TEMA 3 - SANCIONES (2016)

Apunte Español
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Derecho - 3º curso
Asignatura Ejecución de sanciones penales
Profesor C.M.P.
Año del apunte 2016
Páginas 23
Fecha de subida 31/10/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 3 – EL CUMPLIMIENTO DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD: DERECHO PENITENCIARIO (I) 1. El Derecho Penitenciario español 1.1 Concepto El Derecho Penitenciario es el conjunto de normas jurídicas reguladoras de la ejecución de penas y medidas privativas de libertad. Otros autores, sin embargo, pretenden incorrectamente que el derecho penitenciario incluya también a otras penas alternativas a la de privación de libertad. El nombre de derecho penitenciario se usa en España, en parte, por influencia del derecho italiano. Sin embargo, en otros países se utilizan otras expresiones como “Derecho de la ejecución penal”, En Alemania o “ciencia penitenciaria”, en Francia. Aún así, en todas partes tiene el mismo objeto, puesto que se estudia la ejecución de la pena. 1.2 Naturaleza jurídica La naturaleza jurídica del Derecho Penitenciario es, pues, normativa, se refiere a normas jurídicas, lo que hace que se diferencie de la Criminología, dado que esta tiene una dimensión empírica y estudia las causas del delito, del delincuente, de la víctima y del control social del comportamiento desviado, pero no una dimensión normativa. Así pues, debemos considerar inviable la vinculación entre ambas ciencias, aunque sí se vinculen en algunos países anglosajones. 1.3 Autonomía del Derecho Penitenciario El viejo ideal de la autonomía del Derecho Penitenciario se ha ido consolidando poco a poco, y así ha sido un paso trascendental la creación en nuestro país de una propia ley, la Ley Orgánica General Penitenciaria, LO 1/1979, en adelante LOGP. Es importante destacar que el Derecho Penitenciario tiene cierta autonomía basada en tres aspectos: - Por razón de las fuentes - Por razón del objeto - Por razón de la jurisdicción 1.3.1 Por razón de las fuentes • LO 1/1979 General Penitenciaria, que regula el Derecho Penitenciario. Antes de 1979 nunca había habido una ley que regulara la ejecución de la pena de prisión, ya que únicamente había decretos o ordenanzas. La importancia de la creación de una LO en esta materia era, en primer lugar, que solo se puede modificar por mayoría absoluta (la mitad +1 de los diputados) y, en segundo lugar, que se reguló por ley, que tiene importancia dado que antes la materia penitenciaria estaba regulada por el poder ejecutivo (decretos, ordenanzas...), de modo que el Gobierno podía hacer lo que quería. A partir de esta ley, se dan modificaciones importantes: Dado que la soberanía reside en el pueblo, por primera vez el pueblo había asumido que la ejecución de las penas era su responsabilidad y no solo del gobierno, de modo que estos tenían voz en como se cumplían las penas de prisión. Es destacable que esta ley se aprobó por unanimidad. • Existe también el Reglamento Penitenciario, (RD 190/1996) de 9 de febrero. • • • • El anterior Reglamento, el RD 1201/1981, mantiene vigente los arts.108, 109, 110, 111 y el primer párrafo del art.124. En el Decreto de Servicios de Prisión de 1956, donde se regula la redención de penas por el trabajo en los artículos vigentes (del 65 al 73). En Cataluña, la Generalitat ejerce efectivamente competencias penitenciarias desde el 1 de enero de 1984. o Decreto de la Generalitat 329/2006, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de los servicios de ejecución penal en Cataluña. Deben tenerse presente las Instrucciones, órdenes de servicio y circulares de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias que es, en gran medida, el centro directivo de las prisiones. Esta depende del Ministerio del Interior. En Cataluña, emiten Instrucciones y órdenes de servicio la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil del Departament de Jusícia de la Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya. la que regula la materia penitenciaria, dirigido por el Departament de Justícia. Es la única CCAA que tiene una regulación autonómica en esta materia. 1.3.2 Por razón del objeto Hay un doble objeto: la ejecución de las penas de prisión y la de las medidas privativas de libertad. Del objeto es importante destacar la relación jurídico-penitenciaria que, según el TC, es una relación de sujeción especial, de la que dimanan los derechos de los reclusos, como personas, ciudadanos e internos de una institución penitenciaria, pero también deberes frente a la Administración que asimismo debe velar por los reclusos, dada su posición de garantía. Sabemos que en Derecho Administrativo tenemos las relaciones de sujeción general y las de sujeción especial. En primer lugar, se entiende la sujeción general como la relación existente entre el ciudadano y el Estado, dado que los ciudadanos tienen derechos y deberes para con el Estado. En segundo lugar, se entienden las relaciones de sujeción especial como aquellos casos donde existe una relación más concreta, más especial, entre el Estado y una serie de personas (p.ej. Estado-Funcionarios). Como la relación es más estrecha, el Estado como tal tiene un poder disciplinario para con estas personas (P.ej: cuando un funcionario infringe una norma, es la Administración quien lo sanciona). Por lo tanto, la Administración tiene una potestad sancionadora, por su especial posición. Con los internos ocurre lo mismo. Se encuentran en una relación de sujeción especial con el Estado. De esta relación de sujeción especial dimanan dos cosas: en primer lugar, los derechos de los reclusos, como personas, ciudadanos e internos de una institución penitenciaria, y en segundo lugar, los deberes de estos frente a la Administración que, además, esta debe velar por los reclusos, dada su posición de garantía. Por lo tanto, si los penados incumplen sus deberes, el Estado tiene un poder disciplinario con los internos. A su vez, también tiene un deber, el deber de velar por la vida de los internos. Es importante porque, por ejemplo, en los casos de la huelga de hambre, el TC afirma que es deber de la Administración velar por la vida de los internos y, por ello, no pueden dejarlos morir de hambre, ya que si lo hicieran podrían cometer un homicidio en comisión por omisión. Es importante remarcar en este ámbito el art.25.2 CP, que dice que las penas y medidas estarán orientadas a la reinserción social. Además añade que, en principio, cumplir la pena privativa de libertad no significa la extinción de los derechos fundamentales, sino el mantenimiento de todos ellos excepto los que se hayan excluido por sentencia. (Por ejemplo: tienen derecho a ser llamados por su nombre, a llevar ropa como un civil, seguir pleiteando mientras está en prisión...). Antes, la función de la pena, al ser punitiva, tenía como objetivo la inoquización, de modo que se aislaba al reo de la sociedad hasta que cumpliera la totalidad de la pena, sin ningún tipo de contacto ni de reinserción social. Es por ello que ahora, dado que ha cambiado la filosofía, se dan permisos de salida, entre otras medidas, para que el preso pueda reincorporarse lo mejor posible a la sociedad una vez cumpla con su pena. En conclusión, la relación jurídico-penitenciaria entre el preso y el Estado se da en el momento en el que el preso ingresa en prisión. Se finaliza la relación ya sea por la muerte del preso o porque este ya ha cumplido totalmente su pena, ya que si sale en libertad condicional la relación se sigue manteniendo (aunque de manera más suave) hasta que obtiene la libertad definitiva. 1.3.3 Por razón de la jurisdicción Los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, constituyen una propia jurisdicción penitenciaria especializada de la jurisdicción penal, constituyendo una novedad clave en la LOGP la instauración ex novo del Juez de Vigilancia Penitenciaria, en sus funciones de control de la legalidad de la actuación de la Administración Penitenciaria, de defensa de los derechos de los internos, de ejecución de penas y medidas de seguridad privativas de libertad, y de régimen penitenciario. En la Disposición adicional 5ª de la LOPJ, se distingue entre resoluciones del Juez de Vigilancia Penitenciaria “en materia de ejecución de penas” y “en materia de régimen penitenciario”: - Ejecución de penas: el Tribunal Sentenciador (aquel que dicta la sentencia del preso) es el competente para conocer de los recursos de apelación y queja. - Régimen penitenciario: la Audiencia Provincial que corresponda, por estar situado dentro de su demarcación el establecimiento penitenciario, salvo el caso de las sanciones disciplinarias, en que no cabe recurso de apelación contra la resolución del JVP. El JVP forma parte del Poder Judicial y se trata de un juez especializado en tema de prisiones, que controla la actuación administrativa de la prisión fuera de los aspectos de dirección, organización y gestión. Por lo tanto, controla la ejecución de penas (aunque no en todos los aspectos, como por ejemplo la acumulación de penas, que es competencia del Tribunal Sancionador). Normalmente contra las resoluciones del JVP cabe recurso contra la Audiencia Provincial o, incluso, ante el TS, aunque en materia disciplinaria no cabe recurso, como ya se ha mencionado anteriormente. Sin embargo, no por dicha autonomía, debe despreciarse la esencial conexión existente del derecho penitenciario con el derecho administrativo, el derecho penal y el derecho procesal penal. 1.4 Los derechos y deberes de los presos Como ya mencionamos anteriormente, la relación jurídico-penitenciaria es de sujeción especial, de ahí deriva el poder disciplinario. Así pues, podemos decir que la Administración tiene una posición de garante respeto el recluso, de modo que debe velar por la vida, integridad física y salud del recluso. Por contrapartida, los reclusos tienen una serie de derechos y de deberes. A) DERECHOS De los cuales se pueden distinguir dos tipos distintos: (1) Derechos Fundamentales (2) Derechos Penitenciarios (1) Derechos Fundamentales En primer lugar, en cuanto a los Derechos Fundamentales nos referimos a los Derechos Constitucionales, concretamente los que están regulados en los arts.14 a 25 CE (por ejemplo, en el artículo 15 CE: todos tienen derecho a la vida e integridad física y moral, quedando prohibidas las torturas). Además, también existen los siguientes derechos fundamentales: - El art. 16 CE establece la libertad ideológica de cada persona, la libertad de religión, de culto. - El art. 17 CE es el derecho a la seguridad. - El art. 18 CE reconoce el derecho a la intimidad, bien sea profesional o familiar. - El art. 20 CE establece el derecho a recibir información veraz, a escuchar las noticias mediante los siguientes medios: radio, televisión. - El art. 24 CE establece el derecho a la tutela judicial efectiva, esto es, ejercer el derecho a la educación, a trabajar en talleres. Los límites de estos derechos se encuentran establecidos en el art. 25.3 CP: • Delito de fallo condenatorio • El sentido de la pena • La ley penitenciaria En definitiva, todos los derechos fundamentales se basan en el principio de la dignidad humana, reconocido en el art. 10 CE. Este sistema es, totalmente, distinto del que había en el siglo XIX, pues, el reo era un objeto de pena y no un sujeto de la pena. Este reo no tenía permisos de salida algunos, se encontraba marginado de la sociedad y todo basado en la idea de retribución de la pena, en otras palabras, se trataba de otra filosofía distinta de la que encontramos actualmente. Hay que aclarar que, el TC ha determinado que la protección de todos estos bienes jurídicos no es un derecho objetivo, pues la reinserción social no es el único fin de la pena, también lo es el hecho de preservar otros bienes jurídicos distintos de los ya mencionados. De esta manera, prevalece la protección de los bienes jurídicos ante el fin de la pena, pero esto no significa que se deba interpretar la finalidad de la pena como una reinserción social. (2) Derechos penitenciarios En los derechos penitenciarios de los reclusos encontramos los siguientes: - El primer derecho penitenciario a tener en cuenta es el derecho a ser clasificado en un grado de tratamiento, que puede ser en primer, segundo o tercer grado. A veces, a la libertad condicional se la conoce como “cuarto grado”, aunque, en su esencia, no lo sea. Además, este derecho a ser clasificado se establece en función de un tiempo determinado, de modo que, según las normas, un penado no puede permanecer en un mismo grado cuando este no corresponda al tratamiento de la pena. - El segundo es el derecho al tratamiento penitenciario de carácter individualizado. En este sentido, el tratamiento siempre debe ser voluntario, nunca debe ser forzoso para el penado y, además no pueden haber consecuencias disciplinarias. Incluso, se reconoce que el penado tiene derecho a participar en su propio tratamiento. El tercer derecho es el derecho de régimen, esto es, a ser informado de los derechos de los reclusos por parte de la Administración, por lo que el centro penitenciario deberá informar a los penados de los derechos que les correspondan. - El cuarto es el derecho a salidas al exterior, es decir, derecho a las comunicaciones, bien sean orales o por escrito, visitas, vis a vis. - El derecho a los permisos de salida que, como veremos posteriormente, para obtener un derecho penitenciario de salida, debe haberse extinguido ¼ parte de la condena, salvo la excepción de la prisión permanente revisable, pues el mínimo establecido de privación de libertad son 8 años. El tema disciplinario debe someterse al principio de legalidad, por lo que deben aplicarse los mismos principios que se aplican al Derecho Penal. De este modo, una sanción solo puede castigarse cuando así esté tipificada en el Reglamento Penitenciario. Además, las sanciones tampoco pueden aplicarse con efectos retroactivos. B) DEBERES Una vez analizados todos los derechos de los penados, vamos a ver los deberes de todos ellos: - El primero es el deber de permanencia en el centro penitenciario en el cual debe cumplir la pena. Sin embargo, no existe un derecho a escaparse o de fuga, pues tiene el deber de quedarse y cumplir con la pena, en caso contrario, la evasión o intento de evasión es castigado con una pena muy grave. Esto supone que, en algunas ocasiones, el penado puede ser trasladado en prisiones de alta seguridad, en la que se aplica una disciplina muy severa en todos aquellos penados que son (1) de extrema peligrosidad o (2) que no se adaptan a los medios ordinarios. - El segundo es el de respetar las órdenes provenientes de los funcionarios, siempre y cuando, estas normas sean legítimas y constitucionales. - El tercero es el deber de no agredir a las autoridades judiciales y penitenciarias. 1.5 Principios del derecho penitenciario Los principios que informan el derecho penitenciario español son los siguientes: • El principio de legalidad, en su modalidad de garantía ejecutiva, lo que significa que solo puede ejecutarse la pena y la medida de seguridad conforme lo prescrito por la ley y los reglamentos que la desarrollan y en virtud de sentencia firme dictada por el Juez o Tribunal competente (arts. 3.1 y 3.2 CP). Además, el art.2 LOGP establece que “la actividad penitenciaria se ejercerá con las garantías y dentro de los límites establecidos en la Ley, los reglamentos y las sentencias judiciales”. Por lo tanto: o No se puede ejecutar ninguna pena de prisión ni ninguna medida de seguridad privativa de libertad sin que esté prevista en la ley penal. o No se pueden ejecutar las penas o las MS privativas de libertad hasta que la sentencia no sea firme. o En el Régimen Disciplinario Penitenciario estamos ante normas de Derecho Administrativo y, entonces, la Comisión Disciplinaria es la que puede acordar las sanciones. A estas sanciones solo cabe recurso ante el JVP. Contra la decisión del JVP no cabe ningún recurso, - • • lo único que cabe es el recurso de amparo ante el TC, ya que el JVP actúa como un órgano de Derecho Administrativo. Por ello, en Derecho Penitenciario no todo es Derecho Penal, sino que hay competencias de Derecho Administrativo (como la dirección, organización y gestión de prisiones), o normas materiales y procesales. El principio de intervención judicial, al establecer el art. 3.2 in fine CP que la ejecución de la pena o de la medida de seguridad se realizará bajo el control de los Jueces y Tribunales competentes. En concreto, el art.94 LOPJ establece que los JVP tendrán las funciones jurisdiccionales previstas e la Ley General Penitenciaria en materia de ejecución de penas privativas de libertad y medidas de seguridad, control de la potestad disciplinaria de las autoridades penitenciarias, amparo de los derechos y beneficios penitenciarios en las prisiones y demás que señale la Ley. El principio de resocialización, consagrado en el art.25.2 CE: “Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad.” Y el art.1 LOGP: “Las instituciones penitenciarias reguladas en la presente Ley tienen como fin primordial la reeducación y la reinserción social de los sentenciados a penas y medidas penales privativas de libertad, así como la retención y custodia de detenidos, presos y penados.” Existen, además, otros muchos principios como lo es el principio de humanidad de las penas. 1.6 Sistema actual penitenciario de individualización científica Actualmente tenemos como sistema penitenciario la individualización científica. El art.72.1 LOGP establece que “Las penas privativas de libertad se ejecutarán según el sistema de individualización científica, separado en grados, el último de los cuales será el de libertad condicional, conforme determina el Código Penal.” Dicho sistema, a diferencia del sistema progresivo clásico instaurado en España en 1901 – que obligaba a pasar, en base a criterios exclusivamente objetivos, por el primer grado, luego el segundo grado y así sucesivamente hasta llegar a la libertad condicional – tiene en cuenta otros criterios subjetivos, dirigidos a considerar las características particulares de cada persona, a criterios individualizadores, y permite que el interno pueda ser clasificado inicialmente en segundo o incluso tercer grado de tratamiento penitenciario, que es previo a la concesión, en su caso, de la libertad condicional. Así, el art.72.3 LOGP establece: “Siempre que de la observación y clasificación correspondiente de un interno resulte estar en condiciones para ello, podrá ser situado inicialmente en grado superior, salvo el de libertad condicional, sin tener que pasar necesariamente por los que le preceden.” Se convierte en tratamiento penitenciario en el centro de gravedad del sistema. Este mismo art.72 LOPG, viene modulado de forma importante por el actual art.36.2, en los párrafos segundo y tercero, en la redacción dada por la reforma del CP de 2015, que establece lo siguiente: - Cuando la duración de la pena de prisión impuesta sea superior a cinco años, el juez o tribunal podrá ordenar que la clasificación del condenado en el tercer grado de tratamiento penitenciario no se efectúe hasta el cumplimiento de la mitad de la pena impuesta. - En cualquier caso, cuando la duración de la pena de prisión impuesta sea superior a cinco años y se trate de los delitos enumerados a continuación, la clasificación del condenado en el tercer grado de tratamiento penitenciario no podrá efectuarse hasta el cumplimiento de la mitad de la misma. En el párrafo cuarto, sin embargo, se establece: - El juez de vigilancia, previo pronóstico individualizado y favorable de reinserción social y valorando, en su caso, las circunstancias personales del reo y la evolución del tratamiento reeducador, podrá acordar razonadamente, oídos el Ministerio Fiscal, Instituciones Penitenciarias y las demás partes, la aplicación del régimen general de cumplimiento, salvo en los supuestos contenidos en el párrafo anterior. Asimismo, el art.36.1 de la actual reforma de 2015 incide con mucha más profundidad en el principio de individualización científica, dejándolo en su mínima expresión, al establecer: “La pena de prisión permanente será revisada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92. La clasificación del condenado en el tercer grado deberá ser autorizada por el tribunal previo pronóstico individualizado y favorable de reinserción social, oídos el Ministerio Fiscal e Instituciones Penitenciarias, y no podrá efectuarse: a) Hasta el cumplimiento de veinte años de prisión efectiva, en el caso de que el penado lo hubiera sido por un delito del Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código. b) Hasta el cumplimiento de quince años de prisión efectiva, en el resto de los casos. En estos supuestos, el penado no podrá disfrutar de permisos de salida hasta que haya cumplido un mínimo de doce años de prisión, en el caso previsto en la letra a), y ocho años de prisión, en el previsto en la letra b).” También se deben tener en cuenta los arts.78 y 78 bis CP. 1.7 Evolución histórica de los sistemas penitenciarios La prisión, en general, era hasta finales del s.XVIII un lugar de custodia, de modo que la cárcel solo servía para asegurar la presencia del acusado en el juicio, o en espera de la ejecución de la pena de muerte, teniendo un sentido meramente procesal o cautelar. Esto fue así hasta la Edad Media (finales del s.XVIII). A partir de la Revolución francesa se inventó la prisión como verdadera “pena”, más humana que la pena de muerte y las corporales, y además permitía obtener una utilidad económica con el trabajo de los penados. Sin embargo, la reforma carcelaria propiamente dicha tardaría unos años en llegar, hasta que en el s.XIX ya podemos hablar de la irrupción de los grandes sistemas Penitenciarios. Y así, tres sistemas penitenciarios tienen lugar en Norteamérica: el sistema filadélfico o pensilvánico o celular (1829); el sistema auburbiano (1821) y el sistema reformatorio o de Elmira (1876), a ellos debe añadirse un cuarto sistema que es el régimen progresivo, de antecedentes profundamente continentales. A) SISTEMA FILADÉLFICO O PENSILVÁNICO O CELULAR Se caracteriza por: - Aislamiento celular completo, diurno y nocturno, sólo interrumpido por un breve paseo que había que darse en silencio al aire libre. - Ausencia de visitas exteriores. Las únicas visitas efectuadas en la celda eran efectuadas por el Director, el maestro, el capellán, etc. - Ociosidad casi total, aunque más tarde se admitiría el trabajo como medio de romper la monotonía, pero éste se realizaba en la misma celda y era improductivo. - Higiene y alimentación adecuada. - El orden y disciplina se guardaban severamente. Las ventajas de dicho sistema eran que: - Evitaba la corrupción y el contagio entre los reclusos - Facilitaba la vigilancia evitando las evasiones - Evitaba la homosexualidad al no tener relación los presos entre ellos - Bastaba con pocos funcionarios Y los inconvenientes más sobresalientes eran: - Podía conducir al deterioro mental (psicosis carcelarias) - No podía obtenerse la rehabilitación por el trabajo - Económicamente era costoso, pues requería establecimientos muy amplios para albergar en celdas individuales a todos los presos. En España, salvo algún ensayo en la Cárcel Modelo de Madrid, no se adoptó. B) SISTEMA AUBURBIANO El sistema auburbiano debe su nombre a la ciudad de Auburn en que se estableció un nuevo establecimiento penitenciario. Sus características principales eran: - Aislamiento celular nocturno. - Vida en común durante el día dedicada al trabajo, bajo regla de silencio absoluto, montándose talleres industriales en la cárcel donde trabajar, pudiendo también trabajarse en el exterior en canteras de piedras o mármol cercanas. - Prohibición de contactos exteriores, no permitiéndose ni las visitas de los familiares. Las ventajas eran: - Permitía una eficaz organización del trabajo en común de los presos y una mayor calidad de los trabajos efectuados, que eran útiles. Suprimía el completo aislamiento El silencio impedía el concierto entre los delincuentes El costo era más reducido y el trabajo producía ganancias. Los inconvenientes fueron: - El silencio absoluto era contrario a la naturaleza social de los hombres. - Los castigos corporales a la más mínima infracción reglamentaria, que aumentaban el odio y la inadaptación social. C) EL SISTEMA DE REFORMATORIO O DE ELMIRA El sistema reformatorio o de Elmira, por aplicarse a dicho establecimiento de jóvenes ofrecía las siguientes características: - Sentencia indeterminada - Aislamiento nocturno - Actividades comunes diurnas - Jóvenes mayores de 16 años y menores de treinta años - Delincuentes primarios. Los beneficios de dicho sistema eran: - La separación de jóvenes de los adultos - Conjunto de actividades intelectuales, físicas o profesionales - Clasificación de los jóvenes según la conducta observada. Las desventajas: - Disciplina militarizada - Insuficiencia de personal y dudosa preparación del mismo - Características arquitectónicas de máxima seguridad. El Sistema penitenciario Filadélfico tuvo poco éxito en EE.UU de Norteamérica, mientras que tuvo mayor éxito el sistema Auburbiano. Sin embargo, en Europa, tuvo mucha implantación el sistema Filadélfico o Celular en algunos países como Inglaterra, Bélgica, Suecia, Francia, Dinamarca, Noruega, Holanda y Rusia. 1.8 Los sistemas progresivos Es en Europa donde surge el llamado sistema progresivo , ideado por varias personas, directores de establecimientos penitenciarios, consistente a rasgos generales como idea central en la división en períodos de la condena impuesta, cada uno de los cuales supone más libertad para el interno y mayor disminución de la intensidad de la pena como consecuencia de la conducta del recluso, atravesando distintas etapas por su orden, en paulatina ascensión, que van desde el aislamiento celular hasta la liberación. Así las cosas la duración de la pena dependía, en parte, de la conducta del penado en prisión, de modo que el trabajo y la buena conducta se convierten en factores decisivos en el cumplimiento de la pena de la prisión que se ve rebajada sustancialmente. A) SISTEMA MACONOCHIE Este sistema debe su nombre al gobernador de Norfolk (Australia), Alexander Maconochie, implantado en 1840 de un sistema original para tratar de corregir a los presos. Se medía la duración de la pena por una suma de trabajo y buena conducta impuesta al condenado. La suma se hallaba representada por un número determinados de marcas o boletos, de tal forma que la cantidad de marcas que cada penado necesitaba obtener antes de su libertad, estuviese en proporción con la gravedad del hecho criminal y la pena impuesta. Al recluso se le daba una especie de salario que le permitía alimentarse y vestirse, así como pagar las sanciones pecuniarias por faltas cometidas en prisión. Con ello se buscaba el orden y la disciplina. En Inglaterra fue aplicada pero con cierta variante al original, introdujo tres niveles que debería pasar el penado. El primero consistía en el aislamiento celular, el preso debería estar aislado de día y noche y, con la posibilidad de ser obligado a realizar trabajos duros y forzados. El segundo nivel consistía en que el penado salía del aislamiento celular, podría trabajar, en total silencio, de día en la prisión y aislamiento por la noche. Era en este nivel que al penado se le otorgaba las marcas o tickets por el buen comportamiento y el buen trabajo realizado dentro del penal. El penado, en función a los tickets, tenía que ascender los cuatro niveles que había fijado el programa, por la suma de marcas o tickets iba ascendiendo de nivel. Así hasta llegar al cuarto nivel que le daba derecho a salir con libertad condicional o libertad con restricciones, hasta obtener la libertad definitiva. B) SISTEMA DE OBERMAYER (no explicado en clase) Este sistema debe su nombre al director de la prisión de Munich a partir de 1842. Se componía: primer período, era la primera etapa de la pena, en que los penados hacían vida en común, bajo la obligación del silencio. Un segundo período, tras la observación de la personalidad del condenado, en el que los condenados eran agrupados en números de 25 ó 30 con carácter heterogéneo, ya que Obermayer, así como las personas en la vida real aparezcan mezcladas, también en prisión debe procurarse, si no se quiere crear un clima ficticio que perjudique al preso en su futura incorporación social. El trabajo y la conducta hacían a los reclusos obtener anticipadamente su liberación, pudiendo llegar a reducirse hasta una tercera parte el total de la condena. Así se llegaba al tercer período en que se dividía su sistema. C) SISTEMA DE CROFTON (no explicado en clase) El nombre se debe al Director de Prisiones de Irlanda, Sir Walter Crofton quien siguiendo las resoluciones del Congreso Internacional Penitenciario de Londres de 1872 desarrolló un programa de asistencia al preso que trataba de reintegrarlo a la sociedad, para ello añadió algunas características tomadas de otros sistemas progresivos como la prisión rigurosa(o lo que llamamos como celular), el trabajo en común(el instructivo), el campo intermedio de prisión, menos riguroso o severo, como una fábrica, granja, y luego vendría la libertad condicional pero con la condicionante que durmiera en prisión. Pero el hecho que el preso pasara al grado de libertad condicional implicaba mucho su conducta y trabajo, caso contrario se obtenía una desmerecimiento al grado que había logrado como la libertad condicional, pudiéndola perder, si el caso lo ameritaba. D) SISTEMA DE MONTESINOS Este sistema se aplicó en mérito al coronel Manuel Montesinos. Su labor en el presidio de Valencia, en al año de 1836, le permitió hacer del trabajo como método correctivo y en la enseñanza de oficios como medio para llegar a ello. Este sistema constaba de tres períodos: 1) Período De Los Hierros, en que el penado se dedicaba a la limpieza y a otros trabajos interiores del establecimiento, sujeto a la cadena o hierro que por su condena la correspondía, siendo destinado a una brigada llamada de depósito, donde permanecía, siendo observado detenidamente, hasta que a su instancia y previa solicitud de un oficio era destinado a un trabajo; 2) Período Del Trabajo, en que el penado se entregaba al trabajo que era remunerado y a su capacitación profesional. Dada la variedad de talleres y capataces especializados que el establecimiento poseía; 3) Período De La Libertad Intermediaria, mediante el cual se conseguía por aquellos penados que hubieren observado buena conducta y rendimiento de trabajo y fueren merecedores de su confianza, en que los penados salía de la prisión para trabajar en el exterior de la misma de forma continuada y sin apenas vigilancia, lo que era precursor del actual régimen abierto. Hoy en día el Sistema Progresivo, cuestionado por sus detractores, ha sido el que más acogida ha tenido en Europa y América; sin embargo este sistema con el trascurrir del tiempo ha sufrido algunas modificaciones e incorporaciones para su mejoría, así tenemos que hoy por hoy el sistema progresivo se aplica la individualización del tratamiento penitenciario y por ende la resocialización del penado, elimina los graves inconvenientes del aislamiento celular absoluto del sistema Filadélfico o pensilvánico, deshecha la inhumana regla del silencio del sistema de Auburn, fija o incorpora los tratados de los derecho fundamentales del preso. Tal es así que tanto en el artículo 72.1 de la LOGP española como en el artículo IV del T.P.del CEP peruano y RCEP, artículo 5º, respectivamente; prescriben que el sistema progresivo del penado implica el tratamiento penitenciario, observación, diagnóstico, pronóstico, clasificación y el programa de tratamiento individualizado. 2. Establecimientos y regímenes penitenciarios 2.1 Clases de establecimientos penitenciarios Los establecimientos penitenciarios en España, según la LOPG y el Reglamento Penitenciario de 1996, son los siguientes: A) PREVENTIVOS - De hombres - De mujeres - De jóvenes A su vez, pueden ser centros de régimen ordinario o de régimen cerrado. B) DE CUMPLIMIENTO - De hombres - De mujeres - De jóvenes A su vez, pueden ser centros de régimen ordinario, de régimen cerrado o de régimen abierto. Los de régimen cerrado pueden consistir en: a) en un establecimiento cerrado (casos de manifiesta adaptación al régimen ordinario o abierto) b) en un departamento especial (casos de peligrosidad extrema de los reclusos) Los de régimen abierto pueden ser: a) Centros abiertos de Inserción social b) Secciones abiertas c) Unidades dependientes El Reglamento también se refiere a Establecimientos o Departamentos Mixtos – de hombres y mujeres – en base a la delegación de la LOGP a favor del Reglamento, y a Unidades de Madres. C) ESPECIALES - Centros hospitalarios - Centros psiquiátricos - Centros de rehabilitación social Un establecimiento es una entidad arquitectónica, administrativa y funcional, con su propia organización. La ley nos habla de tres clases de establecimientos: A) Los establecimientos de preventivos Los establecimientos de preventivos son centros destinados a la retención y custodia de detenidos y presos en que también podrán cumplirse penas y medidas penales privativas de libertad cuando el internamiento efectivo pendiente no exceda de 6 meses. Encontramos tres categorías: de hombres, de mujeres y de jóvenes (mayor de 18 y menor de 21, aunque excepcionalmente se permiten hasta 25 años). En el caso en que en la Provincia no hayan centros de mujeres y de jóvenes, estos ocuparan el de los hombres, pero con absoluta separación y regímenes propios. Sin embargo, los internos preventivos que sean de peligrosidad extrema o inadaptados, podrán ser destinados a los establecimientos cerrados o departamentos especiales de régimen cerrado. A los internos preventivos les es de aplicación el principio de presunción de inocencia (art.24 CE). La estancia de preventivos o penados en el departamento de ingresos será, como máximo, de 5 días y solo podrá prolongarse por motivos de orden sanitario o para preservar su seguridad. De la prolongación se dará cuenta al JVP. El ingreso en prisión de una persona en calidad de detenido, preso o penado, se efectuará mediante orden judicial de detención, mandamiento de prisión o sentencia firme de la Autoridad judicial competente, aunque la orden de detención puede proceder de la Policía Judicial y del Ministerio Fiscal. B) Los establecimientos de cumplimiento de pena Los establecimientos de cumplimiento son centros destinados a la ejecución de las penas privativas de libertad, por lo que únicamente hay penados y no preventivos. Pueden ser de hombres, de mujeres y de jóvenes (18-21, excepcionalmente 25) y también de régimen ordinario, abierto o cerrado. A efectos de tratamiento, es mucho más fácil proyectar una serie de programas de tratamiento cuando se aplican en establecimientos con presos que deban cumplir una pena. C) Establecimientos especiales Los establecimientos especiales son aquellos en los que prevalece el carácter asistencial y serán: a) Centros hospitalarios b) Centros psiquiátricos c) Centros de rehabilitación social, para la ejecución de las medidas penales, de conformidad con la legislación vigente en la materia Así, en Cataluña se ha creado el Pabellón Hospitalario Penitenciario de Terrassa y la Unitat Hospitalària Psiquiàtrica Penitenciària de Catalunya de Sant Joan de Déu. En España solo 3 prisiones poseen un centro psiquiátrico. 2.2 Régimen penitenciario Por régimen penitenciario se entiende el conjunto de normas o medidas que persiguen la consecución de una convivencia ordenada y pacífica que permita alcanzar el ambiente adecuado para el éxito de tratamiento y la retención y custodia de los reclusos. Las funciones regimentales de seguridad, orden y disciplina son medios para alcanzar los fines indicados, debiendo ser siempre proporcionadas al fin que persiguen, y no podrán significar un obstáculo para la ejecución de los programas de tratamiento e intervención de los reclusos. Debe destacarse el principio de correlación entre los establecimientos penitenciarios, el grado de clasificación y tratamiento y el régimen penitenciario. También es importante el principio de coordinación de las actividades regimentales con el tratamiento penitenciario, al que deben subordinarse. El régimen penitenciario ≠ el régimen disciplinario (ATENCIÓN EXÁMEN, NO CONFUNDIR). Se entiende por régimen disciplinario el poder aplicar sanciones cuando se infringen normas penitenciarias. Tiene que ver con el régimen penitenciario pero no es lo mismo, dado que tiene que ver con la parte patológica pero no coincide en todo su contenido. En efecto, según sea el grado de tratamiento (2º, 3º o 1er grado), corresponderá un tipo de régimen penitenciario y el destino a determinados establecimientos penitenciarios. Véase: Existen tres grados de tratamiento: • Primer grado • Segundo grado • Tercer grado Hay tres regímenes: • Primer grado: régimen cerrado • Segundo grado: régimen ordinario • Tercer grado: régimen abierto o de semilibertad, con los matices restrictivos del 3r grado restringido Además está el destino de establecimiento, que significa que segun los régimenes de cada grado se establece un establecimiento determinado: • Primer grado: establecimiento de alta seguridad. • Segundo grado: establecimiento polivalente, es decir, que pueden desarrollar cualquier función. • Tercer grado: establecimiento de régimen abierto, que tiene secciones abiertas y unidades. Por lo tanto, a un penado se le debe comunicar tres cosas: cuál es el grado, el régimen y el establecimiento concreto. A) EL RÉGIMEN ORDINARIO El régimen ordinario es un régimen intermedio entre el régimen cerrado – caracterizado por una limitación de las actividades en común de los internos considerados extremadamente peligrosos o manifiestamente inadaptados a los regímenes ordinario o abierto y por un mayor control y vigilancia sobre los mismos con mayores medidas de seguridad, orden y disciplina – y el régimen abierto o de semilibertad. El régimen ordinario puede decirse que es el régimen estándar o normal, de seguridad media en cuanto a la custodia del penado, detenido o preso, siendo el régimen cerrado de máxima seguridad y el régimen abierto de mínima seguridad. Aspectos principales: - La separación interior de los reclusos se ajustará a las necesidades o exigencias de los tratamientos, programas de intervención y condiciones generales del Centro. - El trabajo y la formación tendrán la consideración de actividad básica en la vida del Centro. - Se garantizaran 8 horas de descanso nocturno, un mínimo de 2 horas para asuntos propios del preso y tiempo suficiente para atender a las actividades culturales y terapéuticas y a los contactos con el mundo exterior. - Obligatoriedad de las prestaciones personales de los reclusos para el mantenimiento del buen orden, la limpieza e higiene en los establecimientos. Hay una importante novedad: los MÓDULOS DE RESPETO. Estos se iniciaron en la prisión de Mansilla de las Mulas (León) a iniciativa de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias a partir de 2001 y que se ha ido extendiendo prácticamente a todo el territorio nacional. Se trata de inculcar en el interno un aprendizaje a respetarse a sí mismo y a su prójimo, y también a su entorno, y de crear un espacio penitenciario que posibilite la intervención terapéutica y que la propia normativa que rige el espacio facilite la creación y consolidación de hábitos y actitudes más acordes con los socialmente exigidos. Por lo tanto, cumplen una doble función: - Sirven como elemento motivacional, pues son espacios donde aunque solo sea por sus características más visibles (no conflictividad, limpieza, muchas actividades, relaciones normalizadas…) es evidente que tienen mayor calidad de vida. - Funcionan como verdaderos programas de tratamiento, ya que instauran hábitos prosociales, modifican actitudes y favorecen la aplicación y eficacia de otro tipo de tratamientos más específicos (drogodependencia, agresores sexuales, violencia de género…) B) EL RÉGIMEN ABIERTO. CLASES. El régimen abierto se corresponde con los penados clasificados en tercer grado. Este tiene dos modalidades: a) El régimen propiamente abierto o de semilibertad b) El régimen abierto restringido B.1 El régimen propiamente abierto o de semilibertad Es lo que se viene llamando en la doctrina la prisión abierta que se define como aquella que no presenta obstáculos físicos contra la evasión (muros, alambradas, rejas, fosos, vigilancia exterior) que ya se introdujo legalmente en la reforma de 1968 del derogado Reglamento de los Servicios de Prisiones. Se corresponde con aquellos internos clasificados en tercer grado, que pernoctan en el establecimiento, debiendo permanecer en el centro un mínimo de 8h diarias, pero trabajan fuera del mismo o desarrollan actividades formativas, familiares, de tratamiento o de otro tipo, y disponen de salidas de fin de semana, pudiéndoseles conceder permisos ordinarios de hasta 7 días, como preparación para la vida en libertad, hasta un total de 48 días por año. Si el interno acepta voluntariamente el control de su presencia fuera del Centro mediante dispositivos telemáticos adecuados, entonces el RP permite que, previa solicitud del interno, solo deba permanecer en el establecimiento durante el tiempo fijado en su programa de tratamiento, sin tener que pernoctar. Las ventajas del régimen propiamente abierto son que es el mejor sistema para garantizar la recuperación social, favorece la salud física y mental, mejora la disciplina, facilita las relaciones familiares, es menos onerosa, posibilita el hallazgo posterior de trabajo, etc. Por todo ello, el principio básico es el de autoresponsabilidad, el de confianza. La administración confía en el penado, contrariamente al régimen cerrado, que se define por la desconfianza. Dentro de este régimen encontramos diversas clases de establecimientos: • • • Los Centros de Inserción Social: destinados al cumplimiento de penas privativas de libertad en régimen vierto, así como al seguimiento que se les asigne de cuantas penas no privativas de libertad se establezcan en la legislación penal. La actividad penitenciaria esencial tendrá por objeto potenciar las capacidades de inserción social positiva que presenten las personas en ellos internadas mediante el desarrollo de actividades y programas de tratamiento destinados a favorecer su incorporación a la sociedad. La Sección Abierta: en un establecimiento penitenciario, se destina una parte a aquellos internos clasificados en tercer grado. Unidades dependientes: son unidades arquitectónicas ubicadas fuera de los Centros Penitenciarios, preferentemente en viviendas del entorno comunitario, sin ningún signo de distinción externa a su dedicación. Los objetivos y principios del régimen abierto son: a) Atenuación de las medidas de control b) Autorresponsabilidad c) Normalización social e integración d) Prevención para tratar de evitar la destrucción familiar y social e) Coordinación con cuantos organismos e instituciones públicas o privadas actúen en la atención y reinserción de los reclusos B.2 El régimen abierto restringido Para posibilitar la concesión del tercer grado y la posterior libertad condicional, se introdujo este régimen para aquellos internos que mereciendo el tercer grado no obstante eran más problemáticos para disfrutar del régimen abierto propiamente dicho. A diferencia del régimen abierto propiamente dicho o de semilibertad, en este régimen abierto restringido, la Junta de Tratamiento establece modalidades específicas de vida, en las que se reducen las salidas de fin de semana. Para aquellos internos con variables personales (peculiar carrera delictiva, personalidad anómala o psicopatológica, drogodependencias…) o variables socioambientales (ausencia de medios de subsistencia, imposibilidad de trabajar…). C) EL RÉGIMEN CERRADO. MODALIDADES DE VIDA. El régimen cerrado será de aplicación para aquellos penados que, bien inicialmente o bien por una involución en su personalidad o conducta, sean clasificados en primer grado por tratarse de internos extremadamente peligrosos o manifiestamente inadaptados a los regímenes ordinario y abierto. Cabe destacar que es un régimen excepcional y necesario e imprescindible. La permanencia de los internos destinados a estos centros será por el tiempo necesario hasta tanto desaparezcan o disminuyan las razones o circunstancias que determinen su ingreso. C.1 Modalidades de vida Dentro del régimen cerrado se establecen dos modalidades de vida: a) Internos destinados a centros o módulos de régimen cerrado: serán aquellos penados que, clasificados en primer grado, muestren una manifiesta inadaptación a los regímenes comunes, de modo que pueda concretarse en la existencia de infracciones disciplinarias y en el fracaso de las sanciones impuestas a las mismas. b) Internos destinados a departamentos especiales: serán aquellos penados que, clasificados en primer grado, hayan sido protagonistas o inductores de alteraciones regimentales muy graves, que hayan puesto en peligro la vida o la integridad de funcionarios, Autoridades, otros internos o personas ajenas a la Institución, tanto dentro o fuera del Centro, y en los casos en que se evidencie una peligrosidad extrema. El régimen cerrado se cumplirá con absoluta separación del resto de la población reclusa. En todo caso se cumplirá en celdas individuales, caracterizándose por una limitación de las actividades en común de los internos y por un mayor control y vigilancia, exigiéndose el acatamiento de cuantas medidas de seguridad, orden y disciplina elabore el Consejo de Dirección, previo informe de la Junta de Tratamiento. D) EL RÉGIMEN FLEXIBLE DEL ART.100 DEL RP Dentro del principio de individualización científica, exista la posibilidad legal de un modelo de ejecución flexible en que se combinen aspectos característicos del segundo y tercer grado, siempre y cuando se fundamente en un programa específico de tratamiento que de otra norma no pueda ser ejecutado. Esta medida excepcional necesitará de la ulterior aprobación del JVP sin perjuicio de su inmediata ejecutividad. 3. Tratamientos penitenciarios: la clasificación en grados A. LOS TRATAMIENTOS PENITENCIARIOS Concepto El tratamiento penitenciario consiste en el conjunto de actividades directamente dirigidas a la consecución de la reeducación y reinserción social de los penados. Constituye, además, la columna vertebral del Derecho Penitenciario, hasta el punto que, al menos teóricamente, se subordina el régimen penitenciario al tratamiento, distinguiéndose este de aquel y ganando el tratamiento autonomía y sustantividad propia. Finalidad El objetivo del tratamiento penitenciario es hacer del interno una persona con intención y capacidad de vivir respetando la Ley penal, así como de subvenir a sus necesidades. A tal fin se procurará en la medida de lo posible, desarrollar en ellos una actitud respecto a sí mismos y de responsabilidad individual y social con respecto a su familia, al prójimo y a la sociedad en general (art.59.2 LOGP) Característica esencial La característica esencial del tratamiento es su voluntariedad. Art.61 LOGP: “Se fomentará que el interno participe en la planificación y ejecución de su tratamiento y colaborará para, en el futuro, ser capaz de llevar, con conciencia social, una vida sin delitos. Serán estimulados, en cuanto sea posible, el interés y la colaboración de los internos en su propio tratamiento. La satisfacción de sus intereses personales será tenida en cuenta en la medida compatible con las finalidades del mismo.” Los métodos de tratamiento y su límite Los métodos de tratamiento tienen su límite en el respeto de los derechos fundamentales y el el principio de dignidad humana (art.10 CE). Criterios básicos Los criterios básicos en los que se inspira el tratamiento penitenciario se encuentran en el art.62 LOGP, y son los siguientes: a) Estudio individualizado de la personalidad del interno b) Diagnóstico de personalidad criminal c) Será individualizado d) Será complejo e) Será programado f) Será continuo y dinámico Es importante destacar el carácter individualizado del tratamiento, consistente en la variable utilización de métodos médico-biológicos, psiquiátricos, etc… en relación a la personalidad del interno. Ello entronca con la idea “del sistema de individualización científica” del art.72.1 LOGP. B. LA CLASIFICACIÓN PENITENCIARIA Concepto Puede definirse la clasificación penitenciaria como el conjunto de actuaciones de la Administración Penitenciaria sobre un interno que concluye con una resolución (inicial o bien de cambio de otra anterior) que determina el estatuto jurídico penitenciario – progresivo o regresivo – de un interno, susceptible de control jurisdiccional, y que sirve para la necesaria separación y distribución de los internos en Centros penitenciarios, y dentro de cada centro en otro grado o fase, y para adecuar en cada momento la persona y su tratamiento. En cualquier centro en el que tenga lugar el ingreso del interno, tiene lugar la llamada clasificación interna. En efecto, se procederá de manera inmediata a una completa separación, teniendo en cuenta el sexo, emotividad, edad, antecedentes penales, estado físico y mental y respecto de los penados las exigencias de tratamiento. En consecuencia: a) Hombres y mujeres separados, salvo en supuestos excepcionales. b) Los detenidos y presos estarán separados de los condenados, y en ambos casos, los primarios de los reincidentes. c) Los jóvenes, sean detenidos, presos o penados, estarán separados de los adultos. (*Los jóvenes menores de 21 años solo podrán ser trasladados a los departamentos de adultos si lo autoriza la Junta de Tratamiento) d) Los que presenten enfermedad o deficiencias físicas o mentales estarán separados de los que puedan seguir el régimen normal del establecimiento. e) Los detenidos y presos por delitos dolosos estarán separados de los que lo estén de los delitos por imprudencia. La clasificación por grados de tratamiento Solo pueden ser clasificados los internos que sean penados, es decir, que hayan sido condenados, por sentencia firme, a una pena privativa de libertad. Además, cuando un penado tuviese pendiente una o varias causas en situación de preso preventivo, no se formulará propuesta de clasificación inicial mientras dure esta situación procesal. Si un penado estuviese ya clasificado y le fuera decretada la prisión preventiva por otra u otras causas, quedará sin efecto dicha clasificación, dando cuenta al Centro Directivo. El no estar clasificado tiene consecuencias: - no tener la posibilidad de concesión de permisos ordinarios de salidas - ni régimen de semilibertad (propio del 3r grado), aplicándosele el régimen ordinario o el cerrado si se trata de internos extremadamente peligrosos o sin la posibilidad de seguir determinados tratamientos. En nuestro sistema de individualización científica, que parte del principio de que no hay diferencias de los métodos de tratamiento según los grados, pues aquéllos no están en función de estos, sino de la personalidad de cada interno y que se diferencia del sistema progresivo en un aspecto esencial: el interno no tiene por qué empezar el cumplimiento de la condena en un determinado grado para ir avanzando después hasta el grado final, así que permite clasificar a un penado inicialmente en tercer grado (aunque deberá pasar un tiempo de estudio para determinar que las variables intervinientes en el proceso de clasificación son las adecuadas). El llamado régimen general de cumplimiento El art. 72.3 LOGP establece que: “siempre que de la observación y clasificación correspondiente de un interno resulte estar en condiciones para ello, podrá ser situado inicialmente en grado superior, salvo el de libertad condicional, sin tener que pasar necesariamente por los que le preceden.” “En ningún caso se mantendrá a un interno en un grado inferior cuando por la evolución de su tratamiento se haga merecedor a su progresión.” (72.4 LOGP) Para que un interno que no tenga extinguida la cuarta parte de la condena o condenas pueda ser propuesto para tercer grado, deberá transcurrir el tiempo de estudio suficiente para obtener un adecuado conocimiento del mismo y concurrir, favorablemente calificadas, las variables intervinientes en el proceso de clasificación penitenciaria enumeradas en el artículo 102.2, valorándose, especialmente, el historial delictivo y la integración social del penado. (Art.104.3 RP) La actuación del JVP consiste en intervenir en la concesión del 3r grado, en su caso, por vía de recurso, que interpone el Ministerio Fiscal, contra el acuerdo de Instituciones Penitenciarias, sin que pueda actuar de oficio. El JVP puede intervenir activamente en ponderar los casos particulares en los que quepa aplicar el régimen general de cumplimiento, excepcionando el régimen especial del 36.2 CP. El régimen especial del 36.2 CP para la clasificación o progresión al 3r grado Art.36.2 CP La pena de prisión tendrá una duración mínima de tres meses y máxima de veinte años, salvo lo que excepcionalmente dispongan otros preceptos del presente Código. Cuando la duración de la pena de prisión impuesta sea superior a cinco años, el juez o tribunal podrá ordenar que la clasificación del condenado en el tercer grado de tratamiento penitenciario no se efectúe hasta el cumplimiento de la mitad de la pena impuesta. En cualquier caso, cuando la duración de la pena de prisión impuesta sea superior a cinco años y se trate de los delitos enumerados a continuación, la clasificación del condenado en el tercer grado de tratamiento penitenciario no podrá efectuarse hasta el cumplimiento de la mitad de la misma: a. Delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo del Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código. b. Delitos cometidos en el seno de una organización o grupo criminal. c. Delitos del artículo 183. d. Delitos del Capítulo V del Título VIII del Libro II de este Código, cuando la víctima sea menor de trece años. El juez de vigilancia, previo pronóstico individualizado y favorable de reinserción social y valorando, en su caso, las circunstancias personales del reo y la evolución del tratamiento reeducador, podrá acordar razonadamente, oídos el Ministerio Fiscal, Instituciones Penitenciarias y las demás partes, la aplicación del régimen general de cumplimiento, salvo en los supuestos contenidos en el párrafo anterior. El límite de 5 años debe referirse a la pena de prisión impuesta, no a la suma de las que hayan podido imponerse. Por ello, este artículo no es aplicable a quien debe cumplir una, dos o más penas de prisión que individualmente no superan los cinco años pero cuya suma sí los supera. En el primer supuesto del art.36.2 CP se establece un régimen especial para la clasificación en tercer grado de los internos condenados a prisión superior a 5 años. El mismo régimen especial se aplicará cuando se cometan los delitos mencionados en el artículo, dado que entonces el JVP imperativamente tiene que acordar que el 3r grado no se podrá conceder hasta cumplida la mitad de la pena. Sin embargo – fuera de este supuesto – el JVP, previo pronostico individualizado y favorable de reinserción social y valorando, en su caso, las circunstancias personales del reo y la evolución del tratamiento, puede acordar, razonadamente, oídos el Ministerio fiscal, Instituciones Penitenciarias y las demás partes, la aplicación del régimen general de cumplimiento, de modo que no sea necesario el cumplimiento de la mitad de la pena para el 3r grado. En estos casos, pues, será indispensable el previo pronostico individualizado y favorable de reinserción social y valorando, en su caso, las circunstancias personales del reo y la evolución del tratamiento elaborado por la Junta de Tratamiento, adjuntando la propuesta de clasificación de tercer grado efectuada al Centro Directivo que antes de resolver concediendo la clasificación en tercer grado deberá contar con el auto del JVP acordando la aplicación del régimen general de cumplimiento, previa audiencia del Ministerio fiscal, Instituciones Penitenciarias y las demás partes. Respecto de la nueva pena de prisión permanente revisable, el art.36.1 CP dispone que: Art.36.1 CP 1. La pena de prisión permanente será revisada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92. La clasificación del condenado en el tercer grado deberá ser autorizada por el tribunal previo pronóstico individualizado y favorable de reinserción social, oídos el Ministerio Fiscal e Instituciones Penitenciarias, y no podrá efectuarse: a. Hasta el cumplimiento de veinte años de prisión efectiva, en el caso de que el penado lo hubiera sido por un delito del Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código. b. Hasta el cumplimiento de quince años de prisión efectiva, en el resto de los casos. En estos supuestos, el penado no podrá disfrutar de permisos de salida hasta que haya cumplido un mínimo de doce años de prisión, en el caso previsto en la letra a), y ocho años de prisión, en el previsto en la letra b). Ambos supuestos tienen como presupuesto que la prisión permanente revisable sea la única pena impuesta y/o concurra con otras penas cuya suma global no exceda de 5 años. Pero el nuevo art. 78 bis 1) CP aumenta dichos plazos de cumplimento efectivo de la pena de prisión para acceder al 3r grado: Art.78 bis 1) 1. Cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y, al menos, uno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión permanente revisable, la progresión a tercer grado requerirá del cumplimiento: a. De un mínimo de dieciocho años de prisión, cuando el penado lo haya sido por varios delitos, uno de ellos esté castigado con pena de prisión permanente revisable y el resto de las penas impuestas sumen un total que exceda de cinco años. b. De un mínimo de veinte años de prisión, cuando el penado lo haya sido por varios delitos, uno de ellos esté castigado con una pena de prisión permanente revisable y el resto de las penas impuestas sumen un total que exceda de quince años. c. De un mínimo de veintidós años de prisión, cuando el penado lo haya sido por varios delitos y dos o más de ellos estén castigados con una pena de prisión permanente revisable, o bien uno de ellos esté castigado con una pena de prisión permanente revisable y el resto de penas impuestas sumen un total de veinticinco años o más. Y el 78.3 bis establece reglas especiales para los delitos de terrorismo elevando los límites a 24 años de prisión, en los supuestos de las letras a) i b) y 30 años de prisión en los supuestos de la letra c). Finalmente, destacar que el 36.3 CP dispone: “En todo caso, el tribunal o el juez de vigilancia penitenciaria, según corresponda, podrá acordar, previo informe del Ministerio Fiscal, Instituciones Penitenciarias y las demás partes, la progresión a tercer grado por motivos humanitarios y de dignidad personal de penados enfermos muy graves con padecimientos incurables y de los septuagenarios valorando, especialmente su escasa peligrosidad.” El art. 78 CP El art.78 CP tiene como presupuesto las limitaciones establecidas en el apartado 1 del art.76 CP (concurso real en que se aplica la acumulación de penas con un máximo de cumplimiento). Art.78 CP 1. Si a consecuencia de las limitaciones establecidas en el apartado 1 del artículo 76 la pena a cumplir resultase inferior a la mitad de la suma total de las impuestas, el juez o tribunal sentenciador podrá acordar que los beneficios penitenciarios, los permisos de salida, la clasificación en tercer grado y el cómputo de tiempo para la libertad condicional se refieran a la totalidad de las penas impuestas en las sentencias. 2. En estos casos, el juez de vigilancia, previo pronóstico individualizado y favorable de reinserción social y valorando, en su caso, las circunstancias personales del reo y la evolución del tratamiento reeducador, podrá acordar razonadamente, oídos el Ministerio Fiscal, Instituciones Penitenciarias y las demás partes, la aplicación del régimen general de cumplimiento. Si se tratase de delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo del Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código, o cometidos en el seno de organizaciones criminales, y atendiendo a la suma total de las penas impuestas, la anterior posibilidad sólo será aplicable: a. Al tercer grado penitenciario, cuando quede por cumplir una quinta parte del límite máximo de cumplimiento de la condena. b. A la libertad condicional, cuando quede por cumplir una octava parte del límite máximo de cumplimiento de la condena. Esto último significa que si, por ejemplo, el máximo de cumplimiento fuere de 40 años, la quinta parte de los 40 años, sería 8 años, de modo que el 3r grado solo podría ser concedido a partir de los 32 años de prisión (40-8 = 32, o al mismo resultado se llega aplicando 4/5 de 40 = 32). En el supuesto del apartado 1 del art.78 CP, si el Juez o Tribunal acuerda que la clasificación en tercer grado se refiera a la totalidad de las penas impmuesas en las sentencias, viene a decir que no hay clasificación en 3r grado (ni posibilidad de libertad condicional ni de beneficios penitenciarios) y que el máximo de cumplimiento legal debe ser cumplido. Pongamos un ejemplo: el penado Sr.X ha sido condenado en varias sentencias a 7 penas de 3 años cada una (la pena total sumada es 21 y la mitad 10 años y 6 meses). Como quiera que la pena a cumplir es de 9 años de prisión (el triplo de la más grave) y esta es una pena inferior a la mitad de la suma total de las impuestas, que es de 10 años y 6 meses, la clasificación en tercer grado solo podrá referirse a la totalidad de las penas impuestas en las sentencias, o sea, a 21 años, pero como cumple a los 9 años no hay clasificación de 3r grado. Igualmente, si el penado ha sido condenado a varias penas que suman, por ejemplo, 400 años, que llevan al máximo de cumplimiento de 40 años, el referido penado no podrá disfrutar ni de permisos de salida, ni de ser clasificado en 3r grado ni poder acceder a la libertad condicional (porque para los permisos, al exigirse ¼ de la condena, ¼ de 400 años = 100 años, el tercer grado a la ½ de la condena de 400 años = 200 años y la libertad condicional ¾ de 400 = 300 años). En cambio, si el JVP acuerda la aplicación del régimen general de cumplimiento del art.78.2 CP, en el supuesto del primer ejemplo, la clasificación en tercer grado podría tener lugar incluso inicialmente de darse todos los requisitos legales o acordarse en progresión de grado. Ahora bien, si se aplicara este régimen general respecto del segundo ejemplo, o sea, el penado a dos o más delitos de terrorismo cuyo límite máximo es de 40 años, los permisos podrían tener lugar a partir de los 10 años (¼ de 40), el tercer grado a los 32 años (1/5 de 40 = 8; 40 – 8 = 32 o si se quiere 4/5 de 40), y la libertad condicional a los 35 años (1/8 de 40 = 5; 40 – 5 = 35, o si se quiere 7/8 de 40). La clasificación inicial El procedimiento de la clasificación inicial se regula en el art.103 del Reglamento y comienza a partir de la recepción en el Centro penitenciario del testimonio de la sentencia firme condenatoria a pena privativa de libertad. En el plazo máximo de dos meses a partir de dicha recepción, la Junta de Tratamiento deberá efectuar, previo estudio del interno, una propuesta de clasificación inicial, que se formulará en el impreso normalizado aprobado por el Centro Directivo. Además de dicha propuesta, deberá acompañarse el programa individualizado de tratamiento, en que se dará cobertura a las necesidades y carencias detectadas en el interno. El órgano competente para resolver la propuesta de clasificación es distinto según se distingan los casos siguientes: - Penados a penas de más de un año: el Centro Directivo - Penados a penas de menos de un año: la propuesta de la Junta de Tratamiento, aprobada por acuerdo unánime de sus miembros, tendrá la consideración de resolución de clasificación inicial a todos los efectos, salvo cuando se haya propuesto un primer grado, cuya resolución corresponderá al Centro Directivo. Revisión de la clasificación Cada 6 meses como máximo, los penados deben ser estudiados individualmente para evaluar y reconsiderar, en su caso, todos los aspectos establecidos en el modelo individualizado de tratamiento al formular su propuesta de clasificación inicial. Cuando la Junta de Tratamiento no considere oportuno efectuar un cambio de grado, dicha decisión se le comunicará al penado que no podrá recurrir directamente al JVP, sino que solicitará la remisión del correspondiente informe al Centro Directivo para que resuelva. Dicha resolución se notificará al penado que, ahora sí, podrá recurrir ante el JVP y contra la resolución del mismo podrá recurrir en reforma y posteriormente en apelación o queja ante el Tribunal Sentenciador –o ante la Audiencia Nacional si se trata de una resolución del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria–. ...

Comprar Previsualizar