Tema 2. Los bienes patrimoniales. (2016)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Derecho - 3º curso
Asignatura Bienes Públicos y Urbanismo
Año del apunte 2016
Páginas 7
Fecha de subida 15/03/2016
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TEMA 2. LOS BIENES PATRIMONIALES 1. Concepto y naturaleza jurídica.
Se definen como una categoría residual de los bienes de dominio público. El artículo 7 de la Ley 33/2003 indica que son bienes y derechos de dominio privado o bienes patrimoniales los que, siendo titularidad de la Administración Pública, no son demaniales o de dominio público. Este artículo 7 está dando la definición por remisión al artículo 5, que habla cuáles son los bienes de dominio público, que indica que son aquéllos afectados al uso general o al servicio público, así como aquéllos a los que la ley otorga el carácter de demaniales.
Artículo 5. Bienes y derechos de dominio público o demaniales.
1. Son bienes y derechos de dominio público los que, siendo de titularidad pública, se encuentren afectados al uso general o al servicio público, así como aquellos a los que una ley otorgue expresamente el carácter de demaniales.
2. Son bienes de dominio público estatal, en todo caso, los mencionados en el artículo 132.2 de la Constitución.
3. Los inmuebles de titularidad de la Administración General del Estado o de los organismos públicos vinculados a ella o dependientes de la misma en que se alojen servicios, oficinas o dependencias de sus órganos o de los órganos constitucionales del Estado se considerarán, en todo caso, bienes de dominio público.
4. Los bienes y derechos de dominio público se regirán por las leyes y disposiciones especiales que les sean de aplicación y, a falta de normas especiales, por esta ley y las disposiciones que la desarrollen o complementen.
Las normas generales del derecho administrativo y, en su defecto, las normas del derecho privado, se aplicarán como derecho supletorio.
Este artículo 7 hace, además, una enumeración en el punto 2 de los bienes que van a tener esta consideración: - Los derechos de arrendamientos.
- Los valores.
- Las participaciones en capital.
Artículo 7. Bienes y derechos de dominio privado o patrimoniales.
1. Son bienes y derechos de dominio privado o patrimoniales los que, siendo de titularidad de las Administraciones públicas, no tengan el carácter de demaniales.
2. En todo caso, tendrán la consideración de patrimoniales de la Administración General del Estado y sus organismos públicos los derechos de arrendamiento, los valores y títulos representativos de acciones y participaciones en el capital de sociedades mercantiles o de obligaciones emitidas por éstas, así como contratos de futuros y opciones cuyo activo subyacente esté constituido por acciones o participaciones en entidades mercantiles, los derechos de propiedad incorporal, y los derechos de cualquier naturaleza que se deriven de la titularidad de los bienes y derechos patrimoniales.
3. El régimen de adquisición, administración, defensa y enajenación de los bienes y derechos patrimoniales será el previsto en esta ley y en las disposiciones que la desarrollen o complementen. Supletoriamente, se aplicarán las normas del derecho administrativo, en todas las cuestiones relativas a la competencia para adoptar los correspondientes actos y al procedimiento que ha de seguirse para ello, y las normas del Derecho privado en lo que afecte a los restantes aspectos de su régimen jurídico.
2. Adquisición, enajenación y cesión de los bienes patrimoniales Se añadirán los bienes y derechos que se adquieren por la Administración por diferentes procedimientos, como bienes inmuebles vacantes, bienes muebles depositados en entidades de crédito y que se entienden que están abandonados; los bienes adquiridos por herencia, por usucapión, o los bienes que se adjudican por medio de procedimientos de adjudicación judiciales.
Estos bienes patrimoniales tienen su razón de ser, fundamentalmente, en el carácter económico, porque generan rentas para el Estado; y por eso incluye este abanico diverso.
La forma más clásica de adquisición es a través de la Ley, concretamente bienes inmuebles carentes de titular se atribuyen por el artículo 17 de la Ley a la titularidad del Estado1.
Estamos ante inmuebles vacantes.
1 Artículo 17. Inmuebles vacantes.
1. Pertenecen a la Administración General del Estado los inmuebles que carecieren de dueño.
La peculiaridad que tienen estos inmuebles es que no tienen titularidad dominical; y si es cierto de que no hay necesidad de atribución judicial, sí es necesario que haya una declaración o resolución administrativa que lo diga, y que además se incluyan estos bienes en un inventario general de bienes del Estado; y que se inscriban en el Registro de la Propiedad.
Por lo tanto, la Administración, ante un inmueble vacante, va a poder tomar la posesión de estos bienes sin necesidad de una declaración judicial previa, salvo que esté poseído por alguien que es titular, con lo que será necesaria una acción judicial civil.
¿Qué ocurre con los depósitos o saldos abandonados? Se entiende que pertenece a la titularidad estatal este dinero o valores, sobre los cuales no se ha llevado a cabo ninguna gestión en el plazo de 20 años, para entender que esto se atribuye a la Administración General del Estado.
En segundo lugar, la adquisición puede ser a título oneroso, lo que significa que las AAPP van a poder adquirir bienes a través de negocios jurídicos onerosos y, en realidad, sería el caso de, por ejemplo, una expropiación forzosa. Aquí, en el artículo 242, hablamos del 2. La adquisición de estos bienes se producirá por ministerio de la ley, sin necesidad de que medie acto o declaración alguna por parte de la Administración General del Estado. No obstante, de esta atribución no se derivarán obligaciones tributarias o responsabilidades para la Administración General del Estado por razón de la propiedad de estos bienes, en tanto no se produzca la efectiva incorporación de los mismos al patrimonio de aquélla a través de los trámites prevenidos en el párrafo d) del artículo 47 de esta ley.
3. La Administración General del Estado podrá tomar posesión de los bienes así adquiridos en vía administrativa, siempre que no estuvieren siendo poseídos por nadie a título de dueño, y sin perjuicio de los derechos de tercero.
4. Si existiese un poseedor en concepto de dueño, la Administración General del Estado habrá de entablar la acción que corresponda ante los órganos del orden jurisdiccional civil.
2 Artículo 24. Adquisiciones derivadas del ejercicio de la potestad expropiatoria.
1. Las adquisiciones que se produzcan en ejercicio de la potestad de expropiación se regirán por la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, y por la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones u otras normas especiales.
2. En estos casos, la afectación del bien o derecho al uso general, al servicio público, o a fines y funciones de carácter público se entenderá implícita en la ejercicio de la potestad de expropiación. Esto hace que esta afectación se encuentre implícita para integrarse dentro de los bienes de dominio público. No sólo a través de la expropiación, se puede adquirir a título oneroso por medio de un contrato.
La adquisición a título gratuito puede proceder de una herencia, de una donación… estas se van a regir, en principio, por el Código Civil, a pesar de que existan una serie de reglas reglamentarias.
La enajenación es una forma de rentabilizar los bienes patrimoniales, para hacerlos lo más rentables posibles para el tesoro. Tiene que asegurarse la igualdad de trato para los interesados en la enajenación de ese bien. Tenemos que tener en cuenta si se trata de enajenar bienes muebles o inmuebles.
- Cuando se enajenan bienes muebles, corresponde al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. El sistema básico de enajenación va a ser el concurso, que se va a resolver de acuerdo con los criterios de valoración que se han establecido en el anuncio del concurso. Pueden darse otros métodos como la subasta o la adjudicación directa en momentos excepcionales. Tiene que darse publicidad y el procedimiento se iniciará por expropiación.
3. La posterior desafectación del bien o derecho o la mutación de su destino no darán derecho a instar su reversión cuando se produzcan en la forma y con los requisitos previstos en el apartado 2 del artículo 54 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, y en el apartado 2 del artículo 40 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones.
4. El ofrecimiento y tramitación de los derechos de reversión, cuando proceda, serán efectuados, previa depuración de la situación física y jurídica de los bienes, por el ministerio u organismo que hubiera instado la expropiación, aunque el bien hubiera sido posteriormente afectado o adscrito a otro distinto.
A estos efectos, el ministerio u organismo a que posteriormente se hubiesen afectado o adscrito los bienes comunicará al que hubiese instado la expropiación el acaecimiento del supuesto que dé origen al derecho de reversión.
El reconocimiento del derecho de reversión llevará implícita la desafectación del bien o derecho a que se refiera. No obstante, hasta tanto se proceda a la ejecución del acuerdo, corresponderá al departamento ministerial u organismo a que estuviese afectado o adscrito el bien o derecho objeto de la reversión proveer lo necesario para su defensa y conservación.
De no consumarse la reversión, la desafectación del bien o derecho se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69.
medio de la publicación en el BOE y en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de su situación.
- Cuando se enajenan bienes inmuebles, la competencia corresponde al titular al departamento ministerial al que pertenecen los bienes, y el sistema básico va a ser la subasta.
Por otro lado, encontramos cesiones gratuitas que implican la cesión de la propiedad y también del uso. Si esa cesión tiene como objeto transmitir la propiedad, tan sólo van a ser cesionarias las Entidades locales, las CCAA y las entidades públicas según marca la Ley; y en cambio, si se busca ceder el mero hecho de uso, entonces podrán ser cesionarias las asociaciones declaradas de utilidad pública, las organizaciones internacionales o los Estados extranjeros.
La cesión viene destinada a actividades de utilidad pública o interés social, y se destinarán a los fines determinados por el acuerdo única y exclusivamente.
3. Régimen de protección de los bienes patrimoniales Este, pues, es el régimen de protección de los bienes patrimoniales.
La Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas hace una regulación completa del régimen de los bienes patrimoniales; pero este régimen, en virtud a la DA 2ª, hace que no alcance a todos los bienes de las AAPP, ya que por ejemplo no alcanza a los bienes de las CCAA. Nos vamos a encontrar, pero, que hay un régimen común, con pocas diferencias.
- Los bienes públicos no son enajenables y son imprescriptibles, a diferencia de los bienes patrimoniales.
- Los bienes públicos no son embargables; pero algunas veces se cumple y otras no. La inembargabilidad es una nota que se atribuye a los bienes de dominio público; sin embargo, este privilegio también se da a ciertos bienes patrimoniales considerados inembargables. Es importante tener en cuenta que esta nota, entendida sólo para los bienes de dominio público, se ha ido permitiendo en distintos textos legales también en los bienes patrimoniales, que por lo tanto no están afectados ni al servicio ni a la función pública.
El artículo 30.33 dice que la inembargabilidad se encuentra circunscrita cuando 3 3. Ningún tribunal ni autoridad administrativa podrá dictar providencia de embargo ni despachar mandamiento de ejecución contra los bienes y derechos patrimoniales cuando se encuentren materialmente afectados a un servicio público o a una función pública, cuando sus rendimientos o el producto de su enajenación estén legalmente afectados a fines determinados, o cuando se trate de valores o títulos representativos del capital de sociedades estatales que materialmente queden afectos a la función pública y que los rendimientos o frutos estén afectados a ciertos fines; o cuando sean títulos o valores en sociedades que ejecuten funciones públicas.
- Inmatriculación registral. Quiere decir que los bienes de las Administraciones Públicas tendrán que inscribirse en el Registro de la Propiedad, tanto los bienes patrimoniales como los de dominio público. En el año 1998 se introdujo en el Reglamento del Registro de la Propiedad que podrían inscribirse ambos, dejando que fuera una nota exclusiva para los bienes patrimoniales. La Ley de Patrimonio, por ello, ha establecido que la inmatriculación se aplica tanto a los bienes de carácter patrimonial como los bienes de dominio público.
Si nos vamos a la ley 2/2003, de protección del uso del litoral, contempla la inmatriculación de determinados bienes, como pueden ser las playas.
Otro instrumento de protección es el inventario. Si vamos a la ley del Patrimonio, se obliga a que las AAPP tengan un inventario de bienes que formen parte de su patrimonio; haciendo menciones concretas que permitan identificar sus bienes, su calificación jurídica… Inventariar los bienes es algo positivo, pero tenemos que tener en cuenta que el hecho de que se incluyen en el inventario público no es más que un indicio de la titularidad de la posesión; porque no tienen carácter constitutivo y no tienen eficacia jurídica frente a terceros. Como es precisamente una práctica elemental de la Administración, esta sigue haciendo los inventarios.
Otro instrumento del régimen jurídico de protección es la potestad de deslinde.
“Deslindar” supone marcar los lindes, ya que veremos cómo, especialmente, esta posibilidad que también tienen los sujetos privados, las consecuencias son diferentes si lo hace un sujeto de carácter público. Veremos cómo la Administración puede de forma unilateral marcar los bienes de su titularidad; por lo tanto veremos por ejemplo que cuando se inicia el procedimiento de deslinde se marca el inicio y el fin de las costas.
Además, por ejemplo, el propietario tampoco podrá usar un interdicto de la posesión en caso del ejercicio de la acción de deslinde por parte de la Administración Pública.
ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general. El cumplimiento de las resoluciones judiciales que determinen obligaciones a cargo de la Administración General del Estado o sus organismos se efectuará de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 de la Ley General Presupuestaria, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, y 106 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Otro instrumento es la potestad de recuperación posesoria. Esta potestad quiere decir que la AP va a poder recuperar y mantener la posesión de los bienes sin la necesidad del auxilio de un juez. Los particulares necesitarán siempre el auxilio de un juez, a diferencia de la AP. Cuando se pierde la posesión, por lo tanto, la AP puede ejercer un interdictum propium, tanto por los bienes patrimoniales como por los bienes demaniales; con la diferencia de que va a poder hacerlo en el segundo caso sin plazo; pero en cambio, con los bienes patrimoniales, si se trata de los bienes patrimoniales, ha de hacerse antes de que haya transcurrido un año desde el día siguiente al cual comenzó la usurpación.
Por último, otra de las potestades que integran el régimen jurídico de protección es la imposición de servidumbres sobre los predios colindantes. Nos referimos a aquéllos casos en que, por ejemplo, en motivo de la Ley de Costas, por razones de protección de los bienes de carácter marítimo-terrestre, se han de establecer toda una serie de limitaciones en los terrenos de propiedad particular, porque se protejan los bienes de dominio público. Veremos, por tanto, cómo se establece la servidumbre de protección, que prohíbe por ejemplo realizar determinadas edificaciones o que algunas ya existentes sean objeto de demolición, o la prohibición de, por ejemplo, ampliar dichas edificaciones; el deber de solicitar una serie de autorizaciones… Otras servidumbres serían, por ejemplo, de poder acceder a las playas (es decir, una servidumbre de paso sobre una finca privada para facilitar el acceso de todos).
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