Lección 0. Doctrina estatutaria del ius commune (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad del País Vasco
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura Historia del derecho
Año del apunte 2014
Páginas 8
Fecha de subida 03/04/2016
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Apuntes de la doctrina estatutaria del ius commune, tema esencial en la asignatura de Historia del Derecho. Completados con manual de historia así como de lo expuesto por el profesor en clase.

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Kernelss Historia del Derecho 1º curso Lección 0. Doctrina estatutaria del bus commune 1. La relación entre IUS COMMUNE y IURA PROPRIA.
El resurgir o la "renovación” en Occidente de la idea imperial romana, había sido propugnado desde el s. IX por la Iglesia a través de la forma del SACRO IMPERIO ROMANO-GERMÁNICO, titulándose sus jefes políticos, al modo romano, EMPERADORES, que tras Carlomagno serán, durante toda la Alta Edad Media, príncipes alemanes. Y es al servicio de este poder imperial que trabajarán inicialmente los GLOSADORES.
Sin embargo, a partir, sobre todo, de los siglos XII-XIII, la autoridad imperial no se va a presentar como única e indiscutida, sino que, por el contrario, va a ir siendo sustituida en presencia y predominio por las Monarquías (de la que la Iglesia será una más), hasta su plena consolidación mediante un amplio desarrollo institucional en el siglo XV. De este modo el Emperador tendría como “competidores” al Papa y los Reyes, que pretenden tener un poder similar e incluso superior al del mismo Emperador.
Así en las Partidas de Alfonso X se afirmará: "Sabida cosa es que todos aquellos poderes que de suso diximos que los emperadores han e deven aver en las gentes de su imperio, que essos mismo han los reyes las de sus Reynos, e mayores”.
En un primer momento esto es incompatible con la doctrina de los GLOSADORES, que, favorables a la autoridad del EMPERADOR, consideran que sólo éste tiene PLENITUDO POTESTATIS y como tal, facultad exclusiva de dictar leyes. Es más, en el caso de las costumbres recogidas como redacciones de Derecho local, se intentaba limitar a casos muy concretos su capacidad de derogar las leyes imperiales.
Frente a ello, los CANONISTAS, en cambio, no sólo se mostrarán a favor de reconocer valor a la costumbre como derecho no mudable, reflejo de la creación divina, sino de asegurar la aplicación de sus leyes por sus propios jueces eclesiásticos en cualquier parte del Imperio.
Según Santo Tomás (Summa Theologica, de mediados del s. XIII) el derecho consuetudinario era de rango superior al escrito porque este segundo tipo de ley implica mutación y perturbación de la práctica consuetudinaria.
Incluso, en su opinión, si una costumbre no aprobada era tolerada por el soberano debía entenderse que adquiría el rango de ley, en la medida en la que su TOLERANCIA debía entenderse como APROBACIÓN.
Frente a ello, como se ha señalado, los que siguen la interpretación de ULPIANO plantean la idea de la TRASLATIO IMPERII, conforme a la cual el pueblo cedía de forma irrenunciable la potestad de creación normativa al princeps. Sin embargo, no sólo desde el Derecho canónico, sino también desde el propio ius civile empezarían a surgir desde finales del s. XII diferentes opiniones entre los glosadores hasta el punto de afirmar algunos de ellos que si el pueblo conserva un residuo de poder legislativo, la lex regia no podía impedirle desarrollar costumbres con fuerza vinculante. Así lo sostendrán Azo, Ugolino, Bulgaro y Giovanni Bassiano que consideraban que el pueblo no había renunciado de modo definitivo a ejercer su poder e incluso para los dos últimos una costumbre universalmente reconocida abrogaba la ley declarada (STATUTA), incluso en el caso de la costumbre local con tal de que fuese adoptada consciente y deliberadamente.
Kernelss Por otra parte, la oposición papal al Emperador se concretará para el Derecho europeo en una decretal pontificia de Inocencio III, PER VENERABILEM (s. XIII), en la que venía a admitirse la autoridad del rey de Francia en materia de dispensas matrimoniales con respecto a la nobleza de él dependiente.
Asimismo, una importante excepción a la teoría de la sumisión de los reyes al Emperador es la existencia de REINOS EXENTOS (Exención de Imperio), esto es, de reinos considerados, desde su origen al margen del Imperio, como es el caso de la Península Ibérica. En este sentido el canonista portugués del s. XIII, Vicente Hispano, justificaría esta independencia regia peninsular a partir de la RECONQUISTA haciendo remontar el carácter imperial de los reinos peninsulares (en especial los Reyes de León y luego de Castilla) a la MONARQUIA VISIGODA.
Todos estos factores contribuirían a que a finales de la Edad Media se generalice entre las cancillerías regias la fórmula que luego utilizaría Alfonso X en Partidas de REX IN REGNO SUO EST IMPERATOR, atribuyéndose al Rey facultades inicialmente exclusivas del Emperador.
Los reyes peninsulares de mediados del s. XIII -Alfonso X, Jaime I- se considerarán así con la competencia exclusiva de dictar la LEY, pudiendo además MODIFICAR O LIMITAR EL USO del IUS COMMUNE en los tribunales de su reino.
De hecho, en la Península Ibérica fue continua la prohibición por parte de las reyes de la utilización y empleo de autoridades jurídicas del derecho común, lo que no parece haber sido totalmente efectivo como demuestra su reiteración.
Con todo, estas prohibiciones, relacionadas con el recelo a los juristas o letrados portadores del nuevo derecho y la importancia o cohesión interna que el ordenamiento jurídico tradicional tuviese en cada Reino, aunque pudieron llegar a retrasar la recepción del Derecho Común no impidieron, en ningún caso su penetración en ellos.
PROHIBICIONES de AUTORES de DERECHO COMUN. Diferencias según los distintos Reinos: La diversidad o contradicción de opiniones doctrinales y normas legislativas ha dado lugar históricamente, de acuerdo con M. Ascheri, a 4 formas de solución – irresoluble en sí misma salvo mediante ley-.
1. El criterio de la COMMUNIS OPINIO. Consiste en seguir la opinión común entre los doctores.
Toda una teoría al respecto sería elaborada en la tratadística de los ss. XV.XVI. El criterio no era el meramente numérico –la suma del número mayor de autores- sino el de la opinión CUALITATIVAMENTE SUPERIOR a las otras (en general la OPINIO BARTOLI) salvo que resultase superada por argumentos mejores.
2. El criterio de la LEY DE CITAS. Es necesario recordar que la ley romana de citas (426 d. C.) tenía valor legislativo, y por ello vinculante, surgida en un momento de confusión de la tradición manuscrita de las obras doctrinales. Es el criterio seguido en Castilla en 1427 – prohibición del recurso a autores sucesivos a Bártolo (m. 1357) y Juan Andrés (m. 1348) y 1499 –recurso en caso de duda a Bártolo y Juan Andrés y a falta de una opinión suya, a Baldo y Nicolás de Tedeschi-. Como lo es en época moderna, en Portugal en las Ordenaçoes Manuelinas (1521) y las Ordenaçoes Filipinas (1603) en vigor hasta el s. XIX en Portugal y Brasil. La referencia para el juez en caso de duda debían ser únicamente Bártolo y la Glosa de Accursio. Aunque en Italia es raro encontrar este tipo de disposiciones, se ajusta a ella la legislación sabauda de 1533 y del ducado de Urbino, con una relación de 6 doctores para el derecho civil y 4 para el criminal, en vigor hasta 1613-1631.
3. El RÉFÉRÉ LÉGISLATIV (Reserva para el legislador). Utilizado ya por Justiniano en relación a la interpretación. Consiste en la reserva que el poder político hace de la interpretación en caso de duda. Es el criterio utilizado por los RRCC en las Leyes de Toro de 1505. Criterio sin éxito ni siquiera en Francia durante la Revolución francesa (intentando por ello evitar el recurso al Kernelss órgano político-legislativo se tuvo que crear un Tribunal de Casación, luego seguido en los ordenamientos continentales, siendo sólo “jueces de legitimidad” que valoran sólo el respeto de los jueces a la ley no la materia tratada).
4. El PRECEDENTE VINCULANTE DE LA JURISPRUDENCIA (STARE DECISIS). Es el criterio seguido en los países del COMMON LAW, en particular en Gran Bretaña con los Judicature Acts de época victoriana o como se practica hoy día de forma rigurosa en Sudáfrica.
Se observa, en cualquier caso, importantes diferencias en función de los distintos reinos peninsulares: CASTILLA Y LEÓN.
Hay referencias a la prohibición de utilizar textos no castellanos en los tribunales en la obra de Alfonso X el Sabio (Fuero Real y Espéculo) [el intento de fortalecer el derecho regio chocará con la revuelta de los nobles de 1272]. Igualmente, Alfonso XI en el Ordenamiento de Alcalá de 1348 determina que sólo el Rey puede suplir la laguna de la ley (tit. 28 ley l).
Juan II, no obstante aceptaría en 1427 las alegaciones de Juan Andrés y Bártolo, y por la fuerza de la costumbre en 1499 se ampliarían los autores a Baldo en el derecho civil y el Abad Panormitano (Nicolas de Tudeschis o Niccolo dei Tedeschi) en el canónico.
En l505 ( ley 1 de las leyes de Toro) se intentaría retroceder al criterio de 1348 en la que se prescinde de la alegación del Derecho Común. Con todo hay una fuerte tendencia contraria que acaba imponiéndose por otras vías de difusión: Decisiones judiciales: interpretarán las normas castellanas conforme Ius Commune o se basan en el propio ius commune.
Doctrina jurídica que utilizarán los juristas profesionales (formados en las Universidades) en la práctica diaria.
La aparente contradicción entre la legislación por una parte y la práctica judicial por otra fue resuelta por los juristas castellanos (Palacios Rubios) recurriendo en cuanto al ius interpretandi a la distinción entre interpretación general y necesaria, exclusiva del Príncipe, que debía constar por escrito –de carácter extraordinario- e interpretación probable, debida a los juristas que no tenía por qué constar por escrito y la que se recurriría habitualmente por los jueces.
NAVARRA Las insuficiencias del propio Derecho permitieron y justificaron el uso del Derecho Romano primero en la práctica judicial luego con autorización legal desde 1576 en las Cortes Pamplona.
Tradicionalmente la historiografía jurídica (E. Hinojosa), quizás debido a la inexistencia de una Universidad en Navarra consideró que este reino había sido resistente al Derecho común, sin embargo otros autores, como Lacarra, constatan su penetración por dos vías: 1. Los clérigos formados en territorio francés, conocedores del Derecho canónico y el común en general que no sólo influeyen en el Derecho eclesiástico.
2. El tribunal de la Corte de Navarra, constituido desde el s.XIII, en buena parte, por juristas formados en las Universidades de Montpellier, París y Bolonia.
De este modo, entre los ss.XIII-XVI habría penetrado como derecho supletorio ("como siempre se ha acostumbrado") hasta que en 1576 tal supletoriedad tuvo sanción legal con la intención, según la interpretación más extendida, de defensa del Reino frente al Derecho Castellano. Para algunos Kernelss autores, no obstante, como V. Lacarra, F. de Castro o F. Sánchez Román el primer derecho supletorio antes del común era el castellano.
ARAGÓN Es el área menos abierta a corrientes culturales y comerciales del Mediterráneo, y además con una tradición foral muy vigorosa, así como con una nobleza políticamente fuerte en relación al Monarca. Así en los Fueros de Aragón o Código de Huesca (siglo XII), no se le da cabida como derecho.
No obstante, como en el caso anterior, la recepción se produciría solapadamente a través del círculo de juristas cultos que rodean a Jaime I como Raimundo de Peñafort o Vidal de Cañellas.
Éste en especial contribuyó a poner por escrito y recopilar los fueros haciendo uso de conceptos del ius commune.
Además en los fueros la prohibición de usar otras leyes distintas de las naturales va acompañada de la referencia –habitual en la Corona de Aragón- al sentido natural y equidad. Ello abría la puerta a la labor judicial basada en la interpretación como forma menos brusca de introducción que en otros territorios. Se elaborarán unos criterios tenidos en cuenta por los jueces y observados en los tribunales (de ahí el nombre de OBSERVANCIAS).
CATALUÑA Es parte del área comercial mediterránea por lo que el Derecho común se difundió en ella con más rapidez y anticipación (para algunas instituciones, como la dote, la presencia de criterios romanos se detecta ya en s. XI). Ahora bien, como un sistema organizado -no sólo como instituciones aisladas- sólo se conoce en Cataluña desde princ. s.XIII (compendios de derecho romano, uso de formularios italianos).
El Derecho Común sería pronto utilizado como Derecho supletorio del propio (Usatges, Liber iudiciorum), desbordando las disposiciones limitativas de la alegación de juristas del ius commune promulgadas por Jaime I en 1243 y 125l, de forma que en las Cortes de Barcelona, de 1409 el Rey Martín el Humano aceptó la vigencia de este derecho común como derecho supletorio (Dret Común, equitat e bona rahó), sin establecer, sin embargo, el orden de preferencia entre derecho canónico o romano o si debían incluirse juntos, entendiendo la doctrina (Tomas Mieres) que debía prevalecer el CANONICO sobre el romano en caso de discrepancias.
Por último Felipe III (II en Cataluña), lo sancionó implícitamente al establecer en las Cortes de Barcelona de 1599 el orden de prelación fuentes existente entre las que figura el Derecho común.
En última instancia, las propias disposiciones legales de Jaime I (selectivas en relación al Derecho común, en la medida en la que no supongan el menoscabo de su poder), hicieron del Derecho común sustrato jurídico primordial aunque sin introducir en estas disposiciones la equidad y sentido común.
MALLORCA Jaime II acepta el Derecho Común en 1299 y en MENORCA será Derecho supletorio en s.XV tras las normas dadas por los gobernadores y las costumbres locales.
VALENCIA Incorporada a la Corona de Aragón desde 1240 (Jaime I), la misma legislación real contribuyó a difundir el Derecho común, al inspirarse en los criterios de éste. Además se recurre de forma supletoria al natural seny y la egualat (opinión de los juristas y decisiones de Audiencia de Valencia) que invalida la teórica prohibición posterior de usar en las alegaciones procesales el Kernelss Derecho canónico o el romano. En este sentido, Jaime I en 1250 prohibiría que tanto los abogados como los jueces basasen sus alegatos y decisiones en los Furs de Valencia y no en aquellos derechos, prohibición que reiterarían Pedro II en 1283 y por Pedro IV en 1338.
Un resumen del proceso descrito podría ser: 1. Recepción en sentido estricto solo en Cataluña y Mallorca.
2. Penetración intensa en Castilla.
3. Oposición en Aragón y Navarra.
En cualquier caso, tanto el Derecho Romano como el Canónico acabarían triunfando en unos y otros territorios y ello porque el Ius commune integraría los ordenamientos particulares (iura propria) sobre la base de la afirmación que hará del poder real no del imperial y de su consideración más que como norma, como DOCTRINA. No hay que olvidar, a este respecto que al mismo tiempo que se elabora el ius commune tiene lugar la integración sucesiva en cada reino de un DERECHO TERRITORIAL (frente a la dispersión normativa anterior).
2. Relación entre Ius commune/statuta Para entender adecuadamente este punto tenemos que partir del trabajo de los glosadores, en concreto de la glosa de Acursio. Es el último de los grandes glosadores y es el que comenta todo el corpus justinianeo y es Acursio el autor del que hay que partir para entender todas esas construcciones teóricas. Parte de un elemento fundamental.
La constitución primera del código de Justiniano con la que se abre el código es la cuntos populos del 380 d.C, la cual supone un cambio en el bajo imperio con respecto al Edicto de Tolerancia, la cual hacía del catolicismo una religión tolerada, por lo tanto de esta manera se hace religión oficial en la cuntos populos del 380 d.C. Se impone como católica la religión obligatoria y si alguien era declarado hereje veía disminuida su capacidad de obrar, de testar, su potestad respecto a los bienes, etc, además tampoco podía dar testimonio en tribunales, etc. Era pues una cuestión que afectaba a la capacidad de obrar.
Esta disposición no nos interesa por la época de bajo imperio si no por la interpretación que hace Acursio en el siglo XIII de ella. Acursio estableció una vinculación estrecha entre imperio y religión.
Él dice: cuando un súbdito que es católico sale del imperio conserva su propio derecho, por lo que él afirma el principio de personalidad del derecho, dado que fuera del imperio sigue siendo católico y se rige por el derecho del lugar de referencia. Ese es el punto de partida de la cuntos populos y que sirve sobre todo para la colisio estatutorum en el desarrollo de Acursio.
Si inicialmente los glosadores dan mas relevancia al derecho imperial que al derecho local, vimos como la influencia del derecho canónico y la obra de los propios glosadores hace que se invierta la relación entre el derecho romano y municipal. Este sin embargo es un proceso lento entre el siglo XIII y XIV. Todavía en siglo XIII se considera el derecho romano como preferente, y es con la obra de Bártolo y Baldo cuando se lleva a cabo la inversión de la relación entre derecho romano y derecho local. Cada uno aporta una teoría diferente que permite ese paso. En caso italiano el cambio se da en Dante. Una obra que es de monarquia se afirma la preferencia de los iura propria sobre el ius commune. Además para algunos autores la "divinia comedia" es un equivalente al corpus iuris civilis. De esta manera los escritores afirman que primero se da el derecho local.
Bartolo desarrolla que hay que considerar, como hacían los glosadores, que el ius commune debe prevalecer sobre los estatuta cuando los estatuta son odiosa, es decir, si el fuero municipal es un fuero odioso debe seguir prevaleciendo el ius commune pero si no no, ¿qué significa que sea odioso? los primeros fueros municipales aparecen en zona norte de Italia son los de Módena, Bolonia, etc, en esos primeros estatuta establecen que las hijas que hubiesen sido dotadas quedaban excluidas de la herencia con la finalidad de conservar el patrimonio inmueble en los varones para que éste no se dispersara, por lo que el padre acogiéndose a ello conseguía no Kernelss darle mas en herencia. Este es un ejemplo de estatuta odiosa, es decir, una estatuta que diferencia en funcion del genero. En ese caso prevalece el ius commune sobre los estatuta en los pleitos. Si la hija va al juez y reclama parte en herencia se debe de recurrir al ius commune para dictar una sentencia. Sin embargo, en lo demás siempre es de aplicación preferente el fuero municipal. Los estatuta entonces pasan a ser de aplicación preferente en la teoría italiana salvo los casos en los que el estatuto sea odioso.
Baldo sin embargo da un paso mas. Consolidó la aplicación definitiva de los estatuta como derecho preferente y lo hizo elaborando una doctrina que no aplica solo a las ciudades si no que extiende a cualquier corporación y ámbito territorial, suponiendo así una revolución en la Europa de la época, ya que consolida una federalización europea, todas integradas en res publica cristiana pero con su propio derecho. Además dice que en todos aquellos ámbitos donde existen instituciones capaces de crear derecho tiene preferencia al derecho que se establece.
En reinos como Castilla o el País Vasco Baldo es muy citado. También lo hacen los reyes, ya que es una forma de entender que se afirma el ius propio frente al ius commune. Supone un cambio de lo anterior ya que en época de Acursio es el ius commune el preferente y un siglo después se da la vuelta al concepto.
En ese cambio Baldo elabora su doctrina sobre las universitates (en esa época tenían otro concepto de universidad, tenían el concepto de persona jurídica: dos o mas personas que actúan en tráfico jurídico como si fuera una sola). ¿Qué establece? Que cuando existen instituciones propias, cuando la asociación de la que se trate responde a fines lícitos, en esos casos la normativa dada por la propia universidad es de aplicación preferente, ahora bien, esa normativa tiene que referirse a los asuntos que se refieran a su propia organización. Esta teoría explica que en Europa se desarrollen formas de conciliar contrarios, de establecer la relación entre reinos distintos, entre territorios con estatus diferente pertenecientes al mismo rey, etc. Y por propia relación de los reinos con la iglesia.
El pase regio funciona a partir de esta doctrina de Baldo. También el pase foral de los distintos territorios no va ser mas que el desarrollo con respecto al derecho regio del regimen execuatu que el rey podía implantar frente a las disposiciones papales. La conciliación de contrarios mediante mecanismos que permitan la coexistencia de derechos diferenciados.
Esta construcción estudiada por los historiadores del derecho italiano se ha propuesto en algunos casos como modelo para Unión Europea ya que sabemos que la idea imperial de Acursio que es la que intenta llevar a cabo tanto Carlos V como Napoleon fracasa, es decir, la idea de un poder político unitario se ha demostrado como modelo sin éxito. Toda la doctrina del ius commune sirve para establecer el derecho relacional, es decir la coexistencia de derechos y mecanismos de relación de fuentes.
3. La Collisio estatutorum Se trata de cómo platean los autores la solución a cuestiones que estaban en la practica diaria.
Por ejemplo ya que reconocemos diversidad de derechos entre municipios, dado el caso en donde dos personas contratan conforme al fuero de Burgos y dichas personas se van a vivir a Valladolid, los problemas surgidos de ese contrato, lo referido a él, por ejemplo saber quien carga por la responsabilidad por romper el objeto, etc, ¿cómo se soluciona? Esto esta a la orden del día en Italia, ya que sus ciudades actúan como verdaderas ciudades estado y pasar de Módena a Bolonia era como pasar a otro estado. Por eso se desarrollan fórmulas que luego dos autores franceses Dárgente y Du Moulin van a sistematizar. Lo empiezan a sistematizar Bartolo y Baldo pero son los autores franceses los que lo sistematizan en una serie de fórmulas que se elaboran en el tiempo, en dos principios generales y tres particulares.
Kernelss El punto de partida es el de Acursio ya que todos los autores parten de él con la Cuntos Populos.
Qué es lo que desarrolla allí: el principio de personalidad del derecho. El dice: Cuando un súbdito del imperio profesando religión cristina sale del imperio no abandona su condición de súbdito y se le debe seguir aplicando su derecho, el derecho del lugar de donde procede. Esa es la relación que se da en Italia, por lo que si una persona sale de Módena y va a Bolonia se le aplica derecho de Módena. Es algo que se basa en religión, la vinculación entre imperio y cristianismo. Debe regir pues ese principio de personalidad, por lo que el que sale de Burgos y va a Valladolid se le resuelve todo conforme al derecho de Burgos.
La realidad de la época sin embargo es el feudalismo, partía frente a Acursio de la afirmación del principio real de los derechos reales sobre cosas, los derechos reales que cada vez adquiría en mayor medida el feudatario en cuanto a la titularidad del dominio útil que pasaba a sus herederos, es decir, el bien (el inmueble) era el que realmente suponía la creación de nuevos derechos.
Esto lleva a la consolidación del principio de territorialidad. Ahora bien, no en todos los casos. Ese principio de territorialidad se basa en los bienes inmuebles, la conciliación de dos contrarios, en lo que a los bienes se refiere da lugar a las formulas de Du Moulin, formulas que están en la base del actual derecho internacional privado.
Se establece la Locus regit actum: el lugar determina el derecho del negocio jurídico, es decir, en el caso de los contratos rige siempre el lugar donde se celebra. Por tanto cuando haya problemas aunque dos personas se marchen del territorio el principio general dicta que los contratos se resuelvan según donde se hacen, es por tanto la aplicación del principio de Acursio, el principio de personalidad para los contratos. Lo mismo ocurre con el matrimonio, donde el lugar de celebración es el que determina como se disuelve.
Este principio por otra parte se combina con la Lex rei sitae: se aplica la ley del lugar donde esta situada la cosa (rei sitae). En caso de bienes inmuebles el principio va a ser ese, es decir, cuando hay un bien inmueble el derecho que se aplica es el del lugar donde se sitúa el inmueble.
Esos son los dos principios generales, ahora bien, luego hay casos concretos. En el caso de las personas claramente se aplica el principio de Acursio, la ley del domicilio. En la península un vizcaíno que sale de Vizcaya y tiene un pleito en Valladolid va a reclamar que se aplique el fuero de Vizcaya porque es de donde procede. Es clave por tanto cuando estamos ante derechos diferentes.
En caso de las cosas se distingue entre bienes inmuebles y muebles, en el primero: se aplica el derecho del lugar donde esta la cosa. En el caso de los bienes muebles, los que se lleva la persona como joyas, etc, se aplica la ley del domicilio de la persona de que se trate.
En caso de acciones ¿cual es el fuero que prevalece, el del demandante o el del demandado? Prevalece el del demandado porque tiene que ver con el juez natural. Lo que no significa que haya que resolver con el derecho del lugar, lo que se aplica es el fuero de ese lugar pero puede tocar que se lleve a cabo y se le juzgue según el ius commune.
Por último a diferencia de lo que ocurría en la antigüedad donde uno tenia derecho de pertenecer a una comunidad y perdía derecho y podía ser matado, este principio no funciona en la Europa del ius commmune. En esta época si una persona pierde la nacionalidad se le aplica siempre lo dispuesto por el ius commune, podemos pensar entonces que ocurría como hoy día: una persona que abandona la patria como emigrante o refugiado siempre tendrá como mínimo los derechos humanos.
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