Resumen Lectura Obligatoria 2 Políticas de Seguridad y Prevención (2016)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Criminología - 3º curso
Asignatura Políticas de Seguridad y Prevención
Año del apunte 2016
Páginas 12
Fecha de subida 31/03/2016
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Políticas públicas de seguridad y Prevención 2015/2016 – maria47 El Análisis de las políticas públicas 1. Introducción A. ¿Qué son las políticas públicas? Los gobiernos son conjuntos de organizaciones que combinan recursos y los transforman en políticas, programas públicos, servicios, para atender los problemas de los ciudadanos, controlar sus comportamientos, satisfacer sus demandas y, lograr unos impactos, objetivos, sociales, políticos y económicos.
Las políticas públicas son el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que en un momento determinado los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios. Así que las políticas públicas se pueden entender como un proceso que se inicia cuando un gobierno o un directivo público detecta la existencia de un problema que merece su atención y termina con la evaluación de los resultados que han tenido las acciones emprendidas para eliminar, mitigar o variar ese problema.
A este conjunto de decisiones y acciones emprendidas por el gobierno para influir sobre el problema lo denominamos política pública.
El proceso de las políticas públicas tiene un carácter cíclico. El gobierno mide los efectos de la misma sobre el problema y tras observar si éste ha concluido o si permanece se pregunta si es necesario seguir actuando. En caso afirmativo se realiza un nuevo proceso de formulación de alternativas. Los resultados de la política retroalimentan el proceso.
El ciclo o proceso de las políticas públicas es una construcción conceptual que no tiene por qué ocurrir en la realidad.
B. ¿Qué es el análisis de políticas públicas? El análisis de políticas es un conjunto de técnicas, conceptos y estrategias que provienen de distintas disciplinas que intentan mejorar la calidad de ese proceso de transformación de recursos en impactos. Es la investigación para la acción, y su objetivo es ayudar al decisor público a responder preguntas.
Hay que resaltar que el análisis de las políticas públicas lo realizan personas que filtran la realidad a través de sus valores, capacidad técnica, intereses circunstanciales y de su grado de información. De este modo, las conclusiones del análisis se ven afectadas por estos factores. Así que es importante tener siempre presente la relación que exista entre la realidad y el análisis, y los analistas y la realidad.
C. La relación entre el proceso de la política y su análisis Existen dos perspectivas que ponen en relación la política y su análisis. En primer lugar, la perspectiva del responsable de la política en cualquiera de sus fases (formulación, implantación, evaluación y reformulación), que es la perspectiva del directivo, policy maker, en las 1 Políticas públicas de seguridad y Prevención 2015/2016 – maria47 organizaciones públicas. La otra perspectiva del analista de políticas públicas, agente que enriquece el universo de información que se pone a disposición de los directivos para que puedan tener un criterio de decisión en cualquiera de las fases de la política pública. Hay que decir que con frecuencia es un agente externo a la misma de quien se recaba consulta.
Lo que parece claro es que el proceso de las políticas no tiene ningún sentido si no se vincula a la actividad del análisis. La razón de que sea así es que todas las fases del proceso de las políticas públicas están íntimamente vinculadas con un nexo de dependencia.
El papel del analista es aplicar sus conocimientos técnicos y su visión política del problema, para dar respuesta a preguntas y producir informaciones cualificadas que serán tenidas en cuenta por los policy makers en las fases del proceso de las que son responsables.
La realidad de la actuación administrativa pública se concentra generalmente en partes del proceso y no en la contemplación global de la política.
2. La definición de los problemas públicos La definición de problemas es la primera fase del ciclo de las políticas públicas.
Tradicionalmente, la preocupación por la elección de la mejor alternativa soslayaba la importancia de la definición de los problemas en la creencia de que éstos se podían definir objetivamente.
La realidad nos muestra que los problemas no existen, sino que son construidos, definidos subjetiva e interesadamente por un observador. Por ello los gestores públicos deber ser conscientes de que su visión del problema es sólo una de las posibles y no tiene por qué ser siempre la más correcta.
La primera tarea del analista de políticas en esta fase es identificar a los actores con algún tipo de intereses en el problema y reconstruir sus definiciones, la forma en que ven el problema.
Cuando el directivo público opta por una definición debe preguntarse por sus consecuencias, previendo a quién beneficia o perjudica con ella, y en qué medida. La definición de problema, por lo tanto, es una decisión de gran importancia que marca absolutamente el posterior desarrollo de la política pública, al reducir el ámbito de posibles alternativas a considerar.
A. La detección de los problemas El problema hay que anticiparlo para poder controlar sus efectos. El tipo de destrezas y conocimientos necesarios para poner en funcionamiento una política reactiva es más la capacidad de acción que la de análisis. De los mecanismos para detectar problemas destacan los siguientes: 1. La función directiva  el principal papel del directivo es mantener a su organización en contacto permanente con el entorno.
2. La participación en redes de gestión  la complejidad de los problemas públicos obliga a la participación simultánea de diversos actores públicos y privados en el proceso de la política.
2 Políticas públicas de seguridad y Prevención 2015/2016 – maria47 La pertenencia a una red ofrece muchas oportunidades para conocer problemas que ya están afectando a otros y comprobar el impacto de las medidas que se han diseñado para enfrentarse a ellos.
3. El diseño de segmentos organizativos especializados en la detección de problemas  los gabinetes de análisis o las figuras como el defensor del usuario son instrumentos diseñados para recoger información y detectar problemas.
4. El análisis de los clientes  los clientes son la principal fuente de información para las administraciones públicas. El estudio de estructura y composición, valoración de sus expectativas y demandas son instrumentos que ayudan a descubrir problemas nuevos o cambios de tenencia en los problemas conocidos.
5. La evaluación de las políticas y de los programas en funcionamiento  la utilidad de la evaluación es producir información de calidad para orientar nuevos procesos de decisión, aprendiendo de los éxitos y los fracasos. La evaluación es un recurso fundamental para detectar problemas de eficacia, eficiencia y de gestión del programa de la implantación.
La detección es una tarea de búsqueda de informaciones que nos permitan reconocer la presencia de demandas, amenazas u oportunidades, para orientar las políticas presentes y futuras. La investigación científica, a pesar de su aura de racionalidad y objetividad, es la menos adecuada para detectar problemas nuevos o anticipar el desarrollo de problemas de los que sólo tenemos información parcial, fragmentada e inexacta.
B. El diseño de la agenda Al conjunto de problemas que preocupan a una sociedad en un momento determinado se le denomina agenda sistémica. De esta agenda, los decisores públicos extraen algunos y confeccionan la agenda institucional o agenda política. Esta agenda está compuesta por los problemas que los directivos públicos consideran prioritarios en un momento determinado. La inclusión de un problema en la agenda institucional es una condición necesaria, pero no suficiente, para que el problema dé lugar a una política pública que intente solucionarlo.
En ocasiones los problemas desaparecen de la agenda (disipación de temas o problemas) o no reciben atención hasta que pasa un largo periodo de tiempo (incubación de temas). La disipación o incubación se deben a la desaparición del problema de la agenda sistémica, pérdida de interés de los directivos por el problema. En general la agenda política es más estable que la agenda sistémica.
En realidad, el impacto de las políticas consigue aminorar o eliminar unas dimensiones del problema, poniendo en evidencia la existencia de otras dimensiones.
Las encuestas y los barómetros de opinión pública sirven para establecer la importancia de los problemas que componen la agenda sistémica.
Podemos hablar de la existencia de sesgo en la accesibilidad a la agenda institucional. Existen contrasesgos, que ayudan a superar las barreras de la desigualdad de poder, las barreras culturales y las barreras a la innovación. Entre otros están: los medios de comunicación, deseos 3 Políticas públicas de seguridad y Prevención 2015/2016 – maria47 de crecer de las organizaciones públicas, comportamiento y actitudes de los decisores y la competencia política.
Sesgos negativos son: 1. El poder y la capacidad de presión de los grupos de interés  ciertos grupos sociales son más poderosos que otros y tienen mayor capacidad para hacer prevalecer sus problemas ante la administración. Su capacidad para presentar demandas y para influir en las decisiones públicas, les asegura una cuota mayor de temas en la agenda de la administración que la que pueden conseguir grupos poco estructurados y con menor influencia.
2. Los sesgos culturales  hay problemas y temas más proclives que otros a ser incluidos en la agenda institucional. Los valores culturales y la cultura política u organizativa hacen de filtro de la percepción de los mismos por los directivos.
3. El peso de la tradición  las administraciones públicas tienden a incluir en su agenda problemas que conocen bien y sobre los que pueden anticipar el impacto de sus intervenciones. Es más fácil que se incluya en la agenda un problema conocido, o que un problema desconocido, nuevo, que genera un alto grado de incertidumbre sobre su desarrollo posterior.
4. Las actitudes y valores de los decisores públicos  la decisión de incluir un problema en la agenda institucional la acaba adoptando una o varias personas. La influencia de los valores en la decisión es mayor cuanto más desconocido es un problema y cuanto menor es el consenso entre los grupos implicados en el mismo.
Por suerte existen sesgos positivos que mitigan la influencia de los sesgos negativos: a) Los medios de comunicación de masas  los medios son unos de los elementos más eficaces en las democracias pluralistas para ayudar a introducir problemas en la agenda institucional, al llamar la atención de los decisores sobre problemas que afectan a personas o a colectivos determinados.
b) La competencia política  los procesos electorales son momentos de cambio en la agenda institucional. Los directivos electos escudriñan la agenda sistémica en busca de problemas que liderar para adquirir visibilidad política, ganar apoyos y mantener “vivos” los problemas de sus constituencies.
c) Los deseos de crecer de las organizaciones públicas  la legitimidad de las administraciones públicas se basa cada vez más en su capacidad para responder con eficacia y economía de medios a las necesidades de los ciudadanos. Una agencia pública legitima su existencia solucionando problemas. Ampliar la agenda es el único método que tienen los gestores para justificar la necesidad de ampliar sus recursos, crear oportunidades de desarrollo profesional a sus empleados, defenderse de la competencia de otros organismos y, en última instancia, asegurar la supervivencia de su organización.
4 Políticas públicas de seguridad y Prevención 2015/2016 – maria47 3. La formulación de las políticas públicas Una vez que un gobierno conoce la existencia de un problema, lo define y rechaza la opción de no actuar sobre él, comienza el proceso de elaboración de la política pública para intentar proporcionar soluciones. La formulación de la política incluye: establecimiento metas y objetivos a alcanzar, detección y generación de posibles caminos – alternativas- para llegar a los objetivos, valoración y comparación vías alternativas y finalmente la selección de una opción o combinación de ellas. La fase de formulación es una tarea exclusiva de los actores públicos, responsabilidad sobre la decisión final y el diseño de la política permanece en manos del gobierno. Para que una política sea pública es requisito indispensable que esté investida de legalidad, es decir, que sólo desde el ámbito público se puede formular una política pública.
El concepto de elaboración de las políticas es aún un tema abierto que ha generado dos corrientes principales de análisis: el racionalismo y el incrementalismo. La diferencia fundamental es la importancia que conceden al análisis de políticas para influir y mejorar la elaboración de las políticas.
Para los racionalistas es posible que las decisiones públicas se asemejen a las decisiones que adoptan los ingenieros, industriales, estrategas militares, preocupándose no sólo de qué hacer, sino también de cómo hacerlo.
Los incrementalistas abundan en el carácter elusivo, complejo, fragmentado y a veces incomprensible de los procesos sociales sobre los que las políticas públicas intentan influir.
A. La elaboración de políticas desde el modelo racionalista El racionalismo intenta sustituir la intuición, opinión y la experiencia del decisor por un conjunto de técnicas y métodos precisos que le ayuden a encontrar no una decisión cualquiera, sino la mejor decisión. Proceso racional de adopción de decisiones, el cual se divide en una serie de pasos interdependientes y acumulativos, que, de cumplirse, dan lugar a una elección racional. Pasos:  Primero: El establecimiento de los objetivos  el proceso comienza estableciendo las metas y objetivos a lograr con la política pública. Los objetivos deben expresarse primero en términos generales, y posteriormente traducirse a términos operativos, señalando las expectativas de logro.
 Segundo: El establecimiento de las consecuencias de las alternativas  las alternativas son las distintas opciones, las diferentes políticas y medios disponibles para alcanzar los objetivos. En ocasiones, la decisión final es una combinación de alternativas. Las alternativas no son sólo las opciones conocidas: en el proceso se inventan y generan alternativas nuevas.
 Tercero: La valoración de las consecuencias de las alternativas  se trata de saber qué ocurrirá si elegimos una alternativa determinada, en qué medida se alcanzarán los objetivos y qué costes y beneficios acompañaran la elección. Prevé las externalidades y los costes de oportunidad.
5 Políticas públicas de seguridad y Prevención 2015/2016 – maria47  Cuarto: La comparación de las alternativas  ordenar las alternativas de modo que se pueda saber cuál es la más deseable. Para poder seleccionar la mejor opción posible.
B. El modelo de racionalidad limitada El modelo racional puro de adopción de decisiones es impracticable en la realidad debido a la presencia de una serie de limitaciones que merman las capacidades del decisor. Este modelo no es más que un tipo ideal que nos sirve para conocer qué medida de los procesos reales de adopción de decisiones se aproximan o desvían del mismo. En la elaboración cotidiana de las políticas los directivos públicos se conforman con identificar políticas satisfactorias. Las principales limitaciones a la aplicación de la racionalidad económica clásica son: 1. De carácter psicológico  un comportamiento perfectamente racional necesita de una inteligencia, unos conocimientos y unas habilidades que superan con mucho las capacidades reales de cualquier persona. Los conocimientos del decisor son limitados y ha de decidir sobre temas y problemas poco conocidos y estructurados; su capacidad de cálculo y previsión de costes y beneficios es mucho menor que la del hombre económico.
2. Los valores  los decisores públicos no actúan en solitario, muchas veces deciden con otros, en presencia de valores que entran en competencia o conflicto y sus decisiones determinan el bienestar o malestar de terceros. La resolución del conflicto de valores no admite un esquema de racionalidad pura; una alternativa satisfactoria para un grupo social es fuente de problemas para otros grupos.
3. De carácter organizativo  el decisor forma parte de una organización y tropieza con las limitaciones que le impone su organización, aun habiendo superado primero sus limitaciones individuales. La excesiva departamentalización, la especialización funcional, son barreras al comportamiento racional muy difíciles de superar 4. Los costes  el modelo racional es intensivo en información, medios tecnológicos, recursos humanos de gran cualificación y en tiempo. La situación deseable sería poder establecer de antemano cuando merece la pena intentar una aproximación racional. En términos generales, se debe intentar si:  Hay tiempo para el análisis y buenos resultados que justifican los costes de llevarlo a cabo.
 Problema es central para la organización y afecta a su misión principal.
 Problema es complejo y presenta muchas ramificaciones.
 Desconocemos los costes de la intervención, prevemos un salto en los mismos o tememos no poder dejar de intervenir perjudicando otros programas y políticas.
5. Limitaciones situacionales  principal punto débil del modelo racional puro es que parte de cero para elaborar la decisión: antes no había nada, ahora se decide todo. Lo habitual es que tengan que continuar las decisiones del equipo de gobierno anterior, tratar problemas que ya están tratando otras administraciones y desarrollar políticas que no se han decidido explícitamente. Buena parte de la agenda de problemas, alternativas y decisiones está escrita antes de que el decisor enfrente su responsabilidad. La conclusión de Simon es obvia; en las administraciones públicas el proceso de adopción de decisiones se rige por la racionalidad limitada.
6 Políticas públicas de seguridad y Prevención 2015/2016 – maria47 C. La elaboración de las políticas desde el modelo incremental El modelo incremental es más descriptivo que prescriptivo y se basa en la observación del comportamiento cotidiano de los policy makers.
Lindblom (1990), “cuando decimos que la política más que el análisis determina las políticas (públicas), queremos decir que las políticas se elaboran a través de los distintos mecanismos por los que la gente ejerce control, influencia o poder sobre otros”, es la interacción política entre los individuos y los grupos sociales el factor que más condiciona la elaboración de las políticas públicas.
El análisis “se convierte en un método de ejercer control”, en una forma útil para la interacción.
El modelo incremental argumenta que las decisiones sobre las políticas son pragmáticas, no se basan en relaciones causales bien estudiadas, ni en cálculos exhaustivos de costes y beneficios, sino en el método de las aproximaciones sucesivas y limitadas. El decisor sólo toma en consideración aquellas alternativas que difieren muy poco de las políticas que ya se llevan a cabo, rechazando las demás.
La primera idea básica del incrementalismo es que, cuanto más se aleja una alternativa de las políticas conocidas, más difícil es anticipar sus consecuencias e impactos, más complejo es ganar apoyos para sustentar su elección y, es menos viable políticamente.
El modelo incremental ha sido tachado de conservador por legitimar la estructura y el balance de poder existente en la sociedad. En esta contemplación no se buscan soluciones definitivas, sino pequeñas variaciones respecto de la situación presente. El incrementalismo, en la medida que se convierte en doctrina prescriptiva, supone una legitimación teórica de la inercia y de la resistencia a la innovación y se asocia al comportamiento de las organizaciones burocráticas garantistas.
D. ¿Qué debe hacerse? Incrementalista: seamos racionales cuando sea posible, utilicemos el incrementalismo lógico cuando sea oportuno. Racionalismo e incrementalismo no son estrategias antagónicas: el incrementalismo es altamente racional, puesto que aboga por actuar sólo mediante alternativas cuyos impactos podamos prever. El incrementalismo es la racionalidad de lo plausible, de lo previsible, de la certidumbre.
El incrementalismo no es la mejor estrategia si las políticas precedentes muestran resultados insatisfactorios, si los problemas son nuevos o cambian a gran velocidad y no sirve para incorporar soluciones nuevas que surgen de avances teóricos y tecnológicos. Por el contrario, es la mejor estrategia para desenvolverse en un entrono estable, ante problemas con soluciones conocidas y comprobadas.
En última instancia, se trata de tener en cuenta conjuntamente razón y política y, dependiendo de la situación, una tendrá más importancia que la otra para contribuir en el diseño de la 7 Políticas públicas de seguridad y Prevención 2015/2016 – maria47 política pública. Este “tercer enfoque” denominado mixed scanning, reúne los dos modelos proponiendo efectuar una exploración mixta de la elaboración de las políticas.
Palabras de Etzioni, “la exploración mixta incluye elementos de ambos enfoques empleando dos cámaras por así decir: una cámara de gran angular que cubriría todo el campo, pero sin gran detalle – la visión estratégica, racional del problema – y una cámara que se enfocaría a aquellas áreas que, reveladas por la primera, merecen un examen en profundidad – las alternativas organizativa y políticamente viables-.
4. La implantación de las políticas públicas Los estudios de implantación de políticas comienzan a desarrollarse al final de los años sesenta y conocen su máximo desarrollo en las dos décadas siguientes.
A. La implantación como puesta en marcha. El modelo top-down Modelo wilsoniano de relación entre la esfera política y la esfera de la administración. Ambas esferas deben permanecer necesariamente separadas, sin líneas de contacto. La esfera política decide, la esfera administrativa pone en marcha las decisiones. Esta forma de entender el proceso de formación de las políticas públicas se ha dado en denominar modelo Top-Down o de arriba abajo.
Se estima que la calidad de la decisión es el factor crítico del éxito de las políticas públicas: si la decisión es correcta la política alcanzará sus objetivos. La idea subyacente es que si la decisión no se cumple es porque no se conoce, o porque los sistemas de control – sanciones y recompensas a los implantadores- a disposición de los directivos para asegurar el cumplimiento de sus decisiones son insuficientes.
B. La implantación como proceso de interacción entre las condiciones iniciales y los resultados esperados Pressman y Wildavsky (1984), ofrecen una definición de implantación muy distinta a la de simple puesta en marcha: la implantación es el proceso de interacción entre los objetivos y los resultados. La implantación es un proceso, no un momento y, además, un proceso difícilmente distinguible de la decisión, puesto que en él se adoptan multitud de decisiones.
El éxito final del programa depende de la capacidad de los distintos actores para llegar a acuerdos e intercambiar recursos.
Existen dos casos de políticas fallidas: las políticas que no se implantan y las políticas que dan lugar a un implantación; defectuosa. El caso de las políticas que no se implantan no podemos hablar de problema de implantación: si la política ni siquiera se inicia es que el proceso de formulación se concluyó sin éxito, no se consiguieron las condiciones iniciales que permitían iniciar la implantación.
En el caso de que la política se implante defectuosamente las causas son de varios tipos. En primer lugar, error en la teoría que sostiene el programa, es decir, un defecto de formulación.
8 Políticas públicas de seguridad y Prevención 2015/2016 – maria47 La implantación es el conjunto de acciones que hay que emprender para que esa relación causal ocurra.
En segundo lugar, si la implantación se retrasa, o fracasa en sus objetivos, a pesar de tener las condiciones iniciales y la teoría causal es correcta, podemos hablar de problemas de implantación estrictamente. Las dificultades de implantación surgen por la complejidad de la acción conjunta y por la complejidad del programa. La regla general es que cuanto más elevado sea el número de actores en el proceso de la implantación, menores son las posibilidades de conseguir una implantación que se ajuste al diseño inicial. La dificultad de gestionar conjuntamente aumente cuanto más complejo es un programa.
La complejidad de un programa se mide por el número de decisiones que es necesario adoptar para que éste se mantenga en funcionamiento. Cuanto más elevado es el número de actores y el número de decisiones, más difícil es controlar el proceso de implantación.
Un punto de decisión ocurre cuando se requiere el acuerdo de todos los actores implicados para que el programa continúe. Un punto de veto tiene lugar cuando se necesita que un actor individual dé su consentimiento a una acción. Todos los programas tienen varios puntos de decisión y, por cada uno de ellos, tantos puntos potenciales de veto como actores participan en el proceso de implantación.
En conclusión, los autores mantienen que la implantación es un proceso que debe tenerse en cuenta en la fase de formulación, determinando entonces cuál de los posibles caminos reduce los efectos perversos de la gestión conjunta y, presenta una menor complejidad, incrementando las posibilidades de que ocurra esa relación causal entre las condiciones iniciales y los resultados esperados.
C. La implantación como proceso de ensamblaje La definición de implantación de Bardach (1980) es que, la implantación es una sucesión de movimientos entre actores, para decidir en qué condiciones entregarán los recursos que controlan.
Las organizaciones de la administración central controlan y distribuyen gran parte de los recursos financieros, especializándose en papeles de diseño, supervisión y evaluación de resultados.
Ningún actor en solitario puede intentar la aventura de la implantación, al no tener bajo su control la totalidad de los elementos que hay que ensamblar. Estas estrategias dan lugar a una serie de efectos negativos en el proceso de implantación. Los principales son: 1. La disipación de los recursos del programa  producida por los intentos de aprovechamiento de esos recursos para otros fines. Este volumen es la razón misma que imposibilita, en buena medida, el control sobre el destino final de los recursos. La consecuencia más grave es el incremento de los costes del programa.
2. La disipación de los objetivos del programa  el programa se convierte en presa fácil para algunos actores que intentan variar los objetivos iniciales hasta hacerlos coincidir 9 Políticas públicas de seguridad y Prevención 2015/2016 – maria47 con los suyos propios. La variación e inflación de los objetivos acaba por sobrecargar los programas en primer término y por arruinarlos en última instancia.
3. La resistencia al control de la conducta de los participantes  la implantación mediante redes de expertos y administraciones es posible siempre y cuando los actores que participen obtengan más beneficios que deseconomías. Si el actor que se retira del proceso de implantación domina un elemento concreto de manera monopolística, el programa peligra.
4. La pérdida de energías  tener en cuenta en el momento del diseño de la implantación, la presencia de estas estrategia y juegos, de modo que se instrumenten mecanismos para intentar evitarlos o al menos suavizar efectos. “El problema de la implantación es lograr el control de las acciones de muchos individuos y organizaciones para configurar una acción colectiva con el fin de alcanzar los objetivos de una política, no disparar sus costes y reducir al máximo los retrasos: entonces el diseño deberá prever lo más exactamente posible cuáles son o deberían ser los jugadores, los juegos y las apuestas” (Aguilar, 1993). Lo mejor es concebir un escenario. Su utilidad principal es adivinar los puntos de resistencia que el programa habrá de afrontar en el proceso de implantación.
D. La implantación desde abajo. El modelo bottom-up Este modelo bottom-up surge a principios de los años setenta respaldado por un buen número de estudios. Este modelo explica la implantación como el proceso para conseguir los impactos deseados sobre la población. Implantación es lo que ocurre cuando un ciudadano entra en contracto con la organización pública responsable de distribuir los bienes y servicios de una política concreta. Es en el punto de distribución donde la implantación tiene éxito o fracasa.
Las decisiones más complejas acaban siendo interpretadas y adaptadas por una multitud de funcionarios que intermedian entre el cliente y la política pública. Personas que en ningún caso han participado en el proceso de formulación y que reciben las presiones de los ciudadanos para conseguir servicios públicos.
El modelo bottom-up, el problema de la implantación para este modelo no es el ajuste fiel a la decisión inicial, sino la adaptación de la decisión inicial a las características locales y al contexto en el que se produce.
Siguiendo a Williams, lo importante a la hora de implantar una política es no olvidar que la atención de las demandas de los ciudadanos es el objetivo principal.
Berman señala que el éxito final de una política depende de la adaptación mutua entre el plan de acción generado desde el centro y las condiciones y capacidades de las agencias locales. Por ello propone el concepto de “implantación adaptativa”.
5. La fase de evaluación Los procesos sociales sobre los que las políticas y programas públicos intentan influir son conocidos sólo parcialmente, la información sobre la que se basa la definición de los problemas y la elección de las alternativas es imperfecta, los condicionantes políticos obligan aplicar 10 Políticas públicas de seguridad y Prevención 2015/2016 – maria47 soluciones de compromiso que minimicen los conflictos de intereses, los conocimientos y habilidades de los que pueden disponer las organizaciones públicas no son siempre las adecuadas para asumir los desafíos de la implantación y, las políticas produce impactos imprevistos.
La evaluación es la última fase del proceso de la política pública y, puesto que el proceso es cíclico, es también la primera. Los problemas públicos rara vez tienen una solución definitiva. La situación más común tras la evaluación es la introducción de variaciones en la política preexistente o la sucesión de ésta por otra más adecuada al nuevo estado del problema.
En definitiva, en un sistema democrático, el gobierno tiene que rendir cuenta de sus actos, explicar sus decisiones a los ciudadanos, presentar los logros alcanzados en las distintas áreas en las que intervienen y legitimar sus decisiones.
La justificación última de la evaluación es el ejercicio de la responsabilidad política y la búsqueda de lo que se ha denominado la eficacia democrática. La evaluación, como el análisis de políticas, toma de las disciplinas científico-sociales lo que necesita para realizar una “aplicación sistemática de los procedimientos de la investigación social para valorar la conceptualización, el diseño, la implantación y la utilidad de los programas de intervención social”. La meta general de la evaluación es producir información que sirva para orientar y valorar las decisiones vinculadas al diseño, gestión y el futuro de las políticas públicas.
Existen diversos tipos de evaluación que, por los objetivos que pretenden, se pueden relacionar en términos generales con las distintas fases del proceso de la política pública.
A. Evaluación anticipativa  producción de información para alimentar el proceso de definición del problema y la formulación de las alternativas. Se centra en el análisis del contexto político, administrativo, legal, social y económico en el que se va a desarrollar la política pública y en el estudio del problema. La información es de gran utilidad para conocer las conexiones entre la política pública y los factores críticos del entorno en el que habrá de operar.
B. Evaluación de la evaluabilidad de la política  realización de un primer análisis, breve y con recursos limitados, de los elementos y los instrumentos de la política. Su objetivo es descubrir los eventuales puntos débiles del diseño de la misma, ofreciendo información para la puesta en marcha de una evaluación más profunda. Es adecuada por la escasez de recursos.
C. Evaluación de necesidad  objetivo conocer en profundidad el problema que la política pretende eliminar o mitigar. Trata de delimitar las fronteras y características esenciales del problema, así como su alcance y las posibles conexiones con otros problemas no considerados explícitamente.
D. Evaluación de la viabilidad política/ evaluación de contexto  pretende dilucidar si el diseño de la política permite lograr las metas y objetivos deseados. Su principal utilidad es conocer y asegurar una correcta conexión entre la teoría que sustenta la política y los instrumentos de la intervención.
E. Evaluación de la viabilidad política/ evaluación de contexto  variante de la evaluación anticipativa. Se centra en la comprensión del contexto general y el entrono específico en el 11 Políticas públicas de seguridad y Prevención 2015/2016 – maria47 que se desarrolla la política pública. Su objetivo es producir información para afrontar las amenazas y aprovechar las oportunidades presentes en ese entorno. Se utiliza para identificar a los actores con intereses en el problema, elaborando el mapa de apoyos y resistencias que habrá de afrontar la política en sus distintas fases.
F. Evaluación de la implantación/evaluación de procesos  produce información destinada a alimentar el proceso de adopción de decisiones vinculado a la puesta en marcha y gestión de las políticas. Su objetivo es determinar el grado de cumplimiento de los mandatos incluidos en la política, comparando el diseño inicial de la intervención con el funcionamiento real de la misma.
G. Estudios de seguimientos de programas  se lleva a cabo de forma continua mientras ocurre la política y produce información en tiempo real que es suministrada a los responsables de las distintas fases del proceso para que introduzcan las correcciones oportunas en los mecanismos de operación de la política. Su objetivo es detectar posibles variaciones en la naturaleza del problema y las eventuales desviaciones respecto del plan inicial de implantación.
H. Evaluación de la eficacia/impacto  facilita información sobre los efectos de la política pública e intenta mostrar en qué medida los efectos observados se deben a la política implantada y no a otras causas ajenas a ésta. Su objetivo es media la eficacia de la política pública, comparando los impactos previstos con los observados. Los resultados de la evaluación de impacto se utilizan para responder, desde una posición más sólida, a preguntas sobre la convivencia de continuar actuando sobre el problema y sobre la adecuación de la actual política.
I. Evaluación de la calidad  objetivo principal es conocer si la política produce los beneficios esperados por los distintos actores que participan en el proceso. Intenta mostrar las conexiones entre sus distintos elementos y la satisfacción de las expectativas de los usuarios y clientes de la política pública. La diferencia primordial con los otros tipos de evaluación radica en que utiliza los objetivos y valores de los usuarios como criterio para valorar la política, negando un papel protagonista a los objetivos y metas de los responsables de ésta. La evaluación de calidad tiene una conexión directa con el marketing de servicios públicos. Conviene señalar que la evaluación es una tarea que debe considerarse ya en el momento del diseño de la política. Para garantizar la plena utilidad de sus resultados deben articularse mecanismos que permitan la integración de los procesos de evaluación en el conjunto de procesos organizativos para el diseño y desarrollo de la intervención pública.
6. Conclusiones El concepto de política pública es inseparable de la noción de análisis de política; la política pública no existe en la realidad, sólo la intervención del analista otorga un sentido a la multitud de decisiones y comportamientos de los administradores y de los demás actores sociales involucrados en el proceso. La riqueza del análisis radica en su capacidad para integrar y ordenar lógicamente esas decisiones y comportamientos.
Sólo mediante políticas eficaces se puede legitimar, efectivamente, la acción de los gobiernos en un democracia pluralista.
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