Lección 14 (2017)

Apunte Español
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura Constitucional III: Derechos y Libertades
Año del apunte 2017
Páginas 11
Fecha de subida 17/08/2017
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Lección 14: Derechos de participación política 1. Participación política y democracia Art. 1 CE Se define al estado español como un Estado democrático CONSECUENCIA: Reconocimiento de: derechos de libertad que garanticen una esfera de autonomía del individuo frente al Estado (status libertatis) + el derecho a participar en la formación de la voluntad estatal (status activae civitatis) - CONSECUENCIA del principio democrático: los poderes del Estado emanan del pueblo (art. 1.2) que aparece como sujeto de la soberanía nacional + como el autor último de la voluntad del Estado Esto se traduce en el reconocimiento a los ciudadanos de derechos específicamente encaminados a la formación de esa voluntad - Tradicionalmente en las democracias occidentales el status activae civitatis era el derecho a elegir y ser elegido a las asambleas representativas (sufragio activo y pasivo) + ocupar cargos públicos Tales derechos son también reconocidos en la CE (art. 23, 1 y 2): o Ésta manifiesta la voluntad de «establecer una sociedad democrática avanzada» y traduce tal voluntad en una extensión de la participación de los ciudadanos que va más allá de las formas tradicionales referentes a la participación en la designación de representantes políticos o Establece un mandato a los poderes públicos (art. 9.1): «facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social» o Se prevén supuestos y formas muy distintas de participación que incluyen la participación política pero que no se limitan a ésta:  Art. 48 se refiere a «la participación libre y eficaz de la juventud en el    desarrollo político, social, económico y cultural» Art. 125 prevé «la participación de los ciudadanos en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado» Art. 129.1 se refiere a las «formas de participación de los interesados en la Seguridad Social» Hay más disposiciones constitucionales que se refieren a formas de intervención, directa o indirecta, de los ciudadanos, en actividades de poderes públicos (art. 51, 105) o entidades privadas (art. 129.2).
CONSECUENCIA: Compleja variedad de formas de participación en ámbitos tanto políticos como de otra naturaleza Resultan diversos tipos de derechos que requieren una consideración caso por caso para precisar su tratamiento jurídico. Nosotros examinaremos: - Los derechos de participación electoral (derecho de sufragio activo) en órganos de representación política + el derecho a ser elegido y acceder a cargos y funciones públicas ¿Por? La regulación constitucional ha venido a proteger especialmente (art. 23 CE) las formas de participación política consistentes en elegir y ser elegido para cargos representativos de índole política así como acceder a funciones públicas (incluyendo tales formas de participación dentro de los derechos y libertades fundamentales objeto de una amplia garantía constitucional) o Las restantes formas de participación (en el ámbito profesional, económico, administrativo, etc.) previstas en la CE quedan excluidas de esa protección ¿Por? Disponen de otras garantías referentes a los sectores concretos en que tal participación se produce 2. El derecho de sufragio activo (art. 23.1 CE) De las diversas referencias al concepto de participación recogido en la CE destaca la del art. 23.1 CE Reconoce a los ciudadanos el «derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal» - Por la ubicación del precepto en el texto constitucional se configura como: o un derecho vinculante a todos los poderes públicos en virtud del art. 53.1 CE o sometido a reserva de LO a la luz del art. 81 CE o o - protegido por la cláusula del art. 53.2 en cuanto a la previsión de su protección mediante un proceso preferente y sumario ante los tribunales ordinarios y (en su caso) mediante el recurso de amparo ante el TC CONCLUSIÓN: Es un derecho exigible ante los tribunales y no sólo de un mandato al legislador Se restringe a la participación política, es decir, en elecciones a instituciones de ámbito territorial (Cortes, Asambleas Autonómicas, Corporaciones Locales) o en procesos referendarios Reduce la amplitud del derecho fundamental del art. 23.1 (no aplicable, por tanto, a elecciones «no políticas») - El precepto admite 2 TIPOS DE PARTICIPACIÓN en los asuntos públicos: o o PARTICIPACIÓN DIRECTA PARTICIPACIÓN POR MEDIO DE REPRESENTANTES (han de ser «libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal») - El concepto de sufragio universal se opone al de sufragio corporativo: se trata del sufragio atribuido a todo ciudadano en cuanto ciudadano, y no en cuanto abogado, médico, universitario, o cualquier otra calificación El sufragio universal, y la participación mediante él prevista en el art. 23.1 se refiere a entidades públicas de carácter y extensión territorial en las que participan todos los ciudadanos según categorías territorialmente definidas (según las distintas circunscripciones electorales). CONSECUENCIA: Quedan fuera de la protección del art. 23.1 otras formas de participación electiva (profesional, sindical, etc.) - El TC ha subrayado la limitación a la participación política del derecho reconocido en el art. 23.1 CE La participación representativa a que se refiere tal artículo es «en primera línea la que se realiza al elegir a los miembros de las Cortes Generales, que son los representantes del pueblo, según el artículo 66 de la Constitución, y puede entenderse asimismo que abarca también la participación en el gobierno de las entidades en que el Estado se organiza territorialmente, de acuerdo con el art. 137 CE» o El derecho del art. 23.1 se reduciría así a las manifestaciones políticas de extensión y definición territorial y en lo que se refiere a:  la participación directa (aparte de la participación por representantes)  los referéndums previstos en el art. 92 CE  las instituciones abiertas a la generalidad de los ciudadanos (Ej. iniciativa popular del art. 87.3 CE) 3. Naturaleza del derecho al sufragio activo: derecho, deber o función En los inicios del constitucionalismo el sufragio se configuraba como una función encaminada a seleccionar a los representantes de la Nación: - en su vertiente más extrema: tal concepción se traducía en una restricción del sufragio a aquellos ciudadanos «valiosos» cuya intervención pudiera aportar un elemento «cualitativo» al proceso de selección La condición de elector no coincidía con la de ciudadano ¿Por? Sólo votaban los: o cualificados económicamente (sufragio censitario) o cualificados intelectualmente (sufragio de capacidades) - Esta concepción es incompatible con la CE (configura la participación política, directa o mediante representantes, como un derecho fundamental de todos los ciudadanos) No caben restricciones al respecto debidas a la «capacidad» del individuo o Ello es compatible con la configuración de una función electoral: el ciudadano ejerce su derecho al votar (derecho a participar) y contribuye a la formación de la voluntad del Estado y al buen funcionamiento del Estado democrático o CONSECUENCIA: La participación tiene un valor objetivo (se traduce en el mandato constitucional de «facilitar la participación de los ciudadanos» (art. 9.2) Está constitucionalmente legitimado el poder público para fomentar la participación y luchar contra la abstención aun cuando ésta sea también una posible opción abierta a los ciudadanos Así es según el TC en elecciones de carácter no político La configuración del sufragio como un derecho impide que sea considerado como un deber exigible jurídicamente No cabe la penalización jurídica de la ABSTENCIÓN: - Es una actitud posible ante consultas electorales que se consideren irrelevantes o inapropiadas Puede ser una expresión de una crítica global al sistema electoral o político Es una expresión de actitudes y convicciones de corte ideológico se situaría bajo la directa protección del art. 16 CE - Esto no impide que votar constituya también una actuación imprescindible para el funcionamiento del Estado democrático Representa un deber para los ciudadanos ¿Por? Tal deber no puede resultar exigible individualmente o Según el TS: La función pública del sufragio supone que «el derecho de sufragio presente a su vez como reverso su aspecto de obligación ciudadana, sobre cuyo ejercicio descansa la entera arquitectura del sistema democrático»  El sufragio resulta «genéricamente inexcusable, aun cuando pueda ser excusado a título individual» 4. Participación directa e indirecta. Sujetos del derecho. Condiciones de su ejercicio Art. 23.1: hace referencia a 2 tipos de participación: directamente o por medio de representantes: - Se admite que la participación directa se refiere a la adopción inmediata de decisiones por los ciudadanos Reduce ese tipo de participación al: o REFERÉNDUM en sus diferentes modalidades: referéndum de reforma constitucional, referéndum consultivo y referéndum de reforma estatutaria o En su caso, al CONCEJO ABIERTO (art. 140 CE) - Arts. 68.1, 69.2 y 140 CE: establecen la elección directa de diputados, senadores y concejales: es una elección de representantes en la que se excluye su realización mediante compromisarios (la elección indirecta en 1 o varios grados) - El contenido del derecho a participar por medio de representantes no se agota en la designación de éstos ¿Por? Comprende también el que tales representantes puedan desempeñar sus funciones ¿Por? Defender el ejercicio de esas funciones comporta también defender el derecho mismo de los ciudadanos a participar a través de la institución de la representación, en los asuntos públicos o Según el TC: «la vulneración del derecho reconocido a permanecer en el cargo y a ejercerlo sin perturbaciones ilegítimas afecta también, como consecuencia, al derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes» Existe una estrecha relación entre los derechos reconocidos en los apartados 1 y 2 del art. 23 CE Art. 23.1: atribuye el derecho de sufragio activo a «los ciudadanos» pero tal atribución ha de interpretarse en relación con otros dos mandatos constitucionales: el contenido en el art. 13.2 y el que se deriva del art. 93 (en relación con las instituciones de la UE) Se configuran 2 supuestos de ejercicio del derecho del sufragio por extranjeros: - en las elecciones municipales en las elecciones a órganos de la UE En cuanto a las ELECCIONES MUNICIPALES (en concordancia con el art. 13.2 CE: «Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales» la posibilidad de reconocimiento del derecho al voto de los extranjeros en las elecciones municipales se refleja en LOREG (art. 176): «gozan del derecho de sufragio activo en las elecciones municipales los residentes extranjeros en España cuyos respectivos países permitan el voto de los españoles en dichas elecciones: y tal previsión se refiere a que ello sea «en los términos de un tratado o en el marco de la normativa comunitaria» CONSECUENCIA: Cabe la posibilidad de voto de los extranjeros en las elecciones municipales en 2 SUPUESTOS: 1) En virtud de tratados bilaterales: cuando la otra parte permita el voto de los españoles en las correspondientes elecciones municipales 2) En virtud de una normativa más amplia (dictada en el marco de la UE) que se refiere a las elecciones municipales y a las elecciones al Parlamento Europeo - Art. 22.1 del Tratado sobre el Funcionamiento de la UE: «todo ciudadano de la Unión que resida en un Estado miembro del que no sea nacional tendrá derecho a ser elector y elegible en las elecciones municipales del Estado miembro en el que resida, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado» dispondrán del derecho del sufragio activo (y del pasivo) en las elecciones municipales que se celebren en España los nacionales, residentes en España, de los países miembros de la UE.
- Por lo que se refiere a las elecciones a órganos de la UE (concretamente al Parlamento europeo) el art. 22.2 del Tratado sobre el Funcionamiento de la UE prevé que «todo ciudadano de la Unión que resida en un Estado miembro del que no sea nacional tendrá derecho a ser elector y elegible en las elecciones al Parlamento Europeo en el Estado miembro en el que resida, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado» o Art. 210.1.a) LOREG: gozarán del derecho del sufragio activo en las elecciones al Parlamento Europeo los ciudadanos de la UE que, sin haber adquirido la nacionalidad española, sean residentes en España, siempre que reúnan los requisitos exigidos a los electores españoles, y tengan derecho de sufragio activo en su Estado de origen o CONSECUENCIA: La determinación de las condiciones para ser elector y elegible a las elecciones al Parlamento Europeo escapa en este aspecto a la competencia de los poderes públicos españoles La relevancia práctica de la titularidad del derecho se hace depender en la legislación electoral española de diversos REQUISITOS como la inscripción en el censo electoral: (Art. 2.2 LOREG) para el ejercicio del derecho «es indispensable la inscripción en el censo electoral vigente» - Está claramente vinculado a la misma naturaleza del derecho al ser exigible para un correcto ejercicio una constancia fehaciente de su titularidad Puede afirmarse lo mismo de otros condicionamientos presentes en la LOREG: o o La exigencia de mayoría de edad La exclusión de los incapaces en virtud de sentencia judicial firme, así como los internados en hospital psiquiátrico con autorización judicial  o Es evidente la conexión entre la causa de la restricción (la presumible falta de capacidad de decidir sobre las opciones sometidas al elector) y la finalidad y naturaleza del derecho Más discutible es la privación de la titularidad del derecho a «los condenados por Sentencia judicial a la pena principal o accesoria de privación del sufragio durante el tiempo de su cumplimiento» (art. 3.1.a LOREG) las previsiones del Código penal ¿Por? Es dudosa su misma justificación constitucional 5. Derechos de sufragio pasivo y acceso a cargos públicos (art. 23.2 CE) El status activae civitatis no se agota en la elección de representantes Íntimamente vinculado a este derecho aparece en la historia constitucional el complementario consistente en acceder a los cargos públicos (posiciones de autoridad en que se adoptan decisiones de relevancia pública) Ello en una doble vertiente: - cargos públicos a proveer mediante elección (derecho de sufragio pasivo) funciones y cargos públicos de índole no representativa (acceso a la función pública) La CE reconoce este derecho en sus 2 dimensiones de acceso a funciones y cargos públicos, electivos o no, en su artículo 23.2: «[los ciudadanos] tienen derecho a acceder, en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes»: - Se introduce una previsión adicional respecto del derecho en cuestión en comparación con el reconocido en el 1r apartado del mismo artículo: «con los requisitos que señalen las leyes» - No viene a configurarse el contenido del derecho como aplicable directamente a todos los ciudadanos: no se trata de que cualquier ciudadano por el mero hecho de serlo tenga derecho a acceder a cualquier cargo o función pública - La CE establece un derecho de configuración legal El legislador podrá restringir el ámbito de los cualificados para optar por una función o cargo público estableciendo un conjunto de requisitos o regulando las condiciones para poder ser candidato a elecciones generales o locales Estos requisitos y condiciones podrán excluir de esas posibilidades a diversas categorías de ciudadanos si no cumplen unas exigencias específicas o Esta libertad de configuración legal se ve limitada por una exigencia: que se mantenga el principio de igualdad El contenido del derecho reconocido en el art. 23.2 CE no coincide exactamente con el principio de igualdad proclamado por el art. 14:  DIFERENCIA: No se establece en el art. 23.2 una igualdad entre todos los ciudadanos, sino entre aquéllos que cumplan los requisitos previstos por la ley La ley fija las categorías de ciudadanos a quienes se abre el acceso a funciones o cargos públicos y las condiciones que deben cumplir   Esto no supone que el legislador goce de una absoluta libertad de acción a la hora de determinar los requisitos en cuestión ¿Por? Éstos no podrán: o ser discriminadores en sí mismos (Ej. excluyendo a priori a personas de determinado sexo, raza o religión) o afectar al contenido esencial del derecho o suponer vulneración de otros artículos constitucionales CONCLUSIÓN: En cuanto al acceso a la función pública, esas condiciones o requisitos habrán de ser enunciados para que no predeterminen el resultado del proceso de selección en favor de un candidato, discriminando a quienes se encuentren en condiciones similares 6. Contenido del derecho de sufragio pasivo Art. 23.2 CE tiene una primera dimensión política: el derecho a presentarse como candidato a elecciones a instancias representativas de carácter público (las Cortes Generales) y los órganos de las entidades en que el Estado se organiza territorialmente - La jurisprudencia constitucional ha considerado que no son «cargos públicos» afectados por las disposiciones del art. 23.2 relativos al sufragio pasivo los integrantes de instituciones representativas no pertenecientes al aparato estatal o a organizaciones públicas territoriales o Según TC: El art. 23.2 «no protege el derecho de acceso, en las mismas condiciones, a cargos o funciones que no tienen la naturaleza de oficios públicos, sino de representación del personal al servicio de las Administraciones públicas ante las mismas»  CONSECUENCIA: No protege cargos representativos sindicales o corporativos o La delimitación legal prevista en el art. 23.2 se traduce en que el legislador cuente con una amplia libertad para especificar las condiciones en que ha de producirse: la elección de representantes + la proclamación de los elegidos + la efectiva toma de posesión de sus cargos  CONSECUENCIA: Según el TC: La CE no se pronuncia en favor de un sistema electoral concreto ni prohíbe cláusulas que exijan un porcentaje mínimo de votos para ser elegido (así como que los Reglamentos parlamentarios pueden imponer requisitos para la toma de posesión de los electos) En referencia a la titularidad del derecho: el art. 23.2 CE la predica (en relación con el apartado 1 del mismo artículo) de «los ciudadanos» aunque la CE exige una lectura conjunta de sus preceptos particularmente a la vista de las disposiciones del: art. 13.2 (referente a las elecciones municipales) y 93 (integración en organizaciones supranacionales).
- El art. 13.2 CE prevé la posible titularidad, por no nacionales, de los derechos de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales: o La inclusión de «y pasivo» fue el objeto de la reforma constitucional de 27 de agosto de 1992 para acomodar la normativa española a las previsiones del reformado Tratado de la Comunidad Europea CONSECUENCIA: deben extenderse al derecho de sufragio pasivo en las elecciones municipales, respecto de los no nacionales, las consideraciones efectuadas en relación con el derecho de sufragio activo no sólo en los supuestos de ciudadanos de la UE sino también en casos de acuerdos bilaterales con países extracomunitarios, que prevean la extensión del derecho de sufragio a sus nacionales residentes en España o - En cuanto a las elecciones al Parlamento Europeo la previsión del art. 22.2 del Tratado sobre el Funcionamiento de la UE (confiere la cualidad de elegible en esas elecciones en los Estados miembros de la Unión a todo ciudadano de la misma que resida en un Estado miembro del que no sea nacional) supone que tendrán derecho a presentarse como candidatos en tales elecciones, cuando se realicen en España, los ciudadanos españoles y los residentes nacionales de países integrados en la UE El contenido del derecho a ser elegido va más allá de la presentación de candidaturas y de la posterior proclamación de los electos de acuerdo con los votos efectivamente emitidos Estos 2 aspectos son relevantes: prueba de ello es el establecimiento de procedimientos específicos para su protección mediante la previsión de recursos rapidísimos ante los órganos jurisdiccionales y ante el TC para proteger los derechos a ser proclamado candidato y a ser proclamado electo en elecciones generales, autonómicas y locales: o estos particulares se expondrán al tratarse el sistema electoral o De acuerdo con la jurisprudencia constitucional: el derecho del art. 23.2 CE comprende también:   o el de mantenerse en el cargo para el que se fue elegido (durante el período correspondiente) el de ejercer las funciones inherentes a ese cargo El TC ha tenido en cuenta la forzosa vinculación entre los aspectos activo y pasivo del sufragio: el respeto del derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos por medio de representantes implica que esos representantes puedan llevar a cabo sus funciones libremente ¿Por? De lo contrario, se verían vulnerados el derecho de los representantes y el de sus representados (art. 23.1 y 2 CE).
CONSECUENCIAS A. El derecho del art. 23.2 comprende el derecho a permanecer en el cargo para el que se ha sido elegido: las únicas CAUSAS DE REMOCIÓN del mismo serán las legalmente previstas, de acuerdo con los procedimientos legalmente establecidos (habrán de corresponder a la naturaleza de la relación representativa) CONSECUENCIA: El TC ha considerado que la remoción de los representantes no puede hacerse depender de la voluntad del partido a que pertenezcan: la relación representativa se establece entre electores y elegidos el cese en un partido o la expulsión del mismo no pueden dar lugar a la pérdida de la condición de representante o La elección se configura en favor de un candidato y no de un partido político + el derecho del art. 23.2 es predicable de sujetos individuales (representantes) y no de partidos B. Comprende también la posibilidad de ejercer las funciones inherentes al cargo electivo sin que: - - se vacíe de contenido el mismo o se estorbe o dificulte la función a desempeñar mediante obstáculos artificiales o se coloque a ciertos representantes en condiciones inferiores a otros CONSECUENCIA: Supone (ej) el derecho de la minoría a participar en debates y procedimientos previos a la toma de decisiones aun cuando no puedan hacer prevalecer su opinión, los representantes integrados en las posiciones minoritarias tienen la posibilidad de que su opinión sea oída 7. Derecho de acceso a funciones públicas El derecho reconocido en el art. 23.2 CE tiene una 2ª dimensión: - Garantiza un derecho a acceder en condiciones de igualdad y en los términos que la ley prevea a funciones y cargos públicos Introduce una expresión «funciones públicas»: supone ampliar el ámbito del derecho en comparación con los términos en que lo reconoce el primer apartado del mismo artículo o El derecho de participación del art. 23.1 CE viene matizado por el requerimiento de que se trate de elecciones por sufragio universal (o consultas referendarias) limita ese derecho al sufragio activo en elecciones políticas o El art. 23.2: introduce el reverso del derecho del sufragio activo al reconocer el derecho de sufragio pasivo en condiciones de igualdad para la provisión de cargos políticos + va más allá: explícitamente extiende su ámbito a las funciones o cargos públicos a los cargos electivos y a posiciones funcionariales y asimiladas  No se introduce requerimiento alguno de que esos cargos o funciones sean de naturaleza política: «aunque en alguna decisión aislada llegó a afirmarse que este precepto, interpretado a la luz de los Pactos Internacionales sobre Derechos Fundamentales suscritos por España, hace referencia sólo a los cargos y funciones representativas a los que se llega por procedimientos electivos, una doctrina consistente, reiterada en numerosísimas Sentencias, lo entiende aplicable también a los cargos y funciones públicas».
CONSECUENCIAS:  la protección del art. 23.2 se extiende a los cargos públicos electivos y a los puestos que se cubren por procedimientos distintos de la elección (concursos, oposiciones, etc.)  quedan fuera de su protección los cargos o puestos en organizaciones que no puedan considerarse integradas en el aparato del Estado (incluyendo Municipios, Provincias y CCAA) no se considere aplicable el precepto constitucional a puestos no definibles como integrados en la función pública - a) El contenido del derecho a acceder a funciones o cargos públicos no representativos presenta peculiaridades que lo diferencian del derecho al sufragio pasivo: al remitirse el art. 23.2 a «los requisitos que señalen las leyes» se trata también de un derecho de configuración legal supone un ámbito de libertad del legislador para fijar los requisitos que han de cumplirse para acceder a una función o cargo público o también el principio de igualdad se configura como un límite a la libertad del legislador aunque esta libertad se ve cualificada adicionalmente (en lo que se refiere al acceso a la función pública) por otro precepto constitucional: el contenido en el art. 103.3: «la ley regulará ( ) el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad»  El legislador podrá restringir el ámbito de los ciudadanos que puedan acceder a la función pública: pero esa restricción solo podrá basarse en criterios de mérito y capacidad y no en otros por muy relevantes o valiosos que pudieran ser (remedio de situaciones de necesidad, compensación de tratos injustos, etc.)  En virtud de las disposiciones del art. 9.2 CE cabe una acción afirmativa por parte de los poderes públicos que favorezca el acceso a la función pública de colectivos tradicionalmente marginados, mediante la reserva a los mismos de un porcentaje o cuota de plazas en las Administraciones públicas  La justicia constitucional ha resaltado que los requisitos contenidos en la regulación del acceso a la función pública deben (a la luz del art. 23.2) responder a 2 LIMITACIONES: Que no produzcan discriminaciones en favor o en perjuicio de personas determinadas: la exigencia que deriva del art. 23.2 «es la de que las reglas de procedimiento para el acceso a los cargos y funciones públicas y, entre tales reglas, las convocatorias de concursos y oposiciones, se establezcan en términos generales y abstractos y no mediante referencias individuales y concretas ( ) pues tales referencias son incompatibles con la igualdad» Las normas para el acceso a la función pública, que regulan el proceso de selección, no predeterminen a priori el resultado de ese proceso, en favor de un individuo o grupo restringido b) Art. 103.3 CE impone que no sea exigible para el acceso a la función pública requisito o condición alguna que no sea referible a los conceptos de mérito o capacidad: otros criterios, sin tal referencia, vulnerarían la igualdad y el art. en cuestión y el derecho allí reconocido CONSECUENCIAS - El legislador se ve habilitado por el art. 103.3 CE para establecer los requisitos exigibles para el acceso a la función pública A él le compete: decidir qué requisitos son necesarios para una función determinada + establecer requisitos distintos para funciones distintas o No vulnera el derecho del art. 23.2 el que el legislador establezca unas condiciones para el ingreso en un cuerpo del Estado y otras diferentes para el ingreso en otro distinto Tales condiciones no son cualesquiera que el legislador estime convenientes: queda fuera de su capacidad de regulación establecer cualquiera de las condiciones que el art. 14 CE considera discriminatorias (sexo, etc.) + ha de establecer únicamente condiciones relacionadas con el mérito y capacidad de los aspirantes - El derecho de acceso a la función pública supone la permanencia en ella en los términos previstos por las leyes El derecho del art. 23.2 integra también el de no ser separado de la función pública más que mediante los procedimientos establecidos al efecto con carácter general.
8. El derecho de petición Como expresión del ius activae civitatis: el art. 29 CE regula el DERECHO DE PETICIÓN: - Reviste la forma de derecho de configuración legal: se ejercitará «en la forma y con los efectos que determine la ley» (29.1 CE) - La CE sólo precisa algunos elementos indisponibles del contenido y límites del derecho: o está abierto a «todos los españoles» (29.1 CE) o podrá efectuarse individual o colectivamente, si bien esta segunda posibilidad se suprime respecto de «miembros de las Fuerzas o Institutos Armados o de los cuerpos sometidos a disciplina militar» (29.2 CE) o se protege en cuanto se efectúe por escrito (29.1 CE) o En lo demás, queda sujeto a la configuración que le dé el legislador, que se prevé en 2 DIRECCIONES:   - la configuración general de la institución («en la forma y con los efectos que determine la ley», 29.1 CE) la regulación específica de las Fuerzas o Institutos Armados (29.2 CE) Es necesario distinguirlo de otras figuras aparentemente afines (Ej. instancias, quejas o reclamaciones a los poderes públicos para proteger o exigir derechos subjetivos o intereses legítimos) o Se configura como una figura residual: en otras épocas pudo aparecer como un arma fundamental para que los ciudadanos planteasen sus reivindicaciones, instancias o quejas a los poderes públicos (a la Corona) el desarrollo de procedimientos específicos de defensa de derechos e intereses (recursos administrativos y contenciosoadministrativos), pero fue relegando el derecho de petición a una posición secundaria  CONSECUENCIA: en el ordenamiento español actual la protección de derechos subjetivos e intereses legítimos se lleva a cabo mediante mecanismos distintos a los que provee el derecho de petición el instrumento fundamental para esa protección es el que provee el art. 24 CE: LA TUTELA JUDICIAL  CONSECUENCIA: El derecho de petición se perfila como un derecho referido a materias de tipo graciable o discrecional y no a pretensiones fundadas en Derecho que disfrutan de una protección más enérgica - Posiblemente, esta reducida importancia práctica explique el tardío desarrollo normativo del derecho, pese a la remisión constitucional la legislador o La norma básica al respecto es la LO 4/2001 de 12 de noviembre, Reguladora del Derecho de Petición: establece las líneas maestras del desarrollo del derecho  La jurisprudencia del TS ha complementado esta regulación al estimar que: la Administración está obligada a contestar a las peticiones deducidas por los ciudadanos + tal respuesta constituye una actuación administrativa sometida a revisión jurisdiccional  Por lo que se refiere a otros poderes públicos: el art. 77 CE establece una previsión paralela a la del art. 29: dispone que «las Cámaras podrán recibir peticiones individuales y colectivas, siempre por escrito»  Los Reglamentos de las Cámaras prevén también que puedan dirigirse peticiones a los órganos legisladores, estableciéndose las correspondientes comisiones en el Congreso y el Senado: o En el Senado: la Comisión de peticiones puede elevar mociones al pleno de la Cámara, en virtud de las peticiones presentadas.
 En la normativa de las CCAA también se prevé en los Reglamentos de las correspondientes Asambleas y reflejando usualmente prescripciones estatutarias el ejercicio del derecho de petición - En referencia a la prohibición constitucional de peticiones colectivas por miembros de las Fuerzas Armadas: el ejercicio del derecho en este aspecto se halla regulado en la Ley de Régimen de Personal de las Fuerzas Armadas - El ejercicio del derecho de petición puede tener una dimensión supranacional: el Reglamento del Parlamento Europeo dedica su Capítulo XIV a la regulación del ejercicio del derecho de petición ante el mismo, estableciendo la correspondiente comisión ...

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