Tema 5 (2016)

Apunte Español
Universidad Universidad Jaume I (UJI)
Grado Derecho - 2º curso
Asignatura Introducción al derecho procesal
Año del apunte 2016
Páginas 5
Fecha de subida 03/05/2016
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TEMA 5: EL PRESONAL JURISDICCIONAL 1. LOS JUECES Y MAGISTRADOS: Los jueces y magistrados tienen unas características propias que los distinguen de todas las demás personas que están al servicio del Estado. En la Constitución hay conciencia de ello cuando en el art. 103 se fija las bases del estatuto de los funcionarios públicos y cuando en los arts. 117 y 122 se atienden al estatuto de jueces y magistrados. Las diferencias entre los estatutos de las diversas clases de personas al servicio del Estado son entre dos grandes grupos de personas: 1º. Las autoridades, son los investidos de potestad, tanto legislativa como ejecutiva o jurisdiccional, dentro de los cuales, a su vez, han de existir estatutos distintos atendiendo a la función que debe desempeñarse.
2º. Los funcionarios, que no tienen potestad, y que lo son normalmente de las Administraciones públicas y con sus estatutos propios.
2. EL ESTATUTO DEL PERSONAL JURISDICCIONAL: La LOPJ regula el estatuto de jueces y magistrados en torno a la carrera judicial y configurando un único estatuto.
a) Ingreso en la carrera judicial: el ingreso no responde a un único sistema sino a tres, que tienden a complementarse entre sí: 1. Oposición libre: se ingresa en la categoría de juez mediante la superación de una oposición que da acceso a un curso teórico y practico en la Escuela Judicial. La oposición es la misma que para la carrera fiscal. Superado el curso, se producirá el nombramiento de juez por el Consejo General.
2. Concurso de méritos: se ingresa en la categoría de magistrado. De cada cuatro vacantes que se produzcan en la categoría una se proveerá por concurso entre juristas de reconocida competencia y con más de diez años de ejercicio profesional, debiendo superar después el curso de formación.
3. Designación por el CGPJ: existen otros dos sistemas que exigen fundamentación en la elección de candidatos: i. Para la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia ii. Para las Salas del Tribunal Supremo b) Ascenso de categoría: atendidas las tres categorías de la carrera judicial, pueden existir en la misma dos ascensos: 1. De Juez a Magistrado: i. Por antigüedad ii. Pruebas selectivas o de especialización 2. De magistrado a magistrado del Tribunal Supremo.
c) Provisión de plazas concretas: dentro de cada categoría de juez o magistrado se pueden servir muy variados destinos y la ley tiene que prever con objetividad cómo se realizan los nombramientos concretos. Los sistemas regulados en la LOPJ son dos: 1. Puestos jurisdiccionales: el nombramiento se hace con inamovilidad absoluta y con el único límite de la edad de jubilación.
2. Puestos gubernativos: se trata de las presidencias de la Audiencia Nacional, de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias Provinciales, que se proveen de modo casi discrecional por el Consejo General y por tiempo limitado a cinco años, aunque cabe renovación en el puesto.
3. IMPARCIALIDAD: El titular de la potestad jurisdiccional, el juez, no puede ser al mismo tiempo parte en el conflicto que se somete a su decisión.
1) Nociones de parcialidad y de imparcialidad: 1. La imparcialidad hace referencia a un juez determinado y a un caso concreto que se somete a su decisión. Se es o no imparcial para juzgar un caso concreto.
2. La imparcialidad en algo subjetivo; es algo que está dentro del ánimo del juez, y la imputación de falta de imparcialidad será siempre de muy difícil demostración, por cuanto supondrá descubrir cuál es su ánimo.
3. Lo que las leyes pueden hacer es objetivar la imparcialidad, y por ello establecen una relación cerrada de situaciones, que pueden constatarse objetivamente, de modo que si concurre alguna de ellas se entenderá que el juez se convierte en sospechoso de parcialidad.
4. De este modo una cosa es la exigencia de imparcialidad, que es un principio conformador del personal jurisdiccional, y otra las situaciones concretas y constatables objetivamente.
Al final de todo lo esencial es la fijación de las causas concretas que convierten a un juez en sospechoso. Su determinación responde a criterios relativos. Cabría distinguir si es por las relaciones del juez con las personas, por las relaciones del juez con el objeto del proceso o por la actividad realizada por el juez en el proceso mismo, lo que puede atender a: 1) actividad realizada por el juez en el proceso aunque en condición distinta de la de juez y 2) actividad realizada por el juez en el proceso en su condición de juez.
2) Sistema de garantías (para garantizar la imparcialidad).
Debe estarse a los arts. 217 a 228 de la LOPJ y a los arts. 102 a 119 de la LEC.
1. Abstención: el juez o magistrado en el que concurra alguna de las causas establecidas en la ley deberá abstenerse del conocimiento del asunto, sin esperar a que se le recuse (art. 217 LOPJ). La abstención se realizará por el juez y por medio de escrito razonado, que debe realizar y presentar tan pronto como advierta la concurrencia de una causa. (art. 221 LOPJ) 2. Recusación: si concurre alguna de las causas y si el juez no se abstiene surge el derecho a recusar que se reconoce a las partes en cada asunto concreto (art. 218 LOPJ). El proceso de recusación es complejo y consta de varias fases: 1. Iniciación: la recusación se propone por escrito y tan pronto como se tenga conocimiento de la causa en que se funde, pues si no se hace así no se admitirá a trámite (art. 223 LOPJ).
2. Tramitación: se oye tanto a las otras partes como al recusado. Si éste admite la concurrencia de la causa, las cosas se simplifican, pero si no la admite se entra en un procedimiento contencioso, en el que se distingue entre 1) instrucción, con prueba y 2) decisión, a cargo de órganos distintos.
3. Decisión: se decide por auto en el que cabe 1) desestimar la recusación: el recusado sigue conociendo del asunto y 2) estimar la recusación: el recusado queda apartado definitivamente del conocimiento del asunto.
4. INDEPENDENCIA Y SUMISIÓN A LA LEY La característica esencial del estatuto de jueces y magistrados es la independencia. Existen disposiciones en las que se establece la independencia (arts. 117.1, 124.1 y 127.2 CE y arts. 1, 12, 13 y 14 LOPJ) y disposiciones que regulan una serie de medidas para garantizarla.
Las declaraciones de independencia que se contienen en la Constitución y en la LOPJ significan que los jueces y magistrados en el ejercicio de la potestad jurisdiccional y en el cumplimiento de su función quedan sometidos única y exclusivamente a la ley. Es necesario que los jueces y magistrados sean independientes para que la garantía de los derechos de los ciudadanos se haga sólo con sujeción a la ley y desvinculándose de cualquier otra sumisión o influencia.
   Sumisión exclusiva a la ley: se es independiente para poder quedar sometido sólo a la ley, pero teniendo en cuenta: o “ley” debe entenderse en sentido amplio.
o La sumisión a la ley no supone sujeción a cualquier ley, sino sólo a la ley constitucional.
o La sumisión a la ley implica también sujeción a los reglamentos que emanan de la potestad reglamentaria del Gobierno, pero no a los reglamentos ilegales.
No sumisión a tribunales “Superiores”: el juez al aplicar la ley no tiene superiores; ejercitando la potestad jurisdiccional no hay superior ni inferior, no hay jerarquía; cada juez o tribunal tiene su competencia y dentro de ella ejerce la potestad sólo vinculado a la ley.
No sumisión a entidad alguna: la independencia que se proclama en la Constitución y en la LOPJ lo es de modo principal frente o contra los otros poderes del Estado y sobre todo contra el poder ejecutivo, que es el que redujo a Administración de Justicia al Poder Judicial. Quedan comprendidos los partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones, los medios de comunicación y los grupos de presión.
GARANTÍA FORMAL: El estatuto orgánico de jueces y magistrados se integra en su mayor parte por normas que tienden a garantizarla. La garantía formal atiende a la calidad de la norma reguladora del propio estatuto.
El art. 122.1 CE establece una reserva de ley, de ley orgánica y precisamente de la LOPJ para la regulación del estatuto de jueces y magistrados.
Conclusiones: 1) en la LOPJ y al regularse el estatuto, no pueden hacerse remisiones a otras leyes, sea cual fuere el rango de éstas. 2) el estatuto de jueces y magistrados no puede regularse en reglamentos, por cuanto la independencia se vería gravemente comprometida si el titular de la potestad reglamentaria pudiera matizar el contenido del estatuto.
GARANTÍA MATERIAL: Dentro de las garantías materiales de la independencia debe distinguirse en general, medidas que tienden a garantizar la independencia antes del inicio de la actuación de jueces y magistrados, aunque subsisten después de iniciada la actividad de los mismos.
1) Condiciones necesarias para el ejercicio de la función: requisitos para concurrir a la oposición libre y a los concursos.
2) Incapacidades: no pueden ingresar en la carrera judicial los impedidos física o psíquicamente, los que no estén en pleno ejercicio de los derechos civiles, los condenados por delitos dolosos y los procesados o inculpados por delitos dolosos.
3) Incompatibilidades: los jueces y magistrados no podrán desempeñar otros cargos públicos y toda una serie de actividades privadas.
4) Prohibiciones: pertenecer a partidos políticos o sindicatos o tener empleo al servicio de los mismos, dirigir a los poderes, autoridades y funcionarios felicitaciones o censuras por sus actos, concurrir en su calidad de miembros del Poder Judicial a cualesquiera actos o reuniones públicas que no tengan carácter judicial ni tomar en las elecciones legislativas o locales más parte que la de emitir su voto personal.
Además, existen una serie de deberes y derechos: 1) deberes: la relación política que une a los jueces magistrados con el Estado presupone que están obligados a cumplir una función y que han de hacerlo dentro de un conjunto organizativo que es imprescindible. 2) derechos: junto a los que podríamos considerar normales, como son el figurar en el escalafón, a retribución económica, al ascenso y a permisos y licencias, conviene destacar 1) asociación profesional del art. 127.1 CE, y 2) inmunidad judicial.
5. INAMOVILIDAD: Según el art. 117.2 CE es el derecho de los jueces y magistrados a no ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la LOPJ. La inamovilidad se califica atendiendo a dos criterios: 1) Por su contenido puede ser absoluta o relativa, con lo que se hace referencia a si la inamovilidad atiende a un concreto y determinado destino o si comprende sólo la pertenencia a la carrera judicial y a la categoría.
2) Por su duración puede ser limitada en el tiempo, a la que se equipara nombramiento con el límite de la jubilación forzosa, o temporal, cuando el nombramiento es por plazo determinado.
Las garantías de la inamovilidad se articulan contra el órgano que gestiona el estatuto de los jueces y magistrados, es decir, contra el Consejo General del Poder Judicial.
a) Garantías generales: el Consejo General del Poder Judicial no podrá dictar instrucciones de carácter general o particular, dirigidas a los jueces, sobre la aplicación o interpretación del ordenamiento jurídico que lleven a cabo en el ejercicio de su función jurisdiccional.
b) Garantías particulares: atiende al derecho de los jueces y magistrados a no ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley, y en aplicación de lo siguiente: a. Separación: art. 379.
b. Suspensión: art. 383.
i. Suspensión provisional ii. Suspensión definitiva c. Traslado: el traslado de un puesto de trabajo a otro, dentro de la misma categoría, es siempre voluntario. El traslado forzoso es excepcional y suele provenir del ascenso de juez a magistrado o bien de la sanción disciplinaria.
d. Jubilación: se produce por dos únicas causas: 1) edad, al cumplir 70 años y 2) incapacidad permanente.
Personal sin inamovilidad:  Jueces de paz: (personas sin conocimientos jurídicos) tienen que conocer en la vía civil asuntos de hasta 90€. No están sometidos al principio de inamovilidad. Solo pueden estar donde no haya juzgados de primera instancia.
 Suplentes: o Jueces sustitutos: el Consejo General del Poder Judicial, cada cierto tiempo saca una oferta para cubrir ciertas plazas, así todos los que cumplan los requisitos podrán ser jueces sustitutos.
o Magistrados suplentes: no están sometidos tampoco a la inamovilidad y son nombrados por años legislativos.
TIPOS DE RESPONSABILIDAD: El art. 117.1 CE se refiere a la responsabilidad como uno de los principios que caracterizan a los titulares de la potestad jurisdiccional, y en ello insiste el art. 1 LOPJ.
   Disciplinaria: el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no tiene relación con un caso en concreto.
Jurisdiccional Civil: cuando en el desarrollo del ejercicio de la función jurisdiccional, el juez o magistrado incurre en dolo o culpa, (función inadecuada de la administración). Antes la responsabilidad era PERSONAL, ahora desde el año 2015 pasa a ser responsabilidad del ESTADO, pero este podrá remeter frente a esa persona que ha incurrido en dolo o culpa.
Es una manera de que el afectado cobre una indemnización por el hecho.
Jurisdiccional Penal: cuando concurra una responsabilidad penal de un Juez o magistrado será juzgado por el TSJ.
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