cumplirse mediante localización permanente. En este caso, no regirá la limitación en su duración. También podrá el juez o tribunal acordar que esta responsabilidad se cumpla en trabajos en beneficio de la comunidad, como pena única. El hecho de que el penado esté conforme no significa la asignación de esta pena, ya que tiene que ser dictaminada por el juez. No se trata de un sustitutivo penal, sino que son formas de cumplimiento de responsabilidad personal subsidiaria. Cuando se cumpla el impago de la multa como trabajo en beneficio de la comunidad, un día de privación equivale a un día de trabajo: 2 días de impago = 1 día de privación de libertad = 1 día de trabajo.
En la multa proporcional no tenemos unidad penológica a la que referirnos para poder hacer la conversión, en este caso, el legislador establece que los jueces y tribunales establecerán responsabilidad mediante arbitrio, que no podrá exceder de un año de duración, pudiendo acordar también que se cumpla mediante previa conformidad del penado, en trabajos en beneficio de la comunidad. El plazo de un año se establece porque equivaldría al sistema de díasmulta: 2 días de impago = 1 día de privación de libertad, lo que no significa que tenga que cumplirse por obligatoriedad un plazo de un solo año. Algunos autores han propuesto dividir en seis partes la multa, de acuerdo con el máximo del cálculo de estas multas, que viene a ser el séxtuplo de la cuantía.
Cuando alguien ha sido condenado a una pena privativa de libertad superior a 5 años, no se está sujeto a la responsabilidad subsidiaria por impago de multa, esto no significa la eliminación de la multa mientras no prescriba. Lo único que no se exige es responsabilidad. El cumplimiento de la responsabilidad personal subsidiaria, extingue el pago de la multa, aunque mejore la capacidad económica del penado.
La intervención es de carácter potestativo, sino se paga, podrá acordar el tribunal la intervención, aunque no se dan criterios para ello.
Es una pena particularmente censurable.
Límites máximos de una pena cuando hay que subirla de grado: se establecen reglas para subir una pena en grado. La pena máxima imponible cuando hay que subir en grado es de 30 meses. Hay casos en los que tenemos que salir del marco penal abstracto, y esto se considera añadiendo a la pena más alta la mitad en su límite máximo, esto se denomina, pena superior en grado. Se nos acota para no imponer penas desorbitadas.
Reglas de determinación para la pena inferior en grado: lo primero que aclara el legislador es que cuando se baja en grado una pena, aunque el quantum resultante nos lleve a una pena que corresponde a delito a una pena por falta, no significa que se catalogue de falta. Se calcula restando al límite mínimo su mitad. Si por exigencias de las circunstancias concluyentes del caso, determinamos una pena como falta, castigamos el mismo delito, solo que la pena sería la misma que si hubiese cometido en realidad una falta. El degrado de la pena no degrada el delito. Nadie puede ser obligado a pena de prisión por menos de tres meses, si se diese el caso, esta pena tendría que ser sustituida por otra (responsabilidad personal subsidiaria, localización permanente).
Penas privativas de otros derechos: Literalmente toda pena priva de algún derecho y, sin embargo, ni la pena de muerte, ni las penas privativas de libertad, ni la multa, se incluyen bajo aquella designación de “penas privativas de derechos”.
Las penas que privan de titularidad de un cargo público, del derecho a ser elegido para el mismo, del ejercicio de otra actividad laboral determinada o de la patria potestad, tutela, guarda o curatela, reciben el nombre de inhabilitaciones.
En cuanto al cargo público, si no se priva de su titularidad, sino sólo de su ejercicio, se habla de suspensión de empleo o cargo público.
Las penas que consistan en la privación de los demás derechos que hemos mencionado (patria potestad, tutela, guarda o curatela, derecho a la tenencia de animales, derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, derecho a la tenencia y porte de armas, derecho a residir acudir a determinados lugares) tienen simplemente el nombre que describe dicha privación.
También se incluyen en el CP actual entre las penas privativas de derechos, los trabajos en beneficio de la comunidad. También ha añadido entre las penas de inhabilitación especial las de inhabilitación para cualquier otro derecho.
Las penas privativas de derechos se prevén a veces como penas principales y otras veces como penas accesorias. Se prevén como accesorias las penas que no imponiéndolas especialmente, la Ley declare que otras penas las llevan consigo.
Penas de inhabilitación: El CP conoce varias modalidades, la inhabilitación puede ser absoluta o especial · Inhabilitación absoluta: priva tanto de todo honor, empleo o cargo público, como del derecho de sufragio pasivo. Cuando se imponga como pena principal, la Ley fijará en cada caso su duración, entre seis y veinte años.
· Inhabilitación especial: afecta, según los casos, a un empleo o cargo público determinado, al derecho de sufragio pasivo, al ejercicio de una determinada actividad laboral o a cualquier otro derecho que se especifique, o al ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento. Si se impone como pena principal, su duración será la que determine la Ley para el delito a que se señale, entre un mínimo de tres meses y un máximo de veinte años.
El carácter definitivo de la privación distingue a esta pena de la de suspensión de empleo o cargo público, que sólo priva de su ejercicio al penado durante el tiempo de la condena.
La inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo privará al penado, durante el tiempo de la condena, del derecho a ser elegido para cargos públicos.
La inhabilitación para profesión, oficio, industria o comercio o cualquier otro derecho, que ha de concretarse expresa y motivadamente en la sentencia, privará al penado de la facultad de ejercerlos durante el tiempo de la condena.
Es nueva y de gran importancia la posibilidad de inhabilitar para cualquier otro derecho.
También la duración de estas inhabilitaciones, cuando sean penas principales, se señalará por la Ley entre un mínimo de tres meses y un máximo de veinte años.
La inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento, priva al penado de los derechos inherentes a la primera, y supone la extinción de las demás, así como la incapacidad para obtener nombramiento para dichos cargos durante el tiempo de la condena. La pena de privación de la patria potestad implica la pérdida de la titularidad de la misma, subsistiendo los derechos de los que sea titular el hijo respecto del penado. El juez o tribunal podrá acordar estas penas respecto de todos o alguno de los menores o incapaces que estén a cargo del penado, en atención a las circunstancias del caso.
La inhabilitación de la pena de privación del derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotores inhabilitará al penado para el ejercicio de ambos derechos durante el tiempo fijado en la sentencia.
Mínimo de tres meses y un máximo de diez años.
La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos impide al penado residir o acudir al lugar en que haya cometido el delito, o a aquel en que resida la víctima o su familia, si fueren distintos.
La prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el Juez o Tribunal, impide al penado acercarse a ellos, en cualquier lugar donde se encuentren, quedando en suspenso, respecto de los hijos, el régimen de visitas, comunicación y estancia que, en su caso, se hubiere reconocido en sentencia civil hasta el total cumplimiento de esta pena. La pena de privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos tendrá una duración de hasta diez años. La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas, o de comunicarse con ellas, tendrá una duración de un mes a diez años.
Mención especial merece la pena de trabajos en beneficio de la comunidad. Se introdujo en 1995, como en otros países europeos, como un sustitutivo que el Juez puede ofrecer al sujeto, de penas privativas de libertad. La LO 15/2003 aumentó su uso. Tras la LO 5/2010, los trabajos en beneficio de la comunidad, que no podrán imponerse sin el consentimiento del penado, le obligan a prestar su cooperación no retribuida en determinados actividades de utilidad pública, que podrán consistir, en relación con delitos de similar naturaleza al cometido por e penado, en labores de reparación de los daños causados o de apoyo o asistencia a las víctimas, así como en la participación del penado en talleres o programas formativos o de reeducación, laborales, culturales, de educación vial, sexual y otros similares. Su duración diaria no podrá exceder de 8 horas y tiene una serie de condiciones.
Algunas de las penas privativas de derechos que hemos expuesto, aparte de preverse como penas principales de determinados delios, se prevén como accesorias de otras penas principales.
Las penas de inhabilitación y suspensión se prevén como accesorias de las penas de prisión.
La inhabilitación absoluta será pena accesoria de las penas de prisión de diez o más años durante el tiempo de la condena.
En las penas de prisión inferiores a diez años, los Jueces o Tribunales impondrán, atendiendo a la gravedad del delito, como penas accesorias, alguna o algunas de las siguientes: 1º Suspensión de empleo o cargo público.
2º Inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
3º Inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión, oficio, industria o comercio o cualquier otro derecho, si estos hubieran tenido relación directa con el delito cometido, debiendo determinarse expresamente en la sentencia esta vinculación.
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