TEMA 6 (2012)

Apunte Español
Universidad Universidad de Burgos
Grado Derecho - 2º curso
Asignatura Internacional Público I
Año del apunte 2012
Páginas 17
Fecha de subida 20/06/2017
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TEMA 6: LOS TRATADOS INTERNACIONALES(II) 1. LA CELEBRACIÓN DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES Aunque el grado de complicación del procedimiento de celebración necesario para crear un acuerdo internacional variará según los casos, podemos distinguir con SINCLAIR por orden cronológico las 4 fase siguientes: - Otorgamiento o de los plenos poderes.
El otorgamiento de los plenos poderes para negociar, autenticar, o adoptar el futuro tratado constituye una fase previa durante la cual las autoridades nacionales competentes designan a sus representantes, fase que transcurre dentro de cada estado y no trasciende todavía al exterior.
La convención de Viena deja la reglamentación de esta materia esencialmente al derecho interno de los estados.
Según el artículo 2, apartado 1c) de la convención de Viena, se entiende por “plenos poderes” un documento que emana del autoridad competente del estado, y por el que se designa a una o varias personas para representar al estado la negociación, la adopción o la autenticación del texto de un tratado, para expresar el consentimiento del estado en obligarse por un tratado o para ejecutar cualquier acto con respecto al tratado.
Pero aunque es obvio que los sujetos internacionales, entes colectivos territoriales o funcionales, tiene que obrar a través de personas individuales que representan, la convención de Viena deja al derecho interno de cada estado la reglamentación de las facultades concretas que corresponden a cada órgano en particular para actuar en el campo de la relaciones internacionales, limitándose a establecer en sus artículos 7 y 8 una regla General y varias específicas respecto de quién se considere internacionalmente capacitado para obligar a su estado por medio de los tratados.
1) La regla General, tanto para la adopción y autenticación del texto como para la manifestación del consentimiento, considera que representan al estado: o Los que están provistos de plenos poderes.
o Cuando de la práctica de las circunstancias se deduzca que los estados han considerado la persona como su representante sin necesidad de plenos poderes.
2) Las reglas específicas prevén, que en virtud de sus funciones y sin tener que presentar plenos poderes, se consideran facultados: o El jefe del estado.
o El jefe de gobierno.
o El ministro de asuntos exteriores para los actos relativos a la celebración de un tratado.
o Los jefes de misión diplomática para la adopción del texto de los tratados con el estado ante el que se encuentran acreditados.
Los representantes ante una conferencia internacional o ante un organización internacional o uno de sus órganos para la adopción del texto o sin tratado entre conferencia, organización u órgano. (Art.7 convenio de Viena).
La consideración como derecho internacional General de dicho art.7 ha sido reiterada por el tribunal internacional de justicia en el asunto sobre las actividades armadas sobre el territorio del Congo confirmando de esta forma uno jurisprudencia constante tanto del TPJI como de el TIJ. (Asunto sobre el estatuto jurídico de Groenlandia oriental. O ensayos nucleares-Australia vs Francia).
3) Cabe que lo ejecutado por la persona no autorizada pueda surtir efectos y posteriormente fuera confirmado por el estado en cuya representación se había considerado autorizado actuar (art.8 convenio de Viena).
A. La técnica clásica.
- Negociación En contraste con la fase anterior, la fase de la negociación transcurren un marco internacional, ya que durante ella los representantes "se reúnen en un lugar y en una época establecida a fin de estudiar conjuntamente las posibilidades efectivas de llegar a un entendimiento en una determinada materia. Buscará acercar sus posiciones sobre puntos concretos, objeto de la negociación misma, y elaboran un proyecto de acuerdo destinado a pasar a una fase ulterior.
La negociación constituye la esencia misma del método diplomático" La negociación consiste en la presentación de propuestas y contrapropuestas por parte de los representantes, que son debatidas por las delegaciones, que las aceptan, rechazan o procuran enmendar.
Las negociaciones se desarrolla generalmente:En conversaciones directas entre los representantes de los estados, interviniendo generalmente los servicios técnicoadministrativos o diplomáticos en la preparación del texto.
En una conferencia diplomática convocada al efecto por un estado, que invita a los demás estados interesados, por un organización internacional.
Para ponerse de acuerdo en el texto a tratar un requisito indispensable es la negociación. Se considera que son Estados negociadores aquellos que participan en la elaboración y adopción del texto. En el derecho español, el inicio del Tratado corresponde al Gobierno Central, ni el Jefe del Estado, ni las Cortes, ni las Comunidades autónomas pueden decidir iniciar la conclusión de un tratado, pero pueden instar al Gobierno para que lo haga.
La fase de negociación es la más larga, puede durar varios años realizar un texto definitivo que satisfaga a las partes. Durante esta fase deben determinarse el objeto, fin y contenido del tratado, y también la redacción del mismo, sobre todo en los tratados entre estados que hablen lenguas diferentes.
Tras esto se pasa a la adopción del texto.
Adoptar significa consentir que todos los participantes se pongan de acuerdo en su redacción definitiva. Anteriormente era necesario el voto favorable de todos los Estados negociadores.
Esto sigue vigente en los Tratados bilaterales. Con la proliferación de los Tratados internacionales multilaterales se pasó al sistema de mayorías (art. 9 de la Convención de Viena de 1969).
Este artículo establece la práctica general del voto favorable y unánime pero se trata de una práctica residual. Mayoritariamente se aplica su punto segundo que establece que la adopción del texto se hará por una mayoría de dos tercios de los Estados presentes y votantes a no ser que los Estados decidan por igual mayoría una regla diferente.
El art.9 del convenio de Viena distingue dos procedimientos de adopción del texto: → Normalmente "efectuará por el consentimiento de todos los estados participantes en su elaboración".
→ En el caso especial de adopción del texto porno conferencia internacional, esta "efectuará por mayoría de 2/3 de los estados presentes y votantes, a menos que los estados decidan por igual mayoría una regla diferente".
- Autenticación La siguiente fase es la de autenticación del texto. Es un acto jurídico que da fe de la veracidad del texto adoptado, el cual "quedará establecido como auténtico y definitivo".
El art. 10 del convenio de Viena reglamentar las formas de autenticar el orden sucesivo y excluyendo se unas a otras: → La que se prescriba en el texto o del tratado.
→ Las que convengan a los estados que hayan participado en la elaboración.
→ Mediante la firma, la firma ad referéndum o la rúbrica de los representantes puesta en el texto o del tratado o el acta final de la conferencia en la que figura el texto.
Con la autenticación termine la elaboración material del texto del tratado, pero los estados negociadores no están todavía obligados por el tratado.
La vinculación jurídica se producirá, como veremos con la manifestación de consentimiento.
No obstante, ello no significa que el autenticación no produzca de ciertos efectos jurídicos derivados esencialmente del principio de la buena fe.
Así, en primer lugar, durante lapso de tiempo que media entre la firma del tratado o el canje de los instrumentos que le constituyen a reserva de ratificación, aceptación o adhesión, y la manifestación de su intención de ser o no parte del tratado, estado están obligados por el art.18 de la convención de Viena abstenerse de actos que puedan frustrar el objeto o y el fin del tratado.
En segundo lugar, el estado se autenticado no sólo pasa a tener obligaciones, sino también derechos en relación con el tratado. Así, de una parte, deberán ser comunicadas las informaciones relativas a la vida del tratado efectuadas por el depositario (art.77 del convenio de Viena).
De otra parte, podrá hacer objeciones a la reservas formuladas por otros estados, como señaló el tribunal internacional de justicia punto en el dictamen sobre reserva a la convención sobre el genocidio.
En tercer lugar, el mismo principio de la buena fe hace que no sólo los estados signatarios, sino también el mismo cuerdo pueda llegar a tener un estatuto especial ante el derecho internacional. Como ha señalado el tribunal internacional de justicia " los acuerdos firmados pero nos ratificados pueden constituir la expresión sí al de puntos de vista comunes de las partes en la época de la firma".
Ejemplo: delimitación marítima y cuestiones territoriales entre Qatar y Bahrein.
En cuarto lugar, conforme al art. 24 del convenio de Viena, determinadas cláusulas finales del tratado empezarán a aplicarse desde la adopción del texto. Se trata de las disposiciones relativas a " la autenticación de su texto, la constancia del consentimiento o de los estados en obligarse por el tratado, la manera con la fecha de su entrada en vigor, las reservas, las funciones del depositario y otras cuestiones que se suscitan necesariamente antes de la entrada en vigor el tratado".
Por último, la autenticación del texto del tratado multilateral por un número muy significativo de estados puede llegar a tener un efecto político jurídico que vaya mucho más allá de la simple autenticación, pudiendo incidir, por ejemplo: en la formación de normas consuetudinarias. Un claro ejemplo de esta situación se dio con la cristalización de las normas consuetudinarias de su adopción del convenio o sanciones unidas sobre derecho del mar de 1982 ante su entrada en vigor en 1994.
Apuntes: Autentificación = firma.
Negociación terminada, no se vuelve atrás. El fundamento conceptual, es una negociación fehaciente que no se podrá cambiar en el futuro. a no ser de que las partes lo decidan.
Esta la firma completa del representante el Estado, la rúbrica es el garabato y la firma ad referéndum es la firma.
La autentificación la hace el representante del estado, con plenos poderes o sin que necesite estos.
Una vez firmado hay que convalidar la representación. Dependiendo de cada ordenamiento interno. Normalmente cuando no hace falta la convalidación es la firma. cuando si hace falta es la firma, la rúbrica o firma ad referéndum.
En España, 93 y 96 CE. y en un decreto sobre la actividad administrativa en la conclusion de tratado 1968 (preconstitucional). No hay una ley de tratados.
Los representantes españoles firmaran ad referéndum principalmente el ministro de asuntos exteriores o el presidente del gobierno o en su defecto el Jefe del Estado (pero no por si solo).
Los jefes de misión representan al estado para la negociación y autentificación del tratado pero no con cualquier sujeto, solo con el que están acreditados.
La representación del estado se acredita con plenos poderes, con los plenipotenciarios, son los que representan al estado.
En los demás casos necesita un documento para aceptar la capacidad a una persona.
Cada documento tiene que constar que puede hacer el plenipotenciario.
ULTRA VIRES, se produce cuando el plenipotenciario se ha extendido en sus poderes. ese documento se expide en cada estado. Normalmente se expiden e para representar al jefe de gobierno - Prestación del consentimiento o ratificación La fase final es la de prestación del consentimiento. Los Estados participantes deciden en esta fase si quieren ser parte o no del Tratado. Si aceptan se someten al Tratado. Los que no aceptan no quedan obligados.
En la práctica esta prestación del consentimiento se realiza bien de forma solemne, bien de forma simplificada.
De forma solemne o formal Esta vía se utiliza en los casos en los que debido a la importancia de la materia se exige solemnidad en la forma de prestación del consentimiento. Esta solemnidad se exige a través de la ratificación.
El significado de este término ha ido evolucionando. Tradicionalmente era un acto del soberano confirmando un Tratado celebrado por un mandatario o representante del soberano.
A partir del siglo XIX (constitucionalismo moderno) la ratificación se configuró como un mecanismo de control del poder legislativo sobre el poder ejecutivo. De este modo el gobierno no puede obligarse con otros Estados en relación a determinadas materias sin la autorización del legislativo.
De forma simplificada Los acuerdos en forma simplificada-agreements, notas reversales- son acuerdos internacionales cuyo proceso de conclusión incluye solamente una etapa de negociación y la firma, materializándose comúnmente en varios instrumentos. En general las formas simplificadas implican que el consentimiento se presta por el ejecutivo sin autorización del legislativo.
B. La manifestación del consentimiento , las formas solemnes y simplificadas.
La prestación del consentimiento para obligar a España mediante Tratado corresponde al Rey (art. 63.2 CE), pues es la más alta representación del Estado en las relaciones internacionales (art. 56.1 CE).
Se trata de una facultad condicionada que precisa de la autorización de las Cortes para loa Tratados previstos en los arts 93 y 94.1 y del refrendo del Ministro de Asuntos Exteriores para todos los Tratados.
El refrendo significa que únicamente el Gobierno, reunido en Consejo de Ministros, puede decidir si se prestará o no el consentimiento del Estado para obligarse mediante Tratado.
Aunque las Cortes hayan dado su autorización, el Gobierno goza todavía de poder discrecional y podría no acordar la prestación del consentimiento.
El Rey interviene personalmente manifestando el consentimiento del Estado sólo en razón de la forma de manifestación del consentimiento en aquellos Tratados que requieren la ratificación o la adhesión para la prestación del consentimiento, extendiéndose el correspondiente instrumento de ratificación o de adhesión firmado por el Rey y refrendado por el Ministro de Asuntos Exteriores.
En el resto de los casos el Ministro o un representante autorizado por él manifestará el consentimiento de España Respecto a las formas solemnes o simplificadas podemos establecer que : De forma solemne o formal y De forma simplificada ( ya lo hemos dicho anteriormente).
C.
Nuevas formas de celebración de tratados y nuevas formas de prestación del consentimiento.
Un tratado entra internacionalmente en vigor cuando han prestado consentimiento todos los negociadores , las formas nuevas que han parecido de prestación del consentimiento son -Adhesión – Convalidación formal-Aprobación Esto hay que combinarlos con las formas solemnes y simplificadas de prestar consentimiento.
Lo de menos es la denominación lo que importa es la naturaleza Las nuevas formas de celebración de tratados : LO que se ha producido es una adopción al proceso clásico a través de conferencias gubernamentales y diplomacia parlamentaria.
2. LA CELEBRACIÓN D ELOS TRATADOS EN DERECHO ESPAÑOL Las normas de derecho interno relativas a la competencia para celebrar tratados pueden tener relevancia en el ordenamiento internacional.
En efecto, el art.46 del convenio de Viena permite alegar la violación de derecho interno como causa de nulidad sea la violación es manifiesta y se afecta a una norma de importancia fundamental del derecho interno.
Por ello, tendremos en cuenta no solamente la constitución sino también las normas legales relativas a las instituciones nacionales que intervienen en el proceso de conclusión de tratados y, también, el decreto 801/1972, de 24 de marzo, que regula la actividad de la administración del estado en materia de tratados internacionales, en la medida en que no se oponga a lo establecido en la constitución.
Este decreto está inspirado, en cuanto a su terminología y fines, en el convenio de Viena.
A. La representación del estado en la celebración de tratados En primer lugar, debido sus funciones y sin necesidad de plenipotenciario má pueden representar a España en la negociación y adopción del texto de tratados, de conformidad con el decreto de 1972, coincide ante prácticamente con el art.7 del convenio de Viena, el jefe del estado, el Presidente de gobierno, el ministro de asuntos exteriores, los jefes de misiones diplomáticas y de las misiones permanentes ante los organismos internacionales añadiendo la categoría de jefes de emisiones especiales.
Otras personas que llevan a cabo la negociación han de estar provistas de la plenipotenciario que les acredite como representantes de España para la negociación u otros actos de celebración (art.4 del decreto).
La plenipotenciario o plenos poderes es un documento que emana del autoridad competente de un estado (en España la extiende el ministro de asuntos exteriores en nombre del rey) y por el que se designa a una o varias personas para representar al estado la negociación, la adopción o para ejecutar cualquier otro acto o con respecto a un tratado. (Art.2.1 d) del convenio de Viena).
Las personas que llevan a cabo la negociación son designadas por el ministro de asuntos exteriores aunque otros ministerios pueden proponer a otras personas y estuvieran afectadas por el contenido de la negociación.
La plenipotencia, extendida por el ministro de asuntos exteriores en nombre del jefe del estado, expresa los actos para los que se extiende (en España para negociación, adopción y autenticación ad referéndum).
Y, finalmente, los representantes de España la negociación del tratado se atenderán al contenido y alcance de la autorización otorgada por el consejo de ministros, así como las instrucciones que les dé el ministro de asuntos exteriores, al que tendrán informado del desarrollo de la negociación (art. 3,6,7,8 y 10 del decreto).
Esas instrucciones tienen un carácter confidencial y los representantes de España en una negociación deben obrar, en consecuencia, con discreción.
B. La intervención del gobierno de las cortes generales en la celebración de tratados. La calificación del tratado.
Comenzaremos diciendo , que la calificación del tratado , es la operación para decidir en qué grupos de los previstos por la CE se integra el tratado , en los del artículo 93, del 94-1 o del 942.Lo hace el Gobierno con el con el asesoramiento del Consejo de Estado , aunque las Cortes Generales pueden hacer su propia calificación después de recibido el tratado. La calificación es importante porque de ella depende el procedimiento de prestación del consentimiento que se siga y que se pida o no la autorización de las Cortes Generales por el procedimiento correcto.
Si no se tramita y obtiene la autorización de las Cortes Generales por el procedimiento correcto puede llegar a declararse la inconstitucionalidad del tratado.
 La iniciativa exclusiva del Gobierno.
El art. 97 de la CE establece el marco general de las competencias del Gobierno de la Nación, entre las que se encuentran la política exterior: dirige la política interior y exterior.
Es el Gobierno, reunido en Consejo, el que autoriza la apertura de las negociaciones, posee la iniciativa exclusiva en materia de negociación y, en su conjunto, de celebración de Tratados y también una acentuada discrecionalidad en el desarrollo de sus fases, paliada tan sólo por el control parlamentario previsto en los arts. 66.2 (control General sobre la acción del gobierno), 93 y 94.1 de la CE (autorización de las cortes).
Dentro del Gobierno la negociación es competencia del Ministro de Asuntos Exteriores, previa autorización del Consejo de Ministros. La tramitación interna de los tratados internacionales por parte de los órganos de ese misterio deben tener en cuenta la orden comunicada de 17 de febrero de 1992 de la subsecretaría de asuntos exteriores (publicado en el boletín oficial del ministerio de asuntos exteriores).
La iniciativa popular para la presentación de proposiciones de Ley relativas a cuestiones internacionales está prohibida expresamente en la CE (art. 87.3).
La prohibición se justifica por la naturaleza específica de las normas convencionales que exigen para su formación la negociación y el consentimiento mutuo.
Ahora bien, no se lesiona tal especificidad cuando se permite manifestar la iniciativa popular a fin de promover la denuncia o la retirada de un Tratado, si fueran posibles, ya que se trataría de una declaración unilateral que expresa la voluntad de no seguir vinculado a un Tratado.
 Tratados que exigen la autorización previa por las cortes generales La intervención de las Cortes obedece a la necesidad de ejercer un control sobre el ejecutivo en su actividad exterior (art. 66 CE), si bien no todos los Tratados se someten a un mismo control: el control más riguroso se realiza mediante la autorización previa.
La naturaleza jurídica de la intervención de las Cortes consiste en una autorización y no en la manifestación del consentimiento en sí, que es un acto posterior y de relevancia internacional.
Las Cortes Generales no ratifican los Tratados, ni se adhieren, ni los firman o aceptan. Las Cortes autorizan la prestación del consentimiento del Estado, cualquiera que sea la forma de manifestación del mismo.
En consecuencia, la intervención parlamentaria no es en razón de la forma de manifestarse el consentimiento (adhesión, ratificación, afirma, …) ni de la denominación del Tratado (convenio, protocolo, tratado, acuerdo, pacto o, …), sino que tiene lugar mediante una autorización (no una ley) cuando el Tratado afecta a materias determinadas y por los efectos de sus obligaciones (arts. 63.3, 96 y 94.1 CE) La iniciativa de recabar de las Cortes la autorización para la prestación del consentimiento del Estado corresponde también al Gobierno. Esta iniciativa se vincula también a la dirección de la política exterior (art.97 CE) y está en consonancia con la iniciativa legislativa del Gobierno (art.
87.1 CE), si bien en materia internacional es iniciativa exclusiva, de forma que no la comparte, como sucede con la iniciativa legislativa, ni las cortes, ni las comunidades autónomas, ni la iniciativa popular y expresamente prohibida (art. 87.3 de la CE).
El Gobierno debe solicitar de las Cortes la concesión de dicha autorización mediante el envío al Congreso del correspondiente acuerdo del Consejo de Ministros, una copia autorizada del texto del Tratado y una Memoria que justifique la solicitud.
Deberá indicar el Estado o Estados negociadores, cuáles son contratantes o parte en el mismo y, eventualmente, el organismo/s internacionales que fueran negociadores, contratantes o partes en el mismo y, eventualmente, el organismo organismos internacionales que fueron negociadores, contratantes o partes.
Igualmente el gobierno deberá enviar cualquier documento anejo al Tratado o complementario del mismo suscrito por los negociadores, así como cualquier acto internacional relativo a la aplicación provisional si así se hubiera convenido, reservas o declaraciones que se proponga formular España o que hayan formulado los demás Estados al firmar el Tratado o al obligarse por el mismo.
El Gobierno tiene un plazo de 90 días desde que se adoptó el acuerdo del C. de Ministros (ampliable a 90 más); a su vez el Congreso deberá adoptar el acuerdo de autorización en un plazo de 60 días. (Art.155.2 Del reglamento del congreso).
Las Cámaras pueden aprobar la autorización o denegarla, o en el caso de Tratados multilaterales proponer reservas o declaraciones o suprimir o modificar las que pretenda formular el Gobierno, etc. Cualquier actuación del Congreso que no sea la autorización se tramitará como una enmienda a la totalidad.
La CE prohíbe a las Cámaras delegar en Comisiones Legislativas las actuaciones decisorias directas sobre cuestiones internacionales (art. 75.3).
Aunque las tareas encomendadas a las Cámaras de autorización o aprobación de los Tratados internacionales han de acordarse en el Pleno (actos previstos en los artS. 63.3,93,94 y 95) con mayor razón, a pesar del silencio de los artS. 82 y86 CE, están prohibidas las delegaciones legislativas o el Decreto Ley para conseguir la autorización de las Cortes para la conclusión de los Tratados.
Por ello aunque el Gobierno aprobó por RD-Ley 14/1998, de 9 de octubre, la adhesión de España diversos acuerdos del Fondo Monetario Internacional, debido a su impugnación por el Grupo Socialista del Congreso ante el TC, el Gobierno subsanó el procedimiento posteriormente aunque de forma anómala.
Dada la peculiaridad de los acuerdos, el Gobierno no recabó la autorización de las Cortes sino que los tramitó mediante una Ley ordinaria.
Para el tribunal constitucional, en ese caso, lo que importa es el interés constitucional en la garantía de la sujeción del legislador a los límites de la constitución y no se ve alterado por el hecho de que lo acordado en constitucionalmente la norma impugnada se haya acordado por el cauce legislativo afirmando que “ queda excluida, por tanto, la posibilidad de una prestación de ese consentimiento o sin previo teorización parlamentaria o con la dispensa por un órgano distinto. Es, pues, evidente que el decreto ley no es una forma jurídica habilitada para la autorización requerida por el art. 94.1 … Ni siquiera tras su convalidación parlamentaria es el decreto ley una forma jurídica capaz de dispensaron autorización que sólo pueda brindar las cortes generales, pues la convalidación del congreso de los diputados nunca puede ser la del órgano complejo en el que se integra o junto con el senado, de manera que nos posible ver en la convalidación o un acto equivalente al autorización requerida por el art.94.1”.
Ahora bien, sea las cortes tienen que aprobar cierto contenido normativo para la aplicación de un acuerdo internacional “… El procedimiento parlamentario pertinente será legislativo, común especial, que venga impuesto, en su caso, por la materia a que dicho contenido se refiera”.
En definitiva, habrá una “duplicidad de procedimientos, distinguiendo con claridad la autorización propiamente dicha y la tramitación parlamentaria de las medidas legislativas necesarias como consecuencia del autorización que siempre ha de ser anterior.
En otro caso, la utilización exclusiva de la ley como cauce jurídico en el que se reduzcan a la unidad un autorización ex art.94 CE, por un lado, y las medidas legislativas necesarias para la mejor integración de la norma externa, por otro, no deja de suponer el apartamiento o del específico procedimiento establecido la constitución, y en tal sentido reservado, para dicha autorización”.
Si hubiera desacuerdo entre las dos Cámaras en torno a la concesión de la autorización, se intentará resolver mediante una Comisión Mixta constituida conforme al art. 74.2 de la CE, la cual presentará un texto que será sometido a votación de ambas Cámaras.
Si no obtuviera la aprobación, decidirá el Congreso por mayoría absoluta. (ArtS. 158 del reglamento del congreso y 145 del senado).
Lo que se recaba de las Cortes es su autorización como una condición previa para prestar el consentimiento del Estado para obligarse mediante Tratado cuando éste posee un determinado contenido o ciertos efectos.
Los tratados que deben ser sometidos a la previa autorización de las Cortes son: a) Los tratados que operan una atribución del ejercicio de competencias derivadas de la constitución a favor de instituciones u organizaciones internacionales (art.93).
Los Tratados constitutivos de las Comunidades europeas exigen del Estado que es o quiere ser miembro de esas organizaciones internacionales la atribución del ejercicio de algunos derechos soberanos o competencias constitucionales que, a partir de la adhesión son ejercidas por las instituciones comunitarias, según procedimientos y efectos jurídicos propios previstos los tratados comunitarios.
Para la trascendencia jurídica de estos Tratados se exige la autorización previa de las Cortes para la manifestación del consentimiento de España a fin de ser parte en Tratados constitutivos de tales Organizaciones internacionales mediante una votación por mayoría absoluta en el Congreso y mayoría simple en el Senado y articulada (de forma excepcional) mediante Ley Orgánica.
La utilización de la Ley Orgánica es formal o procedimental ya que la naturaleza material del acto parlamentario es una autorización.
Utilizan el procedimiento del art.93 se han autorizado tratados como los de adhesión de España a las comunidades europeas (y sus posteriores modificaciones como el acta única, o los tratados de Maastricht, Amsterdam y Niza), o el estatuto de la corte penal internacional.
b) Necesitarán la autorización previa de las cortes mediante votación por mayoría simple los siguientes tipos de tratados: - Tratados de carácter político (art.94.1 a)) dentro de esta categoría pueden subsumirse los tratados de paz (art.63.3).
- Tratados de carácter militar (art.94.1 b)).
- Tratados que afectan a la integridad territorial del estado a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el título I de la constitución (art.94.1 c)).
- Tratados que impliquen obligaciones financieras para la hacienda pública (art.94.1.d)).
Al igual que en los casos a) y b) hay una gran indefinición han relación con el alcance de las obligaciones financieras o gastos contraídos mediante tratado.
Parece que sería necesaria la autorización en caso de requerirse una ley de crédito o extraordinario, aunque el consejo de estado parece exigirlo teorización de las cortes cuando el tratado contiene cualquier clase de compromiso de crédito público tanto activo como pasivo.
- Tratados que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución (art.94.1. e)).
 Información a las cortes generales sobre los restantes tratados De los restantes Tratados las Cortes serán simplemente informadas de su conclusión (art. 94.2 CE). La exclusión de estos acuerdos internacionales de un control parlamentario efectivo se basa en un criterio ratione materia y no por la urgencia de su entrada en vigor o por la forma simplificada de su conclusión.
La intervención de las Cortes en estos Tratados se limita a información oficial de su celebración (incluido el texto) y de forma inmediata. (aunque no se prescribe un plazo máximo) Nada impide que el Gobierno informe a las Cortes durante su negociación y antes de la presentación del consentimiento o que las Cortes ejerzan el control sobre la acción exterior del Gobierno (art. 66) requiriéndole explicaciones sobre las negociaciones de un Tratado u otros aspectos relacionados con el mismo.
El art. 94.2 confiere amplias competencias al Gobierno, puesto que la sola voluntad de éste basta para obligar internacionalmente al Estado en aquellos restantes Tratados que no encajan en los arts. 93, 63 y 94.1 de la CE.
 La calificación del contenido del tratado.
Se trata de saber qué institución es la competente para calificar el contenido del tratado y decir cuál de los tres procedimientos constitucionales (autorización de las cortes por mayoría absoluta, por mayoría simple o notificación a posteriori) debe seguirse para la tramitación del tratado.
Este problema intento ser solucionada la ley orgánica del consejo de estado de 22 de abril de 1980.
El art.22.1 da competencia la comisión permanente del consejo de estado para que se pronuncie sobre “la necesidad de autorización de las cortes generales con carácter previo a la prestación del consentimiento del estado”.
Ahora bien, el dictamen del consejo de estado no puede ser una calificación definitiva, pues éste órgano consultivo de la administración no puede vincular con una decisión al órgano de representación de la soberanía nacional. Parece obvio que a las cortes se le debió reconocer a situaciones controvertidas ese poder de calificación.
Desde luego, en último término sea las cortes o el gobierno no se conforman se podría plantear, muy improbable políticamente por el juego de la mayoría parlamentaria, un conflicto de competencias ante el tribunal constitucional.
Pero ¿y si las cortes tienen conocimiento de un tratado al que el gobierno ha prestado el consentimiento por la vía del art.94.2 y estiman que debió solicitar su previa autorización por la vía del art.94.1) también puede ocurrir que se obtuviese el autorización parlamentaria por la vía 94.1, pero en realidad sea un tratado que opera una cesión de competencias soberanas (art.93).
Estos casos podrían haber violación del procedimiento constitucional o o inconstitucionalidad de externa: es decir, el contenía el tratado es compatible con la constitución, pero la forman de prestarse el consentimiento es inconstitucional por no respetar las competencias de las cortes.
Podría ser objeto de una declaración de inconstitucionalidad miente recurso de inconstitucionalidad, de fácil uso por la minoría parlamentaria, previo en el art.161 a) de la constitución y las artS. 27.2.c) y 31.1 de la L.O.T.C. Aunque también las cortes podrían tramitar su previa autorización precalifican del tratado.
Sí el tribunal constitucional declarase la violación de la constitución en la fase de manifestación del consentimiento o podría subsanarse en el sentido decidido por el tribunal constitucional, o bien la sentencia abriría la vía de la nulidad del tratado en el plano internacional de acuerdo con el art.46 del convenio de Viena.
C. El alcance de los tipos de los artículos 93 y 94.1 de la constitución.
Las CCAA pueden instar al Gobierno de la Nación para que concluya tratados internacionales en relación con diversas materias de interés para las mismas. Estas finalidades pueden ser las siguientes: - Tratados que permitan el establecimiento de relaciones culturales con Estados con los que determinadas CCAA presentan particulares vínculos culturales, lingüísticos o históricos.
- Tratados con Estados donde residan ciudadanos de una CA para la adecuada protección de su identidad social y cultural.
También se podrá solicitar del Gobierno que celebre tratados con los Estados de recepción de emigrantes para una especial asistencia a los mismos.
- De forma muy amplia otros Estatutos disponen que esa solicitud puede ser en relación con materias de interés para la región y, en especial, en cuestiones derivadas de su situación geográfica como región fronteriza.
La solicitud que pueden hacer las CCAA no menoscaba, ni limita, ni concurre, con la competencia de iniciativa que la Const. confiere en exclusiva al Gobierno de la Nación para llevar a cabo todas las actuaciones necesarias, de conformidad con la CE, para la conclusión de los tratados internacionales de que ve a ser Parte España.
Las CCAA no tienen iniciativa en materia de Tratados ni los puede celebrar. Para el TC ―la conclusión de que en el Derecho español el treaty making power pertenece al Estado y únicamente a él, no sólo se deduce del art. 149.1.3ª. del Texto constitucional aisladamente considerado, sino que encuentra asimismo fundamento y confirmación en otros preceptos de la Constitución‖, como son los arts. 93 y 94.
Para el TC el titulo competencial del Estado es la celebración de tratados no se encuentra en esos preceptos, pues regulan simplemente la intervención de las Cortes Generales y del Gobierno en el proceso decisorio correspondiente, sino en el art. 149.1.3ª., cuyo debido alcance aquellos preceptos contribuyen a perfilar, por lo que concluye que sólo el Estado le es posible concertar pactos internacionales sobre toda suerte de materias. Estima que cuando una CA concluye un acuerdo internacional, comprometiendo o no la responsabilidad internacional del Estado, la mera existencia de tal acuerdo revela que la CCAA ha actuado en nombre propio y al margen de toda actuación del Estado realizando ―un acto ilegítimo desde una perspectiva interna, constitucional, puesto que el ius contrahendi pertenece en nuestro D.
exclusivamente al Estado.
En modo alguno esos ―acuerdos o proyectos conjuntos o declaraciones de intenciones‖ pueden considerarse Tratados internacionales ni se les puede negar la competencia de suscribir tales ―declaraciones de intenciones‖ a las CCAA o a otros organismos de derecho público.
El Gobierno deberá informar a las CCAA sobre la elaboración de los Tratados internacionales que puedan afectar a materias de su específico interés, y no restrictivamente sobre materias de su competencia. Los Estatutos que contienen las cláusulas de información son el de Cataluña, País Vasco, Andalucía, Asturias, Murcia, Canarias, Navarra, Madrid y Castilla y León El momento de la consulta sería durante la negociación, en la medida en que ésta no se viese perjudicada, porque así el Estado podría tener en cuenta esos intereses específicos de las CCAA e incorporarlos a la posición nacional y defenderlos como voluntad del Estado español del que son parte integrante las CCAA.
Si el Gobierno no tuviera en cuenta el parecer de las CCAA en un momento en que pudiera asumirlo como propio, al menos deberían ser informadas antes de la presentación del consentimiento, de forma que el dictamen o parecer de las CCAA pudiera ser tenido en cuenta por las Cortes a efectos de dar su autorización para la prestación del consentimiento.
D. LA PARTICIPACIÓN D ELAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN LA CELEBRACIÓN DE TRATADOS.
El art. 149.1.3ª. de la CE reserva al Estado la competencia exclusiva sobre las relaciones internacionales. La noción de relaciones internacionales debe ser entendida de forma proporcionada y equilibrad entre, de un lado, el sentido necesariamente unitario de la acción exterior del Estado y, de otro, la distribución constitucional de competencia entre Estado y las CCAA que la CE reconoce y garantiza (art.2).
La reserva estatal exclusiva en esta materia sólo comprende las competencias de verdadera proyección exterior: adoptar las posiciones y prioridades de la política exterior (art. 97 CE), la representación exterior, el ius ad tractatum o conclusión de los Tratados, nacionalidad inmigración, emigración, extranjería, derecho de asilo, régimen aduanero y arancelario y el comercio exterior, sanidad exterior, el abanderamiento de buques, el control del espacio aéreo, la matriculación de aeronaves y la responsabilidad internacional del Estado.
Hay otras competencias ligadas a las relaciones internacionales que son de proyección interior y que están ligadas al proceso interno de formación de la voluntad exterior del Estado y al desarrollo y ejecución de un Tratado.
Es competencia doméstica la formación de las delegaciones negociadoras y la presencia en ellas de representantes de las CCAA, o la información a diversos entes u organismos, o las peticiones o solicitudes al Gobierno en materia de política exterior, o la aprobación de normas internas para el cumplimiento de un Tratado, etc.
El TC en una sentencia sobre cinematografía, acepta la diversificación de contenidos, de los cuales sólo algunos integran el concepto de relaciones internacionales: es el caso de materias como tratados, paz y guerras, reconocimientos de Estados, representación exterior, responsabilidad internacional, etc., excluyendo que cualquier relación con temas en los que estén involucrados otros países o ciudadanos extranjeros, implique por sí solo o necesariamente que la competencia resulte atribuida a la regla ―relaciones internacionales.
La participación de las Comunidades Autónomas en la formación de la voluntad exterior del Estado se concreta básicamente en dos tipos de actuaciones: la solicitud o iniciativa de las CCAA al Gobierno de la Nación para que celebre Tratados internacionales y el deber de informar por parte del Gobierno a la CCAA sobre los Tratados que tiene proyectado concluir.
3. EL CONTROL DE LA CONSTITUCIÓN DE LOS TRATADOS EN DERECHO ESPAÑOL.
La CE prevé la posibilidad de un control previo de la constitucionalidad de los tratados sobre los que se proyecte prestar el consentimiento del Estado , este control previo cumple un doble cometido como ha señalado el TC. Por un lado la defensa jurisdiccional anticipada de la CE y por otro garantiza la seguridad y estabilidad de los compromisos internacionales que España pueda contraer salvaguardando la responsabilidad internacional del estado. CE y tratados de los que sea parte España son defendidos por igual evitando en su origen cualquier contradicción entre ambas.
La facultad para requerir al TC el examen previo de la compatibilidad corresponde al Gobierno central así como a cualquiera de las Cámaras parlamentarias.
El Gobierno o cualquiera de las Cámaras pueden requerir al TC cuando observen un contradicción entre la CE y los tratados. Si el alto tribunal estimase la inconstitucionalidad del tratado habría dos soluciones : 1ª) No prestar el consentimiento, evitando así el conflicto con la constitución.
2ª) Iniciar la previa revisión de la CE (art. 95.1) por los mecanismos previstos en los arts. 166 a 169 Este proceso solo se ha usado en dos ocasiones : durante el proceso de ratificación del Tratado de la Unión Europea y antes de firmar el referéndum popular consultivo sobre la prestación de consentimiento .
El art. 22.1 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado da competencia a la Comisión Permanente del Consejo de Estado para que se pronuncie sobre la necesidad de autorización de las Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento del Estado.
El dictamen del C. de Estado no puede ser una calificación definitiva, pues este órgano consultivo de la Administración no puede vincular con su decisión al órgano de representación de la soberanía nacional.
Si las Cortes o el Gobierno no se conforman se podría plantear un conflicto de competencias ante el TC.
Si las Cortes tienen conocimiento de un Tratado al que el Gobierno ha prestado el consentimiento por vía del art. 94.2 y estiman que se debió solicitar su previa autorización por la vía del 94.1, o si se obtiene la autorización parlamentaria por la vía del 94.1 pero en realidad sea un Tratado que opera una cesión de competencias derivadas de la CE (art. 93), en estos casos podría haber violación del procedimiento constitucional o inconstitucionalidad externa, es decir, el contenido del Tratado es compatible con la Constitución, pero la forma de prestarse el consentimiento es inconstitucional por no respetar las competencias de las Instituciones. Entonces podría ser objeto de una declaración de inconstitucionalidad mediante el recurso de inconstitucionalidad.
Si el TC declarase la violación de la Const en la fase de manifestación del consentimiento podría subsanarse en el sentido decidido por el TC, o bien la sentencia abriría la vía de la nulidad del Tratado en el plano internacional, de acuerdo con el art. 46 del CV.
Aquí acaba el tema según la guía docente. En los apuntes de otros años, hay un apartado 4º, que yo creo que no entra.
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