Unidad 08. La incapacidad y la limitación de capacidad (2015)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura Derecho civil I
Año del apunte 2015
Páginas 5
Fecha de subida 06/04/2015 (Actualizado: 30/05/2015)
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Descripción

Unidad 8 de Derecho Civil que sobre la incapacidad y las formas de limitación de la capacidad.
Incluye; el concepto de incapacidad y su significado, el procedimiento de incapacitación, la limitación de capacidad por prodigalidad y la situación jurídica del concursado.

Resumen del manual: "Derecho de la persona vigente en Cataluña" de Mª del Carmen Gete-Alonso y Calera

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Derecho Civil Unidad 8. La incapacitación i la limitación de capacidad 1. La personalidad Civil y la capacitación La personalidad La personalidad es la condición que atribuye el ordenamiento jurídico a la persona para que sea considerada sujeto de derecho y, por tanto, titular de derechos y deberes jurídicos, de relaciones jurídicas. Se reconoce al ser humano por el mero hecho de serlo.
La personalidad civil se adquiere con el nacimiento de la persona física (art. 211-1.1 CCCat) y se extingue con la muerte (art. 211-1.3). Así, desde el momento de nacimiento, la persona física tiene capacidad jurídica y puede ser titular de derechos y obligaciones hasta el momento de su muerte, único hecho que provoca la extinción de la personalidad.
No sólo el ser humano es sujeto de derecho; el ordenamiento jurídico reconoce también personalidad a determinadas entidades o agrupaciones, denominadas personas jurídicas, a las que atribuye una personalidad jurídica independiente de los miembros (las personas físicas) que la componen y con ello, admite la posibilidad de que éstas sean titulares de derechos y obligaciones (art. 35 CC, art. 311-2, 311-3 CCCat).
El reconocimiento de la personalidad jurídica es una concesión del ordenamiento jurídico que podría habérsele negado sin contrariar ningún principio de justicia, mientras que en el caso de las personas físicas éstas adquieren personalidad por el mero hecho de su existencia.
La capacidad El ordenamiento jurídico distingue dos tipos de capacidad de la persona: la capacidad jurídica y la capacidad de obrar:  La capacidad jurídica. Aptitud de la persona para ser titular de derechos y obligaciones. Toda persona posee capacidad jurídica, que comienza con el nacimiento de la persona y termina con su muerte (art. 211-1 CCCat), y es una e igual para todos.
 La capacidad de obrar. Aptitud de la persona para realizar eficazmente actos jurídicos, para adquirir o ejercitar derechos y obligaciones. No es uniforme o igual para todas las personas, sino que es graduable. Esto es así porque tiene como presupuesto la capacidad de tomar conciencia de la trascendencia jurídica de un determinado acto.
- Plena. Capacita para todos los actos de la vida civil. Se adquiere por la mayoría de edad, que se alcanza a los dieciocho años (art. 211-3 y 211-4 CCCat).
- Limitada. Supuesto en el que el sujeto en cuestión no puede realizar eficazmente por sí mismo un determinado acto o negocio jurídico.
Después de los dieciocho años, la persona únicamente podrá ser privada de la capacidad de obrar por sentencia judicial cuando concurran las circunstancias previstas por la ley. Las limitaciones a la capacidad de obrar se justifican en la falta de capacidad natural de entender y querer, en la falta de conciencia sobre la trascendencia de un determinado acto jurídico.
El Ordenamiento Jurídico ha establecido como únicas situaciones que implican la limitación de la capacidad de obrar la minoría de edad por un lado, y la incapacitación por el otro.
1 2. La incapacitación. Concepto i significado La plena capacidad de obrar se obtiene con la mayoría de edad. La capacidad de obrar se convierte en la norma general, de manera que cualquier limitación de la misma será contraria a los principios establecidos en la Constitución referidos a los principios de igualdad: “todos los españoles son iguales ante la ley” (art. 14 CE), y al de libertad: “toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad” (art. 17 CE).
Asimismo, se establece que “la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, son fundamento del orden político y de la paz social” (art. 10 CE), lo que se ha interpretado en el sentido de que la restricción de la capacidad de obrar, podría también atentar al libre desarrollo de la personalidad. La incapacitación merece, por tanto, una justificación.
La incapacitación es una medida protectora para aquellas personas que no pueden autogobernarse, en el sentido que tienen afectada su capacidad natural de entender y querer. La incapacitación deberá aclararse en sentencia judicial (art.
199 CC). De esta forma, se puede definir la incapacitación como “una condición jurídica de la persona que afecta a su capacidad de obrar y situación jurídica, consecuencia de un procedimiento judicial que la declare, determine y fije el sistema de protección”.
Ha de interpretarse en favor de los incapacitados, y dado que la incapacitación es una limitación de la capacidad de obrar, ésta siempre deberá ser expresa y sólo para los supuestos establecidos. La función de la incapacitación es establecer los sistemas adecuados para protegerlas y ayudarlas para poder “estar” en esta sociedad de la forma más integrada posible, de acuerdo con la situación de cada una de ellas.
Causas de la incapacitación El artículo 200 CC establece que “son causas de incapacitación las enfermedades y deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impidan a la persona gobernarse por sí misma”. Las enfermedades y deficiencias de carácter psíquico impiden a la persona que las sufre gobernarse por sí misma, con lo cual queda justificada la incapacitación.
En cuanto a las enfermedades y deficiencias de carácter físico, cualquiera que sea la deficiencia física no puede ser causa de incapacitación mientras no lleve aparejada una deficiencia psíquica que impida a la persona autogobernarse que se entiende como suficiente juicio y discernimiento para tomar sus propias decisiones, independientemente de los problemas físicos de comunicación que puedan existir para poner de manifiesto dichas decisiones de la persona afectada.
La concurrencia de la causa de incapacitación permitirá el inicio de procedimiento correspondiente, pero la persona sólo tendrá la consideración de incapacitada a partir de la sentencia firme de incapacitación. Lo anterior no supone que un incapaz cuya incapacitación no ha sido declarada pueda realizar actos jurídicos con efectos distintivos. En efecto, este incapaz tiene a su favor la presunción de plena capacidad de obrar, pero ésta puede ser enervada aportando prueba en contrario.
Personas que pueden ser incapacitadas Pueden ser incapacitados todas aquellas personas que de menara persistente no puedan gobernarse por si mismas, es decir, cuando concurra la causa y los requisitos que establece el artículo 200 CC. Esto es en el caso de las personas que posean una plena capacidad de obrar, es decir, en el caso de las personas mayores de edad. El artículo 201 CC prevé la posibilidad de incapacitar a un menor de edad, cuando concurran las siguientes circunstancias: - Exista causa de incapacitación. El menor no puede gobernarse por si mismo debido a la edad, se trata de que concurra la enfermedad o deficiencia establecida en el artículo 200 CC.
- Que se prevea razonablemente que persistirá a la mayoría de edad. Establecer que la situación de protección será igualmente necesaria a la mayoría de edad, es decir, que el hecho de que el menor cumpla dieciocho años no supondrá ningún cambio en la posibilidad de autogobernarse.
2 Es posible que las funciones de los titulares de la potestad se vean modificadas por la sentencia de incapacitación de la mayoría de edad del hijo de acuerdo con lo establecido en el artículo 236-33 CCCat, según el cual “la declaración judicial de incapacidad de los hijos menores no emancipados comporta la prórroga de la potestad del padre y de la madre cuando llegan a la mayoría de edad, en los términos que resulten de aquella declaración”.
En el caso de que el declarado incapaz sea un hijo mayor de edad o menor emancipado, se previene la rehabilitación de la potestad parental en los términos que establezca la propia declaración (art. 236-34 CCCat).
Los menores sometidos a tutela no se extingue al llegar la mayoría de edad, si bien su ejercicio puede verse modificado por la sentencia que declara la incapacitación (art 222-48.1 CCCat).
3. El procedimiento de incapacitación El procedimiento de incapacitación está regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), como uno de los procedimientos especiales, que se sustancia por los trámites establecidos en los artículos 748 a 763 LEC, en el que siempre participará el Ministerio Fiscal (art. 749 LEC), siendo Juez competente el de Primera Instancia del lugar de residencia del presunto incapaz (art. 756 LEC).
Para la declaración de incapacidad del menor sólo corresponderá a quienes ejerzan la potestad o la tutela (art. 757.4 LEC) y para la de los mayores de edad corresponderá al cónyuge o pareja de hecho, los descendientes, los ascendientes o los hermanos del presunto incapaz (art. 747.1 LEC). Si dichas personas no existen o no la solicitan deberá promoverla el Ministerio Fiscal.
El Tribunal oirá a los parientes más próximos del presunto incapaz, examinará a éste por sí mismo y acordará los dictámenes periciales necesarios. En la demanda de incapacitación podrá solicitarse el nombramiento de las personas que hayan de asistir, representar y velar por el incapacitado (art. 759 LEC). En este caso, el Tribunal además tiene que escuchar al presunto incapaz, si hubiera suficiente conocimiento, a los parientes más cercanos y a todas aquellas personas que estime oportuno (art. 759.2 LEC).
La sentencia de incapacitación. Sus efectos La sentencia que declare la incapacitación determinará la extensión y los límites de ésta, así como el régimen de tutela o guarda a que haya de quedar sometido el incapacitado (art. 760.1 LEC). Los sistemas de guarda aplicables son la potestad prorrogada o rehabilitada, la tutela y la curatela.
La sentencia de incapacitación tiene efectos desde que deviene firme, de manera que los actos y contratos por el incapacitado con anterioridad a la misma son válidos, es decir, no tiene efectos retroactivos. La sentencia ha de ser inscrita en el Registro Civil para que tenga efectos frente a terceros.
Modificación y extinción La sentencia de incapacitación no impedirá que, sobrevenidas nuevas circunstancias, pueda instarse un nuevo proceso que tenga por objeto dejar sin efecto o modificar el alcance de la incapacitación ya establecida (art. 761.1 LEC).
La sentencia de modificación puede aumentar o disminuir la capacidad de obrar del incapacitado, y como consecuencia modificar el sistema de guarda, no tan sólo en cuanto a la intensidad del mismo, sino incluso en cuanto a la clase de guarda.
La extinción de la incapacitación implicará la recuperación por parte de la persona de la plena capacidad de obrar. Si la incapacitación hubiera sido de un menor y éste recuperase la capacidad correspondiente para su edad, la sentencia dejaría sin efecto la incapacitación, pero se mantendría la potestad hasta la mayoría de edad o emancipación del menor.
Internamiento del incapacitado Se entiende por internamiento la reclusión del enfermo en un centro de salud mental o de educación especial, en régimen cerrado.
3 Precisa de autorización judicial previa si su situación no le permite decidir por sí misma (art. 212-4 CCCat, art. 763 LEC), ya que afecta a la libertad, uno de los derechos fundamentales de la persona (art. 17 CE).
Una persona puede decidir libremente su internamiento, en los supuestos en que esto no sea posible, la iniciativa puede partir de los familiares del enfermo, del facultativo que le asiste, de cualquier persona que lo ponga en conocimiento del Ministerio Fiscal, o de la autoridad que por razón de su cargo tenga conocimiento de la situación Será necesaria la previa autorización judicial.
Podrá prescindirse, excepcionalmente, de la previa autorización para el internamiento si se produce una causa de urgencia médica que no admita dilación. Esta causa ha de ser constatada por un facultativo y ha de fundamentarse en un riesgo inmediato y grave para la salud del enfermo. En estos casos, el director del Centro en el que se efectúe el internamiento tiene veinticuatro horas para notificarlo al juez competente.
El internamiento puede producirse sin que exista sentencia de incapacitación, aunque lo más habitual será que se produzca durante el procedimiento o sea resultado de la sentencia de incapacitación. El internamiento también puede haber sido pedido por el tutor o titular de la potestad prorrogada respecto del declarado incapaz.
4. La limitación de la capacidad por prodigalidad La declaración de prodigalidad afecta a aquellas personas que debido a su conducta económica habitual crean una situación de riesgo y ponen en peligro de manera injustificada su patrimonio, en perjuicio de su familia.
La prodigalidad es una limitación a la capacidad de obrar. Se trata de asegurar el cumplimiento de las obligaciones que éste tiene con su familia, de forma que el objeto de protección es la familia. La conducta del presunto pródigo se refiere a la actividad económica en cuanto a la administración y disposición del patrimonio.
La actividad debe suponer, además, que de forma habitual e injustificada se ponga en riesgo el patrimonio. No serviría en éste caso un mal negocio o una mala inversión de forma puntual. La conducta debe perjudicar los intereses familiares, de forma que si el derrochador no tiene familia no podrá ser declarado pródigo.
Procedimiento El procedimiento de declaración de prodigalidad está regulado en la LEC y se sustancia por los trámites del juicio verbal.
El presunto pródigo puede comparecer en el proceso con su propia defensa y representación. En caso de que no lo hiciere será defendido por el Misterio Fiscal siempre que no haya sido éste el promotor del procedimiento, en cuyo caso se procederá al nombramiento de un defensor judicial.
La legitimación activa corresponde al cónyuge del presunto pródigo, los descendientes o ascendientes que perciban alimentos del mismo, o se encuentren en situación de reclamárselos, y los representantes legales de cualquiera de ellos.
Si no lo pidieran los representantes legales, no lo hará el Ministerio Fiscal.
Eficacia de la declaración de prodigalidad La declaración de prodigalidad tan sólo es la limitación de la capacidad de obrar del declarado pródigo en el ámbito patrimonial. La declaración de prodigalidad somete al pródigo al régimen de curatela, una curatela especial que únicamente abasta los actos que establezca la sentencia (art. 288 CC y 760.3 LEC).
Los actos realizados por el declarado pródigo sin la intervención del curador son anulables de acuerdo con lo establecido por la ley (arts. 1301 y 1314 CC). La acción podrá ser ejercitada por el pródigo durante cuatro años a contar desde el cese de la situación de prodigalidad, y por el curador mientras se mantenga la curatela, salvo que los ratifique (art. 2238 CCCat).
La sentencia de prodigalidad deberá inscribirse en el Registro Civil y en su caso en el Registro de Propiedad y en el Registro Mercantil. La prodigalidad se acaba o se modifica cuando cesa la causa que la motivó. Se requerirá de una nueva sentencia judicial y el procedimiento a seguir será el mismo.
4 5. Situación jurídica del concursado El concurso de acreedores es un procedimiento previsto para aquellos supuestos en que el deudor se halla en estado de insolvencia que no le permite cumplir regularmente con sus obligaciones, procedimiento en el que se persigue establecer las reglas de pago de las obligaciones, como medida de protección de los acreedores. La limitación de la capacidad de obrar afecta solo a las facultades patrimoniales y se distingue:  Concurso voluntario. El deudor conserva las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio pero está sometido, en el ejercicio de aquellas, a la intervención de los administradores concursales que deben dar su autorización o conformidad. La situación del deudor concursado es similar a la del menor emancipado.
 Concurso necesario. Quedan suspendidas las facultades de administración y disposición sobre el patrimonio que tuviere el deudor, de manera que el ejercicio se lleva a cabo por los administradores concursales. La sustitución de la actuación del deudor por los administradores le asemeja a la del menor no emancipado que es sustituido por los titulares de la representación legal.
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