Constitucionalismo Histórico Español (2017)

Resumen Español
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Derecho + Ciencias Políticas y de la Administración - 1º curso
Asignatura Introducción al Derecho Constitucional
Profesor L.
Año del apunte 2017
Páginas 6
Fecha de subida 12/10/2017
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Resumen Tema 2.2. (Los períodos constitucionales) del "Manual de Derecho Constitucional" de Miquel A. Aparicio Pérez y Mercè Barceló Serramalera.

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CONSTITUCIONALISMO HISTÓRICO ESPAÑOL.
ORÍGENES DEL CONSTITUCIONALISMO HISTÓRICO ESPAÑOL.
1. Períodos de la historia constitucional española.
a. El primer liberalismo en los textos constitucionales (el Estatuto de Bayona y la Constitución de Cádiz) La invasión napoleónica en 1808 produjo dos consecuencias sumamente importantes: por un lado, el inicio de la guerra de la independencia y, por otro, el fin de la sociedad del antiguo régimen y el comienzo del constitucionalismo liberal.
La crisis provocada por esa invasión determinó la convocatoria de unas Cortes elegidas mediante sufragio restringido, con abandono del modelo estamental de siglos anteriores. Reunidas en Cádiz a partir de 1810 acometieron importantes reformas y, entre ellas, la aprobación tras largas deliberaciones, de la Constitución 1812.
La nueva Constitución respondía a los principios liberales: soberanía nacional, división de poderes y Cortes como Parlamento representativo. Estas Cortes eran unicamerales, elegidas por la población mediante sufragio indirecto y asumían la función legislativa con el Rey. El Rey mantenía el poder ejecutivo, pero perdiendo su anterior condición de fuente de todo poder.
La Constitución tuvo vida muy corta. La continuación de la guerra y la ausencia de Fernando VII hicieron imposible su aplicación. Y una vez vuelto el Rey de su exilio forzoso en 1814, procedió de inmediato a abolirla.
Fue restablecida durante el llamado trienio constitucional (1820-1823). En este último año la invasión de un ejército extranjero determinó una nueva vuelta al absolutismo, que duraría hasta la muerte de Fernando VII en 1833.
b. Período isabelino (reorganización administrativa y aparición del carlismo): la Constitución de 1837 Tras la muerte de Fernando VII y en un clima de abierta oposición, la Regente María Cristina se vio obligada a ceder mínimamente ante los que reclamaban una vuelta al constitucionalismo de 1812 y aprobó el Estatuto Real de 1834, una especie de constitución otorgada. En dicho estatuto se establecían unas Cortes como órgano representativo, pero que por su composición resultaban de perfil extremadamente conservador. Por primera vez aparecían divididas en dos cámaras: el Estamento de Próceres o Cámara Alta y el Estamento de Procuradores o Cámara Baja. Estas Cortes tenían unas funciones legislativas y presupuestarias muy limitadas. A pesar de sus limitaciones este Estatuto permitió en la práctica que se desarrollara la vida parlamentaria, incluido el mecanismo de responsabilidad ministerial, que obligaba a los ministros nombrados por la Corona a responder de sus actos ante las Cortes. Estuvo vigente tan solo dos años.
Bajo el reinado de Isabel II, unas nuevas Cortes, fueron convocadas con el propósito de restablecer la Constitución de 1812, y ante la dificultad práctica de este objetivo, aprobaron un nuevo texto, la Constitución de 1837, más reducida y simple, y que reflejaba ampliamente el ideario del partido progresista. Tal era el caso del 1 reconocimiento de la soberanía nacional y la inclusión de una tímida declaración de derechos. Las Cortes se componían de dos cámaras, el Senado y el Congreso de los Diputados, con una denominación que se mantendría prácticamente desde entonces.
La primera representaba el elemento conservador y aristocrático, pues se exigían unos requisitos especiales para presentarse como candidato y para votar. El Congreso era la cámara de representación popular destinada a servir de elemento impulsivo del Estado. Los diputados se elegían por un período de tres años y mediante sufragio directo. La función legislativa estaba compartida entre estas Cortes y el Rey, que de otra parte conservaba el poder ejecutivo. También las Cortes debían aprobar anualmente el presupuesto de gastos del Estado.
c. El moderantismo: la Constitución de 1845 En 1844 se convocaron nuevas elecciones a Cortes con la misión de reformar la de 1837. Pero, lejos de enmendar los puntos críticos de esta última, se optó por la elaboración de una nueva, la Constitución de 1845, que a la postre acabó reflejando el ideario del partido moderado: se omitió toda referencia a la idea de soberanía nacional y el poder constituyente aparecía compartido entre la Corona y las Cortes. Se suprimió algún derecho fundamental, se reconfiguró el Senado en un sentido más conservador y dependiente en su composición íntegramente de la voluntad del monarca, mientras el acceso al Congreso se hizo más restringido. El Rey mantenía importantes atribuciones ejecutivas. Las Cortes mantuvieron su potestad legislativa y presupuestaria.
d. Las revoluciones liberales: el bienio liberal y la constitución no promulgada de 1856; y la Constitución de 1869 En 1854 y en un nuevo vaivén político se inició el llamado bienio progresista (por el partido que ejerció el poder), en el que se elaboró una nueva Constitución, de principios parecidos a la de 1837, pero que no llegó a nacer, debido a que antes de su entrada en vigor se produjo otro giro, esta vez conservador, lo que determinó su archivo. Por simple decreto se restableció la Constitución de 1845.
En las décadas posteriores se mantuvo un clima de inestabilidad gubernamental y enfrentamiento entre los partidos políticos. Esto propició un pronunciamiento militar en septiembre de 1868 que acabó con el régimen constitucional existente, y dio inicio a una revolución política y social.
Tras el exilio de la Reina Isabel II se constituyó un gobierno provisional que convocó de inmediato elecciones para Cortes constituyentes. Por primera vez, estas elecciones fueron por sufragio universal masculino.
El texto resultante, la Constitución de 1869, fue reflejo del ideario progresista y democrático: se volvió a la concepción de la soberanía nacional como fuente de la misma, lo que reforzaba a las instituciones representativas, y se incluyó una ambiciosa declaración de derechos, entre los cuales por primera vez la libertad de cultos. Se mantuvieron las Cortes bicamerales: el Senado pasó a ser de elección popular, si bien mediante compromisarios y entre personas que reuniesen unos requisitos mínimos.
Por su parte, el Congreso pasó a ser elegido por sufragio universal. De otro lado, aunque el Rey mantenía sus facultades, se declaraba expresamente la responsabilidad de los ministros ante las Cortes. En concreto, se reconocía a ambas Cámaras el derecho de interpelación y el derecho de censura a todo el Gobierno o a ministros singulares.
Una de las primeras decisiones que debió afrontar el nuevo régimen fue la elección de un monarca, lo cual se consiguió en 1870 en la persona de Amadeo de Saboya.
2 e. Cantonalismo y proyecto de constitución federal de 1873 En un clima de abierto enfrentamiento político, el Rey se vio forzado a renunciar a la Corona en 1873, lo que determinó que las Cortes instaurasen la República. Se elaboró entonces un nuevo proyecto de Constitución que, además de la forma republicana, configuraba un Estado federal. El desarrollo de los acontecimientos –con la sucesión de cuatro presidentes en menos de un año- acabó con un golpe militar a comienzos de 1874, la abolición de la República y la proclamación de Alfonso XII como nuevo Rey.
f. La Restauración: La Constitución de 1876; y la Dictadura de Primo de Rivera y el proyecto de Constitución de 1876 Se inició entonces un nuevo periodo conservador bajo la guía del político Cánovas del Castillo. Convocadas Cortes constituyentes elegidas mediante sufragio universal, se aprobó la Constitución de 1876 que estuvo vigente hasta 1923. Consistió en un texto breve, de inspiración conservadora, en el que se volvía a la concepción del poder constituyente compartido entre el Rey y la Nación. Se mantuvo una declaración de derechos, pero más restringida que en la Constitución de 1869. El Senado volvió a tener un perfil aristocrático: había Senadores por derecho propio, otros designados por el Rey y otros elegidos por las corporaciones del Estado. Por su parte, la elección del Congreso se remitía a lo que estableciese una ley. Y esto permitió que fuese de elección restringida hasta 1890 y por sufragio universal masculino a partir de entonces.
Bajo la Constitución de 1876 el poder alternó entre los dos grandes partidos, el conservador y el liberal, lo que proporcionó una buena dosis de estabilidad al sistema.
En cambio, los graves problemas políticos y sociales del fin de siglo, unidos a las manipulaciones y adulteraciones del sufragio, fueron privando de legitimidad al sistema. Desde comienzos del siglo XX se aceleró el proceso de crisis, que tuvo sus principales manifestaciones en 1909 con la semana trágica y en 1917 con una huelga general. En 1923 un nuevo golpe de estado determinó su fin y la instauración de la Dictadura del general Primo de Rivera, que duraría hasta 1930.
g. La Segunda República: la Constitución de 1931 Unas elecciones locales en abril de 1931 actuaron como una especie de plebiscito contra la monarquía y el sistema político vigente. Declarada la República, se convocaron elecciones a Cortes constituyentes. Las mismas aprobaron una nueva Constitución, de corte muy distinto a las anteriores. Sus principios fueron los siguientes: en primer lugar, la forma republicana y el carácter democrático del Estado, expresado con la afirmación del origen popular de todos los poderes; en segundo lugar, laicismo, con una separación estricta del Estado respecto a la Iglesia; en tercer lugar, Estado integral, con descentralización política, en el sentido de que podían constituirse en su seno regiones autónomas, y, finalmente, reconocimiento de derechos fundamentales socioeconómicos. En el plano orgánico, se establecieron unas Cortes o Parlamento unicameral, un Presidente de la República y un Gobierno con un Presidente al frente, sometido a la confianza del Parlamento. Se celebraron tres elecciones democráticas, pero dentro de un clima de fuerte polarización.
La Segunda República fue víctima de un golpe de Estado en 1936, pronto transformado en una guerra civil que duró casi tres años.
3 2. La aparición del régimen constitucional. La Constitución de 1812.
2.1. El primer liberalismo en los textos constitucionales: el Estatuto de Bayona y la Constitución de Cádiz Cuando se rompió el sistema borbónico de gobierno en España no existían las condiciones sociales y económicas adecuadas para que el liberalismo pudiera enraizar. Las ideas liberales de la inexistencia práctica de burguesía comercial e industrial: las ideas liberales del pensamiento político español eran heredadas del sistema monárquico y apegadas a éste, y eran ideas mantenidas por unas pequeñas élites que pertenecían a la burguesía funcionarial y política y a la nobleza. Los intentos de transformar el estado absoluto en una monarquía vinieron provocados esencialmente por una causa exógena (invasión de Napoleón) y por una causa endógena (la quiebra de la legitimidad del sistema de gobierno monárquico). Además se suma en la Guerra de la Independencia e influye en los dos primeros textos constitucionales del momento: el Estatuto de Bayona, amparado por José Bonaparte, y la Constitución de Cádiz, aprobada por las Cortes Constituyentes el 18 de marzo de 1812.
2.1.1. El Estatuto de Bayona de 1808 La Constitución de Bayona o Estatuto de Bayona, es sencillamente una carta otorgada que surge como consecuencia de la convocatoria por parte de Napoleón de una asamblea de notables españoles pero cuya redacción se debió a la parte francesa que tuvo que ser aprobada por esa asamblea de notables en territorio francés. Los principios básicos son los de una monarquía limitada, con un órgano representativo claramente estamental (el del clero, el de la nobleza y el del pueblo), pero sin poder legislativo porque hubiera debido funcionar como órgano de ratificación de las propuestas efectuadas por el Consejo de Estado. Tampoco el Senado, vitalicio y nombrado por el rey, tenía funciones legislativas, sino que deberían proteger determinados derechos. El poder judicial se dejaba a disposición y organización del rey.
Es un texto de transición al liberalismo pero que mantiene el principio de legitimación de la soberanía divina del monarca e introduce algunas autolimitaciones con un estilo medieval que sirvió como inspiración para la redacción del Estatuto Real de 1834.
2.1.2. La Constitución de Cádiz de 1812 Cuando fue aprobada la Constitución de Cádiz (18 de marzo de 1912 y promulgada al día siguiente, día de San José), los constituyentes habían abordado casi todas las cuestiones que van a estar presentes en el liberalismo histórico español en sus largos 384 artículos, entre otros:  Principio de división de poderes  Independencia judicial  Gobierno moderado  Relaciones Iglesia-Estado  Reforma de la estructura administrativa estatal  Principio de soberanía nacional Es un texto liberal pero también un texto de transición que recoge parte de elementos del Antiguo Régimen y claramente antiliberales; como el rechazo a la libertad religiosa (Art. 12). Tampoco contiene ninguna declaración de derechos ni queda nada clara que se recoja el principio de igualdad jurídica de los ciudadanos.
Pero su esquema institucional y la fuente de legitimación en la que se base es del todo acorde con las ideas liberales: se establece el principio de división de poderes con 4 Cortes unicamerales de poder legislativo pleno y capacidad de control sobre los actos del rey; el poder ejecutivo, encarnado por este rey y sus ministros; el poder judicial, independiente en su función pero cuyo nombramiento dependía del poder ejecutivo (rey o Gobierno). La fuente de legitimidad del poder tiene unas definiciones liberales: la Nación, a la que define como “la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios”, es el sujeto esencial de la soberanía.
Esta Constitución tuvo una gran repercusión ideológica y política tanto en Europa como en Iberoamérica; pero tuvo una aplicación muy escasa. Las condiciones de guerra de su primer período de vigencia (desde su aprobación hasta el retorno de Fernando VII, dos años) no le permitieron desarrollar las instituciones previstas; y además, cuando recobró su vigencia (trienio liberal de 1820 - 1823), las condiciones de inestabilidad política permanente impidieron también su puesta en práctica.
3. Las constituciones isabelinas.
A la muerte de Fernando VII se abre un período de transición regido por María Cristina, y con una serie de gobiernos liberales moderados, aunque sin norma constitucional alguna que pudiera limitar el poder de la regente. Este período viene marcado por el desencadenamiento de las guerras carlistas, que durarán hasta el comienzo de la Restauración alfonsina; y un amplio programa de reorganización administrativa del Estado, que intentará plasmar las previsiones constitucionales de Cádiz en materia administrativa, y crear un sólido estado centralista que pudiera hacer frente a las pretensiones carlistas y a la insurgencia colonial. Esto da lugar a una tensión entre conceptos sobre la forma territorial de estado (ideas carlistas y nacionalismos periféricos, proclamación de la República federal, levantamientos cantonales) y a un dominio permanente del ejército.
Desde el punto de vista institucional este período se inicia con la regencia de María Cristina y con un ambicioso proyecto de reforma de la Administración del Estado, por medio de una serie de decretos gubernamentales por los que España se estructuró en ámbitos provinciales administrativos o provincias para la dirección política y la presentación de los servicios estatales bajo la dirección de un delegado del Gobierno central (subdelegado de fomento). Así la estructura del poder central se proyectaba sobre todo el territorio por medio de las divisiones provinciales.
También se añadió la reorganización judicial, que procuró adecuarse a la propia reorganización administrativa también bajo el criterio de una centralización supervisada en último extremo por el Tribunal Supremo. Esto supuso una auténtica transformación del Estado y una modernización de la Administración Pública.
3.1. El Estatuto Real El Estatuto Real de 4 de abril de 1834 adoptó la forma de una convocatoria a Cortes por parte de Isabel II. A este documento se le ha otorgado naturaleza constitucional, pero como mucho sólo ofreciera aspectos de alguna carta otorgada, aunque tampoco llegue a eso. Es un documento derivado de la voluntad de la reina y de difícil calificación jurídica, en el que se realiza una convocatoria de cortes para unas cortes que no existían y por eso había que crearlas. Tales Cortes debían tener dos cámaras, la de Próceres y la de Procuradores, siguiendo en parte el Estatuto de Bayona: con derecho de petición pero sin poder legislativo propio, aunque con facultades de colaboración. La soberanía, el poder legislativo y el poder ejecutivo seguían residiendo en el monarca, aunque las Cortes pudieron realizar ciertas funciones de control del Gobierno durante el poco tiempo que estuvieron funcionando.
5 3.2. La Constitución de 1873 Durante la Primera Guerra Carlista, un motín de sargentos en el Palacio de la Granja obligó a la regente María Cristina a jurar la Constitución de 1812. Esta nueva revuelta provocó un cambio de gobierno y una nueva convocatoria a Cortes Constituyentes.
Estas nuevas Cortes, dominadas por los liberales progresistas, aprobaron la Constitución de 18 de junio de 1873. Esta Constitución, claramente liberal, se presentó como una reforma de la Constitución de 1812, aunque no fue así. Aunque mantiene el principio básico gaditano de la soberanía nacional, es un texto muy diferente.
El texto incluye dos instituciones básicas: el Rey y las Cortes, y éstas se hallan divididas en dos cámaras (Congreso de los Diputados y Senado). Todo el poder ejecutivo corresponde al rey, y el poder legislativo pertenece por igual a las dos cámaras, salvo en materia tributaria, donde tiene más poder el Congreso. El rey mantiene el poder de veto (sanción regia) sobre las leyes aprobadas. El Senado se componía de aquellos miembros que el rey escogía dentro de una lista triple presentada por los electores de cada provincia (sufragio censitario o restringido); mientras que los diputados se escogían por circunscripción provincial mediante sufragio censitario directo de acuerdo con el número de escaños correspondieren a cada una de ellas (un diputado por cada 50.000 habitantes).
El texto contenía una declaración de derechos, y destacaba como marca liberal progresista el reconocimiento del derecho a la libertad de imprenta, reservando al sistema de jurados la calificación de los delitos de imprenta y la no prohibición del ejercicio de religiones distintas a la católica. La Constitución de 1837 creaba la Milicia Nacional en cada provincia como un cuerpo armado voluntario para la defensa de la Constitución y la protección de la autoridad municipal.
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