practica 2 - silencio administrativo (2012)

Ejercicio Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Relaciones laborales - 2º curso
Asignatura Derecho Administrativo
Año del apunte 2012
Páginas 9
Fecha de subida 21/10/2014
Descargas 23
Subido por

Descripción

profesor: Emilio

Vista previa del texto

SILENCIO ADMINISTRATIVO Práctica 2 – Derecho Administrativo AUTOR: Andrea Garcia Solbas FECHA: 9 de Diciembre de 2013 SUMARIO Contenido I. Supuesto ..................................................................................................................................... 2 II. Pregunta 1 : Fundamento de derecho ...................................................................................... 5 III. Pregunta 2: Revisión de la Administración.............................................................................. 7 IV. Legislación ................................................................................................................................ 8 1 I. Supuesto El 2 de abril de 2011 le realizaron al Sr. C.F.A., comandante del Ejército de Tierra, una intervención quirúrgica consistente en una abdominoplastia alta con doble plicatura de la paredmuscular; permaneciendo ingresado 48 horas.
El día 19 de abril de 2011 el Sr. CFA reclamó al Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) el abono de la cantidad de 3.500 eur correspondiente al importe de la intervención y asistencia hospitalaria. Recibida su solicitud, el ISFAS comunicó al Sr. CFA por escrito de fecha 6 de mayo de 2011 que su reclamación se tramitaría en el plazo máximo de seis meses, y de no recibirse notificación en el mismo los efectos del silencio administrativo serían de estimación de la petición pudiendo dirigirse en tal sentido ante la Delegación Regional correspondiente del ISFAS para que le reintegraran efectivamente la cantidad mencionada.
Sin haber sido notificado de ninguna resolución por parte del ISFAS, el día 15 de noviembre de 2011 el Sr. CFA dirigió un escrito a la Delegación Regional correspondiente solicitando el reintegro de los gastos solicitado. Petición que fue reiterada mediante escrito de 5 de diciembre de 2011.
El 21 de febrero de 2012, el Delegado Regional del ISFAS dictó resolución denegatoria del reintegro de los gastos en que ha incurrido como consecuencia del tratamiento quirúrgico mediante abdominoplastia.
La Resolución denegatoria del Delegado Regional se basa en que el tratamiento quirúrgico al que fue sometido el Sr. CFA no tiene cobertura en el concierto ISFAS/ADESLAS. Por tanto, niega la posibilidad de que por silencio administrativo pueda nacer un acto administrativo contrario al ordenamiento jurídico. En definitiva, sostiene que no puede reconocerse en dicho caso los efectos del silencio administrativo positivo previsto en el art. 43 de la Ley 30/1992 modificada por la Ley 4/1999.
El Sr. CFA decide recurrir esta resolución, y solicita tu asistencia letrada.
2 II. Pregunta 1: Fundamento de derecho Redacta un fundamento jurídico en el que sostengas que el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) debe abonar la cantidad de 3.500 euros en concepto de asistencia quirúrgica por entender estimada su solicitud en virtud de silencio administrativo. En este fundamento debes prestar atención al régimen jurídico aplicable (sus elementos fundamentales, transcurso plazo, tipo de procedimiento, falta de resolución expresa, naturaleza acto presunto por silencio estimatorio y vinculación de la resolución tardía de la Administración, etc) PRIMERO El supuesto ante el cual nos encontramos trata de un silencio administrativo estimatorio, dónde se produce una inactividad, que en este caso es por parte de la Administración Pública.
La Administración dentro del plazo que tiene debe resolver un procedimiento concreto, no dicta la resolución expresa sino que se produce una tramitación del procedimiento por silencio administrativo. En este caso, al tratarse de un asunto presunto, por eso se da el silencio administrativo.
Por este motivo se demanda que el silencio es estimatorio, ya que en el plazo que la Administración debía resolver el procedimiento no ha existido sino que se ha dado el silencio administrativo, por ello el demandante demanda su integración del dinero, porque al ser un silencio estimatorio se está valorando la acceptacción de dicha petición.
El silencio positivo/estimatorio, es la solución que da la administración ante la resolución presunta en que la ausencia de la resolución expres implica que se reconoce los derechos que solicitat el interesado. Además de que éste acto es considerado como acto administrativo finalizador aunque no sea expreso. Por ello se reclama la estimación de dicha demanda, ya que el demandante tiene acreditado a través de la ley la resolución del procedimiento.
SEGUNDO La cuestión que se plantea el presente procedimiento administrativo, el cual se aborda la solicitud presentada por el Sr. C.F.A, comandante del Ejército Tierra, dónde reclama la abonación de 3.500€ por la correspondiente intervención quirúrgica y asistencia hospitalaria, y recibida dicha solicitud por ISFAS, que comunicó al demandante a fecha 6 de mayo de 2011 que su reclamación se tramitaría en el plazo máximo de 6 meses y que si no recibiese notificación en dicha fecha, efectos del silecio administrativo, dicha solicitud sería estimada, convirtiendose así en silencio positivo/estimatorio, pudiendo dirigirse ante la Delegación 3 Regional correspondiente de ISFAS para que se le reintegrará efectivamente la cantidad mencionada. Por ello versa sobre el alcance de silencio positivo/estimatorio, por lo que se da a entender que dicho procedimiento es estimado por la Administración Pública.
En concreto la Administración Pública tiene el deber de resolver expresamente, ya que sirve con objetividad a los intereses generales de la ciudadanía remarcado en el artículo 103.1 de la Constitución Española de 1978, por ello la Administración está implícita en el mandato constitucional, por su propia naturaleza institucional caracterizada por el servicio objetivo y eficaz a los intereses generales y el sometimiento pleno a la Ley y Derecho.
A más, la Ley 30/1992 Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), donde en sus principales artículos expresa lo consiguiente “su actuación ha de regirse por los criterios de eficencia y de servicio a los ciudadanos”, por lo tanto la Administración Pública debe tener un carácter instrumental como servidora de interés general de la ciudadanía. Donde se recoge también en las normas generales, que el silencio administrativo debe de resolverse por las Administraciones Públicas, con carácter de normativa básica dictada al amparo del artículo 149.1.18 de la Constitución Española de 1978.
Y por último tal y como expresa el Informe del Defensor del Pueblo de la Rioja (2008): EL SILENCIO ADMINISTRATIVO VERSUS EL DEBER DE RESOLVER EXPRESAMENTE, que la Administración Pública tiene la obligación o deber de dictar una resolución expresa en todo tipo de procedimiento, salvo los trámites pactados o por convenio. Además la obligación y deber de pronunciarse en la resolución expresa dictada, dando respuesta a todas las cuestiones planteadas en el expediente administrativo. Y el deber de motivar cumplidamente dicha resolución expresa que pone fin al procedimiento, ofreciendo las vías de recursos como otra de las garantías a favor de los ciudadanos.
TERCERO Como se expresa en el artículo 43.2 43 de la Ley 30/1992 Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), dónde todo interesado podrá entender estimada por silencio administrativo su solicitud en todos los casos, salvo que una norma con rango de ley o norma de Derecho Comunitario europeo establezca lo contrario. Con lo cual, otra de las causas por las cuales el demandante Sr. C.F.A puede reclamar que se le reitengre la cantidad mencionada. Además el silencio positivo tiene todos los efectos de consideración de acto finalizador del procedimiento.
4 En concreto cumplimiento en el artículo 43.1 de la Ley 30/1992 Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), cuya Ley nos menciona que todo procemiento iniciado por el interesado, en este caso el demandante Sr.
C.F.A, sin prejuicio de la resolución de la Administración Pública el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima al interesado se entenderá dicha solicitud como estimatoria por el silencio administrativo hallado. Y como bien indica ésta ley, el plazo máximo para la resolución de dicha solicitud era de 6 meses. Añadiendo además, que la compañía ISFAS comunicó por escrito que si pasados los 6 meses no se recibía notificación alguna por parte de la Administración Pública, el demandante podía considerar su solicitud estimatoria y pudiendo dirigirse ante la Delegación Regional de ISFAS para que se le abonará la cantidad mencionada.
Añadimos también que en el caso de que se justifique que dicha petición se da un silencio positivo/estimatorio, está resolución será finalizada, ya que como se indica en el artículo 43.2 Ley 30/1992 Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), toda estimación por silencio administrativo tiene todos los efectos de considerarse un acto administrativo finalizador del procedimiento. La desestimación por silencio administrativo tiene sólo los efectos de permitir al interesado la interposición del recurso administrativo o contencisoso- administrativo que resulte procedente. Por tanto, esta petición sería finalizada con el silencio administrativo ya que este se ha dado por positivo.
A lo que respecta, se mencionó en las Sentencias del Tribunal Supremo de 8 de Mayo de 1990 (Ar.4223) y el 31 de mayo de 1994 (Ar. 4475), donde se defendía que la fecha de notificación de la resolución del interesado “como único plazo de caducidad que garantiza la seguridad jurídica del administrado y la diligencia debida en la actividad de la Administración” Dónde la iniciación del procedimiento fué el 6 de Mayo de 2011, que como indica el artículo 42.3 b) de la LRJ-PAC, todo procedimiento iniciado por el interesado, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación. Pero el interesado puede ser interrogado para saber cómo conoce el día en que su instancia tiene empieza a contabilizar. No obstante, se puede pactar un plazo máximo, que en este caso es de 6 meses, si no se hubiese pactado el máximo según la LRJ-PAC es de 3 meses 5 III. Pregunta 2: Revisión de la Administración En el caso de que, efectivamente, se haya producido un acto presunto en virtud del silencio estimatorio, ¿puede la Administración revisar este acto? ¿Que vía tendría que utilizar la Administración, en su caso, para declarar la nulidad de este acto presunto? La Administración Pública sólo puede revisar el acto, únicamente, revisar de oficio el acto si éste es nulo. En éste caso si podría revisarse el acto ya que se da una nulidad, como se indica en el articulo 62.1 “los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes”, el caso de dicha petición sería la letra F, “ los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de requisitos esenciales para su adquisición”.
Por tanto, se realizara la revsión de dicho acto administrativo, primeramente, en este caso por iniciativa propia de la Administración y previo dictament del Consejo del Estado, la Administración declarará de oficio la nulidad del acto administrativo que haya puesto fin a la vía adminsitrativa o que no haya sido recurridos en plazo, en los supuesto del artículo 62, observado anteriormente.
El órgano competente para dicha revisión de oficio podrá acordar motivadamente la inadmisión del trámite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad de recabar dictament, cuando la causa de nulidad del artículo 62 o carezcan manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto de que se hubieran desestimado en cuando al fondo de otas solicitudes sustancialmente iguales. Al declarar dicha nulidad del acto, podrá establecer, en la misma resolución, las indemnizaciones que procedera a reconocer a los interesados, si se dan circumstancias previstas en los artículos 139.2 y 141.1 de esta Ley, pero que no es el caso, ya que no se le reconoce ningún tipo de derecho, porque el derecho que se pide va en contra del ordenamiento jurídico además que no entra en la cobertura del ISFAS/ADELSAS.
Cuando el procedimiento se inicie de oficio, el transcuros del palzo de 3 meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. El procedimiento se hubiera iniciado a solicitud del interesado, se podra entender la misma desestimada por silencio administrativo.
En este caso, el derecho que pide el demandante, de que se le reintegre la cantidad gastada en el tratamiento quirúrgico, no tiene cobertura en el ISFAS/ADELSAS. Por tanto, se le niega la posisibilidad de silencio administrativo y por tanto el procedimiento se convierte en nulo, ya que es un derecho que va en contra del ordenamiento jurídico.
6 Además, no siempre el silencio de las Administraciones Públicas quiere decir que se de esa petición por estimatoria, sino como es este caso, la Administración realiza el silencio porque no se obtienen los requisitos necesarios para dicha petición o porque en ese momento la Administración Pública se encuentra sobredemanda de peticiones y tarda más tiempo en realizar su respuesta. No obstante, cómo hemos indicado antes la Administración Pública tiene el deber de responder, siempre. Porqué sino se dan situaciones como tal. No obstante, siempre habrá una última revisión, dónde la Administración siempre tendrá la última palabra.
7 IV. Legislación aplicable - Artículo 43 Ley 30/1992 del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC) - Artículo 62 (LRJPAC) – Motivos de nulidad - Artículo 102 LRJPAC - Informe del Defensor del Pueblo de la Rioja (2008): el silencio administrativo versus el deber de resolver expresamente - Sentencias del Tribunal Supremo de 8 de Mayo de 1990 (Ar.4223) y el 31 de mayo de 1994 (Ar. 4475) - Artículo 42.3 b) de la LRJ-PAC - Artículo 149.1.18 de la Constitución Española de 1978 8 ...