Tema 13 (2012)

Apunte Español
Universidad Universidad de Málaga
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura Derecho civil I
Año del apunte 2012
Páginas 10
Fecha de subida 29/04/2016
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TEMA 13: LOS DERECHOS DE LA PERSONALIDAD 1.
CONCEPTO Y CARACTERES La doctrina habla tanto de los derechos de la personalidad como de bienes de la personalidad. Están tan unidos, que ambos son adecuados. Se trata de derechos inherentes que nacen con la propia persona.
La persona tiene una dimensión superior en la que se estudian estos derechos. Cuando hablamos de derechos de la personalidad hablamos de ese conjunto de derechos que pertenecen y que son inherentes a la persona y precisamente por ello significa que pueden ser vulnerados. La persona se puede ver lesionada, agredida. Por ello surge ese ámbito de protección.
El artículo 1902: el que por acción u omisión causare un daño a otro… El fundamento último de estos derechos se encuentra recogido en el artículo 10 Constitución. Que hace referencia a la dignidad de la persona.
La CARACTERÍSTICA fundamental es su preeminencia personal, que se traduce en la inherencia jurídica de la persona: no puede sr despojada de esos derechos.
La doctrina española añade una serie de caracteres: - - - 2.
Son derechos innatos, que se adquieren por el hecho de nacimiento.
Se adquieren sin ningún tipo de formalidad.
Son derechos subjetivos privados, porque garantizar a su titular el disfrute y la protección frente a terceros, frente a posibles intromisiones de esos terceros.
Son derechos absolutos o de exclusión, porque son oponibles erga omnes, generan eficacia frente a todos.
Son inherentes a la persona, por lo que se consideran extrapatrimoniales: no se puede comerciar con ellos.
Son intransmisibles.
Son indisponibles e inalienables, tal como recoge la Ley Orgánica de 5 de mayo de 1982. Cuando hablamos de indisponibilidad hay que hacer una matización, puesto que se puede hablar de la disponibilidad parcial de ciertos derechos.
Son irrenunciables. La renuncia a la protección que dispensa la ley va a ser nula.
Son imprescriptibles. Significa que no tienen un plazo de ejercicio determinado, por tanto son continuos. No obstante, hay algunas excepciones porque las acciones de protección frente a intromisiones ilegítimas tienen un plazo de caducidad de 4 años desde que la persona pudo ejercitarlas.
Son inexpropiables e inembargables.
No son susceptibles de acción subrrogatoria: artículo 1111 Código Civil. El acreedor al que le debe una deuda no puede colocarse en la situación del sujeto para ejercitar acciones personales y recuperar ese dinero.
LA TUTELA DE LOS DERECHOS DE LA PERSONALIDAD La infracción de los derechos de la personalidad puede dar lugar a su corrección por diversas vías: a) b) c) La infracción del deber de respeto a la persona y la lesión de algunos derechos de la personalidad se tipifican en ocasiones por el Código penal. Por ejemplo, el homicidio, como lesión del derecho a la vida; las detenciones ilegales, como violación del derecho a la libertad personal. Además de producir la imposición de una pena, acarrea una determinada responsabilidad civil (obligación de reparar el daño causado). La mayor parte de los delitos contra los derechos de la personalidad son perseguibles de oficio y la acusación corresponde al Ministerio Fiscal.
Existe una tutela civil de los derechos de la personalidad que corresponde a los Tribunales civiles. Pueden ejercitarse las acciones de resarcimiento de los daños causados, otorgándole al sujeto el derecho a obtener una reparación.
El daño puede ser tanto material como moral. Es de tipo moral cuando la lesión recae sobre un bien de orden personalísimo o afectivo, espiritual o sentimental. Una misma lesión puede da lugar también a ambas clases de lesiones. La reparación del daño moral se logra a través de una compensación pecuniaria, de libre apreciación por el juzgador.
Son aplicables a los derechos de la personalidad las vías de protección de los derechos fundamentales que la Constitución reconoce, cuando aquellos sean de esta última especie. Tal protección se lleva a cabo por el mandato del artículo 53.2 de la CE.
1 3.
LOS DERECHOS DE LA PERSONALIDAD EN LA ESFERA CORPORAL: LA VIDA Y LA INTEGRIDAD FÍSICA. NORMATIVA SOBRE TRANSPLANTE DE ÓRGANOS.
 DERECHO A LA VIDA: derecho primario, fundamento del ser humano, de todos sus bienes y derechos. La jurisprudencia constitucional ha precisado realmente que el derecho a la vida que aparece recogido en el artículo 15 Constitución, no garantiza un derecho a la muerte, aunque la ley es cierto que no lo prohíbe. Fundamental es la STC 53/1985 de 11 de abril.
Matizaciones: - Indemnización que genera la pérdida de una vida: hay dos posiciones: o La Sala de lo Penal del Tribunal Constitucional entiende que esa indemnización la van a recibir los familiares de esa persona que ha fallecido en concepto de herederos. No tienen que justificar si se han visto perjudicados o no.
o La Sala de lo Civil, habla de perjudicados en torno a perjuicios morales o materiales ocasionados a la víctima de los que son herederos. Por tanto, no se trata de una cantidad que se ingrese en el patrimonio del fallecido y ahora pase a otro como heredero, sino que la persona lo reclama por los daños y perjuicios.
- La voluntad del titular en relación al derecho mismo: ¿hasta dónde puede una persona disponer de su vida? La regla general es que no se admite que el individuo pueda, en principio, disponer o decidir poner fin a su vida.
STC 120/1990 de 17 de junio, que dice que el derecho a la vida tiene un contenido de protección positiva que impide configurarlo como un derecho que incluya el derecho a la muerte. Matizaciones: o o o Es el artículo 143 CP, que castiga la inducción o cooperación al suicidio, y la eutanasia.
Ese derecho a la vida se va a ver a veces vulnerado, por ejemplo, por una asistencia coactiva médica.
Una persona puede llegar a disponer de su propia muerte, porque no es un acto prohibido, y esta apreciación es la que abre la posibilidad para dar entrada al otro derecho fundamental que es el de la libertad a decidir sobre su propia vida.
 Documento de voluntades anticipadas: se trata de un documento en el que una persona deja escrito cómo quiere que sea su vida cuando él pierda el raciocinio y no pueda decidir por sí mismo. También se denomina testamento vital. Son una especie de instrucciones, que pueden ser revocables en cualquier momento.
 La asunción voluntaria e incluso mediante contraria de actividades que ponen en peligro la vida. El acuerdo puede ser revocado, pero esa revocación puede ocasionar efectos: ej. indemnización: si la persona firma un contrato en el que asume un riesgo, por ejemplo, por su profesión, si después se arrepiente puede dar lugar a una indemnización.
 DERECHO A LA INTEGRIDAD FÍSICA: En el 157 C.P se habla del delito de lesiones. En Derecho Civil la reacción fundamental va a ser la indemnización (1902). El problema más significativo es la capacidad de la persona de disponer de su propio cuerpo.
o La regla general no lo permite, pero existen excepciones cuando se dan casos, requisitos, que justifican la intervención física, la modificación del cuerpo.
o Así la regla específica sería la disponibilidad. Es posible la disposición del cuerpo en beneficio propio o ajeno (d.
integridad física por razón de orden terapéutico en el supuesto de donación de órganos, tejidos o fluidos corporales).
Esto se encuentra en la ley de 27 de octubre de 1979 y desarrollado en el RD 2070/1979. En su momento fue una ley moderna, innovadora, y sigue siéndolo.
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En su artículo 2 se recogen los principios básicos de la ley (altruismo, anonimato, voluntarismo, gratuidad y ausencia de ánimo de lucro). Su característica esencial es la confidencialidad. Sin embargo, esto no impide que a modo de prevención el centro se reserve los datos personales de las partes.
Se prohíbe la publicidad en beneficio de personas concretas.
No se puede recibir remuneración, evitándose el tráfico de órganos.
Se prohíbe hacer publicidad sobre la necesidad de un órgano o tejido y sobre su disponibilidad. No se va a exigir al receptor precio alguno por el órgano trasplantado.
Cuando hablamos de DONANTE tenemos que diferenciar entre el fallecido y el vivo.
2 A. El artículo 9 y 4 de dicha ley hace referencia a los requisitos del DONANTE VIVO.
1.
En el artículo 4 se recoge el requisito de la mayoría de edad, aunque por el RD 411/1996 se regulan las actividades relativas al uso de tejido humano distinto de los órganos por el que se permite a los menores ser donantes de residuos quirúrgicos, médula ósea, etc. pero si se dan los siguientes requisitos: - Existe relación entre donante y receptor.
- Si el menor es oído.
- Si los padres lo autorizan.
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3.
Otro requisito es que el donante goce de plenas facultades mentales.
El donante tiene que otorgar consentimiento de manera expresa, libre y consciente, ante la autoridad por escrito (ante el juez del registro de la localidad). El artículo 9 del RD añade que tampoco pueden donar los menores aunque lo hayan consentido los padres.
El documento por el que se realiza la cesión se ha de firmar por el donante, médico y demás asistentes.
Entre la firma del documento y la realización del trasplante tiene que mediar 24 horas por si existe revocación del donante.
El destino del órgano está determinado.
No se permite el trasplante si media cualquier tipo de compensación.
El caso de donación por donantes vivos ha de llevarse a cabo en los centros habilitados.
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B. En cuanto al donante fallecido, se regula en el artículo 5 y 10 de la ley: 1.
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La persona no puede haberse opuesto expresamente a la extracción tras su muerte. Hay una presunción táctica de consentimiento si no consta expresamente la oposición. Si se trata de menores de edad, pueden oponerse los que tenían su tutela o patria potestad.
La extracción se realiza tras un informe médico, tras el cese irreversible de las funciones cardio-respiratorias y encefálicas.
Entre los médicos que realizan la extracción ha de encontrarse un neurólogo, un cirujano y el jefe médico.
Antes de proceder a la extracción, la persona que realiza la extracción ha de comprobar que se dan todos los requisitos expuestos.
Junto a ésta ley encontramos 14/2007 de 3 de julio de Investigación biomédica y la de 20 de diciembre de 1990, la ley de medicamento y ensayos químicos.
 DERECHO A LA LIBERTAD: El reconocimiento de este derecho aparece en el artículo 17 y es una consecuencia del artículo 10 (CE). El legislador, cuando alude al derecho de libertad, quiere extender su libertad a cualquier tipo de libertad (personal, ideológica, espiritual, de expresión...). El TC ha ido cambiando su posicionamiento respecto al derecho a la libertad, sobre todo en el ámbito de derecho honor-derecho de información).
Estos derechos aparecen regulados en LO 1/82 de 5 de mayo de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. En su artículo 1 dice que este derecho fundamental aparece garantizado en el artículo 18 CE. La ley 1/82 realiza un tratamiento unitario de estos derechos fundamentales irrenunciables, inalienables e imprescriptibles.
 DERECHO AL HONOR - Desde el punto de vista objetivo, hablamos de buena fama, reputación, etc.
- Desde el punto de vista subjetivo, cuando hablamos de honor, hablamos de la conciencia que tenemos de nosotros mismos. Es la propia estima.
El concepto de intimidad es el reconocimiento del individuo de una esfera privada, exclusiva y excluyente. El de la imagen tiene dos aspectos: - Negativo: otorga a la persona la posibilidad de prohibición a terceros de divulgar o distribuir su imagen sin su consentimiento.
Positivo: es la posibilidad de reproducir su imagen, publicarla y comerciar con ella.
3 La ley 1/82 protege civilmente frente a todo tipo de intromisiones ilegítimas. En su artículo 9 el legislador se encarga de las medidas para tutelar este derecho (medidas cautelares):     Medidas dirigidas al cese de la intromisión ilegítima.
Se reconoce el derecho a replicar.
Se habla de la difusión de la sentencia.
La condena a la indemnización por los daños causados.
A. Tratamiento legal de estos derechos   Desde un punto de vista positivo: - Vulneración del derecho al honor: es la divulgación de hechos relativos a la vida privada de las personas que afectan a su reputación y a su buen nombre. En este caso esta divulgación de estos hechos es va a llevar a cabo a través de una serie de circunstancias: 1.
Publicación a través de cualquier medio.
2.
Se ha de dirigir a hechos referentes a la persona, no a cosas.
3.
Esos hechos han de ser lesivos a la reputación de la persona.
4.
Los hechos han de ser falsos, y si son verdaderos, que afecten concretamente a la espera más intima del afectado.
- Vulneración de la intimidad: cuando se produce una intromisión en la vida privada de la persona o en la vida privada de la familia. Se lleva a cabo a través de: 1.
Emplazamiento de tecnología para escribir o escuchar.
2.
Utilización de esos aparatos para esos fines.
3.
Divulgación de esos hechos que afecten a la vida privada y a la reputación de la persona o de la familia.
4.
Divulgación de datos privados de una persona o de su familia.
- Vulneración del derecho a la propia imagen: La doctrina realiza un doble tratamiento: 1.
Entendido como derecho material. Faculta al titular a prohibir a un tercero el acceso a su imagen en lugares o en momentos de su vida privada (art. 7,5 y 8,2 de LO 1/82).
2.
Entendido como derecho patrimonial. Atiende al aspecto comercial de la imagen (7,6 LO 1/82).
Desde el punto de vista negativo:  Con carácter general: El artículo 8 dice que no se considera intromisión ilegítima con carácter general estas situaciones: 1.
No se entiende que hay intromisión ilegítima por actuaciones autorizadas o acordadas por la autoridad competente de acuerdo a la ley.
2.
No hay intromisión ilegítima cuando estos derechos se lesionan pero predomina un interés científico o cultural relevante.
 Con carácter particular: 1.
No cuando se trata de personas que tengan un cargo público, o ejercen un cargo de notoriedad y la imagen se capte en un acto público o lugar público.
2.
No es intromisión ilegítima el uso de una caricatura de acuerdo con el uso social.
3.
No es la información gráfica sobre un asunto o cuando la imagen de esa persona aparece como accesoria.
 Desde el punto de vista funcional: Se encuentra en el artículo 2 de la LO 1/82. Hace alusión a que esta protección quedará circunscrita por la ley y por los usos sociales. Hay una triple delimitación: de las leyes, usos sociales y el consentimiento.
Podemos decir que el límite de estos derechos de libertades de expresión y de información, lo encontramos en el artículo 20.4 CE (derecho honor, intimidad y propia imagen). Pero la jurisprudencia ha ido cambiando. Partiendo de un carácter preferente de la libertad de expresión y de información, ha ido variando, debido a varias teorías para averiguar qué derecho prima sobre otro.
4  LIBERTAD DE INFORMACIÓN: la información ha de recaer sobre hechos veraces, y ahí es donde está el límite. Este derecho tiene una doble vertiente: el derecho a emitir la información, y a recibir una información veraz.
La libertad de expresión se basa en pensamiento, ideas, creencias y opiniones. Ya no se habla de veracidad, el límite se encuentra en lo necesario o innecesario de lo dicho.
1.
CONFLICTO DERECHO HONOR Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN: El derecho al honor supone un límite a la libertad de expresión, aunque eso no significa que siempre prevalece el honor en los conflictos entre ambos.
El Tribunal Constitucional, sin embargo, siempre tomando como base una serie de sentencias, dio prevalencia a la libertad de expresión e información, pensando fundamentalmente en los medios de comunicación tengan ese margen de crítica para poder formar libremente la opinión pública. No obstante, los hechos han de ser veraces y tienen que versar sobre personas públicas.
 En los casos en los que se apoya el Tribunal Constitucional, distinguimos 3 argumentos fundamentales: - Elemento del funcionario público.
- La temeraria despreocupación sobre la falsedad de lo manifestado. Los hechos, a diferencia de las creencias, tienen un límite, que es la veracidad.
- Distinción entre los hechos que están sujetos a la calificación de verdaderos o falsos y opiniones o creencias.
 El Tribunal Constitucional va resolviendo los conflictos utilizando varias teorías.
- Uno de los métodos es el del balancín: es el principio de ponderación de los bienes o derechos, analizando si se encuentran en un plano de igualdad, si hay prevalencia de alguno y cuál tiene que ceder.
- La doctrina del reportaje neutral: en base a esta doctrina se defiende que no existe intromisión ilegítima al derecho al honor si la información se limita a reproducir fielmente afirmaciones proferidas por terceras personas. Ej. el director de un periódico queda indemne, tan solo es responsable de la veracidad, pero será la otra persona la responsable de la declaración.
 El Tribunal Constitucional argumenta que: - El derecho a la información tiene carácter prevalente cuando cumple una función de formación de la opinión pública.
- Sin embargo, cuando se utilicen expresiones innecesarias y atentatorias contra el honor, se produce una pérdida del interés general sobre esa información, y por tanto prevalece el derecho al honor, y cede el derecho a la libertad de expresión.
a) El derecho al honor prevalece:  Cuando los hechos carezcan de interés general.
 Cuando aún tratándose de hechos y opiniones de interés general, se falte a la veracidad y contenga informaciones innecesarias.
b) La prevalencia del derecho de información va a depender básicamente de dos elementos fundamentales: - De las personas que intervienen: pública o privado.
o Regla general: Sobre la persona pública, el Tribunal Constitucional, afirma que al haber asumido esa condición, asume también un riesgo de posible lesión del derecho a la intimidad, al honor, de imagen, etc. Según el artículo 8 de la LOTC, persona pública es aquella que ejerce un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública.
o Excepción: Esa línea marcada por el Tribunal Constitucional, se ha ido depurando, especialmente en supuestos en los que se han divulgado hechos íntimos que van a producir un descrédito en esa persona.
o También si se trata de una persona privada pero los hechos divulgados poseen interés general, la lesión al honor cede ante la libertad de información y expresión.
- Del asunto que se trate: de interés general o no.
STC 171/0990, de 12 de noviembre ***** la Constitución no ampara a la persona que difunde hechos falsos. Sin embargo, es posible que esa información esté protegida por la Constitución: 5  Cuando se haya probado que ha exigido un mínimo de diligencia en la comprobación de los hechos que se están trasmitiendo.
 Cuando no se actúa con manifiesto desprecio a la verdad.
2.
CONFLICTO DERECHOS LIBERTAD IMAGEN Y LIBERTAD DE INFORMACIÓN: el tema está ampliado en el artículo 8, y ha sido interpretado de manera muy amplia por la STC 26 de noviembre de 1984, en la que hace suya una doctrina del Tribunal Supremo, dice que la ley solo podrá autorizar las intromisiones por imperativo de interés público exigiendo para que el derecho a la imagen ceda ante otro derecho, la existencia de un interés público.
La propia imagen no va a impedir la captación y grabación de imágenes si se trata de una persona pública, en un lugar público y en un acto público.
Protección post mortem de estos derechos: podemos decir que al morir las personas, se extinguen estos derechos, pero su memoria está protegida. Los que están legitimados para actuar después de la muerte de una persona que se ha visto agredida en cualquiera de estos derechos: - 4.
En primer lugar, la persona designada por el fallecido en su testamento: puede ser física o jurídica.
En defecto de designación, o cuando la persona designada ha fallecido, se encargarán los cónyuges, descendientes, ascendientes y los hermanos de la persona que vivan al tiempo del fallecimiento.
Cuando sobrevivan varios de los parientes, o cuando varios hayan sido designados en el testamento, cualquiera de ellos puede llevar a cabo el ejercicio de estas acciones.
A falta de todos ellos, el Ministerio Fiscal podrá actuar de oficio o a instancia de parte, de cualquier persona interesada, en un plazo no superior a 80 años.
Cuando el titular del derecho fallezca sin haber podido ejercitar las acciones que la ley prevé, estarán legitimadas las personas señaladas en el artículo 4, que son las mismas que van a poder continuar con la acción entablada por el titular.
LOS DERECHOS DE LA PERSONALIDAD EN LA ESFERA ESPIRITUAL. EL DERECHO A LA IDENTIDAD PERSONAL: EL NOMBRE. LA PROBLEMÁTICA DE LA TRANSEXUALIDAD. DERECHOS AL HONOR, A LA INTIMIDAD Y A LA PROPIA IMAGEN. EL TRATAMIENTO AUTOMATIZADO DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
Tratando primeramente el tema de la TRANSEXUALIDAD, este tema se liga forzosamente a los nuevos modelos de familia que están surgiendo y a su necesidad de regulación. Para comprender tal controversia es necesario hacer un recorrido por los planteamientos y resoluciones dados durante los últimos años en torno al tema en función de los cuales se sustenta la posición y regulación actual: A. Por persona transexual se entiende, según la definición de la Asamblea del Consejo de Europa, aquella persona que sufre un síndrome que tiene como característica una doble personalidad, física y psicológica, a la vez que tal profunda convicción de pertenecer al sexo distinto le lleva a pedir que se realicen las correcciones correspondientes en su cuerpo.
Una vez sometido el transexual al tratamiento quirúrgico y hormonal, se le permitirá la rectificación de sexo en el Registro civil por la vía judicial ordinaria. El problema se plantea, por tanto, cuando el transexual pretende ejercer el ius connubii. La jurisprudencia del TS negaba tal posibilidad, ya que la rectificación registral del sexo solo afectaría al cambio de nombre y no a otros actos. A ello encontramos ejemplos en sentencias como la de 2 de octubre de 1991 B. Sin embargo, la DGRN rechazaría también este derecho del transexual sobre la base de que ambos participan biológicamente del mismo sexo, existiendo un vicio en el consentimiento matrimonial regulado en el artículo 73 C.c. por defecto en el entendimiento de la condición del pretendido cónyuge.
A partir de 2001 este planteamiento cambia sustancialmente partir de tres resoluciones donde se reconoce la plena identidad sexual a las personas transexuales a partir de la negativa del Registro Civil a celebrar el matrimonio de un transexual. Los argumentos que dan base a ello fueron:  Si el artículo 10.1 Ce referente al libre desarrollo de la personalidad legitima el cambio de sexo mediante tratamiento y operación quirúrgica, es oportuno también considerar la posibilidad de contraer matrimonio, ya que si no se estaría dando entrada a un tercer sexo poseedor de ciertos derechos y carente de otros.
6 C.
 Se niega la necesidad de existir diferencia de sexo biológico como requisito para contraer matrimonio.
 Se rechaza el vicio de consentimiento en función de la condición del transexual de uno de los contrayentes.
 Se llega a la conclusión que obtenido el nuevo sexo por vía legal, ha de extenderse el derecho a contraer matrimonio al igual que otro sujeto del mismo sexo.
Este pronunciamiento ha sido ratificado por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos adoptando lo dispuesto en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, viendo inadecuado que se permita por parte de los Estados el cambio de sexo, incluso financiándolo, y no el ejercicio y desarrollo de su nueva identidad en todos los ámbitos que le afectan tales como el matrimonio. Supondría negarles el derecho a contraer matrimonio recogido en el artículo 12 del Convenio. Sin embargo, esta simpatía con la situación de los transexuales no se había visto hasta el momento muy protegida por este Tribunal, ya que a falta de consenso europeo en dicho tema sus resoluciones han sido muy ambiguas. Es a través de esta sentencia donde se abandona totalmente el concepto de matrimonio como unión entre personas del sexo opuesto.
D. Es lógico tenemos en cuenta el razonamiento anterior que si en nuestra jurisprudencia se acepta en relación con las parejas heterosexuales la protección de las familias no unidas por matrimonio y se rechaza la capacidad de procreación como elemento esencial del matrimonio, que se apliquen los mismos criterios a parejas homosexuales o con miembros transexuales.
Ello se debe en parte a la aprobación de la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el C.c. en materia de derecho a contraer matrimonio, donde se reconoce este derecho a las personas del mismo sexo biológico. El artículo 44 C.c. queda redactado de la misma forma: “El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”.
A su vez el tema se termina de afianzar con la Ley 3/2001, de 15 de marzo que permite a los españoles mayores de edad la rectificación registral de su sexo y cambio de nombre mediante expediente gubernativo. Asimismo se necesitara de informe que indique el tratamiento del sujeto al menos durante dos años.
Se requerirá dictamen médico o psicológico que diagnostique disforia de género y ausencia de trastorno de personalidad. La disforia de género o síndrome de Benjamín es el término técnico con el que se designa algún grado de disconformidad entre el sexo asignado al nacer y el percibido como propio. La enorme mayoría de las personas se identifica y siente como propio el sexo genital o biológico de asignación, pero debido a la diversidad humana hay un grupo minoritario que sufre esta disfunción.
De este modo a partir de la rectificación registral se le permitirá al transexual ejercer todos los derechos inherentes a su nueva condición sexual.
En torno al tema de la HOMOSEXUALIDAD, este colectivo discriminado por motivos culturales, religiosos y morales durante épocas es cada vez más reconocido y todo ello a la legitimación de varios artículos de la CE: 9.2, 10.1, 14 y 18, todos ellos derechos fundamentales de la persona. La base a ello se encuentra en el derecho a la libertad e intimidad del artículo 18 y el derecho a la igualdad y a la no discriminación del 14 CE.
a.
El artículo 18 CE sigue el mismo sentido el TEDH, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la jurisprudencia norteamericana al señalar que la discriminación de las relaciones homosexuales supone vulneración al respeto de la vida privada. La interpretación de estos artículos y varias sentencias del TC (SSTC 231/1998; 117/1994; 151/1997) dan a entender que dicho artículo 18 respetará la intimidad de dichas relaciones y, por privada, entendemos la expresión de la homosexualidad únicamente como actividad íntima dentro del seno personal y familiar, no tolerándose en el ámbito externo y vulnerándose el artículo 10 CE. Por tanto nuestra CE no se adecúa en el planteamiento que dan los demás ordenamientos internacionales.
Sin embargo, esta mera tolerancia de la homosexualidad en el ámbito privado ha ido ampliándose y reconociéndose en todos los planos de la vida personal afectando, por tanto a su regulación y tratamiento por la jurisprudencia:   Tenemos a partir de 1992 un principio de protección del conviviente perjudicado en el caso de la ruptura de una pareja de hecho homosexual por muerte o por ruptura. Es un intento de equiparación al matrimonio heterosexual.
Sin embargo esta plena equiparación llega con la Ley 13/2005, de 1 de julio, donde se les reconoce a estas parejas el ius connubii en las condiciones del artículo 32 CE.
7 b.
Estas reformas y cambio de mentalidad ha dado lugar a posiciones contrarias y enfrentadas que defienden sus posiciones en base a los siguientes argumentos:  Los más hostiles a este reconocimiento se apoyen en textos como el Dictamen del Consejo de Estado de 2004, opuesto a la regulación de este modelo de convivencia por entender que el artículo 32 CE no ampara más que el matrimonio entre hombre y mujer. Además ven en los textos internacionales un fundamento a una no discriminación a las parejas de distinto sexo, pero no en ello una legitimación al matrimonio homosexual. Igualmente deducen del artículo 14 CE se aboga por un criterio de no discriminación entre marido y mujer, y no en la no discriminación entre diferentes formas de matrimonio.
Los más liberales se apoyan en la propia Ley 13/2005, ya que el propio cambio de mentalidad de la sociedad ha legitimado la creación de esta ley contribuyendo al desarrollo de la plena personalidad. Además esta ley encuentra apoyo en el ámbito internacional en resoluciones del Parlamento Europeo desde el cual se insta a la lucha contra la discriminación de los homosexuales.
 No observan en el mismo sentido que el grupo anterior la interpretación del artículo 32 CE ya que, si se trata de consagrar la igualdad jurídica trata de evitar el no acceso al matrimonio de todas las personas, da igual la forma en que sea. No consideran que la heterosexualidad sea un elemento necesario que imponga el artículo 32. A su vez su planteamiento se ve más reforzado a partir de la desaparición de la dimensión procreativa entre los requisitos del matrimonio, por lo que se observa una plena admisión del matrimonio homosexual.
EL DERECHO MORAL DE AUTOR   Es una manifestación del derecho a la libertad de expresión y de información.
La Constitución lo acoge en el art. 20.1.b., como “el derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica”, y como una concreción del derecho a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones Se recoge expresamente en el Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual aprobada por R.D. Legislativo 1/96, 12 de abril.
Queda protegida la propiedad intelectual del autor, por el mero hecho de la creación, y regula el derecho moral integrado por una serie de facultades inherentes a la persona del autor, a las que considera inalienables, irrenunciables, e imprescriptibles.
  Estas facultades son: (Vid. art. 14 LPI) 1.
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Decidir si la obra ha de ser divulgada y en qué forma.
Decidir si se publica de forma anónima, bajo seudónimo, o con su nombre.
Exigir el respeto de su condición de autor.
Modificar la obra respetando los derechos adquiridos por terceros.
Exigir el respeto a la integridad de su obra.
Retirar la obra por cambio de convicciones intelectuales o morales.
Acceder al ejemplar único y raro de la obra, cuando se halle en poder de otro, a fin de ejercitar el derecho de divulgación o cualquier otro que le corresponda.
  Se reconoce al autor el pleno derecho a la disposición y explotación de su obra.
Duración: Regla general.- 70 años (art. 15) Especialidades: A. El derecho a decidir si la obra ha de ser divulgada y en qué forma corresponde a las personas designadas especialmente en la declaración de última voluntad (Sucesión testada). En su defecto, el ejercicio corresponde a los herederos. La duración será de un plazo de 70 años desde la muerte o declaración de fallecimiento. Si no existe ninguna de estas personas, el Estado, la CCAA, corporación local, o instituciones de interés público serán los encargados de ejercitar dicha acción.
B. Exigir el reconocimiento de su condición de autor y exigir el respeto a la integridad de su obra.- su duración es “ilimitada”.- Pasan a sus herederos y permanecen durante toda la vida desde el fallecimiento del causante.
C. Los demás: se extinguen con la muerte del causante.
 Transmisión: A. Es intransmisible inter vivos.
B. Es irrenunciable C. Es transmisible mortis causa: (art. 14.3 y 4.- ilimitado; art. 14.1.- 70 años; art. 24.1 y 3.- 70 años) 8 EL TRATAMIENTO AUTOMATIZADO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL A. INTRODUCCIÓN El art. 18 de la Constitución española dispone que “la ley limitará el uso de la información para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos, y el pleno ejercicio de sus derechos”.
El Tribunal Constitución en Sentencia 254/1993 de 20 de julio ha establecido lo siguiente: a) la existencia, con fundamento en el art. 18.4 CE., de un derecho a obtener información en relación con los ficheros automatizados dependientes de la Administración Pública.
b) Toda la información que las Administraciones Públicas recogen y archivan deben ser necesarias para el ejercicio de las potestades que les atribuye la ley, y adecuada para las legítimas finalidades previstas en ellas.
Esta materia está regulada por la L.O. 5/92, de 29 de octubre, de regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal., desarrollada por el RD. 1332/1994, de 20 de junio. Más adelante se produjo la adaptación a la Directiva 95/46/CE; y fruto de esa adaptación es la actual Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de carácter personal, desarrollada por el RD. 1720/2007, de 21 de diciembre. A esta normativa hay que añadir la Ley 32/2003 de Telecomunicaciones, y en el ámbito europeo, el Reglamento 45/2001, de 18 de diciembre.
B. OBJETO DE LA LEY Dispone el art.1 de la LOPDCP que el objeto de esta Ley es: “garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor, intimidad personal y familiar”.
De este precepto y de otros se deduce configuración de un nuevo derecho de la personalidad (el derecho a la autodeterminación informativa). Este derecho otorga al titular del mismo, la posibilidad de prohibir a terceros, el tratamiento automatizado de datos personales. Esto es, aun no siendo datos que afecten a la intimidad o al honor, no pueden recibir un tratamiento automatizado sin nuestra voluntad.
C. AMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY Establece el art. 2 de la Ley que la misma será aplicable a “los datos de carácter personal registrados en soporte físico…y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores público y privado”.
En dicho precepto, además, se establecen unos criterios de inclusión y otros de exclusión del ámbito de aplicación de la Ley.
D. PRINCIPIOS DE PROTECCIÓN DE DATOS 1.
Calidad de los datos.- Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento automatizado, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos, en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido. Se garantiza la veracidad de los datos, su cancelación cuando ya no sean necesarios o pertinentes para la finalidad para la que se obtuvieron. Los datos serán almacenados de forma que permitan el ejercicio del derecho de acceso, salvo que sean legalmente cancelados. Se prohíbe la recogida de datos por medios fraudulentos, desleales o ilícitos.
2.
La ley garantiza el derecho de información para los interesados a los que se les soliciten los datos personales. Estos, deberán ser informados de manera expresa, precisa e inequívoca.
De la misma forma en el art. 5 se establece como se procederá a darle viabilidad a este derecho de información: comunicación sobre la existencia e ficheros o tratamiento de datos, sobre el carácter obligatorio o facultativo de la respuesta a las preguntas; de las consecuencias de la obtención de datos, o de la negativa a suministrarlos; de la identidad y dirección del responsable del tratamiento; de la posibilidad de ejercitar los derechos e acceso, rectificación, cancelación y oposición.
Toda esta información se ha de suministrar aún cuando los datos no hayan sido recabados del interesado.
3.
Consentimiento del afectado. (art. 6)- En este sentido, es preciso el consentimiento del interesado (afectado), salvo que la ley disponga otra cosa. Dicho consentimiento, tal y como establece el art. 6 de la mencionada Ley, es revocable, siempre que exista justa causa y no se le atribuyan efectos retroactivos.
En los casos en los que no sea preciso el consentimiento del afectado para el tratamiento de sus datos de carácter personal, éste podrá oponerse a su tratamiento cuando existan motivos fundados y legítimos relativos a una concreta situación personal. En ese caso, el responsable del fichero excluirá del tratamiento los datos relativos al afectado.
9 4.
Datos especialmente protegidos. (art. 7)- Existe en la Ley un marco de protección relativo a los datos referentes a la ideología, religión o creencias, marco reforzado por lo dispuesto en el art. 16.2 de la Constitución española. De la misma protección gozan los datos relativos al origen racial, salud, o vida sexual.
En éste, como en casos anteriores, sólo podrán ser recabados, tratados o cedidos cuando, por razones de interés general, así lo disponga una ley o el afectado consienta expresamente. (Vid. También art. 8) Quedan prohibidos los ficheros cuya finalidad sea almacenar datos referentes a los extremos anteriores.
5.
La seguridad de los datos (art. 9)- El responsable del fichero, y en su caso el del tratamiento autorizado, deben garantizar la seguridad de los datos recabados, de manera que se evite su alteración, perdida, tratamiento o acceso indebido o no autorizado.
6.
El deber de secreto y custodia. (art.10)- El encargado del fichero y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de datos, están obligados al secreto profesional respecto a los mismos. Dicho deber subsistirá aún después de finalizar sus relaciones con el titular del fichero.
7.
La comunicación de datos.- Los datos recabados sólo se podrán comunicar a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario, con el previo consentimiento del interesado.
E.
DERECHOS DE LAS PERSONAS Establece el art. 13 de la ley que “los ciudadanos tienen derecho a no verse sometidos a una decisión con efectos jurídicos, sobre ellos o que les afecte de manera significativa, que se base únicamente en un tratamiento de datos destinados a evaluar determinados aspectos de su personalidad”.
Ante comportamientos contrarios a lo dispuesto en esta ley, el interesado podrá impugnar los actos administrativos o decisiones privadas que impliquen una valoración de su comportamiento, cuyo único fundamento sea un tratamiento automatizado de datos de carácter personal que ofrezca una definición de sus características o finalidad.
Esta Ley regula los derechos de información acerca de la existencia y finalidad del fichero y la identidad de su responsable. Estos se concretan en el derecho de consulta del Registro General de Protección de Datos; también regula el acceso a los propios datos de carácter personal contenidos en el fichero; y los derechos de rectificación o cancelación de los datos inexactos o incompletos.
F.
LA TUTELA DE LOS DERECHOS.- Según preceptúa el art. 18 de la ley, “las conductas contrarias a lo dispuesto en la presente Ley pueden ser objeto de reclamación por los interesados antes la Agencia de Protección de Datos, en la forma que reglamentariamente se determine”.
La reclamación se realizará ante la Agencia de Protección de Datos, ante la cabe denunciar cualquier actuación contraria a lo dispuesto en la Ley. Frente a sus resoluciones se podrá interponer el correspondiente Recurso Contencioso Administrativo.
Si como consecuencia de cualquier actuación contraria a la Ley, se ocasiona un daño o lesión en los bienes o derechos del interesado, surgirá el derecho a indemnizarlo.
Cuando se trate de ficheros de titularidad pública, la responsabilidad se exigirá de acuerdo con la legislación reguladora del régimen de responsabilidad de las Administraciones públicas. En caso de ficheros de titularidad privada, la acción se ejercitará ante los órganos de la jurisdicción ordinaria. (Vid. Art. 19 de la Ley).
Por último decir que la STC 292/2000, de 30 de noviembre ha declarado inconstitucional algunos incisos del apartado 1 del art.
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