Tema 2 Derecho Administrativo (2016)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
Grado Derecho - 3º curso
Asignatura Regimen juridico de la actuacion administrativa
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 23/06/2017
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Tema 2: La discrecionalidad de la Administración.
La administración tiene que ejecutar la ley, cuando dicta resoluciones administrativas deben subsumirse en una norma jurídica. El acto no es más que la resolución para un caso concreto que establece la norma. Va a depender de como este estructurada la norma para que la administración tenga un margen de discrecionalidad para resolver ese caso. Si la norma resolviese todos los casos no tendría discrecionalidad.
El acto reglado es aquel cuya resolución ya está prevista en la norma ya que la administración no tiene libertad para denegar u otorgar, no tiene posibilidad de apreciar liberadamente para resolver en uno u otro sentido pues la administración está sujeta a lo que dice la ley. Este es el caso de las licencias.
También existen infinidad de actos donde la administración dispone de una cierta libertad para resolver en un sentido u otro. Esto suele darse en concesiones de domino público.
El paradigma de la discrecionalidad consiste en como selecciona la administración a los contratistas. Imaginemos que sale un tramo de AVE que la administración ha presupuestado que vale mil millones de euros, todas las constructoras se presentan y la administración selecciona la más ventajosa, todas las empresas son muy parecidas, como decidir es la discrecionalidad.
Muchos jueces han abandonado el control de la discrecionalidad técnica. Hay otros mecanismos de control externo, pero salvo que sea algo desproporcionado o irregular, la administración de justicia ha decidido que no es susceptible de control jurisdiccional.
Las grandes decisiones políticas, su núcleo esencial no puede ser objeto de control jurisdiccional porque están dictadas de acuerdo al art. 97 CE, pero como se revisten de la forma jurídica de actos o disposiciones, los tribunales pueden controlarlo, pero solo de forma externa.
La administración no puede actuar al margen del ordenamiento jurídico, pero según este estructurado puede disfrutar de un margen de apreciación.
La administración cuando resuelve actos discrecionales tiene que motivarlos (art. 35 LPAC). La ley ha establecido un primer mecanismo para controlar la legalidad. La motivación es un deber de explicitar y racionalizar la argumentación jurídica. Esto es absolutamente exigible y cada día se controla más por los tribunales. La no motivación da lugar a la anulabilidad.
Recordar los arts. 107 y 113 CE.
Lo jurisprudencia viene distinguiendo entre discrecionalidad, elección de varias consecuencias jurídicas distintas y todas ellas justas, y discrecionalidad técnica. Dentro de la norma jurídica del supuesto de hecho hay conceptos que son evanescentes e indeterminados, por lo que hay varias soluciones que permite la norma, se sostiene que la diferencia entre estos conceptos solo prevén una solución que como está basada en elementos valorativos hay que determinar en qué consiste frente a la discrecionalidad que permite varias soluciones. Según los tribunales, lo de que hay dos soluciones no es verdad.
Hay una serie de procedimientos reglados que siempre son objeto de control jurisdiccional.
También la administración de justicia va más allá y usa otros mecanismos como el control de los principios generales del derecho para controlar si la actuación de la administración está sometida al derecho.
Desviación de poder: art. 70.2 Ley 39/2015.
Todos los actos administrativos son objeto de control y no hay dos soluciones posibles.
El resultado al que debemos llegar es que todo acto administrativo está sometido a determinaciones de la norma con más o menos intensidad y que no hay ámbitos exentos del control, incluso en el ámbito de discreción. Los mecanismos externos y los internos de desviación del poder. El resultado es un problema de control jurisdiccional de determinados momentos de discrecionalidad técnica pues el juez no entra a controlar eso.
Los actos administrativos se presumen válidos y eficaces lo que significa que hay una inversión de la carga de la prueba pues es el particular el que ha de probar que el acto es invalido (art.
39). Ante esta presunción, si el juez no lo tiene muy claro, se decantará por la resolución administrativa.
El acto se agota. Una vez que pagas la multa ese acto no existe o una vez que conseguimos la licencia se agota el acto, tenemos y usamos el derecho. Las normas jurídicas frente a los actos administrativos no son fáciles de distinguir, todas las normas administrativas, es decir, todos los reglamentos subordinados a la ley siempre tienen que ser abstractas y generales. La norma siempre cambia el reglamento. La doctrina admite que se pueden emitir normas de carácter particular siempre que tengan rango de ley como la expropiación de Rumasa. Las leyes singulares siempre han existido en España, pero son una extravagancia. La norma tiene que ser igual para todos, por eso ha de ser general y abstracta. La diferencia entre el acto y la norma, en el ámbito administrativo, es que el acto es la concreción para un supuesto concreto de lo que establece la norma y que se agota con su cumplimiento, la norma no se agota con su cumplimiento, sino que dura en el tiempo. El criterio fundamental es si el supuesto que se estudia altera el ordenamiento jurídico, si crea derecho objetivo, se trata de una norma, mientras que si no lo modifica o no crea derecho objetivo, es un acto.
Máximo órgano de la Administración del Estado: 1. Gobierno o Consejo de Ministros: se manifiestan a través de Real Decreto.
2. Ministros: dictan Órdenes Ministeriales.
3. Secretarios, subsecretarios y directores generales: dictan Resoluciones, o si es una norma jurídica dictan circulares y si es por delegación del ministro, Órdenes Ministeriales.
Máximo órgano de la Administración de las CCAA: 1. Consejo de Gobierno: dicta decretos.
2. Consejeros: dictan órdenes.
Cuando estudiemos contratos, veremos que no es muy sencilla la diferencia pues la forma de manifestación del contrato es a través de actos. Un contrato es una relación jurídica en virtud de la cual, por ejemplo, la UAM encarga a una empresa que lleve la cafetería de una facultad a través de un contrato de servicios, la administración negocia el dominio público con un particular. Está relación une a la administración con el particular y donde se han negociado las condiciones. La diferencia entre un acto y un contrato es que la relación jurídica tenga una cierta dosis de bilateralidad, las dos partes están obligadas a cumplir lo pactado de tal manera que se puede ir al juez si una parte no cumple para que le obligue a cumplir o a indemnizar. En el acto administrativo, aunque puede tener una dosis bilateralidad, la relación jurídica legalmente una parte no puede exigir a la otra su cumplimiento, es el caso de una beca de erasmus pues se puede negar a obtenerla una vez concedida. En esos actos administrativos que tienen una falsa apariencia de bilateralidad, si se renuncia se pierde la fianza. En consecuencia, cuando encontremos un supuesto de estos, lo que hay que analizar cuál es la relación jurídica. Si es de colaboración consiste en que el particular lo pide y a cambio nos ponen unas condiciones y por tanto, es un acto.
Por tanto, el acto es una decisión unilateral que emana de un órgano administrativo, lo que nos permite distinguirlo de un contrato. Además, que resuelve un caso concreto porque es la concreción de un supuesto de hecho para un caso determinado. También, estos actos son inmediatamente ejecutivos con eficacia vinculante, es decir, el destinatario está obligado a cumplir el acto administrativo de tal manera que si no la cumple caben los medios de ejecución forzosa. El acto está dirigido a la administración y gestión de servicios administrativos.
Administración objetiva y subjetiva.
En la administración objetiva, según el art. 1.3 LJCA, no hay actividad administrativa cuando los órganos constitucionales dictan actos administrativos, aunque no sean Administración.
Las corporaciones de derecho público no son Administración. Por ejemplo, los colegios profesionales, la cámaras de comercio… Son simplemente asociaciones de carácter obligatorio para la defensa de intereses comunes. La relación interna no es administrativa, está sujeta al Derecho privado, pero la relación externa son actos administrativos susceptibles de impugnación.
Las concesiones de servicio público son siempre contractuales. Por ejemplo, el agua (en Madrid no porque tenemos el Canal de Isabel II, pero en el resto de municipios se contrata a particulares). El contratista se llama concesionario. Las concesiones de dominio público no son contractuales, por eso su régimen jurídico es el acto administrativo. Están recogidos en el art.
2 d) LJCA.
En cuanto a los actos del Gobierno, los actos políticos están exentos de control jurisdiccional, salvo el fondo.
Los actos de la Administración pública institucional cuando actúa en régimen de Derecho privado, por ejemplo, ADIF, Renfe, los puertos… sus contratos son privados y el personal es funcionario. En estos supuestos, sus actos no tienen carácter de administrativo.
Las concesiones de servicio público siempre son contratos administrativos que se rigen por la ley de contratos del sector público. Las partes se pueden obligar recíprocamente a cumplir.
Las concesiones de dominio público son actos administrativos se rigen por sus normas. Se puede renunciar y desvincular.
El concepto de concesión incluye regímenes y categorías diferentes.
El acto es el mandato, la decisión unilateral. Hay determinados actos llamados necesitados de colaboración por el particular y que casi todos son declarativos de derechos, no solo incluyen el otorgamiento de la concesión, sino que incluye un conjunto de cláusulas que modulan el contenido del acto del que estamos hablando. Por ejemplo, si me dan una autorización para poner una terraza, se me está dando dominio público para uso privado. Las clausulas son accesorias e integran el contenido del acto. Estas cláusulas se llaman condiciones, términos y modos. Esto modula el contenido, forma parte de él. Son clausulas modales cuando, por ejemplo, se le concede el agua siempre que sea para regar x cosas que ha pedido, pero siempre que se creen empleos. Forman parte del acto las conductas que se imponen al beneficiario del acto y que van a modular de tal manera el uso del acto que van a dar lugar a la caducidad del acto por incumplimiento. Los modos (clausulas modales) pueden ser modo iuris, vienen en la ley, o propios, se imponen por parte de la Administración.
La comunicación previa o la declaración responsable son supuestos donde la conducta particular hace innecesaria la actuación de la administración. No son actos administrativos. La declaración responsable… ...

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