TEMA 5. REGULACIÓN CONSTITUCIONAL DE LAS FUENTES (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad de las Palmas de Gran Canaria
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura Constitución y Sistema de Fuentes
Profesor P.C.A.
Año del apunte 2014
Páginas 16
Fecha de subida 15/10/2017
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Constitución y Sistema de Fuentes T E M A 5º. REGULACIÓN CONSTITUCIONAL DE LAS FUENTES.
5.1. LA LEY EN LA CONSTITUCIÓN: LEYES ORGÁNICAS Y ORDINARIAS.5.1.1. CONCEPTO DE LEY.
I.- En una perspectiva política, la ley constituye la expresión de la voluntad popular, en cuanto elaborada por el Poder Legislativo, a quien se atribuye la representación del pueblo.
La ley es, junto con la Constitución, la única norma del ordenamiento que goza de directa legitimidad democrática puesto que es producto de la actividad normativa de la representación del pueblo.
Esta idea se recoge en el párrafo tercero del Preámbulo de la Constitución, que proclama la voluntad nacional de consolidar un Estado de derecho "que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular", así como en el art. 66 que atribuye a las Cortes Generales, "que representan al pueblo español",la potestad legislativa.
Precisamente, el significado político de la ley --como expresión de la voluntad popular-- explica que, en una primera época del constitucionalismo se hubiese intentado hacerla inmune a cualquier procedimiento de control jurídico, tratando de evitar que un órgano no elegido (como un Tribunal) pudiese rectificar las decisiones de la representación popular.
Sin embargo, en el presente siglo se ha consolidado en Europa la idea de necesidad de un control de constitucionalidad de la ley por un órgano creado al efecto (el llamado sistema de justicia constitucional concentrado), como mecanismo de garantizar su adecuación o acomodación al texto constitucional y, en definitiva, de asegurar la superioridad normativa de la Constitución sobre la ley, tratando de compatibilizar la posibilidad de ese control con la consideración de la ley como expresión de la voluntad popular, aunque no por ello infalible, como pensaban los revolucionarios franceses.II.- En una perspectiva estrictamente normativa, la Ley es la norma jurídica, directamente infraordenada a la Constitución.
5.1.2. SUBORDINACIÓN DE LA LEY A LA CONSTITUCIÓN.
Como hemos dicho, bajo esta segunda perspectiva, la ley constituye la categoría normativa básica del ordenamiento subordinada a la Constitución.
Como advierte López Guerra, Ley y Constitución representan dos tipos de normas distintas, tanto formal como materialmente.
--Desde el punto de vista formal, la Constitución, como norma primaria que nace del Poder Constituyente, que crea el Poder Legislativo y fija sus competencias y límites.
La Ley, por su parte, aparece como obra del legislador, en virtud de las atribuciones que a éste le confiere la Constitución.
1 Constitución y Sistema de Fuentes --Desde el punto de vista material, la Constitución regula los elementos que se consideran fundamentales del ordenamiento, mientras que la configuración del resto corresponde, por regla general a la ley. En este sentido, el legislador goza de amplia libertad en el marco constitucional y puede manifestarse de diversas maneras.
De esta forma, si bien debe actuar dentro de los límites constitucionales, que le vinculan en virtud de la posición superior de la Constitución, dentro de esos límites tiene una libertad de configuración y creación propia.
La subordinación de la Ley a la Constitución aparece reflejada claramente en la propia Constitución: a) en el art 9.1 C.E. conforme al cual "los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico"; b) en el art 53.1 que, en materia de derechos fundamentales y libertades públicas, proclama “los derechos y libertades reconocidos en el Cap. II ( del Titulo I) vinculan a todos los poderes públicos" (debiendo entenderse incluido, entre estos poderes, el legislativo); y c) en la Disposición Derogatoria, apdo. 3, conforme a la cual :"Asimismo quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Constitución" . Por tanto, quedan derogadas las leyes preconstitucionales, cualesquiera que sean, contrarias al texto constitucional.
Precisamente, para garantizar esa superioridad normativa de la Constitución sobre la ley se establece: - En el Titulo IX un sistema concentrado de control de constitucionalidad de las leyes, que se encomienda a un órgano creado al efecto que encarna una verdadera jurisdicción: el Tribunal Constitucional.
- También, se regula en el Titulo X un procedimiento específico de reforma de la Constitución, más riguroso y complejo que el exigido para la reforma de la ley.
5.1.3. LAS DIVERSAS MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD LEGISLATIVA.
La Constitución, en cuanto norma conformadora del sistema de producción normativa, determina los órganos del Estado a los que se atribuye la función legislativa.
I. Así el art 66.1 de la CE atribuye la potestad legislativa a las Cortes Generales. La ley es la norma elaborada por el Parlamento por el procedimiento constitucionalmente establecido para ello.
También la Constitución reconoce al Gobierno la capacidad de dictar normas con rango de ley, esto es, asimiladas a la ley, si bien sujetas a un control parlamentario a priori o a posteriori. Son los llamados Decretos Legislativos a los que se refieren los arts. 82 y ss., y los Decretos Leyes, a los que se refiere el art. 86.
Pero no se trata aquí de leyes en el sentido técnico-jurídico del término, pues ni los Decretos Leyes ni los Decretos Legislativos son manifestaciones de la potestad legislativa; es decir, del Parlamento, sino de la potestad normativa del Gobierno.
Podemos decir, por tanto, que stricto sensu sólo son Leyes aquellas normas dictadas por el Parlamento.
2 Constitución y Sistema de Fuentes II.- Asimismo, como consecuencia del reconocimiento de la autonomía política de las Nacionalidades y Regiones, la Constitución reconoce la capacidad legislativa, en su ámbito competencial de las Comunidades Autónomas.
En este sentido, la potestad legislativa es esencial al concepto de Comunidad Autónoma y los distintos Estatutos de Autonomía--en cuanto norma institucional básica de cada Comunidad-- viene atribuyendo esta potestad legislativa a sus respectivas Asambleas Legislativas, desarrollándose en los mismos los distintos tipos de Leyes de la Comunidad y el procedimiento legislativo para su aprobación.
En todo caso, como consecuencia del reparto legislativo que hace la Constitución, se hace preciso la delimitación del ejercicio de las potestades legislativas del Estado y de las Comunidades Autónomas, conforme al principio de competencia.5.1.4. LEYES ESTATALES Y LEYES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
I. LEYES ESTATALES, son aquellas que elaboran y aprueban las Cortes Generales conforme al procedimiento legislativo establecido, que son sancionadas y promulgadas por el Rey en el plazo de quince días, entrando en vigor a los veinte días de su publicación en el BOE si en ellas no se dispusiera lo contrario (arts. 91 CE y 2.1 Código Civil).
Conforme al artículo 87 de la C.E. la iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso, al Senado, a la Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y a los ciudadanos, a través de la iniciativa popular.
Y una vez concluido el procedimiento legislativo, conforme al art 91 de la C.E. "El Rey sancionará en el plazo de quince días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, las promulgará y ordenará su inmediata publicación", entrado en vigor a los 20 días de dicha publicación, si en ellas no se dispusiere otra cosa (art. 2.1 Código Civil).
II.- LAS LEYES DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, son aquellas que aprueban las Asambleas Legislativas de la Comunidad respectiva en su específico ámbito competencial, que no se sancionan, pero se promulgan por el Presidente de la Comunidad en nombre del Rey.
III. En cuanto a la coexistencia de las leyes del Estado y de las Comunidades Autónomas, la doctrina está de acuerdo en que tienen el mismo rango y fuerza, si bien tienen acotado un campo material distinto determinado por el bloque de la constitucionalidad-- que es el conjunto normativo integrado por la Constitución, los Estatutos y determinadas leyes distributivas de las competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
En consecuencia, el principio de competencia opera como medio delimitador de la potestad legislativa del Estado y de las Comunidades Autónomas y permitirá la expulsión del ordenamiento jurídico por el cauce del recurso de inconstitucionalidad de aquella ley --estatal o autonómica-- que invada competencias ajenas.
5.1.5. LEYES ORGÁNICAS Y LEYES ORDINARIAS.3 Constitución y Sistema de Fuentes 1) Leyes Orgánicas: Concepto.
Podemos definirlas, por contraposición a las Leyes Ordinarias, como aquellas leyes estatales que versan sobre determinadas materias prefijadas de antemano por la propia Constitución. con un procedimiento especial de aprobación, modificación o derogación, mientras que las Leyes Ordinarias serán las restantes.
2) Características de las Leyes Orgánicas en el doble plano material y formal.Las Leyes Orgánicas aparecen reguladas en el art 81 de la Constitución que contempla los aspectos, material y formal, de este tipo de Leyes.
I.- En cuanto al ámbito material, el apdo. 1º establece que son Leyes Orgánicas “aquellas relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueban los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución”.
Del tenor del precepto se deduce que se trata de una enumeración cerrada, aunque el último párrafo se remita genéricamente a otros preceptos constitucionales.
Cabe afirmar que no pueden regularse por Ley Orgánica otras materias, salvo aquellas constitucionalmente reservadas a este tipo de ley.
En diversos preceptos de la Constitución encontramos esta reserva de Ley Orgánica, entre ellas: las bases de la organización militar (art. 8.2), la institución del defensor del Pueblo (art. 54), la suspensión individual de derechos fundamentales (art. 55.2), las abdicaciones y renuncias a la sucesión al Trono y las dudas en el orden de sucesión a la Corona (art. 57.5), las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa legislativa popular (art. 87.3), las condiciones y procedimiento de las modalidades de referéndum previstas en la Constitución (art. 92.3), la autorización a la celebración de Tratados que supongan la cesión de competencias derivadas de la Constitución a una organización internacional (art. 93), las funciones, principios básicos de actuación y Estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (art. 104.2), la composición y competencia del Consejo de Estado (art. 107), los estados de alarma, de excepción y de sitio (art. 116.1), la constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales y el estatuto jurídico de los Jueces de Carrera y del personal al servicio de la Administración de Justicia (art. 122.1), la composición, organización y funcionamiento del Tribunal de Cuentas (art. 136.4), las transferencias o delegaciones de competencias en materia de titularidad estatal (art. 150.2), el funcionamiento del Tribunal Constitucional (art. 165).
Por su parte, el Tribunal Constitucional ha justificado en varias ocasiones, la necesidad de una interpretación restrictiva de las materias propias de Ley Orgánica, para evitar una excesiva rigidificación del ordenamiento jurídico. Así la Sentencia del TC 127/94, de 5 de mayo, insiste en esa tendencia, señalando que el ámbito de la Ley Orgánica "ha de ser interpretado de modo restrictivo y excepcional en cuanto excepcional es la exigencia de mayoría absoluta y no la simple para su votación parlamentaria".
En este sentido, en cuanto a la reserva en materia de derechos fundamentales y libertades públicas, se ha entendido que dicha reserva de Ley Orgánica ha de referirse tan solo–además de la igualdad (art. 14 CE)– a los derechos y libertades comprendidos en la Sección Primera, del Capítulo Segundo 4 Constitución y Sistema de Fuentes del Título Primero (arts. 15-29).
II.- En cuanto al ámbito formal, el apdo. 2º señala que "la aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto".
Se requiere por tanto, una mayoría cualificada del Congreso, a diferencia de las leyes ordinarias para cuya aprobación basta una mayoría simple.
3) Otros caracteres que distinguen las Leyes Orgánicas de las Ordinarias.La Ley Orgánica cuenta con otros caracteres que la distinguen de las Leyes Ordinarias: --Las materias propias de Ley Orgánica están excluidas de la iniciativa legislativa popular (art 87.3 CE).
--No pueden ser reguladas por Decretos Legislativos (art. 82.1) o por Decretos-Leyes (art. 86.1).
--Su tramitación parlamentaria ha de incluir, necesariamente, el paso por el pleno de las Cámaras, estando excluida la delegación de su aprobación en las Comisiones Legislativas permanentes (art.
75.3).
--Las materias propias de Ley Orgánica son, por su propia naturaleza, competencia legislativa del Estado, puesto que solo a este pertenece dicho instrumento normativo. En otras palabras, son leyes estatales.
4) Posición en el sistema de fuentes de las Leyes Orgánicas en relación con las Ordinarias.--La mayoría de la Doctrina se ha decantado por la igualdad de rango de las leyes Orgánicas y las Ordinarias.
Conforme a esta concepción la relación entre ellas se articula de acuerdo con el principio de competencia, de forma que ambos tipos de Leyes se despliegan sobre un ámbito material determinado previsto por la Constitución. Con ello se trata de explicar no solamente que las Leyes Ordinarias no puedan modificar lo establecido por las leyes Orgánicas, sino también la paralela imposibilidad de que la Ley Orgánica regule materias no comprendidas en la relación taxativa prevista en la Constitución.
En resumen, la exclusión de cada tipo de normas de cada ámbito es recíproca.
Esta postura doctrinal mayoritaria es avalada por la Jurisprudencia constitucional que ha proclamado que las Leyes Orgánicas y Ordinarias no se sitúan, propiamente, en distintos planos jerárquicos.
Por lo demás, en la práctica legislativa es relativamente frecuente que se aprueben leyes que solo una parte se define como Ley Orgánica. Ello es así porque no toda la materia sobre la que versa una ley ha de ser, necesariamente, regulada por este tipo de leyes. Se trata de lo que se ha venido a denominar como las materias conexas.
5.2.- NORMAS CON VALOR DE LEY: LOS DECRETOS LEYES Y LOS DECRETOS 5 Constitución y Sistema de Fuentes LEGISLATIVOS.5.2.1. INTRODUCCIÓN.
La Constitución –además de encomendar la función legislativa a las Cortes Generales– reconoce al Gobierno la capacidad de dictar normas con rango de ley; esto es, asimiladas a la ley, si bien con un control parlamentario a priori o a posteriori. Son los llamados Decretos Legislativos a los que se refieren los arts. 82 y ss., y los Decretos Leyes, a los que se refiere el art. 86.
Ahora bien, no se trata de leyes en el sentido técnico-jurídico del término, pues ni los Decretos Leyes ni los Decretos Legislativos son manifestaciones de la potestad legislativa de las Cortes Generales, sino de la potestad normativa del Gobierno.
La terminología empleada supone la introducción del término "Decreto" por su origen gubernativo, y de los términos "Ley" o "Legislativo" para dejar claro que su valor y posición en el sistema de fuentes es en pie de igualdad con la ley.
5.2.2. DECRETOS LEYES.
Constituye una técnica del moderno Estado para evitar la lentitud del trabajo parlamentario incompatible con situaciones de urgencia.
Se pueden definir como aquellas normas con rango o valor de ley que emanan, vía de excepción, del Gobierno, si bien deberán ser ratificados por el Congreso de los Diputados.
Se ha criticado, no sin razón, de los posibles abusos en la utilización del sistema y con ello, su posible desnaturalización. Debe ser, por ello, objeto de interpretación restrictiva el ejercicio de esta potestad.
En cuanto a los casos en que es posible acudir a la técnica normativa de los Decretos Leyes, sus límites y su eficacia hay que estar a lo previsto en el precitado artículo 86 de la Constitución, del que cabe destacar lo siguiente: _ De una parte, solo cabe en caso de extraordinaria y urgente necesidad.
_ Y, de otra, en cuanto a las materias susceptibles de regulación a través del Decreto-Ley, no podrá afectar al ordenamiento de las Instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al derecho electoral general.
6 Constitución y Sistema de Fuentes Por otra parte, esta clase de normas tiene una eficacia temporal, en cuanto que deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad en el Congreso de los Diputados convocado al efecto si no estuviese reunido, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación.
El Congreso habrá de pronunciarse expresamente en dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para lo cual el Reglamento del Congreso establece un procedimiento especial y sumario.
Durante este plazo las Cortes podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia.
Los Decretos Leyes quedan sujetos, además, al control de constitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional.
El control de constitucionalidad se justifica por cuanto, aún cuando no sean leyes, se trata de normas con el mismo valor, y se puede extender a la concurrencia del presupuesto de hecho para acudir a esta técnica, que es la extraordinaria o urgente necesidad, a las materias objeto de regulación, al procedimiento seguido, etc.
Precisamente, a propósito de la concurrencia o no de la situación de necesidad, el Tribunal Constitucional ha advertido que no se puede entender como una necesidad absoluta sino como una necesidad relativa respecto de situaciones concretas de los objetivos gubernamentales que, por razones difíciles de prever, requieren una acción normativa inmediata en un plazo mas breve que el necesario para la tramitación parlamentaria de una ley, aunque sea por el procedimiento de urgencia.
5.2.3. DECRETOS LEGISLATIVOS.
Es otra técnica de otorgamiento de la facultad de dictar normas con valor de ley al Gobierno, si bien, en este caso, con intervención legislativa a priori.
A ellos se refieren los artículos 82 a 85 de la Constitución. La previa intervención legislativa supone un apoderamiento para el ejercicio por el Gobierno de su potestad de dictar Decretos Legislativos, y tiene lugar: _ Mediante una Ley de Bases cuando el objeto de la delegación sea la formación de Textos Articulados.
_ Mediante una Ley Ordinaria, cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo.
Es decir, el Parlamento delega en el Gobierno la aprobación de una norma que se va a denominar Decreto-Legislativo, y esa delegación deberá otorgarse mediante una Ley de Bases o mediante una Ley Ordinaria (art 82.2 CE).
En el artículo 83.3 se incluyen una serie de cautelas sobre el alcance de la delegación: _ La delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de manera expresa para materia concreta 7 Constitución y Sistema de Fuentes y con fijación de plazo para su ejercicio.
_ Se agota por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente.
_ No podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado.
_ Tampoco se permite la subdelegación a autoridades distintas del propio Gobierno.
DELEGACION DE LAS CORTES GENERALES AL GOBIERNO PARA LA APROBACION DE UN TEXTO ARTICULADO: Cuando la delegación tenga lugar mediante una Ley de Bases estas deberán delimitar con alcance y precisión en alcance de la delegación legislativa y los criterios que han de seguirse en su ejercicio.
Las leyes de bases no podrán nunca: a) autorizar la modificación de la propia Ley de Bases.
b) Facultar para dictar normas con carácter retroactivo.
La norma que resulte de la delegación será un Texto Articulado (ejemplo: Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial).
DELEGACION DE LAS CORTES GENERALES AL GOBIERNO PARA APROBAR UN TEXTO REFUNDIDO: Cuando la delegación se efectúe para refundir textos legales tiene que efectuarse por ley ordinaria que determinará el ámbito normativo a que se refiere el contenido de la delegación, especificando si se limita a la mera formulación de un texto único o si se incluye la de regulación, aclaración y armonización de las normas que refunde.
La norma que resulta de la delegación será un Texto Refundido.
(ejemplo: Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras Leyes complementarias).
En ningún caso cabe delegación sobre materias propias de Leyes Orgánicas.
En cuanto a su control, quedan sometidos al control de constitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional (al igual que los Decretos Leyes).
Por último, hay que señalar que las leyes de delegación podrán establecer en cada caso fórmulas adicionales de control.
5.3.- LOS TRATADOS INTERNACIONALES.- 8 Constitución y Sistema de Fuentes 5.3.1. LOS TRATADOS EN EL DERECHO INTERNACIONAL.
Los Tratados Internacionales constituyen la plasmación normativa de la política exterior del Estado y, a la vez, son una de las fuentes del derecho interno.
Desde el punto de vista del Derecho Internacional, pueden ser definidos en un sentido estricto y técnico, siguiendo el Tratado de Viena sobre Tratados Internacionales, como "acuerdos internacionales celebrados por escrito entre Estados, regidos por el Derecho Internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación”.
Según Díez de Velasco, la anterior definición pone de manifiesto: a) se reserva la denominación de Tratados solo para los acuerdos concertados en forma escrita, ya sea en un instrumento único o en varios conexos.
b) Se refiere la Convención tan solo a los Tratados concertados entre Estados.
c) Se encuentran regidos por el Derecho Internacional.
d) cabe la posibilidad de que reciban otras denominaciones (Acuerdo, Convención, Carta, Compromiso, Protocolo, Estatuto, etc.).
En todo caso, la propia Convención reconoce la posibilidad de otros acuerdos internacionales, a los que no se va a aplicar la Convención de Viena, que son los siguientes: a) los celebrados entre Estados y otros sujetos de derecho internacional.
b) los no celebrados por escrito.
A ellos hay que añadir los celebrados entre Estados y Organizaciones Internacionales, muchas de las cuales gozan de autonomía jurídica para concertar Tratados.
5.3.2. PROCEDIMIENTO DE CONCLUSIÓN DEL TRATADO INTERNACIONAL.
La negociación de los Tratados corresponde al Gobierno, en cuanto dirige la política exterior del Estado conforme al art. 97 de la CE.
En cuanto al procedimiento de conclusión se regula en los artículos 93 y 94 de la Constitución.Cabe distinguir tres grandes grupos de Tratados: 1) Tratados que conllevan la atribución a Instituciones u Organizaciones Internacionales del ejercicio de competencias derivadas de la Constitución, cuya aprobación debe autorizarse por una Ley Orgánica.
Conforme al art. 93 "Mediante una ley orgánica se podrá autorizar la celebración de Tratados por los que se atribuya a una Institución u organización internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión".
9 Constitución y Sistema de Fuentes Tal precepto constituyó el marco constitucional que permitió la adhesión de España a las Comunidades Europeas, previa autorización concedida por Ley Orgánica 10/85 de 2 de agosto.
2) Tratados cuya firma exige la previa autorización de las Cortes Generales.
Conforme al art. 94.1 de la CE “La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales, en los siguientes casos: a) Tratados de carácter político.
b) Tratados o convenios de carácter militar.
c) Tratados o convenios que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el Titulo I.
d) Tratados o convenios que impliquen obligaciones financieras para Hacienda Pública.
g) Tratados o convenios que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución”.
3) Los demás Tratados.
Conforme al apdo. 2º del art. 94 de la CE, el Congreso y el Senado serán inmediatamente informados de la conclusión de los restantes tratados o convenios. Esto es, se refiere el precepto a aquellos otros que no son incardinables entre los de los arts. 93 y 94.1, que concluye el Gobierno si bien el Congreso y el Senado deben ser informados de su conclusión.
5.3.3. LA CONCLUSIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES COMO COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL ESTADO.
El art. 149.1.3ª de la CE atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de relaciones internacionales.
Aunque el concepto de relaciones internacionales es más amplio que la mera celebración de Tratados internacionales, la Doctrina está mayoritariamente de acuerdo en entender que el poder constituyente ha querido reservar el derecho a concertar Tratados Internacionales al Estado, si bien ello no significa que se haya eliminado todo protagonismo de las Comunidades Autónomas en las relaciones internacionales.
No obstante, la mayoría de los Estatutos de Autonomía han reconocido un doble protagonismo de las Comunidades Autónomas: En la denominada fase ascendente, de elaboración de un Tratado Internacional, proclamando el derecho de ser informadas de las negociaciones previas a la celebración, o el llamado derecho de instancia, esto es, el derecho a solicitar del Estado la celebración de un Tratado internacional sobre materias de su interés.
Y en la fase descendente, o de ejecución de un Tratado válidamente celebrado, pues en virtud del principio de derecho internacional de respeto a la organización interna de cada Estado, corresponderá 10 Constitución y Sistema de Fuentes a cada Comunidad Autónoma la ejecución de las disposiciones de un Tratado cuando caiga dentro de su ámbito competencial.
Particular importancia tiene este protagonismo de las Comunidades Autónomas en los Tratados cuya ejecución y aplicación precisa de normas internas, en cuyo caso si la materia es competencia de la Comunidad Autónoma a ella corresponderá dicha ejecución.
5.3.4. SU INCORPORACIÓN AL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL.
Los Tratados obligan al Estado, en sus relaciones con los demás Estados contratantes, desde el momento en que son ratificados; esto es, desde que el Estado compromete internacionalmente su voluntad de obligarse.
Ahora bien, internamente, su fuerza obligatoria está deferida, según establece el artículo 96 de la CE, a la publicación del mismo en el Boletín Oficial del Estado.
En similar sentido se pronuncia el apdo. 5 del art 1 del Código Civil, conforme al cual "Las normas jurídicas contenidas en los Tratados internacionales no serán de aplicación directa en España en tanto no hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno mediante su publicación integra en el Boletín Oficial del Estado".
A partir de este momento, se incorporan al ordenamiento jurídico interno (son fuente del derecho español), y es cuando adquiere efecto erga omnes, esto es, afecta a los particulares en el supuesto de que el tratado establezca derechos y obligaciones para ellos.
Sigue, por tanto, nuestra Constitución el sistema de recepción automática de los Tratados Internacionales, sin necesidad de una norma interna que efectúe la recepción del Tratado.
La publicación del Tratado en el BOE tiene una significación idéntica a la publicación de una ley. Se trata de un acto debido, de efectos declarativos, que constituye una conditio iuris de su eficacia interna.
Por otra parte, la derogación, modificación o revisión de los Tratados ha de ajustarse a las previsiones del propio Tratado o a las normas de Derecho Internacional (art. 96 CE).
Se dice por ello que los Tratados poseen fuerza pasiva frente a la ley parlamentaria; esto es, que no pueden ser modificados sin más por ésta, sino que han de serlo por los procedimientos acordes con el derecho internacional.
11 Constitución y Sistema de Fuentes En todo caso, como advierte González Campos, la publicación cierra el proceso de celebración y constituye un deber del Estado derivada de una obligación asumida internacionalmente: la de dar cumplimiento de buena fe al Tratado, de forma que la falta de publicación o la publicación tardía podrá dar lugar, en el plano internacional, a la responsabilidad del Estado frente a los demás Estados firmantes, y, en el plano interno, a la responsabilidad frente a los ciudadanos por funcionamiento anormal de la Administración.
5.3.5. SU POSICIÓN EN EL SISTEMA DE FUENTES.
Una vez que se publican en el BOE los Tratados pasan a ser fuente del derecho español, por lo que hay que examinar cual es su posición jerárquica en el sistema de fuentes.
Al respecto, hay dos grandes posiciones doctrinales: --Un importante sector Doctrinal (encabezado por la Doctrina internacionalista) entiende que, precisamente por esa singularidad en cuanto a la derogación, modificación o revisión, que sólo puede hacerse conforme a lo previsto en el propio Tratado, sin que sea válida la reforma por ley, entiende que los Tratados ostentan una posición de superioridad jerárquica sobre la ley, si bien infraordenados a la Constitución.
Así, Díez de Velasco sostiene que si bien la Constitución española no declara de modo expreso la superioridad de los Tratados, aparece implícitamente aceptada por el art. 96.
--Otro sector entiende que ello no supone que su posición jerárquica sea superior a la ley, sino que ocupa la misma posición jerárquica, si bien con ciertas peculiariedades en cuanto a su modificación o derogación.
II.- En todo caso, los Tratados quedan subordinados a la Constitución, en cuanto norma superior y suprema del ordenamiento jurídico del Estado, deduciéndose claramente esta subordinación del artículo 95 de la CE que exige la previa revisión constitucional para celebrar un Tratado contrario a la misma.
5.3.6. CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE LOS TRATADOS.
Precisamente, por su subordinación a la Constitución, se hacen necesarios mecanismos de control de su constitucionalidad, a cuyo fin se establece en la CE una doble vía preventiva y a posteriori.
--Preventivamente, se señala en el art. 95 CE que en el caso de un Tratado a celebrar por España contenga estipulaciones contrarias a la Constitución, la prestación del consentimiento del Estado requerirá la previa revisión constitucional.
El precepto también contempla un mecanismo de consulta sobre la constitucionalidad de un Tratado ante el Tribunal Constitucional. En efecto, conforme al art. 95.2 CE: "El Gobierno o cualquiera de las Cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción".
La declaración que emita el Tribunal Constitucional es vinculante, de forma que si es afirmativa, el Estado no podrá concluir el Tratado sin la previa revisión constitucional.- 12 Constitución y Sistema de Fuentes -- En cuanto al control a posteriori, se deduce del art. 96 que entiende incorporados al ordenamiento jurídico español los Tratados Internacionales "válidamente celebrados"... A contrario sensu, los celebrados con infracción de normas constitucionales podrán ser declarados inválidos o con eficacia interna nula por el Tribunal Constitucional. Y tal declaración será independiente de la responsabilidad internacional en la que podría incurrir el Estado por incumplimiento de las obligaciones asumidas internacionalmente.
5.4.- EL REGLAMENTO. LA RESERVA DE LEY. CLASES DE REGLAMENTOS.5.4.1. LA RESERVA DE LEY.1) La reserva material de ley.Las Constituciones suelen reservar determinadas materias para ser reguladas de manera más o menos completa por ley. Es lo que se denomina reserva material de ley o reserva constitucional de ley.
Se trata de una garantía constitucionalmente prevista, destinada a asegurar que determinadas materias de especial importancia sean directamente reguladas por el titular ordinario de la función legislativa, o al menos por normas de igual rango y fuerza que la ley parlamentaria.
Es una institución histórica que tiene su origen en Inglaterra como conquista del Parlamento frente al poder de los Monarcas. El Parlamento inglés se reservaba determinadas materias que se sustraían al poder del Monarca.
Curiosamente, la revolución americana se sirvió de esta concepción para justificar su oposición al Parlamento inglés en la imposición de tributos sin aprobación de sus representantes.
Modernamente, esta reserva se justifica en la consideración de la ley como expresión de la voluntad popular y la necesidad de que quede reservado al Parlamento, en cuanto representante del pueblo, la regulación de las materias de mayor importancia para la comunidad).
2) Tipos de reserva material de ley: La reserva de ley puede tener distinta intensidad, por lo que hay que distinguir: La reserva material absoluta, cuando se requiere que la regulación de la materia objeto de la reserva se haga por ley en sentido estricto (esto es, por una norma parlamentaria) o la reserva material relativa, en la que basta que sea una norma con fuerza de ley la que regule la materia reservada.A su vez, dentro de la reserva material absoluta, cabe distinguir entre reserva de Ley Orgánica –que algunos califican como reserva reforzada– y reserva de Ley Ordinaria.
13 Constitución y Sistema de Fuentes Antes examinamos los distintos supuestos en los que la Constitución hace reserva de materias en favor de una Ley Orgánica, quedando el resto regulado por la Ley Ordinaria.
Por lo demás, a diferencia del sistema francés, nuestro legislador constituyente rechazó la posibilidad de una reserva reglamentaria, esto es, la existencia de un ámbito material reservado al Reglamento, sin que la Ley pudiese incidir en él. Ello se hizo para impedir una inversión del papel hegemónico de la ley en nuestro sistema de fuentes.En todo caso, se viene criticando que las materias reservadas por la Constitución a la Ley--en unos casos Orgánica y en otros Ordinaria--es excesivamente amplia.5.4.2. EL REGLAMENTO.
La Constitución atribuye al Gobierno la potestad reglamentaria (art. 97 CE), esto es, la capacidad de dictar normas de rango inferior a la ley.
En cualquier caso se atribuye dicha potestad “(..) de acuerdo con la Constitución y las leyes".
Por su parte, como consecuencia de la autonomía política de las Comunidades Autónomas, sus respectivos Gobiernos se han dotado de potestad reglamentaria en los respectivos Estatutos de Autonomía.
Podemos definir al reglamento como norma escrita de rango inferior a la ley dictada por el Gobierno o la Administración Pública.
Su origen se encuentra en el nacimiento del Estado Liberal en los modelos monárquicos en los que el Rey era el titular del Poder Ejecutivo y se reservaba la posibilidad de dictar normas jurídicas.
Las características de los reglamentos son las siguientes: a) ocupan una posición jerárquicamente subordinada a la ley, lo que significa que toda norma con rango de ley tiene fuerza derogatoria de un reglamento, si bien esta relación jerárquica debe examinarse en relación con la ley que desarrolla.
b) en el modelo español no hay materias reservadas a la potestad reglamentaria.
c) es siempre una norma general y abstracta, no referida a administrados concretos, como ocurre con los actos de la Administración. Esta es la diferencia entre reglamento y acto administrativo.
5.4.3. CLASES DE REGLAMENTOS.1º) Por su relación con la ley: _INDEPENDIENTES, son lo que regulan materias para las que no existe reserva legal y el Gobierno decide acudir a esta técnica normativa.
_EJECUTIVOS, son aquellos dictados en desarrollo o ejecución de una ley. Es una técnica habitual del Estado moderno la habilitación al Gobierno para elaboración de reglamentos de ejecución de una 14 Constitución y Sistema de Fuentes Ley (la propia ley suele prever su desarrollo en vía reglamentaria).
_DE NECESIDAD, se dictan para hacer frente a una situación extraordinaria (estados de alarma).
2º) Por su materia: _ADMINISTRATIVOS, son los que regulan la organización administrativa y los que sedictan dentro del ámbito de una relación de sujeción especial (por ejs., entre la Administración y los funcionarios).
_JURÍDICOS, regulan derechos o deberes a los administrados. Sólo se admiten estos reglamentos en desarrollo de una ley previa.
3º) Por su origen: _ESTATALES _AUTONÓMICOS (potestad reglamentaria asumida estatutariamente) _DE LOS ENTES LOCALES _DE LOS ENTES INSTITUCIONALES _DE LOS ENTES CORPORATIVOS Al respecto, además de al Gobierno de España y a los Gobiernos autonómicos, se reconoce una potestad reglamentaria limitada a otros entes públicos (Ayuntamientos, Cabildos, Diputaciones, Universidades, Colegios Profesionales, etc.).
En cuanto al control de los reglamentos corresponde a los Tribunales de Justicia del orden contencioso-administrativo.
Estamos aquí ante un control de legalidad, no de constitucionalidad.
5.5. LA JURISPRUDENCIA. LA COSTUMBRE. OTRAS FUENTES.LA JURISPRUDENCIA.En sentido amplio, se refiere el término jurisprudencia a los criterios de los Tribunales de Justicia en la interpretación de la ley y demás normas del ordenamiento jurídico.
En sentido estricto, se refiere a la doctrina que de modo reiterado establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar las normas del ordenamiento jurídico, en cuanto vinculante para el resto de Juzgados y Tribunales.
El Código Civil se refiere a la jurisprudencia como fuente complementaria del ordenamiento jurídico (art. 1.6 CC).
Cuando se trata de la interpretación de la Constitución, es el Tribunal Constitucional el supremo intérprete de la Constitución y su interpretación de los preceptos constitucionales es vinculante para los Jueces y Tribunales.
15 Constitución y Sistema de Fuentes Cuando se trata de la interpretación del resto del ordenamiento jurídico hay que estar a la doctrina legal del Tribunal Supremo como fuente complementaria del ordenamiento jurídico.
LA COSTUMBRE.Es un uso repetido (forma de actuación) que se convierte en norma jurídica.
La costumbre puede desplegar sus efectos tanto en el ámbito del derecho privado como en el ámbito del derecho público, si bien no deja de ser una fuente muy secundaria en el moderno Estado.
OTRAS FUENTES.El ordenamiento jurídico no puede tener fisuras y debe dar respuesta a todos los casos que de la realidad social.
Aparece esta idea en el Código Civil cuando señala que los Jueces y Tribunales tienen el deber inexcusable de resolver todos los casos de los que conozcan (art 1.7 CC).
Surgen así los llamados métodos de integración del ordenamiento jurídico, esto es, los mecanismos a los que hay que acudir cuando no se regule un determinado supuesto.
Son, básicamente, la analogía y los principios generales del derecho Se habla también de la doctrina científica como fuente indirecta del ordenamiento.
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