Derecho concursal (2013)

Apunte Español
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Derecho - 4º curso
Asignatura Derecho concursal
Año del apunte 2013
Páginas 50
Fecha de subida 05/03/2015
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FUNDAMENTOS. ESTADÍSTICA CONCURSAL PROCEDIMIENTO CONCURSAL INSTITUCIONES PRECONCURSALES Finalidades del proceso concursal - Satisfacción de los intereses de los acreedores  Declaración de insolvencia de un deudor común que tiene una pluralidad de acreedores y que no puede pagar de manera regular las obligaciones Conservación de la actividad empresarial del concursado  En la medida en que el concurso se base en una empresa que genere unos flujos superiores a los que se obtendrían liquidando la empresa. Y esto no significa que esta actividad empresarial tenga que seguir siendo desarrollada por el concursado. Se realiza sobretodo a través de la veta de unidades productivas (por ejemplo, Cacaolat).
Evolución histórica del Derecho Concursal La Ley Concursal es del 2003, pero el derecho concursal es tan antiguo como la historia: ha habido siempre La protección del crédito en Derecho Romano El derecho romano, en este ámbito, tuvo la genialidad de crear los procesos de ejecución colectiva. Donde en un principio se partía de la idea de un procedimiento de ejecución sobre la persona del deudor, la tabla tercera se refería precisamente a esta manus iniectio, la cual consistía en que el acreedor cogía al deudor que no le pagaba, pronunciaba la fórmula legal y se lo llevaba a su casa y se lo quedaba allí a la espera de que algún pariente o amigo del susodicho fuese a pagarlo. Finalmente, si nadie pagaba, el acreedor podía matar al deudor y, si eran varios los acreedores, podían despedazar su cuerpo y repartírselo.
Esto cambia con la Lex poeteria papiria, la cual instituye una ejecución patrimonial (no personal) que consistía en la misio in bona, que consistía en que había un jurado. La cessio bonorum evitaba el infame, entregando sus bienes a un jurado con tal de venderlos y hacerse pago con lo obtenido (Lex Iulia). Esto se generaliza con la recepción del Derecho Romano en todo el ámbito europeo.
El desarrollo medieval: el origen valenciano-catalán de nuestro Derecho Concursal mercantil A finales del s. XIII, pero, en Valencia y Catalunya se desarrolla la especialidad concursal cuando el deudor es un comerciante. Y para el caso de los comandataris abatuts, el rey preveía la pena de muerte. Además, Jaume II, en una ley de cortes, introduce en los territorios catalanes las reglas para todos los banquers abatuts o quebrados. Hay desarrollos de Ferran el Católico, Felipe II, entre otros, los cuales configuran las especialidades concursales mercantiles del derecho catalán. Y todas estas leyes de cortes, se dedican a los comercials abatuts o latitants (quebrados o fugados). Así, se crea por primera vez un cuerpo coherente de leyes de cortes que se aplicaban específicamente a estas situaciones de quiebra. Al ser leyes de cortes se aplican a todo el territorio catalán, pero además de ellas había unas ordenanzas específicas de la ciudad de Barcelona del 17 de noviembre de 1445, las cuales establecían los trámites procedimentales a seguir cuando el comerciante quebrado tenía su domicilio en la ciudad de Barcelona.
Por tanto, desde un principio, el origen del derecho concursal mercantil tenía cierto atavismo penal o consideración de que quien quiebra defrauda (decoctor ergo fraudator). Es decir, que quien quebraba en sus negocios estaba robando a la cosa pública. Y por esto se fijó un procedimiento a seguir contra dicho deudor quebrado.
La literatura contractualista española del s. XVII Pero no solo leyes, sino que en la Edad Moderna, la literatura jurídica más notable se refiere a cuestiones concursales. Sobretodo, destaca el Labyrinthus creditorum conurrentium de Don Francisco Salgado de Somoza. Y esta ha sido la obra cumbre del derecho concursal español. Esta fija los cuatro tipos de concursos y desarrolla el sistema de concurso voluntario, introduciendo así un elemento publicista en todo el proceso y atribuyendo grandes facultades al juez en la ordenación del proceso. Precisamente por esta visión publicista, dicho autor reciba muchas críticas desde Italia y Alemania, mientras que Alcalá Zamora hizo una obra defendiendo ante los ojos europeos la valía de la obra de salgado, presentándolo como un español mal entendido.
El Derecho Concursal en nuestros Códigos de Comercio: quiebra y suspensión de pagos El origen inmediato del derecho concursal proviene de la regulación codificada, la cual distinguía los procedimientos de insolvencia en atención a si el deudor era comerciantes o no si no era empresario se aplicaban las reglas del concurso de acreedores o de la “quita y espera” de la LEC y el CC; si lo era, se aplicaba o el procedimiento de quiebra o el procedimiento de suspensión de pagos.
1. Código de Comercio de 1829 La suspensión de pagos era una clase de quiebra 2. Código de Comercio de 1885 La suspensión de pagos goza de autonomía respecto la quiebra y se configura como un procedimiento distinto De este modo, si el activo era superior al pasivo pero el deudor tenía problemas de liquidez, el deudor podía acudir a la liquidación de pagos, sino tenía que acudir a la quiebra.
La Ley de Suspensión de Pagos de 26-VII-1922 Y esto fue así hasta la Ley de suspensión de pagos de 1922, la cual regulaba los aspectos procedimentales de la suspensión de pagos que apenas habían sido regulados en el otro. Lo que pasó fue que en el año 1920 el Banco de Barcelona estaba a punto de ser declarado en quiebra. Lo que n podían consentir era que los directivos se expusiesen a la quiebra, la cual implicaba la inhabilitación del quebrado. De este modo, un ministro de justicia catalán aprovechó la tramitación de dicha ley de suspensión de pagos para alterar la distinción que hacía el Código de comercio sobre la quiebra y la suspensión de pagos, modificando así el proyecto y permitiendo que las suspensiones de pagos pudieran también ventilar situaciones donde el activo fuera superior al pasivo, en las que por suspuesto se encontraba el Banco de Barcelona. Por tanto, tanto situaciones de mera inliquidez como situaciones de desbalance patrimonial, se ventilaran mediante la suspensión de pagos.
La suspensión de pagos era un beneficio al que solo podía acogerse el deudor. En cambio, la quiebra podía ser pedida por el propio deudor (voluntaria) o por los acreedores (necesaria). En la práctica, los problemas consistían en quien corría más a pedirla, habiendo muchísimas más suspensiones de pago que no quiebras. Y esta suspensión de pagos acababa con un convenio, mientras que la quiebra acababa con una liquidación. Si a esto se le suma que la quiebra conllevaba la inhabilitación del quebraba, mientras que la suspensión de pagos mantenía el deudor en sus bienes, es normal que se le diese preferencia a la primera.
La Ley concursal: principios Por esto, se llega a la Ley 22/2003, 9-VII, Concursal, la cual viene modificada por la LO 8/2003, 9-VII para la reforma concursal, la cual es la que crea los juzgados mercantiles, a la vez que se refiere a la afectación de los DDFF en concurso. Y esto fue una bendición, ya que hasta entonces no había especialización mercantil en los jugados.
Además, si se trata de procedimientos internacionales de ámbito europeo, se aplican las normas del Reglamento CE n. 1346/2000, 29-V, sobre procedimientos de insolvencia en los que se afecta al centro de intereses del deudor que esté en la UE Principios de la Ley Concursal - Principio de unidad legal  Toda la regulación concursal está contenida en la Ley Concursal.
Principio de unidad de disciplina  Aplica la misma ley a cualquier deudor insolvente, sea empresario o no.
Principio de unidad de sistema o procedimiento  El procedimiento es único, pero con notables especiales cuando es abreviado y con independencia si finaliza con un convenio o una liquidación.
La Ley Concursal: desarrollos (2004-2013) y reformas (2009, 2011, 2013) - RD 1860/2004  Arancel de derechos de los administradores concursales RD 685/2005  Publicidad de las resoluciones concursales (derogado) RDL 5/2005  Acuerdos de compensación contractual y garantías financieras RD 1333/2012  Seguro de responsabilidad civil de administradores concursales RD 892/2013  Registro Público Concursal Reformas: 1.
- RDL 3/2009, 27-III.
Liquidación anticipada, aunque su introducción fue un desastre Comunicación preconcursal, que se introduce con tal de retrasar el deber de pedir el concurso.
Introducción de Acuerdos de refinanciación 2.
- Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal Se rediseñan las instituciones preoncursales Simplificación y agilización del procedimiento. Desarrollo del Procedimiento abreviado.
Se regulan los Concursos sin masa o sin liquidez suficiente Potenciación del concurso necesario o solicitado por los acreedores Concursos conexos o de administradores de la compañía Se desarrolla el régimen de la Administración concursal Se modifican los Créditos contra la masa Relaciones laborales Cambios en la Liquidación 3. Ley 14/2013, de 27-IX, de apoyo de los emprendedores y sus internacionalización - Se regula por primera vez la Remisión de deudas insatisfechas: liquidación de masa activa de deudor persona natural. Se permite que se le remitan las deudas, en dicho caso de liquidación.
- Registro Público Concursal - Se introduce el Acuerdo extrajudicial de pagos Estadística concursal La estadística concursal se publica trimestralmente por la INE, pero también es recomendable la que publica el Colegio de Registradores. Y ahora tenemos diez veces más concursos que hace seis años. Aún y así, la mayoría de los concursos son de empresas, y no de personas naturales no empresarios. Además, la gran mayoría son voluntarios (los pide el deudor), y no necesarios (los piden los acreedores). También, puede decirse que fundamentalmente se trata de procedimientos abreviados. Territorialmente, en España la mayoría de los concursos se dan en Catalunya, concretamente en Barcelona. Generalmente, se trata de microempresas y PYME’s.
Otro elemento importante son las variables financieras (margen neto negativo, resultado ordinario/activo total, recursos generados/deudas), de las cuales se deduce que las empresas que entran en concurso se encuentran en una situación muy deteriorada, sin poder pagar sus créditos aunque se les dé un margen de 25 años. Además, un porcentaje altísimo de las empresas que entran en concurso lo hacen con fondos propios negativos.
En cuanto a las soluciones del concurso, rige el predominio absoluto de la liquidación (sobre el convenio), habiendo así muchos convenios fallidos que no se han cumplido o que han acabado en liquidación. Además, se pide cierto tamaño o medida del pasivo para las empresas que acuden al convenio, los cuales son promovidos, en su inmensa mayoría, por el deudor (voluntarios). La ley ha querido promocionar la propuesta anticipada de convenio, pero no ha tenido mucho éxito, ya que ha quedado visto que no se recuperaba i la mitad del crédito en cuestión.
En cuanto a la duración de los concursos (mediana), la fase común del concurso voluntario tarda más de 8 meses en terminar la tramitación abreviada, y más de 13 meses en terminar la tramitación ordinaria. Si el concurso es necesario, la duración es mucho mayor, alargándose la cuestión 1 mes y pico más que en el concurso voluntario. En la tramitación de un concurso con propuesta anticipada, la cuestión se puede elevar a 8 meses, mientras que si la propuesta es ordinaria de 13-24 meses. En los concursos con liquidación, pero, ha habido un cambio importantísimo, ya que se hablamos de tramitaciones abreviadas estas serán de 3 años, mientras que si hablamos de tramitaciones ordinarias serán de 18 meses.
Por sectores de actividad se ha dado también un cambio en los protagonistas, siendo antes la mitad procesos inmobiliarios, mientras que dichas pasivos se han ido reduciendo a día de hoy.
El procedimiento concursal: fases La Ley Concursal organiza el procedimiento concursal en varias fases, lo cual presenta el problema en la venda de unidades productivas.
- Solicitud. Autodeclaración de concurso  Solicitud en la que pides que te declaren en concurso. Esta la puede presentar el propio deudor (voluntario) o los acreedores legítimos (necesarios) - Si el juez declara el concurso lo hace mediante un auto que da entrada a la fase común, e la cual se determinará qué tiene (masa activa) y qué debe (masa pasiva) el deudor. Para terminar la masa pasiva, se empieza porque los acreedores comuniques sus créditos en el plazo de 1 mes y estos sean reconocidos por la administración concursal, la cual los clasificará en; acreedores privilegiados, ordinarios o subordinados. En cuanto a la masa activa, deben de separarse aquellos bienes que no son del deudor, a la vez que se han de reintegrar a la masa los bienes que hayan salido de ella en determinado tiempo. Acción rescisoria fundamental. Y esto quedará traducido en un documento llamado informe de administración concursal: inventario y lista de acreedores.
- La ley pretende que se salga por la puerta del convenio, que si dicha propuesta no prospera se podrá reintentar tanto en la fase común como en la fase de convenio. Sino, lo que pasa en la inmensa mayoría de los casos es que se acaba saliendo por la vía de la liquidación, la cual la puede pedir el deudor des del primer momento. Con esto, se acaba el concurso con el cumplimiento del convenio o pago de la liquidación, o bien con la insuficiencia de la masa activa (como suele pasar).
- Por lo que se refiere a la sección de calificación, pero, que determina por qué causas se ha llegado a dicha situación de insolvencia, podemos decir que en ámbito civil tenemos un atavismo que nos acerca a lo penal.
Esto puede verse en que, si se acaba el convenio y la espera es superior a 3 años o la quita superior a 1/3, lo que se tratará de ver es si en la generación de dicha situación ha mediado dolo o culpa grave del deudor. En este caso, el juez del concurso podrá condenar a los administradores de la sociedad concursal a que paguen parcialmente personalmente.
El procedimiento concursal: secciones Fase común (y reapertura) Administración concursal Masa activa  Administración y reintegración de la masa activa Masa pasiva  Comunicación, reconocimiento y clasificación de los créditos. También la via attractiva sobre reclamaciones Convenio y liquidación  Soluciones del concurso Calificación El procedimiento concursal: tramitación procesal; recursos Todas las cuestiones para las que no se haya fijado una tramitación específica se tramitan conforme el incidente concursal.
Estructura - Demanda Contestación (10 días) Vista (juicio verbal)  La misma utilizada en el juicio verbal, sin audiencia previa. La recolecta de pruebas se hará en la demanda o contestación o directamente en dicha vista.
Sentencia Recursos Para evitar la dilación de los procedimientos concursales solo cabe reposición, salvo que la ley prevea algún recurso o establezca que no hay recurso alguno. Por otro lado, la apelación solo se prevé en los supuestos del art. 197.4 , aunque aún es más restrictivo el acceso al recurso por infracción procesal.
El procedimiento abreviado Este implica unas especialidades procesales que implican un acortamiento de los plazos.
Ámbito de aplicación Potestativamente (para el juez) - Cuando el juicio no reviste especial complejidad  Cuando el número de acreedores no pasa de 50, el pasivo no pasa de 5 millones y el activo no pasa de 5 millones.
Cuando con la solicitud el deudor presenta una propuesta anticipada de convenio o una propuesta de convenio que contenga una modificación estructural societaria Necesariamente (para el juez), con independencia de la cuantía del activo y del pasivo - Cuando se presenta un plan de liquidación con una propuesta vinculante de compra de unidad productiva Cuando hay un cese completo de la actividad, sin contratos de trabajo en vigor Especialidades del procedimiento Un procedimiento abreviad es aquel en el que se reducen los plazos.
- La administración concursal tiene que presentar el inventario en 15 días des de que acepta. Además, el informe tiene que estar presentado en un mes.
Las propuestas de convenio se presentan en los 5 días siguientes y la convocatoria de junta de acreedores en 30 días.
La liquidación se presenta en 10 días y la realización de las operaciones en 3 meses.
En caso de que la solicitud de concurso tuviera ya la presentación de la propuesta de convenio En caso de que la solicitud de concurso contuviera una presentación de plan de liquidación Instituciones preconcursales: acuerdos de refinanciación Los acuerdos de refinanciación se pueden hacer por la vía del art. 71.6 LC, pero la mayoría se hacen fuera de dichos requisitos.
Requisitos: para su irrescindibilidad (de lo acordado). Inatacable en un convenio concursal.
Contenido - - Ha de comportar una ampliación significativa del crédito disponible, o bien ha de implicar la modificación de las obligaciones, bien porque se concede una prórroga en el vencimiento o porque se sustituyen las obligaciones. Por tanto, tiene que haber efectivamente refinanciación.
Ha de corresponderse con un plan de viabilidad que ha de acompañar dicho acuerdo. Este ha de determinar las premisas que asegurarán la continuidad de la actividad empresarial.
Suscripción (aceptación) por acreedores: 3/5 del pasivo Informe favorable por experto independiente (designado por registrador mercantil): Y en dicho informe deberá justificar la razonabilidad y realizabilidad del plan, y proporcionalidad de las garantías.
Formalización en instrumento público Homologación judicial Requisitos (menos de los requeridos por la antigua ley de cajas) - Designación del experto independiente que deberá hacer el informe valorando dicha razonabilidad y realizabilidad Formalización en instrumento público Suscripción por el 55% del pasivo de entidades financieras (mientras que antes era del 75%) Efectos - Extensión de la espera a otros acreedores financieros (sobretodo a los que no tengan garantía real) Paralización de ejecuciones por parte de las entidades financieras durante plazo de espera (3 años); y suspensión cautelar de las ejecuciones por 1 mes desde la solicitud Competencia: juez al que le correspondería declarar el concurso si la compañía en cuestión fuese a concurso Procedimiento - Solicitud (acompañada del acuerdo de refinanciación e informe del experto) Admisión a trámite por el secretario judicial Homologación judicial: por trámite de urgencia: si se da un cumplimiento de requisitos, y no hay un sacrificio desproporcionado para entidades financieras que no lo han suscrito Impugnación - Si falta el porcentaje exigido de pasivo, o bien hay una desproporción del sacrificio exigido Sentencia irrecurrible Instituciones preconcursales: acuerdo extrajudicial de pagos Este se introduce con la ley de emprendedores, la cual introduce un nuevo título.
Presupuestos subjetivos - - Empresario persona natural: requisitos, siempre y cuando tenga un balance cuyo pasivo no supere los 5 millones de euros. Se le equipara el autónomo.
Persona jurídica: requisitos, que esté en situación de insolvencia, que en caso de acabarse el concurso no tendría especial complejidad, que disponga de activos líquidos suficientes para satisfacer los gastos propios del acuerdo y que cuente con un patrimonio e ingresos previsibles que le permitan lograr el acuerdo de pago en determinados términos (que introduciremos después) Prohibiciones, que hayan sido condenados por delitos contra el patrimonio, etc., los que no estén inscritos en el Registro Mercantil (sociedades irregulares), las personas que no hayan llevado la contabilidad o no hayan depositado las cuentas, los que en los últimos 3 años hayan alcanzado un acuerdo judicial de pago o hayan obtenido la homologación de un acuerdo de refinanciación, los que estén negociando con los acreedores un acuerdo de refinanciación cuya solicitud de concurso hubiere sido admitida a trámite, o bien cuando cualquiera de los acreedores del deudor hubiera sido declarado en concurso (231.3.4.5 LC).
3. No podrán formular solicitud para alcanzar un acuerdo extrajudicial: 1.º Quienes hayan sido condenados en sentencia firme por delito contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores.
2.º Los sujetos a su inscripción obligatoria en el Registro Mercantil que no figurasen inscritos con antelación.
3.º Las personas que en los tres ejercicios inmediatamente anteriores a la solicitud, estando obligadas legalmente a ello, no hubieren llevado contabilidad o hubieran incumplido en alguno de dichos ejercicios la obligación del depósito de las cuentas anuales.
4.º Las personas que, dentro de los tres últimos años, hubieran alcanzado un acuerdo extrajudicial con los acreedores, hubieran obtenido la homologación judicial de un acuerdo de refinanciación o hubieran sido declaradas en concurso de acreedores.
4. No podrán acceder al acuerdo extrajudicial de pagos quienes se encuentren negociando con sus acreedores un acuerdo de refinanciación o cuya solicitud de concurso hubiera sido admitida a trámite.
5. Tampoco será posible iniciar el acuerdo extrajudicial si cualquiera de los acreedores del deudor, que necesariamente debieran verse vinculados por el acuerdo, hubiera sido declarado en concurso.
Los créditos de derecho público no podrán verse afectados por el acuerdo extrajudicial. Los créditos con garantía real únicamente podrán incorporarse al acuerdo extrajudicial y verse afectados por el mismo si así lo decidiesen los acreedores que ostentan su titularidad, mediante la comunicación expresa prevista por el apartado 4 del artículo 234.
No podrán acudir al procedimiento previsto en este Título las entidades aseguradoras y reaseguradoras.
Exclusiones de eficacia En su última regulación, el legislador ha querido dejar totalmente al margen a los acreedores públicos y a los de garantía real. Y esto protege a la banca.
- Créditos de derecho público Créditos con garantía real (sin consentimiento del titular) Procedimiento Nombramiento de mediador concursal - Instancia: contenido - Designación de mediador concursal: por registrador mercantil, notario Requisitos para el nombramiento (de la ley de mediación) Aceptación Publicidad Remuneración  Se les retribuye igual que a los administradores concursales.
Efectos de la iniciación del expediente - - Sobre el deudor  Podrá continuar con su actividad empresarial y, des de que presenta la solicitud, tendrá que abstenerse de solicitar préstamos de crédito. También tendrá que devolver las tarjetas de crédito que tenga y abstenerse de utilizar método de pago alguno. Además, mientras esté negociando un acuerdo extrajudicial de pagos, no podrá ser declarado en concurso.
Sobre los acreedores y ejecuciones  En materia de ejecuciones, des que se publica la apertura del expediente no se puede iniciar ni continuar ejecución alguna sobre el patrimonio.. Además, los acreedores afectados tendrá que abstenerse de realizar cualquier acto que.. El acreedor que disponga de garantía personal para la realización de su crédito podrá ejecutar dicha garantía siempre que… (art. 235.2,3,4,5 LC).
Artículo 235 Efectos de la iniciación del expediente 1. Una vez solicitada la apertura del expediente, el deudor podrá continuar con su actividad laboral, empresarial o profesional. Desde la presentación de la solicitud, el deudor se abstendrá de solicitar la concesión de préstamos o créditos, devolverá a la entidad las tarjetas de crédito de que sea titular y se abstendrá de utilizar medio electrónico de pago alguno.
2. Desde la publicación de la apertura del expediente y por parte de los acreedores que pudieran verse afectados por el posible acuerdo extrajudicial de pagos, no podrá iniciarse ni continuarse ejecución alguna sobre el patrimonio del deudor mientras se negocia el acuerdo extrajudicial hasta un plazo máximo de tres meses. Se exceptúan los acreedores de créditos con garantía real, en cuyo caso, el inicio o continuación de la ejecución dependerá de la decisión del acreedor. El acreedor con garantía real que decida iniciar o continuar el procedimiento no podrá participar en el acuerdo extrajudicial.
Practicada la correspondiente anotación de la apertura del procedimiento en los registros públicos de bienes, no podrán anotarse respecto de los bienes del deudor instante embargos o secuestros posteriores a la presentación de la solicitud del nombramiento de mediador concursal, salvo los que pudieran corresponder en el curso de procedimientos seguidos por los acreedores de derecho público y los acreedores titulares de créditos con garantía real que no participen en el acuerdo extrajudicial.
3. Desde la publicación de la apertura del expediente, los acreedores que puedan verse afectados por el acuerdo deberán abstenerse de realizar acto alguno dirigido a mejorar la situación en que se encuentren respecto del deudor común.
4. Desde la publicación de la apertura del expediente, los acreedores que lo estimen oportuno podrán facilitar al mediador concursal una dirección electrónica para que éste les practique cuantas comunicaciones sean necesarias o convenientes, produciendo plenos efectos las que se remitan a la dirección facilitada.
5. El acreedor que disponga de garantía personal para la satisfacción del crédito podrá ejercitarla siempre que el crédito contra el deudor hubiera vencido. En la ejecución de la garantía, los garantes no podrán invocar la solicitud del deudor en perjuicio del ejecutante.
6. El deudor que se encontrase negociando un acuerdo extrajudicial no podrá ser declarado en concurso, en tanto no concurran las circunstancias previstas en el artículo 5 bis.
Plan de pagos (lo que acaba presentando) Envío Contenidos - Necesarios: propuesta de cumplimiento, propuesta de negociación Facultativos Espera o moratoria que no puede superar los tres años Quita que no puede superar el 25% de los créditos Plan de viabilidad Propuestas alternativas Artículo 236 El plan de pagos 1. Tan pronto como sea posible, y en cualquier caso con una antelación mínima de veinte días naturales a la fecha prevista para la celebración de la reunión, el mediador concursal remitirá a los acreedores, con el consentimiento del deudor, un plan de pagos de los créditos pendientes de pago a la fecha de la solicitud, en el que la espera o moratoria no podrá superar los tres años y en el que la quita o condonación no podrá superar el 25 por ciento del importe de los créditos.
El plan de pagos se acompañará de un plan de viabilidad y contendrá una propuesta de cumplimiento regular de las nuevas obligaciones, incluyendo, en su caso, la fijación de una cantidad en concepto de alimentos para el deudor y su familia, y de un plan de continuación de la actividad profesional o empresarial que desarrollara.
El plan de pagos incluirá necesariamente una propuesta de negociación de las condiciones de los préstamos y créditos así como copia del acuerdo o solicitud de aplazamiento de los créditos de derecho público o, al menos, de las fechas de pago de los mismos, si no van a satisfacerse en sus plazos de vencimiento.
2. La propuesta podrá consistir también en la cesión de bienes a los acreedores en pago de las deudas.
3. Dentro de los diez días naturales posteriores al envío de la propuesta de acuerdo por el mediador concursal a los acreedores, éstos podrán presentar propuestas alternativas o propuestas de modificación. Transcurrido el plazo citado, el mediador concursal remitirá a los acreedores el plan de pagos y viabilidad final aceptado por el deudor.
4. El mediador concursal deberá solicitar de inmediato la declaración de concurso de acreedores si, dentro del plazo mencionado en el apartado 3 de este artículo, decidieran no continuar con las negociaciones los acreedores que representasen al menos la mayoría del pasivo que necesariamente pudiera verse afectado por el acuerdo, excluidos los créditos con garantía real cuyos titulares no hubiesen comunicado su voluntad de intervenir en el mismo o cualquier acreedor de derecho público.
Aceptación del plan de pagos: reunión de deudor y acreedores Los acreedores deben asistir a la reunión salvo que antes hubiesen mostrando que aprueban el plan de pagos, o bien que se oponen a él. Además, aquellos que habiendo sido convocados y habiendo visto modificado su crédito no hayan asistido ni manifestado lo dicho previamente, si se manifiesta el concurso de acreedores su crédito quedará subordinado. El plan se somete a votación y será aceptado si es votado almenos por aquellos que representen el 60% del pasivo. Ahora bien, si el plan consiste en cesiones de bienes o pago de deudas, se requiere la aprobación del 75% del pasivo. Este se eleva a escritura pública, se eleva el expediente y se le da la publicidad en el registro público concursal. Si se entiende que hay situación de insolvencia el mediador concursal es el sujeto legitimado para pedir al juez competente que se declare de manera inmediata el concurso de acreedores.
Artículo 237 La reunión de los acreedores 1. Los acreedores convocados deberán asistir a la reunión, salvo los que hubiesen manifestado su aprobación u oposición dentro de los diez días naturales anteriores a la reunión. Con excepción de los que tuvieran constituido a su favor garantía real, los créditos de que fuera titular el acreedor que, habiendo recibido la convocatoria, no asista a la reunión y no hubiese manifestado su aprobación u oposición dentro de los diez días naturales anteriores, se calificarán como subordinados en el caso de que, fracasada la negociación, fuera declarado el concurso del deudor común.
2. El plan de pagos y el plan de viabilidad podrán ser modificados en la reunión, siempre que no se alteren las condiciones de pago de los acreedores que, por haber manifestado su aprobación dentro de los diez días naturales anteriores, no hayan asistido a la reunión.
Artículo 238 El acuerdo extrajudicial de pagos 1. Para que el plan de pagos se considere aceptado, será necesario que voten a favor del mismo acreedores que sean titulares, al menos, del 60 por ciento del pasivo. En el caso de que el plan de pagos consista en la cesión de bienes del deudor en pago de deudas, dicho plan deberá contar con la aprobación de acreedores que representen el setenta y cinco por ciento del pasivo y del acreedor o acreedores que, en su caso, tengan constituida a su favor una garantía real sobre estos bienes. En ambos supuestos, para la formación de estas mayorías se tendrá en cuenta exclusivamente el pasivo que vaya a verse afectado por el acuerdo y a los acreedores del mismo.
2. Si el plan fuera aceptado por los acreedores, el acuerdo se elevará inmediatamente a escritura pública, que cerrará el expediente que el notario hubiera abierto. Para los abiertos por el registrador mercantil, se presentará ante el Registro Mercantil copia de la escritura para que el registrador pueda cerrar el expediente. Por el notario o el registrador se comunicará el cierre del expediente al juzgado que hubiera de tramitar el concurso. Igualmente se dará cuenta del hecho por certificación o copia remitidas a los registros públicos de bienes competentes para la cancelación de las anotaciones practicadas. Asimismo, publicará la existencia del acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado» y en el Registro Público Concursal por medio de un anuncio que contendrá los datos que identifiquen al deudor, incluyendo su Número de Identificación Fiscal, el registrador o notario competente, el número de expediente de nombramiento del mediador, el nombre del mediador concursal, incluyendo su Número de Identificación Fiscal, y la indicación de que el expediente está a disposición de los acreedores interesados en el Registro Mercantil o Notaría correspondiente para la publicidad de su contenido.
3. Si el plan no fuera aceptado, y el deudor continuara incurso en insolvencia, el mediador concursal solicitará inmediatamente del juez competente la declaración de concurso, que el juez acordará también de forma inmediata. En su caso, instará también del juez la conclusión del concurso por insuficiencia de masa activa en los términos previstos en el artículo 176 bis de esta Ley.
Impugnación judicial del acuerdo Este acuerdo, una vez alcanzado, se puede impugnar en 10 días ante el juez que sería competente para declarar el concurso. Esta no suspenderá la ejecución del acuerdo, sino que se tratarán todas las cuestiones conjuntamente y si hay sentencia de anulación esto implicará que no produzca efectos.
Artículo 239 Impugnación del acuerdo 1. Dentro de los diez días siguientes a la publicación, el acreedor que no hubiera sido convocado o no hubiera votado a favor del acuerdo o hubiera manifestado con anterioridad su oposición en los términos establecidos en el artículo 237.1 podrá impugnarlo ante el juzgado que fuera competente para conocer del concurso del deudor.
2. La impugnación no suspenderá la ejecución del acuerdo y solo podrá fundarse en la falta de concurrencia de las mayorías exigidas para la adopción del acuerdo teniendo en cuenta, en su caso, a los acreedores no convocados, en la superación de los límites establecidos por el artículo 236.1 o en la desproporción de la quita o moratoria exigidas.
3. Todas las impugnaciones se tramitarán conjuntamente por el procedimiento del incidente concursal.
4. La sentencia de anulación del acuerdo se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y en el Registro Público Concursal.
5. La sentencia que resuelva sobre la impugnación será susceptible de recurso de apelación de tramitación preferente.
6. La anulación del acuerdo dará lugar a la sustanciación del concurso consecutivo regulado en el artículo 242.
Efectos del acuerdo sobre acreedores (art. 240 LC) En caso de no haber impugnación, las consecuencias derivadas serán: - Prohibición de ejecuciones: cancelación de embargos. Ningún acreedor podrá iniciar o continuar ejecuciones contra el deudor por deudas anteriores al embargo. También puede el deudor solicitar que se cancelen los embargos. Los créditos quedarán aplazados y remitidos en los términos pactados.
- Quita y espera. Cesión de bienes en pago.
Acciones contra obligados solidarios y garantes personales Artículo 240 Efectos del acuerdo sobre los acreedores 1. Ningún acreedor afectado por el acuerdo podrá iniciar o continuar ejecuciones contra el deudor por deudas anteriores a la publicación de la apertura del expediente. El deudor podrá solicitar la cancelación de los correspondientes embargos del juez que los hubiera ordenado.
2. Por virtud del acuerdo extrajudicial, los créditos quedarán aplazados y remitidos conforme a lo pactado.
En caso de cesión de bienes a los acreedores, los créditos se considerarán extinguidos en todo o en parte, según lo acordado.
3. Los acreedores conservarán las acciones que les correspondan por la totalidad de los créditos contra los obligados solidarios y los garantes personales del deudor.
Cumplimiento e incumplimiento del acuerdo sobre los acreedores (art. 241 LC) El deudor tiene que supervisar que efectivamente se cumple el acuerdo y, si lo acaba siendo, se hace contar mediante acta o publicación en el BOE y en el registro público concursal por el mediador. En cambio, si es incumplido, tendrá el deber de instar el concurso, siendo elemento suficiente para considerar que el deudor se encuentra en estado de insolvencia (sin tener que acreditar ningún hecho revelador de la insolvencia).
Artículo 241 Cumplimiento e incumplimiento del acuerdo 1. El mediador concursal deberá supervisar el cumplimiento del acuerdo.
2. Si el plan de pagos fuera íntegramente cumplido, el mediador concursal lo hará constar en acta notarial que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y en el Registro Público Concursal.
3. Si el acuerdo extrajudicial de pagos fuera incumplido, el mediador concursal deberá instar el concurso, considerándose que el deudor incumplidor se encuentra en estado de insolvencia.
Concurso consecutivo (art. 242 LC) Noción  Es el que se declara porque no se ha podido alcanzar el acuerdo, o bien este ha sido incumplido. Si hubiera sido impugnado y el juez declara la nulidad de la sentencia, también.
Efectos: apertura necesaria y simultánea de la fase de liquidación: especialidades: - Administrador concursal  El mismo que era mediador concursal, salvo que hubiere justa causa que permitiese al juez dudar del mismo Créditos contra la masa  Gastos del crédito judicial anterior Rescisión: diez a quo del plazo Reconocimiento de créditos  No hace falta reconocer Deudor empresario persona natural: remisión de deudas insatisfechas con la liquidación, si el concurso se califica como fortuito. Aún y así, esta no alcanzará a los créditos de derecho público, siempre que sean satisfechos los créditos contra la masa y… Artículo 242 Especialidades del concurso consecutivo 1. Tendrá la consideración de concurso consecutivo el que se declare a solicitud del mediador concursal, del deudor o de los acreedores por la imposibilidad de alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos o por incumplimiento del plan de pagos acordado.
Igualmente tendrá la consideración de concurso consecutivo el que sea consecuencia de la anulación del acuerdo extrajudicial alcanzado.
2. En el concurso consecutivo, salvo el supuesto de insuficiencia de masa activa en los términos previstos en el artículo 176 bis de la Ley, se abrirá necesaria y simultáneamente la fase de liquidación, de conformidad con lo dispuesto en el Título V de esta Ley, con las especialidades siguientes: 1.ª Salvo justa causa, el juez designará administrador del concurso al mediador concursal, quien no podrá percibir por este concepto más retribución que la que le hubiera sido fijada en el expediente de arreglo extrajudicial a menos que atendidas circunstancias excepcionales el juez acordare otra cosa.
2.ª Tendrán también la consideración de créditos contra la masa los gastos del expediente extrajudicial y los demás créditos que, conforme al artículo 84 de esta Ley, tengan la consideración de créditos contra la masa, que se hubiesen generado durante la tramitación del expediente extrajudicial, que no hubieran sido satisfechos.
3.ª El plazo de dos años para la determinación de los actos rescindibles se contará desde la fecha de la solicitud del deudor al registrador mercantil o notario.
4.ª No necesitarán solicitar reconocimiento los titulares de créditos que hubieran firmado el acuerdo extrajudicial.
5.ª En el caso de deudor empresario persona natural, si el concurso se calificara como fortuito, el juez declarará la remisión de todas las deudas que no sean satisfechas en la liquidación, con excepción de las de Derecho público siempre que sean satisfechos en su integridad los créditos contra la masa y los créditos concursales privilegiados.
Instituciones preconcursales: comunicación preconcursal Contenido  Esta implica una facultad para el deudor, en el sentido de que puede comunicar al juzgado al que le correspondería la declaración de concurso que ha empezado negociaciones para alcanzar un acuerdo refinanciación, o bien para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio.
Plazo  Antes de que transcurran 2 meses desde que se produce la situación de insolvencia. Si no lo hace, corre el riesgo que el concurso se califique como culpable en la fase de calificación.
Efectos - Suspensión del deber de solicitar la declaración de concurso voluntario: durante 4 meses (salvo que se haya eliminado la situación de insolvencia) En este plazo: inadmisión de solicitudes de concurso necesario. Ningún acreedor puede solicitarlos, o bien estas no se admiten a trámite.
ÒRGANOS DEL CONCURSO Competencia objetiva y funcional (art 8 LC) El juez del concurso es un juez mercantil que, cuando ejerce como juez del concurso, es denominado por la ley como juez concursal. Órgano rector del concurso, con competencia exclusiva y excluyente en determinadas materias, menos en relación a las acciones civiles con trascendencia patrimonial y que se dirijan contra el deudor concursal. Se encarga exclusivamente de las acciones sociales en las que se deduzca.. Los ERES, después del concurso, son tramitados por él. Es el competente para conocer de toda ejecución que se dirija contra bienes y derechos del deudor, cualquiera que fuese el órgano que lo tuviese reconocido. También toda medida cautelar contra el patrimonio del concursado y las reclamaciones de deudas sociales y acciones de responsabilidad contra los administradores por daños y perjuicios causados a la propia compañía concursada.
Artículo 8 Juez del concurso Son competentes para conocer del concurso los jueces de lo mercantil. La jurisdicción del juez del concurso es exclusiva y excluyente en las siguientes materias: 1.º Las acciones civiles con trascendencia patrimonial que se dirijan contra el patrimonio del concursado con excepción de las que se ejerciten en los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores a las que se refiere el título I del libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil. También conocerá de la acción a que se refiere el artículo 17.1 de esta Ley.
2.º Las acciones sociales que tengan por objeto la extinción, modificación o suspensión colectivas de los contratos de trabajo en los que sea empleador el concursado, así como la suspensión o extinción de contratos de alta dirección, sin perjuicio de que cuando estas medidas supongan modificar las condiciones establecidas en convenio colectivo aplicable a estos contratos se requerirá el acuerdo de los representantes de los trabajadores. En el enjuiciamiento de estas materias, y sin perjuicio de la aplicación de las normas específicas de esta ley, deberán tenerse en cuenta los principios inspiradores de la ordenación normativa estatutaria y del proceso laboral.
Por suspensión colectiva se entienden las previstas en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores, incluida la reducción temporal de la jornada ordinaria diaria de trabajo.
3.º Toda ejecución frente a los bienes y derechos de contenido patrimonial del concursado, cualquiera que sea el órgano que la hubiera ordenado.
4.º Toda medida cautelar que afecte al patrimonio del concursado excepto las que se adopten en los procesos que quedan excluidos de su jurisdicción en el párrafo 1.º de este precepto y, en su caso, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52, las adoptadas por los árbitros en las actuaciones arbitrales, sin perjuicio de la competencia del juez para acordar la suspensión de las mismas, o solicitar su levantamiento, cuando considere que puedan suponer un perjuicio para la tramitación del concurso.
5.º Las que en el procedimiento concursal debe adoptar en relación con la asistencia jurídica gratuita y, en concreto, las que le atribuye la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.
6.º Las acciones de reclamación de deudas sociales interpuestas contra los socios subsidiariamente responsables de los créditos de la sociedad deudora, cualquiera que sea la fecha en que se hubiera contraído y las acciones para exigir a los socios de la sociedad deudora el desembolso de las aportaciones sociales diferidas o el cumplimiento de las prestaciones accesorias 7.º Las acciones de responsabilidad contra los administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, y contra los auditores por los daños y perjuicios causados, antes o después de la declaración judicial de concurso, a la persona jurídica concursada.
Competencia internacional y territorial Si el concurso presenta elementos de internacionalidad, bien humanos, bien materiales, el elemento determinante para establecer el juez competente del concurso viene establecido por la regla que dice que lo será aquel donde tenga el deudor el centro de intereses principales. Por tanto, habrá que averiguarlo mediante los criterios fijados al respecto. Al respecto, se parte de la presunción iuris tantum relativa a que, en el caso de las personas jurídicas, coincide con su domicilio estatutario.
Artículo 10 Competencia internacional y territorial 1. La competencia para declarar y tramitar el concurso corresponde al juez de lo mercantil en cuyo territorio tenga el deudor el centro de sus intereses principales. Si el deudor tuviese además en España su domicilio y el lugar de éste no coincidiese con el centro de sus intereses principales, será también competente, a elección del acreedor solicitante, el juez de lo mercantil en cuyo territorio radique aquél.
Por centro de los intereses principales se entenderá el lugar donde el deudor ejerce de modo habitual y reconocible por terceros la administración de tales intereses. En caso de deudor persona jurídica, se presume que el centro de sus intereses principales se halla en el lugar del domicilio social. Será ineficaz a estos efectos el cambio de domicilio efectuado en los seis meses anteriores a la solicitud del concurso.
Los efectos de este concurso, que en el ámbito internacional se considerará «concurso principal», tendrán alcance universal, comprendiendo todos los bienes del deudor, estén situados dentro o fuera de España. En el caso de que sobre los bienes situados en un Estado extranjero se abra un procedimiento de insolvencia, se tendrán en cuenta las reglas de coordinación previstas en el capítulo III del título IX de esta ley.
2. Si se hubieran presentado solicitudes de declaración del concurso ante dos o más juzgados competentes, será preferente aquel ante el que se hubiera presentado la primera solicitud.
3. Si el centro de los intereses principales no se hallase en territorio español, pero el deudor tuviese en éste un establecimiento, será competente el juez de lo mercantil en cuyo territorio radique y, de existir varios, donde se encuentre cualquiera de ellos, a elección del solicitante.
Por establecimiento se entenderá todo lugar de operaciones en el que el deudor ejerza de forma no transitoria una actividad económica con medios humanos y bienes.
Los efectos de este concurso, que en el ámbito internacional se considerará «concurso territorial», se limitarán a los bienes del deudor, afectos o no a su actividad, que estén situados en España. En el caso de que en el Estado donde el deudor tiene el centro de sus intereses principales se abra un procedimiento de insolvencia, se tendrán en cuenta las reglas de coordinación previstas en el capítulo IV del título IX de esta ley.
4. El juez examinará de oficio su competencia y determinará si ésta se basa en el apartado 1 o en el apartado 3 de este artículo.
Estructura y composición Junto al juez del concurso está un órgano de confianza suyo que es la administración concursal, la cual se compone de un único miembro (mientras que hasta la reforma concursal tenía 3; un abogado, un economista y uno que no hacía nada). Y este uno tendrá que ser un abogado con 5 años de ejercicio, un economista o bien un auditor o titulado mercantil que tenga experiencia como administrador concursal y acredite formación especializada. También podrá serlo una persona jurídica Solo en caso de que se trate de concurso ordinario de especial trascendencia, podrá nombrarse además un administrador concursal acreedor: - Cifra anual de negocios mayor de 100 millones de euros Masa pasiva mayor de 100 millones de euros Más de 1000 acreedores Más de 1000 trabajadores La administración concursal Nombramiento: incompatibilidades (art. 28 LC) No puede designar el juez del concurso durante más de 2 años 3 veces al mismo administrador concursal.
Se refuerza la figura del auxiliar delegado del administrador concursal, para los casos en que la complejidad del concurso exija la presencia de un auxiliar delegado Y su presencia irá a expensas de la administración concursal.
Artículo 28 Incapacidades, incompatibilidades y prohibiciones 1. No podrán ser nombrados administradores concursales quienes no puedan ser administradores de sociedades anónimas o de responsabilidad limitada, ni quienes hayan prestado cualquier clase de servicios profesionales al deudor o a personas especialmente relacionadas con éste en los últimos tres años, incluidos aquellos que durante ese plazo hubieran compartido con aquél el ejercicio de actividades profesionales de la misma o diferente naturaleza. Tampoco podrán ser nombrados administradores concursales los que, reuniendo las condiciones subjetivas previstas en el apartado 1 del artículo 27, se encuentren, cualquiera que sea su condición o profesión, en alguna de las situaciones a que se refiere el artículo 51 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, en relación con el propio deudor, sus directivos o administradores, o con un acreedor que represente más del 10 por ciento de la masa pasiva del concurso.
2. En el caso de que existan suficientes personas disponibles en el listado correspondiente, no podrán ser nombrados administradores concursales los abogados, auditores, economistas o titulados mercantiles que hubieran sido designados para dicho cargo por el mismo juzgado en tres concursos dentro de los dos años anteriores. A estos efectos, los nombramientos efectuados en concursos de sociedades pertenecientes al mismo grupo de empresas se computarán como uno solo. Esta limitación no se aplicará en el caso de las personas jurídicas recogidas en el inciso final del artículo 27.1.
Tampoco podrán ser nombrados administradores concursales, ni designado por la persona jurídica cuando se haya nombrado a ésta como administrador concursal, quienes hubieran sido separados de este cargo dentro de los dos años anteriores, ni quienes se encuentren inhabilitados, conforme al artículo 181, por sentencia firme de desaprobación de cuentas en concurso anterior.
3. Se aplicarán a los representantes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de los fondos de garantía de depósitos y del Consorcio de Compensación de Seguros, las normas contenidas en este artículo, con excepción de las prohibiciones por razón de cargo y de las establecidas en el artículo 93.2.2.º 4. Salvo para las personas jurídicas recogidas en el inciso final del artículo 27.1, no podrán ser nombrados administradores concursales en un mismo concurso quienes estén entre sí vinculados personal o profesionalmente. Para apreciar la vinculación personal se aplicarán las reglas establecidas en el artículo 93.
Se entenderá que están vinculadas profesionalmente las personas entre las que existan, o hayan existido en los dos años anteriores a la solicitud del concurso, de hecho o de derecho, relaciones de prestación de servicios, de colaboración o de dependencia, cualquiera que sea el título jurídico que pueda atribuirse a dichas relaciones.
5. Se aplicarán a los representantes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de los fondos de garantía de depósitos, del Consorcio de Compensación de Seguros y de cualesquiera Administraciones públicas acreedoras, las normas contenidas en este artículo, con excepción de las prohibiciones por razón de cargo o función pública, de las contenidas en el párrafo segundo del apartado 4 de este artículo y de las establecidas en el apartado 2.2.º del artículo 93.
6. No podrá ser nombrado administrador concursal quien, como experto independiente, hubiera emitido el informe al que se refiere el número 2.º del artículo 71.6 de esta ley en relación con un acuerdo de refinanciación que hubiera alcanzado el deudor antes de su declaración de concurso.
Retribución (criterios) - Exclusividad  Solo se puede corar por parte del administrador concursal lo fijado en el arancel.
Limitación  Escalado en función de la masa activa y de la masa pasiva Efectividad Funciones Tiene una presencia constante en todo el proceso, desarrollándose sus funciones en todos los omentos del susodicho.
Des que se acepta, debe comunicar el concurso a todos los acreedores que consten en la declaración del deudor para que los acreedores le comunique la preceptiva insinuación de créditos.
La fase común es toda actuación de la administración concursal y, la masa activa, las actuaciones de reintegración realizadas durante la fase común.
En las soluciones del concurso, las propuestas tendrá que ser evaluadas por la administración concursal. Si hay liquidación, el plan lo hará la administración concursal aplicando las reglas fijadas. Tendrá que rendir cuentas e informar.
Por último, en la calificación todo empieza con un informe que acredite el concurso como fortuito o como culpable.
La administración concursal Ejercicio del cargo. Diligencia de un ordenado administrador y representante legal Responsabilidad (si lo incumple) - - Estructuras de imputación de responsabilidad  Responderán frente al deudor y frente los acreedores de los daños y perjuicios causados a la masa por actos y omisiones tipificados en la ley causados o por los realizados sin la diligencia debida.
Carácter de la responsabilidad  Esta responsabilidad es solidaria; si no responde juntamente con el auxiliar delegado que se hubiese designado.
Tramitación Juicio declarativo, pero ante el juez que conozca o haya conocido el concurso si la acción se interpone después del plazo de prescripción.
Prescripción de la acción  4 años, a contar desde que el actor tuvo conocimiento de los daños y perjuicios por los que se procede; o bien, siempre desde que los administradores concursales o auxiliares delegados hubiesen cesado en el cargo.
Si la sentencia condena a este pago y la acción ha sido interpuesta por el acreedor, tendrá derecho a que se le reembolsen los gastos. Esto se refiere a los daños contra la masa. Se dejan a salvo las acciones de responsabilidad que pudieran corresponder de manera individual al demandado, acreedor o auxiliar delegado que pudiesen corresponderles individualmente por acciones y omisiones del administrador concursal.
Separación. Justa causa; rendición de cuentas. Es un cargo de confianza, siendo el juez el que nombra quien separa al administrador concursal cuando concurra justa causa, de oficio o a instancia de parte legitimada para pedir al separación del concurso. También podrá revocar el nombramiento de los auxiliares delegados. En tal caso, esta resolución judicial en forma de auto consignará los motivos en base a los cuales se procede de dicho modo y el juez procederá de inmediato a efectuar un nuevo nombramiento. Además, el cesado tendrá que rendir cuentas de su actuación. Y todas estas resoluciones podrán ser recurridas con reposición, a la vez que con apelación, aunque sin que esta tenga efectos suspensivos de la ejecución.
Seguro de responsabilidad civil del administrador concursal La administración tributaria deriva la responsabilidad, incluso por el incumplimiento de deberes formales, a dichos administradores concursales. Los susodichos tendrán que contratar dicho seguro, cuyo régimen se desarrolla en el RD 1333/2012. Aquí cabe o contratar seguros específicos o independientes, o bien introducir dicha cobertura mínima obligatoria como ampliación de la póliza de seguridad civil. Es cierto que la ley permite también que, en lugar del seguro, se contrate una garantía equivalente por una entidad de crédito, pero en la práctica no suele hacerse por su inasumible coste. La norma se aplica a partir del año 2012.
La presentación es un presupuesto para que el administrador concursal pueda estar en el cargo, pero si no están incursos en ninguna causa de prohibición o incompatibilidad, lo primero que tienen que hacer el administrador concursal en aceptarlo, es presentarla. En el caso de ser persona jurídica, tienen que incluirse las personas naturales que actuarán en su nombre.
Se tiene que acreditar para la aceptación del cargo y se tiene que notificar al juzgado cualquier cambio o novación que pueda haber en la póliza.
Riesgo asegurado Que nazca a cargo del asegurado o administrador concursal (tomador y asegurado) esta obligación de indemnizar al deudor, los acreedores y terceros por los daños y perjuicios en la masa activa.
Suma asegurada mínima La suma aseguradora que tiene que contratarse dependerá del tipo de concurso y del tipo de especialidades que revisten determinados concursos por su condición. Debe cumplirse, pero, almenos con 3000€. Esta tiene que elevarse a 800000€ si ha sido nombrado en 3 concursos ordinarios. Si son designados en un concurso de especial trascendencia, 1.500.000€. Si es persona jurídica, 2.000.000€.
Si es concurso particular significación, entidad encargada de la compensación y liquidación de valores, entidades cotizadas, aseguradoras, etc. 3.000.000€ (4.000.000€ si es persona jurídica).
Delimitación temporal - Daños a la masa activa reclamaciones en los 4 años siguientes a la fecha de cese en el cargo Lesión directa a intereses de deudor, acreedores o terceros: plazo de prescripción de 1 año. Pero esto no funciona igual en Catalunya, siendo esta de 3 años.
Y por supuesto, queda a salvo la acción directa del perjudicado contra el asegurador.
LA DECLARACIÓN DEL CONCURSO Para que esta situación produzca efectos jurídicos, tiene que estar declarada judicialmente. Y, para que el juez la declare, han de concurrir determinados presupuestos (subjetivos, objetivos y formales), sin ser suficiente su iniciativa de oficio. La insolvencia, además, debe de ser actual o inminente; el concurso, voluntario o necesario. Se requiere una pluralidad de acreedores. El juez dicta el auto de declaración del concurso si estima lo dicho.
Presupuestos de la declaración de concurso: presupuestos explícitos e implícitos Presupuestos explícitos - Subjetivo Objetivo Formal Presupuesto implícito - Pluralidad de acreedores El problema de los concursos sin masa Presupuesto subjetivo - Deudor persona física Deudor persona jurídica La declaración del concurso procederá respecto de cualquier deudor común, sea persona natural o persona jurídica, partiendo así de un principio de unidad legal y de disciplina que no hace distinciones.
En relación con el deudor persona física, se le pide que tenga capacidad de obrar y su presencia es ciertamente marginal. Muchos de estos pocos, además, son concursos de sujetos que han sido administradores de empresas previamente concursadas.
El tema de las personas jurídicas plantea cierta mayor complejidad porque el ámbito de las susodichas es mucho mayor y la multiplicidad de figuras es extraordinaria. Este es de cualquier persona jurídica reconocida en derecho español; por tanto, no solo sociedades mercantiles, sino cualquier sociedad mercantil o civil, cualquier asociación y cualquier fundación. Si bien es cierto que la inmensa mayoría de los concursos se refieren a personas jurídicas en forma de sociedad mercantil. Además, son bastante frecuentes las asociaciones de empresarios. Todas estas, pero, serán de derecho privado, al excluir la ley las entidades que formen parte de la organización territorial del estado y las demás administraciones de derecho público. Lo que no impide, aún y así, es que las entidades participadas por organismos de derecho público sí que puedan ser declaradas en concurso. Una sociedad unipersonal (como sociedad irregular) podrá ser declarada en concurso, pero no una entidad sin personalidad jurídica como la unión temporal de empresas.
Presupuesto subjetivo Declaración conjunta del concurso de varios deudores (concursos conexos).
La INICIATIVA puede ser de los propios deudores o de los acreedores.
- - Los acreedores podrán pedirlo si los deudores son cónyuges o existe confusión de patrimonios entre ellos, o bien que formen parte del mismo grupo de sociedades.
Pero lo más frecuente es que la pidan los propios deudores como cónyuges, administradores, socios, miembros personalmente responsables de las deudas de una misma persona jurídica, o que formen parte del mismo grupo de sociedades (lo más frecuente).
Además, los miembros de pareja de hecho inscrita, o acreedor de ambos, siempre y cuando se afirme esta voluntad inequívoca de formar un patrimonio común.
El JUEZ COMPETENTE es el que lo sea del lugar donde esté el centro de intereses principales del deudor que tenga mayor pasivo. En caso de grupo, el del CIP de la sociedad dominante; si no, el del deudor con mayor pasivo.
Acumulación de concursos de varios deudores INICIATIVA: Cualquier concursado o la administración concursal, en caso de concursos de: - Grupo de sociedades Confusión de patrimonios Administradores, socios, miembros personalmente responsables de las deudas de una misma persona jurídica Miembros de entidad sin personalidad jurídica, responsables personalmente Cónyuges, pareja de hecho inscrita (patrimonio común) En su defecto, por cualquier acreedor; escrito razonado.
PROCEDENCIA DE LA ACUMULACIÓN: esta procede aunque las declaraciones provengan de diferentes juzgados JUEZ COMPETENTE PARA LA TRAMITACIÓN DE LOS CONCURSOS ACUMULADOS - Juez del concurso del deudor con mayor pasivo En caso de grupo: el juez de la sociedad dominante Consecuencias de la declaración conjunta o acumulación REGLA: Estos implica una tramitación coordinada, pero no hay consolidación de masas, manteniéndose las masas activas y pasivas separadas.
EXCEPCIÓN (en las que hay confusión de masas): Confusión de patrimonios (porque no hay forma de saber qué es de quién), etc.
Consecuencias: Esto implica una consolidación de inventarios y listas de acreedores, a efectos de elaborar el informe de la administración concursal (no como base de las actuaciones).
Administración concursal: única, con auxiliares delegados. Si acumulación: en una administración concursal ya existente. Criterios facultativos.
Concurso de la herencia Por supuesto que se puede declarar el concurso de la herencia, el cual se refiere a que esta no haya sido aceptada a beneficio de inventario.
En Catalunya, pero, hay una norma equivocada, porque esta establece que cabe declarar el concurso de la herencia, pero además impone el deber de solicitarlo al heredero que haya aceptado a beneficio de inventario. Y esta es equivocada porque el deber de pedirla no corresponde al heredero, sino al administrador de la herencia, que puede ser o no heredero. De este modo, si no lo hace, podrán imputársele las responsabilidades por el concurso culpable.
Exclusiones del concurso: entidades integrantes de la organización territorial del Estado, organismos públicos y demás entes de derecho público. Solo estos y no el régimen de empresas públicas organizadas como sociedades mercantiles que de estos pudiesen depender.
Presupuesto objetivo Estado de insolvencia: hace falta que el deudor esté en situación de insolvencia, la cual es la situación en que el deudor no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles. Esta es unitaria pero se aplica de forma diversa según el concurso sea voluntario o necesario.
Elementos - Incapacidad de pago  No puede pagar Regularidad  No puede pagar de una manera regular (elemento modal) Deudas exigibles  No se pueden pagar las obligaciones exigibles y líquidas (no cualquier obligación nacida) Clases: insolvencia inminente e insolvencia actual: conexión con el concurso voluntario y el concurso necesario.
Estas dos operan según el CONCURSO sea VOLUNTARIO o necesario. Lo debe pedir si la insolvencia es actual, y puede pedirlo si la insolvencia es inminente.
- - La insolvencia inminente se da cuando el deudor prevé que no podrá cumplir de manera regular y puntual sus obligaciones (elemento de pronóstico). Faculta al deudor para pedirlo. Y sólo él podrá pedir el concurso (ningún acreedor).
La insolvencia actual obliga al deudor a pedir el concurso. Este deber consiste en que el deudor ha de pedir la declaración del concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha en la que haya conocido o haya debido conocer la situación de insolvencia. Y se presume que ha conocido dicha situación cuando haya ocurrido cualquiera de los hechos reveladores de la insolvencia tipificados en la ley. La consecuencia del incumplimiento de este deber es la presunción iuris tantum de la culpabilidad en la calificación del concurso.
En caso de CONCURSO NECESARIO (insolvencia actual), ante dos situaciones: - Ejecuciones individuales infructuosas  Título de despacho de ejecución o apremio, sin que del embargo resulten bienes libres bastantes para el pago.
Hechos reveladores de la insolvencia: Cuando el deudor se encuentra en situación de Sobreseimiento general en los pagos: relevancia porcentual del sobreseimiento. La cantidad a la que tenemos que dar relevancia ha quedado fijada por un auto de la AP de Madrid que ha establecido que sea del 70% de la deuda bancaria deducida.
Embargos por ejecuciones pendientes que afectan a la realidad del patrimonio del deudor Alzamiento o liquidación apresurada o ruinosa de bienes. Cuando uno liquida de dicho modo o se alza con sus bienes.
Sobreseimientos generales sectoriales: obligaciones tributarias, de Seguridad Social, laborales. Referidos a la generalidad de estas.
Y a partir de cualquiera de estos se pondrá en marcha el plazo de 2 meses, permitiendo la deducción del diez a quo.
Presupuesto formal (powers) Situación jurídica que precisa ser declarada judicialmente, pero este auto no se dicta de oficio, sino que el juez ha de atender a la solicitud de alguien, y depende de quién provenga la solicitud el concurso será voluntario (deudor) Esta solicitud ha de venir acompañada de los documentos complementarios del art. 6 LC. En esta solicitud tendrá que indicarse: - - Poder Tipo de insolvencia se alega  Actual o inminente.
Memoria  En la que se expresan las causas de esta situación de insolvencia, actividades a las que se ha dedicado el deudor en los últimos 3 años, historia jurídica del deudor, valoraciones y propuestas sobre viabilidad patrimonial, etc. Si el deudor es una persona jurídica, además, deberá de indicarse la identidad de los socios, administradores, auditor (en caso que tenga) y las empresas que componen el grupo de empresas (en caso de que haya también).
Inventario  De bienes y derechos, expresando su naturaleza, datos de identificación registral (si los tienen), valor, correcciones valorativas, etc.
Relación de acreedores  Por orden alfabético, si cuentan con algún tipo de garantía real o personal, etc.
Plantilla de trabajadores del deudor y, en su caso, la identidad del órgano de representación de los trabajadores (a efectos de tramitar los expedientes de modificación y suspensión de la relación de trabajo) En el caso del deudor empresario, el informe de auditoría de los últimos 3 años, una memoria ad hoc de los cambios significativos en el patrimonio, si tiene estados intermedios y, en caso de que forme parte de un grupo, las cuentas consolidadas.
Por eso, la solicitud de concurso voluntario tiene cierto valor confesorio de la situación de insolvencia. El jue dicta el auto sin que nadie pueda oponerse a ello En cambio, si el concurso es necesario, el mecanismo es distinto, al haber un mecanismo de oposición por parte del deudor que hace que, en la práctica, haya poquísimos. Requisitos a cumplir para que el juez estime la demanda: - Legitimación activa  El acreedor deberá de acreditar dicha condición que posee de acreedor legítimo.
Pero no se hace un examen totalmente completo en cuanto a dicha legitimación, sino que el juez se contenta con esta apariencia sobre la existencia de esta cualidad jurídica; de este modo, si el crédito existe y - - su cuantía no se analiza en esta fase, salvo casos especialmente palmarios (que el crédito no exista por prescripción de la ley.
El acreedor tendrá que indicar los hechos reveladores de la insolvencia en los que basa su solicitud.
Ahora bien, la reforma incorporó una novedad al regular en el art. 15.1 un supuesto particular de solicitud de concurso necesario, el llamado “concurso exprés”, en el sentido de que se dicta sin dar la posibilidad al deudor para que se oponga a ello. Cuando embargo o investigación de patrimonio infructuoso, o que hubiese dado lugar a una declaración administrativa o judicial de insolvencia el juez dictará auto de declaración de concurso el primero día hábil siguiente. Esta regla claramente evoca la del art. 2.4, cuando se refiere a que del embargo no resultasen bienes libres bastantes para el pago, pero el presupuesto no es el mismo, ya que este última dará lugar a la oposición del deudor. Hasta hoy, un auto de la AP de Barcelona ha puesto orden a esta situación diciendo que el art. 15.1 no puede ser lo mismo que el 2.4 y, por tanto, el supuesto que se tramita sin oposición requiere una interpretación muy restrictiva; siendo casos distintos, han de merecer una respuesta judicial distinta, en el sentido que el supuesto que contempla el 2.4 es el caso de un embargo infructuoso en el arco de un proceso de ejecución como indicio de insolvencia , sin embargo, el 15.1 se refiere a un embargo infructuoso, pero no simplemente el mencionado, sino uno que es manifestación de un estado de insolvencia constatada en una ejecución previa (lo cual hará que no sea simplemente un indicio). Esto significa que, para que el embargo infructuoso justifique este embargo infructuoso sin trámite de oposición, es preciso que se acredite que el deudor carece de viene bastantes para pagar la deuda, a la vez que de la propia ejecución ha de poder deducirse la imposibilidad del deudor de atender a sus obligaciones (cuando el deudor reconoce que no tiene bienes, o bien si después de una investigación exhaustiva de la audiencia no se encuentra ningún bien o pesan multitud de embargos y cargas).
Indicación de los medios de prueba para acreditar los hechos reveladores de los que se valga en su solicitud.
A estos efectos, la prueba testifical, por sí sola, no es bastante.
Conductas posibles del deudor tras el emplazamiento Después de la solicitud se emplaza al deudor para que exprese su parecer. Y este puede no hacer nada (rebeldía), comparecer sin oponerse, comparecer y allanarse, o bien comparecer y OPONERSE (que es lo más frecuente).
- - En este último caso, se emplaza al deudor para que comparezca en 10 días.
Y este puede oponerse solo alegando dos causas o fundamentos taxativos; alegando que no existe el hecho revelador de la insolvencia, o bien que, aun existiendo este hecho revelador, realmente no hay situación de insolvencia. Ahora bien, el problema es que, este, si es un deudor sometido al deber de llevanza de contabilidad, su prueba sobre su propia solvencia solo la puede fundamentar en dicha contabilidad. Hay una distribución de la carga de la prueba entre acreedor y deudor. Si el deudor no puede contar con estos libros contables esenciales, pero, no podrá verificar su solvencia ni oponerse.
Se le cita a una vista, en la que se produce esta contradicción entre las partes; entre los medios de prueba acreditados por el acreedor en su solicitud y la prueba alegada por el deudor. Actuaciones previas.
Fase contenciosa Resolución judicial: el juez resuelve con un auto susceptible de recurso de apelación sin efectos suspensivos, salvo que el juez acordase lo contrario.
Pluralidad de acreedores - Presupuesto implícito, ya que implícitamente se requiere que haya una pluralidad de acreedores. Sobretodo en los concursos voluntarios, porque el deudor se pretende beneficiar de los efectos de la declaración de concurso y, por eso, muchas veces se inventa acreedores. Aunque la ley no exprese de manera directa este presupuesto, el susodicho va inserido a la propia noción de insolvencia, porque el legislador, en el art. 2, cuando define cuando procede el concurso, se refiere a la insolvencia del deudor común (no de cualquiera, sino del deudor de varios a los que no puede pagar).
- Y la Doctrina de los tribunales al respecto es constante.
El auto de declaración del concurso Acreditándose estos presupuestos, el juez declara el concurso mediante un auto.
Contenido: pronunciamientos El auto tiene que incluir si el concurso es necesario o voluntario, si se ha pedido ya la liquidación o si ha habido alguna propuesta anticipada al respecto, las facultades del deudor de disponer y administrar su patrimonio, las medidas necesarias para asegurar la integridad y conservación de los bienes hasta que la administración concursal acepte el caso, etc. También debe haber una comunicación de los créditos en el plazo de 1 mes des que se publique el extracto de la declaración del concurso en el BOE, a la vez que a qué sujetos se designan como administradores concursales.
Eficacia La eficacia del auto es inmediata, produciendo efectos de manera inmediata Implica la apertura de la fase común en la tramitación del concurso.
Publicidad - General  Se publica mediante extracto de manera urgente y gratuita en el BOE, aunque el juez puede añadir medios complementarios.
Registral  En los registros públicos de personas donde esté inscrito el deudor y en los registros de bienes y derechos donde tenga inscritos bienes o derechos a su nombre. Y esto se hace para enervar la buena fe de terceros.
Falta de activo En la ley concursal no se establece como presupuesto que el deudor cuente con bienes siquiera suficientes para poder atender los gastos del concurso. Y esto ha planteado siempre los problemas de los concursos sin masa.
Los supuestos con insuficiencia de masa activa planteaban el problema de que, en los juzgados mercantiles, en un primer omento se atendía a que el hecho de tener masa suficiente no era un presupuesto del concurso (sin tenerlo que acreedor), y los jueces mercantiles rechazaban sin más estos procedimientos concursales. Pero se encontraron con la reacción de la AP de Barcelona, que fue muy restrictiva al admitir estos casos, refiriéndose al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva; el hecho de que no tenga masa no es suficiente para inadmitir a trámite esta solicitud, sino que hace falta realizar, cuanto menos, diligencias de emplazamiento negativo para esto. La decisión judicial no puede ser arbitraria ni discrecional, debiéndose de aportar documentación y diligencias de emplazamiento al deudor. Pero el hecho de que los jueces mercantiles tuviesen que llevar a cabo estas averiguaciones, provocó que se modificara el régimen produciendo el art. 176 bis que contempla, dentro de las causas de conclusión del concurso, el régimen de la conclusión por insuficiencia de masa activa, por el hecho de que la liquidación ha agotado ya todo lo que tenía el deudor. Pero además, en este se introduce un apartado 4 que dice que en los autos en los que el juez declara el concurso, lo concluye; cuando el juez aprecie de manera evidente que el patrimonio del concursado no sea presumiblemente suficiente para la satisfacción de los créditos contra la masa, ni es previsible que puede dar lugar a acciones de reintegración, impugnación o responsabilidad de terceros.
EFECTOS DE LA DECLARACIÓN Efectos de la declaración de concurso sobre la persona del deudor y sobre sus facultades patrimoniales Derechos y libertades fundamentales El juez puede ordenar sobre el deudor (si es PJ, sobre sus administradores y los que lo hayan sido en los 2 años anteriores), la intervención de sus comunicaciones (con garantía del secreto de los contenidos ajenos al interés del concurso), el deber de residencia en la población de su domicilio (que se incumple el juez puede incluso acabar ordenando el arresto domiciliario) y la entrada y domicilio y registro. Para acordarlas, pero, hará falta audiencia del ministerio fiscal, a la vez que una resolución judicial motivada sobre la idoneidad de la medida, que el resultado u objetivo sea perceptivo y una regla de proporcionalidad entre la medida y el resultado perseguido. También tendrá que expresarse el tiempo máximo de vigencia de esta medida. Pero que se afecte a estos derechos será una situación excepcional.
Facultades patrimoniales del deudor La declaración del concurso produce efectos inmediatos sobre las facultades patrimoniales del deudor; facultades de disponer y administrar su patrimonio.
- - Intervención  El ejercicio de estas facultades patrimoniales del deudor queda intervenido por la administrador concursal, requiriéndose su autorización. Los actos, por tanto, serán anulables a instancia de la susodicha, a menos que los haya convalidado o confirmado.
Suspensión  El deudor queda suspendido en el ejercicio de estas facultades patrimoniales de disposición y administración, y se le sustituye por la administración concursal.
Estas medidas se asocian de manera unívoca al binomio concurso voluntario y concurso necesario. En caso de concurso voluntario, se aplica la regla de la intervención, mientras que en los casos de concurso necesario se aplica la regla de la suspensión. Si bien es cierto que el juez puede alterar la regla legal e invertir los supuestos.
- Contravención de las limitaciones  Los actos quedarán anulados.
Continuación del ejercicio de la actividad empresarial  Lo dicho no quita que la ley pueda optar, con carácter general, por este criterio, sobretodo en los arts. 43 y 44 LC. Para empezar, la declaración del concurso no interrumpe que se continúe con la actividad empresarial del deudor, sino solo que en caso de intervención, para garantizar dicha continuidad, la administración concursal puede determinar qué tipo de actos o actuaciones del deudor quedarán autorizados con carácter general por razón de su naturaleza o cuantía, y siempre y cuando se trate de actividad propia del giro o tráfico ordinario empresarial.
Precisamente, para ello, en las actuaciones de administración de la masa activa la administración contractual deberá de actuar de la manera más conveniente a los intereses del deudor. Ahora bien, esto no quita, como excepción a la regla general, que la administración concursal, con audiencia del deudor, pida al juez que acuerde mediante auto el cierre de la totalidad o de parte de las oficinas del deudor, en los casos en los que la actividad empresarial haya cesado o se haya suspendido total o parcialmente.
Hay una serie de efectos singulares, pero, que la declaración de concurso tiene sobre el deudor persona jurídica: sobre el funcionamiento orgánico y estructura financiera de las susodichas. En primer lugar, sus órganos se mantienen tanto en caso de intervención como de suspensión (con la única excepción de los administradores, que simplemente cesan en caso de que se abra la liquidación concursal). Pero la declaración del concurso afecta su funcionamiento; - La Junta General, porque la administración concursal tiene derecho de asistencia y de voz en la susodicha, incluso cuando la primera no tenga carácter colegiado (sociedades unipersonales). Es más, la administración - concursal tiene que ser convocada con la misma antelación y forma que el resto de miembros del órgano del que se trate. Además, si la Junta se reúne con carácter universal, solo podrá constituirse válidamente con tal carácter si concurre la administración concursal. Los acuerdos de estos órganos que puedan tener relevancia patrimonial en el concurso, a la vez, requerirán la autorización o confirmación de la administración concursal.
Por lo que hace a los administradores, el órgano de administración se mantiene hasta que se abre la liquidación. Ahora bien, estos continuarán con la representación, incluso en casos de suspensión. Y esta regla de intervención y suspensión sobre ellos, a su vez, se traslada a los apoderamientos que estos hayan podido convalidar.
La Ley, además, introduce determinadas reglas particulares en cuanto a situaciones concretas acerca del funcionamiento de la junta y de los órganos de administración.
- - - En el caso de la retribución de los administradores, el juez podrá decidir que el cargo sea no retribuido, a la vez que reducir el importe de la retribución.
En materia de atribución de derechos en el ámbito de las sociedades, sobretodo cuando se trata de grupos de sociedades, en el caso de que la concursada tenga participación en otras compañías, la administración podrá pedirle al juez que le atribuya el ejercicio de los derechos políticos (sobretodo el derecho de voto) que le correspondan a la concursada en las demás. Esto significa que, dado un concurso de grupo, la administración concursal llegará a tener más poder en las filiadas, que no en la propia concursada.
En relación con los administradores, el ejercicio de la acción social de responsabilidad corresponde, declarado el concurso, exclusivamente a la propia administración concursal (sin hacerle falta ningún acuerdo previa de junta en materia de procedibilidad).
El art. 48.t atribuye a la administración concursal la legitimación para que pida al juez del concurso que ordene como medida cautelar el embargo preventivo de bienes y derechos de los administradores, con tal de cubrir las eventuales responsabilidades que puedan deducirse.
La ley también tiene una previsión específica en materia de cuentas anuales, ya que el deber de formularlas, en concurso, se mantiene bajo la supervisión de la administración concursal, que podrá someterlas a auditoría.
Hay dos reglas que tienen su importancia; los deberes de colaboración e información que pesan sobre el deudor, los administradores de hasta hace 2 años y apoderados generales de la compañía (si es PJ) ante los órganos del concurso y la administración concursal. De este modo, se espera lealtad y buena fe procesal, compareciendo cuantas veces se le requiera, y habiendo de informar en todo lo que sea necesario y conveniente para el concurso. También toda la documentación cuya llevanza sea obligatoria y cualquier registro sobre la actividad empresarial del deudor.
Debido a su importancia, si se niega, el administrador concursal podrá pedirle al juez las medidas convenientes para hacerlo efectivo. El problema, pero, es que este incumplimiento es otra causa de calificación culpable del concurso en las que se presume iuris tantum este dolo o culpa grave, que lo dejaría ya solucionado.
En especial, efectos sobre la persona jurídica: a) Mantenimiento de los órganos de la persona jurídica: juta general b) …sigue: administradores Acción social de responsabilidad Embargo preventivo c) Cuentas anuales Deber de colaboración e información Efectos sobre las reclamaciones y las ejecuciones La vis attractiva del concurso El proceso concursal es un proceso de ejecución colectiva, y para su buen fin, tanto si hay liquidación como convenio, es fundamental que atraiga para sí todas las reclamaciones y ejecuciones que afecten el patrimonio del concursado.
Tres pilares: - Prohibición de iniciar nuevos juicios o ejecuciones contra el deudor Suspensión de aquellas ejecuciones o juicios en curso Acumulación de los procesos existentes Con la ley concursal se introducen novedades en el sentido de que el esquema se mantiene en cuanto a dichos pilares, pero ni se prohíbe todo, ni se suspende todo, ni se acumula todo. Ahora, la regla es la no acumulación de los juicios, para no atascar el procedimiento concursal.
En cuanto a las reclamaciones contra el concursado, estas son competencia exclusiva y excluyente del juez del concurso; acciones civiles con trascendencia patrimonial y que se dirijan contra el patrimonio del concursado. Por tanto, en relación con estas, hay que distinguir las que se inicien a partir del concurso (nuevas) y las reclamaciones de los juicios que ya estén en marcha.
- - Las nuevas son competencia exclusiva del juez del concurso, cosa que hará que el órgano civil o social ante el que se interponga la demanda se tendrá que abstener de conocer, previniendo a las partes para que usen su derecho ante el juez del concurso. Y esto porque, si se admitiese la demanda, se ordenará el archivo de todo lo actuado, declarando su invalidez y nulidad.
Los juicios en tramitación, en cambio, continúan tramitándose ante el mismo tribunal o juez que estuviere conociendo de él antes de que la sentencia fuese firme. Es más, el art. 51 bis solo se prevé la suspensión de los procedimientos en los que se estén ejercitando acciones sociales de responsabilidad contra administradores de la compañía por los daños causados, y su acumulación. Aún y así, también se prevén otras acciones contra los susodichos, como la del art. 367 LC, por pérdidas patrimoniales graves.
Ahora bien, los jueces de lo mercantil no admitirán a trámite las demandas que se presenten en ejercicio de acciones de responsabilidad una vez iniciado el concurso. Dicho de otro modo, una vez declarado el concurso y hasta que concluya el procedimiento, no procederá el ejercicio de acciones de responsabilidad contra los administradores en base al art. 367 LC; no se admitirán las nuevas y se inadmitirán (declarando su nulidad) las que estén en trámite.
Otro caso particular es la acción directa del art. 1597 del CC para contratos de obra, la cual permite al subcontratista dirigirse directamente al comitente. Aún y así, aplicamos la misma regla de antes, ya que una vez declarado el concurso no se admitirán a trámite estas acciones.
Por lo referido al ejercicio de acciones del concursado, de estas conoce el juez que sea competente, porque aquí no se produce esta competencia atractiva sino que lo único que se prevé es su actuación procesal en función de que esté en situación de suspensión o de intervención.
Las ejecuciones contra bienes y derechos del concursado: a) Nuevas ejecuciones Regla general: prohibición de iniciarlas. Declarado el concurso, no se pueden iniciar ejecuciones singulares, judiciales ni extrajudiciales, ni seguirse procedimientos administrativos contra el patrimonio del concursado.
Regla especial: garantías reales: bienes afectos: paralización temporal. Las nuevas garantías reales, entonces, se pueden iniciar siempre y cuando no se refieran a bienes afectos a su actividad empresarial o profesional, o bien a una unidad productiva de la susodicha que sea propiedad del concursado, ya que si se refiriesen a bienes efectos se paralizarían temporalmente hasta que se apruebe un convenio cuyo contenido no afecte este derecho o transcurra un año desde la iniciación del concurso sin que haya habido liquidación.
Es decir, que sabe que durante un año no le van a ejecutar los bienes.
b) Ejecuciones en tramitación; que se estén tramitando una vez iniciado el concurso Regla general: suspensión.
Reglas especiales En principio, los procedimientos administrativos y laborales de administración se suspenden hasta que se apruebe el plan de liquidación.
- Solo pueden continuar aquellos en los que se hubiera dictado diligencia de embargo o se hubiere realizado embargo de bienes con anterioridad a la fecha de declaración del concurso, siempre que estos bienes objeto del embargo no resulten necesarios para la continuidad de la actividad empresarial o profesional del concurso.
- En caso de las garantías reales iniciadas, se prevé que puedan continuar, aunque se haya publicado anuncio de subasta, siempre y cuando se trate de bienes no afectos. Por tanto, la cuestión clave es quién decide si el bien es o no necesario, y si continúa o no la ejecución administrativa o laboral, y si el bien es o no afecto y si se suspende o continúa la ejecución.
- Carácter necesario/afecto del bien: juez del concurso. Se ha entendido que el juez del concurso es el competente para decidir si los bienes o derechos específicos sobre los que se dirigirá el apremio son o no necesarios para la continuidad de la actividad del deudor. También si un bien del concursado se encuentra afecto a su actividad empresarial o profesional, o a una unidad productiva de la susodicha.
Cuando los procedimientos de ejecución hayan quedado en suspenso conforme lo dicho, el juez, a petición de la administración concursal y previa audiencia de los administradores afectados, podrá acordar el levantamiento y cancelación de los embargos cuando esta dificultase la actividad empresarial o profesional del concursal; no respecto los embargos administrativos.
Integración de todos los créditos concursales en la masa activa una vez declarado el concurso (auto). Todos los acreedores del deudor, ordinarios o no, cualquiera que sea su nacionalidad o domicilio, quedarán de derecho integrados en la masa pasiva del concurso, sin más excepciones que las establecidas en la ley. Resumiendo, los anteriores a la declaración del concurso serán créditos concursados o masa pasiva, mientras que los posteriores serán créditos contra la masa; y solo hay la excepción de los créditos laborales por los 30 días anteriores y por un trato de favor. Lo dicho significa que, en relación con ellos, se producirán determinados efectos, a la vez que a los créditos concursales que integran la masa pasiva se les aplicarán obligaciones propias de la masa pasiva (necesidad de comunicar los créditos para que sean reconocidos por la administración concursal, ser clasificados como ordinarios u otros, etc.). Además, la liquidación o convenio solo se predicará en lo anterior a la declaración concursal.
Prohibición de compensación a) Regla general. Declarado el concurso no procederá la compensación de los créditos y deudas del concurso.
Por tanto, solo permite la compensación cuyos requisitos concurran en la fecha de declaración del concurso (es decir, que los créditos sean vencidos, exigibles, y sobre los cuales no pese contienda) y la que haya podido realizarse antes de dicha declaración.
b) Excepciones: operaciones financieras en acuerdo marco de compensación contractual. Posibilidad de compensar, incluso declarado el concurso, en los acuerdos marco de compensación de operaciones financieras que permiten acuerdos de compensación contractual y contratación bancaria. Y esta norma permite exceptuar la mencionada regla general.
Suspensión del devengo de intereses a) Regla general. Declarado el concurso, se suspende el devengo de intereses; los créditos concursales dejan de devengar intereses.
b) Excepciones - Intereses correspondientes a créditos con garantía real, que sí que serán exigibles hasta donde alcance la respectiva garantía.
- Los créditos laborales y salariales devengan el interés legal del dinero fijado en la correspondiente ley Interrupción de la prescripción Con la declaración del concurso se produce la interrupción de la prescripción en relación con las acciones que los acreedores tienen contra el concursado para reclamarle el pago; aunque no se suspenden. Y esto no solo en relación a las deudas preconcursales, sino también en relación a los socios, administradores, liquidadores y auditores de la persona jurídica concursada.
Suspensión del derecho de retención Desde la declaración del concurso queda suspendido el ejercicio del derecho de retención (real) sobre bienes y derechos integrados en la masa activa. Ahora bien, no vale para garantizar cualquier tipo de obligación, sino solo las que pueden ser garantizadas con dicho derecho y que están enumeradas en el CCCat; reparación, mantenimiento de bienes, etc. Aún y así, la única exclusión se refiere a las retenciones administrativas, tributarias, laborales y de seguridad social.
Efectos sobre los contratos: reglas generales Debemos plantearnos ante qué supuesto nos encontramos: Contratos con obligaciones recíprocas íntegramente cumplidas por una sola de las partes (art. 61.1 LC) a) Crédito del concursado b) Deuda del concursado Contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento por ambas partes: vigencia (art. 61.2 LC) Se trata de contratos sinalagmáticos.
a) Regla general Mantenimiento del contrato. La regla es el mantenimiento de la vigencia del contrato y de la actividad empresarial o profesional del concursado. Es decir, que la declaración del concurso, por sí solo, no afectará dicha vigencia en relación con ninguna de las partes.
Ineficacia de las cláusulas de extinción o vencimiento anticipado. Y, como consecuencia natural, se establece que se tendrán por no puestas y serán ineficaces las cláusulas que establezcan el vencimiento anticipado o la extinción del contrato por la sola causa de la declaración del concurso por cualquiera de las partes. Facultad resolutoria.
b) Excepciones Extinción contractual en interés del concurso. La administración concursal, en caso se suspensión, y el concursado, en caso de intervención, podrán solicitar la resolución del contrato. En tal caso, el secretario judicial citará a las partes y, en caso de haber acuerdo, el juez dictará auto declarando resuelto el contrato según lo acordado por las susodichas. En caso de falta de acuerdo, en cambio, se seguirán los trámites previstos para el incidente concursal, y el juez decidirá acerca de la resolución acordando las restituciones que procedan y la indemnización que haya que satisfacerse. Además, se añade a lo dicho que, cuando se trate de la resolución de contratos de arrendamiento financiero y no haya acuerdo entre las partes, a la demanda incidental se le acompañará una tasación de los bienes que el juez podrá tener en cuenta a la hora de fijar la indemnización.
Operaciones financieras en acuerdo marco de compensación contractual: facultad de vencimiento anticipado Artículo 61 Vigencia de los contratos con obligaciones recíprocas 1. En los contratos celebrados por el deudor, cuando al momento de la declaración del concurso una de las partes hubiera cumplido íntegramente sus obligaciones y la otra tuviese pendiente el cumplimiento total o parcial de las recíprocas a su cargo, el crédito o la deuda que corresponda al deudor se incluirá, según proceda, en la masa activa o en la pasiva del concurso.
2. La declaración de concurso, por sí sola, no afectará a la vigencia de los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento tanto a cargo del concursado como de la otra parte. Las prestaciones a que esté obligado el concursado se realizarán con cargo a la masa.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la administración concursal, en caso de suspensión, o el concursado, en caso de intervención, podrán solicitar la resolución del contrato si lo estimaran conveniente al interés del concurso. El secretario judicial citará a comparecencia ante el juez al concursado, a la administración concursal y a la otra parte en el contrato y, de existir acuerdo en cuanto a la resolución y sus efectos, el juez dictará auto declarando resuelto el contrato de conformidad con lo acordado. En otro caso, las diferencias se sustanciarán por los trámites del incidente concursal y el juez decidirá acerca de la resolución, acordando, en su caso, las restituciones que procedan y la indemnización que haya de satisfacerse con cargo a la masa. Cuando se trate de la resolución de contratos de arrendamiento financiero, y a falta de acuerdo entre las partes, con la demanda incidental se acompañará tasación pericial independiente de los bienes cedidos que el juez podrá tener en cuenta al fijar la indemnización.
Contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento por ambas partes: incumplimiento a) Facultad resolutoria La declaración del concurso no afecta ni la vigencia ni la facultad de resolver los contratos del art. 61.2 LC, siempre y cuando se trate de un incumplimiento posterior a la declaración del concurso de cualquiera de las partes. También anterior, en caso de contratos de tracto sucesivo (no único). Esta facultad se ejercitará ante el juez del concurso y se sustanciará por los trámites del incidente concursal.
Un contrato de tracto sucesivo es aquel al que el proveedor se obliga a realizar una sola prestación continuada en el tiempo o una pluralidad de prestaciones sucesivas, periódicas o intermitentes, por tiempo indeterminado o indefinido, que se repiten a fin de satisfacer elementos de carácter sucesivo. Por tanto, las prestaciones son susceptibles de aprovechamiento independiente.
En cambio, un contrato de tracto único, es aquel en el cual la prestación se configura como objeto unitario de una sola obligación, al margen de que se realice en un solo acto y momento jurídico, o en prestaciones reales que se realicen en periodos de tiempo iguales, y sin perjuicio de que se ejecute por partes o de manera fraccionada o separada.
b) Enervación judicial La norma posibilita al juez enervar la resolución del contrato, aunque exista causa de extinción, atendiendo al interés del concurso. Y esto le permitirá no resolverlo, aunque las prestaciones debidas y las que se tengan a partir de ahora deberán de cumplirse con cargo a la masa. Acordada la resolución quedarán extinguidas las obligaciones pendientes de vencimiento, mientras que en relación a las vencidas se incluirá al concurso el crédito que corresponda al acreedor si el incumplimiento del concursado fuera anterior a la declaración del concurso. En cambio, si el incumplimiento del concursado fuera posterior a la declaración del concurso, el crédito de la otra parte se satisfará con cargo a la masa. Y tanto en un caso como otro el crédito comprenderá el resarcimiento de los daños y perjuicios que procedan.
Efectos sobre los contratos: reglas especiales Supuestos especiales Lo dispuesto no se aplicará en los supuestos en los que se faculte por ley a alguna de las partes a denunciar unilateralmente al contrato. Tampoco afectará a la aplicación de aquellas leyes que dispongan o permitan la extinción del contrato en casos de liquidación administrativa u otros.
a) Facultad de denuncia unilateral conforme a la ley b) Supuestos legales de extinción contractual Rehabilitación de contratos de financiación (art. 68 LC) Artículo 68 Rehabilitación de créditos 1. La administración concursal, por propia iniciativa o a instancia del concursado, podrá rehabilitar los contratos de préstamo y demás de crédito a favor de éste cuyo vencimiento anticipado por impago de cuotas de amortización o de intereses devengados se haya producido dentro de los tres meses precedentes a la declaración de concurso, siempre que, antes de que finalice el plazo para presentar la comunicación de créditos, notifique la rehabilitación al acreedor, satisfaga o consigne la totalidad de las cantidades debidas al momento de la rehabilitación y asuma los pagos futuros con cargo a la masa.
2. No procederá la rehabilitación cuando el acreedor se oponga y con anterioridad a la apertura del concurso, hubiese iniciado el ejercicio de las acciones en reclamación del pago contra el propio deudor, contra algún codeudor solidario o contra cualquier garante.
Rehabilitación de contratos de adquisición de bienes con precio aplazado (art. 69 LC) Artículo 69 Rehabilitación de contratos de adquisición de bienes con precio aplazado 1. La administración concursal, por propia iniciativa o a instancia del concursado, podrá rehabilitar los contratos de adquisición de bienes muebles o inmuebles con contraprestación o precio aplazado cuya resolución se haya producido dentro de los tres meses precedentes a la declaración de concurso, siempre que, antes de que finalice el plazo para la comunicación de créditos, notifique la rehabilitación al transmitente, satisfaga o consigne la totalidad de las cantidades debidas en el momento de la rehabilitación y asuma los pagos futuros con cargo a la masa. El incumplimiento del contrato que hubiera sido rehabilitado conferirá al acreedor el derecho a resolverlo sin posibilidad de ulterior rehabilitación.
2. El transmitente podrá oponerse a la rehabilitación cuando, con anterioridad a la declaración de concurso, hubiese iniciado el ejercicio de las acciones de resolución del contrato o de restitución del bien transmitido, o cuando, con la misma antelación, hubiese recuperado la posesión material del bien por cauces legítimos y devuelto o consignado en lo procedente la contraprestación recibida o hubiese realizado actos dispositivos sobre el mismo en favor de tercero, lo que habrá de acreditar suficientemente si no constare a la administración concursal.
Enervación del desahucio con arrendamientos urbanos La administración concursal puede enervar la acción de desahucio ejercitada contra el deudor antes de la declaración del concurso También puede rehabilitar la vigencia del contrato hasta el momento mismo de efectuarse el efectivo lanzamiento. Para ello, la administración concursal deberá pagar con cargo a la masa todas las rentas y conceptos pendientes, además de las posibles costas procesales pagadas hasta ese mismo momento. Es más, las limitaciones al desahucio no se aplican en caso de concurso.
Contratos de trabajo: modificación sustancial, suspensión y extinción colectiva de las relaciones laborales a) Competencia: juez del concurso; desde la declaración del concurso.
Si ERE en tramitación; la autoridad laboral remite las actuaciones al juez del concurso. Competencia para resolver estos ERE’s. Hoy lo que pasa, es que un trabajador cobra más en un ERE concursal, que no fuera del concurso. Por esto, al final, un juez del concurso acaba concediendo mayores indemnizaciones a los trabajadores dentro de un procedimiento concursal.
En el ámbito concursal, el art. 64 LC trata tanto los casos de convención con asunción de unidad productiva, como de venta de unidad productiva al margen de la liquidación concursal. A partir de la declaración del concurso, la competencia la tiene el juez del concurso (no la actuación de la autoridad laboral), de manera que, si hubiere un ERE en tramitación, la autoridad laboral tendría que remitirle todas las actuaciones.
b) Procedimiento Solicitud; tiene que pedirse Iniciativa: administración concursal, deudor, trabajadores (mediantes representantes legales, o comisión ad hoc) Elemento temporal: se puede solicitar una vez emitido el informe de la administración concursal: excepción (salvo que se estime que la demora en la aplicación de estas medidas colectivas pueda comprometer gravemente la viabilidad de la empresa o del empleo, o grave perjuicio a los trabajadores) Contenido: se tienen que expresar las causa y objetivos que se pretenden alcanzar con estas medidas colectivas; documentación necesaria para acreditarlo (debe ir acompañada) Periodo de consultas de 15-30 días (a menos que la empresa tenga menos de 50 trabajadores, que se reducirá a 15 días como máximo). En los casos de unidad de empresa, se puede pedir a los representantes de los trabajadores o a la administración concursal participen las personas naturales o jurídicas que puedan constituir una unidad de empresa, sobretodo para valorar económicamente la realidad empresarial en su conjunto, pudiéndoles pedir también toda la documentación, y estando obligadas las partes a negociar de buena fe. En este caso, podrá haber (habrá que poner la lista de los trabajadores afectados y qué indemnización se les da) o no acuerdo. Si hay acuerdo, se tiene que recabar el informe de la autoridad laboral sobre las medidas propuestas en 15 días. Pero, tanto si se recibe este informe, como si pasan los 15 días sin recibirse, el procedimiento sigue su curso. Cumplidos estos trámites, el juez dicta un auto judicial en los 5 días siguientes pronunciándose sobre las medidas propuestas, aceptando el acuerdo (salvo que haya habido fraude, dolo, o abuso de derecho) o, en los casos en los que no haya acuerdo, aplicando los principios de la legislación laboral. Y este auto surge efectos desde la misma fecha en la que se dicta. Es cierto, que contra esto cabe recurso de suplicación. Pero se plantea un problema en lo referido en los casos de unidad productiva, las resoluciones deberán ser dictadas previa audiencia de los representantes de los trabajadores (15 días) y otros requisitos; revestirán la forma de auto y contra ellas no cabrá recurso alguno. Y esto se soluciona por el TSJ diciendo que los trabajadores podrán imponer el mencionado recurso de suplicación.
Acciones resolutorias individuales por incumplimiento del empresario Contratos del personal de alta dirección La administración, por iniciativa propia o a instancia del deudor, puede decidir la extinción o suspensión de los contratos. Es cierto que la decisión se puede recurrir ante el juez del concurso ante el incidente concursal en materia laboral, pero las posibilidades de éxito son nulas. Lo dicho por el juez, además, será también susceptible de recurso de suplicación.
Si hay suspensión, el alto directivo puede tomar la iniciativa para que se estime el contrato. Tiene que preavisar con el plazo de un mes, pero el problema es la indemnización que deberá percibir.
Ahora bien, en caso de extinción del contrato, el juez del concurso puede moderar la indemnización que en principio correspondiera al alto directivo Por tanto, queda sin efecto la indemnización pactada en el contrato. Además, el juez puede moderarlo marcando el límite de la indemnización corriente prevista por la legislación laboral. También la administración concursal puede solicitar al juez que el pago de este crédito indemnizatorio quede en suspenso hasta que sea firme la sentencia de calificación del concurso (pago aplazado hasta sentencia firme de calificación).
MASA ACTIVA Principio de universalidad de la masa activa Formulación legal del principio Constituyen la masa activa del concurso todos los bienes y derechos integrados en el patrimonio del deudor a la fecha de declaración del concurso, y los que se reintegren al mismo o este adquiera a la conclusión del concurso. Simplemente, se excluyen aquellos que, siendo de carácter patrimonial, sean inembargables. En materia de privilegios sobre buques y aeronaves, se permite separar estos bienes de la masa activa. Por tanto, se integra por todo lo que tiene, debiera tener y adquiere el concursado.
La reintegración de la masa activa: planteamiento del problema Es un elemento de experiencia que, antes de la declaración concursal, el concursado normalmente intenta poner sus bienes y derechos a buen recaudo (a nombre de su mujer, hijos, etc.). Por esto, la legislación concursal siempre consideraba estos mecanismos de suspensión por “tiempo suspecto” (operaciones realizadas en el periodo de suspensión). En España, en tiempo de quiebra, se aplicaba la retroacción; todos los actos realizados por el quebrado en el periodo de retroacción serán nulos. Lo que se hacía, por tanto, era retrotraer los efectos hasta el momento en que el deudor hubiera sobreseído en el cumplimiento de sus obligaciones. El TS, además, empezó con una tesis que decía que la retroacción pasaba encima incluso por el art. 34 de la Ley Hipotecaria; la nulidad se impone incluso sobre el tercer hipotecario, lo cual generaba una gran inseguridad (porque podían quitarte la casa incluso al cabo de muchos años).
Acciones de reintegración de la masa activa Elemento temporal Acción rescisoria concursal - Actos perjudiciales realizados en los dos años anteriores a la declaración del concurso Pero esto ha cambiado radicalmente con la Ley Concursal, la cual hace un replanteamiento total sobre dicho sistema de la rescisión. El sistema de reintegración de la LC, ahora, establece que son rescindibles, declarado el concurso, según el art. 71, los actos perjudiciales para la masa activa realizados por el deudor dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración, aunque no hubiera existido intención fraudulenta. Es decir, que frete a nulidad, estos serán rescindibles por perjuicio (que será la clave). Por tanto, no se podrán retrotraer efectos, per ejemplo, a trece años antes.
- Naturaleza concursal Esta acción nace con el concurso, se puede ejercitar durante todo el concurso, y confluye con el susodicho.
Otras acciones e impugnación: en especial, la acción pauliana: Lo dicho no impide que puedan realizarse otras acciones de impugnación (nulidad, anulabilidad, acción pauliana, etc.), pero siempre ante el juez del concurso y con la forma y legitimación previstas.
- Elementos: la noción de fraude (inconveniente) El problema de la acción pauliana, pero, es que, para que prospere, tiene que acreditarse el fraude (por mucho que haya sido objetivado por la jurisprudencia del TS). Y esta les permitirá revocar los actos cometidos por el deudor en fraude de sus derechos.
- Caducidad de la acción (ventaja) Esta sirve para llegar donde la rescisión no puede, ya que tiene un plazo de caducidad de 4 años. El dies a quo, pero, se cuenta des de que se realiza el acto, o desde que se tenga conocimiento del susodicho, si se ocultó a los acreedores.
Acción rescisoria concursal: fundamento y finalidad Criterio objetivo: el perjuicio para la masa activa: aunque no hubiere existido intención fraudulenta.
Noción: criterios jurisprudenciales.
El fundamento reside en el perjuicio de la masa subjetivo, siendo irrelevante el elemento subjetivo en la rescisión. El problema, pero, está en determinar qué se entiende por perjuicio. La AP decidió distinguir en una STC entre perjuicio directo (aquellos actos que producen una disminución en el patrimonio del deudor por falta de equivalencia de prestaciones o por tratarse de actos a título gratuito) e indirecto (aquellos actos que hubieran afectado a la unidad de trato de acreedores o que hubieran alterado la preferencia concursal de crédito). Menos de un mes después, dictó otra STC definiendo el perjuicio en 3 palabras; el sacrificio patrimonial injustificado, es decir, una minoración del valor del activo del deudor carente de justificación. El TS, al respeto, en varias STC’s tildó el perjuicio exactamente así. En otra STC analiza también las garantías contextuales para refinanciar un grupo de sociedades. Por tanto, se plantea una eficacia funcional e rescisoria.
Presunciones legales de perjuicio: - Iuris et de iure: actos dispositivos a título gratuito (salvo liberalidades de uso, que tendrán que medirse conforme a criterios de racionalidad); pagos anticipados (salvo garantía real) Sin admitir prueba en contrario.
El problema lo tenemos con las personas jurídicas y los actos gratuitos. Además, lo que pasa con los principios hipotecarios es que se caracterizan por el principio de indivisibilidad de la hipoteca, a lo cual el TS dice que está muy bien, pero que, en caso de concurso, tiene un paliativo; el “principio de distribución”, que dice que tiene que verse si la causa es onerosa o gratuita, pudiendo reducir la hipoteca por el importe que no correspondía a dicha deuda de la hipoteca.
En caso de pagos anticipados, habiendo el deudor pagado obligaciones que vencían después de la obligación del concurso, dichos pagos anticipados se rescindirían por falta de obligación de pago. Y solo se exceptúan aquellos que tengan garantía real (a favor de bancos).
- Iuris tantum: actos dispositivos onerosos a favor de personas especialmente relacionadas con el deudor o PERD (art. 93 LC), los créditos de los cuales se subordinarán, ya sean personas físicas o jurídicas, alcanzando además dichos actos sospechosos, por más que sean a título oneroso (habiendo de demostrar que, con dicha venta, no hubo sacrificio patrimonial); constitución de garantías reales a favor de obligaciones preexistentes que carecían de ella (y esto se hace en función de la fuerza negociadora que se tenga –banco-); pagos anticipados de obligaciones con garantía real Es la otra parte (concursado o contraparte del concursado) la que tiene que probar que no hay perjuicio.
Extensión judicial de la noción de perjuicio: la finalidad de la acción (ya mencionado) Elemento temporal para apreciar el perjuicio: - Criterios jurisprudenciales El sesgo de retrospección Con la apreciación del perjuicio tenemos siempre el riesgo de lo conocido como “sesgo de retrospección”, el cual se refiere a que, cuando conocemos lo que realmente ha sucedido, esto no condiciona lo que hubiera podido pasar. Caer en este riesgo es fácil, pero debe apreciarse el perjuicio en el momento en que se produce el acto que se pretende recurrir (su ejecución), y no en el momento en el que se presenta la demanda. Es decir, que no cabe tomar en cuenta retroactivamente la situación de insolvencia. Y, de este modo, el TS intenta corregir dicho sesgo.
Regímenes especiales 1) Actos irrescindibles: pero caben otras acciones de impugnación Actos ordinarios de la actividad empresarial del deudor en condiciones normales: interpretación judicial. El TS, en una STC relacionada con una quiebra, establece que ha de tratarse de actos que pertenezcan al ámbito propio de la actividad de la empresa (su giro o tráfico), sin incluir actos de gestión extraordinaria. Además, se tiene que haber realizado el acto en condiciones normales, lo cual implica atender a lo que haya sido habitual o usual en este tipo de actos.
Sistemas de pagos y compensación y liquidación de valores e instrumentos derivados Garantías a favor de créditos de derecho público y del Fogasa (convenios de recuperación) Acuerdos de refinanciación del 71.6 LC, que pueden ser objeto de homologación judicial. Por tanto, si después se declara el concurso, el acuerdo y las garantías prestadas estarán blindados ante cualquier acción rescisoria.
2) Impugnación sujeta a concurrencia de exigencia adicional Acuerdos de compensación y garantías financieras dadas en dichos acuerdos. El juez ha de resolver si se han realizado en perjuicio de acreedores, sin que quepa acudir a las presunciones del 71.1.2.3 LC. Pero no solo eso, sino que se refuerza este trato de favor estableciendo que se exige, además, que la administración concursal pruebe, además, la existencia de fraude en la realización del acuerdo convenio contractual, o bien en la aportación de la garantía.
Pago de créditos cedidos en contrato de factoring Hipotecas y participaciones hipotecarias. En este caso, si las susodichas se dan en garantía de préstamos concedidos por entidades de crédito, la administración concursal ha de probar el fraude en la constitución del gravamen.
3) Inimpugnabilidad de modificaciones estructurales traslativas inscritas (art. 47.1.1 LME). Fusiones, escisiones, etc. Si se declara el concurso en el periodo de los dos años posteriores, no se puede rescindir la modificación una vez inscrita. Suele plantearse en las empresas inmobiliarias. Tanto el OJ alemán, italiano y el español reconocen este principio de inimpugnabilidad.
a. Sentencia Juzgado de lo mercantil nº2 Gran Canaria 12-12-2012; SAP Palmas Gran Canaria 29-102013  revocación sentencia: discute que los acreedores de una escisión no tenían derecho de oposición. La escisión si se puede revocar, pero no se puede resucitar a la sociedad. Recurre a medios resarcitorios indemnizando a las otras sociedades (lo que prevé el art. 47!).
b. SAP Zaragoza 4-2012: no rescindibilidad de las modificaciones estructurales societarias.
c. Incluso quien niega el 47, acaba aplicándolo porque resucitar la sociedad resulta mucho trabajo.
Acción rescisoria concursal; grupos de casos Negocios bilaterales  caso típico c-v: STS 27-10-2010: precio notablemente inferior al de mercado y acude al canon del “sacrificio patrimonial injustificado”. Contravalor equivalente o adecuado. Cuando se trata de negocios onerosos a favor de PERD, tenemos que tener en cuenta la presunción iuris tantum.
Pagos. En especial, pago de dividendos. Si se trata de operaciones ordinarias del deudor realizadas en condiciones normales, queda fuera; el problema se da cuando se acerca la proximidad temporal a los concursos. En estos casos se altera el principio de igualdad de acreedores.
a. STS 26-10-2012: pago al acreedor en el caso de que este pida el concurso necesario, el deudor paga y entonces el acreedor desiste de la solicitud y después el concurso voluntario se declara por el deudor.
En estos casos, el TS dice que debe rescindirse el pago al acreedor.
b. STS 10-06-2012: se paga a la persona especialmente relacionada con el deudor  administrador de la compañía. Este hacía préstamos a la compañía, y antes de que se de el concurso este cobra lo que le debe la sociedad. Como en la realidad concursal el administrador tendría un crédito subordinado (por ser una PERD), este pago se rescindiría. Los pagos debidos normalmente no se rescinden, salvo que se trate de casos de PERD como este.
c. Compañía que tiene una deuda con el banco. Esta deuda está afianzada por el administrador o socio.
La compañía, antes del concurso paga esta deuda. El pago es debido. El sujeto no tiene relación especial, pero lo que está pagando es la fianza, así que este tipo de pagos también son rescindibles, porque se altera la preferencia de pago de los acreedores.
d. SAP Barcelona Se ha llegado a rescindir los pagos de dividendos, que se adoptó 23 meses antes de la declaración de concurso  caso límite.
Constitución de garantías: e. Presunción iuris de perjuicio f. Garantías hipotecarias a favor de entidades de crédito (arts. 10 y 15 LMH). STS 8-11-2012 en materia de garantías contextuales (grupo de sociedades).
g. Acuerdos de garantía financiera en el marco de los acuerdos de refinanciación (art. 71.6 LC).
Operaciones complejas (contratos económicamente conexos). TS pensaba que debían tener un trato jurídico unitario (STS 26-9-2010), pero se puede rescindir uno y conservar otro cuando la economía del contrato así lo permite, como puede ser este caso (STS 12-04-2012).
El problema de las refinanciaciones h. Fenomenología i. Al margen del art. 71.6, no se puede refinanciar, pero las del art. sí.
Efectos de la rescisión Declaración de ineficacia del acto y condena a la restitución de prestaciones (art. 73 LC).
a. Ineficacia: i. Alcance; supuestos de rescisión parcial (interpretación judicial) lo que se rescinde deviene todo ineficazTS. Sobre todo en casos de contratos especialmente complejos y sea posible esta rescisión parcialrespuestas liquidatorias y no rescisorias (STS 13-12-2010, hipoteca sobre el inmueble madre e hija usufructuaria; STS 12-04-2012).
ii. Elemento temporal: SAP Bcn 6/2/2009: la ineficacia se produce ex nunc (desde el momento de la declaración en la sentencia), no es estructural del negocio, el contrato era válido. La ineficacia responde a un tipo funcional. Los efectos de la rescisión no se retrotraen al momento de la celebración del negocio (no es ex tunc!).
iii. Contenido Crédito a la restitución: crédito contra la masa se tiene que devolver de manera simultánea y recíproca a la reintegración (art. 73 LC): si se rescinde un pago, es ineficaz. Por tanto, se debe devolver el dinero y el otro tiene que reconocer el crédito. satisfacción simultánea a la reintegración.
Salvo que la sentencia aprecia mala fe del acreedor, crédito concursal subordinado (art. 92.6º LC). Esto se debe a que si el juez aprecia que el tercero (acreedor) actuó de mala fe, se considerará su crédito como subordinado (penúltimo de la lista).
Mala fe: elementos: b. Interpretación judicial, STS 16-9-2010 (rescisión préstamo en garantía hipotecaria), STS 7-12-12 resume la noción de mala fe: es un concepto jurídico que supone ausencia de buena fe, y se apoya en una conducta que debe ser deducida de actos concluyentes para su apreciación. Se exige algo más que el mero conocimiento de la situación de insolvencia o de la proximidad a la insolvencia del deudor y de los efectos perjudiciales que el acto podría ocasionar al resto de acreedores. Hay que analizar un doble aspecto: i. Subjetivo: no requiere intención de dañar, si no que basta la conciencia de que se afecta de manera negativa al resto de acreedores, porque se agrava o se endurece la situación patrimonial del deudor y se debilita notoriamente la efectividad frente al deudor de los derechos de los restantes acreedores.
ii. Objetivo: es un aspecto valorativo de la conducta del deudor, consistente en que esta conducta sea merecedora de repulsa ética en el tráfico jurídico.
Separación de la masa activa Presupuestos (art. 80 LC)dan lugar a acción reivindicatoria del legítimo propietario a. Bienes de propiedad ajena b. En poder del concursado c. Sobre los que no tenga derecho de uso, garantía o retención (este último derecho es un derecho real de garantía, siempre que la obligación garantizada sea alguna de las que prevé el CCCat).
Imposibilidad de separación (art. 81 LC): d. Bien irreivindicable: tercero quiere reivindicar un bien pero este ha sido enajenado por el deudor, ya no está en la masa. En estos casos: e. Opción del perjudicado: i. Puede pedir a la AC el derecho de percibir la contraprestación si el adquirente todavía no la había realizado (si el precio no está pagado).
ii. Pedir a la AC el crédito correspondiente al valor de los bienes enajenados en el momento de su enajenación, si el bien se hubiera realizado.
TEMA 6: LA MASA PASIVA Créditos contra la masa y créditos concursales Fundamento de la distinción legal:   Créditos concursales/deudas de la masa (masa pasiva): principio de universalidad de la masa pasiva (art. 49 LC): “declarado el concurso, todos los acreedores del deudor, ordinarios o no, cualquiera que sea su nacionalidad o domicilio, quedarán de derecho (ipso iure) integrados en la masa pasiva del concurso, sin más excepciones que las establecidas en la Ley”. Lo que no se integra en la masa pasiva es crédito contra la masa.
Créditos contra la masa: (art. 84.1 LC): definición negativa de créditos concursales: “constituyen la masa pasiva, los créditos contra el deudor común que conforme a esta Ley no tengan la consideración de créditos contra la masa”.
Alcance de la distinción: Todo lo que se haga durante el concurso sólo afecta a los créditos concursales, en materia de efectos y en materia de resolución (lo que se establezca en el convenio, la quita, la espera…). Los créditos contra la masa se pagan por un régimen distinto, por el criterio de la prededucibilidad, cobran al margen del concurso.
Reflejo documental: la lista de acreedores (arts. 75.2.2º, 94 LC, ex Ley 38/2011): al informe se adjuntan dos documentosel inventario (masa activa depurada) y de la masa pasiva (la lista de acreedores):   La lista de acreedores: contenido La relación separada de créditos contra la masa Publicidad e impugnación de la lista de acreedores (arts. 95-97 LC ex Ley 38/2011): permite impugnar la consideración de créditos contra la masa Créditos contra la masa: caracteres y tipificación legal Caracteres: a. Elenco tasado (numerus clausus, no cabe analogía) y por tanto han de ser objeto de interpretación restrictiva. NO ES UNA PRELACIÓN, NO LA HAY EN LOS CRÉDITOS CONTRA LA MASA (vid letra c).
b. Inaplicación de los efectos sobres créditos concursales (lo del art. 60 LC).
c. Prededucibilidad en el pago (arts. 134 y 84.3-5 LC, ex Ley 38/2011). Antes de proceder al pago de los créditos concursales, se deducirá previamente por la AC lo necesario para pagar los créditos contra la masa. Se hará con cargo de los bienes y derechos que no estén al cargo de créditos con privilegio especial.
i. La regla del pago de los créditos contra la masa a sus respectivos vencimientos (arts. 84.3-5 LC). Excepción: salarios de los últimos 30 días (art. 84.2.1 0 se pagan inmediatamente!).
ii. La facultad de alteración de la regla del pago al vencimiento por parte de administración concursal (art. 84.3 LC): se podrá realizar cuando lo considere conveniente para el interés del concurso, y siempre que presuma que la masa activa resulta suficiente para la satisfacción de todos los créditos contra la masa. LIMITES: En todo caso, la postergación que implica alterar la regla de pago de vencimientos no puede afectar a los créditos de los trabajadores ni alimenticios, ni a los públicos (tributarios y de la SS).
d. Acciones: calificación, pago: incidente concursal  se ejercitan ante el juez del concurso (art. 84.4 LC).
e. Ejecuciones, paralización: si no te pagan voluntariamente, además, las ejecuciones se paralizan. No puede haber una ejecución inmediata, ya que la norma del art. 84.4 LC fija que no se pueden iniciar ejecuciones judiciales o administrativas para hacer efectivos los créditos contra la masa hasta que se apruebe el convenio, se dé a cabo la liquidación o pase un año desde la declaración del concurso sin la producción de los actos anteriores. Esto es la misma regla del art. 56 LC para la paralización de las garantías reales.
f. En informe trimestral sobre estado de la liquidación detalle y cuantificación de los devengados y pendientes de pago (con vencimientos): art. 152.1 (ex Ley 38/2011).
g. Orden de pago en caso de conclusión del concurso por insuficiencia de masa activa (art. 176 bis 2 LC, ex Ley 38/2011). En estos casos existe una regla específica para el orden de pago (fuera de la regla general de los vencimientos). Esta consiste en una prelación, graduación de los créditos contra la masa  AQUÍ SÍ SE GRADUAN LOS CRÉDITOS A PRORRATA: i. en primer lugar se pagan los créditos salariales de los últimos 30 días hasta el doble del SMI, ii. créditos laborales hasta el triple del SMI multiplicado por los días pendientes; iii. los créditos alimenticios hasta el límite del SMI; iv. créditos por gastos y costas judiciales.
v. Los demás créditos contra la masa Enumeración legal: Créditos - Por restitución de contraprestaciones en rescisión concursal De obligaciones contractuales postconcursales De obligaciones legales y extracontractuales postconcursales 50% de nuevos ingresos de tesorería en acuerdo de refinanciación, o en el marco de convenio REFORMA! Los concedidos en el marco de acuerdos de refinanciación serán créditos contra la asa pero no con un 50%, sino todos ellos.
Masa pasiva: comunicación y reconocimiento de créditos Artículo 84 Créditos concursales y créditos contra la masa 1. Constituyen la masa pasiva los créditos contra el deudor común que conforme a esta ley no tengan la consideración de créditos contra la masa.
2. Tendrán la consideración de créditos contra la masa los siguientes: 1.º Los créditos por salarios por los últimos treinta días de trabajo efectivo anteriores a la declaración de concurso y en cuantía que no supere el doble del salario mínimo interprofesional.
2.º Los de costas y gastos judiciales necesarios para la solicitud y la declaración de concurso, la adopción de medidas cautelares, la publicación de las resoluciones judiciales previstas en esta ley, y la asistencia y representación del concursado y de la administración concursal durante toda la tramitación del procedimiento y sus incidentes, cuando su intervención sea legalmente obligatoria o se realice en interés de la masa, hasta la eficacia del convenio o, en otro caso, hasta la conclusión del concurso, con excepción de los ocasionados por los recursos que interpongan contra resoluciones del juez cuando fueren total o parcialmente desestimados con expresa condena en costas.
3.º Los de costas y gastos judiciales ocasionados por la asistencia y representación del deudor, de la administración concursal o de acreedores legitimados en los juicios que, en interés de la masa, continúen o inicien conforme a lo dispuesto en esta Ley, salvo lo previsto para los casos de desistimiento, allanamiento, transacción y defensa separada del deudor y, en su caso, hasta los límites cuantitativos en ella establecidos.
4.º Los de alimentos del deudor y de las personas respecto de las cuales tuviera el deber legal de prestarlos, conforme a lo dispuesto en esta ley sobre su procedencia y cuantía así como, en toda la extensión que se fije en la correspondiente resolución judicial posterior a la declaración del concurso, los de los alimentos a cargo del concursado acordados por el juez de primera instancia en alguno de los procesos a que se refiere el título I del libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Tendrán también esta consideración los créditos de este tipo devengados con posterioridad a la declaración del concurso cuando tengan su origen en una resolución judicial dictada con anterioridad.
5.º Los generados por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor tras la declaración del concurso, incluyendo los créditos laborales, comprendidas en ellos las indemnizaciones de despido o extinción de los contratos de trabajo, así como los recargos sobre las prestaciones por incumplimiento de las obligaciones en materia de salud laboral, hasta que el juez acuerde el cese de la actividad profesional o empresarial, o declare la conclusión del concurso.
Los créditos por indemnizaciones derivadas de extinciones colectivas de contratos de trabajo ordenados por el juez del concurso se entenderán comunicados y reconocidos por la propia resolución que los apruebe, sea cual sea el momento.
6.º Los que, conforme a esta Ley, resulten de prestaciones a cargo del concursado en los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento que continúen en vigor tras la declaración de concurso, y de obligaciones de restitución e indemnización en caso de resolución voluntaria o por incumplimiento del concursado.
7.º Los que, en los casos de pago de créditos con privilegio especial sin realización de los bienes o derechos afectos, en los de rehabilitación de contratos o de enervación de desahucio y en los demás previstos en esta Ley, correspondan por las cantidades debidas y las de vencimiento futuro a cargo del concursado.
8.º Los que, en los casos de rescisión concursal de actos realizados por el deudor, correspondan a la devolución de contraprestaciones recibidas por éste, salvo que la sentencia apreciare mala fe en el titular de este crédito.
9.º Los que resulten de obligaciones válidamente contraídas durante el procedimiento por la administración concursal o, con la autorización o conformidad de ésta, por el concursado sometido a intervención.
10.º. Los que resulten de obligaciones nacidas de la ley o de responsabilidad extracontractual del concursado con posterioridad a la declaración de concurso y hasta la conclusión del mismo.
11.º El cincuenta por ciento de los créditos que supongan nuevos ingresos de tesorería y hayan sido concedidos en el marco de un acuerdo de refinanciación, en las condiciones previstas en el artículo 71.6.
En caso de liquidación, los créditos concedidos al concursado en el marco de un convenio conforme a lo dispuesto en el artículo 100.5.
Esta clasificación no se aplica a los ingresos de tesorería realizados por el propio deudor o por personas especialmente relacionadas a través de una operación de aumento de capital, préstamos o actos con análoga finalidad.
12.º Cualesquiera otros créditos a los que esta ley atribuya expresamente tal consideración.
3. Los créditos del número 1.º del apartado anterior se pagarán de forma inmediata. Los restantes créditos contra la masa, cualquiera que sea su naturaleza y el estado del concurso, se pagarán a sus respectivos vencimientos. La administración concursal podrá alterar esta regla cuando lo considere conveniente para el interés del concurso y siempre que presuma que la masa activa resulta suficiente para la satisfacción de todos los créditos contra la masa. Esta postergación no podrá afectar a los créditos de los trabajadores, a los créditos alimenticios, ni a los créditos tributarios y de la Seguridad Social.
4. Las acciones relativas a la calificación o al pago de los créditos contra la masa se ejercitarán ante el juez del concurso por los trámites del incidente concursal, pero no podrán iniciarse ejecuciones judiciales o administrativas para hacerlos efectivos hasta que se apruebe el convenio, se abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiere producido ninguno de estos actos. Esta paralización no impedirá el devengo de los intereses, recargos y demás obligaciones vinculadas a la falta de pago del crédito a su vencimiento.
5. Satisfechas las prestaciones conforme a su normativa específica, el FOGASA se subrogará en los créditos de los trabajadores con su misma clasificación y en los términos del artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores.
Función del reconocimiento de créditos y sentido de la comunicación Artículo 86 Reconocimiento de créditos 1. Corresponderá a la administración concursal determinar la inclusión o exclusión en la lista de acreedores de los créditos puestos de manifiesto en el procedimiento. Esta decisión se adoptará respecto de cada uno de los créditos, tanto de los que se hayan comunicado expresamente como de los que resultaren de los libros y documentos del deudor o por cualquier otra razón constaren en el concurso.
Todas las cuestiones que se susciten en materia de reconocimiento de créditos serán tramitadas y resueltas por medio del incidente concursal.
2. Se incluirán necesariamente en la lista de acreedores aquellos créditos que hayan sido reconocidos por laudo o por resolución procesal, aunque no fueran firmes, los que consten en documento con fuerza ejecutiva, los reconocidos por certificación administrativa, los asegurados con garantía real inscrita en registro público, y los créditos de los trabajadores cuya existencia y cuantía resulten de los libros y documentos del deudor o por cualquier otra razón consten en el concurso. No obstante, la administración concursal podrá impugnar en juicio ordinario y dentro del plazo para emitir su informe, los convenios o procedimientos arbitrales en caso de fraude, conforme a lo previsto en el artículo 53.2, y la existencia y validez de los créditos consignados en título ejecutivo o asegurados con garantía real, así como, a través de los cauces admitidos al efecto por su legislación específica, los actos administrativos.
3. Cuando no se hubiera presentado alguna declaración o autoliquidación que sea precisa para la determinación de un crédito de Derecho Público o de los trabajadores, deberá cumplimentarse por el concursado en caso de intervención o, en su caso, por la administración concursal cuando no lo realice el concursado o en el supuesto de suspensión de facultades de administración y disposición. Para el caso que, por ausencia de datos, no fuera posible la determinación de su cuantía deberá reconocerse como crédito contingente.
4. Cuando el concursado fuere persona casada en régimen de gananciales o cualquier otro de comunidad de bienes, la administración concursal expresará, respecto de cada uno de los créditos incluidos en la lista, si sólo pueden hacerse efectivos sobre su patrimonio privativo o también sobre el patrimonio común.
Deber de comunicación de créditos Artículo 85 Comunicación de créditos 1. Dentro del plazo señalado en el número 5.º del apartado 1 del artículo 21, los acreedores del concursado comunicarán a la administración concursal la existencia de sus créditos.
2. La comunicación se formulará por escrito firmado por el acreedor, por cualquier otro interesado en el crédito o por quien acredite representación suficiente de ellos, y se dirigirá a la administración concursal. La comunicación podrá presentarse en el domicilio designado al efecto el cual deberá estar en la localidad en la que tenga su sede el juzgado, o remitirse a dicho domicilio. También podrá efectuarse la comunicación por medios electrónicos. El domicilio y la dirección electrónica señalados a efectos de comunicaciones serán únicos y deberán ser puestos en conocimiento del juzgado por el administrador concursal al tiempo de la aceptación del cargo o, en su caso, al tiempo de la aceptación del segundo de los administradores designados.
3. La comunicación expresará nombre, domicilio y demás datos de identidad del acreedor, así como los relativos al crédito, su concepto, cuantía, fechas de adquisición y vencimiento, características y calificación que se pretenda. Si se invocare un privilegio especial, se indicarán, además, los bienes o derechos a que afecte y, en su caso, los datos registrales. También se señalará un domicilio o una dirección electrónica para que la administración concursal practique cuantas comunicaciones resulten necesarias o convenientes, produciendo plenos efectos las que se remitan al domicilio o a la dirección indicados.
4. Se acompañará copia, en forma electrónica en caso de que se haya optado por esta forma de comunicación, del título o de los documentos relativos al crédito. Salvo que los títulos o documentos figuren inscritos en un registro público, la administración concursal podrá solicitar los originales o copias autorizadas de los títulos o documentos aportados, así como cualquier otra justificación que considere necesaria para el reconocimiento del crédito.
5. En caso de concursos simultáneos de deudores solidarios, el acreedor o el interesado podrán comunicar la existencia de los créditos a la administración concursal de cada uno de los concursos. El escrito presentado en cada concurso expresará si se ha efectuado o se va a efectuar la comunicación en los demás, acompañándose, en su caso, copia del escrito o de los escritos presentados y de los que se hubieren recibido.
Los acreedores han de comunicar sus créditos a la administración concursal (carga). Después del reconocimiento de los créditos, se dará un alcance cuasi jurisdiccional. Exigencias legales y formales de la ley. 1 mes desde que se publica en el BOE la declaración del concurso. Puede hacerse por vía electrónica también. Si esta carga se incumple, los créditos se ven expuestos al riesgo de subordinación por comunicación tardía. Y en esto la administración es uy rigurosa. La reforma de la ley, pero, introdujo matizaciones en dicha comunicación.
Esta subordinación tiene excepciones: - Créditos del art. 86.3, que tienen que ser necesariamente incluidos en la lista de acreedores.
Créditos cuya existencia constara en la documentación del deudor Créditos que consten en documento con fuerza ejecutiva, garantía real inscrita en documento público y que consten en el concurso o documento judicial y aquellos cuya documentación sea requerida la actuación de la administración pública.
Fechas que deben tenerse en consideración - Comunicación de créditos (1 mes) Presentación del informe de la administración concursal (2 meses) Plazo para impugnar el inventario o la lista de acreedores (10 días) Comunicaciones posteriores de créditos hasta presentación de textos definitivos (art. 96.bis LC) Concluida este plazo de impugnación i hasta que se terminen los textos definitivos, se pueden presentar comunicaciones de nuevos créditos (estándose para su clasificación en lo dispuesto por el art. 92.1 LC), salvo que el no haber tenido constancia de su existencia (con lo cual se clasificarán según su naturaleza).
Artículo 96 bis Comunicaciones posteriores de créditos 1. Concluido el plazo de impugnación y hasta la presentación de los textos definitivos, se podrán presentar comunicaciones de nuevos créditos. Estos créditos serán reconocidos conforme a reglas generales y en su clasificación se estará a lo dispuesto en el artículo 92.1.º salvo que el acreedor justifique no haber tenido noticia antes de su existencia, en cuyo caso se clasificarán según su naturaleza.
2. La administración concursal resolverá sobre ellas en la lista de acreedores definitiva a presentar.
3. Si dentro del plazo de diez días siguiente a la puesta de manifiesto de los textos definitivos se formula oposición a la decisión de la administración concursal sobre las comunicaciones posteriores presentadas, se le dará la tramitación del incidente concursal. Esta impugnación no impedirá la continuación de la fase de convenio o liquidación, siendo de aplicación lo previsto en el artículo 97 ter.
- Modificación del texto definitivo de la lista de acreedores (art. 97.1.3.4 LC) El art. 97 LC, pero, permite añadir nuevos créditos en la lista; se permite que el texto definitivo de la lista pueda modificarse cuando se resuelva la impugnación de las modificaciones, cuando después de presentado el informe oficial o texto definitivo se abra un proceso de investigación que pueda resultar en créditos para cualquier organismo oficial. Además, cuando después de presentado el informe inicial o texto definitivo se inicie un proceso penal o laboral del que resulten créditos de cualquier tipo. También cuando presentados los textos definitivos se haya confirmado la condición en cuestión o los actos en cuestión hayan sido reconocidos.
Artículo 97 Consecuencias de la falta de impugnación y modificaciones posteriores 1. Fuera de los supuestos de los apartados 3 y 4 de este artículo, quienes no impugnaren en tiempo y forma el inventario o la lista de acreedores no podrán plantear pretensiones de modificación del contenido de estos documentos, aunque sí podrán recurrir contra las modificaciones introducidas por el juez al resolver otras impugnaciones.
3. El texto definitivo de la lista de acreedores, además de en los demás supuestos previstos en esta ley, podrá modificarse en los casos siguientes: 1.º Cuando se resuelva la impugnación de las modificaciones previstas en el artículo 96 bis.
2.º Cuando después de presentado el informe inicial a que se refiere el artículo 74 o el texto definitivo de la lista de acreedores, se inicie un procedimiento administrativo de comprobación o inspección del que pueda resultar créditos de Derecho Público de las Administraciones públicas y sus organismos públicos.
3.º Cuando después de presentado el informe inicial a que se refiere el artículo 74 o el texto definitivo de la lista de acreedores, se inicie un proceso penal o laboral que pueda suponer el reconocimiento de un crédito concursal.
4.º Cuando después de presentados los textos definitivos, se hubiera cumplido la condición o contingencia prevista o los créditos hubieran sido reconocidos o confirmados por acto administrativo, por laudo o por resolución procesal firme o susceptible de ejecución provisional con arreglo a su naturaleza o cuantía.
Caso de resultar reconocidos, tendrán la clasificación que les corresponda con arreglo a su naturaleza, sin que sea posible su subordinación al amparo del artículo 92.1.º 4. Cuando proceda la modificación o sustitución del acreedor inicial en la lista de acreedores, se tendrán en cuenta las reglas siguientes para la clasificación del crédito: 1.º Respecto de los créditos salariales o por indemnización derivada de extinción laboral, únicamente se tendrá en cuenta la subrogación prevista en el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores.
2.º Respecto de los créditos previstos en el artículo 91.2.º y 4.º, únicamente mantendrán su carácter privilegiado cuando el acreedor posterior sea un organismo público.
3.º En caso de pago por pago por avalista, fiador o deudor solidario, se estará a lo dispuesto en el artículo 87.6.
4.º En el supuesto en que el acreedor posterior sea una persona especialmente relacionada con el concursado en los términos del artículo 93, en la clasificación del crédito se optará por la que resulte menos gravosa para el concurso entre las que correspondan al acreedor inicial y al posterior.
5.º Fuera de los casos anteriores, se mantendrá la clasificación correspondiente al acreedor inicial.
La administración concursal ha de reconocer estos créditos, lo cual implica su inclusión o exclusión en la lista. Cuales son legítimos y cuáles no. Y de los que incluye, por qué importe. Además, los clasifica.
Pero su margen de discrecionalidad no es absoluto, sino que hay normas que dicen qué créditos deben reconocerse y cómo.
Es decir, que hay créditos de necesaria inclusión en la lista. Aquellos que se tienen que reconocer sí o sí; Créditos de inclusión imperativa (art. 86.2 LC): - Aquellos reconocidos por laudo o resolución procesal. Incluso cuando no sean firmas.
Los que consten en documento Certificación administrativa Asegurados con garantía real inscritos en un registro público Créditos de los trabajadores cuya existencia o cuantía conste en los libros del deudor o que por cualquier otra razón consten en el concurso.
Los créditos sometidos a condición resolutoria o litigiosos se reconocen como condicionales y responden a su cuantía y clasificación mientras no se cumpla la condición, que los hará desaparecer. También los créditos de derecho público por vía administrativa o jurisdiccional. Tienen derecho de voto y de cobro si hay liquidación a menos que no se cumpla la condición. Se anulan a petición de parte (art. 87.1 LC).
Créditos contingentes o que no afectan a las administraciones públicas. En el concurso se reconocen sin cuantía y el derecho de voto y el derecho de cobro quedan en suspenso hasta que no se produzca el evento del que depende la condición (art. 87.3 LC).
Créditos afianzados o con deudor solidario. Puede comunicarse sin limitación alguna el crédito en el concurso y sin perjuicio de que se suspenda en caso de que se pague. Se substituye uno por otro, el cual queda subrogado. Cuando el fiador tiene una clasificación distinta que la del acreedor originario, los créditos se clasificarán de acuerdo con la calificación menos onerosa para el concurso, comparando las dos (art. 87.6.7 LC).
Créditos contra persona casada en régimen de gananciales o comunidad (art. 86.4 LC).
Artículo 87 Supuestos especiales de reconocimiento 1. Los créditos sometidos a condición resolutoria se reconocerán como condicionales y disfrutarán de los derechos concursales que correspondan a su cuantía y calificación, en tanto no se cumpla la condición. Cumplida ésta, podrán anularse, a petición de parte, las actuaciones y decisiones en las que el acto, la adhesión o el voto del acreedor condicional hubiere sido decisivo. Todas las demás actuaciones se mantendrán, sin perjuicio del deber de devolución a la masa, en su caso, de las cantidades cobradas por el acreedor condicional, y de la responsabilidad en que dicho acreedor hubiere podido incurrir frente a la masa o frente a los acreedores.
3. Los créditos sometidos a condición suspensiva y los litigiosos serán reconocidos en el concurso como créditos contingentes sin cuantía propia y con la calificación que corresponda, admitiéndose a sus titulares como acreedores legitimados en el juicio sin más limitaciones que la suspensión de los derechos de adhesión, de voto y de cobro. En todo caso, la confirmación del crédito contingente o su reconocimiento en sentencia firme o susceptible de ejecución provisional, otorgará a su titular la totalidad de los derechos concursales que correspondan a su cuantía y calificación.
6. Los créditos en los que el acreedor disfrute de fianza de tercero se reconocerán por su importe sin limitación alguna y sin perjuicio de la sustitución del titular del crédito en caso de pago por el fiador. Siempre que se produzca la subrogación por pago, en la calificación de estos créditos se optará por la que resulte menos gravosa para el concurso entre las que correspondan al acreedor o al fiador.
7. A solicitud del acreedor que hubiese cobrado parte de su crédito de un avalista, fiador o deudor solidario del concursado, podrán incluirse a su favor en la lista de acreedores tanto el resto de su crédito no satisfecho como la totalidad del que, por reembolso o por cuota de solidaridad, corresponda a quien hubiere hecho el pago parcial, aunque éste no hubiere comunicado su crédito o hubiere hecho remisión de la deuda.
Masa pasiva: graduación de créditos Principio de exclusividad legal para la admisión de privilegios o preferencias; aplicaciones. No hay más privilegos o preferencias de cobro que los establecidos en la ley concursal. Y esto es importante porque, al ser los privilegios los que marca la ley, en Catalunya tenemos el problema con el derecho de retención, el cual aquí es un derecho real de garantía, de naturaleza posesoria y sobre bienes muebles e inmuebles. No está reconocido, pero, como privilegio de la ley concursal. Por tanto, el acreedor, por más que tenga derecho de retención en base al derecho catalán, no podrá prever un derecho de retención, el cual pierde fuerza.
Clasificación de créditos.
- - Créditos privilegiados Con privilegio especial (art. 90 LC) Con privilegio general (art. 91 LC) Créditos ordinarios (art. 89.3 LC) Créditos subordinados (art. 92.93 LC) Efectos de la clasificación de créditos, en relación con: - El convenio (art. 122.1.1º, 134 LC). Los subordinados no votan. Solo los titulares de créditos ordinarios. Solo vincula a los titulares de créditos ordinarios y a los subordinados. Por tanto, los privilegiados no se ven afectados, a menos que no se afecten voluntariamente al convenio.
Artículo 122 Acreedores sin derecho a voto 1. No tendrán derecho de voto en la junta: 1.º Los titulares de créditos subordinados.
Artículo 134 Extensión subjetiva 1. El contenido del convenio vinculará al deudor y a los acreedores ordinarios y subordinados, respecto de los créditos que fuesen anteriores a la declaración de concurso, aunque, por cualquier causa, no hubiesen sido reconocidos.
Los acreedores subordinados quedarán afectados por las mismas quitas y esperas establecidas en el convenio para los ordinarios, pero los plazos de espera se computarán a partir del íntegro cumplimiento del convenio respecto de estos últimos. Queda a salvo su facultad de aceptar, conforme a lo previsto en el artículo 102, propuestas alternativas de conversión de sus créditos en acciones, participaciones o cuotas sociales, o en créditos participativos.
2. Los acreedores privilegiados sólo quedarán vinculados al contenido del convenio si hubieren votado a favor de la propuesta o si su firma o adhesión a aquélla se hubiere computado como voto favorable. Además, podrán vincularse al convenio ya aceptado por los acreedores o aprobado por el juez, mediante adhesión prestada en forma antes de la declaración judicial de su cumplimiento, en cuyo caso quedarán afectados por el convenio.
- El pago en la fase de liquidación (arts. 155-158 LC). Se cobra en atención a esta clasificación y orden: Sobre los bienes en los que recae el privilegio especial, aquel que tiene el privilegio.
Titulares de los créditos contra la masa, a su vencimiento y salvo los salarios de los 30 últimos días.
Titulares de créditos con privilegio general sobre el patrimonio del deudor que no estén afectos a privilegios especiales.
Titulares de créditos ordinarios.
Titulares de créditos subordinados Artículo 155 Pago de créditos con privilegio especial 1. El pago de los créditos con privilegio especial se hará con cargo a los bienes y derechos afectos, ya sean objeto de ejecución separada o colectiva.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en tanto no transcurran los plazos señalados en el apartado 1 del artículo 56 o subsista la suspensión de la ejecución iniciada antes de la declaración de concurso, conforme al apartado 2 del mismo artículo, la administración concursal podrá comunicar a los titulares de estos créditos con privilegio especial que opta por atender su pago con cargo a la masa y sin realización de los bienes y derechos afectos. Comunicada esta opción, la administración concursal habrá de satisfacer de inmediato la totalidad de los plazos de amortización e intereses vencidos y asumirá la obligación de atender los sucesivos como créditos contra la masa. En caso de incumplimiento, se realizarán los bienes y derechos afectos para satisfacer los créditos con privilegio especial.
3. Cuando haya de procederse dentro del concurso, incluso antes de la fase de liquidación, a la enajenación de bienes y derechos afectos a créditos con privilegio especial, el juez, a solicitud de la administración concursal y previa audiencia de los interesados, podrá autorizarla con subsistencia del gravamen y con subrogación del adquirente en la obligación del deudor, que quedará excluida de la masa pasiva. De no autorizarla en estos términos, el precio obtenido en la enajenación se destinará al pago del crédito con privilegio especial y, de quedar remanente, al pago de los demás créditos.
Si un mismo bien o derecho se encontrase afecto a más de un crédito con privilegio especial, los pagos se realizarán conforme a la prioridad temporal que para cada crédito resulte del cumplimiento de los requisitos y formalidades previstos en su legislación específica para su oponibilidad a terceros. La prioridad para el pago de los créditos con hipoteca legal tácita será la que resulte de la regulación de ésta.
4. La realización en cualquier estado del concurso de los bienes y derechos afectos a créditos con privilegio especial se hará en subasta, salvo que, a solicitud de la administración concursal o del acreedor con privilegio especial dentro del convenio, el juez autorice la venta directa o la cesión en pago o para el pago al acreedor privilegiado o a la persona que él designe, siempre que con ello quede completamente satisfecho el privilegio especial, o, en su caso, quede el resto del créditoreconocido dentro del concurso con la calificación que corresponda.
Si la realización se efectúa fuera del convenio, el oferente deberá satisfacer un precio superior al mínimo que se hubiese pactado y con pago al contado, salvo que el concursado y el acreedor con privilegio especial manifestasen de forma expresa la aceptación por un precio inferior, siempre y cuando dichas realizaciones se efectúen a valor de mercado según tasación oficial actualizada por entidad homologada para el caso de bienes inmuebles y valoración por entidad especializada para bienes muebles.
La autorización judicial y sus condiciones se anunciarán con la misma publicidad que corresponda a la subasta del bien y derecho afecto y si dentro de los diez días siguientes al último de los anuncios se presentare mejor postor, el juez abrirá licitación entre todos los oferentes y acordará la fianza que hayan de prestar.
Artículo 156 Pago de créditos con privilegio general 1. Deducidos de la masa activa los bienes y derechos necesarios para satisfacer los créditos contra la masa y con cargo a los bienes no afectos a privilegio especial o al remanente que de ellos quedase una vez pagados estos créditos, se atenderá al pago de aquellos que gozan de privilegio general, por el orden establecido en el artículo 91 y, en su caso, a prorrata dentro de cada número.
2. El juez podrá autorizar el pago de estos créditos sin esperar a la conclusión de las impugnaciones promovidas, adoptando las medidas cautelares que considere oportunas en cada caso para asegurar su efectividad y la de los créditos contra la masa de previsible generación.
Artículo 157 Pago de créditos ordinarios 1. El pago de los créditos ordinarios se efectuará una vez satisfechos los créditos contra la masa y los privilegiados.
El juez, a solicitud de la administración concursal, en casos excepcionales podrá motivadamente autorizar la realización de pagos de créditos ordinarios con antelación cuando estime suficientemente cubierto el pago de los créditos contra la masa y de los privilegiados.
El juez podrá también autorizar el pago de créditos ordinarios antes de que concluyan las impugnaciones promovidas, adoptando en cada caso las medidas cautelares que considere oportunas para asegurar su efectividad y la de los créditos contra la masa de previsible generación.
2. Los créditos ordinarios serán satisfechos a prorrata, conjuntamente con los créditos con privilegio especial en la parte en que éstos no hubieren sido satisfechos con cargo a los bienes y derechos afectos.
3. La administración concursal atenderá al pago de estos créditos en función de la liquidez de la masa activa y podrá disponer de entregas de cuotas cuyo importe no sea inferior al cinco por ciento del nominal de cada crédito.
Artículo 158 Pago de créditos subordinados 1. El pago de los créditos subordinados no se realizará hasta que hayan quedado íntegramente satisfechos los créditos ordinarios.
2. El pago de estos créditos se realizará por el orden establecido en el artículo 92 y, en su caso, a prorrata dentro de cada número.
- Las garantías (art. 97.2 LC) Artículo 97 Consecuencias de la falta de impugnación y modificaciones posteriores 1. Fuera de los supuestos de los apartados 3 y 4 de este artículo, quienes no impugnaren en tiempo y forma el inventario o la lista de acreedores no podrán plantear pretensiones de modificación del contenido de estos documentos, aunque sí podrán recurrir contra las modificaciones introducidas por el juez al resolver otras impugnaciones.
2. Si el acreedor calificado en la lista de acreedores como especialmente relacionado con el deudor no impugnare en tiempo y forma esta calificación, el juez del concurso, vencido el plazo de impugnación y sin más trámites, dictará auto declarando extinguidas las garantías de cualquier clase constituidas a favor de los créditos de que aquel fuera titular, ordenando, en su caso, la restitución posesoria y la cancelación de los asientos en los registros correspondientes. Quedan exceptuados de este supuesto los créditos comprendidos en el número 1.º del artículo 91 cuando el concursado sea persona natural.
Créditos con privilegio especial - Créditos garantizados con hipoteca, inmobiliaria o mobiliaria, o con prenda sin desplazamiento Hipotecas inmobiliarias voluntarias: modalidades Hipotecas legales expresas Hipotecas legales tácitas. No constan inscritas en el Registro de la Propiedad; aquellas constituidas para el cobro de tributos que graban periódicamente los inmuebles, que graban la trasmisión de inmuebles, la de la ley de expropiación forzosa (en relación con las mejoras en el bien expropiado), el crédito del asegurados sobre el bien inmueble expropiado o los créditos por capital e intereses en las cedulas y bonus hipotecarios y territoriales.
Hipoteca mobiliaria o prenda sin desplazamiento. La hipoteca mobiliaria debe de estar inscrita en el Registro de Bienes Muebles. La prenda sin desplazamiento en relación con la prenda de créditos, mientras que originariamente servía para el ámbito agrario o pecuario, sobre cosechas o abonos, a partir del año 2007 se da la posibilidad de constituirlas sobre créditos, aunque habiéndolas de inscribir también en el Registro sobre Bienes Muebles.
Hipoteca naval e hipoteca sobre aeronave - - - Créditos garantizados con anticresis Créditos refaccionarios. El que deriva de las labores de mantenimiento, reparación u obra. Requiere anotación preventiva en el Registro de la Propiedad mientras se hacen las obras. La anotación caduca, pero puede solicitarse su conversión en hipoteca. Sin embargo, si son de los trabajadores y si la cosa está en propiedad del deudor no requiere ninguna clase de publicidad.
Créditos por cuotas de arrendamiento financiero o de venta a plazos o de bienes vendidos a plazos o con prohibición de disponer, reserva de dominio o condición de pago. Se tiene un privilegio especial sobre el bien, pero no un crédito contra la masa por estas cuotas posteriores si el contrato no es bilateral y por el cumplimiento de obligaciones pendientes.
Créditos garantizados con prenda. Según el objeto sobre el que recaiga: Prenda de valores representados mediante anotaciones en cuenta Prenda con desplazamiento posesorio sobre bienes o derechos (en especial, prenda de créditos y prenda en garantía de créditos futuros). Porque puede constituirse como una prenda ordinaria con desplazamiento posesorio, que requiere su otorgación en documento público para su oponibilidad. La prenda de créditos, pero, tiene un régimen especial, ya que bastará que conste en documento con fecha fehaciente (sin ser necesario, tan siquiera, que sea público) para gozar del privilegio sobre los créditos pignorados. La prenda sobre créditos futuros del deudor solo atribuirá privilegio especial y será oponible frente a terceros cuando en virtud del art. 68 LC se proceda a su rehabilitación o estuviere inscrito en un registro público con anterioridad a la declaración del concurso.
Y esto será así hasta el próximo lunes, ya que se dice que los créditos garantizados con prenda sobre créditos futuros solo gozarán de privilegio especial cuando dichos créditos nazcan de contratos o relaciones jurídicos perfeccionados y cuyo objeto y prestaciones esenciales estén determinados antes de la fecha de declaración del concurso, siempre que se hayan destinado expresamente a posibilitar la constitución de dicha relación.
Por tanto, desaparece la exigencia de inscripción en el Registro de Bienes Muebles.
Artículo 90 Créditos con privilegio especial 1. Son créditos con privilegio especial: 1.º Los créditos garantizados con hipoteca voluntaria o legal, inmobiliaria o mobiliaria, o con prenda sin desplazamiento, sobre los bienes o derechos hipotecados o pignorados.
2.º Los créditos garantizados con anticresis, sobre los frutos del inmueble gravado.
3.º Los créditos refaccionarios, sobre los bienes refaccionados, incluidos los de los trabajadores sobre los objetos por ellos elaborados mientras sean propiedad o estén en posesión del concursado.
4.º Los créditos por cuotas de arrendamiento financiero o plazos de compraventa con precio aplazado de bienes muebles o inmuebles, a favor de los arrendadores o vendedores y, en su caso, de los financiadores, sobre los bienes arrendados o vendidos con reserva de dominio, con prohibición de disponer o con condición resolutoria en caso de falta de pago.
5.º Los créditos con garantía de valores representados mediante anotaciones en cuenta, sobre los valores gravados.
6.º Los créditos garantizados con prenda constituida en documento público, sobre los bienes o derechos pignorados que estén en posesión del acreedor o de un tercero. Si se tratare de prenda de créditos, bastará con que conste en documento con fecha fehaciente para gozar de privilegio sobre los créditos pignorados. La prenda en garantía de créditos futuros sólo atribuirá privilegio especial a los créditos nacidos antes de la declaración de concurso, así como a los créditos nacidos después de la misma, cuando en virtud del artículo 68 se proceda a su rehabilitación o cuando la prenda estuviera inscrita en un registro público con anterioridad a la declaración del concurso.
2. Para que los créditos mencionados en los números 1.º a 5.º del apartado anterior puedan ser clasificados con privilegio especial, la respectiva garantía deberá estar constituida con los requisitos y formalidades previstos en su legislación específica para su oponibilidad a terceros, salvo que se trate de hipoteca legal tácita o de los refaccionarios de los trabajadores.
Créditos con privilegio general Sobre la generalidad del patrimonio del deudor y con exclusión de aquellos que tengan privilegio especial. Y, a diferencia de los otros, cobran por este orden.
Créditos laborales - Créditos salariales. Límite del triple del salario mínimo interprofesional.
Indemnizaciones derivadas de la extinción de los contratos Accidente de trabajo y enfermedad profesional: indemnizaciones y recargos Capitales coste de Seguridad Social Retenciones tributarias y de Seguridad Social Créditos por trabajo personal no dependiente (autónomos) y por cesión de derechos de propiedad intelectual Créditos tributarios, demás créditos de Derecho público i créditos de la Seguridad Social Estos cobran, pero el importe de este privilegio se reduce al 50% del conjunto. Por tanto, el privilegio general se puede establecer por cualquiera de estas categorías, pero limitándose a dicho porcentaje.
- - Base para el cálculo del privilegio. Hacienda siempre sostenía que el 50% debía de calcularse descontando del total el privilegio especial y el general. En cambio, los jueces decían que, por supuesto, que los susodichos se mencionaban, pero también los intereses y recargos, de manera que la base de cálculo variaba. Y el TC ha dado la razón a los jueces. Por tanto, lo que sucedió fue que, a partir de una STC de 21 de enero del año 2009 y de otras dos, se dejó claro que en el cálculo de la base a la que aplicar el 50% tienen que deducirse también intereses y recargos y sanciones. De este modo, lo único que consiguió Haciendo fue que se incluyeran los recargos, no en el apartado 4º de recargos y sanciones, sino llevarlos a los intereses.
Tienen que deducirse todos los créditos que tengan una calificación específica (privilegiados, subordinados, etc.).
La contradicción entre el art. 91.4º (lo que sostenía hacienda) y el art. 77.2 LGT Créditos por responsabilidad civil extracontractual: créditos por responsabilidad civil ex delicto contra Hacienda Pública y Seguridad Social. En los casos de responsabilidad civil derivada de delito solo se incluyen los que corresponden a los créditos de la Hacienda Pública y la Seguridad Social, es decir, que serán los únicos con privilegio general.
Créditos del acreedor instante del concurso Artículo 91 Créditos con privilegio general Son créditos con privilegio general: 1.º Los créditos por salarios que no tengan reconocido privilegio especial, en la cuantía que resulte de multiplicar el triple del salario mínimo interprofesional por el número de días de salario pendientes de pago, las indemnizaciones derivadas de la extinción de los contratos, en la cuantía correspondiente al mínimo legal calculada sobre una base que no supere el triple del salario mínimo interprofesional, las indemnizaciones derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional, devengados con anterioridad a la declaración de concurso. Igual privilegio ostentarán los capitales coste de Seguridad Social de los que sea legalmente responsable el concursado, y los recargos sobre las prestaciones por incumplimiento de las obligaciones en materia de salud laboral, siempre que sean devengadas con anterioridad a la declaración de concurso.
2.º Las cantidades correspondientes a retenciones tributarias y de Seguridad Social debidas por el concursado en cumplimiento de una obligación legal.
3.º Los créditos de personas naturales derivados del trabajo personal no dependiente y los que correspondan al propio autor por la cesión de los derechos de explotación de la obra objeto de propiedad intelectual, devengados durante los seis meses anteriores a la declaración del concurso.
4.º Los créditos tributarios y demás de Derecho público, así como los créditos de la Seguridad Social que no gocen de privilegio especial conforme al apartado 1 del artículo 90, ni del privilegio general del número 2.º de este artículo. Este privilegio podrá ejercerse para el conjunto de los créditos de la Hacienda Pública y para el conjunto de los créditos de la Seguridad Social, respectivamente, hasta el cincuenta por ciento de su importe.
5.º Los créditos por responsabilidad civil extracontractual. No obstante, los daños personales no asegurados se tramitarán en concurrencia con los créditos recogidos en el número 4.º de este artículo.
Los créditos en concepto de responsabilidad civil derivada de delito contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social.
6.º Los créditos que supongan nuevos ingresos de tesorería concedidos en el marco de un acuerdo de refinanciación que reúna las condiciones previstas en el artículo 71.6 y en la cuantía no reconocida como crédito contra la masa.
7.º Los créditos de que fuera titular el acreedor a instancia del cual se hubiere declarado el concurso y que no tuvieren el carácter de subordinados, hasta el cincuenta por ciento de su importe.
Créditos ordinarios Los que ni son privilegiados ni subordinados Definidos por exclusión.
Créditos subordinados Créditos comunicados tardíamente Créditos subordinados contractualmente Créditos por recargos e intereses Créditos por multas y demás sanciones pecuniarias Créditos de personas especialmente relacionados con el deudor (art. 93 LC) - - Concursado persona natural. Personas especialmente relacionadas con él; cónyuge o quien lo haya sido dos años anteriores a la declaración del concurso, pareja de hecho, ascendientes, descendientes o hermanos del concursado o de su cónyuge o pareja de hecho. Y que serán los que podrán ser afectados por una declaración culpable.
Concursado persona jurídica: socios; administradores, liquidadores y apoderados generales; sociedades del mismo grupo y sus socios. En relación con los socios, lo importante es el momento de nacimiento del crédito; cuando das el crédito es cuando tienes que tener el 5 o el 10% del susodicho, según el tipo de sociedad.
Artículo 93 Personas especialmente relacionadas con el concursado 1. Se consideran personas especialmente relacionadas con el concursado persona natural: 1.º El cónyuge del concursado o quien lo hubiera sido dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso, su pareja de hecho inscrita o las personas que convivan con análoga relación de afectividad o hubieran convivido habitualmente con él dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso.
2.º Los ascendientes, descendientes y hermanos del concursado o de cualquiera de las personas a que se refiere el número anterior.
3.º Los cónyuges de los ascendientes, de los descendientes y de los hermanos del concursado.
2. Se consideran personas especialmente relacionadas con el concursado persona jurídica: 1.º Los socios que conforme a la ley sean personal e ilimitadamente responsables de las deudas sociales y aquellos otros que, en el momento del nacimiento del derecho de crédito, sean titulares de, al menos, un 5 % del capital social, si la sociedad declarada en concurso tuviera valores admitidos a negociación en mercado secundario oficial, o un 10 % si no los tuviera.
2.º Los administradores, de derecho o de hecho, los liquidadores del concursado persona jurídica y los apoderados con poderes generales de la empresa, así como quienes lo hubieren sido dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso.
3.º Las sociedades que formen parte del mismo grupo que la sociedad declarada en concurso y sus socios comunes, siempre que éstos reúnan las mismas condiciones que en el número 1.º de este apartado.
3. Salvo prueba en contrario, se presumen personas especialmente relacionadas con el concursado los cesionarios o adjudicatarios de créditos pertenecientes a cualquiera de las personas mencionadas en los apartados anteriores, siempre que la adquisición se hubiere producido dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso.
Créditos por rescisión contractual en caso de mala fe. Aquellos créditos de sujetos que obstaculicen de manera reiterada el cumplimiento contractual.
Subordinación por obstaculización reiterada del cumplimiento contractual Artículo 92 Créditos subordinados Son créditos subordinados: 1.º Los créditos que, habiendo sido comunicados tardíamente, sean incluidos por la administración concursal en la lista de acreedores, así como los que, no habiendo sido comunicados, o habiéndolo sido de forma tardía, sean incluidos en dicha lista por comunicaciones posteriores o por el juez al resolver sobre la impugnación de ésta. No quedarán subordinados por esta causa, y serán clasificados según corresponda, los créditos del artículo 86.3, los créditos cuya existencia resultare de la documentación del deudor, los que consten en documento con fuerza ejecutiva, los créditos asegurados con garantía real inscrita en registro público, los que constaren de otro modo en el concurso o en otro procedimiento judicial, y aquellos otros para cuya determinación sea precisa la actuación de comprobación de las Administraciones públicas.
2.º Los créditos que por pacto contractual tengan el carácter de subordinados respecto de todos los demás créditos contra el deudor.
3.º Los créditos por recargos e intereses de cualquier clase, incluidos los moratorios, salvo los correspondientes a créditos con garantía real hasta donde alcance la respectiva garantía.
4.º Los créditos por multas y demás sanciones pecuniarias.
5.º Los créditos de que fuera titular alguna de las personas especialmente relacionadas con el deudor a las que se refiere el artículo siguiente, excepto los comprendidos en el artículo 91.1.º cuando el deudor sea persona natural y los créditos diferentes de los préstamos o actos con análoga finalidad de los que sean titulares los socios a los que se refiere el artículo 93.2.1.º y 3.º que reúnan las condiciones de participación en el capital que allí se indican.
6.º Los créditos que como consecuencia de rescisión concursal resulten a favor de quien en la sentencia haya sido declarado parte de mala fe en el acto impugnado.
7.º Los créditos derivados de los contratos con obligaciones recíprocas a que se refieren los artículos 61, 62, 68 y 69, cuando el juez constate, previo informe de la administración concursal, que el acreedor obstaculiza de forma reiterada el cumplimiento del contrato en perjuicio del interés del concurso.
Créditos afianzados La polémica CONVENIO Y LIQUIDACIÓN El convenio concursal: contenidos de la propuesta de convenio Negocio jurídico plurilateral (pluralidad de acreedores y deudor) sui generis, porque en su formación y eficacia hay un componente jurisdiccional extraordinario que hace que sus efectos tengan dicho alcance y consecuencias extraordinarios.
Principios que rigen los contenidos del convenio concursal - Autonomía de la voluntad. Las partes pueden pactar lo que crean conveniente siempre que no sea contrario a la ley, moralidad u orden público.
Irrevocabilidad o inmodificabilidad La propuesta del deudor no se puede modificar ni revocar.
Igualdad de tratamiento de los acreedores. Excepción del trato singular (requiriéndose mayoría ordinaria del pasivo).
Posibilidad de cumplimiento. La inviabilidad objetiva de cumplimiento es causa de oposición y es lo que suscita mayores controversias.
La ley establece unos contenidos que necesariamente deben de haber en una propuesta de convenio imperativos.
También prohibidos o facultativos.
Contenidos imperativos disyuntivos (inclusivos o exclusivos). La propuesta de convenio deberá contener quitas, esperas o ambas previsiones. Estas quitas o esperas tienen unos límites generales, pero esto entraría dentro de las limitaciones o límites negativos o prohibiciones a la propuesta de convenio.
- Quitas.
Esperas Acumulación de ambas Sistemas de aceptación de la propuesta de convenio Aprobación judicial del convenio: efectos Cumplimiento e incumplimiento del convenio La liquidación: apertura Efectos de la liquidación Operaciones de la liquidación Pago de los créditos ...