Tema 3. Los contratos de colaboración (2015)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Derecho - 3º curso
Asignatura Derecho Mercantil II
Profesor L.P.
Año del apunte 2015
Páginas 10
Fecha de subida 22/10/2015
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Derecho Mercantil II 2015 TEMA 3. LOS CONTRATOS DE COLABORACIÓN Son una amplia categoría dentro de los contratos que se oponen a los contratos bilaterales sinalagmáticos, muy abundantes en CCivil. Se distinguen de los contratos de gestión, ya que un contratante suele actuar en defensa y representación de los amplios intereses de otros. Lo normal es que sean plurilaterales aunque existe alguno que es unilateral. Como características tenemos que forman una comunidad entre las partes asociación a dos o más partes siempre con fines profesionales o empresariales. Pero no constituyen un fondo común con sus aportaciones. No constituyen en un contrato de sociedades. Estaría relacionado con contratos de servicios.
Destacados: Contratos de Joint Venture. Forman sociedades un poco atípicas sin llegar a constituir una sociedad, pero se le aplican por analogía las normas de los contratos de sociedades. Es la alianza estratégica de empresas situando a mitad de camino entre las relaciones de mercado y empresa que la que pertenecen y se rigen los pactos para sociales. Tienen 3 elementos conceptuales que son: - Participación de 2 o más empresas.
- Creación de una empresa común o asociación de recursos para ese fin determinado - Control sobre el objeto económico de la alianza.
Se distinguen entre los Joint venture concentrativos que están sometidos al régimen de control de las concentraciones y los Joint venture cooperativos sometido al régimen de control de la competencia. En si no está regulado como una figura típica y unitaria, sino que se instrumenta como un negocio jurídico complejo que se integra por un contrato base de unión entre las empresas que forman la alianza complementado por una serie de acuerdos satélite. Suelen estar compuestos entre otros por los acuerdos de fundación de sociedad de capital y sus estatutos que contractualmente se hayan subordinado al acuerdo base. El acuerdo base tendrá la característica de un acuerdo meta estatutario diferente a los estatutos propios de cada empresa. El contrato de joinventure ha de tener los contratos de solución de los denominados problemas de patología del contrato y a tal fin han de llegar que han de prevalecer la existencia de la vigencia de los pactos que originaron la Joint venture. Corpore Joint Venture sí que forman realmente una sociedad.
Contrato de cuentas de participación Se da entre dos sujetos, siempre será bilateral, en el que uno de ellos llamado cuenta participe aporta bienes en propiedad, dinero o derechos a otro que suele ser llamado gestor, obligándose este a aportar los vienes a una determinada actividad empresarial o profesional. Esta actividad la desarrollara independientemente y en nombre propio, teniendo que informar y rendir cuentas a cuenta participe. El cuenta participe no responde personalmente de las pérdidas del gestor. Parte de la doctrina lo entiende como un contrato de financiación, puesto que las financiaciones son reciprocas. Puede existir contrato mercantil o civil dependiendo si ambas partes son mercantiles, empresarios o no.
Derecho Mercantil II 2015 Distinción con otros contratos típicos Contrato de sociedades. La distinción es que no nace ninguna sociedad o comunidad de bienes. Los bienes o derechos se integran en el patrimonio del gestor, es decir, no solo tendrá la posesión sino también la propiedad. Se considera bilateral sinalagmático sin aportar aportaciones a un fondo común.
Contrato de préstamo. Se diferencia puesto que el gestor no se obliga a restituir los bienes aportados, sino tan solo a rendir cuentas y liquidar su participación de beneficios o de pérdidas.
Contrato de management empresarial. Se diferencia ya que el gestor gestiona en nombre de un tercero tan solo con un clausulado entre las partes. La regulación legal es prácticamente nula, es aplicable a múltiple de fines prácticos y por eso es muy usado dentro de la ingeniería contractual. Es una fuente de problemas y conflictos. Hay que distinguir entre las relaciones internas y las relaciones externas ya que si el cuenta participe interviniera en la operativa contractual este responderá ilimitadamente y solidariamente. Si el cuenta participe interviniera o se pudiera demuestra que interviene en la operativa contractual será responsable. Constituye un instrumento de o recursos propios sin ceder el control de la gestión y modificar la estructura financiera de la propia empresa, al no contraer una deuda por el importe del precio ni destinar fondos para su pago. La doctrina lo considera un título hibrido, y lo que si se distingue es el capital y los intereses devengados.
Cuentas de participación dentro de las cajas de ahorros (cuotas participativas de las cajas de ahorros).
Han sido utilizadas habitualmente con un doble fin: ampliar el negocio bancario y el fin encubierto era reunir recursos propios para cubrir las exigencias que se habían fijado por las directivas comunitarias. Su regulación no ha sido derogada y tiene aspectos que pueden servir de modelo a la regulación de títulos similares en el futuro y a posibles contratos de cuentas e participación. Se deciden como valores negociales que representan aportaciones dinerarias de duración indefinida que pueden ser aplicadas en proporción y a los mismos destinos que los fondos para fundaciones y reservas de la entidad. Son valores representados en anotaciones en cuenta. La emisión es libre y está regulada en la ley 24/88 del mercado de valores. La emisión de las cuotas participativas es competencia de la asamblea general, si bien esta delega en el consejo de administración por un periodo de 3 años que es el máximo. La asamblea general fijara el límite del porcentaje que podrá ser atribuido a los cuenta participe. La emisión de cuentas participativas obliga a constituir 3 tipos de fondo en el pasivo del balance: el fondo de participación, el fondo de reservas de cuota participes y el fondo de estabilización. La ley solo considera los dos primeros como recursos propios.
Contratos de prestación de servicios Junto con los contratos de dar, existe una amplia categoría de contratos de hacer o de prestación de servicios. La doctrina considera que son la gran mayoría, aunque existe una obligación de pago en dinero. Hay dos categorías esenciales: contratos y obligaciones de actividad, de medios o de diligencia y los contratos u obligaciones de resultado.
El CC distingue entre arrendamiento de servicios dependiente, que será mercantil cuando por ejemplo contratamos un administrador para una sociedad; y contratos de trabajo subordinado que sería un contrato laboral (cuando no es Derecho Mercantil II 2015 subordinado y tiene cierta autonomía será mercantil). Se trata de arrendamiento de servicios independientes que se realiza por profesionales mediante una empresa que son los típicos de médicos, abogados, notarios e incluso el alquiler de grúas con personal. Suelen estar vinculados al resultado. En derecho mercantil es importante la tipificación de contratos realizada por el resultado que se promete, así tenemos el contrato de obra por empresa o arrendamiento de obra, los contratos de gestión, de corretaje o mediación, y los contratos de agencia.
Los contratos de gestión son aquellos que a diferencia de los de colaboración o asociativos, en el que el empresario comisionista, agente o corredor no defiende un interés propio, sino el interés de la otra parte. A estos efectos representa, tanto si está facultada a contratar en su nombre como si no, es decir que se limita a promover sus negocios.
Suelen ser los siguientes: comisión, agencia, corretaje y gestión o management empresarial. Las características o notas comunes a estos contratos son: son estipulados profesionalmente, tienen como fin la promoción y estipulación de negocios jurídicos, y no la realización de una mera actividad sino de un resultado. Existe una representación en sentido amplio, y se limitan a ejecutar la política comercial de sus mandantes. Las diferencias que separan a estos 4 entre si son: duración, la agencia y gestión empresarial son para una duración en el tiempo por los hechos que abarca. Existe una representación para contratar en la agencia, comisión y gestión empresarial pero no en el corretaje. El corretaje es una persona que le encargamos una serie de actos para poder realizar un contrato con un tercero. En la comisión y corretaje no suele pactarse una clausula en exclusiva, pero si en la agencia y gestión empresarial. Los de corretaje y comisión son fácilmente revocables. En cambio en la agencia no cabe revocación si se pactó una duración determinada y si se revocara seria con daños y perjuicios. El comisionista, agente y gestor, deben ser parciales, si bien el corredor puede ser imparcial.
Distinción del contrato de agencia y contratos de duración permanente Hay una problemática que es que el contrato de agencia se distingue con dificultad del contrato laboral dado que es la intervención en operaciones mercantiles por cuenta de 1 o más empresarios sin asumir el riesgo y ventura. Existen trabajadores que están por cuenta ajena y no están obligados a colegiarse, por lo que se hacen autónomos. Es fácilmente diferenciable el laboral del mercantil en el campo de la mediación en los contratos de seguro puesto que es independiente realmente de la agencia de seguros en sí.
Mediación o corretaje La definición de mediación o corretaje es aquel en que una persona se obliga a pagar una determinada cantidad para que otro realice una actividad encaminada a ponerla en relación con un tercero a fin de concertar un contrato determinado en el que el mediador no tendrá participación alguna en el contrato.
Características: El corredor tiene derecho a cobrar el premio siempre que el contrato que promovió llegue a celebrarse, por ser el contrato de corretaje un contrato de resultado y no de medios o actividad El resultado que da derecho a la retribución es la perfección del contrato encargado.
Derecho Mercantil II 2015 El corredor no tiene derecho a la comisión o retribución si: Tiene derecho el corredor a retribuciones en los casos de desistimiento del mandante por causas no imputables al corredor.
No tiene derecho si no llega el contrato encargado a celebrarse, a cobrar la comisión fuera del plazo pactado para la consecución del objetivo salvo prueba en contra. Si el contrato se produjera después de que el plazo ha finalizado para que el corredor mediara, no tendrá derecho a cobrar el precio.
El contrato se estipula entre corredor y cliente, por lo que el tercero no queda obligado a pagar comisión. En caso de ser el corretaje bilateral, existe obligación de todas las partes.
En el caso de hoteles, la cadena hotelera administra en nombre y por cuenta de cada una de las empresas propietarias de los hoteles la suma organizada de todos ellos, de acuerdo con los poderes generales e instrucciones de aquellas aplicado unos manuales de gestión.
La cadena hotelera se presenta ante terceros contratando y promocionando unitariamente, ella misma y las empresas hoteleras asociadas, lo que crea una “unidad de empresa”, lo que permite a los clientes trabajadores y terceros victimas de daños se dirijan judicialmente contra la cadena y no contra el hotel en concreto que han contratado.
La cadena actúa como nuevo representante, al mismo tiempo que deberá conceder al propietario/ empresario de cada hotel suficientes facultades para impartir ¿?????????????’ LOS CONTRATOS DE DISTRIBUCIÓN Concepto, clases y naturaleza Se entienden por aquellos contratos de duración determinada o indeterminada, en el que el distribuidor adquiere en firme mercancías para su reventa en nombre y por cuenta propia, si bien comprometiéndose a defender los intereses del fabricante o mayorista, dentro de la disciplina de una red de distribución integrada, prestando determinados servicios complementarios.
Diferencias con el contrato de agencia 1. Es un contrato mercantil que mera gestión comercial y en el contrato de agencia, el agente aun siendo un intermediario independiente, cumple funciones auxiliares de comercio por cuenta ajena, no realizando compras en firme y teniendo una capacidad de auto organización limitada.
2. En el contrato de distribución este actúa como un intermediario independiente respecto del fabricante exportador, actuando en nombre propio y como comprador final de todos los efectos.
3. El distribuidor siempre opera asumiendo el riesgo de la operación. El agente por el contrario, casi siempre actúa por cuenta ajena a no ser que se pacte lo contrario, cosa que no suele ocurrir en la práctica. A pesar de esta diferencia con el contrato de agencia, es habitual en la práctica empresarial denominar a los distribuidores Derecho Mercantil II 2015 como “agentes” lo cual suele inducir a confusión. El propio TS destaca las diferencias entre ambas figuras en la Sentencia de 26 de julio de 2000 y 5 de febrero de 2004.
4. El agente no adquiere título sobre los bienes, ni siquiera la posesión sobre los mismos en la mayoría de los casos. Así mismo el fabricante que quiere ejercer un mayor control sobre la clientela optará por el contrato de agencia ya que el distribuidor como revendedor autónomo, ejerce un mayor control directo sobre el cliente final.
5. Otra de las diferencias a destacar es que el contrato de distribución sigue siendo actualmente contrato atípico, por el contrario, y como hemos mencionado anteriormente, el de agencia se encuentra regulado tanto a nivel interno por la Ley 12/1992 sobre el Contrato de Agencia, como a nivel europeo a través de la Directiva 86/653/CEE relativa a la coordinación de los derechos de los estados miembros en lo referente a los agentes comerciales independientes, transpuesta por la Ley 12/1992.
Naturaleza El contrato de distribución o concesión internacional es una de las categorías en las que se subdivide los genéricamente llamados contratos internacionales de distribución y que comprenden contratos como el de comisión, agencia, mediación, franquicia y el de distribución o concesión propiamente dicho.
En este tipo de contratos de colaboración, la relación jurídica que surge entre las partes contratantes está basada en la confianza mutua. Por tanto, es un contrato personalista que se establece intuitu personae atendiendo a las virtudes, capacidades, crédito y condiciones particulares del distribuidor o concesionario.
Es además según jurisprudencia española, un contrato de carácter continuado o de trato sucesivo.
En cuanto a su naturaleza mercantil es no plantea problemas a pesar de carecer de una regulación específica y de no cumplir una función de cambio sino de colaboración, ya que guarda una marcada analogía con el contrato de agencia que es mercantil, pudiendo inferirse su mercantilidad por analogía.
Son contratos de duración determinada o indefinida. En caso de no pactarse una duración determinada, cualquiera de las partes podrá dar por terminado el contrato toda vez que exista una justa causa para la resolución o cumpla con el deber de preaviso, si este ha sido pactado en el contrato.
Así mismo podemos afirmar que se trata de un acuerdo de naturaleza compuesta ya que implica un número variado de relaciones jurídicas. Como apunta Hans van Houtte se podría distinguir tres tipos de relaciones: Implica una concesión de venta, ya que obliga al fabricante a permitir que el distribuidor revenda sus productos a los usuarios finales a lo largo de la vida del contrato.
Es un acuerdo de compra ya que obliga al distribuidor a comprar los productos especificados en el contrato al fabricante, por el tiempo que dure el contrato.
Derecho Mercantil II 2015 Es un contrato de suministro, ya que obliga al fabricante a suministrar los productos especificados en el contrato por el tiempo que dure el contrato.
Por tanto el distribuidor no es un mero “revendedor”, ya que está unido a la empresa suministradora por unos lazos más o menos estrechos, necesarios para que se dé la efectiva colaboración empresarial que se busca. En su papel de revendedor el distribuidor se encarga de la promoción y la organización de la distribución en el territorio, concediéndole, en la mayoría de los casos, el derecho exclusivo de compra/venta de sus productos.
CLASES Actualmente son dos los tipos de contratos de distribución más utilizados en la práctica, los contratos de distribución exclusiva y los contratos de distribución selectiva.
Los contratos de distribución exclusiva. En este tipo de contratos el distribuidor el fabricante nombra un único distribuidor para una zona geográfica en concreto (región, país, etc.), no pudiendo el fabricante canalizar las ventas en el territorio objeto de exclusiva a través de otro distribuidor o agente independiente.
Características: El fabricante- suministrador puede comprometerse a no realizar ventas directas en el territorio asignado, a impedir que otros distribuidores promuevan ventas en el territorio objeto de exclusiva, o impedir absolutamente a otros distribuidores la realización de ventas en el territorio, aunque sea de forma indirecta.
La exclusividad, a pesar de no ser una cláusula obligatoria del contrato de distribución, es sin embargo muy utilizada en la práctica por los beneficios que lleva aparejada. La misma proporciona una mayor eficiencia ya que el suministrador solo tiene que tratar con un distribuidor, lo cual conlleva una reducción de costes de transacción, una mejor planificación en los abastecimientos y una mayor posibilidad de obtener feedbacks por parte de los clientes. Así mismo el distribuidor tiene un mayor aliciente a la hora de invertir en la promoción del producto concedido en exclusiva.
Una de las cuestiones más problemáticas dentro de este tipo de contratos es la vulneración de la exclusividad por parte del fabricante. La cláusula de exclusividad impone en la mayoría de los casos la obligación al fabricante suministrador de no proveer de los productos objetos de exclusiva a otros distribuidores en el territorio asignado, prohibiendo la venta directa por parte de la propia empresa.
Dentro de esta obligación está el deber por parte del fabricante de tomar las medidas oportunas contra aquellos distribuidores que estén vulnerando el derecho de exclusividad otorgado. No obstante son innumerables los litigios producidos por el no cumplimiento de dicha obligación por parte del fabricante, lo cual suele entrañar un derecho indemnizatorio a favor del distribuidor.
Derecho Mercantil II 2015 Así mismos, existen también casos en donde la vulneración se produce por parte del distribuidor, cuando a pesar de obligarse contractualmente a comprar determinados productos únicamente al fabricante- suministrador, recurre a otros suministradores de los mismos productos.
Otro asunto espinoso relacionado con la exclusividad en su potencial de restricción de la libre competencia, lo cual conlleva que en determinados casos estas cláusulas entren en colisión con las disposiciones relativas al derecho de la competencia europeo. La concesión de territorios exclusivos suele venir acompañada, en ocasiones, de acuerdos que proveen de protección a los territorios de los distribuidores de una forma tal que restringen la libre competencia de una forma palpable.
Contrato de distribución selectiva. En la actualidad la distribución selectiva tiene su razón de ser en las necesidades existentes en la comercialización y distribución de ciertos productos de marca. Los fabricantes o suministradores optan por este sistema de distribución para proyectar cierta imagen o para asegurarse de que las ventas van acompañadas de la prestación de determinados servicios. Este tipo de contrato de distribución viene definido en el apartado d) del artículo 1 del Reglamento 2790/1999 de la manera siguiente: se entenderá por sistema de distribución selectiva un sistema de distribución por el cual el proveedor se comprometa a vender los bienes o servicios contractuales, directa o indirectamente, solo a distribuidores seleccionados sobre la base de criterios específicos y los distribuidores se comprometan a no vender tales bienes o servicios agentes no autorizados.
En este tipo de distribución, por tanto, el fabricante limita la venta de sus productos a un número limitado de distribuidores, configurando un sistema de distribución homogéneo frente a los consumidores, realizando para ello una cuidada selección cualitativa o cuantitativa de los distribuidores autorizados. Esta selección tiene como objetivo la mejor calidad del servicio ofrecido al cliente final.
Obviamente la restricción del número de distribuidores tiene dos efectos inmediatos: - El encarecimiento del precio final - La restricción del acceso al mercado Un caso típico de distribución selectiva se en el sector de la automoción, en donde la empresa fabricante de los vehículos establece una red de distribuidores que adquieren la exclusividad para vender dichos vehículos prestando así mismo servicios de reparación postventa.
CONTENIDO DEL CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN Pasamos brevemente a comentar las clausulas más típicas que suelen conformar los contratos de distribución en la práctica:  Territorio, productos y exclusividad: en estas cláusulas, las partes determinan que productos en concreto van a ser objeto de distribución así como la delimitación del territorio o país en el que serán distribuidos, normalmente en régimen de exclusividad.
Derecho Mercantil II 2015  Obligación de la no competencia: Obligación típica en los contratos de distribución en exclusiva por la cual el distribuidor, a su vez, se compromete a no revender productos de la competencia idénticos en el territorio asignado.
 Organización de ventas, promoción y ferias: obligaciones que asume el distribuidor en cuanto a organización e infraestructura mínima de las ventas, promoción de los productos y asistencia a ferias.
 Condiciones de suministro: se suelen detallar las obligaciones que asume el fabricante de suministrar los pedidos realizados, condiciones de compraventa y pago de los mismos y precios.
 Volumen mínimo de ventas: Obligaciones por parte del distribuidor de conseguir un mínimo de ventas para un periodo determinado.
 Información confidencial y propiedad industrial: Estipulaciones referentes a las obligaciones de las partes de mantener confidencialidad de las informaciones así como obligaciones referentes a logos, marcas comerciales y demás derechos de propiedad industrial pertenecientes al fabricante.
 Obligación de stock y servicios postventa: obligación por parte del distribuidor de mantener un stock minio de productos y de proporcionar en su caso reparaciones y servicios postventa.
 Terminación anticipada del contrato: enumeración de casos en los que las partes pueden rescindir el contrato.
 Resolución de disputas: sumisión de las controversias al arbitraje o a la jurisdicción de los tribunales.
 Ley aplicable: determinación de cuál es la ley aplicable al contrato.
TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN Los contratos de distribución se suelen extinguir por el vencimiento del plazo de duración del mismo en aquellos casos en los que se pacte. En caso de que se pacte una posibilidad de prórroga, en contrato seguirá vigente por el tiempo en que dure la misma.
Por el contrario, en los contratos de duración indefinida, según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, las partes tendrán derecho a terminar el contrato a través de una declaración unilateral de desistimiento, si bien en todo momento las partes deberán actuar con buena fe en su realización.
El derecho de desistimiento unilateral se condiciona a la realización de una declaración unilateral de carácter receptício que realiza una de las partes a la otra, produciéndose los efectos extintivos en el momento de la recepción de esta declaración: Preaviso. Es habitual que a la terminación del contrato se pacte un plazo de preaviso. La omisión del preaviso puede entrañar que la rescisión del contrato sea abusiva, entrañando un abuso de posición de dominio y de competencia desleal, generando por tanto el deber de indemnizar los daños y perjuicios, si bien su no realización no anula el efecto extintivo. En caso de que haya un pacto expreso se indemnizara lo establecido por las partes, en caso contrario habrá que indemnizar el daño emergente y el lucro cesante establecido en los art. 1101,1106 y 1107 del CC. Como hemos indicado anteriormente el desistimiento unilateral no necesita una justa causa, pero se ha de realizar observando las Derecho Mercantil II 2015 exigencias de la buena fe. La duración del preaviso puede ser pactada expresamente por las partes o establecerse en determinados casos por el ordenamiento legal. En otros casos habrá que remitirse a los usos o a lo que resulte razonable.
Indemnización por clientela. A lo largo de la duración de los contratos de distribución en exclusiva, el distribuidor habrá ido generando y desarrollando una cartera de clientes que son los que habrán adquirido los productos objeto del contrato, cartera de clientes que habrá logrado conseguir o fidelizar a través de su actividad de promoción.
Por tanto se puede dar el caso de que un contrato de distribución que cumpa los requisitos del artículo 28 del contrato de agencia, conlleve una indemnización por clientela por aplicación analógica del referido artículo, por supuesto quedando supeditado este extremo a la apreciación de los tribunales.
EL CONTRATO DE FRANQUICIA El contrato de franquicia como tal, no se encuentra regulado ni en el CCom, ni a día de hoy tiene una norma propia.
La definición jurídica de la franquicia la encontramos en el art. 62 de la Ley 7/1996 de Ordenación del comercio minorista. Este artículo se ha desarrollado mediante el real decreto 2485/1998 y modificado por el real decreto 419/2006 que define exactamente negocios que se desarrollan bajo franquicia y perfecciona la función del registro de empresas franquiciadoras.
Según se extrae de dicho artículo, la actividad comercial en régimen de franquicia es la que se lleva a efecto en virtud de un acuerdo o contrato por el que una empresa, denominada franquiciadora, cede a otra, denominada franquiciada, el derecho a la explotación de un sistema propio de comercialización de productos o servicios.
Los requisitos mínimos que tiene que tener cualquier contrato de franquicia son los siguientes: El uso de una denominación o rotulo común u otros derechos de propiedad intelectual o industrial y una prestación uniforme de los locales o medios de transporte objeto del contrato La comunicación por el franquiciador al franquiciado de unos conocimientos técnicos: un “know how” o saber hacer, que deberá ser propio, sustancial y singular.
La prestación continua por el franquiciador al franquiciado de una asistencia comercial, técnica ambas durante la vigencia del acuerdo, todo ello sin perjuicio de las facultades de supervisión ¿???? En las normas jurídicas existentes, se define la obligatoriedad de inscripción en el registro de empresas franquiciadoras, a todas las empresas que deseen desarrollar sus negocios bajo esta fórmula. Esto implica, que no se puede formalizar un contrato de franquicia, si el franquiciador no se encuentra inscrito en dicho registro.
Además, en los contratos previos entre el futuro franquiciado y el franquiciador, se define la obligatoriedad de presentar el dossier del franquiciador al franquiciado, previo a la firma de algún tipo de contrato o acuerdo. En este Derecho Mercantil II 2015 apartado se indica información mínima con la cual el futuro franquiciado debe contraer para formalizar el contrato.
Básicamente, este documento tiene que contener como mínimo: - Identificación y datos del franquiciador - Descripción del sector de actividad del negocio de franquicia - Contenido y características de la franquicia y su explotación - Estructura, extensión de la red y elementos esenciales del contrato de franquicia.
El control de las modalidades de comercialización bajo franquicia, se encentran reguladas en el decreto 1182/2008 y la ley 7/1996 de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista. En el ámbito de la UE en el reglamento 2790/1999.
La directiva 2006/123/CE del parlamento europeo y del consejo de 12 de diciembre de 2006.
Se mejora la regulación del registro estatal creado en 1998 que garantiza la centralización de los datos relativos a los franquiciadores, a los efectos de información y publicidad; y a este fin, se fijan las directivas técnicas y de coordinación entre los registros similares que pueden establecer las comunidades autónomas, bajo el principio de interoperabilidad de registros y ventanilla única previstos en la directiva de servicios.
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