LECCION 4: LOS LIMITES DEL IUS PUNIENDI (2017)

Resumen Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura DERECHO PENAL
Año del apunte 2017
Páginas 9
Fecha de subida 09/06/2017
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LOS LÍMITES DEL IUS PUNIENDI EL ESTADO SOCIAL Y DEMOCRATICO DE FUNDAMENTO DEL IUS PUNIENDI Y SUS LÍMITES DERECHO COMO El principio de Estado de Derecho impone el postulado de un sometimiento de la potestad punitiva al Derecho, lo que dará lugar a los límites derivados del principio de legalidad. La idea del Estado Social sirve para legitimar la función de prevención en la medida en que se a necesaria para proteger a la sociedad.
Ello implica ya, varios límites que giran en torno a la exigencia de la necesidad social de la intervención penal. Por último, la concepción del Estado democrático obliga en lo posible a poner el Derecho Penal al servicio del ciudadano, lo que puede verse como fuente de ciertos límites que hoy se asocian al respeto de principios como los de dignidad humana, igualdad y participación del ciudadano.
EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD • ORIGEN Y SENTIDO POLITICO El principio de legalidad se expresa, en su aspecto formal, con el aforismo nullum crimen, nulla poena sine lege. Solo a partir de la ideología liberal impulsada por la ilustración y consagrada a partir de la Rev.
Francesa, este principio se concibe como limitación del poder punitivo del Estado dotada del sentido de garantía para la libertad del ciudadano.
En su sentido actual, el principio de legalidad se derivó en un principio de la teoría ilustrada del contrato social, y presuponía una organización política basada en la división de poderes, en la que la Ley fuese competencia exclusiva de los representantes del pueblo, mediante un contrato social en el que asegura su participación y control de la vida política. Tal participación tiene lugar por medio del Poder Legislativo, que representa al pueblo, y solo de él puede emanar la Ley, pues constituye la expresión de la voluntad popular.
El principio de legalidad no solo, una exigencia de seguridad jurídica, que requiera solo la posibilidad del conocimiento previo de los delitos y las penas, sino además La garantía política de que el ciudadano no podrá verse sometido por parte del Estado ni de los jueces a Penas que no admita el pueblo.
• GARANTIAS DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD.
Por una parte, se distinguen aspectos de este principio: - La garantía criminal exige que el delito (crimen)se halle determinado por la Ley (nullum crimen sine lege) - La garantía penal requiere que la Ley señale la pena que corresponda al hecho ( nulla poena sine lege) - La garantía jurisdiccional exige que la existencia del delito y la imposición de la pena se determinen por medio de una sentencia judicial y según un procedimiento legalmente establecido.
1 - La garantía de ejecución, requiere que también la ejecución de la pena se sujete a una Ley que la regule. (se especifica solo respecto al cumplimiento de las penas privativas de libertad y la ejecución de las penas o medidas que la comporten debe efectuarse por ley orgánica según el 81.CE).
Estas garantías también deben exigirse respecto a las medidas de seguridad y sus presupuestos.
Por otra parte, se imponen ciertos requisitos a la norma jurídica que debe ofrecer las garantías anteriores, clasificándose en torno a la triple exigencia de las Lex: - Con la exigencia de una Lex praevia se expresa la prohibición de retroactividad de las leyes que castigan nuevos delitos o agravan su punición: es preciso que el sujeto pueda saber en el momento en que actúa si va a incurrir en algún delito o en alguna nueva pena. No está prohibida, en cambio, la retroactividad de las leyes penales más favorables, que vienen a suprimir algún delito o a atenuar su pena.
La retroactividad de la ley penal más favorable para el reo, no infringe el sentido limitador de la potestad punitiva que corresponde al principio de legalidad. El sujeto, podrá contar, cuando actuó, con una determinada pena, y sin embargo, la aplicación retroactiva de la ley posterior le deja sin castigo o le disminuye la pena.
- Con la exigencia de una Lex stricta queda, desde luego excluida la costumbre como posible fuente de delitos y penas.
En este sentido, tampoco basta cualquier norma escrita, sino que es precisa que tenga rango de ley emanada del Poder Legislativo.
- El tercer requisito, de Lex stricta, impone un cierto grado de precisión de la Ley Penal y excluye la analogía en cuanto perjudique al reo. El postulado de la precisión de la Ley da lugar al llamado” mandato de determinación” que exige que la ley determine de forma suficientemente diferenciadas las conductas punibles y las penas que pueden acarrear.
El mandato de determinación plantea problemas en relación con las medidas de seguridad, puesto que es difícil delimitar con precisión el presupuesto de la peligrosidad del sujeto y la duración y características concretas de la propia medida. De ahí, que convenga exigir la comisión del delito previo que demuestre la peligrosidad, y señalar límites máximos a la duración de las medidas.
2 • EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN EL DERECHO ESPAÑOL El principio de legalidad de la Ley Penal se halla regulado en la CE y en el CPenal.
- LA CONSTITUCIÓN se refiere expresamente al principio de legalidad del Derecho Penal en el 25.1, pero solo recoge la garantía criminal y la exigencia de irretroactividad que establecen delitos, y la garantía penal, única que impide la agravación de la pena con posterioridad a la comisión del delito se establece en el 9.3 de la CE. Pero ni uno ni otro precisan el rango que debe tener la ley anterior ni expresan las garantías Penal, Judicial y de Ejecución, ni aluden tampoco al mandato de determinación.
En cuanto al rango de la norma anterior, no puede considerarse determinado por el término de “legislación vigente”.
Sin embargo, puede entenderse que el Art.81 de la CE viene a asegurar el rango de “ley orgánica” para el establecimiento de, por lo menos, la mayoría de penas, aunque no se refiere expresamente al Derecho Penal, pero lo alcanza con la declaración de que “son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y las libertades públicas”, ya que el Derecho Penal afecta casi siempre a tales derechos y libertades en forma directa, evidente cuando se trata de penas o medidas de seguridad privativas de libertad.
Las penas o medidas de seguridad que no limiten derechos fundamentales de esta clase, deberán ser establecidas por una ley en sentido estricto, aunque ordinaria si afecta a algún otro derecho del Título I del Cap.II. Estas materias, pueden ser objeto de delegación legislativa, aunque ni una ni otra clase podrán ser reguladas por Decreto-Ley.
Tampoco pueden crear Derecho Penal las leyes de las CCAA al ser esta competencia exclusiva del Estado.
- EL CÓDIGO PENAL, por su parte, proclama el principio de legalidad a través de varios preceptos: 1. En su artículo 1, se formula la garantía criminal: por una parte “no será castigada ninguna acción u omisión que no esté prevista como delito en una ley anterior a su perpetración; por otra, “las medidas de seguridad solo podrán aplicarse cuando concurran los presupuestos establecidos previamente por la Ley”.
2. El Art. 2 CP, confirma la garantía criminal: “no será castigado ningún delito con pena que no se halle prevista por la ley anterior a su perpetración, careciendo de efecto retroactivo, igualmente las leyes que establezcan medidas de seguridad”. no obstante, tendrán efecto retroactivo las leyes penales que favorezcan al reo.
3 La retroactividad de las leyes penales más favorables plantea varias cuestiones, como los problemas que suscitan las leyes procesales penales, que siguen el principio de “tempus regit actum” (los actos procesales se rigen por las normas vigentes en el momento en el que deben producirse tales actos) [2 y 3 CC]. Ello puede suponer una aplicación retroactiva en el sentido de que, si se modifica alguna ley procesal penal con posterioridad a la comisión del delito que ha de enjuiciarse, en principio deberá aplicarse la nueva normativa (la que rige al tiempo de los actos procesales a realizar). Aun así los hechos cometidos bajo la vigencia de una ley temporal (de excepción) serán juzgados, sin embargo, conforme a ella, salvo que se disponga lo contrario.
3. La garantía jurisdiccional se halla recogida por el 3.1 CP “no podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad sino en virtud de sentencia firme dictada por el juez o tribunal competente, de acuerdo con las leyes procesales”.
4. Por último, el 3.2 CP se refiere a la garantía de ejecución al establecer que “tampoco podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad en otra forma que la prescrita por la ley y reglamentos que la desarrollan, ni con otras circunstancias que los expresados en su texto, y la ejecución de la pena o la medida se realizara bajo el control de los jueces y tribunales competentes” • LA PROHIBICIÓN DE ANALOGIA Un aspecto particular del principio de legalidad es la prohibición de la analogía contra reo. Frente a ésta, siempre se considera lícita aquella aplicación de la ley penal que no desborda los límites que permiten su interpretación. La diferencia entre interpretación (siempre permitida si es razonable) y analogía (prohibida si perjudica al reo) es que mientras la primera es búsqueda de un sentido del texto legal, la analogía supone la aplicación de la ley penal a un supuesto no comprendido en ninguno de los sentidos posibles, pero análogo a otros sí comprendidos en el texto legal.
La interpretación es lícita aunque resulte extensiva de delitos o penas.
Con esta limitación, la interpretación extensiva no sobrepasa el límite de garantía representado por la ley, porque toda interpretación admisible se mueve dentro de ese límite (“el sentido literal posible”).
En cambio, como la analogía traspasa esta frontera, no será admisible si perjudica al reo (analogía in mala partem); cuando lo favorezca (analogía in bona partem), en cambio, no chocará con el sentido de limite garantizador que posee el texto legal: dicho límite solo persigue 4 garantizar al ciudadano que no podrá verse afectado por una pena que no se halle prevista por la letra de la ley, y no que no pueda ser castigado menos o incluso eximido de pena si no lo prevé literalmente la ley.
Cuando el art. 4.1 del CPenal declara que “las leyes penales no se aplicaran a casos distintos de los comprendidos expresamente en ellas”, puede interpretarse en el sentido de que se refiere a las “leyes penales” en sentido estricto, esto es, solamente a las leyes que imponen penas o las agravan.
LÍMITES DEL IUS PUNIENDI EN UN ESTADO SOCIAL • EL PRINCIPIO DE UTILIDAD DE LA INTERVENCION PENAL Si el Derecho Penal de un Estado social se legitima sólo en cuanto protege a la sociedad, perderá su justificación si su intervención se demuestra inútil, por ser incapaz de servir para evitar los delitos.
En contra de la eficacia de la pena podrían alegarse los elevados porcentajes de reincidencias pese al cumplimiento de una pena anterior.
Además, decir que en los delitos pasionales o de terrorismo, la amenaza de la pena juega un papel de dudosa relevancia. La eficacia de la pena no puede medirse sobre aquellos que ya han delinquido, precisamente porque éstos al ya haber delinquido, demuestra por tanto que la pena ha resultado ineficaz. De modo que la eficacia debe buscarse entre los que no han delinquido.
Sin embargo, cuando se demuestre que una determinada pena es inútil para cumplir su objetivo protector, deberá desaparecer, aunque sea para dejar en su lugar a una reacción penal menos severa.
• PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD Y CARÁCTER FRAGMENTARIO DEL DERECHO PENAL El Derecho Penal deja de ser necesario para proteger a la sociedad cuando esto puede conseguirse por otros medios, que serán preferibles en cuanto sean menos lesivos para los derechos individuales.
El principio de la máxima utilidad posible para las posibles víctimas debe combinarse con el del mínimo sufrimiento necesario para los delincuentes. Entra en juego así el “principio de subsidiariedad”, según el cual el Derecho Penal ha de sr la ultima ratio, el último recurso a utilizar a falta de otros menos lesivos. El llamado “carácter fragmentario del Derecho Penal” constituye una exigencia relacionada con la anterior.
Ambos postulados integran el “principio de integridad mínima”.
Para proteger los intereses sociales del Estado, debe agotar los medios menos lesivos que el Derecho Penal antes de acudir a éste, pues debe constituir un arma subsidiaria, una ultima ratio. Deberán preferirse ante todo, la utilización de medios desprovistos del carácter de sanción, como una adecuada política Social. Seguirán en su caso, las sanciones no penales, y las sanciones administrativas (multas, sanciones 5 disciplinarias, etc.). Solo cuando ninguno de estos medios sea suficiente, estará legitimado el recurso de la pena o la medida de seguridad.
Un segundo principio derivado de la limitación del Derecho Penal a lo estrictamente necesario es el postulado del “carácter fragmentario del Derecho Penal”. Significa que el Derecho Penal no ha de sancionar todas las conductas lesivas de los bienes que protege, sino sólo las modalidades de ataque más peligrosas para ellos, como el apoderamiento subrepticio, violento o fraudulento.
• PRINCIPIO DE EXCLUSIVA PROTECCION DE BIENES JURÍDICOS El Derecho Penal de un Estado social ha de justificarse como sistema de protección de la sociedad. Los intereses sociales que por su importancia merecen la protección del Derecho se denominan “bienes jurídicos”.
Esta expresión se utiliza en este contexto en su “sentido políticocriminal” de objeto que puede reclamar protección jurídico-penal, en contraposición al “sentido dogmático” que alude los objetos que de hecho protege el Derecho penal vigente. Que el Derecho Penal solo deba proteger bienes jurídicos no significa que todo bien jurídico deba ser protegido penalmente, ni que todo ataque a los bienes jurídicos penalmente tutelados deba determinar la intervención del Derecho Penal.
Ambos aspectos se opondrían respectivamente a los principios de subsidiariedad y carácter fragmentario del Derecho Penal. El concepto de bien jurídico es, pues, más amplio que el de bien jurídico-penal.
Por otra parte, relacionado con la distinción de Moral y Derecho, el postulado de exclusiva protección de bienes jurídicos implica que n pueden ser amparados por el Derecho Pena intereses meramente morales.
Un Estado social y DdD solo deberá amparar como bienes jurídicos condiciones de la vida social, en la medida en que afecten a las posibilidades de participación de individuos en el sistema social. Y para que dichos bienes jurídicos merezcan ser protegidos penalmente y considerados bienes jurídico-penales, será preciso que tengan una importancia fundamental.
LÍMITES DEL IUS PUNIENDI EN UN ESTADO DEMOCRÁTICO Si el Estado de Derecho exige el sometimiento de la potestad punitiva al principio de legalidad y en el Estado social dicha potestad solo se legitima s sirve de eficaz y necesaria protección de la sociedad, un Estado que además pretenda ser democrático tiene que llenar el Derecho Penal de un contenido respetuoso de una imagen del ciudadano como dotado de una serie de derechos derivados de la dignidad humana, de la igualdad (real) de los hombres y de su facutad de participación en la vida social. Aparecen, bajo esta luz, los siguientes principios: • EL PRINCIPIO DE HUMANIDAD DE LAS PENAS Tal vez sea éste el principio que en mayor medida caracteriza el origen y evolución del contenido del sistema penal actual. Se pasó de un sistema 6 penal que giraba en torno a la pena de muerte y las penas corporales, a otro cuya espina dorsal han sido las penas privativas de libertad. En nuestros dias se aprecia una importante y progresiva sustitución de las penas privativas de libertad por otras menos lesivas como la multa o el trabajo en beneficio de la comunidad, y hasta por toras medidas consistentes simplemente en la suspensión del cumplimiento de la pena o de su propia imposición, o incluso a la renuncia de toda pena.
Especial importancia tiene a progresiva humanización que se reclama por la doctrina y se exige por los textos legales para el cumplimiento de las penas privativas de libertad. Es la dignidad del individuo, como límite material primero a respetar por un Estado democrático, lo que va fijando topes a la dureza de las penas y agudizando la sensibilidad por el daño que causan a quienes las sufren.
• EL PRINCIPIO DE CUPABILIDAD En su sentido más amplio, el termino de “culpabilidad” se contrapone al de “inocencia”. En este sentido, bajo la expresión “principio de culpabilidad” pueden incluirse diferentes límites del Ius Puniendi, que tienen en común exigir, como presupuesto de la pena, que pueda culparse a quien la sufra del hecho que la motiva. Para ello es preciso, en primer lugar, que no se haga responsable al sujeto por delitos ajenos: principio de personalidad de las penas. En segundo lugar, no pueden castigarse formas de ser o personalidades, sino sólo conductas, hechos: principio de culpabilidad por el hecho. Mas no basta requerir que el hecho sea materialmente causado por el sujeto para que pueda hacérsele responsable de él. También es preciso que el hecho haya sido querido (doloso) o se haya debido a una imprudencia: principio de dolo o culpa.
Por último, para que pueda considerarse culpable del hecho doloso o culposo a su autor ha de poder atribuírsele normalmente a éste, como producto de una motivación racional normal: principio de imputación personal. Todo esto no sucede cuando el sujeto es inimputable, como lo son el menor de edad o el enfermo mental.
Se usa siempre la palabra “culpabilidad” porque es la tradicional, pero debe entenderse como “culpabilidad jurídica” cuando nos referimos a ella aquí, y no “culpabilidad moral”.
Para la culpabilidad, encontramos 2 sentidos: por una parte, en sentido amplio, que expresa el conjunto de presupuestos que permiten “culpar” a alguien por el evento que motiva la pena; y por otra, en sentido estricto, que se refiere solo a una parte de tales presupuestos del delito, como los que condicionan la posibilidad de atribuir un hecho antijurídico a su autor.
En este contexto, solo usaremos el sentido amplio.
Todos los principios derivados de la idea general de culpabilidad se fundan en la dignidad humana, tal como debe entenderse en un Estado democrático respetuoso del individuo. Este Estado debe admitir que la dignidad humana exige y ofrece al individuo la posibilidad de evitar la pena comportándose según el Derecho. Ello guarda relación también con cierta seguridad jurídica: el ciudadano ha de poder confiar en que 7 dirigiendo su actuación en el sentido de las normas jurídicas no va a ser castigado. En este contexto encontramos una serie de principios acogidos en el Derecho positivo: - PRINCIPIO DE PERSONALIDAD, que impide castigar a alguien por un hecho ajeno.
- PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD POR EL HECHO, que exige un “Derecho penal del hecho”, y se opone a posibilidad de castigar el carácter o el modo de ser de un individuo.
Enlaza este principio con el de legalidad, y su exigencia de “tipicidad” de los delitos: el “mandato de determinación” de la ley penal reclama una descripción diferenciada de cada conducta delictiva.
- EL PRINCIPIO DE CULPA O DOLO, como la expresión más clara del principio de culpabilidad, considera la producción de un resultado lesivo o la realización objetiva de una conducta nociva para fundar la responsabilidad penal.
- EL PRINCIPIO DE LA IMPUTACION PERSONAL, que impide castigar con una pena al autor de un hecho antijurídico que no sea capaz de conocer su antijuridicidad y no alcance unas determinadas condiciones mentales. Es lo que sucede en el caso de los inimputables, ya sea por ser menores de edad penal, ya por causa de enfermedad mental, o trastornos. De aquí surge el principio de igualdad real, que se asienta en la idea de que si la llamada de la norma no puede motivar a dichos sujetos con la eficacia normalmente prevista a causa de una inferioridad personal o situacional, no es licito castigarles como si no poseyeran esa inferioridad. Esto lleva a considerar preferible el mecanismo de la pena que el de las medidas de seguridad, cuando el hecho puede imputarse personalmente al sujeto, pero también a excluir la posibilidad de una pena y admitir solo el recurso de medidas de seguridad si falta la posibilidad de imputación personal.
• EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD No sólo es preciso que pueda culparse al autor de aquello que motiva la pena, sino también que la gravedad de éste resulte proporcionada a la del hecho cometido. Se trata de una exigencia que no nació para las penas, sino para las medidas de seguridad para evitar precisamente que éstas pudiesen resultar un medio desproporcionadamente grave en comparación con su utilidad preventiva (así, cuando para evitar que un pequeño ratero siguiera delinquiendo, fuese necesario encerrarle durante toda su vida).
2 aspectos o exigencias hay que distinguir en el principio de proporcionalidad de las penas: por una parte, la exigencia de que la pena sea proporcionada al delito; por otra, la exigencia de que la medida de la proporcionalidad se establezca en base a la importancia social del hecho. También las valoraciones sociales deben orientar la 8 proporcionalidad de las medidas de seguridad. Hay que añadir que éstas deben guardar proporción no sólo con los beneficios sociales que pueden aportar, sino más en concreto con el grado de la peligrosidad criminal del sujeto y la gravedad del hecho cometido, y de los que probablemente pueda cometer.
• EL PRINCIPIO DE RESOCIALIZACION La exigencia democrática de que sea posible la participación de todos los ciudadanos en la vida social conduce a reclamar que el Derecho Penal evite la marginación indebida del condenado a una pena o del sometimiento a una medida de seguridad. Pero cuando la privación de libertad sea inevitable, habrá que configurar su ejecución de forma tal que evite en lo posible sus efectos desocializadores y facilite una adecuada reincorporación del recluso a la vida en libertad.
Así debe entenderse el principio de resocialización en un Estado democrático, no como sustitución coactiva de los valores del sujeto, ni como manipulación de su personalidad, sino como un intento de ampliar las posibilidades de participación en la vida social por parte del recluso, que no ha de ser tratado como un mero objeto de la acción resocializadora del Estado intervencionista, sino como un sujeto no privado de su dignidad con el cual se dialoga.
En este aspecto decir que tanto la CE (art. 25) como la Ley Penitenciaria (art.1) acogen el principio de resocialización...
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